Garzón y la batalla de la memoria

No soy de un pueblo de bueyes que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Miguel Hernández El 26 de abril la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) de Chile envió una carta al embajador de España, Juan Manuel Cabrera Hernández, en la que expresa al Gobierno, la Audiencia Nacional y la ciudadanía española su irrestricto apoyo a la causa penal por los crímenes del franquismo abierta por el juez Baltasar Garzón. No se trata de una opinión cualquiera. Creada a finales de 1974 bajo la protección de la Iglesia católica y otras confesiones religiosas, la AFDD impulsó con valor las primeras movilizaciones públicas contra la dictadura del general Pinochet y fue la primera organización chilena que se hizo parte de la querella presentada contra los integrantes de la junta militar ante la Audiencia Nacional el 3 de julio de 1996 por la Fundación Presidente Allende de España. Aquella querella fue instruida durante dos años por el magistrado Manuel García Castellón, mientras que Garzón se ocupaba de otra similar contra los jerarcas de la dictadura militar argentina del periodo 1976-1983 interpuesta, entre otros, por la Secretaría de Derechos Humanos de Izquierda Unida. A mediados de octubre de 1998, tras conocer que Augusto Pinochet se hallaba en Londres, García Castellón y Garzón cursaron peticiones a través del Ministerio de Justicia y la Interpol para interrogar al ex dictador, quien se recuperaba en una clínica de una operación. En la noche de un inolvidable 16 de octubre de 1998, Pinochet fue detenido… y la historia de Chile experimentó un viraje notable, puesto que la impunidad de los represores de la dictadura empezó a resquebrajarse. A Garzón le cupo un papel destacado en el avance de este país hacia una democracia con memoria histórica desde que el 20 de octubre de aquel año García Castellón se inhibió en su favor y asumió también la investigación de los crímenes de la dictadura chilena. Mientras el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y el Fiscal General del Estado de entonces, Eduardo Fungairiño y Ernesto Cardenal, objetaban su actuación y aseguraban que la justicia española no tenía jurisdicción para investigar los crímenes denunciados, el 30 de octubre de 1998 los once magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declararon por unanimidad (en una resolución histórica) que España podía juzgar a Pinochet por genocidio y terrorismo. Casi doce años después, la dictadura militar ya no es defendida abiertamente por ningún sector relevante de Chile, cerca de 800 represores están procesados en los tribunales y la recuperación de la memoria es bien visible: una estatua del Presidente Salvador Allende saluda a quienes pasean por las proximidades de La Moneda, el recinto deportivo donde fue asesinado el creador de Te recuerdo Amanda se denomina Estadio Víctor Jara, numerosos centros clandestinos de detención y tortura son lugares de memoria, un informe avalado por el Estado reconoció en 2004 las torturas sufridas por más de treinta mil ex prisioneros políticos… En cambio, en nuestro país la ignominiosa impunidad de la dictadura franquista se consolida de la manera más perversa: el juez Garzón ha sido denunciado, tras su intento de investigar los crímenes fascistas, por quienes ayer fusilaban y sepultaban a los republicanos en las cunetas (y ahí yacen todavía hoy, siete décadas después, la inmensa mayoría), por quienes jaleaban al tirano en la Plaza de Oriente y el miércoles conocimos la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela de abrirle juicio oral. Y si en Francia el presidente Sarkozy ordenó en el otoño de 2007 dar lectura en todos los liceos a la carta enviada por el joven luchador de la Resistencia, Guy Môquet (¡comunista!), a sus padres en vísperas de su fusilamiento por los nazis el 22 de octubre de 1941, aquí el Partido Popular descalifica a quienes reivindican la memoria de quienes dieron su vida por la democracia, la libertad, la justicia social, el progreso y la cultura. La persecución contra Garzón desatada por los sectores conservadores deja al desnudo las carencias de una democracia construida sobre el olvido, la impunidad y el miedo en el transcurso de una Transición nada modélica. No obstante, la solidaridad con el intento de este magistrado de investigar los crímenes de la dictadura ha suscitado una intensa y ejemplar movilización ciudadana que se une a la creciente demanda social de una evolución democrática hacia la III República. A lo largo de este mes de abril, mientras arreciaba la ofensiva contra Garzón y se celebraban los masivos actos en apoyo de este magistrado, en todos los rincones de España se han desarrollado actos de reivindicación de la II República y de apuesta unitaria, pacífica, democrática por la construcción de un Estado federal y republicano; no sólo para que podamos elegir en las urnas al Jefe del Estado, sino también para construir una sociedad mucho más avanzada en términos de justicia social. Como en el caso de Chile, la determinación de Garzón puede contribuir a cambiar positivamente la Historia. Desde allí, las admirables luchadoras de la AFDD nos recuerdan lo evidente: “Sancionar a un juez que opta por una correcta interpretación de la calidad de los crímenes [crímenes contra la humanidad] de la era de Francisco Franco es permitir que la impunidad se cierna sobre los responsables políticos de más de cien mil desapariciones en su Patria, sentando un precedente ético y legal incalificable. Creemos firmemente que la labor de todo Estado democrático es perseguir y sancionar a quienes violaron los derechos humanos…”. La “batalla de la memoria”, la opción por una sociedad más democrática que destierre la impunidad y el olvido de los crímenes franquistas, continúa. Mario Amorós Tomado de Rebelión