Ojos y oídos vendados

    Caso Quinteros: Poder Judicial expone a Uruguay a nueva condena internacional

Un tribunal penal desoyó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh) al negarse a aplicar el delito de desaparición forzada para condenar al ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, por su responsabilidad en el crimen de la maestra y militante del PVP Elena Quinteros. La sentencia se basa en jurisprudencia de los años cincuenta y en el cuestionado informe de la Comisión para la Paz.

A pesar de que Uruguay fue condenado por la Corte Interamericana como un Estado violador de los derechos humanos, y en su sentencia obliga al Poder Judicial a tipificar la desaparición forzada, el Tribunal de Apelaciones Penal de Tercer Turno decidió, por unanimidad, no aplicar esa figura sino la de homicidio muy especialmente agravado, a fin de no "violentar" principios generales del derecho, como el de irretroactividad de la ley penal o el de la ley más benigna para el reo, según la resolución a la que accedió Brecha.

Sin embargo, el párrafo 254 de la sentencia de la Corte Interamericana señala que el Estado, además de no amparar casos en la ley de caducidad, "debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem (nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito) o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada".

Además, en entrevista con Brecha (8-VII-11), el presidente de la cidh, Diego García-Sayán, afirmó –de acuerdo a la sentencia del organismo internacional– que el Poder Judicial uruguayo está obligado a aplicar el delito de desaparición forzada.

Como base para su sentencia, el Tribunal de Apelaciones escogió doctrina uruguaya aplicada hace medio siglo o más, desconociendo los avances en materia del derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, cita los pareceres jurídicos de Alberto Ramón Real, expuestos en 1965, los de Jiménez de Azúa, que datan de 1954, y una sentencia de la sala de segundo turno de 1950. Pero en ningún momento la decisión refiere al fallo de la cidh, que es de carácter obligatorio para los estados miembros, como Uruguay.

La fiscal Mirtha Guianze había solicitado, el 27 de agosto de 2008, que Blanco fuera condenado a 20 años de penitenciaría por "desaparición forzada". El 21 de abril de 2010, el juez Juan Carlos Fernández Lecchini sentenció al ex canciller de la dictadura aceptando la cantidad de años de cárcel pedidos por el Ministerio Público, pero decidió caratular el expediente como "homicidio muy especialmente agravado".

El 24 de febrero de 2011 se emitió el fallo de la Corte Interamericana, señalando la obligación de tipificar "desaparición forzada" en los casos como el de María Claudia García de Gelman, y así también en los de similares características, como el de Elena Quinteros. Aun así, con fecha 17 de febrero de 2012, el tribunal penal confirmó la condena de Blanco por homicidio.

El párrafo 235 de la sentencia de la cidh establece que en particular las "desapariciones forzadas" constituyen "graves violaciones de derechos humanos", por lo que "es ésta la tipificación que debe primar en las investigaciones que corresponda abrir o continuar a nivel interno"

Cuando Brecha le preguntó a García-Sayán si "esto implica que el Poder Judicial debe cumplir" con la aplicación de "la figura de la desaparición forzada", el magistrado internacional respondió que las sentencias de la Corte, "que son vinculantes, obligan al conjunto de los aparatos del Estado, y eso incluye al sistema judicial".

Quinteros fue secuestrada en 1976 por las fuerzas represivas cuando intentaba asilarse en la embajada de Venezuela. Desde entonces se mantiene desaparecida; aunque lo natural sea presumir que fue asesinada, el cuerpo de la víctima no fue encontrado.

CONTRADICCIÓN. La figura de desaparición forzada fue creada formalmente en Uruguay mediante la ley 18.026, aprobada en 2006.

Según el tribunal "esta ley contemporánea, que contiene una nueva incriminación delictual más gravosa, no puede aplicarse a hechos delictivos anteriores a su vigencia, ya que el comienzo de ejecución, momento que debe tomarse en consideración de los hechos que se tienen por debidamente probados (...) es previa a la tipificación realizada" por la norma vigente desde hace seis años.

Además, el órgano de alzada "descarta" compartir la posición de la Fiscalía "por razones de legalidad, de imposibilidad de imponer un ilícito más perjudicial para el justiciable en forma retroactiva".

Esta postura se adopta –según la sentencia– "en especial por la muerte de Elena Quinteros, porque el presupuesto de permanencia del delito decae ante la certeza del fallecimiento, el que (...) acaeció mucho antes de la vigencia de la nueva ley".

"Hoy ya no hay incertidumbre sobre el destino o la suerte de Elena Quinteros, más allá de que no se hayan encontrado sus restos, y que no fue otro que la muerte, por lo que tampoco existe adecuación típica a la conducta imputada en la figura delictiva reclamada por la Fiscalía", señala el fallo.

La pena máxima para el delito de desaparición forzada es de 25 años de penitenciaría, y en el caso del homicidio puede llegar a 30 años, por lo cual al menos es discutible el hecho de cuál sería la incriminación "más gravosa". Para el derecho internacional en materia de derechos humanos tampoco es retroactiva la aplicación de la figura creada en 2006: "La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha dicho lo que también han señalado muchos tribunales internacionales, como la Corte colombiana o la Corte de Perú: que las de-sapariciones forzadas son delitos permanentes y continuados, y que su prolongación en el tiempo, con posterioridad a la fecha de la creación de la figura delictiva en el derecho interno de los países, permite que se aplique la tipificación de la desaparición forzada. Ya hay sentencias firmes, personas condenadas por la justicia: por ejemplo se ha aplicado la figura en Perú, en el caso de la desaparición del estudiante (Ernesto) Castillo Páez, por la que oficiales de la policía fueron condenados a penas de más de 30 años con base en una tipificación dictada con posterioridad al inicio de la desaparición. Pero como el hecho se mantendría en el presente, se aplicó la figura", explicó García Sayán.

El tribunal, sin embargo, no cumple con tal mandato al considerar que "más allá de la no aparición hasta el presente del cadáver de la víctima, está plenamente probado que a Elena Quinteros se le dio muerte en los primeros días de noviembre de 1976 y en dependencias del Servicio de Material y Armamento. Tal conclusión deriva del material probatorio y de las reglas de la sana crítica (...)".

"Si la víctima ya no está viva no puede decirse que el delito se sigue consumando porque no hay sujeto pasivo de éste y porque el autor no tiene más dominio del hecho sobre un ser humano que no existe", argumentó.

De esta manera, el órgano de alzada desconoce el fenómeno criminal –pero también social, político, cultural– que constituye una desaparición forzada. Por algo el derecho internacional se encargó de diferenciar esta situación de la del homicidio.

Como colofón de un fallo que mantiene sumergido a Uruguay en materia de respeto judicial por las convenciones internacionales de los derechos humanos –y que lo expone a una renovación de la sentencia condenatoria por parte de la cidh– el tribunal se anima a señalar, con precisión en las fechas, cuándo se mató a la joven, basándose en el cuestionado informe de la Comisión para la Paz.

Al parecer, los ministros consideran este informe como fuente fidedigna aun cuando se haya comprobado en varias oportunidades que contiene información falsa. Baste señalar que las fuentes militares todavía ocultas mintieron respecto del verdadero final del maestro Julio Castro: había sido ejecutado de un tiro en la cabeza y su cuerpo se mantenía oculto bajo la tierra de un batallón, pero los informantes nunca hablaron del disparo ni del enterramiento clandestino. Si por ellos fuera, jamás se hubiera hallado el cuerpo. Esto permite diversas especulaciones sobre el cierto final de víctimas como Elena Quinteros.

El fallo del tribunal se decidió curiosamente por cuatro votos en un mismo sentido, en vez de tres.

La ministra Bernadette Minvielle se excusó de actuar en el caso, por cuanto se conformó una terna especial. Pero con tal integración el fallo, en principio, sólo contaba con dos votos conformes –al quedar uno de los ministros en discordia–, y la ley requiere de tres en la misma postura para el dictado de sentencias definitivas. Por ello se sumó un cuarto ministro con cuyo voto se alcanzó la mayoría especial.

No obstante, "en la instancia deliberativa del común acuerdo" el miembro discorde desistió de su posición inicial y se alineó con los otros tres jueces. Así se llegó a una "decisión coincidente de todos los firmantes", lo que resulta inusual. La decisión del órgano penal de alzada terminó siendo firmada por los ministros Julio Olivera Negrín, Eduardo Borges, William Corujo y Daniel Tapié.

Walter Pernas

Tomado: Brecha.com.uy

Justicia capitalista: Más de 500 mil personas siguen sin hogar en Haití. Sólo llegan 4 de cada 10 dólares de la ayuda

A dos años del terremoto de Haití, encontramos un país devastado, hambre y miseria. Los miles de millones de dólares son siempre para la banca y los millones que se destinan a la "reconstrucción de Haití", son en realidad dolares para los grandes negociados de empresas, gobierno y otros organismos.

A dos años del terremoto de Haití, encontramos un país devastado, hambre y miseria. Los miles de millones de dólares son siempre para la banca y los millones que se destinan a la "reconstrucción de Haití", son en realidad dolares para los grandes negociados de empresas, gobierno y otros organismos. El resto del dinero prometido no llega.

Finalmente la justicia capitalista es esta: la brutal desigualdad, la riqueza de pocos y la miseria de muchos.

No olvidemos que no solo hablamos de las desigualdades regionales o mundiales, son permanentes las noticias de millonarios que frecuentan clubes exclusivos en Haití, un paraíso for export dentro del horror.

Esta es la información de las agencias publicada en el día de hoy:

Unos 520.000 haitianos siguen sin hogar cuando se cumplen dos años del terremoto que devastó la región y, según un informe de Oxfam Internacional al respecto, tiene que ver con que de los 4.600 millones de dólares comprometidos por los donantes, sólo se ha entregado un 43 por ciento, lo que ralentiza aún más la reconstrucción del país.

Esta es una de las principales conclusiones del informe 'Haití: El lento camino hacia la reconstrucción. Dos años después del terremoto', que analiza 24 meses de tareas tras el seísmo de 7,2 grados en la escala Richter que el 12 de enero de 2009 asoló la capital del país, Puerto Príncipe, y sus alrededores, dejando más de 220.000 fallecidos, 300.000 heridos y 1,5 millones de personas sin hogar.

El informe señala que de estas personas, más de un tercio siguen hoy refugiándose bajo lonas o durmiendo en tiendas de campaña. De hecho, en 2010 eran aproximadamente 1.550.000 ciudadanos en 1.555 campamentos temporales de la ciudad, frente a algo menos de 600.000 que vivían aún en 894 asentamientos de este tipo en julio de 2011. En la actualidad, se cuentan 520.000 desplazados internos en 758 campamentos.

"Esta cifra representa una reducción, pero no significa que las personas tengan mejores condiciones de vida. Para muchas de ellas, la carencia generalizada de servicios básicos, entre ellos sistemas de agua potable y letrinas que funcionen correctamente, representa un gran peligro para su salud, con la amenaza constante de enfermedades transmitidas por el agua, tales como el cólera", explica el informe.

En este sentido, señala que si bien se han producido "avances", como el desalojo de más de 5 millones de metros cúbicos de escombros, --la mitad de los generados por el terremoto-- o la construcción y rehabilitación de más de 430 kilómetros de carreteras, la mayoría de los haitianos siguen sin agua corriente, saneamiento ni acceso a un médico, con la amenaza latente del cólera, que se ha cobrado miles de vidas desde el seísmo.

Además, más del 70 por ciento de la mano de obra está desempleada o subempleada y han sido "escasos los logros" a la hora de reforzar la capacidad del gobierno para tomar medidas decisivas a largo plazo en este sentido, según el informe.

"Aún queda mucho por hacer para asegurar que los haitianos a largo plazo cubran sus necesidades de vivienda, empleo y servicios básicos, tales como educación, agua y sanidad", destaca la organización, para destacar que 7 de cada diez dólares que ingresa el gobierno del país proceden de la cooperación internacional.

En este sentido, recuerda que el Gobierno español, tercer donante bilateral a Haití con un compromiso de 346 millones de euros para el periodo 2010-2013, "debe, como socio privilegiado del Gobierno haitiano que ha tenido voz y voto en la Comisión Interina para la Reconstrucción del país, asegurarse de que el proceso se realice eficazmente y que el medio millón de personas que permanecen sin hogar dos años después sean realojados adecuadamente".

No es el único mensaje de la organización, quien llama además a los donantes internacionales a involucrarse en este proceso y exige a la administración haitiana que juegue un papel "fuerte" de liderazgo y elabore una política global de reasentamiento para los desplazados con un calendario claro.

Además, insta a que exista una mayor cooperación con la sociedad civil en la planificación y gestión de estos procesos y a fin de "asegurar que sus necesidades prioritarias se cumplan". Oxfam explica que las elecciones de principios de año y el posterior enfrentamiento entre el presidente y el parlamento "han impedido la reconstrucción" y es hora de recuperar tiempo perdido y hacerlo involucrando a todas las partes.

Oxfam Internacional ha proporcionado ayuda a más de un millón de personas a través de la respuesta de emergencia del terremoto y el trabajo de prevención del cólera en este tiempo. En 2011, comenzó a modificar su enfoque de trabajo de las necesidades de emergencia inmediatas al desarrollo a largo plazo, para lo que colabora con organizaciones locales que buscan fortalecer la sociedad civil e impulsar la reconstrucción.

Tomado: KaosenlaRed.net

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Ilusiones perdidas

Obama y su política exterior en debate

La American University organizó en Washington la mayor conferencia sobre derechos humanos, para evaluar en veinte paneles el impacto de la política del gobierno de Obama. Junto con líderes de las principales organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, funcionarios de ese gobierno y miembros actuales y pasados de los organismos especializados de la OEA y de las Naciones Unidas, participaron líderes de ONG de todo el mundo. Horacio Verbitsky expuso el jueves la posición del CELS.

Lo primero que debo decir es que Obama tuvo y tendrá una gran ventaja, por el solo hecho de ser el presidente que sucedió a George W. Bush. Pero su oferta electoral iba mucho más allá de no ser un violador sistemático y manifiesto de los derechos humanos. Como organización de Sud América identificamos varios puntos de preocupación en sus políticas de derechos humanos. Por supuesto, tenemos conciencia de las disputas partidarias y de las presiones de los grupos más conservadores de ambos partidos, pero aun así la responsabilidad del Poder Ejecutivo es central. Por desgracia el balance tiene pocos aspectos positivos y son sobre todo simbólicos. Obama se alejó de la retórica belicista de Bush y eso le bastó para obtener el premio Nobel de la paz. Pero la verdad es que en los hechos pisoteó las esperanzas que había suscitado en la comunidad de derechos humanos.

La prisión de la Bahía de Guantánamo es un impresionante ejemplo de sus promesas electorales incumplidas. Se esperaba que con el cierre de esa cárcel Estados Unidos cumpliera con los requisitos del sistema legal internacional, pero la falta de decisión contra las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos perpetúa el excepcionalismo del período Bush, que coloca a este país por encima del derecho internacional de los derechos humanos, lo cual es de una enorme arrogancia.

En febrero de 2006 el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, el Relator Especial sobre la libertad religiosa y el presidente del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias informó a la Asamblea General que en Guantánamo se violaba el derecho a un juicio justo y se empleaban métodos de interrogatorio prohibidos por la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles y degradantes. También concluyeron que las condiciones de detención, la alimentación forzosa de las personas en huelga de hambre, el tiempo indeterminado de detención y el extenso confinamiento solitario violaban el derecho a la salud y a ser tratado con dignidad. La semana pasada se confirmó que no menos de 150 personas inocentes estuvieron confinadas allí durante años, incluyendo choferes, agricultores, pastores y cocineros, por errores de identificación o por haber estado en mal momento en un lugar inconveniente.

Un par de miembros de la ONG Médicos por los Derechos Humanos pudieron leer las hojas clínicas de muchos presos en Guantánamo. Encontraron huesos rotos por palizas brutales, ataques sexuales, aplicación del submarino y simulacros de fusilamiento, métodos prohibidos por las convenciones internacionales y por normas éticas universales.

Analogías perturbadoras

Creemos que la política de Obama debería incluir un apoyo activo a los procesos judiciales que se realizan en la región por los crímenes de las dictaduras. El gobierno de los Estados Unidos debería adoptar también mecanismos de responsabilidad para juzgar los más graves crímenes internacionales cometidos en la denominada guerra contra el terrorismo, que tiene perturbadoras analogías con las prácticas autoritarias de las dictaduras latinoamericanas del pasado.

Las detenciones sin juicio y la entrega de prisioneros a países en los que la tortura es común, para sacarlos de la jurisdicción estadounidense y privarlos de su sistema de protección de garantías, contradice el principio de no devolución establecido por la Convención contra la Tortura. Esta práctica frecuente es emblemática de una regresión peligrosa respecto de las normas de derechos humanos fijadas por la comunidad internacional cuando se conocieron los horrores cometidos durante la Segunda Guerra Mundial.

La relación de Estados Unidos con América Latina es dirigida por el Pentágono, que dispone de más presupuesto y personal que las secretarías del Tesoro, de Agricultura, de Comercio y de Estado juntas. Cada año, durante las audiencias legislativas, el jefe del Comando Sur explica esta relación en términos de seguridad nacional, un concepto tan vasto como impreciso que incluye casi cualquier cosa imaginable, incluso las opciones electorales de nuestros países, que suelen ser descalificados como populistas. La presencia estadounidense en la región sigue siendo demasiado militarizada. El gobierno de Obama no revirtió el alistamiento de la 4ª Flota Naval dispuesto en 2008. Por el contrario, avanzó más allá por este camino equivocado cuando impulsó a Colombia a confrontar con el resto de la región por la cesión de bases militares a los Estados Unidos. El Comando Sur planeaba usarlas como herramienta para controlar a otros países de Latinoamérica, que naturalmente se opusieron. Según fuentes ecuatorianas, la inteligencia estadounidense jugó un papel central en el ataque aéreo del gobierno de Colombia sobre un campamento de las FARC, del lado ecuatoriano de la frontera.

La militarización de todo

Los Estados Unidos hacen un doble juego con el rol de las Fuerzas Armadas. El gobierno de Obama no reconoce la diferencia entre seguridad y defensa, algo fundamental para los países que padecieron terribles dictaduras militares. Mientras la ley Posse Comitatus, del siglo XIX, prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública dentro de los Estados Unidos, su gobierno presiona a nuestros países en la dirección contraria, borrando los límites entre ambos roles. Lo mismo ocurre entre defensa e Inteligencia, en una sociedad con una proyección sin precedentes de lo militar sobre toda clase de actividades. Esto no ocurre por casualidad sino debido a decisiones políticas, como se aprecia con el enroque entre uno de los más altos jefes de las Fuerzas Armadas y el director de la CIA. El traslado del militar a la CIA y la designación en el ministerio de Defensa de quien dirigía la CIA sugiere que no hay diferencias, que son lo mismo. Esta clase de confusión ha socavado incluso la ayuda a Haití después del terremoto. La misión estadounidense en ese país se caracterizó por la presencia militar, más que social o económica. Haití necesita con desesperación de médicos, servicios sociales, inversiones y no de soldados que exhiben uniformes futuristas y un amenazante equipamiento bélico. Esto es tan fuerte en la cultura estadounidense que incluso cuesta explicar aquí por qué debería ser de otra manera.

Al presentar al Congreso su justificación del presupuesto solicitado para 2010, el Pentágono introdujo la doctrina expansionista de la Guerra Irregular, de inquietante similitud con algunas doctrinas contrainsurgentes de la década del 60, actualizadas en la denominada guerra contra las drogas, pero no sólo. Junto con la contrainsurgencia viene la doctrina de la construcción nacional o National Building, que se propone remodelar las instituciones políticas de otros países, lo cual no es una actitud amistosa. Otros documentos militares estadounidenses consideran a algunos países y regiones, entre ellos Venezuela, como posibles teatros de operaciones. El envío de coroneles de la brigada aerotransportada de paracaidistas de Fort Bragg para entrenar a la Policía Federal es otra mala señal. El gobierno argentino los acusó de tratar de introducir en el país sin declararlos armas, drogas como morfina y misteriosos equipos de comunicaciones. Este modelo de intervención ha tenido negativo impacto sobre los derechos humanos. Peor aún, cuando algunos países tratan de cambiar por formas más eficaces de enfrentar a la criminalidad compleja con respeto por los derechos humanos, el gobierno de Obama insiste en las fracasadas recetas de la era Nixon. Devastado por una violencia siempre en aumento, México es la prueba viviente de la insanía de esta política. México provee las drogas que se consumen en Estados Unidos y Estados Unidos las armas con las que se asesina en México. No es una política de buena vecindad. Los ex presidentes Ernesto Zedillo, Fernando Henrique Cardoso y Cesar Gaviria y el premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa, entre otros, dan por perdida esa guerra a las drogas y proponen un enfoque diferente, que Estados Unidos no acepta.

Otra fuente de desacuerdos con la región es la posición estadounidense sobre el golpe en Honduras. Aunque al principio Washington rechazó el golpe como ilegal, la presión del partido Republicano en el Congreso forzó a Obama, Hillary Clinton y Arturo Valenzuela a reconocer un proceso electoral viciado que permitió la elección del nuevo presidente Porfirio Lobo, a pesar de la expulsión del derrocado presidente Manuel Zelaya, cuyo regreso fue la condición no negociable de Latinoamérica desde el comienzo de la crisis. El resultado ha sido divisivo para el hemisferio. El gobierno hondureño fue reconocido por Estados Unidos pero excluido de la OEA y sin relaciones diplomáticas con la mayoría de los países latinoamericanos. Honduras aún padece una duradera crisis institucional y de derechos humanos.

El compromiso con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reflejado en la jerarquía de los representantes de Obama ante ese foro, es la decisión política más positiva que podemos identificar. Creemos que Estados Unidos debe permanecer en el Consejo y ayudar a su consolidación. Pero aún le falta desarrollar un marco estratégico para relacionarse en forma positiva con los nuevos mecanismos regionales, como la UNASUR y el Consejo Sudamericano de Defensa, para apoyar la estabilidad en la región por medio del manejo y la prevención de crisis y la afirmación de una agenda de derechos humanos.

Varios países de Sudamérica (como la Argentina, Chile, Perú y Uruguay, y ahora, en parte, también Brasil) han decidido investigar y de ser posible llevar a juicio los crímenes cometidos durante sus dictaduras cívico-militares. Esta es una decisión fundamental para consolidar nuestras democracias, y debería ser bienvenida y apoyada por Estados Unidos. También ponemos esperanzas en la posible desclasificación de archivos de la CIA y del Pentágono sobre nuestros países, pero también urgimos que se tomen acciones en ese sentido, aquí en los Estados Unidos. Es incongruente condenar a las dictaduras latinoamericanas y proteger a los responsables de autorizar en Washington crímenes similares con el pretexto de proteger al pueblo norteamericano, un razonamiento similar a los de Videla o Pinochet.

La guerra contra los chicos

También nos preocupa la falta de atención que presta Estados Unidos a los derechos económicos, sociales y culturales a diferencia de la protección a los derechos civiles y políticos. La salud, la vivienda y el trabajo no son considerados como derechos humanos y los tratados que los consagran como tales no han sido ratificados por Estados Unidos. Según el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que resume los aportes de más de un centenar de ONGs a la Revisión Periódica Universal:

- cerca del 30 por ciento de la población carece de ingresos suficientes para atender sus necesidades básicas, con 24,7 por ciento de los afroamericanos, 20 por ciento de los chicos y 14,5 por ciento de las mujeres debajo de la línea de pobreza.

- centenares de mujeres mueren cada año por complicaciones evitables del embarazo, con amplias disparidades en el acceso al cuidado de la salud basadas en razones étnicas.

- pese a la sanción de una ley que mejora la salud pública, aún existen 20 millones de ciudadanos estadounidenses sin ningún tipo de seguro de salud.

Por desgracia, este problema estructural se agravó por algunas decisiones de política interna influenciadas por fuerzas que se oponen al gobierno de Obama. Desde un punto de vista latinoamericano el cierre de guarderías y escuelas públicas para sectores de bajos ingresos, el despido de maestros, la eliminación de miles de planes de salud para niños solos, la reducción de gastos en Medicaid podrían emplearse para justificar similares políticas horribles, pasadas o futuras, en nuestros países. Todo esto constituye una vergonzosa guerra a los chicos, que el pueblo de los Estados Unidos no debería consentir.

A pesar de todo esto creemos que aún existe en todo el mundo, aunque declinante, una ventana de oportunidad y buena voluntad para que Estados Unidos, o mejor dicho el gobierno de Obama marque un enfoque diferente en su política exterior, en particular hacia Latinoamérica y los derechos humanos. La región está madura para discusiones multilaterales más equilibradas, mejor meditadas, estratégicas sobre cuestiones que puedan afirmar los derechos humanos. Esperamos que los próximos años de gobierno de Obama muestren acciones concretas hacia esa finalidad.

Horacio Verbitsky.

Tomado: Página 12.com.ar

El miedo recluye en sus casas a los saharauis de El Aaiún

Los restos del 'Campamento Dignidad', tras la intervención militar y policial contra sus 20.000 habitantes, el 8 de noviembre. - EFE

El temor, el miedo a la represión policial impera en las calles de El Aaiún, donde los ciudadanos se refugian en las casas y "nadie habla", mientras que desde Marruecos se quiere recrear un clima de calma en la fantasmagórica capital del Sáhara Occidental. Aunque las tiendas están abiertas y parece que reina la tranquilidad, los ciudadanos no se mueven con libertad, los niños no comenzaron el colegio y la Fiesta del Cordero no ha logrado levantar los ánimos.
Después de que los líderes del Campamento Dignidad de Gdeim Izik y activistas prosaharauis fueran perseguidos y muchos de ellos detenidos en viviendas en El Aaiún, son pocos los que se atreven a hablar con los medios de comunicación para explicar cuál es la verdadera situación en la ciudad. Tres de las personas contactadas ayer por este periódico han condicionado sus testimonios a que se mantenga su anonimato, una de ellas exclamaba: "Hay guardias por todas partes". Otro saharaui residente allí nos alertaba de que "nos controlan los teléfonos".

El Aaiún vive una situación de "calma obligada", según palabras de uno de sus habitantes, y parece que "no por mucho tiempo", se atreve a afirmar. Lamenta que las calles sigan dominadas por las fuerzas de seguridad marroquíes y considera que este periodo de tranquilidad es ficticio y volverán las revueltas.

Retirada del ejército

Aunque Marruecos retiró a los soldados del ejército que participaron en los primeros días de represión, no se lo ha llevado demasiado lejos, ya que las carreteras que comunican con la ciudad siguen controladas por las milicias. "Carreteras a las que es mejor no salir", asegura un ciudadano, porque están sometidas a férreos controles militares.

Mientras, las calles de El Aaiún y los saharauis permanecen totalmente controlados por el resto de las fuerzas de seguridad del Gobierno: Gendarmería, Fuerzas Auxiliares y Policía.

La tristeza es la otra gran protagonista en El Aaiún, donde la población apenas celebró la Fiesta del Cordero (Aid Al Adha). Aunque las familias saharauis que tuvieron la ocasión se reunieron para pasar estos días juntas, apenas se oyeron demostraciones de júbilo ni alboroto de los más pequeños, los principales protagonistas de esta celebración.

"No puede haber alegría entre nosotros, la situación no es para eso precisamente", se queja por teléfono un residente de la ex provincia española.

Sólo siete puestos en libertad

Porque son días de pesadumbre para la población saharaui, cuyo número de detenidos supera el centenar, tal como había anunciado días antes el Polisario. Marruecos hizo oficial ayer el número de arrestos por los sucesos ocurridos desde que el 8 de noviembre se desmantelara violentamente el Campamento Dignidad, que ascienden a 132, de los cuales únicamente siete han sido puestos en libertad.

La Cárcel Negra de El Aaiún acoge a la mayoría de ese centenar, mientras que la de Salé, próxima a Rabat, recluye a ocho de ellos, que serán juzgados por un Tribunal Militar acusados de constitución de banda criminal. Sin embargo, se niega la existencia de desaparecidos, que según el wali (gobernador) de El Aaiún, Mohammed Jelmous, "son en realidad fugitivos" de la justicia que se esconden en el desierto.

La mirada está puesta ahora en los funcionarios marroquíes que recorren las casas expoliadas y los establecimientos desvalijados, más de 170, para recolectar testimonios de lo ocurrido y realizar un inventario de los desperfectos ocasionados durante las revueltas y los saqueos de grupos de colonos.

"Ya se empiezan a ver las primeras reparaciones de los daños sufridos", explica un residente, que sigue de cerca las obras de reconstrucción con las que se taparán las pruebas de los disturbios.

Raúl Torres Rabat

Tomado: Público.es

Ziegler: es necesario “un nuevo Nuremberg” para los especuladores financieros

Los especuladores financieros, causantes de la crisis mundial, deben comparecer ante un nuevo “tribunal de Nuremberg”, similar al que juzgó a los nazis al fin de la Segunda Guerra Mundial, afirma el analista y miembro del comité consultivo del Consejo de Derechos del Hombre de la ONU Jean Ziegler.

La “responsabilidad final” de la crisis económica “es de las entidades capitalistas, de los especuladores de las bolsas, esos bandidos que deben ser sentados ante una corte penal internacional, ante un nuevo Nuremberg”, señala Ziegler, quien estos días presenta en Madrid la edición española de su libro “El odio a Occidente”.

Esta obra denuncia el incumplimiento de los compromisos de las naciones más ricas con la ayuda a los países subdesarrollados, y el neocolonialismo lanzado por las empresas multinacionales amparadas en un sistema financiero “caníbal”, como subraya Ziegler en una entrevista con Efe.

El que fuera relator especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación entre los años 2001 y 2008 no deja títere con cabeza y arremete contra las instituciones que considera cómplices de esos “piratas financieros”, como la Unión Europea, a la que califica como una “organización mercenaria del gran capitalismo internacional”.

Ziegler recuerda que en octubre de 2008 “los países de la zona euro decidieron en París pagar 1,7 billones de euros para evitar el colapso financiero y garantizar los créditos interbancarios”, y que antes de que terminara ese año esos mismos estados habían recortado drásticamente las partidas del Programa Alimentario Mundial (PAM).

“Hoy día, el presupuesto del PAM es de 3.200 millones de dólares, la mitad del que había anteriormente. Eso significa, por ejemplo, que en Bangladesh se eliminan todas las comidas escolares y que un millón de niños se queda sin su principal fuente de nutrición diaria”, asegura Ziegler, quien acusa sin reparos a los “bandidos de la especulación”.

“Son criminales que han cometido crímenes contra la humanidad, en el sentido estricto del término según la justicia internacional. Sus acciones han provocado la muerte de millones de personas, mientras continúan con su estrategia para dominar el mundo”, agrega Ziegler.

Se refiere a la conferencia internacional que estos días se ha reunido en Nueva York para analizar el cumplimiento de los llamados “Objetivos del Milenio” de la ONU destinados a avanzar, antes de 2015, en la erradicación de la pobreza, el hambre, el analfabetismo, la desigualdad de género, la mortalidad infantil, las epidemias y la destrucción del medioambiente, entre otras metas.

“Han pasado dos tercios del tiempo desde en el 2000 se reunieran por primera vez 298 jefes de Estado y Gobierno, y vemos que la situación es inversa. Cada cinco segundos un niño menor de diez años muere de hambre en el mundo. Más de 37.000 personas mueren de hambre cada día y 2.000 millones sufren desnutrición”, destaca.

Lo peor de todo, insiste Ziegler, es que con la agricultura actual podría producirse suficiente alimento como para mantener a 12.000 millones de personas, es decir, el doble de la población mundial actual.

Caricatura: McDonald

“La muerte de hambre de un niño hoy día es un asesinato. Este es un orden mundial caníbal”, sentencia.

El también autor de “El imperio de la vergüenza” (2006) se refiere asimismo en su nuevo libro a la lucha de las multinacionales por el control de los recursos energéticos de Nigeria y a la nacionalización por el presidente boliviano, Hugo Morales, de las empresas extranjeras que controlaban la producción de gas y la minería en su país.

Una mención especial le merece el presidente estadounidense, Barack Obama, de quien destaca en la entrevista que “la esperanza fue tan grande con un afroamericano en el poder en EEUU que la decepción es, si cabe, más grande”.

No obstante, disculpa a Obama por el “terreno minado” en que se mueve: “hay tres líneas rojas en EEUU que un presidente no debe cruzar. No debe ofender ni al complejo industrial militar, un estado dentro del estado, ni a Wall Street ni al lobby sionista en su país”.

“Obama sabe perfectamente que si ataca a cualquiera de estos grupos, será asesinado”, afirma Ziegler rotundo.

Como salida a tan negra situación, este profesor egregio de la Universidad de Ginebra llama a la creación de un frente solidario entre la nueva sociedad civil “que crece en Occidente” y los movimientos sociales de los “pueblos del sur”, a fin de hacer la que sería “la primera revolución mundial victoriosa”.

(Con información de EFE)

Tomado: CubaDebate

Para reconstruir: el exilio de Gardel

La Cámara de Diputados se dispone a conmemorar el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, esta vez aportando una visión desde lo que fue el exilio uruguayo. No cabe otra cosa que saludar la iniciativa, en tanto el exilio fue parte de una época trágica para nuestro país, donde los mayores dramas los sufrieron los que fueron muertos, secuestrados, torturados y exiliados, en ese orden. Como sociedad también tenemos que reconocer que el tema del exilio no ha sido encarado con rigurosidad por la sociedad uruguaya y su sistema político, y por ello no se ha podido hacer una síntesis de esa experiencia humana y política, que por su masividad no tenía antecedentes. Desde el retorno de la dictadura ha existido un manto de silencio, donde todos somos responsables, sobre esta problemática que no se puede llegar a entender con profundidad, si no se plantea a la vez el desexilio que se produjo a partir de los últimos meses de 1984, cuando ya la dictadura agonizaba. Durante todos estos años que nos separan del fin de la dictadura, no supimos transmitir la experiencia humana de miles de uruguayos, quienes trajeron sobre sus hombros la influencia de otras culturas y de otros pueblos. El exilio y el desexilio se quedaron sin memoria, perdiendo la oportunidad de ampliar nuestra cultura nacional, sólo por el pecado de no haber hablado sobre lo vivido y de no preguntar sobre lo vivido.Desde 1984 no sólo somos españoles, italianos, judíos, afrodescendientes y charrúas, sino que también somos, de alguna manera, mexicanos, suecos, europeos del este, africanos de sus distintas esquinas, caribeños, estadounidenses y canadienses, entre otros. Pero si no se actúa rápido las leyes de la vida pueden borrar por siempre aquellas nuevas formas que algunos uruguayos supimos aprender de otros pueblos, con sus sensibilidades particulares para apreciar los colores, la música, el sonido de las palabras, el sabor y el olor de las comidas, porque las sociedades tienen olores particulares y el sentido de la vida. Estaríamos ante un suicidio cultural, cometiendo así un grave error. Por eso nuestro saludo a la iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Del punto de vista político el exilio fue una gran escuela que tuvo como factor fundamental que los uruguayos de la diáspora supieron reconstruir las herramientas políticas que la izquierda había elaborado ­en base a lucha, sacrificios y lucidez­, como fueron la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y el Frente Amplio. El exilio uruguayo fue el único en Latinoamérica que no se fracturó, lo que es un dato distintivo. En esos años cayeron las dictaduras de España y Portugal, Vietnam derrotó a los yanquis, comenzó el desplome del colonialismo en Africa, triunfó la revolución sandinista, apareció en Europa el eurocomunismo, la socialdemocracia recobró nuevos bríos, surgieron las primeras señales de cambio en la URSS, Cuba siguió resistiendo y resistiendo, con luces y sombras. Y en todos estos casos siempre hubo un grupo de uruguayos que tienen algo para contar, ya sea porque estuvieron en las zonas de combate o porque vieron en carne propia no sólo la confrontación, sino el debate de ideas y el ejercicio de la solidaridad. Pero lo sustancial fue que a la ola fascista se la logró detener en las fronteras del sur de Venezuela. En mi modesta opinión hubo una concepción que logró elaborar una estrategia de enfrentamiento al fascismo, que tuvo como aporte fundamental las propuestas políticas y teóricas de Rodney Arismendi, quien en pocas palabras dibujó cuál debería ser el andar de las fuerzas de izquierda. Eso se tradujo en la necesidad de establecer la unidad y la convergencia de gobiernos, partidos y pueblos para detener y después derrotar la contraofensiva de Estados Unidos. Raul Legnani La onda digital.uy

El golpismo, igual que la viruela

En la Asamblea General de la OEA que se realiza en Lima, Hillary Clinton tanteó a los demás cancilleres para lograr la reincorporación de Honduras. La mayoría de los países latinoamericanos se mostró renuente para abrirle la puerta al presidente Porfirio Lobo, porque no ha tomado ninguna medida contra los militares que dieron el golpe en su país. Clinton desistió y el consenso fue que la OEA no trataría ese tema en público. No quieren poner más en evidencia la debilidad de Lobo y tampoco quieren que cualquier medida contra los golpistas sea interpretada como una imposición. Por historia y por sobrevivencia, el golpismo militar siempre será importante para los gobiernos civiles de la región, nunca un tema menor. Por eso las declaraciones del embajador chileno en Buenos Aires, Miguel Otero, producen tanto ruido. No solamente es una cuestión histórica. Las mayorías en este país y en todo el mundo detestan a Pinochet. Se lo detesta por lo que hizo en Chile y por lo que cada pueblo emparenta con cosas que sucedieron en sus propios países. Y de la misma manera se rechaza la idea del golpe militar. En los años ’70 solamente dos o tres países de la región no tenían dictaduras militares. En muchos casos, como en el argentino o el boliviano, había dos o tres golpes por año. Era una lacra que empastaba la vida económica y social, impedía cualquier tipo de progreso y promovía la violencia. Y no se veía ninguna salida de ese infierno, porque, además, los gobiernos norteamericanos, las jerarquías eclesiásticas y los capitales concentrados y transnacionales estimulaban y eran favorecidos por él. El golpismo es un camino de ida. No hay nada más fácil que entrar y después es casi imposible salir. Y además, la tentación es permanente, aunque hayan pasado años sin que se ejerza. Por eso, la mejor forma de tratarlo en la actualidad es como si fuera el virus de la viruela. Apenas queda suelto, hay que aislarlo y combatirlo. No se puede hacer ninguna concesión porque cada una que se haga será el escalón que tendrá el siguiente. A Clinton, la tozudez de casi todos los gobiernos sudamericanos frente a Honduras puede parecerle irracional porque no vivió ni entiende el fondo de esta historia y las sensibilidades lógicas que despierta. Pero en ese tema tiene razón la intransigencia. No sólo se cuidan ellos mismos de un contagio, sino que además así también apuntalan el poder democrático en Honduras. En ese contexto aparece el embajador de Chile y habla de Pinochet en los mismo términos en que lo hicieron los golpistas hondureños. En eso no hay originalidad. El golpe en Honduras se produjo unos meses antes de que finalizara el mandato de un presidente democrático y hubiera elecciones. No tenía sentido. Fue pura demostración de fuerza. Un ejemplo que se proyecta hacia todas las situaciones de crisis política o social que se puedan producir en América latina. Las palabras de Otero parecen calcadas de las del presidente de facto hondureño Roberto Micheletti. Claro que Pinochet es más conocido que el golpista centroamericano. Justifica el golpe porque con Salvador Allende “no se podían comprar productos importados”. Y dice, como todos los golpistas, que la mayoría de los chilenos no vivió a Pinochet como un dictador. Ningún gobierno, sea de Chile o de cualquier otro país, del color político que fuere, tiene derecho a enviar embajadores que se expresen de esa manera, que vayan en detrimento del esfuerzo por apuntalar los procesos democráticos que se abrieron en las últimas décadas. Eso es independiente del debate interno en Chile con los pinochetistas. Puede parecer un cavernícola, un anacrónico o que sus palabras no pesan. Pero es como la viruela. Está erradicada desde hace muchos años y nadie se cruza de brazos: ante el primer síntoma se reacciona con energía, se toman todos los recaudos. Hablar bien de las dictaduras o del golpismo tiene un eco interno aunque se hable de Pinochet, no es aconsejable que lo hagan embajadores en esta parte del mundo. Luis Bruschtein Tomado: Página 12

Madre del periodista David Segarra confirma que su hijo ''está bien'' tras ataque israelí

Dijo que se encuentra en constante comunicación con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y con el Gobierno de la comunidad Autónoma de Valencia (este), ya que esperan por un barco en el que trasladan a su hijo a un puerto israelí junto al resto de las personas a bordo 31 mayo 2010 - Cristina Soler, madre del colaborador de teleSUR David Segarra, confirmó que su hijo está en buen estado de salud luego del ataque a una de las embarcaciones en la que viajaba con ayuda humanitaria hacia Gaza, por parte del ejército de Israel y que dejó un saldo de 19 muertos. La madre explicó que el Gobierno de España le informó sobre el estado de salud del periodista español que grababa imágenes para un reportaje sobre la misión de la flotilla en Gaza. Dijo que se encuentra en constante comunicación con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y con el Gobierno de la comunidad Autónoma de Valencia (este), ya que esperan por un barco en el que trasladan a su hijo a un puerto israelí junto al resto de la tripulación . "La orden del Gobierno español es repatriarlos, ellos están bien de salud y los quieren repatriar", dijo Soler. El ministro de Exteriores español expresó en un comunicaco su rechazo a la acción militar del Estado de Israel y la calificó de "grave y preocupante". Informó que se convocó a embajador israelí en esa nación para que rinda cuentas sobre el incidente contra las embarcaciones, en las cuales viajaban tres españoles, entre ellos Segarra. Cristina Soler recordó que su hijo "ya había estado en Gaza en una operación especial con un equipo venezolano en enero de este año, iba por su cuenta grabando imágenes y logró salir por la frontera egipcia con grandes difiultades". Agregó que "en este caso iba con teleSUR para continuar con el interesante documental sobre Gaza (que estaba realizando) y sabía perfectamente el riesgo que corría". Cristina Soler comentó que su hijo es una persona de "gran valentía" que está en Venezuela por convicción para unirse a la Revolución Bolivariana que lleva adelante el presidente latinoamericano, Hugo Chávez. David Segarra "se mueve por valores, principios y creencias", expresó. La ciudadana española dijo que en Valencia se está organizando una "enorme manifestación" de protesta en varias partes del ayuntamiento de esa ciudad, mientras que en Madrid se espera una concentración ante la embajada de Israel contra "la masacre intolerable a la que Europa mira con ojos indiferentes y el resto del mundo ha restado importancia", opinó. "Es una vergüenza la indiferencia europea ante las masacres, además se saltan amenazas criminales de Israel", precisó. Señaló que la revisión que realizó su hijo a la embarcación donde se encontraba, captó imágenes de 20 sillas de ruedas para personas discapacitadas, elementos sanitarios, materiales de construcción y medicamentos, entre otros insumos de ayuda humanitaria. Los otros españoles que estaban a bordo son Manuel Tapial y Laura Arau, miembros de la asociación española Haydée Santamaría. El ataque a la Flotilla de la Libertad, que se registró en horas de la madrugada de este lunes a 20 millas del territorio palestino, transportaba a más de 750 personas y toneladas de ayuda humanitaria a Gaza. Mientras Israel reconoció la muerte de 10 personas, algunos medios de comunicación cifran entre 14 y 20 los muertos, en tanto los heridos se ubican de 30 a 60 personas entre los que hasta ahora se cree que podrían estar diplomáticos, parlamentarios y una ganadora del Premio Nobel de la Paz. En la flotilla viajaban ciudadanos de al menos 40 nacionalidades. Tomado: Aporrea

El Sáhara Occidental atenazado por Marruecos

Rabat ha expulsado a Aminatou Haidar, reconocida militante de los Derechos Humanos. Enésima demostración de fuerza contra los saharauis. Intimidaciones, confiscación de pasaportes, amenazas, arrestos, procesos arbitrarios... Desde 2005, inicio de la intifada pacífica en el Sáhara Occidental, Marruecos utiliza la represión contra los militantes de los Derechos Humanos en los territorios que ocupa ilegalmente desde 1975. El viernes 13 de noviembre , la activista saharaui Aminatou Haidar fue detenida, una vez más, a su llegada al aeropuerto de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, acompañada de dos periodistas españoles, y posteriormente expulsada en dirección a las Canarias (España) de donde provenía... "Titular de un documento nacional de identidad y de un pasaporte marroquí (...) Aminatou Haidar fue detenida por haber rechazado cumplimentar las formalidades de la policía", informó AFP. Galardonada con varios premios internacionales de los Derechos Humanos, entre ellos el de Coraje civil en 2009, y candidata al Nobel el año anterior, fue interrogada por doce agentes de la Seguridad marroquí por haberse atrevido a escribir en la ficha de entrada la mención Sahara Occidental. Una ofensa a "la integridad territorial de Marruecos", según Rabat, obligado sin embargo, a organizar un referéndum sobre la autodeterminación del Sáhara Occidental desde hace dieciocho años, como recomiendan numerosas resoluciones de la ONU. Aminatou Haidar, condenada a permanecer en España tras haber sido confiscado su pasaporte, ha iniciado una huelga de hambre en señal de protesta. Ella que ha conocido dos veces las prisiones marroquís y la tortura, no cesa de advertir sobre las graves violaciones de los Derechos Humanos de las que son víctimas los saharauis. Al igual que otros siete militantes, entre ellos Alí Salem Tamek, vicepresidente del Colectivo de defensores de los Derechos Humanos (Codesa), detenidos hace un mes, y amenazados con ser llevados ante un tribunal militar por haberse trasladado a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia). Todos ellos son reconocidos como prisioneros de opinión por Amnistía Internacional, se arriesgan a ser condenados a la pena de muerte. En 2008, durante un coloquio en la Asamblea de la Unión Europea en París, Aminatou Haidar denunció la diplomacia de geometría variable de la U.E. que permanece muda en el tema del respeto a los Derechos Humanos cuando sus intereses económicos están en juego. Cathy Ceibe Traducción J.A. Pina Tomado de L´Humanité

Monólogo humanitario

El monólogo proviene de tradiciones histriónicas de la cultura china. La antigua Grecia lo diversificó, cuando el teatro floreció en los escenarios de Epidavros y Dioniso, cerca del Partenón. Tan antigua como algunas civilizaciones milenarias es la introspección de los seres humanos, al monologar para perfeccionar una idea, autoanalizarse, crear una obra escrita, pictórica o musical. Algunos enajenados solo monologan y se incapacitan para comunicarse con los demás. Más lamentable aún es la omisión del diálogo de muchos países desarrollados, que lejos de comprender a los pobres o ayudarlos sinceramente, deciden por otros y juzgan sus acciones sin analizar los propios defectos.

Pulula como la verdolaga el monólogo de los ricos, que lanzan directivas, posiciones comunes, mociones y resoluciones, mientras ignoran a los organismos internacionales, censuran al resto de los humanos y aleccionan sobre el comportamiento y los modales. Es una actitud repetitiva de los sucesivos gobiernos estadounidenses y de países miembros de la Unión Europea, que insisten en condenar a los que denominan Terceros Países, es decir, los que no son aliados ni desarrollados.

Es lo que sucedió con el varias veces enmendado proyecto de “Informe del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en el mundo durante 2008”, presentado por un diputado español y aprobado en abril de 2009. El documento se asemeja a un monólogo y anticipa líneas de ataques contra los pobres. No dista de los Informes de Washington, porque se arrogan el derecho de condenar, humillar o amenazar a los demás.

La amplia mayoría de 429 votos a favor, 36 en contra y 55 abstenciones trasluce que en la “estrategia sobre los derechos humanos” los partidos mayoritarios del Parlamento Europeo comparten sus métodos. Del voluminoso Informe conviene un apretado resumen, para ilustrar su contenido: aborda la política antiterrorista, estima que la política migratoria “representa un desafío para la credibilidad de la Unión”, invita a algunos Estados miembros que no han firmado o ratificado las Convenciones de las Naciones Unidas o el Convenio contra la tortura, a que lo hagan; se felicita por la disminución de la pena de muerte. A la vez acusa a Irán, China y Belarús por incrementarla.

De hecho el “aleccionador” Informe asoma las garras de la Unión Europea y contra quienes se apresta a concentrar sus próximos ataques. Sería irreal circunscribirse a Cuba, porque muchos países son criticados:

Al gobierno venezolano lo acusan de autoritarismo y señalan que debe encaminar su política hacia la legalidad constitucional. Si esto fuera poco en la mezcla de supuestos “derechos humanos” con intervencionismo, el 7 de mayo el propio Parlamento Europeo adoptó una Resolución defensora del golpista “opositor”, Manuel Rosales y celebra que el gobierno peruano le haya otorgado asilo político, por tratarse de “un perseguido político” en su país. ¡Lástima que no se hayan pronunciado de igual forma cuando el golpe de Estado ni sobre los muertos provocados por los golpistas! Arremeten asimismo por “acoso contra los derechos humanos” en Venezuela y Nicaragua.

La celada “humanitaria” contra Bolivia se abre paso. El Parlamento Europeo en octubre del pasado año demandó a las altas instancias de la Unión que “defendiese los derechos humanos en ese país”, tras el intento de golpe de Estado, impulsado por la oposición. El pasado mes de abril el Canciller irlandés y el Ministro de Relaciones Exteriores húngaro invocaron, respectivamente al “débil Estado de derecho” y “al resultado de luchas políticas internas”, el fallecimiento de un joven irlandés y un húngaro-croata, implicados en un nuevo intento de golpe de Estado contra el legítimo Presidente Evo Morales. ¿Casualidad, mercenarismo, premeditación de ciudadanos europeos? Las respuestas ameritan paciencia y reflexión.

No se trata solamente de la mordaz crítica contra algunos gobiernos latinoamericanos. Los Ministros de Asuntos Exteriores no pudieron conciliar en Bruselas sus disímiles actitudes sobre las sanciones contra Belarús, a cuyos dirigentes prohíben el acceso a los Estados miembros de la UE. Recientemente las conversaciones sobre el intercambio energético con Rusia estuvieron plagadas de presiones debido a la presunta violación de los derechos humanos por este último país.

La virulencia contra la República Popular China reviste características irrespetuosas: condecoran al “líder tibetano”1 Dalai Lama, quien es recibido a los más altos niveles en Francia, Dinamarca y Holanda –entre otros-. Otorgan el premio Sajárov de 2009 al “defensor de los derechos humanos”, Hu Jia y no pierden oportunidad para intentar condicionar las transacciones e inversiones e insistir sobre lo que les interesa. En el rosario de las presiones comunitarias sobre el tema, Irán, Myanmar, Moldova y Sri Lanka ocupan un lugar destacado. Se acrecientan las alusiones al Congo, Sudán, Somalia y el tenaz hostigamiento contra Zimbabwe –contra la que persiste una Posición Común-. La motivación de la UE para acusar a los africanos requiere un análisis aparte.

¿Cuáles son los acontecimientos más recientes relacionados con Cuba? El citado informe del Parlamento Europeo enmendó los párrafos 85 y 97. “Pide que Cuba ratifique los Pactos Internacionales sobre Derechos Civiles, Políticos y sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales; que libere a todos los “presos políticos” y anticipa que “analizarán si continúa el diálogo con Cuba, en dependencia de las mejoras significativas que esperan con relación a los derechos humanos”.

Por ello no sorprende que durante la reunión celebrada recientemente en Praga, la pretensión de la Unión fue condicionar los “dadivosos” 36 millones de euros que dicen haber estado dispuestos a facilitar a Cuba, a cambio de que los complaciéramos en un pliego de demandas sobre los derechos humanos, en todas las variantes comunitarias.

La Unión Europea, en diversas instancias y mediante declaraciones de personalidades españolas, checas, italianas y suecas –entre otras- arremete nuevamente contra los terceros países. Habría que leer el resultado de la reunión del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, efectuada en Bruselas el 18 y 19 de mayo. El encuentro anticipa cómo será el Consejo de junio, que clausurará la presidencia semestral checa, y que Suecia relevará. En el acta de la reunión los 27 Estados miembros, confirman su permanencia en escenarios bélicos de Irak, Afganistán y Kosovo.

Lo anterior se contradice con el acápite referido a los derechos humanos, la igualdad de géneros y los niños afectados por los conflictos armados… Habría algunas preguntas que hacer a quienes se atribuyen la defensa de los derechos humanos: ¿Cómo serían protegidos los infantes bombardeados y desplazados a causa de las guerras donde países miembros de la Unión Europea actúan impelidos por la sacrosanta Política Exterior de Seguridad y Defensa y sus relaciones con Washington? ¿Cómo protegerán a los inmigrantes expulsados porque “no califican” entre los seleccionados a partir de la Directiva Retorno, del Pacto de Inmigración y Asilo y la muy reciente “Carta Azul” que certifica el robo de cerebros?

No es ocioso subrayar que ante la crisis actual, la respuesta de la Unión Europea incluya disminuir su minúsculo aporte al desarrollo del 0,7% del producto interno bruto de cada Estado, que no todos han cumplido. Indudablemente olvidaron el saqueo colonial ejercido por sus antecesores contra latinoamericanos, africanos, asiáticos y mesorientales, de los cuales deriva el subdesarrollo actual.

¿Por qué cuestionan que Cuba fuese reelecta miembro del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra? ¿Cuál es la razón para mantener una Posición Común (a la usanza de la Ley Helms-Burton), pese a que la comunidad internacional reconoce los logros cubanos en la protección y desarrollo de los derechos humanos más anhelados por el mundo subdesarrollado? Se confirma, una vez más que la UE no practica el diálogo con aquellos a los que cuestiona. Quedarían muchas preguntas pendientes.

Un legendario cuento infantil ha repetido durante siglos la pregunta ante el espejo: “¿Hay alguien más hermosa que yo?” Hoy habría que añadir el monólogo de la Unión Europea: “Espejo en la pared, ¿hay alguien más humanitario que yo?”. Quizás la respuesta esté en los millones de desempleados, en los inmigrantes lanzados al mar, en los sempiternos esquilmados y vituperados del mundo pobre, en los desplazados después de la “humanitaria” guerra contra Yugoslavia, o en los prisioneros trasladados desde Afganistán e Irak hacia Guantánamo. El monólogo –después de todo- es un acto histriónico de reconocida vigencia.

Leyla Carrillo Ramírez

La Habana, 29 de mayo de 2009 “Año del 50 Aniversario del Triunfo de la Revolución”

Tomado: Rebelión

Uruguayos contra la impunidad

Imagen: Mario Toral

Organizaciones políticas, sociales y de defensa de los derechos humanos marcaron hoy un hito en su batallar contra la Ley de Caducidad al sumar más de 250 mil uruguayos a la campaña por someterla a plebiscito.

“Superamos el mínimo de firmas señalado por la Constitución, pero no cederemos hasta tener 300 mil a fin de asegurarnos un margen ante eventuales impugnaciones”, dijo el dirigente sindical Carlos Coitiño, miembro de la Coordinadora que promueve la iniciativa.

Para solicitar un referendo sobre la normativa, la entidad debe presentar ante el Poder Legislativo un número de rúbricas equivalente al 10 por ciento del padrón electoral antes del próximo 25 de abril.

De lograrse esa cifra, la Corte Electoral debe convocar a los uruguayos a pronunciarse sobre la conveniencia o no de anular la también llamada Ley de Impunidad junto con las elecciones nacionales del 25 de octubre.

Una reciente encuesta reveló que más de la mitad de los ciudadanos con derecho al voto es partidaria de plebiscitar la ley.

Pero al margen de lo que a ese respecto se decida en los comicios de octubre, los uruguayos habrán honrado su decisión de remover la impunidad de la vida nacional, como parte de una cultura integral de derechos humanos.

La campaña se inició el 4 de septiembre del 2004 en el teatro El Galpón, una institución hondamente ligada a la rebeldía nacional y la defensa de los derechos humanos.

Solo ese día firmaron más de mil personas, entre ellas el escritor Eduardo Galeano y decenas de artistas, intelectuales, deportistas y personalidades de la vida nacional. También, Macarena Gelman, hija de desaparecidos y cuyo abuelo, el intelectual argentino Juan Gelman, solo pudo hallarla cuando tenía 23 años.

De hecho, la batalla por enjuiciar a militares y policías que cometieron violaciones de los derechos humanos en tiempos de la dictadura comenzó en cuanto estos entregaron el poder en 1985, después de detentarlo durante 12 años.

En diciembre de 1986, pese a los reclamos populares, el Parlamento aprobó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, con los votos de legisladores de los partidos Colorado y Nacional o Blanco, y la oposición del Frente Amplio, ahora en el gobierno.

Amenazas más o menos encubiertas de los militares llevaron a los partidos tradicionales a sancionar la ley, que tres años más tarde sería ratificada mediante un referendo también condicionado por el chantaje castrense.

Sucesivos y alternos gobiernos de blancos y colorados no dieron curso a denuncias penales sobre el destino de unos 200 desaparecidos, pese a que la normativa al menos permite procesar a militares responsables de crímenes en otros países o cometidos en contubernio con civiles.

En el 2005, tras la llegada al poder del Frente Amplio, el presidente Tabaré Vázquez no derogó la ley, pero habilitó a la justicia a procesar a un grupo de militares y civiles acusados de diversas violaciones de los derechos humanos.

Entre los que en distintos momentos han sido enviados a prisión por ese motivo figuran los ex dictadores Gregorio Álvarez y Juan María Bordaberry, así como el canciller de este último, Juan Carlos Blanco. En noviembre de 2006, conscientes de que aún quedan muchos culpables sueltos, varias organizaciones constituyeron la Coordinadora Nacional por la anulación de la Ley de Caducidad. Poco después comenzaron a gestar la campaña de recolección de firmas para plebiscitarla.

Entre esas organizaciones figuran el PIT-CNT (la central obrera uruguaya), Servicio de Paz y Justicia, Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Asociación de Ex Presos Políticos, la Federación de Estudiantes Universitarios y la de Cooperativas de Viviendas.

También, los partidos por la Victoria del Pueblo, por la Seguridad Social, Comunista, el Movimiento de Participación Popular, Corriente de Izquierda, 26 de Marzo, Nuevo Espacio, Claveles Rojos y el Frente de Izquierda de Liberación.

A ellas, y a decenas de miles de ciudadanos con o sin filiación política, pero amantes de la verdad y la justicia, se debe que hoy la patria de Artigas haya pasado otra página para algún día cerrar por siempre el libro negro sobre aquellos funestos años de la historia uruguaya.

Alberto Salazar Gutierrez

Tomado de Prensa Latina

Día Internacional de la Mujer Trabajadora

El 8 de marzo recordaremos, otro año más, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Día de homenaje en todo el mundo a la lucha incansable, imprescindible de la Mujer, y que hoy es más necesario que nunca.

A partir de aquel día en que trabajadoras textiles fueron quemadas en la hoguera de un incendio provocado (convirtiéndolo en un holocausto), por la reinvindicación de la jornada de 10 horas laborales. Mujeres que paso a paso fueron conquistando desde el derecho al voto, otras leyes de igualdad social, política y económica que hicieron más justa la sociedad. Como Mujeres, somos el sustento del desarrollo familiar, de la salud y la educación. Una sola mujer educada es un factor de progreso.

Esta lucha de todo un siglo hoy se ve arrasada por un sistema económico brutal, que no conoce límites es su avaricia y afán de poder, donde solo cuentan las rápidas ganacias y el individuo es solo un engranaje en el sistema.

Rindo homenaje a todas las mujeres del planeta. Luchando a brazo partido, conjuntamente con los hombres, lograremos un mundo mejor, imprescindible e impostergable.

Gloria

"TODAS LAS MANIFESTACIONES DE OPORTUNISMOS TIENEN EN COMÚN LA SIMPLE CONSECUCIÓN DEL ÉXITO COTIDIANO INMEDIATO A TODA COSTA(...)".- ROSA LUXEMBURGO

Por la extradición del torturador Manuel Cordero

El coronel retirado Manuel Cordero es acusado de participar en el denominado Plan Cóndor, que perseguía a los opositores de las dictaduras en los países del Conosur, secuestrando, torturando y desapareciendo personas. Cordero está prófugo en Brasil desde 2004, cuando un juez uruguayo lo acusó de desacato en un juicio por “apología de la tortura”.

Completando el formulario de esta Campaña Internacional, estarán enviando la carta del periodista Roger Rodríguez a cada uno de los ministros del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Para firmar la petición entre

ACÁ

Periodismo y Derechos Humanos

El periodismo enfocado desde los derechos humanos ha sido el hiloconductor durante estos doce años de Encuentro de Fotoperiodismo"Ciudad de Gijón". Y este año, coincidiendo con el 60º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se convierte en el protagonista absoluto porque este es el periodismo en el que creemos y reivindicamos.

Más de quince profesionales internacionales vendrán hasta Gijón este año para participar en el Encuentro. Entre ellos, el histórico periodista Enrique Meneses, que cubrió, entre otros procesos históricos, los revolucionarios cubanos en Sierra Maestra, Karen Maron, periodista argentina reconocida por el Club Internacional de Prensa de Madrid y por el Senado Argentino, por sus coberturas de Oriente Medio y América Latina, Eduardo Márquez, presidente de la Federación Colombiana de Periodistas, Jesús Abad, Fotoperiodista Premio Internacional Libertad de Expresión CPJ, Luis Acebal, Vicepresidente de la Asociación Pro Derecho Humanos de España, Ali Hussain Khudhair, Periodista iraquí de ABC News. Un cartel más que excepcional.

Todos ellos serán los encargados de impartir el taller de Periodismo y Derechos Humanos que se organiza en colaboración con la Universidad de Oviedo, y al que cada vez acuden más alumnos extranjeros. El taller tendrá lugar entre los días 14 y 18 en la Cátedra Jovellanos, situada en la Calle Begoña, 25.

Más información en : www.fotoastur.com

Fuente: ACFA

 

 

Bajo sospecha

El ex ministro de justicia Thomas Bodström, presenta una propuesta acorde a su estilo y su ética, para simplificar, ante delitos menores, el tiempo y el trabajo que tomaría condenar a quienes los cometen. Este gobierno, que se ha esmerado en ahorrar con el presupuesto y que con su política de recortes ha ocasionado una crisis, quiere ahora justificar esta propuesta alegando falta de recursos en la policía y la justicia.

Bodström quiere otorgar a la policía la potestad de investigar, juzgar y condenar en forma sumaria al presunto delincuente, negándole el derecho a ser representado y defendido por un abogado; potestades especiales que pueden, en cualquier momento, dar paso a medidas mucho más graves y arbitrarias. Insiste también en crear, dentro de la Policía Criminal, un FBI con 200 empleados.

No olvidemos que a partir del 11S nos encontramos ante una nueva situación: la globalización del terrorismo de estado y por ende, el debilitamiento de los derechos de los ciudadanos.

Alega Bodström que los ahorros en el presupuesto y la falta de recursos han creado un caos y manifiesta que la ministra Ask defraudó a la población, a la que hizo perder la confianza en la justicia. Nada de esto esta desvinculado de una larga trayectoria de controles que atentan, cada vez más, contra la integridad del individuo.

Cómo imponer estos controles que son muchos y graves y que cumplen con las exigencias de USA y de la UE? Bueno, la única manera es a través del miedo al “enemigo común”: el terrorismo y la delincuencia internacional. Este es un largo camino que desde la década del 70 se ha ido agravando y perfeccionando con el desarrollo de técnicas más sofisticadas.

Desde que Bodström asumió su cargo en el 2002 y más aún, después del famoso 11S, ha impulsado propuestas que violan la libertad de expresión y la integridad del individuo.

Se ha incrementado el uso de cámaras para controlar áreas cada vez más amplias: transporte, escuelas, espacios públicos, oficinas, locales, negocios. Se ha aumentado el número de efectivos policiales y guardias de seguridad con potestades ampliadas, incluyéndose el control de la prensa y las comunicaciones. Se ejerce el control y almacenamiento del tráfico a través del espacio cibernético: a quien llamamos o enviamos correo a través de internet y cuando y con quien nos comunicamos. No olvidemos que el IP de nuestra computadora es como el carnét de identidad: con él se registra nuestro nombre y dirección. Se censuran páginas web con contenidos o ideologías “sospechosas”, cuando lo único que se debería hacer, es proteger a niños y adolescentes de aquellas web que promueven la pornografía, fundamentalmente la infantil. Se lleva adelante, por parte de la Policía de Seguridad Sueca (SÄPO), el control preventivo de presuntos “delincuentes o terroristas”. El uso cada vez más extendido del estudio de ADN como forma de llevar un registro de ”sospechosos”. Se ejerce limitación sobre el personal de la salud en cuanto a quebrantar el secreto profesional, cuando están involucradas personas sopechosas de amenazas a políticos e integrantes de la familia real. Se controla también a través de la telefonía móbil, que permite ubicar geográficamente a sospechosos; la policía de seguridad allana domicilios y automóviles secretamente, sin necesidad de informar y puede llevarse objetos comprometedores, sin levantar acta en lo referido a la llamada “delincuencia grave y estructurada”.

Lo que Bodström “olvidó” comunicar en su momento, fue que toda esta información que estaba depositada en la UE, se entregó en el 2006 al FBI. Pequeño detalle!!

Bodström, a quien Jan Guillou, conocido escritor y periodista, ha calificado como más peligroso que Bin Laden, planteó edificar una cárcel dentro de la cárcel, para solucionar los problemas de los reclusos; proyecto que ha sido muy criticado. Propuso el control de orina a los alumnos escolares como forma de prevenir el uso de drogas entre los adolescentes; prometió un “policía por alumno” como solución a la violencia escolar y que a los alumnos con inasistencias no justificadas, los iría a buscar la policía.

Tanto Bodström como la Alianza parecen creer (o querer hacernos creer), que los problemas sociales se solucionan con más policías y medidas represivas de control. No señores!!! Lo que necesita esta sociedad para solucionar sus problemas es contar con los recursos necesarios para mejorar la calidad de los servicios, sobre todo en las zonas más marginadas. Más maestros, personal calificado, docentes, sicólogos, terapeutas, entrenadores, atención médica con personal estable y familias con seguridad laboral e ingresos justos, serían un muy buen punto de partida.

Pero la Alianza no se queda atrás y propone que, a partir de enero del 2009, todas las comunicaciones telefónicas, el tráfico a través de internet y de la telefonía móbil, se archiven y queden a disposición de la policía para la investigación de delitos. Alrededor de 100 empresas de telefonía y operadores de internet reunirán y archivarán durante un año toda la información, que destruirán vencido el plazo establecido. Mientras tanto, estará disponible y con fácil acceso para la policía en dos espacios legales diferentes; uno de ellos no exige siquiera que la persona sea especialmente sospechosa o una decisión judicial. Los funcionarios implicados en el manejo de toda esta información tendrán secreto profesional; secreto que no rige ante el derecho que se otorga a autoridades de otros países (como por ejemplo el tío Sam), de exigir el acceso a estas informaciones. La dirección de correos y teléfonos (PTS), tendrá como misión el hacer cumplir las reglas y a partir del momento de su entrada en vigencia, se crearían un par de puestos de trabajo.

Los expertos ya vaticinan que esta propuesta es violatoria de la integridad personal y, que duda cabe, es de carácter fascista. Estos expertos advierten sobre el riesgo de que este caudal de información llegue a manos no autorizadas y que a corto plazo sea utilizado con otros objetivos. Sostienen que la ley implica el riesgo sicólogico que hace que “las personas se sientan con miedo y sospechosas y que vivan en mayor grado la sensación de vivir en una sociedad controlada”.

El costo de esta propuesta será de 220 millones de coronas. Pienso que si ese dinero se utilizara en educación, sería mucho más útil y ahorraría a la sociedad muchos sufrimientos. Además, a la larga, los operadores harían pagar los costos a los usuarios. Orwell se quedó corto.

Es este un estado de derecho?? No!! Es la violación flagrante a la propia constitución y a los derechos ciudadanos! Lo más grave es que todo esto sucede sin ninguna resistencia y podría decir que en forma tan sutil, que se han vuelto difusos los límites entre lo legal y lo violatorio de la seguridad de la ciudadanía y sus instituciones. Cuando por sobre la constitución rigen las normas de la UE y las exigencias de USA, a qué queda reducida la democracia???

Debemos estar atentos, despertar de la modorra. Cuando se terminen de instaurar todas estas medidas, el hilo que separa la democracia de la dictadura, es muy fino y muchos de nosotros sabemos lo que ocurre cuando ese hilo se rompe.

Gloria