La huelga de los sindicatos combativos

Varios miles desfilaron por las calles de Roma y de otras ciudades italianas.

El paro fue convocado por gremios y organizaciones que no pertenecen a las tradicionales centrales sindicales y que no tratan con el gobierno de Monti por considerar que ha hecho propios los ajustes económicos del gobierno de Berlusconi.


En la Jornada de la Memoria y mientras el presidente de Italia, Giorgio Napolitano, dirigía un mensaje recordando el genocidio de judíos durante la Segunda Guerra Mundial pero también la masacre de homosexuales, gitanos, comunistas y otras minorías, varios miles de personas desfilaron ayer por las calles de Roma y de otras ciudades italianas, manifestando contra el plan de recortes del gobierno de Mario Monti.

El paro general fue convocado por sindicatos y organizaciones que no pertenecen a las tradicionales centrales sindicales CIGL-CISL-UIL y que son conocidos como “sindicatos de base”. Son independientes y no tratan con el gobierno de Monti –como en cambio hacen las tres centrales– por considerar que ha hecho propios los ajustes económicos del gobierno de Silvio Berlusconi que prevén cesantías, privatizaciones y un empeoramiento de las condiciones de trabajo en general. Muchos de sus integrantes pertenecieron alguna vez a alguna de las centrales pero se apartaron, porque no se sienten más representados por ellas.

Las protestas contra el ajuste se suceden en

Italia, como esta en Milán en octubre pasado.

Estos sindicatos u organizaciones –USB, Slai Cobas, CIB-Unicobas, Snater, USI, SICobas y ORSA– que lideran tanto a empleados de empresas públicas como privadas, protestan, dijeron en un comunicado conjunto, por el aumento del IVA, del Irpef (impuesto a la personas físicas), del ticket sanitario que se paga para la asistencia en los hospitales, de la nafta, del impuesto a la propiedad inmobiliaria (ICI) y contra los cambios en el sistema jubilatorio. Estas medidas, subrayaron, fueron impuestas por el Banco Central Europeo y la Unión Europea (UE), que sólo defienden los intereses del gran capital bancario, financiero y económico, descargando los costos de la crisis sobre los trabajadores y los sectores sociales menos pudientes.

A la huelga adhirieron el sector del transporte principalmente, pero también de correos, el personal de las escuelas, los empleados públicos y grupos de inmigrantes. Había comenzado antenoche con los trenes, que pararon por 24 horas. Por la mañana fue el turno de los ómnibus urbanos, los subtes y los aviones. En efecto, varios vuelos fueron anulados en el aeropuerto romano de Fiumicino y los ómnibus y subtes ofrecieron un servicio mínimo.

Al paro se agregaron manifestaciones en varias ciudades. En Roma, adonde vino gente de otras localidades, unas 30.000 personas desfilaron por el centro llevando carteles que, entre otras cosas, decían: “Fuera el gobierno de Monti. Nosotros no pagamos la deuda” y “No a la mafia en el Parlamento” en referencia a algunos diputados sospechosos de connivencia con las mafias. Se trató de la primera huelga importante desde que Monti está en el gobierno pero, según algunas informaciones, la adhesión no alcanzó los niveles que se esperaba. Se habla de un 40 por ciento de adhesión en la ciudad de Turín, del 50 por ciento en Roma y del 15 por ciento en otras ciudades

En Roma, donde basta un accidente callejero para que se complique todo el tráfico, las colas de autos y los bocinazos se hicieron interminables ayer, aun cuando la manifestación y el acto duraron poco más de tres horas. La marcha atravesó varias calles céntricas para terminar en la explanada de San Giovanni, tradicional lugar donde se hacen actos de gran envergadura.

“Queremos que los ciudadanos sean llamados a votar sobre todas las medidas que ha tomado el gobierno, así como se vota en un referéndum”, dijo Giorgio Cremaschi del movimiento No a la Deuda.

“Las centrales sindicales a veces hacen acuerdos vergonzosos sin que los trabajadores ni siquiera se enteren. Yo vengo de una empresa de transportes de la provincia de Lucca (centro de Italia). Con los acuerdos que las centrales están discutiendo ahora con el gobierno estamos retrocediendo veinte años en materia de conquistas laborales. Nosotros estamos de acuerdo en discutir, pero eso no significa aceptar cualquier cosa. Si hay que hacer sacrificios, se puede hablar. Pero que los hagan también ellos”, explicó a Página/12 Giovanni Bosi, de la Unión Sindical de Base.

Anoche terminó la huelga de camioneros que durante esta semana trastornó la circulación en las autopistas de todo el país y obstaculizó la llegada de alimentos frescos, medicamentos y nafta a las ciudades, provocando escasez y alza de precios.

Con todo, el panorama no parece aclararse. Muy por el contrario. La Confederación Europea de Sindicatos prepara una movilización en toda Europa para el 29 de enero, en ocasión de la Cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se realizará sobre los temas económicos más acuciantes, como el crecimiento y el empleo, el próximo lunes en Bruselas. Pero se podría ir más allá. Hay quien no descarta que, luego de la cumbre, la confederación pueda convocar a la primera huelga general europea, un hecho sin precedentes.

Elena Llorente / Desde Roma

Tomado: Página 12.com.ar

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Flexibilizar el trabajo

Caricatura: El Roto

La propuesta de Monti en Italia.

La polémica sobre el mentado “artículo 18” en Italia podría estar llegando al punto final. Y los que pagarían una vez más podrían ser los que están peor. Quienes defienden esta reforma, incomprensiblemente contradictoria para muchos, hablan de que “todos se beneficiarían”, empresarios y trabajadores, y de que así se cumpliría con la flexibilización del mercado laboral solicitada repetidamente por la Unión Europea.

Según la prensa italiana, el gobierno de Mario Monti y algunos exponentes sindicales no verían con demasiados malos ojos el hecho de eliminar la vigencia del artículo 18, sólo para aquellos que hoy tienen trabajos precarios, es decir que son semidesocupados. De concretarse esta reforma, esos jóvenes podrían entrar a trabajar a una empresa, pero durante tres o cuatro años correrían el riesgo de quedar nuevamente en la calle.

Aunque para entender esta maraña hay que ir por partes. El artículo 18 del estatuto de trabajadores italiano ofrece al empleado una serie de garantías para no ser dejado cesante fácilmente. Se aplica a las empresas con más de 15 empleados y si son agrícolas, con más de cinco. Dispone que el trabajador sea reintegrado en su trabajo si se demuestra que no hubo una justa causa para echarlo, o bien que sea indemnizado por los daños que se le ocasionan.

Este artículo, que en teoría es la garantía del “trabajo seguro”, ha estado en el centro de las negociaciones entre el gobierno –en particular su ministra de Trabajo, Elsa Fornero– y las centrales sindicales CGIL–CISL-UIL, que mayormente lideran el movimiento obrero de la península. Las centrales, y no sólo ellas, no querían saber nada de cambiarlo.

Las reacciones contra el gobierno se enardecieron cuando hace algunos días Monti se salió con una frase lapidaria, referida al artículo 18. “Qué aburrido tener siempre el mismo trabajo”, dijo en un programa de televisión. Acto seguido, le llovieron críticas de todos lados, especialmente de la centroizquierda. Y Monti tuvo que aceptar públicamente que su comentario había estado fuera de lugar, porque tener un trabajo seguro –a menudo sacrificando el propio gusto o la propia carrera profesional– ha sido el leitmotiv de los italianos desde la posguerra.

“Un trabajo es aburrido sólo para el que lo tiene”, comentó el líder del Partido Democrático (ex PC), Pier Luigi Bersani, que propone que no se toque el artículo 18 sino que en todo caso se haga una interpretación judicial menos rígida de algunas normas laborales. El líder de Italia de los Valores, el ex juez Antonio Di Pietro, también de la centroizquierda, por su parte dice que presentará una moción en el Parlamento para que el artículo 18 sea excluido de la tratativa entre gobierno y sindicatos. La desocupación juvenil, cercana al 28 por ciento según datos de la OCSE (Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo), es uno de los más graves problemas de Italia.

Ahora, después de repetidas reuniones –y al decir de un diario italiano, de un encuentro secreto entre Monti y la secretaria de la central CGIL (ex comunista) Susanna Camusso, desmentido sin embargo por ellos–, el acuerdo estaría a punto de concluirse. El artículo 18 quedaría suspendido por tres o cuatro años para los trabajadores que tienen contratos a tiempo determinado y son asumidos por una empresa. Los defensores de esta solución dicen que “todos se beneficiarían” porque el trabajador precario que es asumido, aunque tenga la inseguridad laboral como una espada de Damocles sobre la cabeza durante tres años, podría tener la posibilidad de pasar a ser efectivo después de ese lapso. Las empresas, a su vez, podrían echarlo sin problemas en esos tres años. Cada uno saca su tajada, dicen.

Pero, en realidad, el precario seguirá siendo precario, aunque se lo llame de otra forma, durante tres años. ¿Y después? ¿Quién puede garantizar lo que sucederá? El empresario podría despedirlo un mes antes de que se cumplan los tres o cuatro años previstos y hacer el mismo jueguito con otros en su misma condición. ¿Qué porcentaje de los que sean asumidos en estas condiciones podrían pasar a ser trabajadores fijos? Estas preguntas, por ahora, no tienen respuesta. Pero los riesgos existen.

Elena Llorente / Desde Roma

Tomado: Página 12.com.ar