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| Felipe Schipani y Santiago Esteves, ayer, en la Torre Ejecutiva, cuando “velaron” a la Constitución de la República, junto a otros jóvenes del Partido Colorado. |
"Faltan los claveles y el café, pero impresiona", comentó a la diaria uno de los dirigentes de la juventud del Partido Colorado (PC) ayer en la plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva. El centro de la performance en la carpa allí instalada era un ataúd cubierto con la bandera de Uruguay y en el que estaba apoyada la portada de la Constitución. "Es la tapa original de la primera Constitución, la de 1830", indicó otro asistente.
La escena se completaba con banderas partidarias y una pantalla gigante en la que se proyectaban imágenes del presidente José Mujica durante dos entrevistas televisivas, en noviembre de 2009, antes del balotaje, y en las que aseguraba que respetaría "le guste o no" el resultado del plebiscito rosado. Los jóvenes colorados de diversos sectores que se concentraron reclamaban "por la democracia y el respeto a la voluntad popular".
"Los derechos humanos no están a disposición de mayorías", afirmó ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Leslie van Rompaey, tras la reunión con el presidente chileno, Sebastián Piñera. "Son derechos de las minorías y deben ser protegidos aun contra la opinión de las mayorías", completó. El ministro ratificaba la postura de la SCJ tomada por unanimidad en 2009 en el fallo de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para el caso de Nibia Sabalsagaray.
Respecto a esto, los colorados alegaron que el Frente Amplio "perdió credibilidad" para recurrir a las consultas populares, y que es inconstitucional la norma aprobada ayer en la madrugada y promulgada hoy por el Poder Ejecutivo con el número 18.831. Consultado sobre esto, Van Rompaey aclaró que la SCJ estudiará la ley sólo en caso de acciones de inconstitucionalidad, pero no adelantó postura.
La juventud colorada abogó, en una proclama, por el "cambio en paz" reivindicado por Julio María Sanguinetti "con la aprobación de la ley de amnistía para aquellos que se habían levantado contra la democracia, la ley de restitución de los funcionarios públicos destituidos y la Ley de Caducidad". "El PC estará en la vereda de enfrente de aquellos que atentan contra la voluntad del pueblo", señalaron.
Además le exigieron a Mujica que vete la ley que deroga la Ley de Caducidad y que busca evitar los efectos de la prescripción a partir del 1º de noviembre. El presidente, que en varias oportunidades se mostró contrario al uso del veto, se refirió al tema luego de participar en el XXI Congreso del Comercio Detallista de las Américas. "Estaremos a lo que decida la Justicia", dijo.
Otro caso afuera
Justamente, en ese plano, el juez penal de 5º turno, José María Gómez, desarchivó de oficio en las últimas horas el caso de Óscar Baliñas, militante del Frente Izquierda de Liberación (Fidel) desaparecido en 1977. La decisión estuvo motivada por la revocación por parte de Presidencia de los actos administrativos por los cuales aplicó la Ley de Caducidad. Este expediente fue archivado en 1989 luego de que fuera amparado en esta norma por Julio María Sanguinetti. Baliñas fue detenido en su domicilio el 21 de junio de 1977 y recluido en La Tablada.
En el informe que las Fuerzas Armadas remitieron en 2005 a Tabaré Vázquez, atribuyeron la detención de Baliñas al Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Según ese documento, falleció en la noche del 18 al 19 de julio en el Hospital Militar y sus restos fueron enterrados en el Batallón de Infantaría Nº 13 y posteriormente exhumados y trasladados al predio del Batallón 14, cremados, y sus cenizas y restos fueron "esparcidos en la zona".
La jueza de Fray Bentos Livia Pignataro también actuó de oficio en el caso del homicidio de Vladimir Roslik, ocurrido en abril de 1984. Días atrás se reabrieron las actuaciones luego de que Presidencia enviara dos de los expedientes directamente vinculados y buscados, antes sin éxito, en las dependencias judiciales. Ayer se supo que Presidencia envió a la magistrada los otros dos expedientes que aún no habían aparecido y que están caratulados "Federación Médica del Interior. Denuncia", con fecha 1986, y "Sainz Pedrini, Eduardo. Denuncia", con fecha 1984. Sainz Pedrini es el médico militar que firmó la falsa autopsia de Roslik. Pignataro había solicitado a Presidencia la búsqueda luego de que se constatara que esta documentación había sido remitida a Sanguinetti unos días antes de culminar su primer mandato.
* Más denuncias
La convocatoria ciudadana a denunciar en forma masiva delitos cometidos en la dictadura se reeditó ayer en Maldonado con la presentación de 14 escritos ante el comisario de la Seccional 1ª. Algunos casos quedaron afuera, por lo cual la jornada se repetirá en diez días. En tanto, para mañana se prepara una segunda movida en Montevideo y se convoca a concentrar a las 10.00 en la FEUU.
* Más procesados
Los militares retirados Arturo Aguirre y Antonio Gómez fueron procesados ayer por el juez Eduardo Pereyra por coautoría de homicidio muy especialmente agravado del militante del PRT-ERP argentino Gerardo Alter, en agosto de 1973. En tanto, queda pendiente el pedido del fiscal Diego Pérez del procesamiento para el militar Hermes Tarigo, quien permanece prófugo en Europa y para el cual el magistrado libró una orden de captura internacional. Las actuaciones en este caso se retomaron en octubre de 2009, luego de que Tabaré Vázquez lo excluyera de la Ley de Caducidad.
Lourdes Rodríguez
Tomado: La diaria.com.uy
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