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En un fallo que causó la indignación de buena parte de la sociedad española y de millones de defensores de los derechos humanos alrededor del mundo, la Audiencia Nacional española lo echó de la judicatura por investigar a políticos influyentes.
Sus verdugos lo fusilaron. El Tribunal Supremo de Madrid dictaminó ayer el fin de la carrera del ex juez español Baltasar Garzón, reconocido por la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en 1998. El ex magistrado de la Audiencia Nacional fue condenado a 11 años de inhabilitación por la Sala de lo Penal, que lo halló culpable de intervenir las comunicaciones en prisión de los cabecillas de la causa Gürtel, que salpicó al Partido Popular (PP) del presidente Mariano Rajoy en 2009. “Me encuentro ante un pelotón de fusilamiento”, había dicho Garzón a su entorno en la primera jornada del juicio por las escuchas. “Es la muerte profesional”, siguió en la línea su abogado en esta causa. “Decirle a un juez que no puede ser juez es tanto como una muerte”, comparó Francisco Baena Bocanegra. Pese al golpe que le asestó la Justicia, Garzón dijo que recurrirá a tribunales internacionales para apelar la medida en caso de que sea necesario. “Acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido”, afirmó en un comunicado.
Baena Bocanegra ratificó que su cliente podría apelar la medida ante el Tribunal Constitucional español. “Pero en el improbable caso de que no estimaran nuestras pretensiones, acudiremos, si así lo decide el señor Garzón, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, dijo. El fallo fue aprobado por unanimidad y le fue comunicado personalmente al aún titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, quien se desplazó esta mañana a la sede del TS.
La querella presentada por el abogado Ignacio Peláez, quien representa al empresario vinculado a la causa de corrupción, José Luis Ulibarri, pedía entre 10 y 17 años de inhabilitación para Garzón por haber vulnerado su derecho de defensa, al haber intervenido sus comunicaciones en prisión. Se trata de la primera causa por la que el juez de la Audiencia Nacional se sentó en el banquillo de los acusados por cometer un supuesto delito de prevaricato y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.
Los hechos por los que fue condenado se remontan a 2009, cuando en el marco del caso Gürtel ordenó intervenir las conversaciones en prisión entre los presuntos dirigentes principales de la trama de corrupción y sus abogados. Durante el juicio, celebrado desde el 17 al 19 de enero, el juez declaró su inocencia, y aseguró que en todo momento garantizó el derecho de defensa de los investigados y dijo asumir todas y cada una de las decisiones que fueron tomadas en cumplimiento de la más estricta legalidad. Los fiscales Pilar Fernández Valcarce y Antolín Herrero no presentaron acusación y solicitaron la absolución del magistrado, al defender que la intervención pretendía evitar que los miembros de la red corrupta blanquearan capitales. Asimismo, alegaron que en casos ajenos al terrorismo, como el de la joven Marta del Castillo o el del ex abogado y narcotraficante ya fallecido Pablo Vioque, también se ordenó la pinchadura de las entrevistas entre presos y abogados.
Garzón, suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, tiene abierta también otra acusación por prevaricato –dictar sentencia injusta a sabiendas– en su contra, por supuesto cobro del Banco de Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York. Las reacciones ante el fin de la carrera del juez que investigó los crímenes del franquismo provinieron de todo el arco político español. “Es un día triste para la Justicia española y para los demócratas. Será difícil explicarles a nuestro hijos que los buenos fueron condenados y los malos no se han sentado en el banquillo”, declaró el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara. Menos generosos en sus dichos, los socialistas se mostraron consternados. “No nos gusta, aunque no hemos tenido ocasión de ver con detenimiento la sentencia, ver que un juez español con este perfil sea condenado por un delito tan grave y que, curiosamente, además, sea el primer condenado en una trama gravísima de corrupción y es el juez instructor la primera persona que resulta condenada”, dijo el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso Julio Villarubia. Del otro lado, el conservadurismo celebró el dictamen contra el juez. “Se trata del cumplimiento del Estado de derecho”, dijo el ministro de Justicia del PP, Alberto Ruiz Gallardón.
En la plaza madrileña de la Puerta del Sol, unos quinientos manifestantes expresaron su disgusto contra el TS español. “Garzón, amigo, el pueblo está contigo” y “España al revés, corruptos y fascistas hacen juzgar al juez”, eran algunas de las pancartas que exhibieron en el epicentro de los indignados. Por la noche, se difundió una conmovedora carta de María Garzón, la hija del ex juez. “Ustedes hoy brindarán con champagne, pero nosotros estaremos juntos cada noche, porque sabemos que mi padre es inocente y nuestra conciencia está tranquila. Jamás nos harán bajar la cabeza, que nunca derramaremos una sola lágrima por su culpa. No les daremos ese gusto”, escribió.
Tomado: Página 12.com.ar
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