Mientras que el Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon apoya y milita para que se active un nuevo concepto jurídico de «responsabilidad de proteger», el presidente de la Asamblea General de la ONU, el Sr. Miguel de Escoto, invitaba a cuatro intelectuales de renombre para que expliquen a las delegaciones esta innovación presentando sus análisis. La mesa redonda reunía a Gareth Evans (uno de los autores del concepto), Noam Chomsky, Ngugi wa Thiong’o y Jean Bricmont, cuya intervención presentamos aquí.
Quisiera, en esta charla, poner en cuestión los supuestos conceptuales que subyacen a la noción y la retórica de la RdP. En resumen, mi tesis será que el principal obstáculo para la aplicación de una verdadera RdP son precisamente las políticas y las actitudes de los países que están más entusiasmados con esta doctrina, a saber, los países occidentales y, en particular Estados Unidos.
Durante la última década, el mundo ha sido testigo de cómo civiles inocentes eran asesinados por bombas estadounidenses en Irak, Afganistán y Pakistán. El mundo ha sido espectador impotente del criminal ataque israelí sobre el Líbano y Gaza. Antes, vimos perecer a millones de personas bajo en fuego estadounidense en Vietnam, Camboya y Laos, y a muchos otros han muerto en sus guerras por delegación en América Central o África del Sur. En nombre de las víctimas, vamos a exclamar: ¡Nunca más! A partir de ahora, el mundo, la comunidad internacional, va a protegerlos!
Nuestra respuesta humanitaria es sí, queremos proteger a todas las víctimas. Pero, ¿cómo y con qué fuerzas? ¿Cómo es posible proteger a los débiles de los fuertes? La respuesta a esta pregunta debe buscarse no sólo en el plano humanitario o en términos jurídicos, sino en primer lugar en términos políticos. La protección de los débiles siempre depende de la limitación de la fuerza de los fuertes. El imperio de la ley es una limitación, siempre y cuando se base en el principio de la igualdad de todos ante la ley. Lograr este objetivo exige una búsqueda esclarecida de principios idealistas, acompañada de una evaluación realista de la actual relación de fuerzas.
Antes de discutir políticamente la RdP, permítanme subrayar que lo que está en juego no son sus aspectos diplomáticos o preventivos, sino la parte militar de la llamada respuesta oportuna y decisiva , y el desafío que representa para la soberanía nacional.
La RdP es una doctrina ambigua. Por un lado, se vende a las Naciones Unidas como algo esencialmente distinto del derecho de intervención humanitaria , un concepto que se desarrolló en Occidente a finales de la década de 1970, tras el colapso de los imperios coloniales y la derrota de Estados Unidos en Indochina. Esta ideología se ha basado en las tragedias humanas de los nuevos países descolonizados con el fin de dar una justificación moral a las fallidas políticas de intervención y control por parte de las potencias occidentales sobre el resto del mundo.
La conciencia de este hecho existe en la mayor parte del mundo. El “derecho” de intervención humanitaria ha sido universalmente rechazado por el Sur, por ejemplo en la Cumbre del Sur en La Habana, de abril de 2000, o en la reunión de los Países No Alineados en Kuala Lumpur, de febrero de 2003, poco antes del ataque de EE UU a Irak. La RdP es un intento de introducir este rechazado derecho en el marco de la Carta de la ONU, con el fin de hacer que parezca aceptable, haciendo hincapié en que las acciones militares deben ser el último recurso y ser aprobadas por el Consejo de Seguridad. Ahora bien, jurídicamente no hay nada nuevo bajo el sol, y remito a ustedes a la nota de concepto de la Oficina del Presidente de la Asamblea General para un debate preciso de los aspectos jurídicos del problema.
Por otra parte, la RdP está siendo vendida a la opinión pública occidental como una nueva norma en las relaciones internacionales que autoriza las intervenciones militares por razones humanitarias. Por ejemplo, cuando el presidente Obama, en la reciente reunión del G8, destacó la importancia de la soberanía nacional, el influyente diario francés Le Monde lo calificó como un paso atrás, puesto que ya se ha aceptado la RdP. Hay una gran diferencia entre la RdP como doctrina jurídica y su concepción ideológica en los medios de comunicación occidentales.
Sin embargo, en una historia como la posterior a la Segunda Guerra Mundial, que incluye las guerras de Indochina, las invasiones de Irak y Afganistán, de Panamá, incluso de la pequeña Granada, así como el bombardeo de Yugoslavia, Libia y otros países, es poco creíble sostener que es el derecho internacional y el respeto de la soberanía nacional lo que impiden a Estados Unidos detener el genocidio. Si EE UU hubiera tenido los medios y la voluntad de intervenir en Ruanda lo habría hecho, y ningún derecho internacional se lo habría impedido. Y si se introduce una nueva norma , en el contexto de la actual relación de fuerzas políticas y militares, ésta no va a salvar a nadie en ninguna parte, a menos que Estados Unidos considere oportuno intervenir, desde su propia perspectiva.
Por otra parte, es imposible creer que los partidarios de la RdP estén hablando de la obligación de reconstruir (después de una intervención militar). ¿Cuánto dinero, exactamente, ha pagado Estados Unidos en concepto de reparación de la devastación que ha causado en Indochina o en Irak, o la que fue infligida a Líbano y Gaza por una potencia que aquél país arma y subvenciona, como es sabido? ¿O a Nicaragua, cuya reparación por las actividades de la contra siguen pendientes de pago por EE UU, a pesar de su condena por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya? ¿Por qué esperar que la RdP obligue a los poderosos a pagar por sus destrucciones, si no lo hacen en virtud del actual régimen jurídico?
Si bien es cierto que el siglo XXI necesita unas nuevas Naciones Unidas, no lo es que requiera una Organización que legitime este tipo de intervenciones con nuevos argumentos, sino una que dé, por lo menos, apoyo moral a los que intentan construir un mundo menos dominado por Estados Unidos y sus aliados. El punto de partida de las Naciones Unidas fue, precisamente, salvar a la humanidad del "flagelo de la guerra", en referencia a las dos guerras mundiales. Esto debía conseguirse, precisamente, mediante el estricto respeto de la soberanía nacional, a fin de evitar grandes potencias de intervenir militarmente contra los más débiles, independientemente de la excusa. Las guerras libradas por Estados Unidos y la OTAN muestran que, a pesar de algunos logros importantes, las Naciones Unidas todavía no han logrado plenamente este objetivo primordial. Las Naciones Unidas deben proseguir sus esfuerzos para lograr su objetivo antes de establecer una nueva prioridad, supuestamente humanitaria, lo que puede en realidad ser utilizado por las grandes potencias para justificar sus propias guerras futuras al socavar el principio de la soberanía nacional.
Cuando la OTAN ejerció su autoproclamado derecho a intervenir en Kosovo, donde los esfuerzos diplomáticos estaban lejos de haberse agotado, fue elogiada por los medios de comunicación occidentales. Cuando Rusia ejerció lo que considera como su RdP en Osetia del Sur, se le condenó de manera uniforme en los mismos medios de comunicación occidentales. Cuando Vietnam intervino en Camboya, o la India en lo que hoy es Bangladesh, sus acciones también fueron severamente condenadas en Occidente.
Esto indica que los gobiernos occidentales, los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales -en nombre de la llamada comunidad internacional -, juzgarán la responsabilidad de una tragedia humana de un modo muy diferente si se produce en un país hacia el que Occidente, por la razón que sea, es hostil al gobierno, o en un Estado amigo. Estados Unidos, en particular, tratará de presionar a las Naciones Unidas para que respalde su propia interpretación. Estados Unidos no siempre puede decidir intervenir pero puede utilizar, sin embargo, la no intervención para denunciar la ineficacia de las Naciones Unidas y sugerir que sea sustituida por la OTAN como árbitro internacional. La soberanía nacional es a veces estigmatizada por los partidarios de la intervención comunitaria -o de la RdP- como una especie de licencia para matar . Es preciso que recordemos porqué es necesario defender la soberanía nacional contra dicha estigmatización.
En primer lugar, la soberanía nacional es una protección parcial de los Estados débiles contra los fuertes. Nadie espera que Bangladesh interfiera en los asuntos internos de los Estados Unidos para obligar a reducir sus emisiones de CO2 a causa de las catastróficas consecuencias humanas que éstas puedan tener para Bangladesh. La injerencia es siempre unilateral.
La injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de otros Estados tiene múltiples facetas, pero es constante y viola el espíritu y a menudo la letra de la Carta de las Naciones Unidas. A pesar de sus declaraciones de actuar en nombre de principios como la libertad y la democracia, la intervención de EE UU ha tenido consecuencias desastrosas no sólo por los millones de muertes causadas por las guerras directas e indirectas, sino también la pérdida de oportunidades -el asesinato de la esperanza - para los centenares de millones de personas que podrían haberse beneficiado de políticas sociales progresistas iniciadas por dirigentes como Arbenz en Guatemala, Goulart en Brasil, Allende en Chile, Lumumba en el Congo, Mossadegh en Irán, los sandinistas en Nicaragua o el presidente Chávez en Venezuela, que han sido objeto de subversión sistemática, derrocamiento o asesinato con pleno apoyo occidental.
Pero esto no es todo. Cada acción agresiva dirigida por Estados Unidos crea una reacción. El despliegue de un escudo antimisiles tiene como resultado más misiles, no menos. Los bombardeos de civiles - ya sea deliberadamente o por los llamados daños colaterales - producen más resistencia armada, no menos. El intento de subvertir o derrocar gobiernos produce más represión interna, no menos. El fomento de las minorías secesionistas, dándoles la falsa impresión de que a menudo la superpotencia única vendrá a rescatarlas en caso de que sean reprimidas, conduce a más violencia, odio y muerte, no menos. Rodear un país con bases militares produce más gastos en defensa en este país, no menos. La posesión de armas nucleares por Israel alienta a otros estados de Oriente Próximo a adquirir tales armas. Los desastres humanitarios en la región oriental del Congo, así como en Somalia, se deben principalmente a las intervenciones extranjeras, no a su ausencia. Para poner un caso más extremo, ejemplo destacado de los horrores citados por los defensores de la RdP, es muy improbable que los jemeres rojos hubieran llegado al poder en Camboya sin el masivo bombardeo secreto que llevó a cabo EE UU, seguido por un cambio de régimen dirigido por este país que dejó al desventurado país totalmente perturbado y desestabilizado.
La ideología de la intervención humanitaria forma parte de una larga historia de actitudes occidentales hacia el resto del mundo. Cuando los colonialistas occidentales desembarcaron en las costas de las Américas, África o Asia oriental, se sorprendieron por lo que ahora llamaríamos violaciones de los derechos humanos, y que llamaron mores bárbaras - sacrificios humanos, canibalismo, mujeres obligadas a vendarse los pies, etc. Una y otra vez, esta indignación, sincera o calculada, se ha utilizado para justificar o encubrir los crímenes de las potencias occidentales: la trata de esclavos, el exterminio de los pueblos indígenas y el robo sistemático de tierras y recursos. Esta actitud de justa indignación continúa hasta el día de hoy y está en la raíz de la pretensión del derecho de intervención y del derecho de protección de Occidente, mientras se sigue haciendo la vista gorda ante regímenes opresores considerados amigos nuestros, a la interminable militarización y las guerras sin fin, y a la explotación masiva de mano de obra y recursos.
Occidente debería aprender de su historia pasada. ¿Qué significa esto concretamente? Pues, en primer lugar, garantizar el estricto respeto del derecho internacional por parte de las potencias occidentales, la aplicación de las resoluciones de la ONU sobre Israel, desmantelar el imperio de bases de EE UU en todo el mundo, así como la OTAN, poniendo fin a todas las amenazas en relación con el uso unilateral de la fuerza, levantar las sanciones unilaterales, en particular el embargo contra Cuba; detener toda injerencia en los asuntos internos de otros Estados, en particular todas las operaciones de fomento de la democracia , las revoluciones de colores , y la explotación de la política de minorías. Este necesario respeto de la soberanía nacional significa que el soberano en última instancia de cada Estado-nación es el pueblo de ese Estado, cuyo derecho a la deposición de los gobiernos injustos no puede ser asumido por forasteros supuestamente benévolos.
A continuación, podríamos utilizar nuestros desmesurados presupuestos militares (los países de la OTAN representan el 70 por ciento de los gastos militares mundiales) para implementar una forma de keynesianismo mundial: en lugar de exigir presupuestos equilibrados al mundo en desarrollo, deberíamos utilizar los recursos desperdiciados en nuestros ejércitos para financiar inversiones masivas en educación, salud y desarrollo. Si esto suena a utopía, no lo es más que la creencia de que un mundo estable surgirá de la forma en que nuestra actual guerra contra el terror se está llevando a cabo.
Los defensores de la RdP pueden argumentar que lo que digo está fuera de lugar o es un intento de politizar la cuestión innecesariamente, ya que, según ellos, es la comunidad internacional y no la occidental que va a intervenir, contando, además, con la aprobación del Consejo de Seguridad . Pero en realidad, no existe tal cosa como una auténtica comunidad internacional. La intervención de la OTAN en Kosovo no fue aprobada por Rusia y la intervención rusa en Osetia del Sur fue condenada por Occidente. Y no habría habido una aprobación del Consejo de Seguridad para ninguna de las dos. Recientemente, la Unión Africana rechazó la acusación por la Corte Penal Internacional del Presidente de Sudán. Todo sistema de justicia o de policía internacional -sea la RDP o la Corte Penal Internacional- requiere una relación de igualdad y un clima de confianza. Hoy en día, no hay igualdad ni confianza entre Oriente y Occidente, o entre Norte y Sur, en gran medida como resultado de las pasadas políticas de EE UU. Si queremos que alguna versión de la RdP funcione en el futuro, necesitamos primero en construir una relación de igualdad y confianza y lo que he indicado anteriormente va al meollo de la cuestión. El mundo puede ser más seguro sólo si primero se hace más justo.
Es importante comprender que la crítica hecha aquí de la RdP no se basa en una defensa absolutista de la soberanía nacional, sino en una reflexión sobre las políticas de los estados más poderosos que obligan a los Estados más débiles a utilizar la soberanía como escudo.
Los promotores de la RdP la presentan como el comienzo de una nueva era, pero de hecho es el final de una vieja. Desde un punto de vista intervencionista, la RdP es un paso atrás con respecto al antiguo derecho de intervención humanitaria, al menos en su formulación, a la vez que el antiguo derecho era de por sí un paso atrás desde el colonialismo tradicional. La principal transformación social del siglo XX ha sido la descolonización. Y continúa en la actualidad en la elaboración de un mundo verdaderamente democrático, donde el sol se ponga para el imperio de EE.UU, tal como antes se puso para los de la vieja Europa. Hay algunos indicios de que el presidente Obama entiende esta realidad y es de esperar que sus acciones estén a la altura de sus palabras.
Quiero terminar con un mensaje dirigido a los representantes y las poblaciones del Sur global. Los puntos de vista expresados aquí son compartidos por millones de personas en Occidente. Pero, no es, por desgracia, lo que reflejan nuestros medios de comunicación. Millones de personas, incluyendo ciudadanos estadounidenses, rechazan la guerra como medio para resolver las controversias internacionales y se oponen enérgicamente al ciego apoyo de sus países al apartheid israelí. Todas ellas se adhieren a los objetivos del movimiento no alineado de cooperación internacional dentro del estricto respeto de la soberanía nacional y la igualdad de todos los pueblos. Corren el riesgo de ser denunciados en los medios de comunicación de sus propios países como antioccidentales, antiamericanos o antisemitas. Sin embargo, son ellos los que, al abrir sus mentes a las aspiraciones del resto de la Humanidad, transmiten lo que realmente hay de valor en la tradición humanista occidental.
Jean Bricmont.
Tomado de Red Voltaire
29 ago 2009
¿Bombas por un mundo más justo?
Mientras que el Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon apoya y milita para que se active un nuevo concepto jurídico de «responsabilidad de proteger», el presidente de la Asamblea General de la ONU, el Sr. Miguel de Escoto, invitaba a cuatro intelectuales de renombre para que expliquen a las delegaciones esta innovación presentando sus análisis. La mesa redonda reunía a Gareth Evans (uno de los autores del concepto), Noam Chomsky, Ngugi wa Thiong’o y Jean Bricmont, cuya intervención presentamos aquí.
Quisiera, en esta charla, poner en cuestión los supuestos conceptuales que subyacen a la noción y la retórica de la RdP. En resumen, mi tesis será que el principal obstáculo para la aplicación de una verdadera RdP son precisamente las políticas y las actitudes de los países que están más entusiasmados con esta doctrina, a saber, los países occidentales y, en particular Estados Unidos.
Durante la última década, el mundo ha sido testigo de cómo civiles inocentes eran asesinados por bombas estadounidenses en Irak, Afganistán y Pakistán. El mundo ha sido espectador impotente del criminal ataque israelí sobre el Líbano y Gaza. Antes, vimos perecer a millones de personas bajo en fuego estadounidense en Vietnam, Camboya y Laos, y a muchos otros han muerto en sus guerras por delegación en América Central o África del Sur. En nombre de las víctimas, vamos a exclamar: ¡Nunca más! A partir de ahora, el mundo, la comunidad internacional, va a protegerlos!
Nuestra respuesta humanitaria es sí, queremos proteger a todas las víctimas. Pero, ¿cómo y con qué fuerzas? ¿Cómo es posible proteger a los débiles de los fuertes? La respuesta a esta pregunta debe buscarse no sólo en el plano humanitario o en términos jurídicos, sino en primer lugar en términos políticos. La protección de los débiles siempre depende de la limitación de la fuerza de los fuertes. El imperio de la ley es una limitación, siempre y cuando se base en el principio de la igualdad de todos ante la ley. Lograr este objetivo exige una búsqueda esclarecida de principios idealistas, acompañada de una evaluación realista de la actual relación de fuerzas.
Antes de discutir políticamente la RdP, permítanme subrayar que lo que está en juego no son sus aspectos diplomáticos o preventivos, sino la parte militar de la llamada respuesta oportuna y decisiva , y el desafío que representa para la soberanía nacional.
La RdP es una doctrina ambigua. Por un lado, se vende a las Naciones Unidas como algo esencialmente distinto del derecho de intervención humanitaria , un concepto que se desarrolló en Occidente a finales de la década de 1970, tras el colapso de los imperios coloniales y la derrota de Estados Unidos en Indochina. Esta ideología se ha basado en las tragedias humanas de los nuevos países descolonizados con el fin de dar una justificación moral a las fallidas políticas de intervención y control por parte de las potencias occidentales sobre el resto del mundo.
La conciencia de este hecho existe en la mayor parte del mundo. El “derecho” de intervención humanitaria ha sido universalmente rechazado por el Sur, por ejemplo en la Cumbre del Sur en La Habana, de abril de 2000, o en la reunión de los Países No Alineados en Kuala Lumpur, de febrero de 2003, poco antes del ataque de EE UU a Irak. La RdP es un intento de introducir este rechazado derecho en el marco de la Carta de la ONU, con el fin de hacer que parezca aceptable, haciendo hincapié en que las acciones militares deben ser el último recurso y ser aprobadas por el Consejo de Seguridad. Ahora bien, jurídicamente no hay nada nuevo bajo el sol, y remito a ustedes a la nota de concepto de la Oficina del Presidente de la Asamblea General para un debate preciso de los aspectos jurídicos del problema.
Por otra parte, la RdP está siendo vendida a la opinión pública occidental como una nueva norma en las relaciones internacionales que autoriza las intervenciones militares por razones humanitarias. Por ejemplo, cuando el presidente Obama, en la reciente reunión del G8, destacó la importancia de la soberanía nacional, el influyente diario francés Le Monde lo calificó como un paso atrás, puesto que ya se ha aceptado la RdP. Hay una gran diferencia entre la RdP como doctrina jurídica y su concepción ideológica en los medios de comunicación occidentales.
Sin embargo, en una historia como la posterior a la Segunda Guerra Mundial, que incluye las guerras de Indochina, las invasiones de Irak y Afganistán, de Panamá, incluso de la pequeña Granada, así como el bombardeo de Yugoslavia, Libia y otros países, es poco creíble sostener que es el derecho internacional y el respeto de la soberanía nacional lo que impiden a Estados Unidos detener el genocidio. Si EE UU hubiera tenido los medios y la voluntad de intervenir en Ruanda lo habría hecho, y ningún derecho internacional se lo habría impedido. Y si se introduce una nueva norma , en el contexto de la actual relación de fuerzas políticas y militares, ésta no va a salvar a nadie en ninguna parte, a menos que Estados Unidos considere oportuno intervenir, desde su propia perspectiva.
Por otra parte, es imposible creer que los partidarios de la RdP estén hablando de la obligación de reconstruir (después de una intervención militar). ¿Cuánto dinero, exactamente, ha pagado Estados Unidos en concepto de reparación de la devastación que ha causado en Indochina o en Irak, o la que fue infligida a Líbano y Gaza por una potencia que aquél país arma y subvenciona, como es sabido? ¿O a Nicaragua, cuya reparación por las actividades de la contra siguen pendientes de pago por EE UU, a pesar de su condena por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya? ¿Por qué esperar que la RdP obligue a los poderosos a pagar por sus destrucciones, si no lo hacen en virtud del actual régimen jurídico?
Si bien es cierto que el siglo XXI necesita unas nuevas Naciones Unidas, no lo es que requiera una Organización que legitime este tipo de intervenciones con nuevos argumentos, sino una que dé, por lo menos, apoyo moral a los que intentan construir un mundo menos dominado por Estados Unidos y sus aliados. El punto de partida de las Naciones Unidas fue, precisamente, salvar a la humanidad del "flagelo de la guerra", en referencia a las dos guerras mundiales. Esto debía conseguirse, precisamente, mediante el estricto respeto de la soberanía nacional, a fin de evitar grandes potencias de intervenir militarmente contra los más débiles, independientemente de la excusa. Las guerras libradas por Estados Unidos y la OTAN muestran que, a pesar de algunos logros importantes, las Naciones Unidas todavía no han logrado plenamente este objetivo primordial. Las Naciones Unidas deben proseguir sus esfuerzos para lograr su objetivo antes de establecer una nueva prioridad, supuestamente humanitaria, lo que puede en realidad ser utilizado por las grandes potencias para justificar sus propias guerras futuras al socavar el principio de la soberanía nacional.
Cuando la OTAN ejerció su autoproclamado derecho a intervenir en Kosovo, donde los esfuerzos diplomáticos estaban lejos de haberse agotado, fue elogiada por los medios de comunicación occidentales. Cuando Rusia ejerció lo que considera como su RdP en Osetia del Sur, se le condenó de manera uniforme en los mismos medios de comunicación occidentales. Cuando Vietnam intervino en Camboya, o la India en lo que hoy es Bangladesh, sus acciones también fueron severamente condenadas en Occidente.
Esto indica que los gobiernos occidentales, los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales -en nombre de la llamada comunidad internacional -, juzgarán la responsabilidad de una tragedia humana de un modo muy diferente si se produce en un país hacia el que Occidente, por la razón que sea, es hostil al gobierno, o en un Estado amigo. Estados Unidos, en particular, tratará de presionar a las Naciones Unidas para que respalde su propia interpretación. Estados Unidos no siempre puede decidir intervenir pero puede utilizar, sin embargo, la no intervención para denunciar la ineficacia de las Naciones Unidas y sugerir que sea sustituida por la OTAN como árbitro internacional. La soberanía nacional es a veces estigmatizada por los partidarios de la intervención comunitaria -o de la RdP- como una especie de licencia para matar . Es preciso que recordemos porqué es necesario defender la soberanía nacional contra dicha estigmatización.
En primer lugar, la soberanía nacional es una protección parcial de los Estados débiles contra los fuertes. Nadie espera que Bangladesh interfiera en los asuntos internos de los Estados Unidos para obligar a reducir sus emisiones de CO2 a causa de las catastróficas consecuencias humanas que éstas puedan tener para Bangladesh. La injerencia es siempre unilateral.
La injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de otros Estados tiene múltiples facetas, pero es constante y viola el espíritu y a menudo la letra de la Carta de las Naciones Unidas. A pesar de sus declaraciones de actuar en nombre de principios como la libertad y la democracia, la intervención de EE UU ha tenido consecuencias desastrosas no sólo por los millones de muertes causadas por las guerras directas e indirectas, sino también la pérdida de oportunidades -el asesinato de la esperanza - para los centenares de millones de personas que podrían haberse beneficiado de políticas sociales progresistas iniciadas por dirigentes como Arbenz en Guatemala, Goulart en Brasil, Allende en Chile, Lumumba en el Congo, Mossadegh en Irán, los sandinistas en Nicaragua o el presidente Chávez en Venezuela, que han sido objeto de subversión sistemática, derrocamiento o asesinato con pleno apoyo occidental.
Pero esto no es todo. Cada acción agresiva dirigida por Estados Unidos crea una reacción. El despliegue de un escudo antimisiles tiene como resultado más misiles, no menos. Los bombardeos de civiles - ya sea deliberadamente o por los llamados daños colaterales - producen más resistencia armada, no menos. El intento de subvertir o derrocar gobiernos produce más represión interna, no menos. El fomento de las minorías secesionistas, dándoles la falsa impresión de que a menudo la superpotencia única vendrá a rescatarlas en caso de que sean reprimidas, conduce a más violencia, odio y muerte, no menos. Rodear un país con bases militares produce más gastos en defensa en este país, no menos. La posesión de armas nucleares por Israel alienta a otros estados de Oriente Próximo a adquirir tales armas. Los desastres humanitarios en la región oriental del Congo, así como en Somalia, se deben principalmente a las intervenciones extranjeras, no a su ausencia. Para poner un caso más extremo, ejemplo destacado de los horrores citados por los defensores de la RdP, es muy improbable que los jemeres rojos hubieran llegado al poder en Camboya sin el masivo bombardeo secreto que llevó a cabo EE UU, seguido por un cambio de régimen dirigido por este país que dejó al desventurado país totalmente perturbado y desestabilizado.
La ideología de la intervención humanitaria forma parte de una larga historia de actitudes occidentales hacia el resto del mundo. Cuando los colonialistas occidentales desembarcaron en las costas de las Américas, África o Asia oriental, se sorprendieron por lo que ahora llamaríamos violaciones de los derechos humanos, y que llamaron mores bárbaras - sacrificios humanos, canibalismo, mujeres obligadas a vendarse los pies, etc. Una y otra vez, esta indignación, sincera o calculada, se ha utilizado para justificar o encubrir los crímenes de las potencias occidentales: la trata de esclavos, el exterminio de los pueblos indígenas y el robo sistemático de tierras y recursos. Esta actitud de justa indignación continúa hasta el día de hoy y está en la raíz de la pretensión del derecho de intervención y del derecho de protección de Occidente, mientras se sigue haciendo la vista gorda ante regímenes opresores considerados amigos nuestros, a la interminable militarización y las guerras sin fin, y a la explotación masiva de mano de obra y recursos.
Occidente debería aprender de su historia pasada. ¿Qué significa esto concretamente? Pues, en primer lugar, garantizar el estricto respeto del derecho internacional por parte de las potencias occidentales, la aplicación de las resoluciones de la ONU sobre Israel, desmantelar el imperio de bases de EE UU en todo el mundo, así como la OTAN, poniendo fin a todas las amenazas en relación con el uso unilateral de la fuerza, levantar las sanciones unilaterales, en particular el embargo contra Cuba; detener toda injerencia en los asuntos internos de otros Estados, en particular todas las operaciones de fomento de la democracia , las revoluciones de colores , y la explotación de la política de minorías. Este necesario respeto de la soberanía nacional significa que el soberano en última instancia de cada Estado-nación es el pueblo de ese Estado, cuyo derecho a la deposición de los gobiernos injustos no puede ser asumido por forasteros supuestamente benévolos.
A continuación, podríamos utilizar nuestros desmesurados presupuestos militares (los países de la OTAN representan el 70 por ciento de los gastos militares mundiales) para implementar una forma de keynesianismo mundial: en lugar de exigir presupuestos equilibrados al mundo en desarrollo, deberíamos utilizar los recursos desperdiciados en nuestros ejércitos para financiar inversiones masivas en educación, salud y desarrollo. Si esto suena a utopía, no lo es más que la creencia de que un mundo estable surgirá de la forma en que nuestra actual guerra contra el terror se está llevando a cabo.
Los defensores de la RdP pueden argumentar que lo que digo está fuera de lugar o es un intento de politizar la cuestión innecesariamente, ya que, según ellos, es la comunidad internacional y no la occidental que va a intervenir, contando, además, con la aprobación del Consejo de Seguridad . Pero en realidad, no existe tal cosa como una auténtica comunidad internacional. La intervención de la OTAN en Kosovo no fue aprobada por Rusia y la intervención rusa en Osetia del Sur fue condenada por Occidente. Y no habría habido una aprobación del Consejo de Seguridad para ninguna de las dos. Recientemente, la Unión Africana rechazó la acusación por la Corte Penal Internacional del Presidente de Sudán. Todo sistema de justicia o de policía internacional -sea la RDP o la Corte Penal Internacional- requiere una relación de igualdad y un clima de confianza. Hoy en día, no hay igualdad ni confianza entre Oriente y Occidente, o entre Norte y Sur, en gran medida como resultado de las pasadas políticas de EE UU. Si queremos que alguna versión de la RdP funcione en el futuro, necesitamos primero en construir una relación de igualdad y confianza y lo que he indicado anteriormente va al meollo de la cuestión. El mundo puede ser más seguro sólo si primero se hace más justo.
Es importante comprender que la crítica hecha aquí de la RdP no se basa en una defensa absolutista de la soberanía nacional, sino en una reflexión sobre las políticas de los estados más poderosos que obligan a los Estados más débiles a utilizar la soberanía como escudo.
Los promotores de la RdP la presentan como el comienzo de una nueva era, pero de hecho es el final de una vieja. Desde un punto de vista intervencionista, la RdP es un paso atrás con respecto al antiguo derecho de intervención humanitaria, al menos en su formulación, a la vez que el antiguo derecho era de por sí un paso atrás desde el colonialismo tradicional. La principal transformación social del siglo XX ha sido la descolonización. Y continúa en la actualidad en la elaboración de un mundo verdaderamente democrático, donde el sol se ponga para el imperio de EE.UU, tal como antes se puso para los de la vieja Europa. Hay algunos indicios de que el presidente Obama entiende esta realidad y es de esperar que sus acciones estén a la altura de sus palabras.
Quiero terminar con un mensaje dirigido a los representantes y las poblaciones del Sur global. Los puntos de vista expresados aquí son compartidos por millones de personas en Occidente. Pero, no es, por desgracia, lo que reflejan nuestros medios de comunicación. Millones de personas, incluyendo ciudadanos estadounidenses, rechazan la guerra como medio para resolver las controversias internacionales y se oponen enérgicamente al ciego apoyo de sus países al apartheid israelí. Todas ellas se adhieren a los objetivos del movimiento no alineado de cooperación internacional dentro del estricto respeto de la soberanía nacional y la igualdad de todos los pueblos. Corren el riesgo de ser denunciados en los medios de comunicación de sus propios países como antioccidentales, antiamericanos o antisemitas. Sin embargo, son ellos los que, al abrir sus mentes a las aspiraciones del resto de la Humanidad, transmiten lo que realmente hay de valor en la tradición humanista occidental.
Jean Bricmont.
Tomado de Red Voltaire
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