Arizona criminaliza la presencia de sin papeles

El estado fronterizo con México convierte en delincuentes a los inmigrantes en situación irregular y da más poder a la policía local. Obama critica la ley y estudia una reforma nacional Arizona se convirtió el pasado viernes en el primer estado de Estados Unidos en criminalizar la presencia de indocumentados y otorgar funciones migratorias a policías locales al aprobar la ley estatal más severa del país contra la inmigración ilegal. Antes incluso de que la gobernadora republicana Jan Brewer firmara la ley, el presidente Barack Obama criticó la medida. "He dado instrucciones a miembros de mi Gobierno para que vigilen estrechamente la situación y examinen las implicaciones para los derechos civiles", advirtió el mandatario estadounidense, que calificó la iniciativa de "equivocada". Organizaciones pro derechos civiles ya estaban en pie de guerra, dispuestas a denunciar la ley cuando empiece a aplicarse, dentro de 90 días, el próximo julio. "Es una parodia absoluta", dijo Frank Sharry, del grupo de defensa de los inmigrantes Americas Voice. "Podríamos estar en el Misisipi de los años sesenta". El arzobispo de Los Ángeles, el cardenal Roger Mahony, habló incluso de "nazismo". El Mexican American Legal Defense Fund, una prestigiosa ONG dedicada a proteger los derechos de los latinos en EEUU, tenía ya planes para denunciar la legislación porque, afirmó en un comunicado, "crea en Arizona una espiral de miedo y desconfianza" con posibles "repercusiones en todo el país". Con la nueva medida, va a ser complicado ser mexicano o parecer remotamente mexicano en Arizona. La llamada iniciativa SB1070 convierte en delito menor la presencia de inmigrantes indocumentados en el estado, otorga a la policía autoridad para cuestionar el estatus de una persona si existe "sospecha razonable" de que se encuentra ilegalmente en el país y contempla penalizaciones a quienes transporten o den trabajo a un indocumentado. La gobernadora Brewer no convenció a muchos cuando afirmó que la iniciativa no llevaría a discriminar a los ciudadanos de origen latino. "Esta ley será aplicada por igual, sin importar la raza, el color de piel o el acento de las personas", sostuvo Brewer. Calificó su decisión como un "paso más" para proteger a Arizona y afirmó que la ley será una nueva herramienta para atajar un problema que el Gobierno federal no ha sabido resolver. "La violencia generada por el tráfico de drogas y de personas en la frontera es un tema grave para la gente de nuestro estado, no hay ninguna prioridad más alta que la de proteger a los ciudadanos de Arizona", señaló la gobernadora. "Hemos tenido mucha paciencia esperando que Washington actúe, no podemos esperar más. La falta de acción del Gobierno federal ha creado una situación peligrosa e inaceptable", añadió. Radicalización en la derecha La iniciativa también se puede leer en el contexto de radicalización de la derecha estadounidense. La gobernadora Brewer se enfrenta a una difícil reelección ante un candidato más conservador. El propio senador John McCain, que también debe competir por su escaño de senador ante un contendiente vinculado al movimiento tea party, ha cambiado su postura tradicionalmente favorable a una reforma migratoria y ha respaldado la medida. Obama tiene previsto concentrarse en los problemas migratorios cuando termine de aprobar su proyecto de reforma financiera. Le espera un debate intenso. Otro más. "Durante años, muchos intentaron enfrentarse a este desafío (la migración ilegal), pero las pasiones son grandes y los desacuerdos ampliosreconoció Obama el pasado viernes, aunque creo que estamos todos de acuerdo en que es inaceptable que 11 millones de personas vivan aquí ilegalmente, fuera del sistema". El presidente George Bush fracasó en dos ocasiones durante su mandato, en 2006 y 2007, al tratar de hacer una reforma migratoria. Isabel Piquer Tomado de Público

Un cineasta francés compara a los 'sin papeles' con los judíos de 1943

El Gobierno de Sarkozy responde que el director ha cruzado "la línea amarilla"

La película Welcome, que aborda las penalidades que pasan los inmigrantes clandestinos afganos e iraquís que intentan pasar a Gran Bretaña por el canal de la Mancha, se estrena mañana en Francia envuelta en la polémica. El director del filme, Philippe Loiret, ha comparado el trato que se da a los sin papeles con el que sufrieron los judíos en 1943, afirmación que ha desatado la ira del ministro de la Inmigración y de la Identidad Nacional, Eric Besson.

La polémica se centra en la ley que permite la condena hasta cinco años de cárcel a quien ayude a un clandestino. "Si mañana usted ayuda a un muchacho que no tiene papeles, a usted le afecta lo de 'ayuda a persona en situación irregular'...¿En qué país vivimos? Tengo la impresión de que estamos en 1943 y que hemos escondido a un judío en el trastero", declaró Loiret al diario de Lille La Voix du Nord.

Alambre de espino

Esta analogía suscitó la reacción de Besson, tránsfuga socialista a quien el presidente Nicolas Sarkozy ascendió en enero a responsable de la inmigración. Besson declaró a RTL que Loiret ha "sobrepasado la línea amarilla". "Sugerir que la policía francesa es la policía de Vichy (el régimen colaboracionista con los nazis), que los afganos son acosados, que son objeto de redadas, etcétera, es insoportable". Sin embargo, el actor protagonista, Vincent Lindon, ha respaldado la visión del realizador del filme, que denuncia la actitud ambigua de las autoridades francesas. Francia tolera la ayuda de las oenegés a los inmigrantes, pero aplica la ley que castiga a los ciudadanos que albergan a los clandestinos. En una entrevista a Le Parisien, Lindon explica que Calais, la población costera donde se rodó el filme, era "una ciudad en estado de sitio". "A lo largo del puerto, vi los alambres de espino de cinco metros de alto con picos que nadie puede franquear" y "CRS (antidisturbios) en furgonetas blindadas que hacen rondas cada cinco minutos". Lindon critica asimismo la amenaza de cinco años de prisión "a gente que tiene compasión por los demás" y, "como muchos franceses", considera "que hay que respetar los derechos humanos". "La gente en Calais es tratada a veces peor que los perros", dice.

Delación y ADN

Centenares de clandestinos se reúnen cerca del puerto de Calais para pasar a Gran Bretaña escondidos en camiones o en contenedores tras el cierre a finales del 2002 del campo de Sangatte. Besson protagonizó el mes pasado otra polémica por un decreto que premia con una tarjeta de residencia a los inmigrantes que denuncien a las mafias. El ministro fue acusado de "oficializar la delación". Sin embargo, Besson ha paralizado el decreto que debía poner en marcha los tests de ADN en la reagrupación familiar, que aún no se aplican pese a que la ley que lo autoriza se aprobó en noviembre del 2007.

José A. Sorolla El Periódico

Tomado de Rebelión