Impunidad: Ley de Caducidad y más allá.

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Se intensifica el debate sobre cómo terminar con la impunidad, herencia maldita de la dictadura que envenena a la sociedad uruguaya toda, y avanzar en la verdad y la justicia.

Uno de los elementos centrales e imprescindibles para la impunidad y su vigencia es el silencio, la inexistencia del tema, propiciada por el bloque de poder al que le es funcional con la complicidad de gran parte de los medios de comunicación que no es de ahora, tiene décadas.

La decisión política del presidente de la República, José Mujica, de concurrir a la bancada de Diputados del FA acompañado por el vicepresidente de la República, Danilo Astori, invocando el respaldo del ex presidente Tabaré Vázquez, y pedirles a los parlamentarios frenteamplistas que “reflexionen” sobre las “consecuencias políticas e institucionales” de votar la Ley Interpretativa, ha generado una situación delicada.

Entendemos que la actitud del Presidente no es feliz ni en el tiempo, ni en el lugar, ni en la forma. Los diputados del FA se aprestan a cumplir un mandato resuelto por el Congreso del FA, presente en su programa de gobierno y ratificado por unanimidad en su Plenario Nacional, luego de un largo y cuidadoso proceso de discusión.

No se debe colocar a la fuerza política, la que hizo posible el primero y segundo gobierno de izquierda, en esa tensión. No se puede poner en peligro una de sus características fundamentales: el respeto a las decisiones de sus organismos y la unidad de acción. Sin quitarle un gramo de entidad al planteo del Presidente, que le dio todo el peso de su figura y su investidura, los diputados del FA no pueden hacer otra cosa que cumplir las decisiones del FA hasta tanto sigan firmes.

La construcción de la unidad también implica el respeto de los tiempos y las formas que entre todos acordamos. La unidad es una conquista muy importante para la izquierda uruguaya y no se la puede desgastar; no se la debe desgastar.

Si se tenía esta posición ¿por qué no se planteó donde y cuando se debió hacerlo? ¿Qué salida se planteará a esta encrucijada que el FA no buscó? Como siempre, los frenteamplistas estamos dispuestos a discutir, a escuchar y a convencer. Pero la permanencia de la impunidad pagando tributo a posibles réditos políticos de la derecha es inaceptable. En editoriales anteriores analizamos los aspectos jurídicos, institucionales y políticos del debate, en particular en lo referente a la pertinencia de anular o no la Ley de Caducidad. Siempre abordamos el tema asumiendo que hay dos dimensiones en el debate. La principal con la derecha, a la que no le sirve esta Ley Interpretativa y no le servirá nada, sencillamente porque quiere la impunidad. La

impunidad es un eslabón fundamental de su arsenal político, jurídico e ideológico para mantener la hegemonía en la sociedad. La segunda dimensión es en el campo popular, donde han surgido dudas, legítimas, sobre todo las que están planteadas en el terreno estrictamente jurídico, aunque son variadas.

Sostuvimos y sostenemos que ningún argumento esgrimido nos ha hecho cambiar de posición: hay que anular la Ley de Caducidad. Lo necesita la democracia uruguaya para poder profundizarse y fortalecerse, no es un tema del pasado, es del presente y compromete el futuro. No se puede construir un proyecto de cambio y transformar la sociedad uruguaya con un rumbo de izquierda manteniendo la impunidad. Terminar con ella es un requisito, aunque no suficiente, absolutamente necesario para avanzar en democracia. Con impunidad, no habrá verdad y tampoco justicia plena. ¿Anulada la Ley se garantiza la verdad y la justicia? No, son necesarios más pasos, políticos e institucionales.

La impunidad no sólo ha perpetuado en el tiempo y por lo tanto ha extendido las violaciones a los derechos humanos; ha tenido también otras consecuencias. Dos de ellas son particularmente graves. La primera es la omisión del Estado de cumplir su deber e investigar para avanzar en la verdad y permitir que haya justicia, haciendo recaer la carga de la investigación sobre las víctimas y sobre los periodistas independientes. Es desde allí que se han hecho y se siguen haciendo la inmensa mayoría de las denuncias, constituyendo incluso piezas claves en todas las actuaciones judiciales hasta el presente. La segunda es la falta de espacios institucionales especializados en este tema, que impulsen la investigación en los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

En el primer gobierno del Frente Amplio, presidido por Tabaré Vázquez, los avances fueron importantes: se habilitaron los juicios y hay represores presos; se investigó y denunció el terrorismo de Estado, particularmente en los trabajos coordinados por Álvaro Rico, tanto para Presidencia sobre los desaparecidos como para la UDELAR más amplio; se ingresó a los cuarteles, se excavó y se hallaron los restos de Chaves Sosa y Fernando Miranda; se concedieron extradiciones de militares uruguayos requeridos en otros países.

Pero falta mucho. Hay que hacer mucho más.

Hay que avanzar en una institucionalidad de Derechos Humanos que haga que el Estado se transforme en agente promotor de la investigación, que la impulse y la garantice. Está pendiente la instalación de la Institución Nacional de DDHH ya creada por ley y definida como la encargada del seguimiento de denuncias contra los derechos humanos y como una usina de elaboración de propuestas, recomendaciones, informes y estudios en la materia.

En este número de EL POPULAR informamos sobre la propuesta del General ® Oscar Pereira para conformar un “Grupo Coordinador en la Investigación de los Desaparecidos" dependiente de Presidencia de la República e integrado por las FFAA, organismos estatales, periodistas de investigación y los familiares de desaparecidos.

Es un militar, insospechado de ser de izquierda, cuya posición poco tiene que ver con las que se amplifican y destacan en los medios como si fueran las únicas existentes dentro de las Fuerzas Armadas.

El PCU va a proponer al FA la creación de una Comisión de la Verdad que tenga recursos humanos e institucionales para investigar y que sea un respaldo del Estado para los esfuerzos heroicos de familiares y víctimas y también, para las investigaciones de la Justicia. ¿La derecha se pondrá nerviosa? Sí. ¿Sectores de militares comprometidos con la dictadura o afines a la derecha expresarán su malestar? Es altamente probable.

Pero nada de eso es argumento para no hacer lo que hay que hacer. La verdad y la justicia no son negociables. La democracia se fortalece profundizándola y enfrentando en el terreno de las ideas y de la lucha política a quienes quisieron, quieren y querrán mantener las cosas como están y que nada cambie.

Muy lejos de ceder al chantaje y las operaciones mediáticas hay que doblar la apuesta.

Hay que anular la Ley de Impunidad y meter al Estado como agente investigador, construyendo la Verdad y promoviendo la Justicia.

Editorial El Popular-06/05/2011-Uruguay.

Tomado: Democracia Avanzada