El presidente Barack Obama celebró la llegada del Año Nuevo firmando la ley denominada National Defence Authorisation Act (NDAA) con la disposición que permite la detención por tiempo indefinido de ciudadanos norteamericanos. El momento fue simbólico, por decir lo mínimo. Mientras los norteamericanos se distraían bebiendo y celebrando las fiestas, Obama ponía su firma a uno de los grandes retrocesos de las libertades civiles en la historia de nuestro país…y los ciudadanos festejaban con inconsciente dicha el nuevo año.
Irónicamente, además de romper su promesa de no firmar la ley, Obama quebrantó su promesa de firmar declaraciones y adjuntó una declaración según la cual no desea realmente la detención indefinida de ciudadanos.
Obama insistió en que firmó la ley simplemente para mantener la financiación necesaria para las tropas. Así continuaba el deshonesto tratamiento de la cuestión por parte de la Casa Blanca desde que la ley salió por vez primera a la luz. Anteriormente, la Casa Blanca había comunicado a los ciudadanos que el presidente no firmaría la NDAA debido a esa disposición en particular. Esa manipulación concluyó después de que el senador Carl Levin (demócrata por el estado de Michigan) tomara la palabra y revelase que era [responsable] la Casa Blanca e insistió en que no se harían excepciones con los ciudadanos en la disposición de detención indefinida.
Esta última afirmación resulta aún más insultante. No se "apoya a nuestras tropas" negando los principios por los que luchan. Y no luchan por consolidar los poderes autoritarios del presidente. El "modo de vida norteamericano" lo define nuestra Constitución y en concreto la declaración de derechos. Además, la insistencia en que no hay intención de utilizar poderes autoritarios no altera el hecho de que se ha firmado una medida autoritaria. No es el uso sino el derecho a usar dichos poderes lo que define a los sistemas autoritarios.
La ausencia casi total de cobertura informativa de este asunto es escandalosa. Muchos informadores se han tragado la manipulación de la administración Obama como se tragaron la de la tortura llevada a cabo por la administración Bush. Todavía hoy, los informadores se niegan a llamar tortura al “submarino” [waterboarding] pese a la larga hilera de casos y expertos que llevan décadas definiendo el “submarino” como tortura.
En lo que respecta a la NDAA, los informadores continúan enunciando la afirmación de que esta ley sólo codifica lo que es ya ley. Eso no es verdad. La administración ha combatido cualquier cuestionamiento de la detención indefinida para impedir una auténtica reconsideración judicial. Por ende, la mayoría de los expertos está de acuerdo en que esa detención indefinida de los ciudadanos viola la Constitución.
Hay quienes siguen con el prolongado esfuerzo de disculpar el espantoso historial de libertades civiles de Obama a base de echarle la culpa a otros o a los tiempos que corren. Una falsedad con mucho éxito es que hay una excepción en el caso de los ciudadanos. La Casa Blanca está afirmando que los cambios en la ley hacen innecesario vetar la legislación. Esa manipulación es ridícula. Los cambios consistieron en la inclusión de cierta retórica vacía de sentido después de que quedaran derrotadas enmiendas clave que protegían a los ciudadanos. La disposición declara simplemente que no podrán interpretarse las disposiciones con el fin de alterar los derechos legales de los norteamericanos. Puesto que el Senado considera que los ciudadanos no solo están sujetos a detención indefinida sino a ejecuciones sin juicio, ese cambio no ofrece nada más que retórica para esconder la cruda realidad.
La administración de Obama y los parlamentarios demócratas están en vena manipulatoria absoluta, y utilizan un lenguaje destinado a ocultar la autoridad otorgada a los militares. La exención de los ciudadanos norteamericanos del requisito de detención obligatoria (sección 1032) es una formulación a modo de pantalla tras la cual está la siguiente sección, 1031, que no ofrece exención alguna a los ciudadanos norteamericanos de la autorización para utilizar a los militares al objeto de detener indefinidamente a alguien sin cargos o sin juicio.
Obama podía haberse negado a firmar la ley y el Congreso se habría apresurado a aprobar la financiación de las tropas. Por el contrario, tal como confirma el senador Levin, la Casa Blanca llevó a cabo una campaña de desinformación con el fin de asegurar su poder, a la vez que describía al presidente como una suerte de remiso gobernante absoluto o, tal como mantiene Obama, un presidente remiso con poderes dictatoriales. La mayoría de los miembros demócratas se sumaron a sus colegas republicanos a la hora de votar por esta medida antinorteamericana. Algunos ciudadanos de Montana se están movilizando para forzar la destitución de estos miembros que, insisten, han traicionado tanto el juramento de su cargo como a sus representados. La mayoría de los ciudadanos, sin embargo, siguen tratando la cuestión como una distracción del jolgorio festivo.
Para los defensores de las libertades civiles, la NDAA es nuestro momento maya: 2012 es el año en que el país dio su adhesión a poderes autoritarios con poco más que una pausa entre una ronda y otra de copas.
Jonathan Turley: Es profesor de Derecho en la George Washington University, además de prestigioso comentarista en prensa, analista jurídico y uno de los abogados norteamericanos más activos y notorios en la defensa de los derechos constitucionales y la lucha contra la militarización de los procesos judiciales y los abusos de poder de las últimas administraciones presidenciales.
Tomado. Revista Sin Permiso.info
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