La rentabilidad por encima de la vida de los mineros chilenos

Es un escándalo.
Un informe parlamentario determina la abrumadora responsabilidad de los dueños de la mina de San José.

Ya hace cinco meses desde que, delante de las cámaras del mundo entero, los 33 mineros de Atacama -bloqueados bajo tierra durante sesenta y nueve días – fueron rescatados, sanos y salvos, de las entrañas de la mina San José. Hoy, los verdaderos responsables de esta espantosa tragedia han sido finalmente señalados con el dedo. Pero en medio del silencio mediático más absoluto. La comisión parlamentaria encargada de investigar el accidente que dio origen al calvario de los trabajadores sepultados emitió su informe a principios de marzo. La conclusiones son irrefutables. Se apostó por la rentabilidad por encima de la vida de los mineros. La responsabilidad de los propietarios de la mina, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, quedó establecida, así como la del Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin), órgano público que debe en teoría regular el sector minero.

“El derrumbe ocurrió en la mina San José porque los propietarios se atrevieron a realizar un proyecto de alto riesgo sin respectar la menor medida de seguridad”, explica Carlos Vilches, diputado conservador, miembro de la comisión. Todos los testimonios de los 33 de Atacama y de los expertos del sector minero en audición por la comisión, apuntan en este sentido.

Se señala la responsabilidad del Servicio Nacional de Geología y Minas por falta de control y de sanción. “Sernageomin presento evidentes fallos en su sistema de control, tanto a nivel de personal como de asistencia técnica y del equipo disponible para controlar explotaciones como las de San José”, anuncia Carlos Vilches. Cerrada en 2007 después de un accidente mortal, San José fue reabierta por Sernageomin en 2008 a condición de que se efectuaran trabajos de mejora de la seguridad. Estos no se realizaron nunca. Y la mina continuó funcionando. La comisión de investigación quiere sacar las lecciones de este accidente y recomienda sobre todo reforzar los medios de Sernageomin. Un proyecto de ley acerca de la seguridad minera está en marcha. El informe será añadido al expediente seguido por la justicia chilena. Efectivamente, las familias de los 33 mineros han puesto una denuncia y una demanda de indemnización de varios millones de dólares frente a los propietarios de la mina y del Sernageomin.

Mientras tanto, las condiciones precarias y peligrosas de bastantes minas chilenas continúan causando victimas. A principios de mes, un joven de diecinueve anos falleció después de sufrir un accidente en la mina Palo Blanco, cerca de Antofagasta, al norte de Chile. Una mina por otro lado oficialmente cerrada por el Sernageomin. Dicho de otra forma : la carrera por la rentabilidad, como en San José, continúa siendo la verdadera referencia de funcionamiento.

Traducción: Toni Chumillas

Tomado: L´Humanitè