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| Ponencia presentada por este politólogo mexicano el 28 de abril de 2011 en el Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana |
Desde fines del siglo pasado, el Estado neoliberal desplaza al Estado nacional desarrollista. Caracterizado por Perry Anderson en su texto “Balance del neoliberalismo”,[1] como la etapa más salvaje del sistema capitalista, el Estado neoliberal privatiza las empresas estatales, rehúye de sus responsabilidades sociales, se somete por completo a las leyes del mercado y abre indiscriminadamente las fronteras para beneficio de las grandes corporaciones transnacionales, al mismo tiempo que fortalece sus aparatos represivos y de control social.
A contracorriente, en los últimos 15 años, en algunas naciones latinoamericanas se han protagonizado intensos procesos de cambio y movimientos políticos que han intentado enfrentar las políticas neoliberales ante los graves retrocesos sociales que produjeron en la región: incremento de los niveles de pobreza, economías dependientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, y una creciente pérdida de la soberanía nacional, lo que constituyó el detonante para que la ciudadanía, la sociedad civil organizada y los pueblos indígenas alzaran la voz, sobre todo a través de movimientos populares y procesos autonómicos, y señalaron un ¡ya basta!, destacando los zapatistas en México, los Sin Tierra en Brasil, los piqueteros en Argentina y los cocaleros en Bolivia, entre otros.
Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina, son ejemplos de este escenario. Ahí se vivieron sendas luchas, en la movilización, como en Bolivia con la Guerra del Agua en 2000 y del Gas en 2003, y en Argentina con la insurrección popular del 2001 que expulsó de la presidencia a De la Rúa por sus políticas neoliberales; y en el terreno electoral, con la llegada de Hugo Chávez en Venezuela en 1998, Néstor Kirchner en el 2003, Evo Morales en el 2005 y Rafael Correa en el 2007. Tras estos acontecimientos, el rumbo se reorientó con el desplazamiento del Estado neoliberal y el inicio de procesos de cambio socioeconómico y de creciente control del aparato del Estado para reorientar las políticas sociales tendientes a garantizar niveles de vida mínimos para los sectores más depauperados de la población, así como la ruta de la integración regional siguiendo políticas de interés nacional e independencia frente a las grandes potencias. En los tres primeros casos, el proyecto coincide en la búsqueda de un nuevo tipo de socialismo latinoamericano, acorde a sus propias características, dinámicas y actores, aunque sus especificidades no han sido totalmente definidas.
Frente a estas transformaciones sociales, los gobiernos de derecha en la región sostienen y profundizan el Estado transnacional, destacando los casos de México, Colombia, Perú y Chile que, a pesar de las crecientes oposiciones internas, continúan enajenando la soberanía nacional a las políticas del imperialismo estadounidense.
En estos países, el Estado neoliberal desarrolla una eficiente maquinaria de represión para garantizar estabilidad política y la transnacionalización de la economía en beneficio del capital. Esta ruta sigue un sentido contrario a la visión integradora de algunos países andinos y caribeños, y continúa priorizando la estrategia de libre comercio bajo la pauta de la incondicionalidad política hacia Estados Unidos.
Tal orientación resulta paradójica, pues precisamente México, con un gobierno que aplica fielmente las políticas neoliberales, es el que tuvo el menor crecimiento económico de la región durante 2008 y 2009, solo equiparado con Haití, incrementando su dependencia de la economía estadounidense y los préstamos financieros internacionales, además de una creciente presencia de capital español.[2]
Así, los ortodoxos neoliberales mantienen las políticas del modelo, postura contraria a la tendencia regional pero también a la protesta popular interna. Representan elites a las que no les interesa la mendicidad de sus pueblos, ni la muerte diaria de niños por enfermedades curables, ni tampoco que las grandes mayorías permanezcan en el analfabetismo y la ignorancia.
Los siguientes elementos a considerar constituyen un diagnóstico general del momento actual que vive el país, para explicar la crisis estructural en la que se encuentra inmerso México.
México 2000: el cambio de hombres en el poder
En las elecciones presidenciales del año 2000, México experimentó un simple cambio de hombres en el poder, no del sistema político ni de la sumisión a Estados Unidos y mucho menos del modelo económico capitalista en su fase neoliberal. Fue solo el traspaso del gobierno entre políticos del mismo pensamiento ideológico pero con colores partidarios diferentes.
El fin de la llamada dictadura perfecta, que llegó a siete décadas de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), engañaba con la posibilidad de una transición democrática y por lo menos una reorientación de las estructuras económicas neoliberales creadas en las dos últimas décadas del siglo XX.
Por el contrario, el triunfo de Vicente Fox en la contienda presidencial del año 2000 como candidato del derechista Partido Acción Nacional (PAN), representó el estancamiento de esa transición que se había iniciado en el año 1988, cuando el PRI, como partido de Estado, despojó de la victoria a Cuauhtémoc Cárdenas, representante de una amplia coalición de partidos de izquierda, movimientos sociales y una importante escisión del partido oficial, a través de un gigantesco fraude electoral que terminó con la imposición de Carlos Salinas en el poder.
Así, la transformación democrática en México se vio truncada por un gobernante totalmente incondicional a los grandes capitales transnacionales y los intereses de Washington, manteniendo intacto el sistema presidencialista de corte autoritario y antidemocrático heredado del PRI, pero incluso profundizando las expresiones más oscuras de esa tradición, en particular en el ámbito de la corrupción.
Al final de su mandato, el país quedó sumido en elevados niveles de desigualdad social, con seis millones de mexicanos que emigraron a Estados Unidos (un millón al año), el narcotráfico desbordado y sus operadores centrales insertos de forma completa en las principales instituciones del país, el campo completamente abandonado y una economía totalmente dependiente de los vaivenes de la globalización neoliberal.
México 2006: el fraude que profundizó la crisis
La peor herencia que dejó Fox se vive actualmente con la profunda polarización política en la que se encuentra inmerso el país, a partir del fraude electoral que realizó contra Andrés Manuel López Obrador, candidato de una amplia alianza de centro izquierda, en las elecciones presidenciales del 2 de julio del 2006.
El fraude tuvo diferentes facetas. No solo se dieron las tradicionales maniobras de compra y cooptación del voto, sino que sobre todo se fraguó la operación a través de la manipulación de los resultados finales en el sistema del vaciado el mismo día de los comicios, esto es, se maquillaron las cifras para imponer a Calderón, y por ello el aparato del poder controlado por Fox y el PAN, bajo la complicidad del PRI, se negaron a contar voto por voto ante la evidente victoria arrebatada a López Obrador.
El resto de la historia es más o menos conocida. Se dieron las más grandes manifestaciones que la nación haya visto, sobre todo en la Ciudad de México. Millones protestaron contra el fraude, se instaló un enorme campamento en el centro de la capital, de una extensión de ocho kilómetros y medio, para exigir un nuevo conteo de los votos. Pero las instituciones correspondientes validaron el fraude e impusieron a Calderón en la presidencia de la república. Para muchos mexicanos, este sujeto no es más que un usurpador instalado por los grupos económicos nacionales y extranjeros y los poderes fácticos a ellos ligados: los monopolios mediáticos, el crimen organizado, la alta jerarquía eclesiástica, los sectores del gansterismo sindical, cuyo exponente máximo es Elba Esther Gordillo.
Crisis de la política y las instituciones
En este contexto, es importante señalar que el fracaso de la transición democrática que se vivió en la coyuntura del año 2000, y que fue refrendado en el 2006 con el fraude, terminó de sumir a la política y a las instituciones mexicanas en una profunda crisis, de la cual resulta complejo vislumbrar el momento y la forma en que pueda superarse.
Como sucede en no pocos países de la región, la actividad política, la visión sobre el ejercicio del poder y la esencia de las propias instituciones que conforman al Estado, se encuentran totalmente desacreditadas entre amplios sectores de la sociedad. En México, política es significado de corrupción, nepotismo, oportunismo, negligencia y suciedad.
Los principales actores políticos, en especial los partidos, son ubicados por la gente bajo esas categorías. La mayor parte de los procesos electorales, sobre todo elecciones locales y legislativas, están marcados por el abstencionismo, el desinterés y la apatía política.
En las campañas electorales, resulta un ejercicio mental complejo el lograr descifrar diferencias sustanciales entre los candidatos de los diferentes partidos políticos. El imperio del llamado marketing político, canalizado a través de los medios de comunicación, pesa más que cualquier propuesta sustancial, cuando la llega a haber. La cantidad de dinero que tenga el candidato, perfila su éxito o fracaso electoral. Por ello, encontramos niveles del 60 o 70% de abstencionismo, según las elecciones y las regiones en que éstas se dan.
Los partidos políticos ya no son vistos como mecanismos de lucha ideológica, sino como una forma de ascenso individual. De igual forma, resulta sencillo entender la identificación del ejercicio público con la corrupción cuando los presidentes hacen fortunas incalculables no solo en el ámbito familiar sino también con los círculos cercanos de amigos.
Pero la denigración de la política no solo se da con la corrupción, la ilegalidad y el robo disfrazado, sino también a través de las cuantiosas sumas que se reparten los servidores públicos en los tres niveles de poderes. El presidente del Poder Judicial gana alrededor de 50 mil dólares mensuales, 25 mil dólares el titular del Ejecutivo Federal y los secretarios de Estado, 20 mil dólares un diputado o un senador, y así hacia abajo, mientras el salario mínimo que perciben por lo menos tres cuartas partes de la población económicamente activa, apenas llega a 250 dólares mensuales, ya no se diga lo poco que percibe de alguna forma una persona en situación de extrema pobreza para lograr sobrevivir.
Aquí solo me refiero a quienes perciben sus ingresos del Estado, pues en la iniciativa privada la ganancia es desorbitada, teniendo como referente extremo el caso de Carlos Slim, beneficiado de diferentes formas por los gobiernos en turno, y quien en los últimos años ha sido considerado el hombre más rico del mundo. Con cálculos del 2010, las revistas Fortune y Forbes señalan que Slim tiene un capital de 53 mil 500 millones de dólares, del cual tan solo en el 2009 acumuló alrededor de 18 mil 500 millones, esto es, 50 millones de dólares de ganancia al día. Por ello no resulta extraño pensar en el descrédito de las instituciones y quienes se encargan y benefician de ellas, cuando la injusticia propia del sistema capitalista se reafirma en la más extrema de las desigualdades sociales.
México, el camino del neoliberalismo y el sometimiento
Aunque México no siempre es identificado como parte de América Latina, no solo por su frontera con el imperio, sino por cierto distanciamiento que ha existido frente a la región en diferentes terrenos, sobre todo en la actual fase de la globalización neoliberal, este país sin duda comparte plenamente sus raíces, su historia y sus principales problemáticas con las naciones ubicadas hacia el sur del continente.
La transformación del Estado nacional desarrollista al Estado neoliberal que se vivió en México desde la década de los ochenta, ha llevado a la población a vivir bajo los más severos niveles de desigualdad económica conocidos en la historia contemporánea, no peores que en los años previos a la revolución mexicana, pero si suficientes para asegurar que el país se encuentra en una polarización social nunca antes vista.
Desempleo, analfabetismo, pobreza extrema, violencia social y delincuencia organizada, destacando el narcotráfico, caída severa del sistema educativo, huída masiva de mexicanos hacia Estados Unidos, devastación ambiental, desarticulación de la planta productiva, entrega de importantes recursos naturales al capital transnacional, entre otros, reflejan los efectos desastrosos que el sistema neoliberal ha dejado en México.
Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre 2006 y 2008, la pobreza extrema (también nombrada como alimentaria) aumentó de 14.4 a 19.5 millones de personas, esto es, quienes tienen ingresos menores a 65 dólares mensuales. A este sector se le suman 31 millones en situación de pobreza patrimonial, es decir, quienes no alcanzan a cubrir necesidades básicas como servicios médicos, vivienda o transporte. Entre ambas franjas de pobreza se alcanza la cifra de 50.5 millones de pobres en México, es decir, el 47.4% de la población total, aunque también el CONEVAL refiere de otros 35 millones de personas, 33% de la población total, que superaban la línea del bienestar mínimo pero tenían alguna carencia social.[3]
A estas condiciones hay que agregar el creciente nivel de violencia, sobre todo el relacionado con el crimen organizado, señalando por ejemplo que solo por esta causa, han sido asesinadas casi 40 mil personas durante los últimos cuatro años, es decir, aproximadamente 27 personas al día, sobre todo jóvenes de escasos recursos.
Este contexto, sin duda, ha llevado al país a una situación explosiva que lo tiene en la antesala de un estallido social de incalculables consecuencias. Así lo confirma la existencia de grupos guerrilleros en varios estados del país, importantes movimientos y organizaciones sociales, y otros sectores organizados a nivel nacional y que, a pesar de no lograr unificar criterios, visiones y estrategias, se enfrentan de diferentes formas al poder, sobre todo tras la imposición de Calderón.
La derecha mexicana que gobierna desde el año 2000, no muy diferenciada de los últimos regímenes priístas más que por su inexperiencia y falta de oficio para ocultar su corrupción rampante, se ha entregado por completo a las exigencias de Washington en el contexto latinoamericano, esto es, en un triste papel de peón del imperio frente a sus ataques contra la vertiente progresista y revolucionaria de parte importante de las naciones sudamericanas.
Así lo confirma la relevación de los cables de Wikileaks, en los cuales observamos a funcionarios e incluso miembros de partidos de izquierda serviles que todo lo informan al Embajador de Washington, y según los cuáles Calderón muestra su completo sometimiento a los intereses del vecino del norte.
Esta sumisión se refleja en tres planos centrales: el económico, el político-militar y el policíaco-inteligencia. En cuanto al primero, no solo destaca el TLCAN, vigente desde 1994, sino la lógica de mantener intactos los lazos con los principales organismos financieros internacionales como el FMI y el Banco Mundial (BM), reproduciendo además la fórmula neoliberal a través de acuerdos bilaterales de libre comercio con otros países como en el caso de los alcanzados con Chile, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua y Uruguay.
Aunado a ello, existe el Proyecto Mesoamérica, antes Plan Puebla Panamá, mecanismo creado en el 2001 junto con los gobiernos centroamericanos que, lejos del falso discurso de buscar el desarrollo social de los pueblos mesoamericanos, crea las condiciones estructurales idóneas para el traslado de las mercancías de los grandes capitales transnacionales en la región. El proyecto se aboca fundamentalmente a la construcción y modernización de vías de comunicación como carreteras y puertos, con cuantiosos presupuestos provenientes del ámbito estatal, para el beneficio directo de las grandes empresas.
Además, frente al acelerado crecimiento de las maquiladoras como fuente primordial de empleo en la región, el Proyecto Mesoamérica también está diseñado como el complemento estructural para consolidar a este “modelo” de actividad económica propia del neoliberalismo, caracterizada por pagar los salarios más bajos, sin prestaciones ni seguridad social alguna, y sujeta al espíritu especulativo del sistema financiero internacional.
En México, cientos de comunidades indígenas han sido obligadas de diversas formas a emigrar de sus territorios históricos para ponerse al servicio de las diversas empresas agrícolas, de servicios y maquiladoras bajo esquemas semejantes a la época colonial, en las que los trabajadores son explotados salvajemente, arrancados de sus tierras y su cosmovisión, y tratados únicamente como mercancías dentro del juego del mercado y no como seres humanos con derechos y necesidades.
De la mano del Proyecto Mesoamérica, los gobiernos neoliberales desarrollaron el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), que consistió en ubicar toda la información referente a la riqueza biológica de la región para impulsar la biopiratería y patentizar la enorme riqueza natural de la tierra y el conocimiento indígena. Ahora nos alimentamos de maíz clonado, como el creado por Monsanto, y tenemos que comprar la medicina natural bajo la marca de los grandes laboratorios transnacionales.
En el terreno geopolítico, ubicando el ámbito político militar, policíaco y de inteligencia, los últimos gobiernos de nuestro país, sobre todo el actual, se han incorporado de forma dócil a los planes hegemónicos de Estados Unidos. La Alianza para la Seguridad y el Progreso de América del Norte (ASPAN) y el llamado Plan Mérida, versión mexicana del Plan Colombia, constituyen los mecanismos públicos más importantes en los que México se ha visto involucrado como parte de la estrategia de seguridad nacional de Washington, con los elevados niveles de riesgo que ello implica en la lógica guerrerista del poder militar estadounidense. Ahora, incluso nuestro país es visto como apéndice de la Casa Blanca por los no pocos enemigos que esta nación tiene a nivel internacional.
Miles de oficiales mexicanos se siguen entrenando en las instituciones y centros de adiestramiento que recuerdan a la tristemente célebre Escuela para las Américas, criminal centro de capacitación en tácticas de contrainsurgencia y tortura formadora de los principales responsables del terrorismo de Estado que ha existido en América Latina.
Ante el fortalecimiento del espíritu de integración latinoamericana encabezada por la vertiente de gobiernos latinoamericanos progresistas y revolucionarios, México se ha convertido en peón de avanzada de Estados Unidos, protagonizando papeles francamente vergonzantes ante coyunturas determinadas. Basta recordar los ataques virulentos de Fox y Calderón contra Venezuela, Cuba y Bolivia, que han desencadenado las más graves crisis diplomáticas que nuestro país ha tenido con naciones de la región en la historia “independiente”, aún y a pesar del actual proceso de “normalización de relaciones”.
México y su aislamiento latinoamericano
Así, mientras que diferentes alternativas de desarrollo avanzan en Venezuela, Bolivia y Ecuador, a partir de refundaciones constitucionales que están perfilando la construcción de un Estado posneoliberal que transite hacia el socialismo, en México la clase política insiste en profundizar el modelo neoliberal, pese a sus graves consecuencias sociales, la destrucción de la planta productiva del país y la privatización y desaparición de las empresas del Estado, como en el caso de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, eliminada el 10 de octubre de 2009, acción con la que Calderón dejó sin empleo a 44 mil trabajadores.
La continuidad del modelo neoliberal genera mayores tensiones sociales, y para mantener la relativa estabilidad social y política, el uso de la fuerza y no de la política se intensifica, incluyendo una creciente militarización de la seguridad pública y del uso de las fuerzas armadas en misiones que no les corresponden constitucionalmente, la criminalización de los movimientos sociales y el uso de los medios de comunicación masiva para legitimar este proceso de ruptura de la vida democrática. El descontento social por los efectos de la crisis económica se profundiza y surgen nuevos grupos armados con presencia regional y nacional que expresan este descontento; al mismo tiempo que paulatinamente se cierran espacios políticos. Por ello, México se suma ya a la lista de regímenes autoritarios que en América Latina aplican políticas económicas neoliberales, por medio de una democracia tutelada por las elites.
Frente a iniciativas como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), además de proyectos más específicos como el Banco del Sur, Telesur, Petrosur y Petrocaribe, el gobierno mexicano opta por el aislamiento político y económico en esta nueva etapa de integración latinoamericana, repercutiendo negativamente en los procesos de unidad regional y en las condiciones de vida de los mexicanos. Los saldos sociales positivos de la integración que están viviendo las naciones latinoamericanas involucradas, empezando por la recuperación de la rectoría económica del Estado y su capacidad distributiva entre la población, son cambios sociopolíticos ajenos a la realidad mexicana.
En nuestro país, la riqueza nacional y la fuerza de trabajo se siguen entregando a los grandes capitales transnacionales, y a sus socios nacionales. La entrada en vigor del apartado agropecuario del TLCAN, a partir de enero de 2008, profundiza la crisis social y productiva del campo mexicano, que sigue obligando a la importación de alimentos básicos para el consumo popular, como el maíz.
Las cuantiosas inversiones extranjeras que se hacen en México están dirigidas fundamentalmente a los servicios, la especulación financiera y la economía itinerante como es la industria maquiladora y ensambladora de diversas mercancías, destacando la rama automotriz, además de las enormes facilidades tributarias que se ofrecen al capital.
Es imposible prever qué eslabón de la cadena de complejas contradicciones que vive México, finalmente se romperá. Lo cierto es que entre la guerra social con sus miles de muertos y la guerra económica con sus millones de damnificados, de la sociedad civil “hasta la madre”, una ciudadanía indignada, pueblos en resistencia autonómica y movimientos gremiales que no tienen nada que perder, podría surgir la chispa que llevará a la real y efectiva transición democrática.
BIBLIOGRAFIA:
• Borón, Atilio, y Lechini, Gladis, (comp), Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y América Latina, Buenos Aires, FLACSO, 2006.
• Katz, Claudio, El rediseño de América Latina. ALCA, MERCOSUR Y ALBA, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2008.
• López Castellanos, Nayar, Del Plan Puebla Panamá al Proyecto Mesoamérica. Un espejo de la globalización neoliberal, México, Plaza y Valdés, 2009.
• López Castellanos, Nayar y Oliver, Lucio (coord.), América Latina y el Caribe, una región en conflicto. Intervencionismo externo, crisis de las instituciones políticas y nuevos movimientos sociales, México, Plaza y Valdés-UNAM, 2009.
• Oliver, Lucio, El Estado ampliado en Brasil y México, México, UNAM, 2009.
NOTAS:
* Politólogo mexicano. Profesor Investigador de la UNAM y la UACM.
1. En Emir Sader, Posneoliberalismo a políticas socias e o Estado democrático, Sao Paulo, Brasil, Paz e Terra, 1995.
2. Al respecto, se puede consultar el informe de la CEPAL a través de la siguiente nota periodística: http://www.jornada.unam.mx/2009/11/20/index.php?section=economia&article=024n1eco
3. http://medusa.coneval.gob.mx/
Nayar López Castellanos
Tomado: Rebelión.org
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