El terror que manejaron los espías

El Tribunal Oral Federal 1 escuchó ayer el primer alegato acusatorio por Orletti.
Imagen: Pablo Dondero.

El centro clandestino de detención que operó en 1976 bajo el poder de la SIDE alojó a los secuestrados del Plan Cóndor. Aníbal Gordon, Otto Paladino, Raúl Guglielminetti y el recién fallecido Rubén Visuara fueron los emblemas de esa represión.

Comenzaron los alegatos por los crímenes de Automotores Orletti. Y con los alegatos la posibilidad de entender cómo los testimonios contados en cada una de las audiencias del juicio oral reconstruyeron, como un rompecabezas, la arquitectura del centro clandestino operado por la Secretaría Inteligencia del Estado (SIDE). Por ahí pasaron ciudadanos argentinos, como dos de los hermanos del dirigente del PRT Roberto Santucho, pero además uruguayos, cubanos, chilenos y bolivianos, como relató asombrada una de las querellantes. El centro que operó entre los engranajes del Plan Cóndor contó con la mano de obra de personajes siniestros como Otto Paladino, Aníbal Gordon, el recién fallecido Rubén Visuara y el aún sobreviviente y acusado Raúl Guglielminetti. La primera querella particular pidió para él y otros tres acusados condenas de 25 años de prisión. La semana próxima será el turno de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que, como viene sucediendo en otros juicios, pedirá reclusión perpetua en el marco de genocidio.

La audiencia comenzó con uno de los efectos del criticado retraso de justicia: el Tribunal Oral Federal 1 informó sobre la muerte de Visuara, jefe del departamento de Operaciones Tácticas de la SIDE de la que dependía el centro clandestino. En ese contexto decidieron apartarlo de la causa, una decisión que desplazó además a otro de los represores que insólitamente actuaba como su abogado: se trata de Bernardo Menéndez, con perpetua en la causa Jefes de Area, pero liberado porque la sentencia no está firme, y con el coraje de sentarse entre el público (ver aparte).

Gonzalo Romero abrió el alegato como representante particular de uno de los grupos de prisioneros uruguayos, integrantes de lo que se llamó el Segundo Vuelo. Los dieciséis uruguayos tenían vínculos con el Partido para la Victoria del Pueblo, creado en 1975 para pelear contra la dictadura uruguaya de 1973. Todo el grupo cayó mientras estaba refugiado en Buenos Aires entre el 9 de junio y el 15 de julio de 1976, permaneció en Orletti, y entre el 24 y 25 de julio fue trasladado en un vuelo clandestino de Pluna a Uruguay. Como en ese grupo no hubo muertos, Romero no pudo pedir la reclusión perpetua.

El centro de la SIDE
A partir del golpe de Estado y para seguir las líneas del plan de exterminio –indicó el abogado–, las fuerzas represivas tuvieron los llamados “lugares de reunión de detenidos”, el nombre de los centros clandestinos. “Se ha podido ver que la mayoría de ellos estaban en los ámbitos donde cada fuerza llevaba a cabo su tarea: cuarteles, comisarías, pero como la SIDE no formaba parte de las fuerzas de seguridad, no tenía en su patrimonio un lugar apto para detenidos, por lo cual tuvo que buscar un inmueble.”

Esa situación aparece en el origen de Orletti. El lugar que buscaban debía cumplir algunas características especiales: ser invisible a los ojos del resto de la sociedad, tener acceso de vehículos para el ingreso de encapuchados y de sujetados; salas de alojamiento para interrogatorios y torturas y lugar para los represores que iban a operar en el centro.

Lo encontraron. En el juicio terminaron de completarse los datos. Uno de ellos, la declaración del propietario del edificio: Santiago Cortell. “Recuerdo que dijo –recordó Romano– que era un lugar de tipo industrial, que había sido un taller mecánico, y que para alquilarlo puso un aviso en el diario Clarín. En el marco de ese ofrecimiento, lo contactaron unas personas que dijeron que lo querían para distribuir alimentos.” El contrato se hizo con todas las reglas: los inquilinos presentaron documentos y garantías. Sus nombres eran Felipe Salvador Silva (el alias de Aníbal Gordon); Julio Cartels y los fiadores usaron sus nombres verdaderos: Eduardo Ruffo, ex agente de la SIDE acusado y parte de Orletti y Juan Rodríguez, fallecido.

El edificio estaba en la calle Venancio Flores 3519-21, un barrio de casas bajas de Floresta, frente a las vías del ferrocarril Sarmiento, cuyos ruidos tantas veces fueron narrados en las audiencias. Y daba a una escuela pública. Funcionó entre marzo de 1976 y noviembre de ese año; se desactivó tras la fuga de dos detenidos. Pese a que los represores lo llamaban La Cueva de Flores, El Taller o El Jardín, su nombre, recordó Romano, fue producto de un equívoco: durante la huida uno de los secuestrados leyó mal el nombre de Cortell, escrito en un cartel luminoso de la marquesina, en el que también aparecía la palabra Automotores. Automotores más aquella mala lectura dio como resultado: Automotores Orletti.

Las dos plantas del edificio fueron muchas veces contadas en las audiencias, pero el alegato las sistematizó: la planta baja con el playón y suelos de cemento con olor a grasa, donde arrojaban a los detenidos y la planta alta, con las salas de tortura y la oficina de Aníbal Gordon. Una escalera. Un baño abajo, el espacio del estacionamiento de autos cuyos motores se encendían de pronto para tapar los gritos de la tortura o un playón que servía para depositar objetos robados a las víctimas. Una radio que sonaba a todo volumen. Un tanque de agua en el que asesinaron a Carlos Santucho. La cortina metálica abriéndose cuando un walkie talkie desde afuera decía: “Operación Césamo”.

Entre todo, los métodos especialísimos de la tortura en Orletti: una roldana colgada a una viga que todavía existe, desde donde colgaban a los prisioneros, luego de arrojar sal en el piso y de atarles el cuerpo con cables conectados a una pared. Eso era el “gancho”.

El OT18
El secretario de la SIDE para la época era Otto Paladino, y estaba dividida en tres direcciones: la 1, dedicada a registros internos; 2, Secretaría de Contrainteligencia dedicada a tareas de inteligencia y a cargo del coronel Juan Ramón Nieto Moreno, fallecido. Y 3, el lugar donde se procesaba esa información, a cargo de Carlos A. Mitchell, también fallecido.

De Mitchell dependía el departamento de Operaciones Tácticas que estaba a cargo de Visuara, él recibía la información y la mandaba a ejecutar al OT18, el modo en el que el organigrama mencionaba al centro de detención Automotores Orletti, el espacio a cargo de Eduardo Cabanillas, jefe de los grupos de tareas.

Orletti tenía hombres propios: el caso de Juan Rodríguez (fallecido) y Eduardo Alfredo Ruffo, juzgado en el juicio. Eran hombres orgánicos de la SIDE. Pero además había un grupo de “Inorgánicos”: parte del staff de delincuentes reclutados por Aníbal Gordon, explicó Romano, el caso de Honorio Carlos Martínez Ruiz (Pajarovich). También tenía participación de militares uruguayos, hombres de la SIDE uruguaya y del organismo de coordinación de actividades antisubversivas. Hombres de la Triple A como Guglielminetti. Y de la Policía Federal, prueba de ello es que participaban en los operativos y además algunos de los detenidos pasaban por dependencias de la Federal.

“Lo que demostró el juicio además fue otras particularidades que tenía el centro –dijo Romero–: como faltaba coordinación en una estructura que no era piramidal, el que llegaba hacía lo que quería, todos daban órdenes, torturaban, salían a secuestrar, alternaban los roles.”

Los uruguayos
La caída de los uruguayos había empezado antes, pero el grupo del segundo vuelo comenzó el 9 de junio de 1976 con la del dirigente sindical y jefe del Partido de la Victoria, Gerardo Gatti, y la de Pilar Nores. Las caídas se prolongaron hasta el 15 de julio: en total fueron 33, todos relacionados con el PVP. De esos 33, 12 cayeron el 13 de julio en siete lugares diferentes. Los procedimientos barrieron Capital Federal, provincia de Buenos Aires, casas y bares: “Y eso demuestra –dijo Romano– que no sólo estaba planificado sino que por lo menos operaban más de veinte personas porque en unas horas desplegaron semejante procedimiento”.

A criterio de la querella, esas decisiones partieron de los máximos niveles: de Otto Paladino y de su par uruguayo Amaury Prantl. “Y las órdenes fluían hasta llegar a quienes ejercían la acción contra los blancos operacionales: que no eran otros que los que estaban en el OT18.”

No todos corrieron la misma suerte, dijo. “Mientras algunos fueron liberados y pudieron abandonar el país, otros fueron trasladados ilegalmente a Uruguay y entregados a las fuerzas armadas de su país.” El resto son desaparecidos: entre ellos están Gerardo Gatti y otros dos dirigentes sindicales, León Duarte y Hugo Méndez.

Romano pidió cuatro condenas a prisión por 25 años, por privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos. A Honorio Carlos Martínez Ruiz lo imputó en quince casos como partícipe necesario porque no era un funcionario público. A Eduardo Alfredo Ruffo y Guglielminetti los imputó como coautores materiales en quince casos y en doce. Y a Cabanillas lo imputó como autor mediato por los mismos delitos en dos casos.

Alejandra Dandan

Tomado: Página 12.com.ar

Sara Méndez, sobreviviente del Cóndor

Del juicio por los crímenes de Orletti al reencuentro con su hijo tras 26 años

Fue secuestrada en Buenos Aires durante una operación conjunta del Plan Cóndor. Luego los militares la trasladaron a su país, Uruguay, en un vuelo clandestino, donde estuvo presa con la hoy primera dama. Un caso testigo.

Fue durante 26 años una madre buscando a su hijo robado por las dictaduras uruguaya y argentina. A su hijo de veinte días se lo quitaron no bien irrumpieron en su casa de Belgrano en julio de 1976. Sara Méndez, que es uruguaya, fue llevada al centro clandestino Automotores Orletti durante una operación conjunta del denominado Plan Cóndor. Luego los militares la trasladaron a su país en un vuelo clandestino. Más tarde estuvo presa en el penal de Punta Rieles con Lucía Topolansky, la esposa del hoy presidente José Mujica. En 2002 pudo ver el rostro ya adulto de su hijo Simón. Sara Méndez contó su historia a Página/12 tras declarar en el juicio oral por los crímenes de Orletti. Enumeró a los implicados argentinos que ella pudo reconocer: el ex jefe de la SIDE Otto Paladino, a Aníbal Gordon y Eduardo Ruffo. Del lado uruguayo, Méndez reconoció al teniente coronel Rodríguez Buratti –quien se suicidó hace cuatro años–, al hoy procesado José Nino Gavazzo y al capitán Manuel Cordero.

La noche del 13 de julio quedó grabada en la memoria de Sara Méndez. “Unas quince personas de civil entraron a mi casa rompiendo puertas. Yo estaba con mi bebé y una compañera que militaba en la izquierda como yo. Tomaron posesión de las dos plantas y ahí mismo empezó el interrogatorio y la tortura para que digamos direcciones y nombres de otros uruguayos que estaban viviendo en Buenos Aires. Mi marido, Mauricio Gatti, no iba a llegar esa noche. Nino Gavazzo y Rodríguez Buratti comandaron el operativo.”

Los militares se quedaron con su hijo. “Cuando agarro a Simón en mis brazos me dicen que lo deje, que no lo puedo llevar conmigo. ‘No se preocupe señora’ –lo recuerdo como algo grotesco de quienes ya me habían golpeado e insultado–. Al niño no le va a pasar nada porque no es una guerra contra los niños.”

Sara Méndez militaba en el Partido de la Victoria del Pueblo que se había reorganizado en Argentina. “Se conforma un frente de lucha contra la dictadura acá, desde el exilio. Lo paradójico es que el partido se rearme en el exilio y el régimen argentino le aplica un golpe rotundo.” Ella dice que no usó armas nunca.

A Sara la trasladaron al centro clandestino Automotores Orletti, en donde estuvo –cree– diez días. “El lugar quedaba en el Bajo Flores, donde por delante pasaba el tren y detrás había una escuela. Ese pozo o chupadero, como le dicen acá, era un lugar de tortura y exterminio. En algunos casos si no lo mataban allí, lo sacaban y ya estaba la desaparición forzada como método represivo. Yo fui secuestrada, no me dieron información, no pude ver a mi familia.”

Al otro día de su secuestro su marido Mauricio tuvo indicios de que algo andaba mal. La familia Méndez, alertada por aquél, empieza a buscar a Simón y a ella. Su padre se trasladó a Argentina y junto con gente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados –Acnur– realizaron la búsqueda. Mauricio Gatti murió en 1991.

Sara Méndez recuerda el montaje de su detención en Uruguay. “Fuimos trasladados 24 personas de Buenos Aires a Montevideo. El hermano de mi marido, Gerardo Gatti, quedó en Automotores Orletti. Nos llevaron en lo que hoy se llama el primer vuelo. Estuvimos cuatro meses como desaparecidos en sedes clandestinas. Luego alquilaron una casa en un balneario y habitaciones en hoteles céntricos de Montevideo, hicieron documentos falsos a gente que se parecía físicamente a nosotros y los mandaron a registrarse en esos lugares. Simularon que habíamos entrado al país por nuestros propios medios. Ahí empezó el montaje. Y luego nos ‘van a detener’ como si estuviéramos parando en esos lugares. Fue una falsa detención en octubre de 1976. Nos llevaron a la Justicia militar, con las actas fraguadas y nos procesaron. Hoy sabemos que entre nuestro secuestro y la detención falsa hubo un segundo vuelo con otros uruguayos.”

Luego Sara fue llevada por el mismo Nino Gavazzo al penal de Punta Rieles, en Montevideo, en donde estuvo cuatro años y medio. Allí conoció a quien hoy es primera dama de Uruguay, Lucía Topolansky.

“Eramos compañeras. Estaba también su gemela María Elia. Comíamos juntas, hacíamos actividades de estudio, aprendíamos de la especialidad de la otra. Yo era maestra, Lucía estudiante de arquitectura. María Elia sabía mucho de física. Hacíamos intercambio de conocimiento. Estaba prohibido hacer gimnasia, así que nos turnábamos para poder hacer ejercicio. Las cartas se tenían que leer en voz alta, con lo que sabías todo de la otra. Eran cárceles en donde se ponían en práctica métodos sofisticados: debilitar el ser político. No teníamos ninguna información de lo que pasaba en el mundo, vestíamos uniformes, nos llamaban por un número, era una militarización. Una despersonalización. Las visitas eran escuchadas. Había situaciones de riesgo, estados de alarma, teníamos que hacer cuerpo a tierra.”

En la primera visita que recibió Sara Méndez en la cárcel se enteró de que su familia no había logrado ubicar a Simón.

Sara salió de prisión tras cumplir su condena casi cinco años después. Eso sí, bajo libertad vigilada. Todavía Uruguay estaba bajo el régimen militar –la democracia llegaría en 1985–. “Tuve que dar mi domicilio, no podía salir de Montevideo sin autorización, me hacían visitas. Me contacté con lo que era el germen de Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina. Chicha Mariani guardó los datos de un niño pelirrojito como Simón en un tarrito de lata y lo enterró. Después no lo pudo encontrar.”

Por ese tiempo Sara se iba a ilusionar con que ya había encontrado a su hijo. Estuvo diez años para conseguir que la familia del menor que había sido dejado en el Hospital Norte aceptara hacerle un ADN. Dio negativo. “Tuve que empezar la búsqueda de nuevo.”

A raíz de una investigación que realizaron el periodista Roger Rodríguez y el político Rafael Michelini dieron con un ex policía que era quien adoptó a Simón. “Estoy convencida de que ese señor sabía que era un bebé robado”, afirma Sara y agrega: “Michelini habló con el ex policía y éste le dijo que iba a contarle a Simón sobre su adopción y que lo buscaba su madre”. Simón, con 25 años, se hizo el ADN y se reencontró con su madre.

–¿Cómo fue ese momento?

–Mi vida era la búsqueda. Yo me encontré a un hijo que ya era un adulto. Cuando lo encontré cambió todo para mí. Viajo cada dos meses, o viaja él. El tuvo resistencia a asumir la historia.

El caso del secuestro de Simón está comprendido en la Ley de Caducidad, una norma que impide el juzgamiento de militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos. Hoy el oficialismo uruguayo impulsa un proyecto en el Congreso para interpretar algunos artículos de la norma. “Todavía no se avanzó en nada. El proyecto de ley no lo conoce la ciudadanía”, afirmó Sara. Y destacó el rol del centroizquierda. “Con los gobiernos blanco y colorado toda causa quedaba comprendida en la Ley de Caducidad. Desde que asumió el Frente Amplio comenzaron los procesamientos a los militares.”

Mercedes López San Miguel
mercelopez@pagina12.com.ar

Tomado: Página 12

“Orletti en sí era todo un infierno”

Foto: Página 12

ANA QUADROS, URUGUAYA, NARRO SU PASO POR EL CENTRO CLANDESTINO AUTOMOTORES ORLETTI.

Habló de las torturas y contó que el represor uruguayo Manuel Cordero la violó. Narró una discusión entre argentinos y uruguayos sobre el viaje de los detenidos a Montevideo. Mencionó a Manuela y Carlos Santucho, Sara Méndez y María Claudia Irureta Goyena.


Ana Inés Quadros Herrera, uruguaya, era uno de los principales cuadros del Partido de la Victoria del Pueblo.Un día subieron a Ana Quadros a la parte más alta de Automotores Orletti, donde iba a ser su peor sesión de torturas. Manuel Cordero, un represor uruguayo, primero le preguntó si lo conocía. “¿Cómo que no sabés de mí?”, le dijo. “Si yo conozco a tantos otros.” Con un organigrama colgado en la pared le preguntó por los cuadros del Partido de la Victoria del Pueblo, una organización creada por un grupo de uruguayos en el exilio para derrotar a la dictadura de su país. Ana respondió siempre negativamente. Otros cuatro o cinco represores la colgaron entonces en la sala de al lado, con las muñecas para atrás, le enroscaron un cable en el cuerpo y pusieron agua y sal en el piso. Cuando el peso de la cuerda cedía, sus pies tocaban la sal y le daban golpes de electricidad. Cordero volvió más tarde. La cargó en andas desnuda hasta el cuarto de al lado, le puso un trapo en la cabeza y la violó. Ella declaró en la audiencia de ayer por los crímenes en el centro clandestino: “Sentí un dolor y una vergüenza tan grande –explicó– que demoré veinte años en poder testimoniarlo; al rato me agarró de nuevo y me llevó donde estaban los otros detenidos”.

Ana Inés Quadros Herrera, uruguaya, era uno de los principales cuadros del Partido de la Victoria del Pueblo, encargada de la rama de masas, responsable de los nuevos contactos. Hija de José Antonio Quadros, embajador uruguayo en Inglaterra y Alemania, cuando al empezar la audiencia el fiscal Guillermo Friele le pidió que cuente los hechos, ella se detuvo y aclaró: “Quiero empezar desde antes”. En 1973, Ana era parte de un grupo de la resistencia uruguaya que combatía la dictadura de su país; viajó a Buenos Aires por un fin de semana, pero cuando intentó volver se dio cuenta de que estaba “requerida” y tuvo que quedarse. Con los residentes uruguayos en la Argentina, que eran muchos, dijo, organizaron un comité de resistencia. La detuvieron primero en junio de 1974 durante unos quince días, en la sede de la Policía Federal, y luego en el Penal de San Miguel.

Más adelante llegaron los primeros secuestros, entre ellos Gerardo Gatti, otro de los dirigentes uruguayos. Lo llevaron a Orletti, supieron después. Los militares les hicieron saber que estaban dispuestos a darles la libertad si pagaban, dijo ella, un millón de dólares: “A mí –aseguró– me pareció un disparate”.

A Ana la detuvieron el martes 13 de julio de 1976, a la medianoche, en una confitería de Carlos Calvo y Boedo. “Se acercaron a nuestra mesa con todo tipo de armamentos, nos sacaron a empujones, nos arrastraron por el suelo, y al final a mí me metieron en un auto.” Ella tenía una agenda con nombres y citas, pero logró tirarla por una hendija antes de que la atrapasen.

En la sala de audiencias de Comodoro Py la escuchaban a pocos metros algunos de los represores de Orletti. Raúl Guglielminetti estaba sentado al lado de su abogado Pablo Lobera, de traje gris y de anteojos, el único defensor que suele hacer preguntas, algunas incómodas, otras absurdas.

“Discúlpeme –dijo el abogado bastante después–. ¿Me puede decir, señora, por qué tiró la libreta?”

Cuando Ana llegó a Orletti, le pareció escuchar una contraseña: “Sésamo”, dijeron, luego de lo cual se abrió una cortina de metal muy pesada. “Entramos con el auto, me bajan –contó– y empiezo a escuchar voces de otros uruguayos.” Los pusieron en fila, les pidieron los nombres, les colgaron un número, así que a partir de ese momento, dijo, “yo empecé a ser la trece y no Ana Quadros, me sacaron anillos y vi esa rapacidad del botín de guerra”.

El centro clandestino era una especie de barracón muy largo, dividido a la mitad, con trapos colgados del techo: de un lado había autos; del otro, detenidos. “Orletti en sí era todo un infierno –declaró–, porque la música estaba a todo lo que da, los gritos de los torturados, el tren que pasaba permanentemente, nosotros tirados en el piso, un piso de cemento con grasa y aceite de autos.”

Entre los secuestrados estaban Carlos y Manuela Santucho, dos hermanos de Roberto Santucho. A Carlos lo mataron en una tina de 200 litros de agua. Cuando Roberto Santucho “fue abatido en un enfrentamiento –indicó la testigo–, le hicieron leer a Manuela en voz alta la noticia que salió en el periódico. Manuela la leyó con mucha entereza, mientras le preguntaban agresivamente y burlándose: ‘¿Qué sentís?’”.

Los militares uruguayos hacían los interrogatorios para los uruguayos, asistidos por los argentinos. Luego de aquella violación, otro represor le dijo que habían ido a buscar a sus hijos, que le habían dicho a su marido, que él los había contactado para que la fuesen a ver y que ahora iban a colgarlos. Ana entró en una crisis de nervios tan grande que se puso a hablar en inglés, una suerte de lengua materna. Un idioma, supuso en medio del delirio, con el que podría llegar a comunicarse con su hija de nueve años sin que los militares la entendieran. Para calmarla la llevaron a un cuarto de arriba, al cuidado de dos detenidas. “Pude reposar –dijo–. No me torturaron más, pero a medida que me fui reponiendo empecé a escuchar una discusión entre los militares argentinos y uruguayos; se peleaban porque los uruguayos querían traernos a Uruguay, los argentinos decían que no, porque se iba a saber todo, hasta que al final resolvieron que sí.”

Cuando llegó el traslado, Ana reconoció a Otto Paladino: “Vino y me preguntó cómo estaba y dije que más o menos bien”. La llevaron en auto a un aeropuerto militar, desde donde salió un vuelo con uruguayos. El aeropuerto era un alboroto: “También trasladaban el botín de guerra, había cosas, cositas, muebles, no fue un operativo silencioso”.

En Uruguay pasaron por distintos lugares. Primero, Punta Gorda: “No sé por qué –explicó–, pero yo tenía la ilusión de que la gente que iba a encontrar serían otros. Pero al día siguiente empiezo a escuchar las mismas voces y entonces me doy cuenta de que son los mismos de la guardia, los mismos oficiales”. Miró su cuerpo en la primera ducha: “No podía creer los kilos que había perdido y cómo se había trasformado mi cuerpo”.

Pasó al edificio de Inteligencia de Defensa (SID). Una o dos veces, dijo, les hicieron limpiar porque llegaba una delegación de argentinos para verlos; entre ellos viajó el jefe de la SIDE, Otto Paladino. Allí estaba la nuera del poeta Juan Gelman. Como sucedió con otros testigos, Ana habló de una mujer embarazada, de una ambulancia que fue a recogerla y la devolvió dos días más tarde con un bebé (Macarena), del que supieron porque la guardia les pedía a las detenidas que preparasen mamaderas. Habló también de los hermanos Julien, luego trasladados a Chile. Y también de Sara Méndez y de las preguntas que la misma Ana le hizo a un militar para saber dónde tenían a Simón, el hijo de Sara. “Eso –le respondieron– es cosa de los argentinos.” Ana se quebró sólo en un momento. Recordó la imagen de Sara en la tortura: se notaba que había sido madre, dijo, porque los pechos segregaban leche todavía.

Los uruguayos les propusieron una negociación: la “vida” a cambio de que firmaran un acta diciendo que eran un grupo armado que iba a invadir a Uruguay y a cometer una cantidad de crímenes. Se negaron. Los torturaron. Aceptaron un acta suavizada. Los militares llevaron a cinco a un chalet residencial, les dieron de comer, los ataron y organizaron el blanqueo del Cóndor: “Se llenó de milicos –dijo Ana–. Rodearon toda la manzana, rompieron muebles para que el barrio pensara que era una detención importante. Nos pasearon a la salida del estadio donde jugaban Nacional y Peñarol”.

El padre de Ana tenía 70 años y había estado buscándola. Cuando la vio en la tele, les aseguró a los militares que iba a ir a hacer una denuncia ante la OEA. Lo secuestraron para hacerlo entrevistar con un oficial y le preguntaron si a cambio de la vida de Ana estaba dispuesto a desistir de la denuncia. Dos o tres días después, Ana fue procesada por la Justicia militar. La condenaron a cinco años. Salió con prisión condicional, intentó irse a Alemania, pero no pudo: cada semana debía mostrarse. Lo peor llegó en 1984: la Conadep la citó a declarar en Buenos Aires. Viajó. Cuando regresó, volvieron a detenerla. Siguió controlada hasta 1985.

Uno de los integrantes del tribunal a cargo del juicio le preguntó si estaba dispuesta a reconocer a sus represores. Ella dijo que sí, pero no podía asegurar que lograra hacerlo. “Me gustaría que fuese más precisa –le insistieron–. ¿Puede reconocer o no?”

Como si hubiese pasado por Orletti ayer, y no hace más de treinta años.

Alejandra Dandan

Tomado: Página 12