Aparecen nuevas víctimas del pinochetismo

Cientos de familias chilenas todavía buscan
 los cuerpos de sus consanguíneos
 muertos durante la dictadura.
Imagen: AFP

El Profesor John Dinges asegura tener documentados 151 nuevos casos de violación a los derechos humanos.


Caos en la morgue de entonces y errores sobre el real destino de los ejecutados políticos chilenos. Sobre esas pistas investigaron John Dinges y Pascale Bonnefoy, para ArchivosChile, y el resultado se plasmó en una serie de documentos.

El electricista Rubén Orta tenía 34 años cuando efectivos de la Central de Inteligencia Nacional (CNI) –uno de los organismos represivos de Pinochet– lo acribillaron a balazos junto al obrero Juan Olivares (37) en plena dictadura. Según la declaración oficial de la policía, ambos miembros del Movimiento Izquierda Revolucionario (MIR) fueron interceptados cuando presumiblemente intentaban atacar un cuartel arriba de una destartalada citroneta del ’59. Testigos y familiares, sin embargo, sostienen que ellos no se conocían y que fueron detenidos con mucha anterioridad a su fusilamiento. Sus restos con las huellas indelebles de la tortura así lo acreditaron. Refutan, además, la posibilidad de que los dos quisieran atacar un cuartel en un vehículo que apenas se movía. Rubén fue reconocido por su familia y entregado al día siguiente de su muerte. En cambio, el cuerpo de Juan se mantuvo durante 15 días en el Instituto Médico Legal por problemas administrativos a causa del desorden reinante. Finalmente, fue devuelto a sus seres queridos, quienes le dieron una sepultura digna. Cientos de familias aún no tienen ese privilegio.

Aportar a ese proceso es lo que pretenden John Dinges, profesor de la Universidad de Columbia, y Pascale Bonnefoy, investigadora de ArchivosChile, con su trabajo “Ejecuciones en Chile, septiembre-diciembre 1973: el circuito burocrático de la muerte”, documentación online (www.archivochile.com) que fue presentada anoche en Santiago como proyecto del Centro de Investigación e Información (Ciinfo) y del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.

Se trata de una serie de reportajes que rescatan información original de la época. Lo novedoso es que la documentación se obtuvo a través de la Ley de Transparencia –que regula el derecho de acceso a la información de los órganos del Estado–, del Servicio Médico Legal, el Registro Civil, el Cementerio General y el Segundo Juzgado Militar, por lo que se convierte en un potente archivo que entregará nuevas hebras de investigación.

En conversación con Página/12, John Dinges, que fue corresponsal de The Washington Post entre 1972 y 1978 en Chile, explica que se publicarán 10 capítulos. Entre ellos, un reportaje sobre el enlace existente entre el Registro Civil y la morgue. “Como había tanto caos en la morgue, el procedimiento normal fue sobrepasado. Logramos identificar gente que hasta hoy no había sido calificada por las comisiones oficiales, pero, según sus características de muerte, podría tratarse de ejecuciones políticas.

En ese sentido, asegura tener documentados 151 nuevos casos de violación a los Derechos Humanos que no figuraban en la comisiones de verdad y reparación. “De ellos, 84 son NN. Esos cadáveres pueden estar enterrados sin identificación y esto es una pista para reabrir investigaciones”, sostiene el investigador estadounidense. Esto debido a la errónea identificación de cuerpos, el paso por la morgue de personas que hoy permanecen como detenidos-desaparecidos y errores sobre el real destino de muchos ejecutados, supuestamente enterrados o incinerados en el Cementerio General.

Junto a ello, ArchivosChile habilitará un mapa interactivo que mostrará todas las ubicaciones de los cuerpos encontrados en Santiago desde el 11 de septiembre de 1973, día del golpe de Estado, hasta diciembre de ese año. “Al pinchar en el sitio web, se encuentran cuerpos día a día hasta que queda negra la pantalla. Es una herramienta de concientización que donaremos también al Museo de la Memoria”, explica.

Otro capítulo clave es el relato de la morgue por dentro y el desorden provocado por la avalancha de cuerpos ejecutados que llegaban. En base a entrevistas y la revisión del libro de ingreso de todos los muertos, la investigación reconstruye lo que pasó hora tras hora en la morgue de Santiago. “Llegaban los camiones con 10 a 15 cadáveres diarios y se les descargaba”, cuenta el investigador norteamericano. En este proceso, hubo irregularidades en la cadena de custodia de los cuerpos, la identificación de cadáveres y cuerpos que desaparecieron luego de estar en la morgue. La documentación permitió desentrañar la burocracia detrás de las ejecuciones masivas y se hizo un seguimiento a los cuerpos de los fallecidos desde que ingresaron a la morgue hasta su entierro.

La tercera parte apunta a la negligencia del Juzgado Militar. Según los registros, el 90 por ciento de los casos de ejecutados por bala fueron tomados por la Fiscalía Militar, en contraposición con lo legal que indica que los jueces del lugar donde se encuentra la víctima se debe encargar con la investigación y ordena la autopsia.

“El mismo 11 de septiembre, a las 20, llegaron los primeros ejecutados políticos. Hubo una llamada de la guarnición militar que ordena la autopsia. Desde ese momento, en casi todos los ejecutados, esta designada la fiscalía militar como encargada del caso. Ningún juez civil investigó”, relata Dinges a Página/12.

La investigación chequeó en las fiscalías y determinó que no hubo ninguna investigación criminal en los casos de violaciones a los Derechos Humanos. “Eso no sorprende porque los militares no se acusarían entre ellos. Pero hemos confirmado que montaron un sistema donde se tomaron la jurisdicción e ignoraron la responsabilidad jurídica chilena. Eso es gravísimo”, concluye Dinges.

Christian Palma / Desde Santiago

Tomado: Página 12.com.ar

Artículo relacionado:
Una golpiza a dos mujeres mapuches

En The New York Times hoy: Entreguemos Guantánamo a Cuba

Ilustración publicada con este

 artículo en The New York Times

En los 10 años transcurridos desde que el campo de detención de Guantánamo se abrió al debate angustioso de si se cierra la instalación o se mantiene de forma permanente, se ha ocultado un fracaso más profundo que se remonta a más de un siglo e implica a todos los estadounidenses, y tiene que ver con nuestra continua ocupación del propio territorio de Guantánamo. Ya es hora de devolver este enclave imperialista a Cuba.

Desde el momento en que el gobierno de los Estados Unidos obligó a Cuba a arrendar la bahía de Guantánamo como una base naval para nosotros, en junio de 1901, la presencia de Estados Unidos ha sido más que una piedra en el zapato de Cuba. Ha servido para recordar al mundo la larga historia del militarismo intervencionista de Estados Unidos. Pocos gestos tendrían un efecto más saludable en el sofocante callejón sin salida de las relaciones cubano-estadounidenses, que la devolución de esta pieza codiciada de tierra.

Las circunstancias por las que los Estados Unidos llegaron a ocupar Guantánamo son tan preocupantes como su última década de actividad allí. En abril de 1898, las fuerzas estadounidenses intervinieron durante tres años en Cuba, en el momento en que los cubanos luchaban por su independencia y tenían esta guerra casi ganada, de modo que convirtieron la Guerra por la Independencia de Cuba en lo que los estadounidenses siguen la costumbre de llamar “Guerra Hispano-Americana”. Los funcionarios estadounidenses luego excluyeron al Ejército de Cuba en el armisticio y les negaron un lugar a Cuba en la conferencia de paz de París.

“Hay tanta ira natural y angustia en toda la isla”, comentó el general cubano Máximo Gómez en enero de 1899, después de la firma de la paz, “porque el pueblo no ha podido celebrar realmente el triunfo tras el fin del poder de los antiguos gobernantes.”

Curiosamente, la declaración de los Estados Unidos en torno a la guerra con España incluye la garantía de que Estados Unidos no buscó intervenir “la soberanía, jurisdicción o control” sobre Cuba y que su intención era “dejar el gobierno y el control de la isla a su pueblo.”

Pero después de la guerra, los imperativos estratégicos primaron sobre la independencia de Cuba. Los Estados Unidos querían el dominio de Cuba, junto con las bases navales desde las cuales lo ejerce.

Introdujeron al general Leonard Wood, a quien el presidente William McKinley había nombrado gobernador militar de Cuba, y con él las disposiciones que se conocieron como la Enmienda Platt. Dos de estas disposiciones fueron particularmente odiosas: una garantía de que los Estados Unidos ejercerían el derecho de intervenir a voluntad en los asuntos cubanos, y la otra, que instituía para siempre la venta o arrendamiento de estaciones navales. Juan Gualberto Gómez, delegado principal de la Convención Constituyente de Cuba, dijo que la Enmienda haría de los cubanos “un pueblo vasallo”.

Presagio de la crisis de los misiles cubanos, proféticamente Juan Gualberto advirtió que las bases extranjeras en suelo cubano sólo traerán para Cuba “conflictos que no saldrán de nuestra propias decisiones y en los que no tenemos ningún interés”.

Pero era una oferta que Cuba no podía rechazar, como Wood informó a los delegados. La alternativa a la Enmienda fue la continuación de la ocupación. Los cubanos recibieron el mensaje. “Hay, por supuesto, poco o nada de la verdadera independencia, que se fue de Cuba con la Enmienda Platt”, comentó Wood al sucesor de McKinley, Theodore Roosevelt, en octubre de 1901, poco después de que la Enmienda Platt fuera incorporada a la Constitución cubana. “Los cubanos más sensibles comprenden esto y sienten que lo único consistente ahora es buscar la anexión.” Pero con Platt en su lugar, ¿quién necesitaba la anexión?

 Durante las próximas dos décadas, los Estados Unidos en repetidas ocasiones enviaron infantes de marina con sede en Guantánamo para “proteger sus intereses en Cuba” y la redistribución de tierras que habían sido bloqueadas. Entre 1900 y 1920, 44.000 norteamericanos se establecieron en Cuba, para impulsar la inversión de capital en la isla, que partió de unos 80 millones de dólares a un poco más de mil millones de dólares y llevó a un periodista a comentar que poco “a poco, la isla entera está pasando a manos de los ciudadanos estadounidenses”.

¿Cómo lucía esto desde la perspectiva de Cuba? Bueno, imagínese que al final de la Revolución Americana los franceses hubieran decidido permanecer aquí. Imagínese que los franceses se hubieran negado a permitir que Washington y su ejército asistieran a la tregua en Yorktown. Imagínese que negara en el Congreso Continental un asiento a los estadounidenses en el Tratado de París, que expropiaran los bienes de los ingleses, ocupado el puerto de Nueva York, enviara tropas para aplastar a los Shays y a otras rebeliones y luego emigrara a las colonias en masa, robándose lo más valioso de nuestras tierras.

Tal es el contexto en el que los Estados Unidos llegó a ocupar Guantánamo. Se trata de una historia excluida de los libros de texto estadounidenses y abandonados en los debates sobre el terrorismo, el derecho internacional y el alcance del poder ejecutivo. Pero es una historia conocida en Cuba (que motivó la Revolución de 1959) y en toda América Latina. Esto explica por qué Guantánamo sigue siendo un símbolo evidente de la hipocresía en todo el mundo. No hace falta siquiera hablar de la última década.

Si el presidente Obama reconoce esta historia y pone en marcha el proceso de devolución de Guantánamo a Cuba, podría comenzar a reparar los errores de los últimos 10 años que pesan sobre nosotros, por no hablar de cumplir con una promesa de campaña electoral. (Dada la intransigencia del Congreso, no hay mejor manera de cerrar el campo de detención que entregar ese territorio con la base naval incluida.) Rectificaría un agravio secular y sentaría las bases para nuevas relaciones con Cuba y con otros países en el hemisferio occidental y en todo el mundo. Por último, se enviaría un mensaje inequívoco de que la integridad, auto-control y transparencia no son una prueba de debilidad, sino los atributos indispensables de liderazgo en un mundo siempre cambiante.

Seguramente no hay manera más apropiada de observar este sombrío aniversario de hoy, que defender los principios que Guantánamo socavó hace más de un siglo.

JONATHAN M. HANSEN / Cambridge, Mass. /   The New York Times /
Traducido por Cubadebate

Jonathan M. Hansen, profesor de estudios sociales en Harvard, es el autor de “Guantánamo: Una Historia americana”

Tomado:CubaDebate.cu




Artículos relacionados:
Obama legitima el penal de la vergüenza a los diez años de su apertura
A diez años de Guantánamo

Dick Cheney dice que Obama debería restablecer torturas como el “submarino”

Dick Cheney

El ex vicepresidente Dick Cheney dijo el domingo que el presidente Barack Obama debería colocar sobre la mesa el ahogamiento simulado (waterboarding).

La inteligencia derivada del programa de interrogatorio mejorado de la era Bush “probablemente” contribuyó a la muerte de Osama Bin Laden, expresó Cheney a Chris Wallace en Fox News.

“Lo que origina la pregunta, si ahora tuviésemos que capturar a otro nuevo objetivo de alto valor, que es ciertamente lo más probable dado este aparente tesoro de información que ellos recuperaron en el recinto de Bin Laden, ¿debería el presidente restablecer el interrogatorio mejorado incluyendo el ahogamiento simulado?”, preguntó Wallace.

“Bueno, ciertamente lo defendería”, dijo Cheney. “Sería un gran defensor de ello”. “Atravesamos por un montón de problemas para averiguar lo que podíamos hacer, cuán lejos podíamos ir, lo que era legal, y así sucesivamente. De eso surgió lo que llamamos interrogatorio mejorado. Funcionó. Suministró algunas piezas vitales de inteligencia”.

“Fue un buen programa”, afirmó Cheney. “Fue un programa legal. No era tortura. Fuertemente recomendaría que lo continuáramos”.

El director de la CIA León Panetta ha dicho que waterboarding es tortura pero el ex vicepresidente no está de acuerdo.

“El ahogamiento simulado y todas las otras técnicas que fueron utilizadas son técnicas que usamos para entrenar a nuestra propia gente. Esto es algo que hemos hecho durante años con el propio personal militar. Sugerir que es tortura, solo pienso que es errado”. El ex vicepresidente tildó de escandalosa la investigación de los interrogadores de la administración Obama que pudieron haber abusado de detenidos.

“Estos hombres, todos devotos, oficiales capaces que no deberían mirar sobre sus hombros y preocuparse si ellos siguen las órdenes de este presidente para llevar a cabo este programa de interrogación en el futuro cuando hay un cambio en la política, pueden esperar ser procesados”, dijo.

El “waterboarding” o “ahogamiento simulado” consiste en vaciar agua directo al estómago de una persona que se encuentra recostada, provocándole una sensación “virtual” de asfixia pero no produce la muerte ni daños físicos. Una variación similar es la arrojar agua a un sujeto amarrado, que tiene la cara cubierta con un trapo o tela. A medida que la tela se va humedeciéndose, se ajusta a la cara del sometido, y pronto comienza a generarle una angustiante sensación de asfixia.

(Tomado: RawStory / Traducido por Ivana Cardinale para el Correo del Orinoco)

Tomado: CubaDebate.cu
Artículos relacionados.
Tremenda perla: John Bolton, ex embajador de EEUU en ONU, defiende interrogatorios “duros”
Cheney tergiversó Memo de la CIA para justificar torturas

Bush, se busca

El ex presidente estadounidense George W. Bush puede haber desaparecido de los titulares de prensa desde que dejó el cargo en enero de 2009, pero los delitos atribuidos a su gobierno no se olvidan.

El Centro de Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés) divulgó el lunes la "Acusación preliminar por Torturas contra Bush", un documento que describe los aspectos centrales del caso contra el ex mandatario y la forma en que violó la Convención contra la Tortura, suscrita por Estados Unidos.

El CCR presentó la iniciativa junto con otras 60 organizaciones entre las que está el Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales, con sede en Berlín. El hecho coincidió con el noveno aniversario del día en que Bush decidió que los llamados "combatientes enemigos" carecían de las protecciones fundamentales previstas en las convenciones de Ginebra sobre prisioneros de guerra.

Dos víctimas de tortura tienen se propusieron iniciar una demanda penal en Ginebra contra el ex presidente de Estados Unidos, quien tenía previsto llegar a Suiza este sábado 12.

En los casos tortura, la legislación suiza requiere la presencia del imputado en su territorio antes del comienzo de la investigación. Activistas de derechos humanos consideraron que la visita de Bush era la oportunidad perfecta para que Suiza cumpliera sus obligaciones como signatario de la Convención contra la Tortura y al ex mandatario le llegara el mensaje de que no gozará de ninguna exoneración especial, aun como ex jefe de Estado.

Pero Bush suspendió su viaje.

"En noviembre de 2009, Bush reconoció que autorizó la tortura de detenidos bajo custodia de Estados Unidos", dijo a IPS la abogada del CCR Katherine Gallagher, también vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos.

"Se supone que somos un país con un sólido Estado de derecho y cuando actuamos con impunidad de forma tan descarada damos un pésimo mensaje al mundo", añadió. El submarino "es legal porque los abogados dicen que es legal. Yo no soy abogado", dijo Bush en noviembre de 2010 al ser entrevistado por el periodista Matt Lauer. "Claro que lo haría", respondió el ex presidente a pregunta de si volvería a tomar la misma decisión.

Además del caso presentado por el CCR, hay dos más iniciados en España sobre las acciones de los abogados constitucionales del gobierno de Bush (2001-2009), el llamado "Bush 6", autores del manual de tortura y arquitectos del marco legal que invocó el entonces presidente cuando comenzaron las acciones judiciales en su contra.

"Ambos temas forman parte de los esfuerzos de asignar responsabilidades que, espero, se cierren sobre Estados Unidos", dijo Gallagher a IPS. "El Bush 6 lo integran personas que pretenden que la tortura es aceptable, pero no es así", añadió.

La Casa Blanca permanece en silencio, mientras jueces de Madrid hasta Ginebra arremeten contra el anterior gobierno. Ni el presidente Obama ni nadie de su entorno ofrecieron apoyo a alguno a los ciudadanos que luchan contra la impunidad.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) pidieron a Washington que investigara de forma exhaustiva las denuncias contra el ex presidente estadounidense y reclamaran el fin inmediato de la impunidad.

"Al menos deberían investigar la posibilidad de procesamiento", dijo a IPS la portavoz de HRW, Laura Pitter.

"No hay razón para que los tribunales de Estados Unidos no abran una investigación de ese tipo, aun sólo basándose en lo que Bush ha reconocido públicamente", añadió.

El impertérrito rostro de Obama quedó al descubierto por los miles de documentos diplomáticos filtrados por Wikileaks a fines del año pasado. Los cables revelaron que su gobierno mantenía contactos con funcionarios españoles para mantener las investigaciones ocultas.

"Es una gran decepción viniendo de un presidente que solía ser profesor de derecho constitucional", dijo Gallagher a IPS.

Las organizaciones de derechos humanos siguen adelante con los procesos, pese a la indiferencia de Washington.

"Bush es un torturador y debe ser recordado como tal", dijo Gavin Sullivan, del Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales.

"Es responsable de autorizar torturas contra miles de personas en Guantánamo, Cuba, y en los sitios secretos que la CIA tiene en todo el mundo. Bush tiene razón en estar preocupado porque todos los países tienen la obligación de procesar a los torturadores", añadió.

Y quizá, más importante que las acusaciones sean los supervivientes, cuyas voces están apagadas o siguen ocultos en Guantánamo y que merecen que se haga justicia.

Kanya D'Almeida

Tomado: IPSnoticias.net

El terror que manejaron los espías

El Tribunal Oral Federal 1 escuchó ayer el primer alegato acusatorio por Orletti.
Imagen: Pablo Dondero.

El centro clandestino de detención que operó en 1976 bajo el poder de la SIDE alojó a los secuestrados del Plan Cóndor. Aníbal Gordon, Otto Paladino, Raúl Guglielminetti y el recién fallecido Rubén Visuara fueron los emblemas de esa represión.

Comenzaron los alegatos por los crímenes de Automotores Orletti. Y con los alegatos la posibilidad de entender cómo los testimonios contados en cada una de las audiencias del juicio oral reconstruyeron, como un rompecabezas, la arquitectura del centro clandestino operado por la Secretaría Inteligencia del Estado (SIDE). Por ahí pasaron ciudadanos argentinos, como dos de los hermanos del dirigente del PRT Roberto Santucho, pero además uruguayos, cubanos, chilenos y bolivianos, como relató asombrada una de las querellantes. El centro que operó entre los engranajes del Plan Cóndor contó con la mano de obra de personajes siniestros como Otto Paladino, Aníbal Gordon, el recién fallecido Rubén Visuara y el aún sobreviviente y acusado Raúl Guglielminetti. La primera querella particular pidió para él y otros tres acusados condenas de 25 años de prisión. La semana próxima será el turno de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que, como viene sucediendo en otros juicios, pedirá reclusión perpetua en el marco de genocidio.

La audiencia comenzó con uno de los efectos del criticado retraso de justicia: el Tribunal Oral Federal 1 informó sobre la muerte de Visuara, jefe del departamento de Operaciones Tácticas de la SIDE de la que dependía el centro clandestino. En ese contexto decidieron apartarlo de la causa, una decisión que desplazó además a otro de los represores que insólitamente actuaba como su abogado: se trata de Bernardo Menéndez, con perpetua en la causa Jefes de Area, pero liberado porque la sentencia no está firme, y con el coraje de sentarse entre el público (ver aparte).

Gonzalo Romero abrió el alegato como representante particular de uno de los grupos de prisioneros uruguayos, integrantes de lo que se llamó el Segundo Vuelo. Los dieciséis uruguayos tenían vínculos con el Partido para la Victoria del Pueblo, creado en 1975 para pelear contra la dictadura uruguaya de 1973. Todo el grupo cayó mientras estaba refugiado en Buenos Aires entre el 9 de junio y el 15 de julio de 1976, permaneció en Orletti, y entre el 24 y 25 de julio fue trasladado en un vuelo clandestino de Pluna a Uruguay. Como en ese grupo no hubo muertos, Romero no pudo pedir la reclusión perpetua.

El centro de la SIDE
A partir del golpe de Estado y para seguir las líneas del plan de exterminio –indicó el abogado–, las fuerzas represivas tuvieron los llamados “lugares de reunión de detenidos”, el nombre de los centros clandestinos. “Se ha podido ver que la mayoría de ellos estaban en los ámbitos donde cada fuerza llevaba a cabo su tarea: cuarteles, comisarías, pero como la SIDE no formaba parte de las fuerzas de seguridad, no tenía en su patrimonio un lugar apto para detenidos, por lo cual tuvo que buscar un inmueble.”

Esa situación aparece en el origen de Orletti. El lugar que buscaban debía cumplir algunas características especiales: ser invisible a los ojos del resto de la sociedad, tener acceso de vehículos para el ingreso de encapuchados y de sujetados; salas de alojamiento para interrogatorios y torturas y lugar para los represores que iban a operar en el centro.

Lo encontraron. En el juicio terminaron de completarse los datos. Uno de ellos, la declaración del propietario del edificio: Santiago Cortell. “Recuerdo que dijo –recordó Romano– que era un lugar de tipo industrial, que había sido un taller mecánico, y que para alquilarlo puso un aviso en el diario Clarín. En el marco de ese ofrecimiento, lo contactaron unas personas que dijeron que lo querían para distribuir alimentos.” El contrato se hizo con todas las reglas: los inquilinos presentaron documentos y garantías. Sus nombres eran Felipe Salvador Silva (el alias de Aníbal Gordon); Julio Cartels y los fiadores usaron sus nombres verdaderos: Eduardo Ruffo, ex agente de la SIDE acusado y parte de Orletti y Juan Rodríguez, fallecido.

El edificio estaba en la calle Venancio Flores 3519-21, un barrio de casas bajas de Floresta, frente a las vías del ferrocarril Sarmiento, cuyos ruidos tantas veces fueron narrados en las audiencias. Y daba a una escuela pública. Funcionó entre marzo de 1976 y noviembre de ese año; se desactivó tras la fuga de dos detenidos. Pese a que los represores lo llamaban La Cueva de Flores, El Taller o El Jardín, su nombre, recordó Romano, fue producto de un equívoco: durante la huida uno de los secuestrados leyó mal el nombre de Cortell, escrito en un cartel luminoso de la marquesina, en el que también aparecía la palabra Automotores. Automotores más aquella mala lectura dio como resultado: Automotores Orletti.

Las dos plantas del edificio fueron muchas veces contadas en las audiencias, pero el alegato las sistematizó: la planta baja con el playón y suelos de cemento con olor a grasa, donde arrojaban a los detenidos y la planta alta, con las salas de tortura y la oficina de Aníbal Gordon. Una escalera. Un baño abajo, el espacio del estacionamiento de autos cuyos motores se encendían de pronto para tapar los gritos de la tortura o un playón que servía para depositar objetos robados a las víctimas. Una radio que sonaba a todo volumen. Un tanque de agua en el que asesinaron a Carlos Santucho. La cortina metálica abriéndose cuando un walkie talkie desde afuera decía: “Operación Césamo”.

Entre todo, los métodos especialísimos de la tortura en Orletti: una roldana colgada a una viga que todavía existe, desde donde colgaban a los prisioneros, luego de arrojar sal en el piso y de atarles el cuerpo con cables conectados a una pared. Eso era el “gancho”.

El OT18
El secretario de la SIDE para la época era Otto Paladino, y estaba dividida en tres direcciones: la 1, dedicada a registros internos; 2, Secretaría de Contrainteligencia dedicada a tareas de inteligencia y a cargo del coronel Juan Ramón Nieto Moreno, fallecido. Y 3, el lugar donde se procesaba esa información, a cargo de Carlos A. Mitchell, también fallecido.

De Mitchell dependía el departamento de Operaciones Tácticas que estaba a cargo de Visuara, él recibía la información y la mandaba a ejecutar al OT18, el modo en el que el organigrama mencionaba al centro de detención Automotores Orletti, el espacio a cargo de Eduardo Cabanillas, jefe de los grupos de tareas.

Orletti tenía hombres propios: el caso de Juan Rodríguez (fallecido) y Eduardo Alfredo Ruffo, juzgado en el juicio. Eran hombres orgánicos de la SIDE. Pero además había un grupo de “Inorgánicos”: parte del staff de delincuentes reclutados por Aníbal Gordon, explicó Romano, el caso de Honorio Carlos Martínez Ruiz (Pajarovich). También tenía participación de militares uruguayos, hombres de la SIDE uruguaya y del organismo de coordinación de actividades antisubversivas. Hombres de la Triple A como Guglielminetti. Y de la Policía Federal, prueba de ello es que participaban en los operativos y además algunos de los detenidos pasaban por dependencias de la Federal.

“Lo que demostró el juicio además fue otras particularidades que tenía el centro –dijo Romero–: como faltaba coordinación en una estructura que no era piramidal, el que llegaba hacía lo que quería, todos daban órdenes, torturaban, salían a secuestrar, alternaban los roles.”

Los uruguayos
La caída de los uruguayos había empezado antes, pero el grupo del segundo vuelo comenzó el 9 de junio de 1976 con la del dirigente sindical y jefe del Partido de la Victoria, Gerardo Gatti, y la de Pilar Nores. Las caídas se prolongaron hasta el 15 de julio: en total fueron 33, todos relacionados con el PVP. De esos 33, 12 cayeron el 13 de julio en siete lugares diferentes. Los procedimientos barrieron Capital Federal, provincia de Buenos Aires, casas y bares: “Y eso demuestra –dijo Romano– que no sólo estaba planificado sino que por lo menos operaban más de veinte personas porque en unas horas desplegaron semejante procedimiento”.

A criterio de la querella, esas decisiones partieron de los máximos niveles: de Otto Paladino y de su par uruguayo Amaury Prantl. “Y las órdenes fluían hasta llegar a quienes ejercían la acción contra los blancos operacionales: que no eran otros que los que estaban en el OT18.”

No todos corrieron la misma suerte, dijo. “Mientras algunos fueron liberados y pudieron abandonar el país, otros fueron trasladados ilegalmente a Uruguay y entregados a las fuerzas armadas de su país.” El resto son desaparecidos: entre ellos están Gerardo Gatti y otros dos dirigentes sindicales, León Duarte y Hugo Méndez.

Romano pidió cuatro condenas a prisión por 25 años, por privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos. A Honorio Carlos Martínez Ruiz lo imputó en quince casos como partícipe necesario porque no era un funcionario público. A Eduardo Alfredo Ruffo y Guglielminetti los imputó como coautores materiales en quince casos y en doce. Y a Cabanillas lo imputó como autor mediato por los mismos delitos en dos casos.

Alejandra Dandan

Tomado: Página 12.com.ar

EEUU presionó al Gobierno y a la Fiscalía para cerrar los casos Couso, los aviones de la CIA y las torturas de Guantánamo



Caricatura: J.R.Mora

Embajador Aguirre: "Se me está acabando la paciencia ante los comentarios tan desleales del PSOE"

Los documentos secretos de la diplomacia de Estados Unidos a los que ha accedido la plataforma Wikileaks revelan las presiones de la embajada en la Audiencia Nacional para cerrar las causas abiertas por la muerte del cámara de televisión en Bagdag José Couso, la investigación de los vuelos ilegales de la CIA y las torturas en la prisión de Guantánamo. Este martes, el diario El País, que ha tenido acceso en primicia a estos documentos, asegura que el propio fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido y el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, habrían colaborado en esta estrategia. Los papeles secretos demuestran una relación especialmente buena con Conde-Pumpido y Zaragoza. Una de las conversaciones registradas posteriormente en un cable --el informe "confidencial" del 19 de julio de 2007-- recoge que Conde-Pumpido transmitió al embajador Aguirre que él quería archivar el caso Couso. En este sentido, aseguró ayer a El País que la Fiscalía siempre ha mantenido una buena relación con la embajada de EEUU y que hay un grupo de colaboración que se reúne periódicamente. "Dentro de ese esquema de colaboración, y en ese contexto, a veces se han interesado por alguna información y nosotros se la hemos dado".

Garzón, fuera
Uno de los objetivos de EEUU fue que el caso de Guantánamo no cayera en manos del juez Baltasar Garzón, conocido internacionalmente por su lucha por los derechos humanos y la justicia universal. De acuerdo con los informes de la diplomacia, el fiscal Zaragoza telefoneó a la embajada el 14 de abril del año pasado para explicar que haría todo lo posible para que Garzón no se hiciera con esta causa y dijo que si se empeñaba en quedarse con ella, él mismo airearía que no había investigado antes cuando tuvo datos para hacerlo. De hecho, Zaragoza cumplió su amenaza. Así, el diario El País publicó el 30 de abril la reacción de la Fiscalía tras la decisón de Garzón de abrir su propio caso Guantánamo: "Fuentes de la Audiencia criticaron ayer la decisión de Garzón pro considerar que en los últimos cinco años no investigó las torturas".

Presiones a Moncloa
Las presiones alcanzaron a la propia Moncloa. Cuando varios dirigentes del PSOE, entre ellos José Blanco, criticaron la guerra de Irak en su cuarto aniversario, el embajador Eduardo Aguirre, nombrado por la administración Bush, advirtió a Carles Casajuana, principal asesor diplomático en La Moncloa, los siguiente: "Se me está acabando la paciencia ante los comentarios tan desleales del PSOE y sus aliados sobre EEUU". En esas fechas, todos los grupos parlamentarios salvo el PP habían pactado una proposición no de ley para ocndenar la guerra "unilateral y al margen de la ONU". El propio Blanco también fue reconvenido por el segundo de Aguirre.

Encuentro con De la Vega
En relación al caso Couso, coincidiendo con una visita de la entonces secretaria de Estado, Condolezza Rice, a España, se envió una instrucción clara a Aguirre: "Debería destacar la constante preocupación del Gobierno de EEUU sobre la causa abierta contra tres militares acusado de crímenes de guerra (...) Queremos una continua vigilancia y cooperación pro parte del Gobierno español hasta que el caso sea archivado ". Hay constancia de un encuentro de Aguirre con la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega en la que ésta, tras defender la independencia de los jueces, le aseguró que estaba muy implicada en el caso y que "una de las opciones que se estaba sopesando era la de presentar un recurso".

Zapatero no echará leña al fuego
Siempre según estos papeles, el asesor de Moncloa Casajuana transmitió al embajador la intención de Zapatero de no echar más leña al fuego, en relación a la investigación de los vuelos de la CIA. Aguirre había protestado por la desclasificación de documentos del CNI sobre estos vuelos.

Tomado: El Plural.com
Artículo relacionado: Wikileaks pone en aprietos la relación...

Human Rights Watch acusa a Marruecos de tortura

La ONG critica el uso desmesurado de la fuerza por parte de las autoridades marroquíes en el asalto al campamento saharaui de El Aaiún

"Las fuerzas de seguridad marroquíes abusaron y propinaron palizas de manera repetida a los detenidos después de los disturbios el 8 de noviembre en El Aaiún". La ONG Human Rights Watch (HRW) ha emitido este viernes un informe demoledor en el que acusa a Marruecos de torturar a los saharauis arrestados en el Campamento de la Dignidad a principios de mes.

El documento se basa en los testimonios recogidos por sus enviados a la zona, que se han entrevistado con activistas, abogados, miembros del Gobierno y las propias víctimas y familiares.

La mayoría de los detenidos denuncian palizas y uno de los saharauis que aún está en la cárcel, incluso afirma haber sido violado. Marruecos niega todas las alegaciones, anuncia una investigación independiente y sigue justificando el uso de la fuerza en defensa propia.

En realidad, el informe presentado por HRW trata de desmontar cualquier comunicación oficial marroquí con testimonios directos de los implicados. La ONG afirma que los días posteriores al asalto cientos de personas fueron detenidas y aún quedan en la cárcel más de 100. Asimismo asegura, citando a activistas por los derechos de los saharauis, que nueve de ellos han sido transferidos a un penitenciario en Rabat donde se enfrentan a un tribunal militar.

El documento asegura que tras el desalojo del campamento, la policía marroquí atacó a civiles saharauis y quemaron sus casas y negocios, además de impedir el acceso al tratamiento médico de los heridos.

Rabat justificó el uso de la fuerza al verse amenazado por una revuelta, pero para la enviada de HRW a Oriente Medio y el Norte de África, Sarah Leah Whitson, "las fuerzas de seguridad no pueden justificar de ninguna manera someter a palizas a los presos".

Investigación independiente

La ONG critica el apagón informativo al que sometió Marruecos a los medios extranjeros ya que para "un Gobierno que dice no tener nada que esconder, la mejor manera de demostrarlo es permitiendo a todos los medios y organizaciones no gubernamentales recoger la información que vean necesaria sin ningún tipo de obstáculos".

El Gobierno marroquí niega que las fuerzas de seguridad dispararan en El Aaiún Pero las investigaciones de HRW indicaban lo contrario, así que, se lo hicieron ver a las autoridades marroquíes.

En una conversación con Interior el 18 de noviembre, la ONG explicó que tenía evidencias fundadas de que las fuerzas de seguridad marroquíes abrieron fuego de manera indiscriminada contra los civiles en el campamento y de que los detenidos fueron torturados. La respuesta por escrito de Rabat fue que el desmantelamiento del campamento se llevó a cabo "cumpliendo con todos los procedimientos legales y sin disparar una sola bala".

Los responsables de la ONG aseguran que en ese mensaje, el Gobierno marroquí comunicó la apertura de una investigación para aclarar los sucedido" y llamando a los testigos y víctimas a que vayan al juzgado a denunciar los hechos. Al parecer, siempre según HRW, la Corte de Apelación de El Aaiún abrió dicha investigación, dirigida por la fiscalía.

"Nos subieron a los camiones como si fuéramos ganado"
Después de los acontecimientos del día 8, HRW entrevistó a siete personas que fueron detenidas y puestas en libertad posteriormente. Según la ONG todos tenían heridas y moratones que indicaban los malos tratos recibidos en la cárcel.

"Cada pregunta iba seguida de una patada o una bofetada" Es el ejemplo de Ahmed Jadahlou Salem, de 34 años: "Los gendarmes nos subieron a la parte trasera de un camión a 30 ó 40 de nosotros. Todos íbamos esposados y con las manos en la espalda. Nos tiraron dentro del furgón como si fuéramos ganado; algunos teníamos heridas en la cabeza y estábamos sangrando. Estábamos amontonados unos encima de los otros y nos dejaron así durante cerca de dos horas, obligándonos a mirar siempre al suelo".

Según Jadahlou, cuando el camión llegó a El Aaiún, los gendarmes sacaron a todos los presos arrastrándolos por los pies mientras les pegaban y daban patadas hasta una sala de interrogatorios.

"En la sala había unos seis gendarmes, pero iban y venían varios más. No había sillas y cada pregunta iba seguida de una patada o de una bofetada. Me preguntaron muchas cosas: qué hcía en el campamento, porque queríamos la independencia. Me preguntaron sobre muchas personas por su nombre y me amenazaron con violarme allí".

Sesiones de palizas
Otro de los detenidos, Laassiri Salek, de 38 años, explicó a la ONG que la policía lo detuvo en su casa de Columina Nueva el 9 de noviembre: "Me llevaron a una comisaría esposado y con la cabeza cubierta". Según él, se trataba de la comisaría principal donde fue golpeado durate cinco horas con palos dejándole inconsciente dos veces.

"Empezaron a pegarme en la cabeza y en la espalda con palos, también me daban patadas. No sé cuántos eran"Según Salek, que estaba en silla de ruedas cuando fue entrevistado, los detenidos eran obligados a cantar el himno marroquí y recibían golpes si no se sabían la letra.

Además, denuncia que los tuvieron sin comer durante dos días y que el 10 de noviembre por la noche los colocaron a todos de pie y en fila con las cabezas tapadas mientras los agentes tomaban carrerilla y corrían hacia ellos dándoles patadas.

Como Salek, Leila Leili, activista de 36 años, fue detenida cuando se dirigía a casa de su padre en Lacheicha el pasado día 9. Los agentes la llevaron primero a un edificio donde permaneció durante varias horas recibiendo golpes en la cara.

Posteriormente fue trasladada a una comisaría, donde quiso denunciar los malos tratos y el hecho de que la policía estuviera deteniendo a todos los saharauis que encontraban a su paso. "Empezaron a pegarme en la cabeza y en la espalda con palos, también me daban patadas. No sé cuántos eran porque tenía la cabeza cubierta. Me ordenaron esperar en el pasillo y cada vez que pasaba un agente me golpeaba".

"También me ordenaron que gritara eslóganes pro marroquíes como 'Larga vida al rey' y me pidieron que dijera que soy marroquí. Entonces les dije que respetaba al rey de Marruecos y a los marroquíes, pero que yo no era marroquí", aseguró.

Tomado: Público.es

Un grito desde Argentina: 'Cierren Guantánamo'

Demostrantes exigiendo el cierre de Guantánamo

“Guantánamo va a seguir abierto en el futuro inmediato”, le dijo esta semana un funcionario no identificado de la Casa Blanca al Washington Post. Para tener un ejemplo de cómo proceder con la tristemente célebre base naval estadounidense en Cuba, el Presidente Barack Obama debería fijarse en un viejo edificio de la armada argentina en Buenos Aires.

Cuando Ana María Careaga tenía 16 años y estaba embarazada, matones de las Fuerzas Armadas argentinas la secuestraron en la calle, la llevaron a un centro clandestino de detención y la torturaron durante cuatro meses. Era el año 1977 y las Fuerzas Armadas acababan de dar un golpe de Estado en Argentina. Treinta mil personas fueron “desaparecidas” entre 1976 y 1983 por la brutal Junta Militar en Argentina. La Junta gozaba del apoyo entusiasta del entonces Secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, a quien se le atribuye haber autorizado la creación de una red de terrorismo de Estado integrada por varios gobiernos militares de la región y denominada “Plan Cóndor” que asesinó a 60.000 personas en América del Sur.

Décadas más tarde, Argentina salió de la dictadura y de la reciente debacle económica como una de las nuevas democracias progresistas de América Latina. Ana María Careaga, que ahora tiene 50 años, es la directora del Instituto Espacio para la Memoria en la vieja Escuela de Mécanica de la Armada en pleno Buenos Aires, donde 5.000 personas fueron detenidas, torturadas y, en su mayoría, luego fueron asesinadas. El objetivo del instituto es preservar la memoria de este capítulo nefasto de la historia argentina.

Ana temía perder a su bebé. Entre los horrores que tuvo que soportar se cuentan reiteradas descargas eléctricas con una picana en la vagina. Mientras estaba detenida, su madre, Esther Careaga, se unió a otras madres de jóvenes que habían sido desaparecidos. Se reunían en la Plaza de Mayo, llevando las fotografías de sus hijos desaparecidos y marchaban en círculo para concientizar, protestar y lograr apoyo internacional contra la violencia y el terrorismo de Estado argentino.

Luego de que Ana fue liberada y recibió asilo político en Suiza, Esther Careaga no dejó de marchar alrededor de la Plaza de Mayo. Estuve en Buenos Aires esta semana y le pregunté a Ana por qué: “Cuando yo salí en libertad, mi mamá volvió a la Plaza de Mayo y las madres le dijeron 'qué hacés acá si vos ya recuperaste a tu hija' y ella dijo 'yo voy a seguir hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son mis hijos'. Eso mostraba que lo de ella no era una búsqueda individual, sino una búsqueda colectiva”.

Esther Careaga, otras dos Madres de la Plaza de Mayo y dos monjas francesas fueron desaparecidas, torturadas y asesinadas entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977. Fueron llevadas a la vieja Escuela de Mecánica de la Armada, donde con macabra sofisticación, el gobierno militar argentino llevaba adelante lo que se conoce como "vuelos de la muerte": luego de torturar a sus víctimas, las drogaban y, mientras estaban aún con vida, apilaban sus endebles cuerpos en aviones. Los aviones sobrevolaban las aguas costeras y lanzaban los cuerpos de las víctimas desde el avión. Tiempo después, un viento y una marea poco frecuentes arrastraron el cuerpo de Esther Careaga y de otras personas a la orilla, y finalmente fueron identificados.

Desde el lugar donde su madre fue vista con vida por última vez en el centro de tortura, Ana me mostró un libro que contiene un memorando diplomático de Estados Unidos, obtenido en virtud de la Ley de Libertad de Información. El documento demuestra que la embajada de Estados Unidos en Argentina sabía que su madre había sido asesinada y que su cuerpo había sido recuperado, cosa que Ana y su padre no supieron durante décadas.

En la actualidad, los sobrevivientes de los campos de detención y el gobierno argentino están juzgando, – y en la mayoría de los casos condenando–a muchos de los represores y torturadores (Kissinger aún no fue juzgado, y se dice que toma muchos recaudos antes de viajar al exterior para evitar ser arrestado). Ana asiste a dos juicios a la vez: los lunes, martes y miércoles asiste al juicio de quienes torturaron y asesinaron a su madre. El resto de la semana, en la misma sala de audiencias, asiste al juicio de sus propios torturadores. Ella es un testimonio viviente de la búsqueda paciente y disciplinada de justicia.

Lo que nos lleva de vuelta a Guantánamo. Mientras Estados Unidos sermonea a Cuba acerca de su falta de democracia y mantiene el bloqueo contra el país desde hace décadas, uno pensaría que debería dar un ejemplo de democracia en la parte de la Isla que está bajo su control. Sin embargo, instaló allí un campo de concentración que ha recibido un enérgico repudio a nivel internacional, un territorio kafkeano fuera del alcance de la ley.

El nuevo Relator Especial de la ONU sobre la Tortura está exhortando a Estados Unidos a que investigue y condene la tortura cometida durante el gobierno de George W. Bush. En la primera entrevista que brindó desde que asumió el cargo como nuevo Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, Juan Ernesto Méndez dijo: “Estados Unidos tiene el deber de investigar todos los actos de tortura. Lamentablemente no hemos visto muchas señales de que asuman responsabilidad”. Méndez tiene planes de visitar Guantánamo. Él mismo fue víctima de tortura durante la dictadura argentina.

Hay todavía alrededor de 180 hombres detenidos en la Bahía de Guantánamo, con cada vez menos perspectivas de ser juzgados algún día por un tribunal real. Durante años fueron sometidos a interrogatorios y aislamiento prolongado, lo que se considera tortura tanto de hecho, como en términos legales. El Presidente Obama prometió cerrar la prisión de Guantánamo. Es poco probable que el Congreso financie ahora el cierre de Guantánamo y el traslado de los prisioneros, lo cual deja al presidente encadenado a Guantánamo, condena a los prisioneros allí a la detención y desesperación por tiempo indeterminado, y profundiza la indignación con la que muchos en el mundo miran a Estados Unidos.

Barack Obama prometio cerrar Guantánamo, cuando?

Ana María Careaga es una sobreviviente de la tortura que trabaja en el mismo lugar en que su madre fue torturada y donde pasó sus últimas horas. Su consejo al Presidente Obama es simple: “Cierren Guantánamo”.

Amy Goodman

Tomado: Democracy Now

El almirante que mostró la hilacha

Un personaje tan completo como el muerto no vamos a encontrar en toda la historia argentina. Completo en su total decadencia moral, crueldad, ambición fuera de toda medida. Almirante de la Marina de Guerra de la Nación. Massera, a secas.

Traicionó, como otros tantos uniformados en nuestra historia desde 1930, a su juramento pronunciado al recibirse de guardiamarina de ser fiel a la Constitución Nacional. Pero, claro, ante tantos otros ejemplos desde Uriburu, en ese 30, ya casi sólo sería un delito argentino. No, lo feroz de su conducta se puede sintetizar en una sola palabra: la ESMA. Para qué más. Basta ver la celda mínima donde estuvieron tiradas en el piso durante seis meses las tres primeras Madres de Plaza de Mayo. Arrojadas luego desde un avión, vivas, al río. Almirante Massera, esa fue su máxima acción de guerra como almirante. Almirante argentino.

La ESMA: una fábrica del máximo horror a lo Massera. Sí, esa expresión va a quedar para siempre en la historia: Torturar a lo Massera, hacer desaparecer a lo Massera, robar niños a lo Massera.

Y su ambición, sus negocios, su afán de figuración, su ansia de poder: quería ser presidente, millonario, estanciero, empresario, propietario de todo lo que tenía a su alcance. Y llegó sólo a ser un infame y corrupto traidor a todo principio de ética, de humanismo, de grandeza. Eso sí, cuando entraba en una iglesia era el primero que se arrodillaba y santiguaba. Completo. ¿Dónde aprendió todo eso? ¿De sus padres, en la Escuela Naval, en los cursos de oficiales, en su conocido fervor católico?

Massera. Un vocablo que quedará para siempre entre los próceres de la picana eléctrica, invento argentino. Una galería interminable que empieza con el comisario Polo Lugones, el coronel Falcón, el teniente coronel Varela... y la lista sería interminable en esta historia argentina que comenzó con aquellos increíbles hombres de Mayo. Los nombro: Belgrano, Moreno, Castelli, Monteagudo. Y nace la pregunta desesperada: ¿qué nos pasó a los argentinos? Desde aquel Mayo a ese marzo del 76 en que iba a empezar la marcha hacia la desaparición del respeto a la vida. Comienza la “desaparición” llamada ya la “muerte argentina” en los diccionarios de ideas afines. Para siempre. Videla, Massera, Agosti, Viola, Galtieri, y cien, mil más, todos los que obedecieron, y sus civiles: Martínez de Hoz y los ministros que juraron por “Dios y por la Patria” y sus embajadores y sus soplones y rufianes.

¿Qué más podemos escribir de este ser que acaba de morir: de sus negociados, sus veleidades, sus calenturas, su sonrisa siempre cínica? ¿Para qué? Si basta con nombrar lo que ya nombramos: la ESMA. Está todo dicho. El templo de la infamia más perversa de la historia humana. Un sinónimo de Auschwitz. Los argentinos, sí, tenemos nuestro Auschwitz. Y nuestro Himmler. Uno, silencioso, de mirada con el dejo de desprecio a la vida; el nuestro, ruidoso, de carcajada sonora, de darte el golpecito amigo en la espalda, del abrazo. Aquel, sombrío como un cuervo sin sotana; el nuestro siempre sonriente, amistoso, un galán con espada al cinto y gorra cargada de perversidades.

Sí, ya sé, me van a decir que me están faltando los adjetivos. No, me sobra el dolor, pensando en los últimos minutos de Rodolfo Walsh en la ESMA, y en todos los Rodolfo Walsh y las Azucena Villaflor que cayeron en las manos de ese verdugo sucio y voraz.

Permítaseme este escrito donde trato de hacer un resumen de los sentimientos que me provoca esa figura y la de todos los serviles que le hicieron la venia y le dijeron: “Ordene, mi almirante”.

Nos quedará para siempre el dolor. Rodolfo, Azucena. En nombre de los miles.

Ojalá exista el infierno para el almirante de la muerte, los negociados y la corrupción.

Lo merece. Allí con Roca, Falcón, el Polo... y tantos otros. Una galería argentina. En contraposición con la otra galería argentina. La de los Héroes del Pueblo, los Hijos del Pueblo, como les cantaba la gente humilde de principios del siglo pasado a quienes daban todo por una vida mejor. Los que creían en un mundo de la mano abierta contra los que siempre propiciaron la ESMA.

Osvaldo Bayer

Tomado: Página 12

Las venas abiertas de la invasión a Irak




Por acá un detenido torturado con cables pelados. Por allá, niños fusilados por tropas estadounidenses en puestos de control. En otro lado, insurgentes usando niños y discapacitados para cometer atentados suicidas.

Así que ahora empezamos a ver qué había detrás de lo que Tony Blair llamó “el precio de la sangre”. Por acá un detenido torturado con cables pelados. Por allá, niños fusilados por tropas estadounidenses en puestos de control. En otro lado, insurgentes usando niños para cometer atentados suicidas. Y así, 391.832 documentos. En el Pentágono, estos mensajes llegaban todos los días a las casillas de correo de los burócratas. Para los iraquíes, los documentos detallan, en el tono desafectado del lenguaje militar, nada menos que las venas abiertas de una nación.

Hoy, siete años y medio después de la orden de invadir, la mayor filtración en la historia ha mostrado, mucho más que lo conocido hasta ahora, todo lo que desató esa declaración de guerra. Los servicios secretos iraquíes torturaron a cientos de personas, los militares estadounidenses miraron, tomaron nota y mandaron e-mails, pero casi nunca intervinieron. La tripulación de un helicóptero artillado recibió la orden de dispararles a insurgentes tratando de rendirse. Un médico le vendió a Al Qaida un lista de pacientes suyas, mujeres disléxicas, para que sean engañadas para convertirse en bombarderas suicidas. Una empresa privada de Estados Unidos, que ganó millones de dólares tercerizando tareas de seguridad, mataba civiles. Y los estadounidenses que siempre se vanagloriaron de no contar víctimas civiles, en realidad llevaban un conteo secreto. Siendo conservadores, los nuevos documentos suman 15.000 muertes a los números conocidos hasta ahora.

Fue anteayer cuando Wikileaks, el sitio web financiado por la gente que ganó fama mundial al filtrar material sobre Afganistán a principios de año, descargó cerca de 400.000 documentos militares estadounidenses, cubriendo el período 2004-2009. El archivo consiste en mensajes pasados por tropas de rango bajo y medio a sus superiores y que eventualmente llegaron al Pentágono. Están marcados como “secreto”, que no es ni por asomo la clasificación más alta de seguridad.

La respuesta del Pentágono fue decir que la filtración puso en peligro la vida de las tropas de Estados Unidos y sus aliados, y otras fuentes oficiales ningunearon los documentos diciendo que no revelaban nada nuevo. Una respuesta llegó de Iraq Body Count, la ONG británica que monitorea las muertes desde el 2003: “estos documentos... contienen información de bajas civiles y militares que han sido ocultadas de la luz pública por el gobierno de EE.UU. durante más de seis años... La información de las bajas es información sobre el público (sobre todo el público iraquí) que fue retenida sin justificación tanto de la opinión pública iraquí como la internacional, por los militares de EE.UU., aparentemente con la intención de ocultarla indefinidamente”.

Los documentos filtrados son documentos estadounidenses, por eso detallan apenas un puñado de incidentes que involucran a tropas británicas. Dos de ellos, del año 2008, registran la queja de dos chiítas que dicen haber sido golpeados por tropas británicas no identificadas. Los dos presentaban heridas consistentes con sus relatos. No hay registro de que haya habido una investigación. Otro documento, datado del 2 de septiembre del 2008, dice que un interrogador civil trabajando con los estadounidenses acusó a soldados británicos de arrastrarlo por el piso de su casa y de hundir su cabeza en el inodoro mientras le apuntaban con una pistola. El cable dice que su historia tenía inconsistencias y que el demandante no presentaba heridas.

Estas son las dos áreas significativas de información fresca y nueva:

Muertes de civiles
El Pentágono y el Ministerio de Salud iraquí venían negándose a publicar estadísticas de civiles muertos en la guerra, y hasta negaban que esas cifras existieran. “No tenemos una cuenta de civiles muertos”, dijo el general Tommy Franks, quien dirigió la invasión de Irak. Los documentos filtrados revelan hasta qué punto sus palabras eran huecas.

Desde el principio de la guerra, The Independent reveló que la cuenta verdadera era mucho más alta de lo que los militares de EE.UU. sugerían. Ya en el 2004, este diario informó que el Pentágono estaba juntando datos al respecto y que expertos académicos calculaban que los muertos civiles superaban los 100.000.

Los documentos detallan 109.032 muertes, de las cuales 66.001 son de civiles. Irak Body Count dijo anteayer que un análisis de un muestreo de 860 documentos agregaría 15.000 muertes a la cifra previa de 107.000. A estas muertes habría que agregarles las de los civiles, por lo que el total de muertos en la guerra de Irak estaría en alrededor de 150.000, el 80 por ciento civiles.

Sin embargo, ciertos recaudos deben tomarse al analizar esta información. No se trata de un conteo exhaustivo de las muertes. La muerte de civiles contrasta con las palabras que George W. Bush pronunciara en el 2003, cuando dijo que la nueva tecnología permitía a las tropas tomar recaudos especiales para proteger a los civiles. “Con las nuevas tácticas y armas de precisión, podemos alcanzar objetivos militares sin dirigir la violencia a la población civil”, dijo.

Tortura
Los documentos filtrados proporcionan una mirada in situ de los abusos informados por militares de EE.UU. a sus superiores, y aparentemente corroboran mucho de lo ya informado con respecto a los incidentes. Presos golpeados, presos quemados, presos azotados aparecen en cientos de documentos, dando la impresión de que el uso de cables eléctricos, barras de metal, palos de madera y sogas utilizados para torturar prisioneros eran una práctica común. Aunque algunos de estos casos fueron investigados por los estadounidenses, la mayoría que surge del archivo parece haber sido ignorada.

Al principio, el espacio para los presos era limitado y los iraquíes los amontonaban en cárceles temporarias. En noviembre del 2005, soldados de EE.UU. encontraron a 173 prisioneros con quemaduras de cigarrillos, cicatrices y huesos rotos, en una comisaría cerca de Bagdad. El documento dice: “Muchos prisioneros están tosiendo... Aproximadamente 95 están en una sola habitación, sentados con las piernas cruzadas y los ojos vendados, todos apuntando a la misma dirección. Según uno de los prisioneros interrogados en el lugar, doce prisioneros habían muerto por enfermedad en semanas recientes”.

En agosto, 2006, un sargento de EE.UU. en Ramani escuchó el sonido de latigazos saliendo de una estación de policía y se topó con un teniente iraquí que usaba un cable eléctrico para pegarle a un detenido en las plantas de sus pies. Después descubrió al mismo teniente azotando la espalda del detenido. El estadounidense presentó una declaración jurada acompañada por fotos de “marcas circulares de latigazos y sangrado de espalda”. El caso no se investigó.

Pero algunos de los peores ejemplos son muy recientes. En diciembre pasado doce soldados iraquíes, incluyendo un agente de Inteligencia, fueron filmados en Tal Afar matando a tiros a un detenido con las manos atadas. En otro caso, tropas de EE.UU. encontraron a un detenido con dos ojos en compota, lesiones en el cuello y “costras de sangre en su tobillo izquierdo”. El detenido dijo que fue picaneado para que hiciera una confesión. Funcionarios iraquíes dijeron que se lastimó tratando de escapar.

Amnesty International condenó las revelaciones y sugirió que EE.UU. había violado leyes universales al entregarles prisioneros a fuerzas iraquíes conocidas por cometer abusos “a una escala realmente alarmante”. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Tortura, Manfred Nowak, dijo que es un deber del gobierno de EE.UU. investigar si sus empleados estuvieron involucrados o fueron cómplices de las torturas.

El uso de Al Qaida de pacientes discapacitados
Un doctor habría vendido “listas” de pacientes discapacitados para que les coloquen bombas accionadas a control remoto y sean detonadas en mercados bulliciosos en Bagdad. Según los documentos, en octubre del 2008 un médico fue detenido bajo sospecha de entregarle once nombres de pacientes a los insurgentes.

El archivo dice que las mujeres “probablemente fueron usadas en el doble atentado suicida del 1o de febrero del 2008 en contra de mercados locales, refiriéndose a dos mujeres con síndrome de Down que fueron engañadas para colocarse chalecos con explosivos que estallaron en dos bazares en el centro de Bagdad. Las explosiones, que según funcionarios iraquíes fueron detonadas desde teléfonos celulares, mataron al menos 73 personas e hirieron a más de 160.

No fue un incidente aislado. El 4 de abril del 2008 un adolescente “retardado mental” se inmoló en un funeral en la provincia de Dilaya, al noreste de Bagdad, matando a seis e hiriendo a 34. “Tenía los rasgos faciales de una persona con síndrome de Down”, dice el documento. El 28 de febrero del 2008 un adolescente con retraso mental fue baleado por una patrulla de EE.UU. mientras intentaba huir de sus captores que intentaban usarlo como bombardero suicida.

Emily Dugan, Nina Lakhani,
David Randall, Victoria Richards y
Rachel Shields

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.

Tomado: Página 12

La tortura en Irak no disminuye

Si uno creyera en el discurso del Presidente Barack Obama debería pensar que las operaciones de combate en Irak han terminado. Sin embargo, expuesta públicamente por primera vez con el escándalo de Abu Ghraib, la tortura en las cárceles iraquíes crece y crece, cada vez más distante de todo tipo de escrutinio o responsabilidad. Tras arrestar a decenas de miles de iraquíes (en muchos casos sin imputárseles ningún cargo) y de mantener a muchos de ellos prisioneros durante años sin juzgarlos, Estados Unidos ha entregado el control de las prisiones de Irak, con sus 10.000 prisioneros, al gobierno iraquí. Conozcan al nuevo jefe, es igual que el anterior.

Tarde en la noche del sábado, tras aterrizar en Londres, nos trasladamos a la pequeña zona residencial de Kilburn para hablar con Rabiha al-Qassab, una refugiada iraquí a quien se le otorgó asilo en territorio británico luego de que su hermano fuera ejecutado por Saddam Hussein. Su marido, de 68 años de edad, Ramze Shihab Ahmed, fue general del ejército iraquí durante el régimen de Saddam, peleó en la guerra entre Irán e Irak y formó parte de un frustrado intento de derrocar al dictador iraquí. La pareja vivió apaciblemente en Londres por varios años hasta septiembre del año 2009.

En esa fecha, Ramze Ahmed se enteró de que su hijo Omar había sido arrestado en Mosul, Irak. Ahmed regresó a Irak para encontrar a su hijo pero lo arrestaron a él también.

Durante meses, Rabiha no supo nada acerca del paradero de su marido. Pero el 28 de marzo de 2010 sonó su celular. Rabiha cuenta lo sucedido: “Mi celular sonó y respondí. Parecía otra persona, no reconocí su voz y pregunté: ‘¿Quién es?’ Dijo que estaba muy enfermo y luego dijo: ‘Soy yo, Ramze, Ramze. Llama a la embajada.’ Le sacaron el teléfono y terminó la conversación.”

Ramze Ahmed estaba preso en una cárcel secreta ubicada en el viejo aeropuerto de Muthanna en Bagdad. En un informe reciente de Amnistía Internacional titulado “Nuevo orden, los mismos abusos” se describe a la cárcel de Muthanna como “una de las más duras” de las prisiones de Irak, escenario de múltiples torturas, bajo el control del Primer Ministro Iraquí Nouri al-Maliki.

Mientras Rabiha me mostraba fotos de su familia, se cayó un pedazo de papel con palabras en inglés y en árabe. Rabiha me explicó que para poder decir en inglés lo que sucedía a su marido tuvo que buscar en el diccionario algunas palabras, ya que nunca antes había utilizado en inglés palabras como: “violación”, “palo”, “tortura”. Caían lágrimas de sus ojos mientras transmitía lo que su marido le había relatado: "lo han sodomizado con un palo, lo ahogaban repetidas veces colocándole bolsas de plástico en la cabeza, le propinaban descargas eléctricas.”

“Lo primero que hacían era colocarle bolsas de plástico en la cabeza, unas cincuenta veces por día, cuando perdía el conocimiento y ya no sentía nada, le propinaban descargas eléctricas y lo dejaban en estado de shock. Cuando se despertaba, le ponían de nuevo la bolsa de plástico y, una vez más, le hacían lo mismo, le hacían eso todo el tiempo. También ponían un palo en una bolsa o ponían una parte de un arma, la pequeña parte que va al principio del arma, no de un revólver o de una pistola, sino de un arma grande. Ponían eso en una bolsa y la cerraban. Luego traían a su hijo y le decían que violara a su padre y a la inversa. Le decían: `Debes violar a tu hijo´.”

No resulta sorprendente entonces, que según se detalla en el informe de Amnistía Internacional, el gobierno de Irak afirme que Ramze Shihab Ahmed haya confesado vínculos con al-Qaida en Irak. En enero de 2010, durante una conferencia de prensa organizada por el Ministro de Defensa iraquí, se proyectaron videos que mostraban a otros nueve prisioneros confesando crímenes, entre ellos al hijo de Ahmed, Omar, que presentaba signos de haber sido golpeado. En el video, Omar confiesa “haber asesinado a varios cristianos en Mosul y haber detonado una bomba en una localidad cercana a Mosul.”

Malcolm Smart, director del programa de Amnistía Internacional para Medio Oriente y el norte de África me dijo en Londres: “[En Irak] hay una cultura del abuso que ha echado raíces. Es cierto que estaba presente durante el tiempo de Saddam Hussein, pero lo que pretendíamos a partir del año 2003 era dar vuelta la página de esa historia, y esto no ha sucedido. Lo que sí sucedió es que hay prisiones secretas, gente torturada y maltratada que es forzada a realizar confesiones. A pesar de que en los tribunales son muchos los detenidos que dicen haber sido forzados a firmar confesiones falsas, la justicia no investiga estos hechos ni lucha para erradicarlos. Quienes perpetran estos actos no enfrentan responsabilidad alguna y no son identificados.”

Tras aquella breve e interrumpida llamada telefónica que recibió de su marido, Rabiha se puso en contacto con el gobierno británico y su embajada en Irak siguió el rastro de Ahmed hasta la prisión de al-Rusafa en Bagdad. Habitualmente Ahmed utilizaba bastón, pero ahora se encontraba en una silla de ruedas. Rabiha tiene una foto de él que sacó el representante del gobierno británico.

Amnistía Internacional informa que, estimativamente, hay unos 30.000 prisioneros en Irak, 200 de los cuales continúan bajo custodia estadounidense. Preunté a Malcolm Smart de Amnistía Internacional por los prisioneros y contestó: “Me dicen que el ejército estadounidense considera este tema como un asunto iraquí y que han entregado a los últimos prisioneros, a excepción de los doscientos que continúan bajo custodia estadounidense.” Sin embargo, mientras Estados Unidos continúe destinando miles de millones de dólares a mantener su presencia militar en Irak y a financiar al gobierno iraquí, es claro que el trato que reciben los prisioneros también es un asunto estadounidense. Amnistía lanzó una campaña de base para promover más acciones que aseguren la liberación de Ahmed.

Mientras tanto, Rabiha al-Qassab, que se encuentra aislada y sola en el norte de Londres, pasa las horas alimentando patos en un parque cercano. Esto era lo que su marido solía hacer.

Rabiha me dijo: “Voy al parque y doy de comer a los patos. Hablo con los patos y les digo: ‘¿Se acuerdan del hombre que les daba de comer? Está preso. Pídanle a Dios que lo ayude.’ ”
 Amy Goodman

Tomado: Democracy Now

“Orletti en sí era todo un infierno”

Foto: Página 12

ANA QUADROS, URUGUAYA, NARRO SU PASO POR EL CENTRO CLANDESTINO AUTOMOTORES ORLETTI.

Habló de las torturas y contó que el represor uruguayo Manuel Cordero la violó. Narró una discusión entre argentinos y uruguayos sobre el viaje de los detenidos a Montevideo. Mencionó a Manuela y Carlos Santucho, Sara Méndez y María Claudia Irureta Goyena.


Ana Inés Quadros Herrera, uruguaya, era uno de los principales cuadros del Partido de la Victoria del Pueblo.Un día subieron a Ana Quadros a la parte más alta de Automotores Orletti, donde iba a ser su peor sesión de torturas. Manuel Cordero, un represor uruguayo, primero le preguntó si lo conocía. “¿Cómo que no sabés de mí?”, le dijo. “Si yo conozco a tantos otros.” Con un organigrama colgado en la pared le preguntó por los cuadros del Partido de la Victoria del Pueblo, una organización creada por un grupo de uruguayos en el exilio para derrotar a la dictadura de su país. Ana respondió siempre negativamente. Otros cuatro o cinco represores la colgaron entonces en la sala de al lado, con las muñecas para atrás, le enroscaron un cable en el cuerpo y pusieron agua y sal en el piso. Cuando el peso de la cuerda cedía, sus pies tocaban la sal y le daban golpes de electricidad. Cordero volvió más tarde. La cargó en andas desnuda hasta el cuarto de al lado, le puso un trapo en la cabeza y la violó. Ella declaró en la audiencia de ayer por los crímenes en el centro clandestino: “Sentí un dolor y una vergüenza tan grande –explicó– que demoré veinte años en poder testimoniarlo; al rato me agarró de nuevo y me llevó donde estaban los otros detenidos”.

Ana Inés Quadros Herrera, uruguaya, era uno de los principales cuadros del Partido de la Victoria del Pueblo, encargada de la rama de masas, responsable de los nuevos contactos. Hija de José Antonio Quadros, embajador uruguayo en Inglaterra y Alemania, cuando al empezar la audiencia el fiscal Guillermo Friele le pidió que cuente los hechos, ella se detuvo y aclaró: “Quiero empezar desde antes”. En 1973, Ana era parte de un grupo de la resistencia uruguaya que combatía la dictadura de su país; viajó a Buenos Aires por un fin de semana, pero cuando intentó volver se dio cuenta de que estaba “requerida” y tuvo que quedarse. Con los residentes uruguayos en la Argentina, que eran muchos, dijo, organizaron un comité de resistencia. La detuvieron primero en junio de 1974 durante unos quince días, en la sede de la Policía Federal, y luego en el Penal de San Miguel.

Más adelante llegaron los primeros secuestros, entre ellos Gerardo Gatti, otro de los dirigentes uruguayos. Lo llevaron a Orletti, supieron después. Los militares les hicieron saber que estaban dispuestos a darles la libertad si pagaban, dijo ella, un millón de dólares: “A mí –aseguró– me pareció un disparate”.

A Ana la detuvieron el martes 13 de julio de 1976, a la medianoche, en una confitería de Carlos Calvo y Boedo. “Se acercaron a nuestra mesa con todo tipo de armamentos, nos sacaron a empujones, nos arrastraron por el suelo, y al final a mí me metieron en un auto.” Ella tenía una agenda con nombres y citas, pero logró tirarla por una hendija antes de que la atrapasen.

En la sala de audiencias de Comodoro Py la escuchaban a pocos metros algunos de los represores de Orletti. Raúl Guglielminetti estaba sentado al lado de su abogado Pablo Lobera, de traje gris y de anteojos, el único defensor que suele hacer preguntas, algunas incómodas, otras absurdas.

“Discúlpeme –dijo el abogado bastante después–. ¿Me puede decir, señora, por qué tiró la libreta?”

Cuando Ana llegó a Orletti, le pareció escuchar una contraseña: “Sésamo”, dijeron, luego de lo cual se abrió una cortina de metal muy pesada. “Entramos con el auto, me bajan –contó– y empiezo a escuchar voces de otros uruguayos.” Los pusieron en fila, les pidieron los nombres, les colgaron un número, así que a partir de ese momento, dijo, “yo empecé a ser la trece y no Ana Quadros, me sacaron anillos y vi esa rapacidad del botín de guerra”.

El centro clandestino era una especie de barracón muy largo, dividido a la mitad, con trapos colgados del techo: de un lado había autos; del otro, detenidos. “Orletti en sí era todo un infierno –declaró–, porque la música estaba a todo lo que da, los gritos de los torturados, el tren que pasaba permanentemente, nosotros tirados en el piso, un piso de cemento con grasa y aceite de autos.”

Entre los secuestrados estaban Carlos y Manuela Santucho, dos hermanos de Roberto Santucho. A Carlos lo mataron en una tina de 200 litros de agua. Cuando Roberto Santucho “fue abatido en un enfrentamiento –indicó la testigo–, le hicieron leer a Manuela en voz alta la noticia que salió en el periódico. Manuela la leyó con mucha entereza, mientras le preguntaban agresivamente y burlándose: ‘¿Qué sentís?’”.

Los militares uruguayos hacían los interrogatorios para los uruguayos, asistidos por los argentinos. Luego de aquella violación, otro represor le dijo que habían ido a buscar a sus hijos, que le habían dicho a su marido, que él los había contactado para que la fuesen a ver y que ahora iban a colgarlos. Ana entró en una crisis de nervios tan grande que se puso a hablar en inglés, una suerte de lengua materna. Un idioma, supuso en medio del delirio, con el que podría llegar a comunicarse con su hija de nueve años sin que los militares la entendieran. Para calmarla la llevaron a un cuarto de arriba, al cuidado de dos detenidas. “Pude reposar –dijo–. No me torturaron más, pero a medida que me fui reponiendo empecé a escuchar una discusión entre los militares argentinos y uruguayos; se peleaban porque los uruguayos querían traernos a Uruguay, los argentinos decían que no, porque se iba a saber todo, hasta que al final resolvieron que sí.”

Cuando llegó el traslado, Ana reconoció a Otto Paladino: “Vino y me preguntó cómo estaba y dije que más o menos bien”. La llevaron en auto a un aeropuerto militar, desde donde salió un vuelo con uruguayos. El aeropuerto era un alboroto: “También trasladaban el botín de guerra, había cosas, cositas, muebles, no fue un operativo silencioso”.

En Uruguay pasaron por distintos lugares. Primero, Punta Gorda: “No sé por qué –explicó–, pero yo tenía la ilusión de que la gente que iba a encontrar serían otros. Pero al día siguiente empiezo a escuchar las mismas voces y entonces me doy cuenta de que son los mismos de la guardia, los mismos oficiales”. Miró su cuerpo en la primera ducha: “No podía creer los kilos que había perdido y cómo se había trasformado mi cuerpo”.

Pasó al edificio de Inteligencia de Defensa (SID). Una o dos veces, dijo, les hicieron limpiar porque llegaba una delegación de argentinos para verlos; entre ellos viajó el jefe de la SIDE, Otto Paladino. Allí estaba la nuera del poeta Juan Gelman. Como sucedió con otros testigos, Ana habló de una mujer embarazada, de una ambulancia que fue a recogerla y la devolvió dos días más tarde con un bebé (Macarena), del que supieron porque la guardia les pedía a las detenidas que preparasen mamaderas. Habló también de los hermanos Julien, luego trasladados a Chile. Y también de Sara Méndez y de las preguntas que la misma Ana le hizo a un militar para saber dónde tenían a Simón, el hijo de Sara. “Eso –le respondieron– es cosa de los argentinos.” Ana se quebró sólo en un momento. Recordó la imagen de Sara en la tortura: se notaba que había sido madre, dijo, porque los pechos segregaban leche todavía.

Los uruguayos les propusieron una negociación: la “vida” a cambio de que firmaran un acta diciendo que eran un grupo armado que iba a invadir a Uruguay y a cometer una cantidad de crímenes. Se negaron. Los torturaron. Aceptaron un acta suavizada. Los militares llevaron a cinco a un chalet residencial, les dieron de comer, los ataron y organizaron el blanqueo del Cóndor: “Se llenó de milicos –dijo Ana–. Rodearon toda la manzana, rompieron muebles para que el barrio pensara que era una detención importante. Nos pasearon a la salida del estadio donde jugaban Nacional y Peñarol”.

El padre de Ana tenía 70 años y había estado buscándola. Cuando la vio en la tele, les aseguró a los militares que iba a ir a hacer una denuncia ante la OEA. Lo secuestraron para hacerlo entrevistar con un oficial y le preguntaron si a cambio de la vida de Ana estaba dispuesto a desistir de la denuncia. Dos o tres días después, Ana fue procesada por la Justicia militar. La condenaron a cinco años. Salió con prisión condicional, intentó irse a Alemania, pero no pudo: cada semana debía mostrarse. Lo peor llegó en 1984: la Conadep la citó a declarar en Buenos Aires. Viajó. Cuando regresó, volvieron a detenerla. Siguió controlada hasta 1985.

Uno de los integrantes del tribunal a cargo del juicio le preguntó si estaba dispuesta a reconocer a sus represores. Ella dijo que sí, pero no podía asegurar que lograra hacerlo. “Me gustaría que fuese más precisa –le insistieron–. ¿Puede reconocer o no?”

Como si hubiese pasado por Orletti ayer, y no hace más de treinta años.

Alejandra Dandan

Tomado: Página 12

La lógica de la tortura sigue en pie

“Rendición extraordinaria”, o entrega extrajudicial, es el eufemismo que utiliza la Casa Blanca para referirse a un secuestro. Si no lo cree, pregúntele a Maher Arar, un ciudadano canadiense que fue “extraditado” por Estados Unidos a Siria, donde fue sometido a torturas durante casi un año. Esta semana, el Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos del Segundo Circuito Judicial, en la Ciudad de Nueva York, desestimó una causa entablada por Arar contra las autoridades gubernamentales (incluido el Director del FBI, Robert Mueller, el ex Secretario de Seguridad Nacional, Tom Ridge, y el ex Fiscal General, John Ashcroft) que presuntamente habrían conspirado para secuestrarlo y someterlo a torturas. Arar se encuentra hoy a salvo en Canadá, recuperándose junto a su familia. Pero con esta decisión el Poder Judicial está enviando una señal al gobierno de Obama de que no intervendrá para detener los brutales excesos de la “Guerra Mundial contra el Terrorismo” iniciada en la era Bush. Deja así intactas prácticas tales como la entrega extrajudicial, la tortura y el empleo del ‘privilegio del secreto de Estado’ para ocultar estos crímenes. La trágica odisea que protagonizó Maher Arar es uno de los casos más conocidos y el que más a fondo se ha investigado de las víctimas de la “rendición extraordinaria” practicada por Estados Unidos. En el año 2002, Arar fue de vacaciones a Túnez junto a su familia. El 26 de septiembre, cuando viajaban de regreso a Canadá, al hacer escala en el aeropuerto internacional JFK, en la ciudad de Nueva York, Arar fue interceptado antes de que pudiera abordar su avión y quedó detenido por averiguaciones. Le tomaron las huellas digitales y fue registrado tanto por oficiales del FBI como del Departamento de Policía de Nueva York. Cuando solicitó un abogado, le dijeron que no tenía ningún derecho. Luego fue trasladado a otro lugar, donde se lo mantuvo incomunicado, sin comida ni asesoramiento jurídico, y se lo sometió durante dos días a interrogatorios agresivos. En los interrogatorios se le preguntó sobre su supuesta afiliación a diversos grupos terroristas, y sobre Osama bin Laden, Irak y Palestina, entre otras cuestiones. Al cabo de esos dos días fue llevado encadenado a un centro de detención federal de máxima seguridad de Brooklyn, ciudad de Nueva York, donde fue sometido a un cacheo al desnudo y amenazado con ser deportado a Siria. Arar pidió que no lo deportaran a Siria, su país de origen, porque allí seguramente sería torturado. Pero, tal como argumentarían posteriormente los abogados de Arar, eso era precisamente lo que sus captores esperaban que pasara. Finalmente se le permitió a Arar hacer una llamada y pudo comunicarse con su suegra, que le consiguió una abogada y la visita de un funcionario del Consulado canadiense. Durante casi dos semanas las autoridades estadounidenses lo amenazaron con la expulsión a Siria si no confesaba sus vínculos con el terrorismo. Pero no lograron obtener la confesión que buscaban. Arar negó una y otra vez tener algún tipo de relación con el terrorismo. Hasta que un fin de semana, en medio de la noche fue llevado a la fuerza y encadenado a un jet privado contratado por la CIA y, sin ningún tipo de trámite migratorio ni una llamada a su abogada o al Consulado canadiense, fue trasladado a Jordania, donde fue entregado a las autoridades sirias. Durante 10 meses y 10 días, Arar permaneció encerrado en una oscura, húmeda y fría celda del tamaño de una tumba. Fue azotado con gruesos cables eléctricos y golpeado reiteradamente; lo obligaron a escuchar las torturas a otros prisioneros; lo mantuvieron sin comida; y lo amenazaron con choques eléctricos y otras atrocidades. Cuando ya no aguantó más la tortura, mintió y confesó que había sido entrenado como terrorista en Afganistán. Un buen día, después de casi un año, fue liberado de repente y entregado a Canadá, con casi 20 kilos menos y emocionalmente quebrado. El gobierno canadiense, bajo la conducción del Primer Ministro conservador Stephen Harper, realizó una investigación, en la que determinó su propia culpabilidad por haber entregado información inexacta al FBI, y llegó a un acuerdo con Arar, que consistió en una disculpa y una compensación de 10 millones de dólares. El gobierno estadounidense, por su parte, no ofreció disculpa alguna. Ni siquiera eliminó a Arar de la lista de sospechosos de terrorismo. Arar tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos y hace dos años tuvo que prestar un testimonio ante el Congreso a través de una videoconferencia. Arar dijo: “Estos últimos años han sido una pesadilla. Poco a poco, desde que volví a Canadá, mis heridas físicas han ido sanando; pero sigo sufriendo a diario las secuelas mentales y psicológicas que me dejó esa terrible experiencia. Sigo sufriendo de pesadillas y revivo constantemente lo que padecí. No soy la misma persona que era antes. Mi deseo es poder trasmitir al mundo lo frágil que se han vuelto nuestros derechos humanos y cuán fácilmente los mismos gobiernos que han jurado protegerlos nos los pueden usurpar.” Dados los excesos del gobierno de Bush y las promesas de cambio de Barack Obama, muchos se han sorprendido de que estas políticas continúen en pie y que el Congreso y el Poder Judicial no hayan cerrado este capítulo de la historia estadounidense. El Presidente Obama no ha condenado en ninguna oportunidad la práctica de rendición extraordinaria. La abogada de Arar, Maria LaHood, del Centro por los Derechos Constitucionales, calificó de “escándalo” la decisión judicial contra Arar: “Esta decisión es de una amplitud tal que nos afecta a todos. Básicamente, lo que implica es que si el gobierno federal decide tomar acciones con el argumento de proteger la seguridad nacional, podría torturarnos y hasta matarnos y los tribunales federales no nos ampararían.” En su opinión disidente, el juez Guido Calabresi afirmó: “Cuando se escriban los anales de este distinguido tribunal, la decisión mayoritaria adoptada hoy será evaluada con pesar.” Considerando los tormentos que sufrió Arar, es admirable la calma con la que ha recibido la decisión. “Por sobre todo, esta decisión significa una pérdida para todos los ciudadanos y para el estado de derecho,” dijo Arar. Amy Goodman Traducción Laura Pérez Carrara Tomado de Democracy Now