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| Incidente diplomático con Estados Unidos |
En general, el equipamiento para cursos de rescate de rehenes está compuesto por fibras ópticas, scanners, micrófonos ultrasensibles, equipos de visión nocturna, granadas luminosas con efecto paralizante y explosivos para efectuar perforaciones circulares y armas de puño para combate a corta distancia. Nada de eso había en la carga clandestina que representaba un tercio de la carga total destinada al curso.
Más que para impartir un curso sobre toma de rehenes, el equipamiento incautado en el C-17 norteamericano es totalmente compatible con el que utilizan las principales agencias de espionaje estadounidenses.
Además del tradicional merchandaising de gorras, chalecos y otras chucherías, la entrega de material sensible, como equipos de intercepción telefónica o encriptación, es un método tradicional empleado por las distintas agencias de Estados Unidos –CIA, DEA, FBI, DIA– para reclutar agentes e informantes dentro de las fuerzas de seguridad locales.
La organización de cursos de entrenamiento es un método usual de captación de agentes e informantes en puestos clave: quien recibe como obsequio un equipo para realizar escuchas telefónicas ilegales sabe que en el mercado argentino eso es igual o mejor que el dinero en efectivo, sin correr el riesgo de que le detecten una cuenta, un giro o un cheque. Pero paralelamente queda entrampado en una relación de lealtad hacia sus controladores que –más temprano que tarde– le encargarán algún trabajo sensible.
Miniturismo
Basta revisar la biografía del ex hombre fuerte Manuel Antonio Noriega o de su colega peruano Vladimiro Montesinos, para comprobar que los miembros de fuerzas armadas y de seguridad que durante estos cursos de entrenamiento son reclutados como informantes o agentes de las agencias estadounidenses, suelen también visitar Fort Benning, Georgia, donde se entrenan soldados latinoamericanos en prácticas de represión y torturas, o se los envía a Fort Huachuca, en Arizona, donde se entrenaron los torturadores de la cárcel iraquí de Abbu Graibb. Bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo, estos policías –que generalmente escalan posiciones y reciben un sueldo en negro de alguna fuerza de seguridad estadounidense– regresan a sus respectivos países a aplicar técnicas y doctrinas contrainsurgentes similares a las que Estados Unidos impartía en décadas pasadas en la tristemente célebre Escuela de las Américas.
En ese sentido, en 2006 el entonces presidente Néstor Kirchner prohibió que miembros del Ejército y la Policía Federal asistieran a cursos en instituciones sucesoras de la Escuela de las Américas en las que se encuadra la polémica Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (Ilea, por sus siglas en inglés), ubicada en la capital salvadoreña, que funciona bajo el patrocinio y la orientación del Gobierno de Estados Unidos. En realidad, Ilea no limita su influencia a policías, sino que también tiene la mira puesta en el reclutamiento de jueces, fiscales y empleados del poder Judicial por cuenta y orden del Pentágono.
Un elemento decisivo para comprender la naturaleza militar y la estrategia de penetración encubierta de Ilea es el hecho de que en varios países del continente la financiación de los cursos y las becas para los alumnos ni siquiera pasa por las respectivas embajadas, sino que proviene directamente del Comando Sur del ejército estadounidense. A través de la International Judicial Academy (IJA) y la Cámara Americana en Argentina (AmCham), decenas de jueces argentinos han sido capacitados por la asociación patrocinada por el Departamento de Estado.
La mencionada academia tiene como representante argentino al juez civil Ricardo Li Rosi, miembro del consejo académico de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura y panelista habitual de los seminarios organizados por AmCham y la embajada de Estados Unidos en Argentina. Una delegación de quince jueces argentinos viajó en agosto de 2008 a un seminario organizado por la International Judicial Academy sobre propiedad intelectual. También lo hicieron 10 jueces en 2009 y no hay un cálculo de cuantos asistieron en 2010.
“Las embajadas en América latina recibieron, hace un tiempo, la orden desde Washington de organizar seminarios sobre propiedad intelectual para los jueces y funcionarios judiciales para instruirlos sobre un tema en el que, supuestamente, estaban poco preparados”, explicaron abogados especializados en propiedad industrial. Para los Estados Unidos y sus embajadas, los jueces “entrenados” deben defender la propiedad intelectual de las empresas estadounidenses en los juzgados latinoamericanos, donde presumen “un retraso en la absorción de la legislación internacional” sobre el tema.
Entrenamiento y ruidos
Más allá de la valija, este escándalo ha permitido conocer que entre 1999 y 2010 se entrenaron en Estados Unidos 5.697 efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad argentinas, siendo el octavo país entre 36 latinoamericanos y caribeños y el primero entre los cinco del Cono Sur que más efectivos mandó.
Un antecedente importante para entender el actual conflicto diplomático es que en agosto de 2010 fue la propia embajada norteamericana la que procedió a devolver un cargamento destinado al mismo curso y que no respondía a la declaración efectuada con antelación sobre el contenido de la carga, por lo cual el curso no se realizó y fue reprogramado para este año. En aquel momento fue la embajadora Vilma Martínez la que se negó a recibir el cargamento porque la numeración de las armas no coincidía con la del listado previo, lo cual muestra los conflictos que esta práctica produce dentro del propio gobierno estadounidense. “Esto es una vergüenza”, dijo entonces Martínez, antes de devolver la carga a North Carolina.
En su libro ya clásico The Mission. Waging War and Keeping Peace with America’s Military, publicado en 2003, la periodista del diario The Washington Post Dana Priest describió la dramática primacía del Pentágono en la formulación y ejecución de la política exterior estadounidense. Con más de un millar de personas, el Comando Sur supera la cantidad de especialistas en América latina de las Secretarías de Estado, de Defensa, de Agricultura, de Comercio y del Tesoro sumadas. Este desequilibrio no ha cesado de crecer y Estados Unidos intenta exportarlo a los países bajo su influencia, que son casi todos.
En ese sentido, en esta oportunidad no fue personal civil de la Embajada de los Estados Unidos a recibir al C-17: fueron los agregados militares y de Defensa, los coroneles Edwin Passmore y Mark Alcott, y todas las cajas tenían el sello de la 7 Brigada de Paracaidistas del Ejército de Estados Unidos con sede en Carolina del Norte.
Además de los sofisticados equipos de espionaje, la requisa del material no declarado incluyó un baúl repleto de drogas narcóticas y estupefacientes, lo que lleva a interrogar sobre la cantidad y tipo de drogas encontradas y razonar sobre el sentido de introducir medicamentos que, según sus propios envases, estarían vencidos. El arsenal farmacológico de los instructores militares contenía el siguiente detalle:
Epinefrina: es un estimulante del sistema nervioso.
Ketamina inyectable: droga alucinógena disociativa, que produce efecto anestésico y alucinaciones.
Morfina sulfato inyectable: alcaloide que proviene del opio.
Midazolam inyectable: sedante e hipnótico de efecto rápido.
Naloxona inyectable: antagonista de la morfina, que se emplea en caso de intoxicación con esa droga.
Oxicodona en comprimidos: es un opiáceo sintético.
Nalbuphina inyectable: analgésico opiáceo sintético, que produce una adicción muy fuerte.
La presencia de estas drogas vencidas en la aeronave sólo puede deberse a dos causas: la mayoría de los soldados estadounidenses que combaten en Irak y Afganistán son consumidores confesos de estos cócteles de drogas para vencer el miedo, los ataques de pánico, la depresión y el cansancio. En ese sentido, sería más que preocupante que Estados Unidos mandara adictos que necesitan recuperación a impartir cursos sobre toma de rehenes. Más preocupante aún sería que el Pentágono propugne la introducción de droga en los alimentos o bebidas de los presuntos captores que se pretende reducir. En ambos casos, el hecho que se trate de medicamentos vencidos sirve –en caso de que algo salga mal–, para impedir o dificultar su trazabilidad.
Walter Goobar
Fuente Original
Tomado: Rebelión.org
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