El ex primer ministro de Islandia niega su responsabilidad en la crisis bancaria

Haarde es el primer político en ser juzgado por un tribunal especial
| El ex primer ministro llega al juzgado con su mujer,
 Inga Jona Thordardottir

En caso de ser condenado, el político podría enfrentarse a una pena de dos años de prisión.

 El ex primer ministro de Islandia, Geir Haarde, ha rechazado hoy, durante la comparecencia ante un tribunal especial, las acusaciones de poner en riesgo los intereses del Estado al no prevenir la colosal crisis bancaria que sufrió el país en 2008, según informan medios locales.

Haarde es el primer político en ser juzgado por un tribunal especial creado en 1905 para juzgar a ministros. Hasta la fecha nunca se había recurrido a esta corte. De acuerdo con la acusación, Haarde se enfrenta a cargos por negligencia al no haber actuado cuando las entidades Kauthing, Landsbanki y Glitnir se vieron al borde de la bancarrota.

En caso de ser condenado, el hombre de 60 años podría enfrentarse a una pena de dos años de prisión. Haarde, ex líder del conservador Partido Independiente presentó en enero de 2009 su dimisión tras el colapso de los tres mayores bancos de la isla, en el Atlántico. Durante la crisis financiera global de 2008 los bancos islandeses acumularon una deuda que superaba diez veces el producto interior bruto (PIB) del país, de acuerdo con algunas estimaciones.
Tanto en vistas previas como en declaraciones anteriores, Haarde ha insistido en su inocencia y en calificar de "farsa" el juicio, que considera un proceso político. La acusación ha llamado a declarar a cerca de 60 personas, entre las que figuran altos cargos del gobierno de Haarde y del actual Gobierno, empezando por la primera ministra, la socialdemócrata Jóhanna Sigurdardóttir. La defensa centrará su estrategia en que Haarde no podía intervenir en la actividad de los bancos y que la Fiscalía debe demostrar que efectivamente sus decisiones llevaron al "crac" bancario.

El Althingi (Parlamento islandés) dio luz verde en septiembre de 2010 a que Haarde fuese llevado a los tribunales, siguiendo el consejo de la comisión parlamentaria de investigación, aunque no hizo lo mismo con otros tres ex ministros de su gabinete, dos de ellos socialdemócratas.

Reikiavik. (Redacción/Agencias).-

Tomado: La Vanguardia.com

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Flexibilizar el trabajo

Caricatura: El Roto

La propuesta de Monti en Italia.

La polémica sobre el mentado “artículo 18” en Italia podría estar llegando al punto final. Y los que pagarían una vez más podrían ser los que están peor. Quienes defienden esta reforma, incomprensiblemente contradictoria para muchos, hablan de que “todos se beneficiarían”, empresarios y trabajadores, y de que así se cumpliría con la flexibilización del mercado laboral solicitada repetidamente por la Unión Europea.

Según la prensa italiana, el gobierno de Mario Monti y algunos exponentes sindicales no verían con demasiados malos ojos el hecho de eliminar la vigencia del artículo 18, sólo para aquellos que hoy tienen trabajos precarios, es decir que son semidesocupados. De concretarse esta reforma, esos jóvenes podrían entrar a trabajar a una empresa, pero durante tres o cuatro años correrían el riesgo de quedar nuevamente en la calle.

Aunque para entender esta maraña hay que ir por partes. El artículo 18 del estatuto de trabajadores italiano ofrece al empleado una serie de garantías para no ser dejado cesante fácilmente. Se aplica a las empresas con más de 15 empleados y si son agrícolas, con más de cinco. Dispone que el trabajador sea reintegrado en su trabajo si se demuestra que no hubo una justa causa para echarlo, o bien que sea indemnizado por los daños que se le ocasionan.

Este artículo, que en teoría es la garantía del “trabajo seguro”, ha estado en el centro de las negociaciones entre el gobierno –en particular su ministra de Trabajo, Elsa Fornero– y las centrales sindicales CGIL–CISL-UIL, que mayormente lideran el movimiento obrero de la península. Las centrales, y no sólo ellas, no querían saber nada de cambiarlo.

Las reacciones contra el gobierno se enardecieron cuando hace algunos días Monti se salió con una frase lapidaria, referida al artículo 18. “Qué aburrido tener siempre el mismo trabajo”, dijo en un programa de televisión. Acto seguido, le llovieron críticas de todos lados, especialmente de la centroizquierda. Y Monti tuvo que aceptar públicamente que su comentario había estado fuera de lugar, porque tener un trabajo seguro –a menudo sacrificando el propio gusto o la propia carrera profesional– ha sido el leitmotiv de los italianos desde la posguerra.

“Un trabajo es aburrido sólo para el que lo tiene”, comentó el líder del Partido Democrático (ex PC), Pier Luigi Bersani, que propone que no se toque el artículo 18 sino que en todo caso se haga una interpretación judicial menos rígida de algunas normas laborales. El líder de Italia de los Valores, el ex juez Antonio Di Pietro, también de la centroizquierda, por su parte dice que presentará una moción en el Parlamento para que el artículo 18 sea excluido de la tratativa entre gobierno y sindicatos. La desocupación juvenil, cercana al 28 por ciento según datos de la OCSE (Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo), es uno de los más graves problemas de Italia.

Ahora, después de repetidas reuniones –y al decir de un diario italiano, de un encuentro secreto entre Monti y la secretaria de la central CGIL (ex comunista) Susanna Camusso, desmentido sin embargo por ellos–, el acuerdo estaría a punto de concluirse. El artículo 18 quedaría suspendido por tres o cuatro años para los trabajadores que tienen contratos a tiempo determinado y son asumidos por una empresa. Los defensores de esta solución dicen que “todos se beneficiarían” porque el trabajador precario que es asumido, aunque tenga la inseguridad laboral como una espada de Damocles sobre la cabeza durante tres años, podría tener la posibilidad de pasar a ser efectivo después de ese lapso. Las empresas, a su vez, podrían echarlo sin problemas en esos tres años. Cada uno saca su tajada, dicen.

Pero, en realidad, el precario seguirá siendo precario, aunque se lo llame de otra forma, durante tres años. ¿Y después? ¿Quién puede garantizar lo que sucederá? El empresario podría despedirlo un mes antes de que se cumplan los tres o cuatro años previstos y hacer el mismo jueguito con otros en su misma condición. ¿Qué porcentaje de los que sean asumidos en estas condiciones podrían pasar a ser trabajadores fijos? Estas preguntas, por ahora, no tienen respuesta. Pero los riesgos existen.

Elena Llorente / Desde Roma

Tomado: Página 12.com.ar