Gaddafi, neoliberalismo, el FMI y los gobiernos supuestamente defensores de los derechos humanos



Gaddafi no siempre fue lo que es (y ha sido) desde hace ya años: un dictador corrupto y enormemente represivo.

Este artículo describe la evolución de los hechos en Libia describiendo tanto los elementos diferenciales como los comunes entre lo que ocurre en Libia y lo que ha sucedido en Egipto y en Túnez. Entre los elementos comunes está la aplicación de las políticas neoliberales promovidas por el Fondo Monetario Internacional (que contribuyeron enormemente al enfado popular en contra de los gobiernos que las aplicaron) y el apoyo militar a tales regímenes dictatoriales y represivos por parte de países que se definen como defensores de los derechos humanos, incluyendo los gobiernos españoles.

Gaddafi no siempre fue lo que es (y ha sido) desde hace ya años: un dictador corrupto y enormemente represivo. En realidad, en 1969, el Coronel Gaddafi, entonces tenía 27 años, lideró un golpe a imagen y semejanza de su ídolo, el Coronel Nasser en Egipto, destronando al monarca Idris (que estaba bajo tratamiento médico en Turquía). En sus primeros años hizo reformas sustanciales, entre las que se encontraba una reforma agraria y la nacionalización del petróleo (mayor recurso del país), dedicando gran parte de los recursos obtenidos de la explotación del petróleo a mejorar sustancialmente el bienestar social de las clases populares y, muy en especial, los servicios de asistencia sanitaria y educación. Estableció también formas de participación de los obreros en los lugares de trabajo en las empresas (más de doscientas) que fueron nacionalizadas. Sus primeros años se caracterizaron también por un intervencionismo del estado en la economía de aquel país, que incluía la nacionalización del crédito a través del Banco Central Estatal. Gaddafi presentó aquella experiencia como la tercera vía entre capitalismo y el socialismo, asociado entonces a la Unión Soviética.

Hubo, sin embargo, notables diferencias también entre Gaddafi y Nasser. Y una de ellas fue que a diferencia de Nasser, Gaddafi no quería establecer un estado laico, sino islámico. Pero, en este intento se enfrentó con un movimiento islámico más radical que intentó incluso asesinarle más tarde en 1993. Esta corriente radical tenía lazos con Al Qaeda, también influyente en Marruecos y Argelia. De ahí que Gaddafi fuera un enemigo acérrimo de Al Qaeda y que durante y después del ataque de Al Qaeda a las Torres Gemelas en Nueva York, Gaddafi apoyara al gobierno Bush en su lucha contra el terrorismo islámico. Vijay Prashad, en su ensayo The Lybian Labyrinth, hace explícitas muchas referencias favorables que Gaddafi hizo a la política del Presidente Bush en contra del terrorismo del radicalismo islámico. Fue entonces cuando el Presidente Aznar aplaudió a Gaddafi y su apoyo a la guerra en contra del terrorismo islámico del Presidente Bush.

El cambio de su política económica

Su tercera vía se transformó, más tarde, en capitalismo popular, desarrollando políticas públicas que cambiaron significativamente muchas de las reformas que había realizado en los primeros años de su mandato. En muchos aspectos fue un cambio de 180 grados. Una de tales medidas fue favorecer la privatización de las empresas productoras y distribuidoras de petróleo, facilitando y estimulando la inversión extranjera, la cual alcanzó su máxima expresión en la década de los años noventa. El máximo arquitecto de estas medidas privatizadoras de la industria del petróleo fue Shokri Ghanem que fue primer ministro del gobierno Gaddafi y que dirigía la poderosa Compañía Nacional del Petróleo (Nacional Oil Corporation).

Las compañías que se beneficiaron de estas privatizaciones incluían un amplio abanico, desde Occidental Petroleum, a China Nacional Petroleum. Ni que decir tiene que los gobiernos occidentales, y muy en especial, los europeos compitieron para conseguir favores de Gaddafi. El gobierno Blair incluso liberó a los responsables del atentado terrorista del avión Pa Nam, que había ocurrido en territorio británico y Berlusconi realizó campañas de promoción de Gaddafi que alcanzó niveles histriónicos, que el presidente italiano justificó indicando que “la prevención de la inmigración ilegal y el petróleo” bien valían sus agasajos. Y para no ser menos, el Presidente Aznar primero, seguido del Presidente Zapatero y del Monarca español, todos ellos visitaron a Gaddafi con su lista de ruegos e inversiones.

Estas privatizaciones alcanzaron a la mayoría de las empresas públicas, que realizadas dentro de un sistema dictatorial, fueron acompañadas de una gran corrupción que enriqueció a los miembros de la familia Gaddafi y, muy en especial, a uno de sus hijos que aspiraba a ser su sucesor. Todos estos cambios privatizadores (que fueron alabados por el entonces Presidente Aznar) se hicieron bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que, en su último informe, señalaba el estado de la economía de Libia como muy bueno. En realidad, como también había ocurrido en Túnez y Egipto, los indicadores de crecimiento económico libios eran altamente positivos.

Lo que esta visión optimista de la economía libia ignoraba y ocultaba es que tales medidas, apoyadas por el FMI, estaban dañando muy seriamente a las clases populares y a la clase trabajadora. Las medidas neoliberales que determinaron la subida de los precios de los alimentos y la eliminación de los subsidios públicos crearon revueltas que precedieron la última movilización popular. Y como en Túnez y Egipto determinaron, por fin, que las clases populares salieran a la calle, intentando forzar la dimisión de Gaddafi y el final de su dictadura. En esta movilización coinciden movimientos laicos junto con movimientos islamistas que son los que reciben mayor atención de los medios de información internacional. Una vez más, el Fondo Monetario Internacional, al presionar a las élites dictatoriales a llevar a cabo políticas de claro corte neoliberal, estaban afectando negativamente las difíciles condiciones que la población libia tenía que padecer, forzándoles a salir a la calle para protestar y exigir al dictador y a su camarilla corrupta el fin de aquel régimen. Es interesante, por cierto, subrayar que una de las primeras medidas que tomó la Junta Militar en Egipto fue, además de prohibir las huelgas, abandonar gran parte de las políticas neoliberales que el FMI había exigido al gobierno Mubarak.

Una última observación. La mayoría de las armas y equipamientos de represión que Gaddafi tiene a su disposición fue proveídas por EEUU, Gran Bretaña (especializada en equipamiento policial), Francia y España. Como bien ha indicado Tarecq Amer en su ensayo “Oil, Arms and the Imperial Enterprise in North Africa”, hablar de Gaddafi es hablar de corrupción y armas para adquirir petróleo por parte de poderes autodefinidos como defensores de los derechos humanos, incluyendo España.

Vicenç Navarro | El Plural |

Tomado: Kaosenlared.net

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“¿Quién apoyó la dictadura de Túnez?” y “Lo que no se conoce sobre Egipto” en http://www.vnavarro.org/

Las rebeliones populares frente al neoliberalismo: desde Egipto a Wisconsin, EEUU

Caricatura: pacogarabato

Este artículo analiza las movilizaciones populares que se están extendiendo (desde Egipto a Wisconsin, EEUU) como protesta a las políticas neoliberales llevadas a cabo por sus gobiernos. El artículo señala que la interpretación dominante que intenta explicar tales movilizaciones como resultado de movimientos juveniles como Internet es profundamente limitada cuando no errónea.
Una de las causas de las movilizaciones en el mundo árabe fue la aplicación, por parte de las élites gobernantes, de políticas neoliberales que afectaron negativamente a las clases populares. Estas movilizaciones se habían ya iniciado meses y años antes, resultado de las medidas de austeridad (que incluyeron reducción de programas de protección social y disminución de salarios, eliminación de subsidios a los alimentos y desregulación de los precios de productos básicos), que crearon un gran malestar y que fueron las causas de que en estos países (en Túnez primero y en Egipto después) fuera la clase trabajadora, junto con sectores de las clases medias la que protagonizaran tales movilizaciones. Estas movilizaciones en protesta frente al neoliberalismo imperante están ocurriendo no sólo en países árabes, sino también en muchos otros países, incluyendo EEUU.
El último caso de estas protestas obreras ha ocurrido en el estado de Wisconsin, EEUU. El nuevo gobernador de tal estado, el republicano Scott Walker (de la corriente Tea Party) intentó aprobar una ley en el parlamento del estado que reduciría el sueldo de los funcionarios públicos un 7%, disminuyendo también sus pensiones, y obstaculizando además la sindicalización de los trabajadores en el sector público. Tal como indicó la Federación de los Sindicatos Estadounidenses (AFL-CIO) esta ley –de ser aprobada- sería un ataque frontal a los sindicatos de aquel país. La justificación que el gobernador Scott Walker dio para tomar tales medidas era que el presupuesto del estado tenía 137 millones de dólares de déficit.
La respuesta de los sindicatos en Wisconsin fue inmediata. A los pocos días, Madison, la ciudad más importante de aquel estado vio la manifestación más grande que nunca existiera en aquella ciudad. Los sindicatos se manifestaron frente al Parlamento (y frente al domicilio particular del gobernador Walker), exigiendo la retirada de la propuesta de ley. Lo que es interesante es que los manifestantes no eran sólo sindicalistas, sino también usuarios de los servicios públicos conscientes de que estos recortes iban a afectar a la calidad de sus servicios. Muy llamativa fue la cantidad de niños y sus padres que acompañaron a los maestros en su protesta, hecho remarcado por los medios de información. Las encuestas mostraban también que la mayoría de la ciudadanía de Wisconsin se oponía a las propuestas del gobernador Walker y apoyaban las movilizaciones en contra de ellas. Entre los que apoyan tales movilizaciones, adhiriéndose a ellas, estaban, por cierto, los policías y bomberos que el gobernador Walker había excluido de sus medidas de recortes salariales, dándoles un trato favorable. Los policías y bomberos expresaron, sin embargo, su solidaridad con los otros empleados públicos saliendo a la calle con ellos. Estos hechos están siendo seguidos por todo EEUU.
Las derechas, lideradas por el Tea Party, están deseando que el gobernador Walker pueda llevar a cabo tales medidas, una vez hayan sido aprobadas por el Parlamento del Estado de Wisconsin, donde el Partido Republicano tiene mayoría. Aunque el argumento que se utiliza para defender estas medidas es la necesidad de cubrir el déficit del Estado de Wisconsin, la causa real de que se esté presionando, por parte del Partido Republicano, para que tales medidas se aprueben en el parlamento de Wisconsin es una causa política: la de debilitar a los sindicatos, los mayores adversarios que tiene el Partido Republicano, que consideran a AFL-CIO como uno de los mayores pilares del Partido Demócrata.
En realidad, el déficit del presupuesto del Estado podría resolverse fácilmente aumentando los impuestos sobre la propiedad (entre otros), que el parlamento de Wisconsin, controlado por los republicanos, había reducido considerablemente durante los años de bonanza económica. Como siempre ocurre, el discurso económico, oculta en realidad, los argumentos políticos. El establishment económico y financiero del estado de Wisconsin, que se benefició enormemente de las políticas neoliberales de reducción de impuestos a las rentas superiores se resiste a que se reduzcan sus enormes ingresos (el 1% de la población estadounidense que tenía el 7% de la renta de todo el país en 1997, al principio de la “revolución neoliberal”, ha pasado a tener el 20% de tal renta) mediante el incremento de estos impuestos. De ahí que prefieran resolver el problema del déficit del estado de Wisconsin a base de reducir los servicios públicos a las clases populares en lugar de que suban sus impuestos. Los republicanos tienen a su lado a gran parte de los medios de información que intentan desacreditar al sector público indicando que los empleados públicos son unos “privilegiados”, que son unos “ineficaces”, y otro tipo de acusaciones previsibles a fin de conseguir el apoyo popular a aquellas medidas represivas. Hasta ahora tal campaña no ha sido exitosa y el 62% de la población estadounidense apoya a los empleados públicos.

¿QUIÉNES SON LOS JÓVENES?
Una última observación. Gran número de articulistas como Josep Ramoneda en EL PAÍS (“Un nuevo sujeto político”. EL PAÍS, 20.02.11) están enfatizando mucho el rol de los jóvenes en estas movilizaciones (desde Egipto, hasta Wisconsin), presentándolos como los nuevos agentes de cambio, sustituyendo con ello a otros agentes, como a la clase trabajadora a la cual, por lo visto, consideran inexistente o desaparecida. Ignoran o desconocen que la mayoría de estos jóvenes son y pertenecen a la clase trabajadora. Si se analizan las revoluciones que han existido en el siglo XX, se verá que en su mayoría, fueron los jóvenes los que lideraron estas rebeliones. No es, pues, una situación nueva. Lo que es nuevo es que se vea como una cosa nueva y ello es consecuencia del olvido de las categorías de análisis como clase social y lucha de clases, categorías que se consideran transcendidas y “anticuadas”, redefiniendo estas movilizaciones populares como movimientos estudiantiles con Internet y Facebook, categorías que son enormemente insuficientes para entender la realidad de los tiempos en que vivimos. La pregunta que no se hacen es a qué clase pertenece la mayoría de estos jóvenes. Ni que decir tiene que tanto la composición como la dinámica de clases varía con el tiempo. Pero de esta realidad no se puede ignorar su existencia, pues continúa siendo fundamental para entender nuestro entorno.

Vicenç Navarro

Tomado: VNavarro.org

¿Qué pasa en Haití?

Ilustración: Mikel Jaso

La imagen que se está presentando en los mayores medios de información occidentales de lo que está pasando en Haití es la de un país pobrísimo destrozado por desastres naturales al que el mundo occidental –liderado por el Gobierno de EEUU y por la Unión Europea (UE)– ha estado proveyendo ayuda humanitaria (es el país del mundo con mayor número de ONG por habitante) y facilitando, a la vez, el desarrollo de un sistema democrático.
El problema con esta percepción es que es falsa y oculta una realidad distinta: la pobreza en Haití es consecuencia de la continua intervención de los países supuestamente humanitarios. Veamos los datos. La actuación del Gobierno federal de EEUU y la del Gobierno francés (que ha liderado la respuesta de la UE) en Haití ha sido enormemente intervencionista –antes, durante y después del
terremoto–, imponiendo su voluntad a la población de aquel país. El último acto de esta continua interferencia es la llegada de uno de los dictadores haitianos más sangrientos que hayan existido en América Latina: Baby Doc Duvalier. El Departamento de Estado de EEUU ha indicado que no tiene nada que ver con su retorno. Su portavoz,
P. J. Crowley, ha indicado que “el retorno de Duvalier es una materia en la que deciden el Gobierno y el pueblo de Haití”. Es interesante resaltar que esta supuesta neutralidad no se aplica a la oposición expresada por el mismo portavoz a la vuelta del dirigente altamente popular en Haití, Jean-Bertrand Aristide, sobre la cual subrayó que “Haití no necesita su vuelta, pues ya tiene demasiados problemas”. En realidad, la información obtenida por Wikileaks muestra que el Gobierno de Estados Unidos ha sido determinante en la vida política de Haití y que es impensable que el dictador Duvalier hubiera vuelto sin la autorización del Gobierno estadounidense, como también lo es que el continuo veto sobre

Aristide existiera sin su aprobación y su beneplácito.
En un interesante ensayo (Aristide should be allowed to return to Haiti), Mark Weisbrot, uno de los mejores analistas de la realidad Latinoamericana, detalla las continuas maniobras del Gobierno de EEUU para expulsar y mantener fuera de Haití al que fue elegido democráticamente presidente
del Gobierno, Aristide. Según The Washington Post, “Aristide había abolido el odiado Ejército, terminando con las horribles violaciones de los derechos humanos, y permitió el desarrollo democrático de aquel país. Y cuando terminó su mandato, permitió la alternancia. Un récord formidable”. Esto fue escrito en 1996. Aristide continuó siendo la persona más popular de Haití y fue reelegido en el año 2000. Y entonces fue cuando hubo una movilización liderada por el Gobierno de Bush de EEUU y los gobiernos francés y canadiense para hacer fracasar al Gobierno de Aristide, apoyando y financiando un golpe militar (de los servicios de seguridad, infiltrados por la CIA) en febrero de 2004, con el que se expulsó a Aristide del país. Desde entonces no se le ha permitido volver. Los gobiernos de Haití han vetado su vuelta, los mismos que han aprobado, por cierto, el regreso de Duvalier.

Ni que decir tiene que la motivación de los gobiernos estadounidense, francés y canadiense ha sido mantener en el poder a las elites dominantes que han malgobernado aquel país, condenándolo a una enorme pobreza, que se mostró en toda su crudeza durante el terremoto. A fin de legitimar esa estructura profundamente opresiva se convocaron unas elecciones en noviembre de 2010 que fueron una farsa (sólo participó el 25% del electorado) en la cual colaboró la Organización de Estados Americanos (OEA). En realidad, seis de los siete miembros de la comisión nombrada por la OEA para supervisar las elecciones son ciudadanos de EEUU, Francia y Canadá, los tres gobiernos que lideraron la decisión de derrocar por las armas al Gobierno de Duvalier. En tales elecciones no se permitió participar al partido de Aristide. La información proveída por Wikileaks muestra la movilización exitosa del Departamento de Estado de EEUU para presionar a Brasil y otros países miembros del cuerpo especial de Naciones Unidas para impedir la vuelta de Aristide a Haití, que continúa en el exilio en
Suráfrica. Mientras, Baby Doc Duvalier ha vuelto a Haití.
Las movilizaciones populares en Haití (silenciadas en los medios de mayor difusión), en las que se protestaba por la farsa de las elecciones, han forzado a la OEA a descalificar a su comisión electoral y han presionado al Gobierno de Haití para que, por fin, permita la vuelta de Aristide.

Lo que ocurre en Haití es, por desgracia, enormemente previsible. Durante la Guerra Fría se presentaban estos conflictos como resultado de las tensiones derivadas del mundo en dos bloques, el llamado “democrático y libre”, liderado por EEUU, y el dictatorial, liderado por la Unión Soviética. La falsedad de tal interpretación del mundo queda claramente demostrada en lo que ocurre hoy en Haití. La Unión Soviética ha desaparecido y la política del Gobierno federal de EEUU no ha cambiado ni un centímetro en su intervencionismo a favor de las elites gobernantes, mostrando que el mayor problema no es el geopolítico de bloques, sino las alianzas de clases entre las elites dominantes de los países del Norte y del Sur en contra de los intereses de las clases dominadas del Sur y del Norte. La clase trabajadora de EEUU, en contra de lo que asumen algunas voces izquierdistas, no se beneficia ni un ápice de la explotación que se realiza en Haití. En realidad, las mismas fuerzas (lo que en EEUU se llama la Corporate Class) que influencian las políticas del Gobierno federal de EEUU en Haití son las mismas fuerzas que dominan la vida política de EEUU, limitando la democracia y la calidad de vida de las clases populares de ambos países.

Vicenç Navarro: Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University

Tomado: Dominio Público