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18 nov. 2010

Un 24 de octubre la vi por última vez hace 37 años

Nibia Sabalsagaray

En Buenos Aires, la Universidad y la Federación Universitaria Argentina organizaba un Seminario Internacional por el 55º Aniversario del Manifiesto de Córdoba, clarinada del movimiento estudiantil en reclamo de una verdadera reforma democratizadora de la enseñanza universitaria en el continente, que en nuestro país se conquistó en 1958.
Al mismo había sido invitada la Universidad de la República. El Consejo Directivo Central (CDC) tomó el acuerdo que el decano de la Facultad de Derecho, Dr. Alberto Pérez Pérez y fui designado por el orden estudiantil para participar en la actividad.
Había un inconveniente… no había dinero en ese momento para comprar los boletos.

Vale recordar que la dictadura buscaba por todos los caminos revertir la derrota resonante que había sufrido en las elecciones, con voto universal y obligatorio, del 12 de setiembre y el acoso económico, que se verificaba desde hacia unos cuantos años por parte del poder ejecutivo de los gobiernos de turno, se había profundizado. (**)

Tampoco la FEUU en esos momentos contaba con fondos para apoyar el viaje de la delegación.

Horas o días después de tomada la decisión, son fondos, tuve un encuentro con alguien de mi conocimiento, que me dijo que tenía que encontrarme en un lugar del edificio central de la Universidad con alguien que tenía algo para entregarme.

Allí fui. Quien me esperaba era Nibia, que por ese entonces era responsable de finanzas del sector universitario de la UJC, si mal no recuerdo, nos abrazamos, no la veía desde el 27 de junio. Conversamos unos minutos y me entregó el dinero para comprar los boletos a Buenos Aires para participar en 55º aniversario del Manifiesto de Córdoba, “luego vemos como nos lo devuelven, pero no se puede no estar”, me dijo. Algunas palabras mas y nos separamos, fue la última vez que la vi, hasta que con su foto el movimiento estudiantil internacional denunció su asesinato bajo tortura, a pedido de la FEUU,

Por suerte Nibia permanece en la memoria colectiva y muchos la han recordado por palabras y sentimientos certeros, como Prof. Antonia Yañez y el Prof. Historiador Omar Moreira, en el homenaje realizado en su Nueva Helvecia natal hace unos años.


Tal como el Cid Campeador, ella hoy sigue “ganando batallas” y sus asesinos (algunos de altos grados militares) reciben la condena de la sociedad al saber quienes le aplicaron el “submarino seco” hasta su muerte.

Con su cara sencilla y expresiva que tiene en la foto que han circulado en algunos mails por estos días, la recuerdo, hoy a 37 años,

(*) Por aquel entonces representante uno de los tres representantes de la FEUU, Facultad de Arquitectura - en el Consejo Directivo Central de la Universidad. Mis compañeros de delegación eran Norma Díaz – Facultad de Química - y Roberto Gomenzo – Facultad Agronomía - (luego secuestrado y asesinado)

(**) El 27 de octubre de 1973 en la Facultad de Ingeniería estalla una bomba en la que muere Marcos Caridad Jordan, la dictadura aprovecha para intervenir la Universidad, y se detiene a la mayoría de los miembros del CDC de la Universidad. Lo que siguió es mas conocido ahora.

Benjamín Liberoff

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias

15 oct. 2010

Piden enjuiciar a un general uruguayo



POR EL CRIMEN DE NIBIA SABALSAGARAY, UN CASO EMBLEMATICO DE LA PASADA DICTADURA

Una fiscal uruguaya solicitó el procesamiento con prisión del militar en actividad Miguel Dalmao y del coronel retirado José Nelson Chialanza, acusados de ser coautores del homicidio de una militante comunista.

Por primera vez, la Justicia uruguaya recibió el pedido de procesar y encarcelar a un militar en actividad, Miguel Dalmao, hoy jefe de la División de Ejército IV. Dalmao está acusado de ser coautor del “homicidio muy especialmente agravado” de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. La fiscal Mirtha Guianze también solicitó el procesamiento en base a la misma figura jurídica de José Nelson Chialanza, un coronel retirado.

Como un hecho histórico, la Corte Suprema determinó en octubre de 2009 que la Ley de Caducidad era inconstitucional para el caso de Nibia Sabalsagaray. Los jueces basaron su argumento en que la norma viola la separación de poderes y no puede ser entendida como amnistía, porque no fue aprobada por los principios constitucionales. La Ley de Caducidad ampara a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), no así a los civiles. En 2005, el presidente de centroizquierda Tabaré Vázquez había excluido la muerte de Sabalsagaray de la norma “en virtud de que habría sido detenida por dos militares y dos civiles”.

Uno de los abogados de la familia Sabalsagaray, Juan Errandonea, confirmó a Página/12 que la fiscal presentó la demanda en el despacho del juez Rolando Vomero. Errandonea señaló que a ambos oficiales se los acusa de “coautores” del homicidio de la joven, lo que significa que no pudo probarse que sean los autores materiales, pero sí que participaron del delito. Chialanza era jefe del Batallón de Transmisiones Nº1 cuando se produjo la muerte supuestamente por torturas de Sabalsagaray, en 1974. Dalmao era entonces alférez –el grado más bajo de oficial–.

La versión oficial de la época señala que Sabalsagaray se ahorcó con un pañuelo en el calabozo donde estaba detenida, en 1974. Los militares entregaron el cuerpo sin vida de la joven de 23 años en un ataúd cerrado y con la prohibición de abrirlo. La indagatoria judicial, reactivada a partir del fallo de la Corte, permitió deslegitimar la teoría del suicidio. El abogado dijo a este diario que de las pericias que se incluyen en el expediente se desprende que Nibia fue víctima de torturas. “La versión militar es insostenible científicamente según pudo constatar una junta de médicos forenses y psicólogos. Los testigos declararon que la tortura era sistemática en ese cuartel. Y a esto se sumó el testimonio de Marcos Carámbula, el intendente de Canelones, que por entonces era estudiante de medicina y como amigo de la familia constató que la joven Sabalsagaray presentaba múltiples lesiones.”

El hoy coronel retirado Chialanza declaró ante la Justicia que los integrantes de la Inteligencia militar eran los únicos con potestades en la unidad para interrogar a los detenidos. Dalmao admitió ser integrante del “S2” (Inteligencia militar) de ese cuartel. Para el abogado Errandonea, Dalmao se contradijo en sus comparecencias ante la Justicia. El diario La República publicó la declaración de marzo de este año, cuando el general negó cualquier implicancia en la muerte de la joven, manteniendo la versión que aportó en 1974 ante el Supremo Tribunal Militar durante la indagatoria del caso en plena dictadura. “Siendo aproximadamente la hora 12.10, el suscripto (Dalmao) recorrió los calabozos en los que se encuentran los detenidos por actividades subversivas, ya que pensaba hablar con la detenida Nibia Sabalsagaray, y al asomarse a la celda número tres notó que la mencionada se encontraba arrodillada en el piso y colgando de un pañuelo anudado al cuello y a un hierro saliente de la pared que da a la cabecera de la tarima.” “Una vez adentro de la celda constató que la prisionera estaba aparentemente muerta, solicitando de inmediato la presencia del enfermero de servicio y procediendo a comunicar el hecho” (declaración Dalmao al Supremo Tribunal Militar).

Sin embargo, cuando compareció en 2006, Dalmao dijo haberse enterado de la muerte de Sabalsagaray “por información que circuló en el batallón apenas constatado su deceso”. Cuando se le preguntó sobre las contradicciones existentes entre sus testimonios de 1974 y 2006, el oficial afirmó que en el último caso dijo lo que dijo porque “lo tenía en el alma, sin asesoramiento jurídico y sin haber analizado la documentación sobre el tema”.

Ahora la decisión queda en manos del juez Vomero. Si acepta el criterio de la fiscal, procesará al general Dalmao y al coronel retirado Chialanza, quienes podrán apelar, pero en prisión. Si el magistrado discrepa con el pedido de la fiscal, Guianze tendrá la posibilidad de recurrir a un Tribunal de Apelaciones. Resta esperar.

Mercedes López

Tomado: Página 12
mercelopez@pagina12.com.ar

20 oct. 2009

La Corte de Uruguay puso freno a la impunidad

A seis días de que se realice el plebiscito, la decisión de la Justicia suma argumentos a favor de terminar con la amnistía que impide enjuiciar a militares y policías responsables de las violaciones a los derechos humanos. La Corte Suprema le dio un último envión a la campaña para anular la Ley de Caducidad en Uruguay. Por primera vez en la historia de ese país, el máximo tribunal declaró inconstitucional la norma para el caso de Nibia Sabalsagaray, después de que lo hicieran el Ejecutivo y el Congreso. A seis días del plebiscito, la decisión del Supremo suma argumentos a favor de terminar con la amnistía que impide enjuiciar a militares y policías responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985). La única central sindical, PIT-CNT, y organizaciones defensoras de los derechos humanos impulsaron la consulta del próximo domingo –que se realizará junto a las presidenciales– para que los uruguayos decidan si anulan la polémica norma, promulgada en 1986 y ratificada en un plebiscito en 1989. Raúl Olivera, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de PIT–CNT, no oculta su satisfacción por el fallo de la Corte. “Si bien la inconstitucionalidad de la ley es en relación con un caso, también abre la puerta para que se revisen otros”, dijo a Página/12. Lo que señala Olivera es correcto. La decisión de los jueces sienta jurisprudencia y facilita la presentación de nuevas demandas. El proceso hacia la inconstitucionalidad comenzó cuando el presidente Tabaré Vázquez, del centroizquierdista Frente Amplio, excluyó el caso de Sabalsagaray de la Ley de Caducidad y permitió su investigación. El pasado febrero, las dos cámaras del Parlamento entregaron a la Corte Suprema su dictamen a favor de declarar inconstitucional dicha norma. Ayer, cuatro de los cinco jueces del tribunal pusieron su granito de arena por un cambio en las instituciones del país. Nibia Sabalsagaray, entonces militante del Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas, fue detenida en 1974 y trasladada al cuartel del Batallón de Ingenieros N° 5. Un día después, los militares entregaron a sus familiares su cadáver en un ataúd cerrado y con la prohibición de abrirlo, afirmando que se había suicidado. Sin embargo, sus allegados no creyeron la versión oficial del “ahorcamiento”. El hoy intendente frenteamplista del departamento de Canelones, Marcos Carámbula, era estudiante de medicina y le faltaban seis meses para obtener el título cuando fue llamado por la familia para que observara el cuerpo de la joven, ante la negativa de las autoridades de permitir una nueva autopsia. Carámbula pudo determinar que Sabalsagaray murió a causa de los golpes que había recibido. El referéndum contra la ley, que fue convocado después de que sus detractores reunieran 300.000 firmas para pedir su anulación, cuenta con el apoyo del oficialista Frente Amplio, mientras que los partidos Nacional (blanco) y Colorado se muestran partidarios de mantener la norma tal y como está. El votante deberá colocar una boleta rosada por la anulación y ninguna si no lo cree así. Según un sondeo de la encuestadora Interconsult conocido ayer, el 47 por ciento de los consultados afirma que votará por anularla, el 40 por ciento que no pondrá la papeleta rosada y el 13 por ciento no sabe o no contesta. Para ganar el plebiscito se necesita el 50 más uno de los votos. Según Olivera, los sondeos no son representativos. Por un lado, el electorado más conservador no manifiesta su voto y, por otro lado, hay una gran cantidad de votantes que vienen de Argentina que están a favor de la derogación de la ley y no son tenidos en cuenta. El líder sindical se queja de la poca difusión que tuvo la campaña en los medios de comunicación, mientras subraya que hoy se hará el gran cierre con una movilización en Montevideo. Se eligió un día simbólico, como cada 20 de mayo de las últimas dos décadas. Por eso, el lema es “el último 20 con leyes de impunidad”. Mercedes López San Miguel Tomado de Página 12
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