Islandia enjaula a sus banqueros

Los islandeses piden responsabilidades por la crisis económica-
Bob Strong(Reuters)

La primera víctima de la crisis financiera hace un valiente intento de pedir responsabilidades

Se busca. Hombre, 48 años, 1,80 metros, 114 kilos. Calvo, ojos azules. La Interpol acompaña esa descripción de una foto en la que aparece un tipo bien afeitado embutido en uno de esos trajes oscuros de 2.000 euros y tocado con un impecable nudo de corbata. Se ve a la legua que se trata de un banquero: este no es uno de esos carteles del salvaje Oeste. La delincuencia ha cambiado mucho con la globalización financiera. Y sin embargo, esta historia tiene ribetes de western de Sam Peckinpah ambientado en el Ártico. Esto es Islandia, el lugar donde los bancos quiebran y sus directivos pueden ir a la cárcel sin que el cielo se desplome sobre nuestras cabezas; la isla donde apenas medio millar de personas armadas con peligrosas cacerolas pueden derrocar un Gobierno. Esto es Islandia, el pedazo de hielo y roca volcánica que un día fue el país más feliz del mundo (así, como suena) y donde ahora los taxistas lanzan las mismas miradas furibundas que en todas partes cuando se les pregunta si están más cabreados con los banqueros o con los políticos. En fin, Esto es Islandia: paraíso sobrenatural, reza el cartel que se divisa desde el avión, antes incluso de desembarcar.

El tipo de la foto se llama Sigurdur Einarsson. Era el presidente ejecutivo de uno de los grandes bancos de Islandia y el más temerario de todos ellos, Kaupthing (literalmente, "la plaza del mercado"; los islandeses tienen un extraño sentido del humor, además de una lengua milenaria e impenetrable). Einarsson ya no está en la lista de la Interpol. Fue detenido hace unos días en su mansión de Londres. Y es uno de los protagonistas del libro más leído de Islandia: nueve volúmenes y 2.400 páginas para una especie de saga delirante sobre los desmanes que puede llegar a perpetrar la industria financiera cuando está totalmente fuera de control.

Nueve volúmenes: prácticamente unos episodios nacionales en los que se demuestra que nada de eso fue un accidente. Islandia fue saqueada por no más de 20 o 30 personas. Una docena de banqueros, unos pocos empresarios y un puñado de políticos formaron un grupo salvaje que llevó al país entero a la ruina: 10 de los 63 parlamentarios islandeses, incluidos los dos líderes del partido que ha gobernado casi ininterrumpidamente desde 1944, tenían concedidos préstamos personales por un valor de casi 10 millones de euros por cabeza. Está por demostrar que eso sea delito (aunque parece que parte de ese dinero servía para comprar acciones de los propios bancos: para hinchar las cotizaciones), pero al menos es un escándalo mayúsculo.

Islandia es una excepción, una singularidad; una rareza. Y no solo por dejar quebrar sus bancos y perseguir a sus banqueros. La isla es un paisaje lunar con apenas 320.000 habitantes a medio camino entre Europa, EE UU y el círculo polar, con un clima y una geografía extremos, con una de las tradiciones democráticas más antiguas de Europa y, fin de los tópicos, con una gente de indomable carácter y una forma de ser y hacer de lo más peculiar. Un lugar donde uno de esos taxistas furibundos, tras dejar atrás la capital, Reikiavik, se adentra en una lengua de tierra rodeada de agua y deja al periodista al pie de la distinguida residencia presidencial, con el mismísimo presidente esperando en el quicio de la puerta: cualquiera puede acercarse sin problemas, no hay medidas de seguridad ni un solo policía. Solo el detalle exótico de una enorme piel de oso polar en lo alto de una escalera saca del pasmo a quien en su primera entrevista con un presidente de un país se topa con un mandatario, Ólagur Grímsson, que considera "una locura" que sus conciudadanos "tengan que pagar la factura de su banca sin que se les consulte".

Y del presidente al ciudadano de a pie: de la anécdota a la categoría. Arnar Arinbjarnarsson es capaz de resumir el apocalipsis de Islandia con estupefaciente impavidez, frente a un humeante capuchino en el céntrico Café París, a dos pasos del Althing, el Parlamento. Arnar tiene 33 años y estudió ingeniería en la universidad, pero, al acabar, ni siquiera se le pasó por la cabeza diseñar puentes: uno de los bancos le contrató, pese a carecer de formación financiera. "La banca estaba experimentando un crecimiento explosivo, y para un ingeniero es relativamente sencillo aprender matemática financiera, sobre todo si el sueldo es estratosférico", alega.

Islandia venía de ser el país más pobre de Europa a principios del siglo XX. En los años ochenta, el Gobierno privatizó la pesca: la dividió en cuotas e hizo millonarios a unos cuantos pescadores. A partir de ahí, bajo el influjo de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, el país se convirtió en la quintaesencia del modelo liberal, con una política económica de bajos impuestos, privatizaciones, desregulaciones y demás: la sombra de Milton Friedman, que viajó durante esa época a Reikiavik, es alargada. Aquello funcionó. La renta per cápita se situó entre las más altas del mundo, el paro se estabilizó en el 1% y el país invirtió en energía verde, plantas de aluminio y tecnología. El culmen llegó con el nuevo siglo: el Estado privatizó la banca y los banqueros iniciaron una carrera desaforada por la expansión dentro y fuera del país, ayudados por las manos libres que les dejaba la falta de regulación y por unos tipos de interés en torno al 15% que atraían los ahorros de los dentistas austriacos, los jubilados alemanes y los comerciantes holandeses. Una economía sana, asentada sobre sólidas bases, se convirtió en una mesa de black jack. Ni siquiera faltó una campaña nacionalista a favor de la supremacía racial de la casta empresarial, lo que tal vez demuestra lo peligroso que es meter en la cabeza de la gente ese tipo de memeces, ya sea "las casas nunca bajan de precio" o "los islandeses controlan mejor el riesgo por su pasado vikingo".

La fiesta se desbocó: los activos de los bancos llegaron a multiplicar por 12 el PIB. Solo Irlanda, otro ejemplo de modelo liberal, se acerca a esas cifras. Hasta que de la noche a la mañana -con el colapso de Lehman Brothers y el petardazo financiero mundial- todo se desmoronó, en lo que ha sido "el shock más brutal y fulminante de la crisis internacional", asegura Jon Danielsson, de la London School of Economics.

Pero volvamos a Arnar y su relato: "La banca empezó a derrochar dinero en juergas con champán y estrellas del rock; se compró o ayudó a comprar medio Oxford Street, varios clubes de fútbol de la liga inglesa, bancos en Dinamarca, empresas en toda Escandinavia: todo lo que estuviera en venta, y todo a crédito". Los ejecutivos se concedían créditos millonarios a sí mismos, a sus familiares, a sus amigos y a los políticos cercanos, a menudo, sin garantías. La Bolsa multiplicó su valor por nueve entre 2003 y 2007. Los precios de los pisos se triplicaron. "Los bancos levantaron un obsceno castillo de naipes que se lo llevó todo por delante", cuenta Arnar, que conserva su empleo, pero con la mitad de sueldo. Acaba de comprarse un barco a medias con su padre con la intención de cambiar de vida: quiere dedicarse a la pesca.

La fábula de una isla de pescadores que se convirtió en un país de banqueros tiene moraleja: "Tal vez sea hora de volver al comienzo", reflexiona el ingeniero. "Tal vez todo ese dinero y ese talento que absorbe la banca cuando crece demasiado no solo se convierte en un foco de inestabilidad, sino que detrae recursos de otros sectores y puede llegar a ser nocivo, al impedir que una economía desarrolle todo su potencial", dice el presidente Grímsson.

La magnitud de la catástrofe fue espectacular. La inflación se desbocó, la corona se desplomó, el paro creció a toda velocidad, el PIB ha caído el 15%, los bancos perdieron unos 100.000 millones de dólares (pasará mucho tiempo antes de que haya cifras definitivas) y los islandeses siguieron siendo ricos, más o menos: la mita de ricos que antes. ¿De quién fue la culpa? De los bancos y los banqueros, por supuesto. De sus excesos, de aquella barra libre de crédito, de su desmesurada codicia. Los bancos son el monstruo, la culpa es de ellos y, en todo caso, de los políticos, que les permitieron todo eso. OK. No hay duda. ¿Solamente de los bancos?

"El país entero se vio atrapado en una burbuja. La banca experimentó un desarrollo repentino, algo que ahora vemos como algo estúpido e irresponsable. Pero la gente hizo algo parecido. Las reglas normales de las finanzas quedaron suspendidas y entramos en la era del todo vale: dos casas, tres casas por familia, un Range Rover, una moto de nieve. Los salarios subían, la riqueza parecía salir de la nada, las tarjetas de crédito echaban humo", explica Ásgeir Jonsson, ex economista jefe de Kaupthing. El también economista Magnus Skulasson asume que esa locura colectiva llevó a un país entero a parecer dominado por los valores de Wall Street, de la banca de inversión más especulativa. "Los islandeses hemos contribuido decisivamente a que pasara lo que pasó, por permitir que el Gobierno y la banca hicieran lo que hicieron, pero también participamos de esa combinación de codicia y estupidez. Los bancos merecen sentarse en el banquillo y nosotros nos merecemos una parte del castigo: pero solo una parte", afirma en el restaurante de un céntrico hotel.

Una cosa salva a los islandeses, de alguna manera les redime de parte de esos pecados. En su incisivo ¡Indignaos!, Stephane Hessel describe cómo en Europa y EE UU los financieros, culpables indiscutibles de la crisis, han salvado el bache y prosiguen su vida como siempre: han vuelto los beneficios, los bonus, esas cosas. En cambio, sus víctimas no han recuperado el nivel de ingresos, ni mucho menos el empleo. "El poder del dinero nunca había sido tan grande, insolente, egoísta con todos", acusa, y, sin embargo, "los banqueros apenas han soportado las consecuencias de sus desafueros", añade en el prólogo del libro el escritor José Luis Sampedro.

Así es: salvo tal vez en el Ártico. Islandia ha hecho un valiente intento de pedir responsabilidades. "Dejar quebrar los bancos y decirles a los acreedores que no van a cobrar todo lo que se les debe ha ayudado a mitigar algunas de las consecuencias de las locuras de sus banqueros", asegura por teléfono desde Tejas el economista James K. Galbraith.

Contada así, la versión islandesa de la crisis tiene un toque romántico. Pero la economía es siempre más prosaica de lo que parece. Hay quien relata una historia distinta: "Simplemente, no había dinero para rescatar a los bancos: de lo contrario, el Estado los habría salvado: ¡Llegamos a pedírselo a Rusia!", critica el politólogo Eirikur Bergmann. "Fue un accidente: no queríamos, pero tuvimos que dejarlos quebrar y ahora los políticos tratan de vender esa leyenda de que Islandia ha dado otra respuesta".

Sea como sea, la crisis ha dejado una cicatriz enorme que sigue bien visible: hay controles de capitales, un delicioso eufemismo de lo que en el hemisferio Sur (y más concretamente en Argentina) suele llamarse corralito. El paro sigue por encima del 8%, tasas desconocidas por estos lares. El desplome de la corona ha empobrecido a todo el país, excepto a las empresas exportadoras. Cuatro de cada diez hogares se endeudaron en divisas o con créditos vinculados a la inflación (parece que, por lo general, para comprar segundas residencias y coches de lujo), lo que ha dejado un agujero considerable en el bolsillo de la gente. Tras dejar quebrar el sistema bancario, el Estado lo nacionalizó y acabó inyectando montones de dinero -el equivalente a una cuarta parte del PIB- para que la banca no dejara de funcionar, y ahora empieza a reprivatizarlo: la vida, de algún modo, sigue igual.

Todo eso ha elevado la deuda pública por encima del 100% del PIB, y para controlar el déficit tampoco los islandeses se han librado de la oleada de austeridad que recorre Europa desde el Estrecho de Gibraltar hasta la costa de Groenlandia: más impuestos y menos gasto público. Al cabo, Islandia tuvo que pedir un rescate al FMI, y el Fondo ha aplicado las recetas habituales: se han elevado el IRPF y el IVA islandeses y se han creado nuevos impuestos, y por el lado del gasto se han bajado salarios y beneficios sociales y se están cerrando escuelas; se ha reducido el Estado del bienestar. Que es lo que suele suceder cuando de repente un país es menos rico de lo que creía.

"Hemos recorrido una década hacia atrás", cierra Bergman. Y aun así, el Gobierno y el FMI aseguran que Islandia crecerá este año un 3%: el desplome de la corona ha permitido un despegue de las exportaciones, hay sectores punteros -como el aluminio- que están teniendo una crisis muy provechosa, y, al fin y al cabo, Islandia es un país joven con un nivel educativo sobresaliente. Entre la docena de fuentes consultadas para este reportaje, sin embargo, no abunda el optimismo. Uno de los economistas más brillantes de Islandia, Gylfi Zoega, dibuja un panorama preocupante: "Los bancos aún no son operativos, los balances de las empresas están dañados, el acceso al mercado de capitales está cerrado, el Gobierno muestra una debilidad alarmante. No hay consenso sobre qué lugar deben ocupar Islandia y su economía en el mundo. Vamos a la deriva... No se engañe: ni siquiera el colapso de los bancos fue una elección; no había alternativa. Islandia no puede ser un modelo de nada".

Hay quien duda incluso de que los banqueros den finalmente con sus huesos en la cárcel: "Los ejecutivos han sido detenidos varias veces, y después, puestos en libertad: como tantas otras veces, eso es más un jugueteo con la opinión pública que otra cosa", asegura Jon Danielsson. Hannes Guissurasson, asesor del anterior Gobierno y conocido por su férrea defensa de postulados neoliberales, incluso traza una fina línea entre el delito y algunas de las prácticas bancarias de los últimos años. "Muy pocos banqueros van a ir a la prisión, si es que va alguno: ¿qué ley vulnera la excesiva toma de riesgos?", se pregunta.

Pero los mitos son los mitos (y un periodista debe defender su reportaje hasta el último párrafo) e Islandia deja varias lecciones fundamentales. Una: no está claro si dejar caer un banco es un acto reaccionario o libertario, pero el coste, al menos para Islandia, es sorprendentemente bajo; el PIB de Irlanda (cuyo Gobierno garantizó toda la deuda bancaria) ha caído lo mismo y sus perspectivas de recuperación son peores. Dos: tener moneda propia no es un mal negocio. En caso de apuro se devalúa y santas Pascuas; eso permite salir de la crisis con exportaciones, algo que ni Grecia ni Irlanda (ni España) pueden hacer.

La última y definitiva enseñanza viene de la mano del grupo salvaje, a quien nadie vio venir: ni las agencias de calificación ni los auditores anticiparon los problemas (aunque lo que no descubre una buena auditoría lo destapa una buena crisis: Pricewaterhousecoopers está acusada de negligencia). Pero los problemas estaban ahí: la prueba es que la inmensa mayoría de los ejecutivos de banca están de patitas en la calle y algunos esperan juicio. Nuestro Sigurdur Einarsson, el banquero más buscado, se compró una mansión en Chelsea, uno de los barrios más exclusivos de Londres, por 12 millones de euros. La mayoría de los banqueros que tienen problemas con la justicia hicieron lo mismo durante los años del boom, y menos mal que lo hicieron: la gente les abucheaba en el teatro, les tiraba bolas de nieve en plena calle, les lanzaba piropos en los restaurantes o les dejaba ocurrentes pintadas en sus domicilios. Salieron pitando de Islandia. El caso es que Einarsson no tuvo que marcharse: vivía en su estupenda mansión londinense desde 2005. La hipoteca no era problema: Einarsson decidió alquilársela al banco mientras vivía en la casa; al fin y al cabo, un presidente es un presidente, y ese es el tipo de demostraciones de talento financiero que solo traen sorpresas en el improbable caso de que la justicia se meta por medio. Islandia parece el lugar adecuado para que sucedan cosas improbables: según las estadísticas, más de la mitad de los islandeses cree en los elfos. En el avión de vuelta se entiende mejor la publicidad del aeropuerto, sobre todo porque las fuentes consultadas descartan que, si finalmente hay condena a los banqueros, el Gobierno islandés vaya a conceder un solo indulto. Esto es Islandia: paraíso sobrenatural. ¡Vaya si lo es! -


El 'caso Icesave' (y otras rarezas)


El tiburón putrefacto es uno de los platos típicos de Islandia, que tiene una noche inacabable (no solo por las horas de oscuridad), una de las pocas primeras ministras del mundo (Johana Sigurdardottir, abiertamente lesbiana) y un museo de penes (y esto no es una errata). La lista de rarezas es inacabable: es más fácil entrevistar al presidente de Islandia que al alcalde de Reikiavik, Jon Gnarr, célebre por pactar solo con quienes hayan visto las cuatro temporadas de The Wire. Con la crisis, las singularidades han alcanzado incluso al siempre aburrido sector financiero: en Londres han llegado a aplicarle métodos antiterroristas.

Landsbanki, uno de los tres grandes bancos islandeses, abrió una filial por Internet con una cuenta de ahorro a altos tipos de interés, Icesave, que hizo furor entre británicos y holandeses. Cuando las cosas empezaron a torcerse y el Gobierno británico detectó que el banco estaba repatriando capitales, le aplicó la ley antiterrorista para congelar sus fondos. Ese fue el detonante de toda la crisis: provocó la quiebra en cadena de toda la banca. Y sigue dando tremendos dolores de cabeza a Islandia.

Holanda y Reino Unido devolvieron a sus ciudadanos el 100% de los depósitos y ahora exigen ese dinero: 4.000 millones de euros, un tercio del PIB islandés, nada menos. El Gobierno llegó a un acuerdo para que los ciudadanos pagaran en 15 años y al 5,5% de interés: la gente se organizó para echarlo abajo en un referéndum, tras el veto del presidente. Así llegó un segundo pacto, más ventajoso (tipos del 3%, a pagar en 37 años), y de nuevo la gente decidirá en abril en referéndum si paga o no por los desmanes de sus bancos. Agni Asgeirsson, ex ejecutivo que fue despedido de Kaupthing y ahora trabaja como ingeniero en Río Tinto, es tajante al respecto: "El primer acuerdo era claramente un fraude. Este es más discutible. No queremos pagar, pero eso añadiría incertidumbre legal sobre el futuro del país. Pero lo interesante es cómo ha reaccionado la gente". Ese es quizá el mayor atractivo de la respuesta islandesa: la parlamentaria y ex magistrada francesa Eva Joly (a quien se encargó el inicio de la investigación sobre la banca) asegura que lo más llamativo de Islandia es que en un país "que se consideraba a sí mismo un milagro neoliberal, y donde se había perdido gradualmente todo interés por la política, ahora la gente quiere tener su destino en sus propias manos".

"Eso sí: la fe en los políticos y los banqueros tardará en volver, pero que mucho, mucho, tiempo", cierra el cónsul de España, Fridrik S. Kristjánsson. -

Claudi Pérez

Tomado: El País.com

Monsanto y el Petate del Muerto

Monsanto ha convertido la caída de las reservas internacionales de maíz y el desastre causado por el frío en los cultivos del cereal en el norte del país en su mejor argumento para apresurar la imposición de la siembra comercial de maíz transgénico en México, presentando sus semillas manipuladas como la solución ante la escasez y encarecimiento de la gramínea.

Y va más allá: en conferencia de prensa, el presidente de la trasnacional en América Latina, José Manuel Maduro, se atreve a afirmar que “…la decisión de México de no avanzar en ello [los transgénicos] ha llevado a importar 10 millones de toneladas de maíz y por eso urge una decisión al respecto.” Monsanto intenta asustar con el petate del muerto.

El cinismo de Monsanto parece no tener límites. Ahora resulta que México perdió autosuficiencia en maíz e importa millones de toneladas anuales no por una política agropecuaria favorable a las trasnacionales y un modelo de libre comercio injusto, que privilegia las compras al exterior y ha abandonado a la mayoría de los productores nacionales, sino porque el país no ha adoptado la siembra comercial del maíz transgénico.

Esta persistente labor de la trasnacional ha tenido efecto. Después de que el gobierno a finales del año pasado le negara autorización para la siembra piloto de maíz transgénico en Sinaloa, ahora la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) acaba de otorgar a Monsanto un permiso para la siembra de maíz amarillo genéticamente modificado resistente al herbicida glifosato, en programa piloto para el presente ciclo agrícola en Tamaulipas.

Sin embargo, el verdadero peligro —mortal para la alimentación, la salud y la cultura del país— está en optar por Monsanto en vez de fortalecer la agricultura nacional. La siembra de maíz transgénico acentuará la pérdida de soberanía alimentaria del país y contaminará las razas nativas del grano.

Según la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO), en Tamaulipas se encuentran 16 razas de las 59 que existen de maíz nativo. Un estudio reciente de la CONABIO concluye que las liberaciones de maíz transgénico deberían estar a cargo “sólo [de] instituciones públicas debidamente capacitadas en materia de seguridad y en las zonas de menor riesgo.” El estudio fue financiado por la SAGARPA y, contraviniendo sus propias recomendaciones, se dio a conocer al mismo tiempo que fue aprobado el permiso de siembra piloto a Monsanto en Tamaulipas—estado que, como el resto del norte y todo el territorio de México, es centro de origen de maíz.

Campaña de presión

Hay una campaña intensa de promoción de los transgénicos en México: los grandes agricultores del norte del país presionan para que el gobierno agilice el establecimiento de la siembra comercial de maíz transgénico y en la prensa y la televisión no falta quien se vuelva eco de las tesis de Monsanto. Incluso a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería llegó la propaganda entreverada con posiciones científicas. El programa de la tradicional feria auspiciada por la Universidad Nacional Autónoma de México incluyó una serie de conferencias denominada “Los organismos transgénicos han llegado a palacio”, encabezada por el promotor estelar de la biotecnología al servicio de las trasnacionales, Luis Herrera-Estrella. El científico mexicano, promovido como el coinventor de los transgénicos, se ha vuelto un defensor de los planteamientos de Monsanto, empresa que, según él mismo dice, le arrebató la patente de esa tecnología.

Sin embargo, son públicas las relaciones entre el CINVESTAV —donde labora el investigador— y la trasnacional. Herrera-Estrella ha sido denunciado incluso como ejecutor de “trabajo sucio” para Monsanto. Después de que Ignacio Chapela, profesor de la Universidad de Berkeley, reveló la contaminación transgénica en cultivos de maíz en Calpulapan, Oaxaca, en el otoño de 2001, Monsanto enderezó contra él una campaña de desprestigio de la que Herrera-Estrella no sería del todo ajeno. Tras años de persecución y cuando ya dos revisores externos internacionales para la Universidad de Berkeley habían aceptado dar permanencia a Chapela como profesor de tiempo completo e investigador, fue detenido su contrato al ser recibida la carta de un experto en su contra. El remitente era Luis Herrera-Estrella.

El ciclo de pláticas de la feria del libro sólo ofreció el punto de vista favorable al uso de transgénicos. Y ése fue uno de los reclamos de parte del público en la conferencia de Herrera-Estrella.

La presidenta de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), Elena Álvarez-Buylla, presente entre el público, ofreció rápidamente un punto de vista crítico sobre la biotecnología transgénica e informó sobre un científico francés reconocido por su investigación independiente acerca de los riesgos de los transgénicos quien recientemente ganó un proceso contra grupos de biotecnología que habían desencadenado una campaña para desacreditarlo. Ella no pudo extenderse mucho por la descortesía desmesurada de Herrera-Estrella y sus seguidores quienes, incómodos por los comentarios, le quitaron la palabra. También se señaló la omisión del expositor respecto a los daños comprobados a la salud ocasionados por el glifosato, herbicida producido por Monsanto, asociado a una de sus variantes de maíz transgénico.

La agresiva operación de opinión pública para introducir en México el maíz modificado genéticamente por Monsanto ocurre después de que el año pasado trascendiera el declive de las ganancias de la compañía y una baja en sus acciones debido a la disminución de ventas en Sudamérica y Europa del herbicida Roundup y de semillas transgénicas de maíz y soya.

El mercado mexicano representa para Monsanto ganancias potenciales por el orden de los 400 millones de dólares al año y algunos en el gobierno consideran que esas son muchas razones para desdeñar cualquier riesgo sobre los maíces nativos, la economía o la salud de los mexicanos.

Mientras en la Unión Europea, de acuerdo con un informe de Amigos de la Tierra Internacional dado a conocer hace unas semanas, los cultivos transgénicos van en picada, al tiempo que aumenta el número de países que los prohíben.

Según esa fuente, siete estados miembro de la UE han prohibido el cultivo del maíz transgénico de Monsanto por las evidencias acumuladas sobre sus impactos en el ambiente y la economía y por la aplicación del principio de precaución en la salud. La oposición pública a los transgénicos se ha incrementado hasta el 61 por ciento.

Inopinadamente —y no sin contradicciones—, en diciembre el gobierno federal mexicano negó el permiso a Monsanto para la siembra piloto de maíz transgénico en cien hectáreas de Sinaloa, un estado al noroeste del país. La siembra piloto es la segunda fase, posterior a la experimental y previa a la libre producción y comercio, de las tres fases establecidas por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

A partir de octubre del 2009, pocos meses después de una reunión de Felipe Calderón con Hugh Grant, presidente de Monsanto, el gobierno federal aprobó 29 solicitudes de experimentación de maíz transgénico, rompiendo una moratoria vigente durante más de una década. La mayoría de las licencias fue para Monsanto y para Dow Agro Science, con el fin de “probar” maíces resistentes a herbicidas y a plagas en más de una docena de hectáreas.

El año pasado, tras mantener en secreto los predios de experimentación y sin informar adecuadamente los resultados del proceso, violando así la Ley de Bioseguridad, el gobierno aceptó 20 solicitudes más de las trasnacionales señaladas, a las cuales se añadió Syngenta. De otorgarse los permisos, las siembras de maíz transgénico ocuparían más de mil hectáreas.

Las contradicciones y titubeos en la posición gubernamental al negar los primeros permisos para la fase piloto en Sinaloa y la aprobación de un cuarto de hectárea en Tamaulipas se deben probablemente al inicio de la temporada electoral —crucial para el régimen que tratará de eludir el costo político de sus decisiones—, a la acción de las organizaciones campesinas y ecologistas y a la importante labor de organismos como la UCCS.

Desde finales de 2009, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) inició una campaña mediante foros de análisis, y en medios y bardas bajo el lema de: ¡No al maíz transgénico, fuera Monsanto! Se llevaron a cabo foros en Navojoa (a pocos kilómetros de uno de los centros de experimentación transgénica), Chilpancingo y Zacatecas. El año pasado en Guadalajara y en Morelia se denunció la experimentación de maíz transgénico en México como un crimen de lesa humanidad. Son ya muchas las voces que se han levantado contra este atropello: desde la UCCS hasta el ayuntamiento de Tepoztlán, en el estado sureño de Morelos, que inició una controversia constitucional contra la siembra del maíz transgénico en el país.

¿Soberanía alimentaria o dependencia?

Hace unos días, la UNORCA en voz de su dirigente nacional Olegario Carrillo advirtió que México no necesita echarse en brazos de Monsanto para recuperar su autosuficiencia en maíz. De hecho, ceder a las presiones de la trasnacional, que sólo busca apoderarse de la riqueza agro genética de los mexicanos, significaría profundizar la fuerte dependencia alimentaria activada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuando las importaciones ya rebasan el 40 por ciento de lo que el país consume, según datos de la Auditoría Superior de la Federación.

El problema de fondo no es tecnológico sino que el gobierno mexicano carece de una política benigna para el campo y no existen metas de producción de alimentos. El régimen neoliberal ha preferido favorecer las importaciones y beneficiar a las trasnacionales que se han ido apoderando de todo el proceso productivo.

En este contexto, miente la trasnacional al afirmar que su biotecnología pueda resolver el problema alimentario en México: está plenamente documentado que los transgénicos no incrementan la producción. Los maíces transgénicos no han sido concebidos para incrementar los rendimientos; la gran mayoría de los transgénicos están diseñados para resistir la aplicación de herbicidas producidos por la misma Monsanto. En cambio, generan mayor dependencia por la necesidad de comprar semilla y por la contaminación de las variedades nativas, y ocasionan daños al medio ambiente, a la economía y a la salud de las personas.

Por otro lado, se podría duplicar la producción anual de maíz en México (24 millones de toneladas) si se cambiara la política agropecuaria apoyando a los campesinos y se cultivaran más hectáreas en el sur y sureste, donde hay agua suficiente. La riqueza genética del maíz mexicano permitiría elevar la producción, sin tener que pagar regalías a Monsanto, porque hay en el país unas 60 razas nativas y miles de variedades adaptadas a todo tipo de terrenos y climas.

En este contexto, miente la trasnacional al afirmar que su biotecnología pueda resolver el problema alimentario en México: está plenamente documentado que los transgénicos no incrementan la producción. Los maíces transgénicos no han sido concebidos para incrementar los rendimientos; la gran mayoría de los transgénicos están diseñados para resistir la aplicación de herbicidas producidos por la misma Monsanto. En cambio, generan mayor dependencia por la necesidad de comprar semilla y por la contaminación de las variedades nativas, y ocasionan daños al medio ambiente, a la economía y a la salud de las personas.

Por otro lado, se podría duplicar la producción anual de maíz en México (24 millones de toneladas) si se cambiara la política agropecuaria apoyando a los campesinos y se cultivaran más hectáreas en el sur y sureste, donde hay agua suficiente. La riqueza genética del maíz mexicano permitiría elevar la producción, sin tener que pagar regalías a Monsanto, porque hay en el país unas 60 razas nativas y miles de variedades adaptadas a todo tipo de terrenos y climas.

La trasnacional niega el riesgo de contaminación del maíz mexicano por el transgénico patentado por ella pese a que está comprobado que no es posible la convivencia de la tecnología transgénica con la biodiversidad. Monsanto miente porque esa estrategia forma parte de su historia de protección de sus ganancias por encima de la salud de las personas, del medio ambiente y del bienestar general, como ha sido demostrado en investigaciones a lo largo de los años.

La UCCS, basada en reportes de la FAO, UNESCO, entre otros, afirma que los transgénicos además de no aumentar los rendimientos, incrementan los agrotóxicos, destruyen el suelo, y no benefician a los agricultores pobres ni a los consumidores. Además, contribuyen a la crisis climática debido a que refuerzan un modelo de agricultura dependiente del petróleo en insumos y transporte. Las organizaciones campesinas y los científicos comprometidos proponen un modelo alternativo sustentable, basado en la conservación de la biodiversidad, el reciclaje de nutrientes, aprovechar la sinergia entre cultivos, conservación de suelos y recursos estratégicos (el agua, por ejemplo), así como la incorporación de nuevas biotecnologías integrales en sistemas sustentables.

Los científicos han concluido que el campo mexicano cuenta con los recursos necesarios para garantizar la autosuficiencia alimentaria con tecnología no transgénica. Según el investigador Antonio Turrent Fernández, los pequeños agricultores, ejidatarios y comuneros pueden jugar un papel clave en la producción de alimentos básicos y en el manejo de los recursos fitogenéticos de los que México es centro de origen y diversidad. Pero se requiere inversión pública en infraestructura, investigación, transferencia de tecnología y servicios —es decir, cambiar radicalmente el modelo predominante y la orientación del presupuesto público—, y reimplantar la moratoria al cultivo de maíz transgénico.

Alfredo Acedo es director de comunicación social y asesor de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas México.

http://www.cipamericas.org/es/archives/4200

http://alainet.org/active/4536

Alfredo Acedo

Tomado: Alainet.org

Fiat, el gran salto atrás

En Italia, derechos laborales destrozados

Salida del convenio colectivo, jornadas de diez horas con ocho horas en cadena de montaje sin comer, horas extraordinarias obligatorias, no retribución de las ausencias por enfermedad si se producen en víspera de fiesta, sanciones que pueden llegar al despido si el trabajador hace huelga contra los términos del contrato, los sindicatos que no están de acuerdo con el contrato establecido por la empresa al margen del convenio colectivo no podrán tener representación. Estos son algunos de los puntos incluidos en el nuevo contrato de Fiat en su fábrica de Mirafiori, en Turín, que se aprobó por referéndum el pasado 14 de enero. Puede parecer democrático que este acuerdo se ponga en vigor tras recibir el visto bueno de la mayoría de los asalariados, pero ha sido la globalización y las políticas empresariales de deslocalización las que han hecho posible con su insultante extorsión que los operarios voten contra sus derechos. Si no lo hacían la empresa amenazaba con el cierre y su traslado fuera de Italia. Al 54% de los trabajadores no les quedó más remedio que decir “sí”.
El acuerdo de Fiat en Italia que modifica sustancialmente las condiciones de trabajo afecta a 5.431 trabajadores de la industria más emblemática del país. Ya ningún derecho, en cualquier Estado de la Unión europea (UE), conseguido tras históricas luchas sindicales puede considerarse consolidado ante el chantaje de una empresa que anuncia a sus asalariados que, o renuncian a ese derecho o la empresa se va. Los analistas reconocen que, después de un primer "referendum" realizado por Fiat en Pomigliano d'Arco, cerca de Nápoles, en junio de 2010, lo que estaba en juego en esta fábrica Mirafiori de Fiat en Turín, era nada menos que los derechos establecidos en la Constitución italiana, el estatuto de los trabajadores, el concepto mercantil del contrato y el futuro del sindicalismo autónomo e independiente1. Todo un insulto para la ciudad donde desarrolló su combativo ideario el teórico marxista Antonio Gramsci (1891-1937).

Las promesas de la empresa ante las organizaciones sindicales consisten en la inversión de mil millones de euros para la producción una nueva generación de turismos y todoterrenos que se comercializarán bajo las marcas Alfa Romeo y Jeep2. Se trata de una decisión tras el aumento de la participación de Fiat en el consorcio estadounidense Chrysler del 20% al 25%3. La supuesta inversión sería aportada al 50 % por cada uno de los socios.

El abogado Carlo Guglielmi, del sindicato USB y miembro del Forum de Derechos Laborales ha analizado el acuerdo de Fiat Mirafiori4. Lo primero que destaca este abogado es que no existe en el acuerdo ningún compromiso de inversión para la parte empresarial, de forma que se trata de contrato que supone concesiones y compromisos para una de las partes, los trabajadores.

Guglielmi también duda de que aumentar la jornada a diez horas diarias y reducir diez minutos de descanso al día sirva para una mayor productividad. Los sindicalistas han recordado que el coste de la carrocería -el trabajo que se desarrolla en Mirafiori- afecta sólo al 7 % del precio final del automóvil. Otro de los atropellos que señala el abogado es que el acuerdo establece que la empresa puede ordenar unilateralmente hasta 120 horas extraordinarias. Pero el que más destaca es el ataque frontal al concepto del sindicalismo. Según el acuerdo, el papel del sindicato será el de “encontrar soluciones coherentes con los objetivos compartidos”. “Por consiguiente [las partes] asumen la prevención del conflicto como un compromiso recíproco sobre el que se funda el sistema participativo”. Es evidente que por “objetivo compartido” la empresa entiende un nivel determinado de producción, o una entrega del producto en una fecha concreta. No parece lógico que entienda por objetivo compartido que un trabajador gane suficiente como para comprar una vivienda donde vivir con su familia. Pero no es suficiente: el compromiso que los firmantes asumen no es sólo el de no crear conflictos, sino el de impedir que otros puedan hacerlo. Al final del artículo 1 está previsto que todos los beneficios sindicales se revocarán a todas las organizaciones sindicales si no logran evitar “conductas individuales y/o colectivas de los trabajadores que puedan vulnerar total o parcialmente y de manera significativa las cláusulas del presente acuerdo... contrariando el espíritu que lo anima”.

En opinión de Guglielmi, “nunca se ha esclarecido con tal certeza programática que la única tarea de los sindicatos sea la de bloquear los conflictos. La única tarea prevista para ellos en el acuerdo: mantener por todos los medios la disciplina por cuenta del empleador”. “Y para los sindicatos que no firmen este acuerdo -explica al abogado-, aunque fuese las más representativas, se establecen numerosas prohibiciones: no pueden (art. 1) constituir una representación sindical propia, no pueden (art. 2) disfrutar de ningún permiso sindical para sus dirigentes, no pueden (art. 3) convocar asambleas, no pueden (art. 7) recibir contribuciones sindicales de sus propios afiliados vía retención al salario, no pueden (art. 5) utilizar el local sindical para sus reuniones con los trabajadores, no pueden (art. 4) publicar sus comunicados en el tablón de anuncios ni puede efectuar «actividades de proselitismo respecto a los trabajadores en los correos electrónicos o los teléfonos móviles de la empresa», simplemente debe dejar de existir”.

El sindicalista de Fiom, Maurizio Landini señaló que “no estamos sólo ante un mal acuerdo, sino ante una situación que no tiene precedentes en este país, quieren terminar con el derecho al trabajo y la libertad sindical, quieren acabar con la libertad de los trabajadores de pronunciarse ante un acuerdo laboral, quieren sindicatos que cumplan los deseos del empresario, no de los trabajadores”.

El cerebro de la política laboral de Fiat y centro de la polémica es su administrador delegado Sergio Marchionne. Un ejecutivo que gana cuatro millones de euros al año más beneficios en stock options que, gracias a la subida del título en Bolsa, superan actualmente los 120 millones de euros. Es decir, un tipo que gana más que todos los trabajadores de Mirafiori juntos, que paga sus impuestos en Suiza y no en Italia, a quien no sólo no le pasa nada si Fiat vende un 17% menos en Europa, sino que sale directamente beneficiado si machaca a los sindicatos, al aumentar el valor del título Fiat en Bolsa5. Mientras tanto, la conflictividad laboral ha sido una constante en la historia empresarial de la Fiat. Un pequeño ejemplo: en la manifestación de apoyo a los trabajadores que se celebró el 13 de enero en Turín, una operaria denunciaba que el 31 de diciembre le entregaron una carta donde le notificaban que a partir de entonces su puesto de trabajo se trasladaba a Milán, a 180 kilómetros.

En cuanto a los políticos gobernantes italianos, los trabajadores no han podido verse más abandonados. El primer ministro Silvio Berlusconi afirmó que si los trabajadores votaban No al referéndum, la empresa "tendría buenos motivos para irse a otros países". Por su parte, el alcalde de Turín, el socialdemócrata Piero Fassino, afirmó que “si fuese trabajador de Fiat votaría Sí”. Sí en cambio, encontraron apoyo en Refundación Comunista (sin representación parlamentaria nacional), en el partido de juez Di Prieto, La Italia de Valores, y en el gobernador de Puglia, Nichi Vendola, líder del nuevo partido Siniestra e Libertà.

Entre los sindicatos, la batalla en la denuncia del acuerdo ha sido llevaba principalmente por la Fiom, la rama metalúrgica de la CGIL, el primer sindicato del país, que no ha dudado en calificar de un chantaje el referéndum. Junto a él se encontraba el minoritario USB. El resto de los sindicatos firmaron el acuerdo el 23 diciembre pasado y pidieron el voto a favor del Sí en el referéndum. La confrontación dominó el debate político no sólo de Turín, sino de casi todo el país. La revista laboral Micromega, perteneciente al grupo La Repubblica, recogió en apenas diez días sesenta mil firmas de apoyo al manifiesto "Sì ai diritti, No ai ricatti" (Sí al derecho, No al chantaje)6, en apoyo al sindicato que lideraba la campaña del No al acuerdo.

Intelectuales italianos de la talla de Gianni Vatimo y Angelo D'Orsi participaron en actos públicos denunciando lo que denominaron extorsión de la Fiat. Ëste último escribía en la primera página del diario Liberazione bajo el título “No son sólo los trabajadores y trabajadoras de Torino”7. Entre citas de Gramsci, acusaba al administrador delegado de Fiat: “Es el señor Marchionne, con su exhibición de jersey azul (su habitual indumentaria), con su fingido, exagerado y exasperante alarde de 'hombre concreto', sin ideología, cosmopolita del capital, es quien impone la guerra social”. Habló de la fábrica de Mirafiori como el corazón, “el centro simbólico de la lucha de clases en Italia, la fábrica por antonomasia: la producción, organización, esfuerzo, lucha”. El conflicto de Mirafiori ha despertado la vieja alianza entre intelectuales y proletarios que llevaba décadas adormecida en Italia. Así apareció “El llamamiento de un grupo de italianos del exterior”. Se trata de un grupo de investigadores que han debido salir de su país víctimas del amiguismo y la corrupción que sufre Italia. En el documento se pronunciaban en solidaridad con la Fiom, el sindicato que decía No al acuerdo: “La Fiom no defiende solo a los trabajadores de Mirafiori, defiende la Constitución, la democracia, la libertad de elección. Defiende, en esencia, la posibilidad de un futuro para nuestro Pueblo, ese que parece cada vez más lejano”8. También apareció otra iniciativa: “Produrre e lavorare meglio, con democrazia. Lettera di 46 economisti sul conflitto Fiat-Fiom” (Producir y trabajar mejor, con democracia. Carta de 46 economistas sobre el conflicto Fiat-Fiom). En ella, los economistas denuncian que “Fiat destinó a inversiones productivas y para la investigación y el desarrollo un porcentaje de facturación significativamente más bajo que sus principales competidores europeos”. Además, mientras se producía una caída de cuota de mercado en Europa del 6,7%, la rentabilidad de los accionistas alcanzó el 33%. Según los economistas, “la Fiat cargó contra los trabajadores el coste de su gestión. Durante los últimos diez años, los puestos de trabajo de la Fiat en todo el mundo cayeron de 74.000 a 54.000 empleados, de los cuales apenas 22.000 trabajan en las fábricas italianas. Además, la cualificación de los trabajadores de Fiat es más baja que la de los competidores, los salarios medios se encuentran entre las más bajas de Europa, y la distancia de la retribución de los altos ejecutivos nunca ha sido mayor: Sergio Marchionne, gana más de 250 veces el salario de uno de los trabajadores”.

La corriente de solidaridad que han despertado los trabajadores de Fiat no deja de aumentar. El 13 de enero unas dos mil personas se manifestaron por la via Garibaldi de Turín, con una temperatura bajo cero, en contra del acuerdo impuesto por la dirección. Precisamente en una ciudad donde pocas semanas antes, la concentración en apoyo a la moción de censura contra Berlusconi apenas logró reunir a unas decenas.

La jornada de votación levantó enormes expectativas en toda Italia. Acosados por los medios, los trabajadores después de votar transmitían su indignación: “He votado Sí porque no soy libre, pero espero que venza el No y la Fiom continúe defendiendo mis erechos”, “Tengo una sola libertad en este lugar de mierda, la libertad de no decir lo que he votado”, “Debía elegir entre ser herido o asesinado. Gane el Sí o gane el No, no veo futuro, de la promesa de Marchionne no me fío”9.

El historiador Angelo D'Orsi ha señalado que la política de la dirección de la Fiat, representa la cara financiera e industrial de Berlusconi, está diseñado específicamente para deshacer los logros históricos del movimiento obrero, logrado a través del sudor y la sangre, e incluso comprimir los salarios que ya son de los más bajos de la región. D'Orsi añadió que “más allá del resultado de la votación en Mirafiori, debemos darnos cuenta de que lo que está en juego tiene valor histórico, tanto en el plano real como en el simbólico, en el que todavía se puede construir el futuro: aunque se pierda la batalla, la guerra acaba de empezar. La movilización por Mirafiori, esta movilización para que no se sientan solos los trabajadores, es un signo alentador. Y confío en que podamos ganarla”.10

Tal y como se preveía, los trabajadores de Fiat-Marifiori, con la clase empresarial y política gobernante en contra, no podían enfrentar con éxito el chantaje y la extorsión de una referéndum bajo la espada de Damocles del cierre de la factoría de Turín, paradojicamente una ciudad que apenas desarrolló el transporte suburbano en un gesto de solidaridad con la Fiat y el automóvil privado. Pero lo del 13 y 14 de enero, como dijo D'Orsi y el filósofo Gianni Vattimo, es sólo una pequeña batalla. El 28 de enero se producirá otro nuevo choque. Ese día, los trabajadores metalúrgicos de toda Italia han convocado un paro nacional q ue intenta abrir un debate sobre el futuro de la industria, el trabajo y la democracia en el lugar de trabajo y en la sociedad italiana.

A la sombra del dinero público

No fue mal año el 2010 para Fiat a pesar de la crisis del sector automovilístico, según los últimos datos hechos públicos por el grupo, antes de terminar el ejercicio. Su previsión para 2010 era de un beneficio de 400 millones de euros11. El grupo ha sabido recoger fondos públicos por donde quiera que iba. En primer lugar del estado italiano, donde ha recogido dinero público desde hace más de un siglo, un comunciado de 46 economistas cifran las ayudas del gobierno desde finales de los ochenta hasta los primeros años de esta década, en 500 millones de euros anuales. Pero también en Serbia, en Polonia, en España para poder cerrar y prejubilar con 52 años a los trabajadores de la planta de Comesa, en la Zona Franca de Barcelona12. Además Fiat hizo caja con miles de millones de la Administración estadounidense 13 al comprar en bancarrota con ayudas estatales parte de Chrysler, y el pasado noviembre The Financial Times reveló que el grupo Fiat fue uno de los mayores beneficiarios de un programa destinado a apoyar, paradójicamente, a las empresas pequeñas y medianas empresas 14

La planta industrial de Mirafiori es uno de los mayores complejos industriales italianos. Ocupa una superficie de 2.000.000 m². En el interior se extienden veinte kilómetros de líneas de ferrocarril y once kilómetros de caminos que conectan los distintos almacenes subterráneos. El conocido edificio de oficinas, que da a la Avenida Giovanni Agnelli, es una construcción de cinco plantas de 220 metros de largo. Fue inaugurada el 15 de mayo de 1939 en presencia de Benito Mussolini.

En España, Nissan

El caso Fiat ha tenido su contraparte en España con la firma Nissan. Los trabajadores de las plantas de esa empresa en la zona franca de Barcelona y Montcada se vieron también en la obligación, el pasado enero, de aceptar cambios en su convenio colectivo como la congelación salarial y un aumento del tiempo efectivo de trabajo, o aceptar que la multinacional se llevase la producción a Sudáfrica o Marruecos.

Sin embargo, en el caso español, no se afectaban del mismo modo que en Fiat los derechos sindicales. El papel de los gobernantes españoles ha sido, al igual que en Italia, de alineación con las propuestas empresariales. El nuevo Conseller conservador de Empresa y Ocupación de la Generalitat catalana, Francesc Xavier Mena, elogió a los sindicatos que aceptaron el recorte y puso a Nissan "como ejemplo" de "por dónde ha de ir el futuro de la economía para ser más competitiva". El ministro socialista español de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, calificó como "muy buena noticia" el anuncio de que los trabajadores aceptaban renunciar a su convenio colectivo. Al igual que la Fiom en Italia, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) no apoyó el recorte social.

Pascual Serrano es periodista. Su último libro es "Traficantes de información. La historia oculta de los grupos de comunicación españoles". Foca. Diciembre 2010

1Il Manifesto, Roma, 15-1-2011

2El Mundo, 26-11-2010 http://www.elmundo.es/elmundomotor/2010/11/26/empresa/1290770899.html

3El Mundo 10-1-2011 http://www.elmundo.es/elmundomotor/2011/01/10/empresa/1294681246.html

4Guglielmi, Carlo. L’accordo di Mirafiori. Ver http://www.forumdirittilavoro.it/leggi-notizia/articolo/2011/01/04/laccordo-di-mirafiori.html

5Larrabeiti, Gorka. Una derrota victoriosa, una victoria derrotada. Rebelion.org, 15-1-2011. Ver http://www.rebelion.org/noticia.php?id=120421

6MicroMega, 4-1-2011 http://temi.repubblica.it/micromega-appello/?
action=vediappello&idappello=391202

7Liberazione, 13-1-2011. Disponible en http://www.controlacrisi.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=10778


8Il Manifesto, 13-1-2011

9Il Manifesto, 15-1-2011

10Liberazione, 13-1-2011. Disponible en http://www.controlacrisi.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1077


11El Mundo, 22-10-2010 http://www.elmundo.es/elmundomotor/2010/10/22/empresa/1287763105.html


12El Mundo, 27-12-2010 http://www.elmundo.es/elmundomotor/2010/12/27/empresa/1293468238.html

13Público, 30-3-2009 http://www.publico.es/dinero/214413/obama-da-un-ultimatum-a-chrysler-y-gm-para-restructurarse

14The Financial Times, 30-11-2010 http://www.ft.com/cms/s/0/ddffb8f8-fbe8-11df-b7e9-00144feab49a.html#axzz1AoycdAVK

Pascual Serrano /Le Monde Diplomatique

Tomado: Rebelión.org

Un juicio de Guantánamo que tendrá lugar en Nueva York

Imagen: Getty
Omar Khadir se declara culpable en Guantánamo ante el Capitán Michael Grant el 25 de octubre de 2010.

El mismo día en que el Presidente Obama lanzó oficialmente su campaña para la reelección, el fiscal general de su gobierno, Eric Holder, anunció que el juicio de los principales sospechosos de los ataques del 11/S no tendrá lugar en tribunales federales, sino mediante polémicas comisiones militares en Guantánamo. Holder culpó a los miembros del Congreso, quienes, según afirmó, "han intervenido e impuesto limitaciones que impiden al gobierno llevar a juicio, en Estados Unidos, a un prisionero de Guantánamo." Sin embargo, un caso de Guantánamo será juzgado en Nueva York. No, no se trata del juicio contra Khalid Sheikh Mohammed, ni de ninguno de sus presuntos cómplices. Esta semana, se expondrán ante la Corte Suprema del estado de Nueva York los argumentos contra John Leso, un psicólogo acusado de participar en procedimientos de tortura llevados a cabo en la prisión de Guantánamo, que Obama prometió clausurar, pero no cumplió.

La causa fue presentada por la Unión por las Libertades Civiles de Nueva York y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés) en representación de Steven Reisner, psicólogo de Nueva York y asesor de Médicos por los Derechos Humanos. En torno a Reisner se agrupa una creciente cantidad de psicólogos que se manifiestan contra la participación de psicólogos en los programas de interrogatorios del gobierno de Estados Unidos, los cuales, en su opinión, equivalen a la tortura. A diferencia de la Asociación Médica Estadounidense y de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense, la Asociación Estadounidense de Psicología, la mayor asociación de psicólogos del mundo, se ha negado a implementar una resolución aprobada por sus miembros que prohíbe a los mismos participar de interrogatorios en lugares donde se viola el derecho internacional o la Convención de Ginebra. El Dr. Reisner es hijo de sobrevivientes del holocausto y se postula a presidente de la Asociación Estadounidense de Psicología, en parte para obligar al cumplimiento de esta resolución.

El Dr. John Francis Leso es comandante del Ejército de Estados Unidos y ex jefe del servicio de psicología clínica del Centro Médico Walter Reed de Washington D.C. Según el comité de Justicia y Responsabilidad, CJA, el Dr. Leso "dirigió el primer Equipo de Asesoramiento en Ciencias del Comportamiento (BSCT, por sus siglas en inglés) en Guantánamo, entre junio de 2002 y enero de 2003." Allí fue "coautor de un memorando de políticas de interrogatorio que incorporaban técnicas ilegales adaptadas a partir de métodos utilizados por los gobiernos de China y Corea del Norte contra los prisioneros de guerra de Estados Unidos."

Reisner entabló una demanda ante el organismo del Estado de Nueva York encargado de otorgar la habilitación a los psicólogos, la Oficina de Disciplina Profesional de Nueva York (OPD, por sus siglas en inglés), por la que solicita se lleve a cabo una investigación y se tomen las medidas disciplinarias que correspondan. Reisner explicó por qué optó por este camino: “Los profesionales de la salud están sujetos a valores morales más altos aún que los interrogadores o los hombres y mujeres del ejército. Están sujetos a un código de ética y este código de ética surge del hecho de que las personas somos más vulnerables ante los profesionales de la salud porque ellos están al tanto de información privada, de debilidades, de problemas psicológicos y físicos, y están al tanto de esa información porque juran no abusar de ella para causar daño. Por lo tanto, cuando profesionales de la salud utilizan esa información y su conocimiento para causar daño, hay que someterlos a sus obligaciones éticas y asegurarse de que esas personas rindan cuentas de sus acciones y se les revoque su licencia de ser necesario.”

La Oficina de Disciplina Profesional de Nueva York se negó a investigar y por ese motivo, Reisner procura obtener una orden judicial que obligue a ese organismo a llevar a cabo una investigación.

El Comandante Leso recomendó tres categorías de intensidad para los interrogatorios en Guantánamo en función de la capacidad de resistencia del prisionero. La “Categoría III” incluye “20 horas de interrogatorio a diario, estricto aislamiento sin derecho a visitas de profesionales de la salud tratantes o del Comité Internacional de la Cruz Roja, restricciones alimenticias durante 24 horas una vez a la semana, escenarios diseñados para convencer al prisionero de que podría pasar por una experiencia dolorosa o fatal, consecuencias físicas no consideradas lesiones, quita de vestimenta y exposición a clima frío o agua fría hasta el momento en que el prisionero comience a temblar.”

Se cree que Leso habría participado en el interrogatorio de Mohammed al-Qahtani, un hombre joven detenido en Afganistán al que llaman el “20º secuestrador.” El interrogatorio de Al-Qahtani fue tan severo que luego fueron retirados los cargos en su contra. Al-Qahtani es representado por el Centro por los Derechos Constitucionales, el cual, en respuesta al anuncio del Fiscal General Holder, afirmó: “El gobierno de Obama ha admitido su fracaso político hoy al anunciar que juzgará a los acusados de los ataques del 11/S mediante el profundamente viciado sistema de comisiones militares en lugar de hacerlo en tribunales civiles según el Artículo III como se había previsto inicialmente. Al mismo tiempo que Estados Unidos exhorta a la aplicación del Estado de derecho en Medio Oriente, lo subvierte en su propia casa.”

Es larga la lista de nombres de funcionarios estadounidenses implicados en la tortura, sin embargo, ni uno solo de ellos ha enfrentado cargos: George W. Bush, Donald Rumsfeld, John Yoo, Alberto Gonzales y los psicólogos Coronel Larry James y John Leso, entre otros. Al tiempo que en todo el mundo se celebra la “primavera árabe”, en Estados Unidos deberíamos dar vuelta otra página y celebrar también una “primavera estadounidense”, una que rechace la tortura y no tenga miedo de hacer uso de su sistema judicial para juzgar terroristas o torturadores.

Amy Goodman

Tomado: Democracy Now.org

Clinton no puede seguir mintiendo. Agradece en la ONU la solidaridad de Cuba en Haití

"Clinton me encargó expresarle su agradecimiento a Cuba por su trabajo en Haití", expresó el jefe de Estado colombiano cuando el ministro cubano concluyó su intervención ante la sesión del
Consejo

El ex presidente estadounidense William Clinton resaltó hoy la importancia de la colaboración de Cuba con Haití, país devastado por un terremoto en enero de 2010.

El reconocimiento fue transmitido al canciller cubano, Bruno Rodríguez, por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, durante una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dedicada a la reconstrucción de Haití.

Clinton me encargó expresarle su agradecimiento a Cuba por su trabajo en Haití, expresó el jefe de Estado colombiano cuando el ministro cubano concluyó su intervención ante la sesión del Consejo de Seguridad.

El ex gobernante norteamericano, quien participó en la primera parte de la reunión, ostenta también la responsabilidad de enviado especial de la o­nU para Haití.

En estos momentos, el programa de cooperación impulsado por la isla caribeña en Haití cuenta con mil 117 colaboradores de la salud, 923 de los cuales son cubanos y 201 de varios países graduados en Cuba, incluidos jóvenes haitianos


Canciller cubano critica la injerencia del Consejo de Seguridad en Haití

Bruno Rodríguez señaló que la situación humanitaria de Haití no compete al Consejo de Seguridad sino a la Asamblea General, “de quien usurpa frecuentemente, como ahora, sus facultades”

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, opinó hoy que la misión de paz que Naciones Unidas tiene desplegada en Haití (Minustah) no debe “inmiscuirse” en asuntos internos de ese país, cuya situación humanitaria tampoco consideró competencia del Consejo de Seguridad de la o­nU.
“Haití no precisa de una fuerza de ocupación. No es, ni puede convertirse, en un protectorado de Naciones Unidas”, dijo Rodríguez, durante su intervención en la sesión especial del Consejo de Seguridad celebrada, bajo presidencia colombiana, para estudiar el ritmo en la reconstrucción del país antillano.

A su juicio, el papel de la o­nU en Haití, devastado por un fuerte terremoto el 12 de enero de 2010 y luego por una epidemia de cólera, “es apoyar al Gobierno y al pueblo haitianos en la consolidación de su soberanía y autodeterminación”.

“Las fuerzas de la Minustah han estado en ese país para un mandato muy específico de promoción de la estabilidad, que debió y debe respetarse con rigurosidad”, defendió el político cubano, quien no cree que la misión de paz de la o­nU tenga “prerrogativas políticas para inmiscuirse en asuntos internos que sólo competen a los haitianos, ni debe hacerlo”.

“No puede aceptarse que (la Minustah) sea partícipe de las opciones electorales o que presione a las autoridades soberanas en un sentido u otro. Tampoco tiene ninguna autoridad para hablar a nombre de Haití”, dijo durante su intervención en la reunión del Consejo de Seguridad de la o­nU.

Rodríguez también señaló que la situación humanitaria de Haití no compete al Consejo de Seguridad sino a la Asamblea General, “de quien usurpa frecuentemente, como ahora, sus facultades”.

“No es ésta una cuestión que amenace la paz y la seguridad internacionales, ni que se resuelva con fuerzas militares concebidas para operaciones de mantenimiento de la paz”, apuntó.

Consideró también que “son conocidas también las serias consecuencias de las omisiones, excesos, dobles raseros y procedimientos antidemocráticos que padece este Consejo”.

Para Cuba, los problemas que vive Haití vienen de “siglos de saqueo colonial y neocolonial, subdesarrollo, imposición de una de las dictaduras más largas y sangrientas de la región e intervención extranjera”.

“Haití necesita recursos para la reconstrucción y el desarrollo. Requiere compromiso humanitario y no injerencia ni manipulación política”, argumentó Rodríguez, quien reclamó “un mínimo de generosidad en vez de tanto egoísmo”.

El 31 de marzo del año pasado 150 gobiernos y otros agentes internacionales se comprometieron a aportar 9.000 millones de dólares para la recuperación y la reconstrucción de Haití y que en los dos primeros años se desembolsarían en torno a 5.000 millones.

El canciller cubano recordó que el compromiso era canalizar esa la ayuda “con pleno apego a las prioridades del Gobierno haitiano” y denunció que no se ha producido de esa manera, Agregó que lo ocurrido “no ha sido consistente con el espíritu” que primó entonces, y que “muchos de los autoproclamados principales donantes continúan dedicando exorbitantes recursos a la guerra y la intervención militar”.

Respecto a la aportación particular de Cuba, su canciller detalló que se han concentrado los esfuerzos -en coordinación con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)- en la salud pública, “el área que más impacto puede lograr” y un elemento clave de “sostenibilidad y estabilidad social”.

A la sesión del Consejo asisten el secretario general de la o­nU, Ban Ki-moon, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el presidente de Haití, René Preval, y el enviado especial de Naciones Unidas para Haití, el expresidente estadounidense Bill Clinton.

Kaos. Cuba | Radio del Sur

Tomado: KaosenlaRed.net

Tribulaciones libias

Imagen:  Página 12

La oposición a Khadafi está pasando malos momentos pese a los bombardeos. Por su parte, la Casa Blanca y la OTAN no están libres de preocupaciones: se ha descubierto que en las filas rebeldes hay elementos de Al Qaida. Así lo admitió el almirante James Stavridis, jefe de las operaciones conjuntas en Libia, aunque subrayó que “la conducción está integrada por gente responsable” (//washingtonexaminer.com, 29-2-11). Se refería, sin duda, al primer ministro del Consejo Libio de Transición, Mahmoud Jibril, ex mano derecha del dictador y ex director de la Junta Nacional de Desarrollo Económico desde 2007, que impulsó la inversión extranjera –en particular de capitales estadounidenses y británicos– y las privatizaciones en el país africano. Parece que hace apenas unas semanas descubrió que Khadafi es un tirano de la peor especie.

Jibril, doctorado en la Universidad de Pittsburgh, resulta desde luego muy confiable para los intereses petroleros foráneos. No es el único: Ali Tahroumi, ministro de Finanzas del gobierno provisional y encargado de los asuntos relativos al oro negro, volvió a Libia hace un mes tras 35 años de exilio procedente de EE.UU., donde ocupaba una cátedra de la Universidad de Washington. Hay más gente responsable.

Galifa Hifter, ex coronel del ejército, fue designado jefe militar de los rebeldes. Regresó de EE.UU. después de 20 años de ausencia; encabeza el llamado Ejército Libio Nacional, un grupo opositor con asiento en Virginia, y se sospecha que es un “agente dormido” de la CIA (www.mcclatchydc.com, 26-3-11). Los tres son apenas algunas piezas de la oposición, un mosaico variopinto que no mucho tiene que ver con los centenares de miles de libios que empezaron a salir a la calle a mediados de febrero, hartos ya del déspota.

Trascendió que el Departamento de Estado enviaría a Benghazi a Chris Stevens, ex número 2 de la embajada estadounidense en Trípoli, a fin de “trabajar con los opositores, hacerse una mejor idea de sus necesidades, evaluar cómo los podemos ayudar y completar la imagen que de ellos tenemos y llenar así las lagunas de lo que sobre ellos sabemos” (EFE, 30-3-11). En realidad, las lagunas son pocas.

“El grupo principal que dirige la insurrección es la Conferencia Nacional de la Oposición Libia (NFSL, por sus siglas en inglés). Lidera la lucha y es una milicia armada auspiciada por EE.UU. que integran sobre todo expatriados y tribus opuestas a Kadafi www.axisoflogic.com/ 17-3-11). Otro enemigo del dictador: el Grupo Combatiente Libio-Islámico (LIFG, por sus siglas en inglés), fundado en 1995 por mujaidines que lucharon contra la ex URSS en Afganistán, se dedica desde entonces a derrocar a Khadafi, pero algunos se han unido a Al Qaida “para lanzar la Jihad contra los intereses libios y occidentales en todo el mundo”. En febrero de 2004, el entonces director de la CIA George Tenet testificó ante el Comité de Inteligencia del Senado y señaló que “una de las amenazas más inmediatas (a la seguridad de EE.UU.) proviene de pequeños grupos internacionales de extremistas sunnitas vinculados con Al Qaida. Incluyen al LIFG” (www.cdi.org, 18-1-05).

El LIFG merece ciertamente atención. Combate a Khadafi porque lo considera al frente de “un régimen apóstata que ha blasfemado contra el Señor Todopoderoso”. Su acción más notoria fue el intento fallido de asesinarlo en febrero de 1996, en el que murió gente de los dos bandos. No se pudo confirmar que el MI15 financiara el ataque, como denunció David Shayler, ex agente de ese Servicio de Inteligencia británico: en cambio, un estudio publicado en el Terrorism Monitor, de la Jamestown Foundation, revela que “el LIFG recibió hasta 50.000 dólares del terrorista saudita (Bin Laden) por cada uno de sus militantes caídos” (www.jamestown.org, 5-5-05).

El presidente de Chad, Idriss Deby Itno, “manifestó que Al Qaida ha saqueado arsenales militares y comprado armas en la zona libia rebelde, incluso misiles tierra-aire, que después contrabandeó a sus santuarios” (www.dailytelegraph.com, 25-3-11). Resulta que EE.UU., Gran Bretaña y Francia son ahora camaradas de armas del LIFG, “el elemento más radical de la red de Al Qaida. La secretaria de Estado Hillary Clinton admitió los riesgos de esta alianza non sancta en una audiencia parlamentaria: señaló que la oposición libia es probablemente más antiestadounidense que Khadafi” (//newamericamedia.org, 20-3-11).

¿Entonces?

Tal vez lo haya explicado inadvertidamente Denis McDonough, vicedirector de Seguridad Nacional del presidente Obama: en una conferencia de prensa que se realizó el lunes pasado, declaró que “la Casa Blanca no toma decisiones sobre asuntos como una intervención basada en precedentes. Las tomamos basados en cómo podemos promover mejor nuestros intereses en la región” (www.whitehouse.gov, 28-3-11). ¿Esto significa que los bombardeos aliados sólo empezaron cuando los rebeldes llegaron a controlar vastos territorios de Libia y a ocupar ciudades y puertos petroleros clave, y se aprestaban a apoderarse de la cuenca del Buraiqa, repleta de oro negro? ¿Aunque Al Qaida estuviera metida en el frente opositor? ¿Y qué harán la Casa Blanca y la OTAN si, como parece posible, el dictador aplasta la rebelión? ¿Invadir? ¿Negociar? ¿Dejar a Khadafi en su puesto?

Juan Gelman

Tomado: Página 12.com.ar

Pesadilla aliada: Repetir en Libia los errores de Irak

Los aliados esperan un rápido éxito de la rebelión en Libia, pero su obsesión es otra: evitar que se repitan los errores cometidos en Afganistán y en Irak, donde algunos de ellos están presentes diez años ya tras haber creído en victorias militares
relámpago.

Aunque los casos se parezcan, no son similares. Si en Libia hay milicianos autoproclamadas con poca disciplina, están lejos de ser los muyaidines del comandante Masud o los talibanes afganos, combatientes aguerridos y decididos. Ni siquiera Muamar Kadafi puede compararse con Sadam Husein.

Asimismo, escaldado por los precedentes afgano e iraquí, el triunvirato franco-estadounidense-británico excluye esta vez desplegar tropas en tierra y promueve una transición política, sobre lo que se habló el martes en Londres.

El espectro de una victoria pírrica acosa sin embargo los espíritus de los estrategas. Lo prueba la línea roja trazada el lunes por el presidente Barack Obama, que excluyó derrocar por la fuerza a Muamar Kadafi, a diferencia de lo que sucedió hace unos años en Irak con Sadam Husein. En Irak, recordó Obama, "el cambio de régimen tomó ocho años, costó miles de vidas estadounidenses e iraquíes y unos 1.000 millones de dólares". Los aliados no pueden "permitir que eso se reproduzca en Libia", insistió.

Muchos aún recuerdan la inscripción 'Misión cumplida' que se leía detrás de George W. Bush durante su discurso de victoria a bordo del portaaviones nuclear estadounidense 'Abraham Lincoln'. Era el 1 de mayo de 2003, 42 días después de los primeros bombardeos aéreos contra Bagdad. Unos meses después, las bajas estadounidenses se contaban por decenas, las primeras de una larga lista.

La misma ilusión de victoria sentían los aliados a finales de 2001 en Afganistán, cuando las ruinas del World Trade Center de Nueva York aún humeaban. El 7 de diciembre, dos meses después de los primeros bombardeos, los talibanes evacuaban su bastión de Kandahar. Ya habían dejado Kabul. Diez años después, 132.000 soldados extranjeros, entre ellos 90.000 estadounidenses, siguen enfrentándose al desafío de unos miles de irreductibles insurgentes y la estabilidad de Afganistán parece incierta.

"Ganamos la guerra y perdimos la paz", según la fórmula de Dominique Moisi, del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI).

En Estados Unidos, la advertencia quedó grabada. A finales de febrero, Robert Gates, secretario de Defensa de Barack Obama, cargo que ocupó también con George W. Bush, y ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), pronunció un discurso en la academia militar de West Point. "Todo futuro secretario de Defensa que aconseje al presidente enviar nuevamente una amplia fuerza terrestre estadounidense a Asia, Oriente Medio u África 'debería hacerse examinar el cerebro', para retomar la delicada expresión del general MacArthur", advirtió.

En el caso libio, sin embargo, el rechazo a desplegar tropas de infantería aumenta la incertidumbre. Todo es posible, una victoria de los rebeldes, la escisión del país entre este y oeste o la caída del régimen.

Frente a esta incertidumbre, Dominique Moisi subraya las fragilidades de una coalición formada con prisa y sin "objetivos políticos claros". Franceses y británicos, observa, llaman a Kadafi a que deje "inmediatamente" el poder cuando otros se apegan a lo que dicta la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU: la protección de la población civil.

Otros riesgos para los aliados, según Francois Heisbourg, de la Fundación para la Investigación Estratégica, es la de verse obligados a "interferir en el juego político libio tras haber contruibuido en la caída de Kadafi" o atascarse en una operación humanitaria incierta.

Hervé Asquin / AFP

Tomado: IAR noticias.com