La vueltas de la caducidad

Ilustración: Revista VadeNuevo

No va más

Los vaivenes del tema de los derechos humanos han llevado a una nueva frustración y muestran un Frente Amplio que no ha sido capaz de impulsarlo con coherencia, embretado por una estructura antidemocrática, por la demagogia de sectores que no la confrontan y por los perfilismos que han sustituido la búsqueda de consensos.

En diciembre próximo se cumplirán veinticinco años de aprobada por el parlamento la "Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado".

No vamos aquí a hacer un análisis de cómo se llegó, por qué y qué se buscaba con ella. Pero lo que es irrefutable es que la herida sigue abierta. El intento por dar vuelta la página, si es que la dictadura fue una página, no se logró.

Inmediatamente después de aprobada esa ley, aquellos sectores políticos que votaron en contra de ella comenzaron a estudiar la manera de que no se aplicara. Y, no sin dudas y discusiones, se optó por juntar firmas a los efectos de anularla a través de un referéndum. Esa iniciativa se perdió y el tema de los derechos humanos entró en un largo período de inmovilismo que tuvo, por lo menos, dos razones. La primera fue la sorpresa que significó la derrota en un tema que era considerado, por mucha gente, la esencia misma de la dictadura. No debemos olvidar que, tanto en el año 1980 como en 1982, la dictadura había sido derrotada y este referéndum fue considerado por muchos, sobre todo por la gente de izquierda, como una nueva instancia de la misma confrontación.

La segunda razón fue el acatamiento a lo resuelto. A esto debemos agregar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de principios de 1988, que, por tres votos contra dos, declaró que la Ley de Caducidad no era inconstitucional.

Hasta mediados de los años noventa, cuando se hizo la primera marcha del silencio convocada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, el tema quedó prácticamente fuera de la agenda, y las pocas voces que se levantaron reclamando el esclarecimiento del destino de los desaparecidos fueron aplastadas bajo una ola de declaraciones de políticos, gobernantes y medios de comunicación que acusaban a los que mencionaban el tema de tener los ojos en la nuca y otras barbaridades.

La impunidad pasó de ser una ley a constituir una especie de censura para aquellos que osaban tener memoria. El lenguaje cotidiano cambió: “dictadura” por “gobierno de facto”, “dictador” por “presidente de facto”, “tortura” por “apremios físicos”.

Se puso en duda la existencia de presos; los “apremios físicos” a lo sumo fueron el medio para conocer la verdad de aquellos subversivos que quisieron terminar con la democracia, los desaparecidos estaban escondidos y los muertos eran producto de la dinámica de una guerra en la cual, cualquiera lo sabe, ocurren excesos de ambos lados.

Al mismo tiempo, aquellos que intentaron encontrar alguna luz a través del artículo 4 de la Ley de Caducidad chocaron con el presidente de turno (fundamentalmente Julio María Sanguinetti) y, hasta el año 2005, por esta vía no se pudo abrir ninguna brecha.

A partir de 1995 el tema de los desaparecidos y de la Ley de Caducidad reapareció, tomó cuerpo nuevamente y cuando asumió la presidencia de la República Jorge Batlle se formó la Comisión para la Paz, que dio los primeros pasos para conocer la verdad; y más allá de que no se avanzó en el esclarecimiento del destino de los desaparecidos ni de los responsables, se reconoció que hubo muertes en torturas, desapariciones, que hubo terrorismo de Estado y, explícitamente, se desmintió la teoría de los dos demonios en la declaración final de dicha comisión. En suma, se empezó a descongelar el tema.

Pero al mismo tiempo ocurre otro hecho que cabe recordar. A partir de la movilización que se desarrolló entre fines de 1986, cuando se aprobó en el Parlamento la ley de impunidad, y abril de 1989, la izquierda descubrió, más allá del resultado negativo del referéndum, un método de lucha, una forma de mantener movilizado al Frente Amplio (FA) y a diversas organizaciones sociales.

Entre 1992 (contra la Ley de Empresas Públicas) y 2004 (cuando se llevó a cabo el plebiscito por el agua) fueron muchas las consultas populares que se promovieron (siempre "para que el pueblo decida"). De algunas muy pocos se acuerdan, como la que promovió el sindicato de trabajadores de la UTE. Otras no llegaron a hacerse, como cuando se juntaron firmas para evitar que se anulara el nuevo catastro de Montevideo del intendente Tabaré Vázquez. Y otra que el Frente Amplio promovió contra la idea de que Ancap hiciera asociaciones con privados. Cabe destacar este caso porque el trámite para iniciar la recolección de firmas fue bien curioso. El proyecto que se iba a aprobar en el Parlamento era, palabras más palabras menos, el que presentaron tres senadores del Frente Amplio, pero de pronto hubo un cambio de rumbo de 180 grados (no de 360). Nunca se explicó la razón del viraje, pero, más allá de intenciones, sucedieron dos cosas que de una u otra manera pudieron estar relacionadas con el asunto. La primera fue que los partidos tradicionales aceptaron el proyecto de los legisladores frenteamplistas en su casi totalidad, y tal vez el FA esperaba otra respuesta. La segunda: en esos días había elecciones de la Federación Ancap. Es de esperar que esto no haya tenido nada que ver.

Este método de movilizar a la gente enfrentando iniciativas de los gobiernos blanco o colorados, con independencia de lo justo o traído de los pelos que fuera el tema, le dio resultados al FA. Con sus propuestas y con los errores de los gobiernos anteriores, el FA alcanzó el gobierno nacional en las elecciones de 2004.

A partir de ahí los frenteamplistas experimentaron que una cosa es estar en la oposición y otra en el gobierno. Y aunque muchos integrantes del FA lo hayan asimilado, otros no lo hicieron.

La tercera frustración

El FA llegó al gobierno con algunas fortalezas y algunas debilidades. La principal fortaleza fue el enorme respaldo electoral que lo llevó a tener mayoría parlamentaria. Otra fue la sintonía con el movimiento sindical, aunque la vida demostró que no era tan favorable como parecía, ya que muchas veces se buscó dilucidar las diferencias internas del FA en el seno del movimiento sindical, donde las correlaciones de fuerza son bien diferentes. Otra fortaleza fue la personalidad de Tabaré Vázquez que, sumada a la conducción económica en manos de Danilo Astori, le dio al FA una imagen de enorme confiabilidad.

A la vez es necesario señalar algunas debilidades. La primera era la falta de conducción política del FA, que Vázquez resolvió formando un gabinete que era, al mismo tiempo, Poder Ejecutivo y dirección de la fuerza política. La otra debilidad es su estructura antidemocrática, en la que solamente se tiene en cuenta la militancia en los comités de base para la constitución de sus organismos de conducción, mientras la Constitución de la República define una forma de dirección partidaria con elecciones en las que participan varios centenares de miles de personas, sistema que el FA no tiene en cuenta, salvo para ratificar alguna decisión de la estructura estatutaria.

Así las cosas, el FA inició su primer gobierno, y en el acto en que asume el presidente, éste anunció que se iba a respetar el resultado del referéndum de 1989.

Pero un sector político sin banderas no tiene destino, y si posee un peso decisivo en la interna de un frente tiene la posibilidad de embarcar a todos bajo sus objetivos. Y así ocurrió. Al poco tiempo de iniciado su gobierno, algunos sectores minoritarios electoralmente, ,como el liderado por Rafael Michelini, más el Partido Comunista (PCU) y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), lanzaron la idea de juntar firmas para volver a intentar dejar sin efecto la Ley de Caducidad. Esta vez con algunas diferencias respecto de 1989: no se incorporó ningún sector de fuera del FA. (Recordemos que en aquella oportunidad importantes sectores del Partido Nacional y, en menor medida, del Partido Colorado, adhirieron al voto verde.) Y como la ley ya se había aplicado, había que anularla retroactivamente, lo que era, desde el punto de vista jurídico, más que discutible.

¿Qué se argumentó para lanzar esta campaña en 2009? Que más allá de lo injusto de la ley, había pasado el tiempo y entonces el miedo, causa fundamental del resultado negativo de 1989, en esta oportunidad no jugaría ningún papel.

No se tuvieron en cuenta otros motivos que jugaron su papel en la derrota del voto verde, entre ellos que no todos los que estuvieron en contra de la dictadura y votaron la papeleta amarilla lo hicieron por miedo; también hubo quienes pensaron que la mejor manera de terminar con el tema era dar vuelta la hoja y mirar para adelante.

No digo que el miedo no haya jugado su papel; por algo el Partido Colorado lo promovió intensamente. Sin embargo, en dictadura, en 1980, con un panorama mucho más sombrío, se impuso el rechazo a la propuesta del régimen a pesar de que con el voto negativo no se apostaba a nada concreto y solo se decía NO a una propuesta espantosa. Incluso ahí estoy convencido que no todos los que votaron por SI lo hicieron porque apoyaran la dictadura.

Pero la responsabilidad de esa decisión de 2009 no la podemos endilgar solo a los grupos políticos mencionados. Los otros sectores mayoritarios electoralmente, pero minoritarios en la estructura del FA, no se opusieron. Apostaron demagógicamente a no pagar el precio político de no acompañar la iniciativa y esperaron que las firmas no se consiguieran; y, lo que es peor, cuando se vislumbró que se alcanzarían hicieron cola para sacarse la foto firmando por el plebiscito. Aunque hubo algunas excepciones.

Se logró la cantidad de firmas necesaria, se votó y se volvió a perder.

Pero tampoco se interpretó que la mayoría estaba en contra; se dijo que algunos sectores del FA no ensobraron la papeleta rosada, que muchos dirigentes no jerarquizaron el tema, que no debió haberse hecho junto con las elecciones nacionales, que hubo solo una papeleta; en fin, cualquier explicación menos la más elemental: la mayoría no la votó porque no quiso votarla, o porque, estando en contra de la ley, tuvo en cuenta que la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos no apoyó este trámite, o porque no se cumplió con lo prometido en el acto en que asumió el presidente Vázquez, en fin, por razones políticas. O sea, las interpretaciones no partieron de la base del respeto a la inteligencia de la ciudadanía. Algo que no debería sucederle a quienes pretenden representar los intereses de las mayorías populares.

En suma, se perdió pero no alcanzó para darse cuenta de que algo estaba fallando.

Inmediatamente de iniciado su segundo mandato, el Frente se embretó solito en el tercer capítulo de una historia de frustraciones. Y alcanzó su tercera derrota en este tema. Esta vez, desoyendo dos pronunciamientos populares, exhibiendo terribles divisiones internas, yendo y viniendo con opiniones de dirigentes políticos que no se sabía en qué posición estaban, que un día dicen que votan y después piden que no se vote. Con un presidente que un día afirma que es un tema de la fuerza política y a la semana va a pedirle que se tome una determinada posición. Y hasta con una senadora que pergeñó un modelo simulado para demostrar que cuando se perdió, en realidad, se ganó…

El resultado por todos conocidos fue que, teniendo la mayoría absoluta en las dos cámaras, el FA no fue capaz de encontrar una posición de consenso en un tema de enorme sensibilidad para cualquier sociedad, y en especial para quienes lo respaldaron electoralmente.

En un momento en que, a través de determinados mecanismos fueron enjuiciados unos cuantos militares asesinos en los últimos seis años, cuando se ha procesado a Juan María Bordaberry por haber dado un golpe de Estado, el FA fue incapaz de articular una posición de consenso dejando de lado perfilismos, continuó imponiendo mayorías derivadas de prácticas antidemocráticas, y sus dirigentes no han aprendido que, en temas en los que la sensibilidad juega un enorme papel, adueñarse de las iniciativas preanuncia la derrota. No aprendieron que no se puede llevar adelante posiciones políticas sin discusión, sin negociaciones, sin buscar acuerdos. A las pocas horas del reciente fracaso en el Parlamento, algunos dirigentes de primera línea ya estaban lanzando propuestas que, por no haber sido discutidas y negociadas colectivamente en el seno del FA, eran objeto de ataques no solo desde la oposición sino también desde el Frente Amplio. Parecería que las autocríticas que todos se comprometieron a asumir luego de las elecciones municipales de mayo, están muy lejos.

Mientras tanto el tema de los derechos humanos ha pasado a ser parte de la vida cotidiana de la gente. Ese es el principal logro que se ha alcanzado. Pero si no hay un cambio de rumbo en la forma de hacer política, si la política va a ser manejada por aquellos que aspiran únicamente a los más altos cargos mientras desaparecen los negociadores, los zurcidores, los constructores de acuerdos, se seguirá ambientando la frustración y se profundizará entre los ciudadanos la idea de que la política no sirve.

Federico Martínez

Tomado: Revista Va de Nuevo.com.uy