La UE dio luz verde al fuerte ajuste fiscal

Los socios que no ratifiquen el tratado no

tendrán acceso a ayudas del fondo de rescate europeo.

Los 25 socios firmantes del texto se comprometen a seguir el principio de equilibrio presupuestario de sus cuentas públicas. Sobre este punto, el eje franco-germano consiguió que se le dé rango constitucional.

Los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea (UE) se reunieron ayer en Bruselas, en una cumbre que estuvo signada por una huelga general belga, para aprobar el nuevo tratado que refuerza la disciplina fiscal en la Zona Euro. Esta iniciativa es impulsada por Alemania y el Banco Central Europeo. El objetivo del acuerdo no es otro que ganar la confianza de los mercados financieros y evitar nuevas crisis de deuda con una mayor disciplina presupuestaria. Finalmente, según informó el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, el tratado llevó la firma de 25 de los 27 socios de la UE. El Reino Unido ya había anunciado que no participaría y la República Checa no lo suscribió. Muy suelto de ropa, el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, reconoció que su pretendida reforma laboral podría culminar en la convocatoria a una huelga general.

Aunque Praga no tiene objeciones de fondo al acuerdo, según adelantó el primer ministro sueco, Frederik Reinfeld–responsable del anuncio de la negativa del país que gobierna Vaclav Klaus– teme que la ratificación parlamentaria demore años. Una diferencia entre Francia y Polonia, que se zanjó finalmente, había puesto en riesgo además la firma de Varsovia. Es que el primer ministro polaco, Donald Tusk, exigía que los países que aún no adoptaron el euro pudiesen participar de algunas cumbres de la Eurozona, algo a lo que París se opuso. Los 25 socios firmantes del texto se comprometen a seguir el principio de equilibrio presupuestario de sus cuentas públicas. Sobre este punto, el eje franco-germano reclamó que se le dé rango constitucional.

A partir de ahora las constituciones nacionales de los socios de la UE deberán incorporar la regla de que el déficit presupuestario sea menor o igual al 0,5 por ciento del producto interno bruto (PIB). Los socios que no ratifiquen el tratado no tendrán acceso a ayudas del fondo de rescate europeo, que también se aprobó ayer. Los países incumplidores podrían incluso tener que comparecer ante el tribunal de Justicia de la UE. España, como recordó Rajoy en su intervención en la cumbre europea, ya lo incorporó a su Carta Magna.

El borrador del tratado aprobado incluía la institución de sanciones automáticas para los países que incumplieran esa barrera, la fijación de límites legales al endeudamiento nacional en cada Estado socio y la aplicación de sanciones monetarias de hasta el 0,1 por ciento del PIB contra el país que no cumpla con lo estipulado. El dinero obtenido de esas sanciones iría para el Mecanismo Europeo de Estabilidad de la Zona Euro (MEDE). Este fondo está dotado con 500.000 millones de euros (alrededor de 656 mil millones de dólares). En marzo se decidirá si eventuales nuevas crisis de deuda en Italia o España exigen su incremento.

Se especula con la posibilidad de llevarlo a 750.000 millones combinándolo con el ya vigente fondo especial de rescate. La perspectiva económica en la Unión Europea es muy compleja y en especial en la Zona Euro. El Fondo Monetario Internacional (FMI) espera que España entre en recesión este año y quizás el próximo. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, abogó en los últimos días por aumentar la dotación y capacidad del MEDE.

La declaración de la primera cumbre de líderes de la UE de 2012 reconoce que, pese a “signos preliminares de estabilización económica, las tensiones en los mercados financieros continúan dificultando la actividad económica y la incertidumbre sigue siendo alta”. Luego afirma que la consolidación fiscal no basta para recuperar el crecimiento y el empleo, y declara la necesidad de “modernizar nuestras economías y reforzar nuestra competitividad para garantizar un crecimiento sostenible”.

Para reducir el desempleo, objetivo que se proclama prioritario, los líderes europeos prefieren llevar adelante reformas laborales que ajusten los salarios a la productividad en vez de impulsar el crecimiento con medidas anticíclicas. El mismo Rajoy reconoció ayer que es absolutamente consciente de que habrá partes de su reforma laboral que no gustarán a empresarios y sindicatos y que tiene presente también que al PSOE le hicieron una huelga general con una reforma que no sirvió para nada. En rueda de prensa, tras participar en su primer Consejo Europeo, el mandatario pidió que prime el sentido común cuando el gobierno apruebe la reforma laboral, dentro de dos semanas.

Durante una conversación informal que mantuvo con el primer ministro finlandés, Jyrki Katainen, antes del inicio de la cumbre de la UE, Rajoy asumió que la reforma laboral que tiene pensado aprobar le costará la convocatoria a una huelga general. Actualmente, la tasa de desocupación juvenil en España trepa al 45 por ciento. Mientras tanto, un paro general de las centrales sindicales paralizó Bélgica para repudiar al gobierno del primer ministro socialdemócrata, Elio Di Rupo, quien intenta imponer un ajuste de acuerdo con las recetas de la UE. El ajuste anunciado por Di Rupo se traduce en recortes y freno a las inversiones públicas, por lo que la huelga general convocada tuvo un alto acatamiento y fue particularmente intensa en los transportes, que se suman a una fuerte tormenta de nieve.

Tomado: Página 12.com.ar

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La complicada madeja de apoyos financieros “bi” y multilaterales fue acordada actuando contrarreloj, porque los referentes comunitarios se habían autoimpuesto mostrar “el humo blanco” del acuerdo antes de que abrieran las Bolsas asiáticas, para demostrar “capacidad de reacción” a los mercados luego de una semana funesta. Los primeros indicios dibujaron una sonrisa en los agotados rostros de ministros y asesores: Hong Kong abría la rueda del lunes con una suba del uno por ciento respecto del cierre del viernes anterior, y en Tokio el euro exhibía con orgullo una recuperación del 0,6 por ciento contra el dólar y del 1,7 por ciento contra el yen, siempre respecto del último valor del viernes pasado. No es mucho, pero más que suficiente para quienes saben que están peleando, a la vez, contra la marcha del reloj, contra una ola especulativa manejada por poderosos fondos financieros y, por qué no, contra su propia impotencia. 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Vale señalar que los países de la zona euro no sólo pelean contra sus propios problemas de insolvencia, sino además contra un cada vez más evidente ataque de capitales especulativos que apuestan a hacerse con una fortuna en caso de caer en desgracia la moneda comunitaria. La puesta al borde del default de Grecia ya les rindió suculentos dividendos. El mecanismo de rescate acordado por los Veintisiete consta de varios elementos. El primero de ellos es una facilidad comunitaria de ayuda a la balanza de pagos por valor de 60.000 millones de euros, con los recursos propios de la Unión Europea como garantía. Dicha facilidad se activaría cuando un país tuviera una necesidad de divisas para cumplir sus compromisos externos, porque los ingresos por exportaciones y entrada de capitales financieros fueran insuficientes para el pago de importaciones y servicios de deuda, por ejemplo. En caso de que esa cantidad no bastara, porque se viera desbordada por la demanda de los países en problemas de pago, los Estados de la eurozona (son dieciséis, incluido Grecia) se han comprometido a garantizar préstamos bilaterales por un monto de hasta 440.000 millones de euros más. El gobierno del Reino Unido, a través de su ministro de Finanzas, Alistair Darling, había anticipado antes de ingresar a la reunión que su país no estaba dispuesto a aportar recursos financieros para atender urgencias de otros países con problemas de desequilibrio fiscal. Gran Bretaña, siendo uno de los países más poderosos de la Unión Europea, no utiliza el euro como moneda, sino que mantuvo la libra esterlina. De allí la diferenciación en el aporte de “los Veintisiete” miembros de la Unión Europea (donde sí está Gran Bretaña) respecto del compromiso que asumen “los Dieciséis” de la zona euro, que son los que comparten la moneda común. Estos últimos, sin moneda “propia”, tienen restringida la posibilidad de devaluar para mejorar su posición de balanza de pagos (medida que desalienta la importación, y alienta la exportación y la entrada de capitales financieros). Hay más condimentos en el paquete. Según anunció el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, el Fondo Monetario Internacional ha confirmado que podría aportar créditos por un valor de al menos la mitad de lo aportado por Europa (250.000 millones de euros). En su expresión máxima (en caso de extrema necesidad), el paquete total que tendrían a disposición los países de la zona euro con problemas de pagos alcanzaría así a 750.000 millones de euros, siempre en programas a tres años y sujeto a las estrictas condiciones del FMI. Tal como fue concedido a Grecia y como exigía Alemania que se hiciera extensivo a todos los casos futuros. 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