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30 mar 2009

Uruguayos contra la impunidad

Imagen: Mario Toral
Organizaciones políticas, sociales y de defensa de los derechos humanos marcaron hoy un hito en su batallar contra la Ley de Caducidad al sumar más de 250 mil uruguayos a la campaña por someterla a plebiscito.
“Superamos el mínimo de firmas señalado por la Constitución, pero no cederemos hasta tener 300 mil a fin de asegurarnos un margen ante eventuales impugnaciones”, dijo el dirigente sindical Carlos Coitiño, miembro de la Coordinadora que promueve la iniciativa.
Para solicitar un referendo sobre la normativa, la entidad debe presentar ante el Poder Legislativo un número de rúbricas equivalente al 10 por ciento del padrón electoral antes del próximo 25 de abril.
De lograrse esa cifra, la Corte Electoral debe convocar a los uruguayos a pronunciarse sobre la conveniencia o no de anular la también llamada Ley de Impunidad junto con las elecciones nacionales del 25 de octubre.
Una reciente encuesta reveló que más de la mitad de los ciudadanos con derecho al voto es partidaria de plebiscitar la ley.
Pero al margen de lo que a ese respecto se decida en los comicios de octubre, los uruguayos habrán honrado su decisión de remover la impunidad de la vida nacional, como parte de una cultura integral de derechos humanos.
La campaña se inició el 4 de septiembre del 2004 en el teatro El Galpón, una institución hondamente ligada a la rebeldía nacional y la defensa de los derechos humanos.
Solo ese día firmaron más de mil personas, entre ellas el escritor Eduardo Galeano y decenas de artistas, intelectuales, deportistas y personalidades de la vida nacional. También, Macarena Gelman, hija de desaparecidos y cuyo abuelo, el intelectual argentino Juan Gelman, solo pudo hallarla cuando tenía 23 años.
De hecho, la batalla por enjuiciar a militares y policías que cometieron violaciones de los derechos humanos en tiempos de la dictadura comenzó en cuanto estos entregaron el poder en 1985, después de detentarlo durante 12 años.
En diciembre de 1986, pese a los reclamos populares, el Parlamento aprobó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, con los votos de legisladores de los partidos Colorado y Nacional o Blanco, y la oposición del Frente Amplio, ahora en el gobierno.
Amenazas más o menos encubiertas de los militares llevaron a los partidos tradicionales a sancionar la ley, que tres años más tarde sería ratificada mediante un referendo también condicionado por el chantaje castrense.
Sucesivos y alternos gobiernos de blancos y colorados no dieron curso a denuncias penales sobre el destino de unos 200 desaparecidos, pese a que la normativa al menos permite procesar a militares responsables de crímenes en otros países o cometidos en contubernio con civiles.
En el 2005, tras la llegada al poder del Frente Amplio, el presidente Tabaré Vázquez no derogó la ley, pero habilitó a la justicia a procesar a un grupo de militares y civiles acusados de diversas violaciones de los derechos humanos.
Entre los que en distintos momentos han sido enviados a prisión por ese motivo figuran los ex dictadores Gregorio Álvarez y Juan María Bordaberry, así como el canciller de este último, Juan Carlos Blanco. En noviembre de 2006, conscientes de que aún quedan muchos culpables sueltos, varias organizaciones constituyeron la Coordinadora Nacional por la anulación de la Ley de Caducidad. Poco después comenzaron a gestar la campaña de recolección de firmas para plebiscitarla.
Entre esas organizaciones figuran el PIT-CNT (la central obrera uruguaya), Servicio de Paz y Justicia, Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Asociación de Ex Presos Políticos, la Federación de Estudiantes Universitarios y la de Cooperativas de Viviendas.
También, los partidos por la Victoria del Pueblo, por la Seguridad Social, Comunista, el Movimiento de Participación Popular, Corriente de Izquierda, 26 de Marzo, Nuevo Espacio, Claveles Rojos y el Frente de Izquierda de Liberación.
A ellas, y a decenas de miles de ciudadanos con o sin filiación política, pero amantes de la verdad y la justicia, se debe que hoy la patria de Artigas haya pasado otra página para algún día cerrar por siempre el libro negro sobre aquellos funestos años de la historia uruguaya.
Alberto Salazar Gutierrez
Tomado de Prensa Latina

8 jun 2008

Aquí sobran los corderos!!!

Un plebiscito se llevará a cabo en Irlanda para resolver si apoyar o no la propuesta de la UE: un nuevo formato del ”Tratado de Lisboa”. Dicho plebiscito ha hecho que el resto de los países de la UE contengan el aliento en espera del resultado y que muchas de las nuevas propuestas no se tomen ahora.
Por qué es tan importante este plebiscito? Porque Irlanda es el único país de Europa que lo lleva a cabo; el resto acepta, en forma cómplice, una propuesta antidemocrática que afecta gravemente las constituciones de los países miembros. En el 2005, Holanda y Francia ya votaban NO a la propuesta de establecer una Constitución para Europa. Se pasó entonces al llamado período de “reflexión”, hasta que la Presidencia de la UE pasó a manos de Angela Merkel a mediados del 2007, quien en reuniones secretas con los países miembros acordó “limitar los cambios” en la constitución ya rechazada, para que pudiera ser ratificada por todos los países integrantes de la UE. Los negociadores, con Reinfeldt a la cabeza, se entregaron sumisos. Según el artículo 48 los países miembros tienen derecho a presentar sus demandas, pero la Alianza no presentó ninguna ni hizo llegar los puntos de vista del parlamento sueco a la Conferencia de países miembros.
Qué propone este acuerdo que es más cuestionable aún que toda la “Constitución” vigente? En definitiva, la nueva propuesta no trae mayores cambios ya que, según el análisis del texto realizado por Open Europa, el 96% es igual al contenido inicial. Ante la sorpresa de muchos, el gobierno envió en diciembre las bases del Acuerdo de Lisboa o Constitución de la UE, a 214 organizaciones. Esto habría podido abrir a diferentes organizaciones, partidos políticos y parlamentarios, la posibilidad de una discusión amplia de esta propuesta que traslada, en un grado cada vez mayor, a Bruselas y fuera del parlamento sueco y su constitución, el poder resolutivo ante leyes importantes. También habría podido abrir la posibilidad de llamar a plebiscito, lo cual habría permitido al gobierno tomar contacto con los electores y con el pueblo sueco para la resolución de algo tan importante. Pero la ministra de la UE, Cecilia Malmström, en un artículo publicado en el diario GP del 29/02/08, pone tapa a toda discusión, manifestando que la UE a través del acuerdo puede integrar más países, profundizar la democracia y abrir y colaborar con un claro enfoque por los intereses de los ciudadanos.
El acuerdo de Lisboa transformará a la UE en algo radicalmente diferente a lo de 1995, momento en que Suecia ingresó a la misma. Vamos hacia una UE más centralizada, dominada por las grandes potencias que aspiran a transformarla en una superpotencia económica, política y militar.
Veamos los puntos claves de este acuerdo.
Los países miembros de la Comunidad se transforman en provincias o regiones dentro de esta Unión Europea, al mejor estilo USA. En la práctica es la formación de un estado federativo, lo cual no implica que sea más democrático, sino todo lo contrario.
La EU se transformará en una persona jurídica separada y por sobre sus estados miembro. En relación con el nuevo acuerdo, el Parlamento Europeo tiene nuevas competencias y poderes. Puede delimitar sus derechos y concretar acuerdos internacionales; diferenciar lo federativo y los estados intermedios: lo jurídico se elimina y todo el poder se practica en la UE. Todos somos sus ciudadanos, con doble ciudadanía que se sobrepone a esta simbólica de hoy. Como ciudadanos de esta tenemos que someternos a su legislación, por encima de la del país en cuestión.
El Consejo Europeo tendrá un Presidente (con un mandato de 2 años y medio) y un Ministro de Relaciones Exteriores que se llamará Alto Comisionado. Se formalizará el Grupo Europeo que tendrá estatus constitucional y que elegirá su director quien tendrá, en la práctica, el cargo de Ministro de Finanzas. Suecia tendrá que adherir al euro con sus conocidas consecuencias.
Se da un paso más hacia la defensa militar colectiva. Si un estado es atacado, los demás tienen obligación de apoyarlo y defenderlo con todos los medios que dispongan. Los estados deben asistirse militarmente en la “lucha contra el terrorismo”. Los países se comprometen, para esto, a mejorar sus recursos militares para colaborar con los objetivos acordados.
Los países más grandes tendrán mayor poder en las votaciones. Se introduce el sistema de doble mayoría basada en la población y superficie del país, desapareciendo el derecho al veto. Cuando el Consejo de Ministros tome resoluciones sobre leyes hará acuerdos con los países mayoritarios para sacarlas adelante. Suecia verá reducidos sus votos de un 2,9% a un 1,8%. En cambio, Alemania pasará de un 8,4% a un 16,7%.
La UE podrá resolver sobre todo lo que tiene que ver con : derecho civil y penal, inmigración, servicios públicos, planificación social, energía, transporte, turismo, deportes, protección civil, salud, educación e investigación. Propondrá nuevas leyes que se sobrepondrán a la de los países integrantes en puntos que agreden la seguridad, integridad y derechos de los ciudadanos como ser: las pruebas aportadas en los juicios, censura, el negarse al servicio militar, derecho a la vida, derecho de familia, derechos laborales, derechos de niños y pensionistas.
Como se puede apreciar y sin lugar a dudas, para 500 millones de ciudadanos la constitución y legislación de sus países desaparecen y quedan subyugadas a las normas de este ”superestado”. Es un traslado total del poder. Es una política de espaldas a los intereses de cada país y cumpliendo, como ya hemos dicho, con los lineamientos de dos organismos que representan la cara más brutal de la política imperialista: la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Política que arrastrará e involucrará más y más a Europa en el carro de guerra de USA y los más oscuros intereses oligopólicos, cuya única perspectiva es, sin querer ser pájaro de mal agüero, gran malestar social con sus dolorosas consecuencias que, como siempre, los primeros en pagarlas serán los menos privilegiados.
Es por esto que, para tomar medidas, esperan el resultado del plebiscito en Irlanda, que sacudiría todo este plan y lo postergaría, ya que un resultado negativo tendría efecto de veto. Esperan para tomar medidas en el sistema de salud y con las normativas del seguro de enfermedad. Con la nueva propuesta y después de un año en el seguro de enfermedad, si la empresa no puede reubicar al trabajador, éste tendrá que buscarlo ”activamente” dentro de Escandinavia. Me pregunto si regirá para toda Europa, en qué condiciones y con qué salario y seguridad social. De ser así, nos transformaremos en caracoles, con la casa y la familia a cuestas, por los países de la UE.
Göran Johansson, intendente de Gotemburgo, manifestaba en una entrevista en la Radio P1, que la situación de segregación y sus posibles consecuencias, podrían despertar reacciones similares a las de las revueltas de Copenague. En todo caso, sería la reacción natural frente a la frustración y el olvido que se viven hoy día en los ghettos suecos!!
Si será necesaria la discusión política e ideológica y el llamado a plebiscito, herramientas que movilizarían a la ciudadanía para resistir este proyecto que conlleva gravísimas consecuencias. O seguiremos, cual rebaño de corderos, permitiendo que continúen arrasando nuestros derechos???
Gloria
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