El BM y el FMI, instrumentos con fines geoestratégicos y económicos
El FMI ha obtenido una nueva victoria al final de su última misión en República Democrática del Congo (RDC) al obtener la revisión del famoso contrato chino pactado en el 2007. La supresión en este contrato de la garantía del Estado congoleño reduce así el polémico préstamo de China, que pasa de 9 a 6 mil millones de dólares. Este convenio, calificado sin razón de «contrato del siglo», preveía inicialmente 6000 millones de inversiones en desarrollo de infraestructuras (construcción de carreteras, ferrocarriles, hospitales, universidades, viviendas sociales) y 3000 millones de dólares para el sector minero.
Así pues, el FMI ha ganado el partido contra China pero lo más importante es que conserva su poder sobre la política económica de la RDC. Esta nueva injerencia del FMI en los asuntos internos de la RDC demuestra, una vez más, la hipocresía con la que las potencias occidentales hacen uso de las instituciones financieras internacionales (IFI) para despojar a los congoleños de sus recursos naturales. De hecho, durante las negociaciones para la revisión del contrato chino, el Banco Mundial, respaldado por la embajadora de Canadá y Hillary Clinton durante su paso por Kinshasa, presionó al gobierno congoleño para que revocara su decisión de anular el «partenariado» KMT (Kingamyambo Musonoi Tailings) pactado de manera ilegal entre la empresa canadiense Fisrt Quantum, el Estado Congoleño, la empresa pública congoleña Gécamines, la sudafricana Industrial Development Corporation y la SFI (Sociedad Financiera Internacional), que no es ni más ni menos que la filial del Banco Mundial encargada de apoyar al sector privado.
Es obvio que los contratos leoninos ya no suponen un problema para las IFI cuando los intereses de las potencias occidentales están en juego. Estos dos hechos concomitantes en RDC muestran claramente que el Banco Mundial y el FMI son los instrumentos que los países del Norte utilizan con fines geoestratégicos y económicos.
No cabe duda de que el contrato chino, elemento fundamental para la realización de las cinco obras del presidente Kabila, no resulta beneficioso para todas las partes tal y como insinúa China, sino que constituye una nueva ofensiva del gigante asiático para acaparar los recursos mineros del continente negro. Gracias a este contrato, China tiene acceso a 10 millones de toneladas de cobre, 620 000 toneladas de cobalto y 300 toneladas de oro mientras que los congoleños tienen que reembolsar la deuda generada por este contrato de préstamo. Oficialmente, fue ese riesgo de sobreendeudamiento el que motivó la intervención del FMI en este convenio bilateral. Bajo pretexto de defender la buena gobernanza y practicando un chantaje inaceptable, el FMI cumplió sus propósitos, manteniendo de esa forma su tutela sobre la RDC.
El chantaje ha sido doble: sin revisión del contrato, la RDC ya podía ir olvidándose de un nuevo acuerdo trienal con el FMI con motivo del Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (SCLP) así como decir adiós al punto de culminación de la iniciativa PPAE (Países Pobres Altamente Endeudados), supuestamente destinado a aliviar su deuda exterior que alcanza actualmente los 12 300 mil millones de dólares. Es aproximadamente el mismo importe que se le reclamó a la RDC tras la muerte de Laurent Désiré Kabila en el 2001, justo antes de que el Banco Mundial y el FMI se hicieran pasar por un salvador que organiza una gran operación de alivio de deudas, denunciada por el CADTM por considerarla que se trataba de una traición.
Cabe destacar que los servicios del FMI todavía tienen que confirmar «que el acuerdo así enmendado es conforme a la viabilidad de la deuda» antes de poder aprobar el nuevo programa trienal (2009-2011) y que, por lo tanto, la RDC es desde el 2003 el rehén de este punto de culminación que ya ha sido aplazado en tres ocasiones por decisión del FMI. Ahora bien, esta deuda que el Estado congoleño sigue reembolsando a pesar de la crisis económica mundial es el arquetipo de deuda ilegítima, ya que la mayor parte ha sido contraída por el dictador Mobutu con la complicidad de los acreedores occidentales, y en particular del FMI y del Banco Mundial.
Esta deuda no tiene ningún valor legal y debería ser declarada nula por el gobierno congoleño. Para poder justificar la prescripción de esta deuda y su no-reembolso, los poderes públicos deberían, tal y como lo exige la declaración de la octava Cumbre de los pueblos de la SADC reunida en Kinshasa del 5 al 6 de septiembre de 2009, proceder inmediatamente a la auditoria de la deuda con el fin de dar a conocer la parte ilegítima de ésta: es decir aquella de la que la población no se ha podido beneficiar. Cada año, el servicio de la deuda dilapida cerca de 500 mil millones de dólares, lo que representa casi tres veces más que la ayuda de emergencia concedida por el FMI en marzo pasado.
La RDC no es un caso aislado. En la mayoría de los países en vía de desarrollo, el reembolso de deudas ilegítimas combinado con unas condiciones impuestas por los acreedores internacionales constituye un obstáculo a la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales así como una violación evidente del derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos y, especialmente, de sus recursos naturales. Por consiguiente, la emancipación de las poblaciones del Sur está claramente sujeta a la anulación incondicional de la deuda de los países del tercer mundo y a la ruptura en seco de los acuerdos con las IFI. En efecto, los países en vía de desarrollo no tienen nada que esperar de estas dos instituciones incapaces de emanciparse del credo neoliberal conocido bajo el nombre de «Consenso de Washington», responsable del empobrecimiento de miles de millones de individuos desde la crisis de la deuda de 1982.
Cabe recordar, por otra parte, que estas instituciones se han hecho cómplices de graves violaciones de los derechos humanos al apoyar económicamente a dictaduras como la de Mobutu o al financiar el apartheid en Sudáfrica. Por lo tanto, el Banco Mundial y el FMI deben obligatoriamente rendir cuentas ante la justicia y ser reemplazadas por nuevas organizaciones internacionales democráticas y respetuosas de los derechos humanos fundamentales.
Renaud Vivien, Yvonne Ngoyi, Victor Nzuzi,Dani Ndombele, José Mukadi, Luc Mukendi
CADTM
Traducción: Audrey Esnault
Tomado de Rebelión
1 mar 2010
Hipócrita injerencia del FMI en el Congo
El BM y el FMI, instrumentos con fines geoestratégicos y económicos
El FMI ha obtenido una nueva victoria al final de su última misión en República Democrática del Congo (RDC) al obtener la revisión del famoso contrato chino pactado en el 2007. La supresión en este contrato de la garantía del Estado congoleño reduce así el polémico préstamo de China, que pasa de 9 a 6 mil millones de dólares. Este convenio, calificado sin razón de «contrato del siglo», preveía inicialmente 6000 millones de inversiones en desarrollo de infraestructuras (construcción de carreteras, ferrocarriles, hospitales, universidades, viviendas sociales) y 3000 millones de dólares para el sector minero.
Así pues, el FMI ha ganado el partido contra China pero lo más importante es que conserva su poder sobre la política económica de la RDC. Esta nueva injerencia del FMI en los asuntos internos de la RDC demuestra, una vez más, la hipocresía con la que las potencias occidentales hacen uso de las instituciones financieras internacionales (IFI) para despojar a los congoleños de sus recursos naturales. De hecho, durante las negociaciones para la revisión del contrato chino, el Banco Mundial, respaldado por la embajadora de Canadá y Hillary Clinton durante su paso por Kinshasa, presionó al gobierno congoleño para que revocara su decisión de anular el «partenariado» KMT (Kingamyambo Musonoi Tailings) pactado de manera ilegal entre la empresa canadiense Fisrt Quantum, el Estado Congoleño, la empresa pública congoleña Gécamines, la sudafricana Industrial Development Corporation y la SFI (Sociedad Financiera Internacional), que no es ni más ni menos que la filial del Banco Mundial encargada de apoyar al sector privado.
Es obvio que los contratos leoninos ya no suponen un problema para las IFI cuando los intereses de las potencias occidentales están en juego. Estos dos hechos concomitantes en RDC muestran claramente que el Banco Mundial y el FMI son los instrumentos que los países del Norte utilizan con fines geoestratégicos y económicos.
No cabe duda de que el contrato chino, elemento fundamental para la realización de las cinco obras del presidente Kabila, no resulta beneficioso para todas las partes tal y como insinúa China, sino que constituye una nueva ofensiva del gigante asiático para acaparar los recursos mineros del continente negro. Gracias a este contrato, China tiene acceso a 10 millones de toneladas de cobre, 620 000 toneladas de cobalto y 300 toneladas de oro mientras que los congoleños tienen que reembolsar la deuda generada por este contrato de préstamo. Oficialmente, fue ese riesgo de sobreendeudamiento el que motivó la intervención del FMI en este convenio bilateral. Bajo pretexto de defender la buena gobernanza y practicando un chantaje inaceptable, el FMI cumplió sus propósitos, manteniendo de esa forma su tutela sobre la RDC.
El chantaje ha sido doble: sin revisión del contrato, la RDC ya podía ir olvidándose de un nuevo acuerdo trienal con el FMI con motivo del Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (SCLP) así como decir adiós al punto de culminación de la iniciativa PPAE (Países Pobres Altamente Endeudados), supuestamente destinado a aliviar su deuda exterior que alcanza actualmente los 12 300 mil millones de dólares. Es aproximadamente el mismo importe que se le reclamó a la RDC tras la muerte de Laurent Désiré Kabila en el 2001, justo antes de que el Banco Mundial y el FMI se hicieran pasar por un salvador que organiza una gran operación de alivio de deudas, denunciada por el CADTM por considerarla que se trataba de una traición.
Cabe destacar que los servicios del FMI todavía tienen que confirmar «que el acuerdo así enmendado es conforme a la viabilidad de la deuda» antes de poder aprobar el nuevo programa trienal (2009-2011) y que, por lo tanto, la RDC es desde el 2003 el rehén de este punto de culminación que ya ha sido aplazado en tres ocasiones por decisión del FMI. Ahora bien, esta deuda que el Estado congoleño sigue reembolsando a pesar de la crisis económica mundial es el arquetipo de deuda ilegítima, ya que la mayor parte ha sido contraída por el dictador Mobutu con la complicidad de los acreedores occidentales, y en particular del FMI y del Banco Mundial.
Esta deuda no tiene ningún valor legal y debería ser declarada nula por el gobierno congoleño. Para poder justificar la prescripción de esta deuda y su no-reembolso, los poderes públicos deberían, tal y como lo exige la declaración de la octava Cumbre de los pueblos de la SADC reunida en Kinshasa del 5 al 6 de septiembre de 2009, proceder inmediatamente a la auditoria de la deuda con el fin de dar a conocer la parte ilegítima de ésta: es decir aquella de la que la población no se ha podido beneficiar. Cada año, el servicio de la deuda dilapida cerca de 500 mil millones de dólares, lo que representa casi tres veces más que la ayuda de emergencia concedida por el FMI en marzo pasado.
La RDC no es un caso aislado. En la mayoría de los países en vía de desarrollo, el reembolso de deudas ilegítimas combinado con unas condiciones impuestas por los acreedores internacionales constituye un obstáculo a la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales así como una violación evidente del derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos y, especialmente, de sus recursos naturales. Por consiguiente, la emancipación de las poblaciones del Sur está claramente sujeta a la anulación incondicional de la deuda de los países del tercer mundo y a la ruptura en seco de los acuerdos con las IFI. En efecto, los países en vía de desarrollo no tienen nada que esperar de estas dos instituciones incapaces de emanciparse del credo neoliberal conocido bajo el nombre de «Consenso de Washington», responsable del empobrecimiento de miles de millones de individuos desde la crisis de la deuda de 1982.
Cabe recordar, por otra parte, que estas instituciones se han hecho cómplices de graves violaciones de los derechos humanos al apoyar económicamente a dictaduras como la de Mobutu o al financiar el apartheid en Sudáfrica. Por lo tanto, el Banco Mundial y el FMI deben obligatoriamente rendir cuentas ante la justicia y ser reemplazadas por nuevas organizaciones internacionales democráticas y respetuosas de los derechos humanos fundamentales.
Renaud Vivien, Yvonne Ngoyi, Victor Nzuzi,Dani Ndombele, José Mukadi, Luc Mukendi
CADTM
Traducción: Audrey Esnault
Tomado de Rebelión
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