Dos hombres, del delta del Níger a la Amazonia

Dos hombres marcados por el libre mercado, del delta del Níger a la Amazonia Ken Saro-Wiwa y Alberto Pizango nunca llegaron a conocerse, pero los une la pasión por la preservación de su pueblo y su tierra, y el fervor con el que fueron perseguidos por sus respectivos gobiernos. Saro-Wiwa fue ejecutado por el gobierno nigeriano el 10 de noviembre de 1995. Pizango fue acusado esta semana por el gobierno peruano de sedición y rebelión y evitó la captura por poco, al refugiarse en la Embajada de Nicaragua en Lima. Nicaragua acaba de otorgarle asilo político. Dos líderes indígenas –uno vivo, el otro muerto–, Pizango y Saro-Wiwa, demuestran que la efectiva oposición popular al poder de las corporaciones puede tener costos personales. La familia de Saro-Wiwa y de otras víctimas acaban de lograr un acuerdo judicial sin precedentes en un tribunal federal de Estados Unidos, que pone fin a una batalla de 13 años contra Shell Oil. La odisea de Pizango recién comienza. Perú y Nigeria están muy lejos en el mapa, pero ambos tienen abundantes recursos naturales, de los que Estados Unidos y otras naciones industrializadas están sedientos. El delta del Níger es uno de los yacimientos petrolíferos más productivos del mundo. Shell Oil comenzó a extraer petróleo allí en 1958. Al poco tiempo, los pueblos indígenas del delta del Níger comenzaron a sufrir la contaminación de su medioambiente, la destrucción de los bosques de manglares y el agotamiento de la población de peces que era su sustento. Las llamaradas producidas por la quema de gas iluminaban constantemente su cielo, contaminando el aire y negando a generaciones la posibilidad de ver una noche oscura. El saqueo al que estaba siendo sometida la tierra tradicional de los Ogoni en el delta del Níger inspiró a Saro-Wiwa a liderar una campaña internacional no violenta contra Shell. Por su compromiso, Saro-Wiwa fue arrestado por la dictadura nigeriana, sometido a un juicio simulado y colgado con otros ocho activistas Ogoni. Estuve en el delta del Níger y Ogonilandia en 1998, donde conocí a la familia de Ken. Su padre, Jim Wiwa, no tenía pelos en la lengua: “Shell fue la primera persona que el gobierno nigeriano utilizó para saquear nuestra propiedad, para quemar nuestras casas (…) Shell tiene las manos manchadas de sangre en el asesinato de mi hijo”. Los familiares demandaron a Shell Oil, acusándolo de ser cómplice de las ejecuciones. Les otorgaron una audiencia en un tribunal estadounidense en virtud de la ley sobre Responsabilidad Civil por Hecho Ilícito Reclamada por Extranjero (Alien Torts Claim Act), que permite que extranjeros presenten cargos contra un delincuente en tribunales estadounidenses cuando las acusaciones son por crímenes de guerra, genocidio, tortura, o, como en el caso de los Nueve de Ogoni, ejecución sumaria extrajudicial. A pesar de los esfuerzos de Shell para que se desestimara el caso (Wiwa contra Shell), el juicio fue programado en un tribunal federal de Nueva York hace dos semanas. Tras varias demoras, Shell llegó a un acuerdo para pagar 15 millones y medio de dólares. El hijo de Saro-Wiwa, Ken Wiwa, dijo: “Ahora tenemos la oportunidad de ponerle un punto final al triste pasado y enfrentar el futuro con algo de esperanza, con la esperanza de que lo que hicimos aquí habrá ayudado a cambiar la forma en que las empresas ven sus actividades en el exterior. Y esperamos que se forje la confianza. Nuevamente nos dirán que necesitamos centrarnos en las necesitdades de desarrollo de la gente. Creo, y ojalá sea así, que hemos dado muestras, hemos dado el ejemplo de que, con suficiente compromiso con la no violencia y el diálogo, es posible comenzar a construir algún tipo de jusiticia creativa. Y esperamos que la gente tome estas señales y presione para que se den ejemplos similares de justicia, para que las comunidades y todas las partes involucradas en los lugares donde hay producción petrolera puedan beneficiarse mutuamente de la producción petrolera, en lugar de generar la explotación y degradación del medio ambiente”. Las poblaciones indígenas peruanas han protestado en forma pacífica desde abril, con bloqueos de carreteras, una táctica popular. El llamado Acuerdo de Promoción Comercial Estados Unidos-Perú es el tema en disputa, ya que anularía las protecciones a la tierra indígena y les otorgaría acceso a las empresas extranjeras para la extracción de recursos. Esta semana, testigos afirman que las fuerzas especiales de la policía peruana llevaron a cabo una masacre en uno de los bloqueos. Alberto Pizango, el líder de la organización nacional indígena, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, acusó al gobierno del Presidente Alan García de ordenar el ataque: “Nuestros hermanos están acorralados ahí. Yo quiero responsabilizar al gobierno. Vamos a reponsabilizar al gobierno de Alan García por ordenar el genocidio. (…) A los pueblos indígenas nos han dicho que somos antisistema. Pero no, nosotros queremos el desarrollo pero desde nuestras perspectivas, que se cumpla el convenio 169 donde dice que a nosotros nos tienen que consultar y estas consultas no se han hecho en el Perú. Yo me siento ahorita no solamente perseguido, sino que mi vida está en peligro, porque defiendo el derecho de los pueblos. Y solamente por defender mi derecho legítimo, que tienen los pueblos, yo ahora me siento que estoy perseguido." Ken Saro-Wiwa me dijo en 1994, justo antes de regresar a Nigeria, “En lo que a mí respecta, soy un hombre marcado”. Alberto Pizango se enfrentó al poderoso gobierno peruano y a los intereses empresariales que este gobierno representa. Pizango es ahora un hombre marcado, pero sigue con vida. ¿La comunidad internacional va a permitir que él y el pueblo indígena que representa, sufran el mismo destino que Ken Saro-Wiwa y el pueblo Ogoni? Denis Moynihan colaboró en la investigación de esta columna. Amy Goodman Tomado de Democracy Now

PRIVATIZACION DE LA AMAZONIA EN PERU

ANTE LAS PROTESTAS POR LAS NORMAS QUE PROMUEVEN LA PRIVATIZACION DE LA AMAZONIA EN PERU

El Congreso suspende leyes de la selva

Tras la represión a los indígenas, el oficialismo junto al fujimorismo y la derechista Unidad Nacional decidieron dar marcha atrás con dos leyes que los aborígenes rechazan porque ponen en riesgo sus tierras. Las marchas siguen en pie. El gobierno peruano dio ayer un paso atrás en un intento por descomprimir la tensión que se vive en la Amazonia y desactivar la huelga y las marchas convocadas para hoy en todo el país, en protesta por la violenta represión contra los indígenas de la selva peruana, que el viernes pasado dejó una cantidad de muertos todavía indefinida, que entre nativos y policías superaría el medio centenar. En el Congreso, el oficialismo, con el apoyo de sus aliados del fujimorismo y de la derechista Unidad Nacional, decidió dejar en suspenso la vigencia de dos de las nueve leyes que promueven la privatización de la Amazonia y que los indígenas rechazan porque ponen en riesgo sus tierras ancestrales. Pero la rebelión indígena, que ha ganado apoyo en importantes sectores políticos, sociales y sindicales, no cedió. La convocatoria a la huelga amazónica y a las marchas de protesta en Lima y las principales ciudades del país fue ratificada luego de conocerse la decisión del Congreso de suspender, pero no derogar, las llamadas “leyes de la selva”. Los indígenas mantenían bloqueadas varias vías, entre ellas la importante carretera que une las ciudades de Yurimaguas y Tarapoto. Ayer, el enfrentamiento se trasladó al Parlamento. Durante cinco horas, el oficialismo y la oposición, encabezada por el Partido Nacionalista (PN), se enfrascaron en un intercambio de acusaciones y ataques. Los gobiernistas acusaron a los nacionalistas de “promover la violencia” y de “manipular a los indígenas” para “desestabilizar la democracia”. La oposición, que insistió en todos los tonos para que las cuestionadas leyes sean derogadas, acusó al gobierno de desconocer los derechos de los indígenas para favorecer a las transnacionales y exigió una comisión investigadora independiente para determinar responsabilidades por la violenta represión contra los nativos amazónicos y la cantidad de indígenas muertos. El gobierno sólo admite nueve muertes entre los indígenas, pero las informaciones llegadas desde la zona de la matanza hablan de más de treinta muertos y en la Amazonia ha comenzado a correr la versión de que los nativos muertos serían más de cien. Pobladores de la zona aseguran haber visto helicópteros arrojando cadáveres a los ríos. Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han condenado la violencia contra los indígenas y exigido una investigación de lo ocurrido. Las Naciones Unidas expresaron su “profunda preocupación” por los violentos sucesos en la Amazonia peruana. Aprobada la suspensión de las leyes sobre la Amazonia por 57 votos a favor y 47 en contra, se de- sató el escándalo. Los congresistas del PN protestaron indignados y tomaron el centro del hemiciclo con cartelones y gritos en apoyo a los indígenas y exigiendo la derogatoria de las cuestionadas leyes, que ya han sido calificadas como inconstitucionales por dos comisiones del propio Congreso y por la Defensoría del Pueblo, opiniones que la mayoría no quiso tomar en cuenta. Varios parlamentarios levantaron frente a la mesa de la presidencia del Congreso una gran banderola en la que se podía leer “Tierra y agua no se venden. Escuchen a los pueblos andinos y amazónicos”. Las congresistas Hilaria Supa y María Sumire, representantes de los pueblos indígenas andinos, se sentaron, vestidas con trajes típicos de sus comunidades, en medio del hemiciclo exhibiendo carteles escritos a mano en los que se pedía “por la vida, la paz y la democracia. No más muertos por nuestros recursos”. Los parlamentarios nacionalistas colocaron en medio del recinto una corona de plumas de un Apu (jefe) indígena y encendieron velas, en señal simbólica de apoyo a los nativos amazónicos. Los congresistas decidieron pasar toda la tarde y la noche en el Congreso, en una vigilia de protesta contra el gobierno. “La selva no se vende, la selva se defiende”, era una de las consignas más escuchadas que salían desde el hemiciclo parlamentario. “La suspensión de las leyes en lugar de su derogatoria es una maniobra del gobierno para que los indígenas se desmovilicen y luego esas leyes se vuelvan a poner en vigencia. Pero los indígenas no van a caer en esa trampa. Estas leyes son parte esencial del proyecto neoliberal y autoritario del gobierno. Los indígenas han aparecido para enfrentar este proyecto y por eso son reprimidos y satanizados por el gobierno”, le señaló a Página/12 Róger Rumrrill, escritor e investigador sobre la Amazonia peruana. El oficialismo y la oposición se acusaron mutuamente por la violencia que podría darse en la selva por la protesta indígena. Carlos Noriega Tomado de Página 12