Una condena para terminar con la impunidad

“Es reconfortante saber que después de tanto tiempo y sufrimiento al fin se avanzará en una investigación”, afirmó ayer Juan Gelman.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado uruguayo debe juzgar a los responsables de la desaparición de la nuera de Juan Gelman y de la sustitución de la identidad de su nieta Macarena. “Me siento un poco recompensado”, dijo el poeta.

Juan Gelman y su nieta Macarena le ganaron una nueva batalla a la impunidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó a Uruguay por la vigencia de la Ley de Caducidad, que impide que se investiguen, juzguen y castiguen los crímenes cometidos durante la dictadura militar (1973-1985). “Me siento un poco recompensado, pues es reconfortante saber que después de tanto tiempo y sufrimiento al fin se avanzará en una investigación que fue negada durante cuatro gobiernos”, dijo Gelman (ver aparte). Los organismos de derechos humanos celebraron la noticia y esperan que, en las próximas semanas, el Congreso uruguayo deje sin efecto la cuestionada ley.

En agosto de 1976, un grupo de tareas secuestró a Marcelo Gelman y a su compañera, María Claudia García Iruretagoyena, en Buenos Aires. Hacía poco que se habían casado y esperaban a Macarena. Al momento del secuestro, Marcelo tenía 20 años y María Claudia, 19 y siete meses de embarazo. Por los testimonios de los sobrevivientes se supo que la pareja estuvo secuestrada en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti, que funcionó como sede del Plan Cóndor, la coordinación represiva pergeñada por las dictaduras del Cono Sur. En octubre de ese año, María Claudia fue trasladada hasta el Servicio de Información de Defensa (SID) de Montevideo, Uruguay. Días o semanas después, los represores la llevaron hasta el Hospital Militar para que diera a luz a su hija. María Claudia está desaparecida. En 1989, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de Marcelo. El poeta Juan Gelman buscó a su nieta desde 1976 y tuvo que esperar 23 años para recuperarla. Desde su reencuentro, en el año 2000, los dos transitaron el camino de la Justicia.

La vigencia de la Ley de Caducidad uruguaya, aprobada en 1986 para detener el avance de las causas judiciales contra los represores, impidió que los responsables de la desaparición de María Claudia y del robo de Macarena se sentaran en el banquillo de los acusados. Como en Uruguay no había posibilidades de buscar justicia, el poeta y su nieta presentaron en 2006 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que decidió remitir la causa a la Corte Interamericana. En noviembre del año pasado se celebraron las audiencias en la instancia judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA). Y finalmente llegó el fallo que condena a Uruguay, conocido ayer, pero que data del mes pasado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado uruguayo debe investigar los hechos, identificar y juzgar a los responsables de la desaparición forzada de María Claudia y de la sustracción de Macarena, así como de la sustitución de su identidad. Pero además establece que la Ley de Caducidad es incompatible con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. “El Estado deberá asegurar que la Ley de Caducidad no vuelva a representar un obstáculo para la investigación del presente caso ni para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de estos hechos y de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas en Uruguay”, consideraron los magistrados.

Liliana Tojo, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que representó a Macarena y a su abuelo, comentó a Página/12 que estaban satisfechos con la decisión de la CIDH. “La sentencia marca el camino a Uruguay respecto de cómo tienen que ser las acciones que tome en esta materia”, dijo Tojo. Según explicó la abogada, el fallo no sólo declara la incompatibilidad de la Ley de Caducidad con otros instrumentos legales internacionales, también dice que estos crímenes de lesa humanidad no están prescriptos. Asimismo, la CIDH estipula una reparación para la familia Gelman de 185 mil dólares y convoca al Estado uruguayo a realizar un acto de disculpas públicas y a instalar una placa en el SID, donde estuvo detenida ilegalmente María Claudia. Además, hace un llamamiento para que el gobierno de Uruguay abra los archivos de la represión. “Tienen que poner la información al servicio de las víctimas. No hay obstáculo legal para que esto ocurra”, señaló Tojo.

El gobierno uruguayo todavía no habló sobre la condena. Probablemente quien se refiera al caso sea el canciller, Luis Almagro, según comentaron a este diario. A Macarena el anunció la tomó en Buenos Aires, pero prefirió no hacer declaraciones y anunció que hoy brindará una conferencia de prensa en Montevideo. Los que sí se expresaron fueron los organismos de derechos humanos. Valentín Enseñat, de Hijos Uruguay, dijo a Página/12 que los integrantes de su agrupación celebraban la decisión de la CIDH. “En primer lugar, estamos contentos por Macarena. Estimábamos que el fallo iba a ser favorable, como ocurrió con el caso de Brasil, que lo condenaron por la vigencia de la Ley de Amnistía”, declaró. “Es muy importante que aparezca una opinión tan calificada como ésta, porque hay muchos que quieren hacer creer que el pueblo uruguayo está favor de la impunidad y nosotros sabemos que no es así”, resaltó el compañero de militancia de Macarena.

Baldemar Taroco, de la Asociación de Ex Presos Políticos Crysol, también se sumó a la celebración. “Es muy bueno. Estábamos esperando que saliera”, dijo a este diario. Taroco recordó que esta semana el Plenario del gobernante Frente Amplio decidió que se aprobara el proyecto que interpreta la Ley de Caducidad para dejarla sin efecto. La iniciativa está desde octubre del año pasado trabada en el Senado, donde tres parlamentarios frenteamplistas se negaban a aportar su voto para que prosperara la iniciativa. Finalmente, dos de los senadores acordaron acompañar el proyecto, que se espera que esté aprobado para mayo, según confirmó a este diario el diputado Luis Puig.

Oscar Urtasun, de Madres y Familiares de Uruguay, agregó: “Este fallo trasciende al caso Gelman. Es un tirón de orejas para los países que, como Uruguay, no están haciendo todo lo necesario para que los responsables vayan a la cárcel, para que sepan que todo el mundo los está mirando”.

Informe: Luciana Bertoia.

Tomado: Página 12.com.ar