Impunidad: Ley de Caducidad y más allá.

Los 8 Compañeros Asesinados por la Dictadura en el Seccional 20

Se intensifica el debate sobre cómo terminar con la impunidad, herencia maldita de la dictadura que envenena a la sociedad uruguaya toda, y avanzar en la verdad y la justicia.

Uno de los elementos centrales e imprescindibles para la impunidad y su vigencia es el silencio, la inexistencia del tema, propiciada por el bloque de poder al que le es funcional con la complicidad de gran parte de los medios de comunicación que no es de ahora, tiene décadas.

La decisión política del presidente de la República, José Mujica, de concurrir a la bancada de Diputados del FA acompañado por el vicepresidente de la República, Danilo Astori, invocando el respaldo del ex presidente Tabaré Vázquez, y pedirles a los parlamentarios frenteamplistas que “reflexionen” sobre las “consecuencias políticas e institucionales” de votar la Ley Interpretativa, ha generado una situación delicada.

Entendemos que la actitud del Presidente no es feliz ni en el tiempo, ni en el lugar, ni en la forma. Los diputados del FA se aprestan a cumplir un mandato resuelto por el Congreso del FA, presente en su programa de gobierno y ratificado por unanimidad en su Plenario Nacional, luego de un largo y cuidadoso proceso de discusión.

No se debe colocar a la fuerza política, la que hizo posible el primero y segundo gobierno de izquierda, en esa tensión. No se puede poner en peligro una de sus características fundamentales: el respeto a las decisiones de sus organismos y la unidad de acción. Sin quitarle un gramo de entidad al planteo del Presidente, que le dio todo el peso de su figura y su investidura, los diputados del FA no pueden hacer otra cosa que cumplir las decisiones del FA hasta tanto sigan firmes.

La construcción de la unidad también implica el respeto de los tiempos y las formas que entre todos acordamos. La unidad es una conquista muy importante para la izquierda uruguaya y no se la puede desgastar; no se la debe desgastar.

Si se tenía esta posición ¿por qué no se planteó donde y cuando se debió hacerlo? ¿Qué salida se planteará a esta encrucijada que el FA no buscó? Como siempre, los frenteamplistas estamos dispuestos a discutir, a escuchar y a convencer. Pero la permanencia de la impunidad pagando tributo a posibles réditos políticos de la derecha es inaceptable. En editoriales anteriores analizamos los aspectos jurídicos, institucionales y políticos del debate, en particular en lo referente a la pertinencia de anular o no la Ley de Caducidad. Siempre abordamos el tema asumiendo que hay dos dimensiones en el debate. La principal con la derecha, a la que no le sirve esta Ley Interpretativa y no le servirá nada, sencillamente porque quiere la impunidad. La

impunidad es un eslabón fundamental de su arsenal político, jurídico e ideológico para mantener la hegemonía en la sociedad. La segunda dimensión es en el campo popular, donde han surgido dudas, legítimas, sobre todo las que están planteadas en el terreno estrictamente jurídico, aunque son variadas.

Sostuvimos y sostenemos que ningún argumento esgrimido nos ha hecho cambiar de posición: hay que anular la Ley de Caducidad. Lo necesita la democracia uruguaya para poder profundizarse y fortalecerse, no es un tema del pasado, es del presente y compromete el futuro. No se puede construir un proyecto de cambio y transformar la sociedad uruguaya con un rumbo de izquierda manteniendo la impunidad. Terminar con ella es un requisito, aunque no suficiente, absolutamente necesario para avanzar en democracia. Con impunidad, no habrá verdad y tampoco justicia plena. ¿Anulada la Ley se garantiza la verdad y la justicia? No, son necesarios más pasos, políticos e institucionales.

La impunidad no sólo ha perpetuado en el tiempo y por lo tanto ha extendido las violaciones a los derechos humanos; ha tenido también otras consecuencias. Dos de ellas son particularmente graves. La primera es la omisión del Estado de cumplir su deber e investigar para avanzar en la verdad y permitir que haya justicia, haciendo recaer la carga de la investigación sobre las víctimas y sobre los periodistas independientes. Es desde allí que se han hecho y se siguen haciendo la inmensa mayoría de las denuncias, constituyendo incluso piezas claves en todas las actuaciones judiciales hasta el presente. La segunda es la falta de espacios institucionales especializados en este tema, que impulsen la investigación en los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

En el primer gobierno del Frente Amplio, presidido por Tabaré Vázquez, los avances fueron importantes: se habilitaron los juicios y hay represores presos; se investigó y denunció el terrorismo de Estado, particularmente en los trabajos coordinados por Álvaro Rico, tanto para Presidencia sobre los desaparecidos como para la UDELAR más amplio; se ingresó a los cuarteles, se excavó y se hallaron los restos de Chaves Sosa y Fernando Miranda; se concedieron extradiciones de militares uruguayos requeridos en otros países.

Pero falta mucho. Hay que hacer mucho más.

Hay que avanzar en una institucionalidad de Derechos Humanos que haga que el Estado se transforme en agente promotor de la investigación, que la impulse y la garantice. Está pendiente la instalación de la Institución Nacional de DDHH ya creada por ley y definida como la encargada del seguimiento de denuncias contra los derechos humanos y como una usina de elaboración de propuestas, recomendaciones, informes y estudios en la materia.

En este número de EL POPULAR informamos sobre la propuesta del General ® Oscar Pereira para conformar un “Grupo Coordinador en la Investigación de los Desaparecidos" dependiente de Presidencia de la República e integrado por las FFAA, organismos estatales, periodistas de investigación y los familiares de desaparecidos.

Es un militar, insospechado de ser de izquierda, cuya posición poco tiene que ver con las que se amplifican y destacan en los medios como si fueran las únicas existentes dentro de las Fuerzas Armadas.

El PCU va a proponer al FA la creación de una Comisión de la Verdad que tenga recursos humanos e institucionales para investigar y que sea un respaldo del Estado para los esfuerzos heroicos de familiares y víctimas y también, para las investigaciones de la Justicia. ¿La derecha se pondrá nerviosa? Sí. ¿Sectores de militares comprometidos con la dictadura o afines a la derecha expresarán su malestar? Es altamente probable.

Pero nada de eso es argumento para no hacer lo que hay que hacer. La verdad y la justicia no son negociables. La democracia se fortalece profundizándola y enfrentando en el terreno de las ideas y de la lucha política a quienes quisieron, quieren y querrán mantener las cosas como están y que nada cambie.

Muy lejos de ceder al chantaje y las operaciones mediáticas hay que doblar la apuesta.

Hay que anular la Ley de Impunidad y meter al Estado como agente investigador, construyendo la Verdad y promoviendo la Justicia.

Editorial El Popular-06/05/2011-Uruguay.

Tomado: Democracia Avanzada

Pe y Bardem, también con el juez

Del "no a la guerra", actores y escritores pasan al "no a la impunidad" Los actores Penélope Cruz y Javier Bardem rodarán un anuncio para pedir que se defienda el derecho a buscar los restos de las víctimas del franquismo. El spot forma parte de un paquete de anuncios en los que también participarán otros artistas, escritores y periodistas y que se emitirán a partir de este verano. Esta es una de las medidas que presentaron ayer varios escritores y actores como Luis García Montero, Benjamín Prado y Pilar Bardem en Granada como signo de la lucha que pretenden plantear al Gobierno y los partidos políticos para que la memoria de los asesinados por la dictadura militar no quede más en el olvido. "España es el país europeo con más desaparecidos", señalaron. Del "no a la guerra", actores y escritores pasan al "no a la impunidad" Este movimiento tiene un cariz de oposición como el del No a la Guerra que lideraron los actores en 2002 y 2003, en respuesta a la invasión estadounidense de Irak y a la participación española en la misma. La nueva protesta nace del acto que tuvo lugar el jueves en la fosa de Alfacar y el barranco de Víznar, en el que se recordaron los nombres de los 1.351 fusilados por los golpistas. "Nos hemos dado cuenta de la dimensión humana y política que ha tenido el homenaje, tanto por la emoción de recordar a esas personas, como porque entre los muertos hay socialistas, anarquistas y comunistas, por lo que vamos a movilizarnos", manifestó a este periódico García Montero. De ahí que uno de los próximos actos, en junio, sea un homenaje en la tapia del cementerio de la Almudena en Madrid donde fueron fusiladas más de 1.300 personas. De fondo se mantiene su defensa del juez Baltasar Garzón, que ayer fue suspendido de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para los intelectuales, el proceso contra Garzón ilustra la indefensión a la que se ven abocadas las víctimas del régimen franquista. Por ello han convocado concentraciones cada jueves en la Puerta del Sol de Madrid en apoyo del magistrado. Denuncian que "España es el país europeo con más desaparecidos" Según explicaron ayer, quieren plantear "una reflexión sobre la situación de la Justicia en España, ya que hay un encarnizamiento público contra el juez Garzón por parte de algunos miembros del CGPJ". Para avanzar en este análisis, para junio han convocado un congreso en el que se pondrán sobre la mesa temas como las consecuencias que ha tenido la Transición. También contra los recortes Los intelectuales también se manifestarán, junto a los sindicatos, contra los recortes económicos anunciados por el Gobierno. Quieren unir la memoria histórica con la economía, puesto que "la impunidad que se tiene hacia los criminales del franquismo es la misma que se está teniendo hacia los banqueros. Además, creemos que las medidas del Gobierno han sido muy duras", apostilló García Montero. Del No a la Guerra, los intelectuales han pasado al No a la Impunidad. Paula Corroto Tomado: Público

Golpe mortal a la lucha contra la impunidad

Caricatura Juan Kalvellido No ha sido en nuestro nombre. Ha sido en contra de los derechos de las víctimas. Malas señales para la comunidad internacional. El desprestigio está servido: España abandona la lucha efectiva contra la impunidad por la injerencia de criterios políticos, acudiendo para ello a un procedimiento apresurado y poco transparente, y pese a la oposición de más de 500 organizaciones nacionales e internacionales, asociaciones profesionales, sindicatos y miles de personas a título individual que han pedido a los senadores que reconsideren su voto y no restrinjan, hasta mutilarlo, el principio de Justicia Universal. Aunque la fase de tramitación parlamentaria no puede darse aún por concluida, la tarde del siete de octubre de 2009 pasará a la historia por el fraude a la justicia que va a suponer la bochornosa reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta reforma supone la restricción del principio de Jurisdicción Universal hasta hacerlo casi inaplicable y suma a España a las tendencias más restrictivas en la aplicación de tan eficaz instrumento para combatir la impunidad. Con este principio se persigue a los responsables de los crímenes más graves y odiosos, como el genocidio o los crímenes contra la humanidad, que se hayan cometido fuera de España y con independencia de la nacionalidad de las víctimas y autores. La reforma debilita el régimen de derecho construido internacionalmente asumiendo una posición contraria a disposiciones de derecho internacional consuetudinario e inclusive instrumentos internacionales que vinculan a España como la Convención contra la Tortura o la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio o los Convenios de Ginebra, y desoyendo las recomendaciones de la ONU en la Resolución 3074 (XXVIII) de la Asamblea General de 3 de diciembre de 1973 sobre principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de lo culpables de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Consideramos vergonzoso que con esta reforma vengan a exigirse requisitos de “conexión nacional” expresamente rechazados por el Tribunal Constitucional desde su sentencia en el caso Guatemala (2005), lo que pone en evidencia que el ejecutivo, con la colaboración de la mayoría parlamentaria, apuestan por otros principios diferentes al respeto y defensa del derecho internacional y se amoldan servilmente a mirar para otro lado cuando se cometen actos criminales. No podemos dejar de reseñar y agradecer los 21 votos contrarios a la reforma de los senadores y senadoras de IU e ICV, ERC, PNV y 15 senadores del grupo Mixto. Consideramos insólita la premura con que se ha impuesto esta “reforma exprés” que no sólo supone un uso heterodoxo del procedimiento legislativo sin haberse garantizado un mínimo debate, sino que se ha desinformado a la sociedad sobre su real inspiración y sobre sus trascendentales consecuencias jurídicas. La vaguedad de la redacción, su ambigüedad y contradicciones van a generar enorme discrecionalidad e inseguridad jurídica que perjudicará principalmente a las víctimas. Recordamos al parlamento español que el principio de Jurisdicción Universal no pertenece a España sino que pertenece a todos los Estados que tienen obligación de aplicarlo, y a todas las víctimas que tienen el legítimo derecho de buscar la justicia en otros países cuando no la encuentran en los suyos. Lamentamos que en un momento en el que lo que sobra es impunidad, las autoridades españolas lancen el mensaje de que España no se va a hacer comparecer ante sus tribunales a los responsables de los crímenes más atroces, favoreciendo de manera infame a los verdugos. No ha sido en nuestro nombre. Ha sido en contra de los derechos de las víctimas. Comunicado de la Plataforma “Contra la impunidad, por la Justicia Universal” Tomado de Rebelión