Una jueza que buscará pruebas en España

El equipo de abogados, encabezados por Carlos Slepoy

 (a la derecha), ayer en rueda de prensa.

Imagen: Eugenia Kais

Los abogados que patrocinan a las víctimas del franquismo anunciaron que ex presos políticos llegarán a Buenos Aires en abril para aportarle información a Servini de Cubría. La apertura de la causa se realizó aplicando el principio de justicia universal.
La jueza federal María Romilda Servini de Cubría viajará a España a recibir nuevas denuncias en el marco de la querella argentina que, a través de principios de justicia universal, investiga los crímenes de genocidio cometidos durante el franquismo. El anuncio fue realizado por el equipo de abogados demandantes, que agregaron que en el mes de abril recibirán a un colectivo de ex presos políticos con el fin de que mantengan una audiencia con la magistrada. Como anticipó Página/12, ya hay 55 personas que se integrarán como querellantes directos, mientras otros cientos preparan sus testimonios para sumarse.

La jueza decidió la última semana conceder el pedido realizado hace meses por los abogados y viajar al país peninsular para recabar denuncias, testimonios y nuevas querellas. En ese sentido, solicitó que los abogados elaboraran un listado de las personas con las que debería entrevistarse, pedido en el que trabaja el equipo y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). En esa línea, la última organización dispuso una línea gratuita para recabar la información necesaria de los interesados.

Adriana Fernández, querellante por el asesinato de su abuelo, se siente “esperanzada”. “Es una decisión que estábamos esperando porque la presencia de la jueza en España allanará muchísimo el camino para que todos los que hallan pasado por el terror del franquismo puedan tener justicia por ellos y para sus seres queridos”, dice tras escuchar el anuncio realizado en la sede de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Para el equipo de abogados, la determinación de Servini de Cubría y la coyuntura española ha precipitado que la causa entrara en una nueva etapa, la de mayor magnitud. Carlos Slepoy, abogado querellante que intervino además en las investigaciones del juez Baltasar Garzón sobre las dictaduras argentina y chilena, define: “Estamos en puertas de que cientos de personas puedan finalmente acudir a la Justicia y eso será una movilización imparable”.

También para Ana Messuti, abogada querellante, “la situación es muy distinta a la que se vivía en 2010 cuando se presentó la querella”. Mientras para ese momento, “las puertas de la Justicia española parecían cerrarse, hoy se cerraron del todo. Porque la condena al juez Garzón (inhabilitado 11 años por intervenir llamadas entre presos y sus defensores) fue un portazo para las víctimas de los delitos cometidos por la dictadura franquista. Y eso se notó”.

El abogado Beinuz Smuckler asiente. “Jurídicamente, no hay ninguna justificación para que se sostenga la impunidad en España. Lo que hubo fue una intencionalidad política. Y si faltaba algo para confirmarlo, llega el enjuiciamiento de Garzón. Sobre la causa que se le abrió por haberse declarado competente para investigar el franquismo no lo condenan. Dicen que el juez se equivocó, que en España no se pueden juzgar esos crímenes. Y de esa forma, además de levantar argumentos insostenibles similares a la teoría de los dos demonios, el Supremo envía un mensaje al resto de los jueces: a partir de esta sentencia ya no habrá posibilidad de error.”

La más clara de las evidencias de ese “portazo”, señala Messuti, es la cantidad de querellas que se incorporarán a los seis demandantes que tiene la causa: la demanda de María Josep Rovira Blanco por el asesinato de su tío, el fotógrafo Manuel Blanco en 1936, y la interpuesta por 14 familiares directos de diez republicanos de Pajares de Adaja, un pequeño pueblo en la provincia de Avila.

Además, se suman querellantes de la Asociación La Comuna de presos y represaliados del franquismo. Se trata de los detenidos, torturados e interrogados por su participación política de las décadas del ’60 y ’70, que en muchos casos recuerdan con nombre y apellido a sus represores. Entre 1963 y 1977, según registros del Tribunal del Orden Público (TOP), unas 50 mil personas fueron afectadas por este tipo de detenciones.

Por lo pronto, se elaboraron 40 poderes de presos políticos que se integrarán a la querella, aunque otro centenar está preparando sus testimonios para unirse también. En tanto, “en el mes de abril, vendrá al país un grupo de estos querellantes para sostener una audiencia con Servini de Cubría”, anticipó Slepoy. “Presentarán a la jueza una lista con todos los torturadores que todavía viven para que se libere una orden de declaración indagatoria sobre esos crímenes y que se considere el pedido de extradición.”

“En España –explica el abogado– no hay siquiera una comisión por la verdad, no hay uno solo de los 30 mil niños apropiados que haya sido recuperado y la única vez que las víctimas han declarado ha sido en el enjuiciamiento del juez que investigaba sus causas. Lo que hay que entender es que esto no es una causa española, esto es una causa universal.”

Informe: Rocío Magnani

Tomado: Página 12.com.ar

Panorama desde la cornisa

Sentado sobre un barril nuclear (ya no sobre un “barril de pólvora” según solía decirse en tiempos de menor poder destructivo), nada asegura que exista en el mapa mundial un solo centro de poder con deseos y capacidad de actuar racionalmente. La situación de Estados Unidos es conocida. Atacado por su persistente “complejo de Ahab” está dispuesto –como el personaje de Melville– a perseguir hasta el más remoto lugar del mundo a sus odiados enemigos, por sus medios o por medio de sus aliados, tan entregados a la locura de una lucha “decisiva” o “final” como ellos. “Melville conocía bien a su país y a sus compatriotas. Y a través del capitán Ahab que persigue sin piedad a la ballena blanca hasta los confines más alejados del Pacífico Sur y los mares asiáticos, retrató el modo en que los estadounidenses experimentaban el imperio” (Thomas Bender, Historia de los Estados Unidos, Siglo XXI, Buenos Aires, 2011, p. 199/200. Edición impecablemente cosida. El profesional de las ideas puede dejarla sobre su escritorio y no se cierra. Puede abrirla hasta donde lo necesite y no se rompe. Puede ponerle un pisapapeles de cuero con pesas en cada extremo y será sólo para asegurarse, nunca desesperadamente necesario). Si Ahab perseguía a la ballena por venganza, porque le había devorado una pierna infligiéndole una humillación que no podía perdonar y cuyo precio era la vida de quien la había provocado, Moby Dick, la “ballena blanca”, “el imperio estadounidense muchas veces ha obrado motivado por una irrefutable motivación por la seguridad” (Ob. cit., p. 200. De la novela de Melville y su compleja simbología –¡de la que Melville abominaba!– nos ocuparemos próximamente. El tema es tan hondo que merece un tratamiento autónomo). Dentro del mapa actual del mundo, Estados Unidos –en su núcleo más profundo– actúa porque busca en todas partes lo que necesita y porque (he aquí la causa más compleja de su núcleo destructivo y autodestructivo) cree que debe defenderse del “mundo” para vivir seguro. El modo que ha encontrado para hacerlo es apropiarse de él. Resultado de esta certeza es su pathos expansionista, la concepción de un imperio que debe estar materialmente en todas partes. Los británicos (que no tenían esa neurosis) se daban el lujo de tener colonias “libres”. “Que tengan su bandera, su Himno, sus héroes, lo que quieran. Pero que hagan negocios sólo con nosotros y que produzcan lo que nosotros necesitemos. Siempre materias primas. El ‘taller del mundo’ queda en nuestras manos”, se escuchó decir varias veces en el Parlamento británico, en las voces de sus pomposos representantes: Disraeli, Gladstone, Cobden y otros. El imperio norteamericano tiene dos aliados incondicionales: Gran Bretaña e Israel. Y va creando otros. En nuestro continente, Colombia. Y ha demonizado a Venezuela. Porque América latina no vive la siesta a-histórica que muchos creen. Es cierto que no tenemos guerras por aquí, pero no nos hemos caído del mundo. Argentina tiene conflictos más serios, más dramáticos que los subtes de Macri. Hay algo que late detrás de ese conflicto porque hay algo que late detrás de Macri y de quienes lo apoyan. Hay algo que se agita detrás de la llamada “oposición” a la que se cree tan incapaz y posiblemente lo sea, pero no lo es el monstruo que digitará las acciones si llegan a producirse. No hay que ser inteligente para obedecer, hay que serlo para crear. Cristina Fernández tiene que crear porque –hay que decirlo– está fuera de los planes del mapa mundial que Estados Unidos busca. Acaso no se note en las fotos y en los gestos que la diplomacia (que es el arte de mentir con elegancia hasta quitarse la careta y mostrar la verdadera cara, tarea que ya no corresponde a los diplomáticos), pero Argentina está entre el Mal y un Bien poco confiable para la binaria concepción del mundo de los norteamericanos.

“El Departamento de Estado (escribe Matías Ruiz en el Instituto de americano de servicios de información prioritaria, bajo la figura de un águila temible, furiosa) “se ha ocupado especialmente de comprometer apoyos de cara a lo que podría suceder en Oriente Medio, y no resulta extraño que mucha de esa presión comience a tener lugar en América latina. Ahmadinejad administra el factor tiempo en su favor, aunque hoy comprende a la perfección que el tiempo invertido en la Venezuela de Hugo Chávez para utilizar a aquella nación como punto de triangulación nuclear se ha esfumado. Irán no dispone ya de los años necesarios para contar con el aporte tecnológico que podían proveerle ingenieros argentinos vía Caracas –con luz verde desde la Administración Fernández de Kirchner–”. Aquí estamos: en el ojo de la tormenta. En el ojo del águila. Sólo hay que agregarle la Triple Frontera, la IV Flota que siempre anda cerca y la cuasi invasión a Malvinas por parte de los ingleses. Ese no fue un gesto desmedido. Lo del principito menos aún. Queda claro que tuvo por finalidad recordar a “ese país” del lejano Sur la figura triunfal del “otro” principito, del que coronó una victoria. Qué hará o qué ya hizo Inglaterra en Malvinas no lo sabemos. Pero lo que sea que haya hecho, lo hizo acordando con los planes norteamericanos de “seguridad mundial”. Y esos planes pasan siempre por la agresividad nuclear, superioridad en la que basa el imperio su poder de amedrentamiento sobre sus enemigos. Los “enemigos” de Estados Unidos no deben tener poder nuclear. Quien lo tenga, quien busque tenerlo ingresa en el ya muy abarcante Eje del Mal. Que ya no es un eje. Es un círculo tan redondo como la vastedad de la Tierra. Hay que añadir a los elementos que nos hacen “peligrosos” al establishment la abominada línea estatal venezolana Conviasa, cuyas buenas relaciones con el Aeropuerto Pistarini, lejos de serenar, alteran malamente los nervios del imperio. Seamos claros, ése es el establishment. Ese, el verdadero poder. El que quiere convertirnos en otra cosa de lo que duramente hemos llegado a ser. Que será mucho o poco, pero no es lo que ellos quieren.

José Pablo Feinmann

Tomado: Página 12.com.ar

Una base de operaciones anticastrista

Gabriel Salvia y Hernán Alberro, presidente

 y director de programas de Cadal.

Cómo funciona en Buenos Aires el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina

La fundación Cadal se instaló en el país durante el gobierno de Duhalde y, según se denuncia, recibe financiamiento de entes ligados a la CIA. En sus cursos e intervenciones públicas se dedica a promover críticas a los gobiernos de Argentina y la región.

Cadal es la sigla con que se conoce al Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina. Una fundación que hizo pie en nuestro país el 26 de febrero de 2003 y quedó legalizada un par de meses después. Por la cantidad de eventos que realiza, esta organización se muestra tan activa como su presidente, Gabriel Constancio Salvia, un periodista itinerante de 47 años que también figura registrado como importador en Uruguay, donde la ONG tiene su segunda sede. Su currículum indica en la segunda línea que “desde 1992 se desempeña en la dirección de entidades sin fines de lucro”. También que se vinculó con “la actividad partidaria desde marzo de 1983”. Pero no menciona cuáles son las entidades ni aclara en qué fuerza política. De sus textos y ponencias se desprende un cerril anticomunismo que revelan sus análisis sobre el gobierno cubano. La ONG sintoniza muy bien con el pensamiento de su jefe: critica con dureza a los gobiernos de países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y la Argentina. En un editorial previo a las últimas elecciones se quejaba “del absolutismo” de Cristina Kirchner y de que su modelo “es piantavotos y espanta inversores”.

Cadal se define en su nutrida página web como “una voz clara y constante en la promoción de la democracia, el fortalecimiento de las instituciones y el progreso económico y social de América latina”. Entre ese enunciado y otros datos que brinda deja evidencias de dónde viene y hacia dónde va. Su estrecha relación con dos entes como la Usaid (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y la NED (Fundación Nacional para la Democracia) que la financian, la aproximan demasiado al exilio anticastrista de Miami. Nueve de los dieciséis libros que publicó en sociedad con distintas fundaciones y editoriales tratan sobre temas cubanos. La secretaria de la fundación, María Teresa Reviriego, preside la Comisión Pro Derechos Humanos en Cuba con sede en la calle Tucumán 843, de la Capital Federal.

La NED, sigla en inglés de la National Endowment For Democracy, fue creada por Ronald Reagan y tiene entre sus integrantes a Terence Todman, el ex embajador de Estados Unidos en la Argentina durante el primer gobierno de Carlos Menem, y Francis Fukuyama, el politólogo norteamericano de origen japonés que vaticinó el fin de la historia y que veinte años después sigue jugando al augur: acaba de presagiar el final de la Eurozona. En 2011, la NED publicó en su página oficial que le aportó a Cadal 60 mil dólares. Sus fondos a discreción suelen promover todo tipo de iniciativas contra Cuba.

Cuando demanda recursos para sostenerse, organiza programas como Good bye Lenin (La experiencia socialista en Europa Central y Oriental, transiciones a la democracia y lecciones para América Latina) o presentar publicaciones de los cubanos anticastristas Huber Matos o Carlos Alberto Montaner, que visitaron Buenos Aires en 2005, Cadal propone cuatro alternativas para sus aportantes: la suscripción al programa de análisis político y económico regional; donaciones al fondo de becas emprendedoras de las ideas; la suscripción como miembro adherente o ser sponsor de los foros que convoca. Acepta cuotas desde cien pesos mensuales a mil anuales y quienes pagan reciben las publicaciones impresas de la fundación y son invitados especiales a sus foros en Buenos Aires, Rosario, Montevideo y Punta del Este.

Bodegas San Huberto, la empresa que preside Leonardo Spadone, hijo de Carlos, el conocido empresario teatral que se diversificó a otros rubros, es un auspiciante permanente de los eventos que desarrolla Cadal. Pero sus críticos señalan que recibe estímulos económicos por vías más informales: mencionan sin reservas a la CIA. Martha Lidia Ferreira, una uruguaya que es licenciada en Geopolítica e integrante de Blogueros y Corresponsales de la Revolución, asegura que “Cadal recibe su mayor porcentaje de dinero para sus acciones de manos de las sucursales de la CIA para la región: la fundación Atlas, la Fupad (Fundación Panamericana para el Desarrollo), la Usaid y la NED”, entre otras entidades.

Cadal sostiene que Latinoamérica “atraviesa por una etapa crítica en su desarrollo”. No obstante, elogia los avances de las instituciones en Brasil, Chile, México (un país que en seis años sufrió casi 50 mil homicidios en la lucha contra el narcotráfico), Colombia y Uruguay. En un segundo grupo que encuentra “grandes dificultades para lograr el desarrollo sostenido” incluye a Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y la Argentina porque, según la fundación, algunos de estos países registran “la ausencia de las libertades más básicas” y otros, “importantes atropellos a la propiedad privada que demoran el establecimiento de las condiciones para el progreso como lo es, por ejemplo, la confiscación de fondos de pensiones producida en Argentina”.

La fundación, cuyo número de inscripción en la Inspección General de Justicia (IGJ) es 1717869, presenta trámites con regularidad ante ese organismo como balances y declaraciones juradas. La última data del 29 de julio pasado. El ex inspector general designado por el gobierno de la Alianza, Guillermo Enrique Ragazzi, firmó la autorización para la funcionara durante la presidencia de Eduardo Duhalde, el 6 de mayo de 2003. Veinte días después, Fidel Castro daba un recordado discurso en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA. A Salvia, como confesaría días más tarde, el viaje del líder cubano lo “tomó por sorpresa”. Una extraña coincidencia entre el nacimiento de Cadal y aquella histórica presencia en Buenos Aires.

Gustavo Veiga

Tomado: Página 12.com.ar

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La cara visible

Argentina denunciará ante la ONU llegada de armamento nuclear a Malvinas

Canciller denunciará el viernes militarización del
Atlántico. (Foto: Archivo)

El Gobierno de Argentina presentará formalmente este viernes una denuncia contra el Reino Unido por la militarización del Atlántico Sur y la llegada de armamento nuclear a las islas Malvinas ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Gobierno de Argentina presentará formalmente este viernes una denuncia contra el Reino Unido por la militarización del Atlántico Sur y la llegada de armamento nuclear a las Islas Malvinas ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La presidenta Cristina Fernández anunció en un acto público que el canciller Héctor Timerman partirá en la noche del jueves a la ciudad de Nueva York de Estados Unidos (EE.UU.), a fin de “hacer mañana la presentación en Naciones Unidas por la militarización” y llegada de “armamento nuclear” a las Malvinas por parte del Reino Unido.

Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó -en un comunicado- que el Canciller entregará al presidente del Consejo de Seguridad, Kodjo Menan, la denuncia de Argentina contra el Reino Unido.

El funcionario también se dirigirá al presidente de la Asamblea General de la ONU, Nassir Abdulaziz Al-Nasser, y al secretario general, Ban Ki-moon.

Timerman les informará "sobre la violación del Reino Unido de las cerca de 40 resoluciones de las Naciones Unidas, que convocan al diálogo entre dicho país y la Argentina para resolver pacíficamente el conflicto iniciado en 1833 con la invasión militar de las islas Malvinas", señala el comunicado.

Además, se reunirá con el presidente del Comité de Descolonización, Pedro Núñez Mosquera, y los representantes de Colombia y Guatemala, los países latinoamericanos miembros del Consejo de Seguridad.

Esta acción se desprende de la denuncia pública presentada por la Jefa de Estado el martes pasado, cuando reprochó la llegada del Príncipe Guillermo con uniforme militar y el arribo a Las Malvinas del MS Dauntless, el destructor más moderno de la Marina Real inglesa.

Las islas se encuentran ocupadas por los británicos desde 1833, cuya soberanía reclama Argentina.

Esta semana Cristina Fernández reiteró su reclamo por la soberanía de Las Malvinas, pero advirtió que no caerá en provocaciones de acciones militares, sino que continuará con esta política "por la vía diplomática".

teleSUR-AFP-EFE/ag-MM

Tomado: Telesurtv.net

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Fallece a los 99 años el escritor Ernesto Sábato

Caracas. Admirado por Thomas Mann y Albert Camus, el autor de las novelas “El túnel”, “Sobre héroes y tumbas” y “Abaddon el exterminador”, Ernesto Sábato, perdió la vida este sábado en Buenos Aires. En la imagen, durante un discurso en Venezuela. Ap

Premio Cervantes de Literatura y autor del informe Nunca más sobre crímenes de la dictadura argentina.

El escritor Ernesto Sábato, Premio Cervantes de Literatura, uno de los grandes autores argentinos del siglo XX y reconocido defensor de los derechos humanos, murió hoy a los 99 años en su residencia de Santos Lugares, en Buenos Aires.

"Hace como quince días tuvo una bronquitis y a la edad de él esto es terrible", dijo su esposa Elvira González Fraga al confirmar su deceso. "Es un grande que se va", sostuvo.

La salud del mítico escritor se había complicado en las últimas semanas a raíz de problemas respiratorios y esta madrugada no pudo superar la bronquitis, señaló su compañera y colaboradora, quien está al frente de la fundación Erenesto Sábato.

El escritor iba a ser homenajeado este domingo en la Feria del Libro por el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires y su muerte causó gran pesar en Argentina y el mundo de las letras.
“Nos quedan sus libros y el recuerdo de un hombre apasionado por su país", señaló el canciller argentino, Héctor Timerman.

Fue "un hombre justo y valiente, y un gran escritor", dijo el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi.

Sábato, un escritor que luchó por mártires argentinos

"No se puede vivir sin héroes, santos ni mártires", decía el escritor argentino.

Pese a tener sólo tres novelas escritas, Sábato es un poco héroe y un poco santo en Argentina.

Fue idolatrado por jóvenes y estudiantes que admiraban su defensa de la justicia y los derechos humanos.

Cuando terminó la cruenta dictadura militar que gobernó el país, entre 1976 y 1983, Sábato fue designado para presidir la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), cuya tarea fue investigar el destino de los miles de argentinos que desaparecieron durante ese período.

La Conadep recopiló 50 mil páginas de escalofriantes evidencias de secuestros, torturas, violaciones y asesinatos de integrantes de las guerrillas de izquierda, simpatizantes, familiares o militantes políticos.

Sus hallazgos sobre los crímenes de la dictadura y las recomendaciones sobre el castigo que deberían recibir los represores se publicaron en 1984 en un libro llamado Nunca Más. Ese mismo año, Sábato ganó el premio Miguel de Cervantes, considerado el principal galardón de las letras en castellano.

Tres novelas y ensayos memorables

"¿Para qué hay que escribir tanto?. Yo sólo 'cometí' tres novelas", decía el escritor, cuya escasa obra fue traducida al italiano, alemán, esloveno, griego, danés, noruego, ruso, inglés, francés, portugués, y hebreo, entre muchos otros idiomas.

"Yo creo que hay que escribir cuando no damos más, cuando nos desespera eso que tenemos adentro y no sabemos lo que es, cuando la existencia se nos hace insoportable", sostenía.

Las tres novelas de Sábato son El Túnel (1948), donde el autor se sumerge en el alma humana a través de una historia de amor y muerte, obra que fue venerada como un clásico existencialista y cosechó admiradores, entre los que se incluyen a Thomas Mann y Albert Camus. Sobre héroes y tumbas (1961), en la que muestra a los últimos personajes de una familia de la oligarquía venida a menos y las obsesiones del hombre contemporáneo; y Abaddón el exterminador (1974), de corte más bien autobiográfico.

La obra completa de Sábato, uno de los principales exponentes de la intelectualidad argentina del siglo XX, incluye además varios ensayos, donde no rehuye de los temas filosóficos, científicos, culturales y políticos, ni de su constante preocupación por los derechos humanos.

El primero de sus ensayos fue "Uno y el universo" (1945), que siguió con "Hombres y engranajes" (1951), "Heterodoxia" (1953) y "El caso Sabato. Torturas y libertad de prensa. Carta abierta al general Aramburu" (1956).

Asimismo editó "El otro rostro del peronismo (1956), "El escritor y sus fantasmas" (1963), "Tango, discusión y clave" (1963), "Romance de la muerte de Juan Lavalle. Cantar de Gesta" (1966), "Significado de Pedro Henríquez Ureña" (1967) y "Aproximación a la literatura de nuestro tiempo: Robbe-Grillet, Borges, Sartre" (1968).

Su obra se completa con los ensayos "La cultura en la encrucijada nacional" (1973), "Diálogos con Jorge Luis Borges (1976), "Apologías y rechazos" (1979), "Los libros y su misión en la liberación e integración de la América Latina" (1979), "Entre la letra y la sangre" (1988), "Antes del Fin" (1998), "La Resistencia" (2000) y "España en los diarios de mi vejez" (2004).

Humanista, no sólo literato

Ante su pequeña, pero elogiada obra literaria y su gran contribución humanista —pese a que también ha recibido críticas de organismos de derechos humanos—, algunos afirman que Sábato debería haber sido candidato al premio Nobel de la Paz más que al de Literatura.

Buscado y admirado por militantes de izquierda, Sábato —que militó en el Partido Comunista durante su juventud— rechazaba, sin embargo, cualquier filiación partidaria y decía que apoyaba cualquier cosa que denunciara todo lo que fuera falso, despreciable, sucio, corrupto e hipócrita.

También estaba en contra de la tendencia de buscar soluciones tecnológicas para el sufrimiento humano, una declaración dolorosa para un hombre que estudió ciencia en Buenos Aires y París, donde fue seducido por el surrealismo y abandonó la ciencia por las letras.

"No se trata de estar a rajatabla contra el progreso científico, que tiene su lado positivo", dijo este año el escritor en un discurso en Montevideo.

"Pero no puede admitirse que se viva una cada vez más fría, insensible y desgarrante civilización tecnocrática, que en vez de solucionar agrava los problemas de la humanidad", agregó el autor, nacido el 24 de junio de 1911.

El escritor y ensayista pasó los últimos años de su vida recluido en su casa en el barrio de Santos Lugares, en las afueras de Buenos Aires, debido a su delicada salud.

Afp, Reuters y Dpa

Tomado: La Jornada.unam.mx

El robo de bebés en el banquillo de los acusados

En la puerta de tribunales, el cartel de Abuelas sintetizó el horror que empezó a juzgarse.

El caso de treinta y cuatro chicos nacidos en cautiverio llegó a la sala de audiencia después de quince años. Ocho represores, entre ellos los presidentes de facto Videla y Bignone, junto a Jorge “El Tigre” Acosta, empezaron a ser juzgados.

Las cámaras lograron durante el desarrollo de la audiencia lo mismo que la jueza María del Carmen Roqueta había conseguido en los primeros momentos del juicio: mostrar a los represores en un primer plano incómodo mientras se iban leyendo uno a uno los 34 casos de hijos nacidos en cautiverio o apropiados durante los años de la dictadura militar. Roqueta nombró al comienzo a los ocho acusados, a los que fue llamando por su nombre; cada uno respondió, en algún caso hubo quien se paró de la silla o levantó la mano para mostrarse. Entre ellos, dos de los ex presidentes de facto, Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone. Las cámaras del Incaa luego los siguieron de cerca. Casi sin respiro, mostraron el cabeceo con el que Videla parecía esconderse detrás de vaya a saberse qué sueño y a Bignone asaltado repentinamente por planos cortos después de los cuales cambiaba incómodamente la posición de sus piernas, su único espacio de libertad.

El juicio oral que finalmente comenzó en los tribunales de Comodoro Py tuvo como punto de origen una denuncia del 30 de diciembre de 1996 de Abuelas de Plaza de Mayo, impulsada por Estela de Carlotto y María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani que ayer, pese a su ceguera y al estado de salud, se aproximó para estar presente con sus anteojos oscuros en este comienzo de juicio. Pese a haber quedado excluida del alcance de las leyes de impunidad, la causa conocida como el Plan sistemático de robos de bebés recién empieza a cerrarse con dos de sus principales acusados, como Emilio Massera y Cristino Nicolaides, muertos. Abuelas había impulsado aquella primera denuncia, entre otros delitos, por sustracción y ocultación de menores, ese aspecto de la represión ilegal que ayer se nombró como la “Cuestión de los niños”, una de las dimensiones de la dictadura urdida por las Fuerzas Armadas durante la marcha para “solucionar” de modo sistemático el problema de los menores que nacían en cautiverio o habían sido secuestrados con sus padres.

Entre los acusados, además de Videla y Bignone, están Antonio Vañek; Jorge Eduardo “El Tigre” Acosta, Santiago Omar Riveros, Rubén Oscar Franco y como autores materiales Juan Antonio Azic y el médico Jorge Luis Magnacco. En la primera hora, Roqueta, que preside el Tribunal Oral Federal 6 y estará a cargo del juicio, fue mencionándolos por sus nombres, luego de decirles “señor”, en un ritual que no sólo permitió individualizarlos sino que logró ponerlos en ese primer plano incómodo de la acusación. “Señor Acosta –dijo la jueza en un momento–. ¿Está? No lo veo.”

Tras ese comienzo, el TOF dio paso a la lectura de la acusación de la fiscalía de primera instancia, uno de los protocolos de toda apertura de juicio, pero que en este caso mostró ante la sala el interior de las maternidades clandestinas con la fuerza de la letra descarnada, quizá potenciada por la presencia de muchos de esos hijos de aquellos padres asesinados o desaparecidos por la dictadura, presentes metros atrás, entre el público de la sala.

“Es verdad que del examen del plan original no se advierte una dimensión que contemple la ‘cuestión de los menores’, pero justamente ese tópico emergió ‘durante’ de la represión –recapituló una de las secretarias–. Y por eso se improvisaron verdaderas ‘maternidades’ ubicadas en sitios estratégicos para responder a una cuestión natural: los embarazos de las detenidas y, más aún, se establecieron criterios de ‘asignación’ de los menores.”

La acusación de la elevación a juicio elaborada por el fiscal Federico Delgado fue así el punto de partida de un proceso por el que pasarán en los próximos ocho meses unos 370 testigos. La acusación intentó plantear el desarrollo de las maternidades clandestinas como una práctica sistemática. Mostró el montaje, describió los cuartos donde se instaló a las embarazadas, las vendas con las que les cubrían los ojos, las horas que algunas pudieron permanecer con sus hijos, pero además el robo y reubicación de esos niños y la aniquilación casi en todos los casos de sus padres. Una dimensión del plan general de la represión que la fiscalía en su momento presentó como “el gran secreto del ‘Proceso de Reorganización Nacional’”: “Ese plan tenía un fin –se recordó–: penetrar en todas las esferas de la sociedad civil para ‘normalizar’”, y “normalizar era redefinir a los sujetos conforme un elaborado ‘tipo ideal’: a la reformulación del otro que era su negación, no había alternativa, se ‘era como se debía ser’, o ‘no se era’”. Y es para eso “que se edifica el criterio para ‘asignar’ a los niños nacidos en cautiverio, había que cortar sus lazos de sangre para que ‘sean’ conforme al imaginario social que subyacía al régimen político”.

Los centros
En el esquema de Delgado los nacimientos siguieron dos caminos: los niños nacieron en lugares organizados como maternidades ilegales en centros clandestinos ubicados en lugares estratégicos o nacieron en lugares donde no había esa organización. “Nacimientos hubo en todos lados, pero ocurrió que en algunos centros clandestinos se montaron estructuras específicas a las que eran trasladadas algunas detenidas al solo efecto de dar a luz y luego regresadas a sus cárceles clandestinas de origen”, se leyó. Esas maternidades estuvieron ubicadas en diferentes lugares de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, se dijo, “existieron otros centros clandestinos de detención que si bien no cumplieron ese rol estratégico, fueron parte de la dimensión del plan criminal que se encargó de la ‘cuestión de los menores’, porque la prueba reunida indica que allí se produjeron nacimientos y apropiaciones que, o forman parte de este dictamen, o bien actualmente son materia de investigación”.

Entre los lugares, durante el debate empezaron a aparecer aquellos vinculados con los 34 casos en juicio. Entre ellos, la Escuela Mecánica de la Armada, Campo de Mayo y el Pozo de Banfield, tres de los centros clandestinos considerados estratégicos según el criterio de la fiscalía, donde existían o se montaron estructuras para las maternidades clandestinas. Y donde justamente por esa característica de estratégicos no sólo dieron a luz las secuestradas que estaban como prisioneras en esos ámbitos, sino otras que fueron trasladadas desde otros centros clandestinos o estuvieron incluso a disposición de otras Fuerzas.

De la ESMA se recordó, por ejemplo, que la maternidad clandestina funcionó en el casino de oficiales, y se la conocía como “La Sardá por izquierda”, “La maternidad Sardá” o “La Sardá de Chamorro”. Es uno de los lugares en donde dieron a luz parturientas de otros centros. Los sobrevivientes contaron que las embarazadas tenían un cuarto donde permanecían junto a sus niños y que se quedaban pocos días con ellos hasta que el prefecto Antonio Febres, el hombre a quien se lo vio en varias oportunidades salir de la ESMA con recién nacidos en sus brazos, se los llevaba. Entre los imputados por esos nacimientos están los médicos Arias Duval, Capdevilla y Magnacco.

Del Pozo de Banfield se lo recordó ubicado en el Camino Negro, en Lomas de Zamora. La maternidad ahí funcionó en una enfermería a donde llevaban a las detenidas a la hora de dar a luz. La pieza estaba en el segundo piso del centro clandestino, tenía una cama quirúrgica, instrumentales, un lavatorio y varios frascos; el médico ginecólogo que asistía a las parturientas era Jorge Antonio Bergés.

Por último, la acusación detalló que en Campo de Mayo los partos de detenidas embarazadas se efectuaron en unos galpones hasta mediados de 1977 y luego se hicieron en el Hospital Militar. Durante la primera etapa, cuando se hacían en el Pabellón 1, las parturientas contaban con un habitación de cinco metros por cinco metros que aparentemente había funcionado antes como cocina. Luego, en el Hospital Militar las pacientes permanecían en un cuarto con vigilancia en la puerta, no se registraba el ingreso ni de ellas ni de los niños que nacían.

Pero esas fueron las maternidades paradigmáticas. Entre los 34 casos que recoge la causa, existen casos de niños nacidos además en La Cacha, La Comisaría V de la Plata, Orletti, El Vesubio y Olimpo.

Algunos de ellos estuvieron ayer en la sala de audiencias. Entre ellos, Macarena Gelman, Victoria Donda, Leonardo Fosatti, Alejandro Sandoval. Además de ellos, también las abuelas ocuparon sus lugares, aquellas mujeres que durante estos años impulsaron la búsqueda de sus nietos, hijos de sus hijos desaparecidos, apropiados por los represores. Rosa Roisinblit, Buscarita Roa, Chicha Mariani o Elsa Pavón, cuyas imágenes replicadas por las cámaras del Incaa presentes en cada una de las audiencias de estos nuevos juicios iban generando un contrapunto con las caras de los represores.

“Estoy acá”, decía Chicha Mariani casi al comienzo de la audiencia. “Voy a intentar venir todas las veces que pueda.” Su caso se leyó con el número 32 durante la audiencia: Clara Anahí Mariani, leían los secretarios del TOF 6, hija de Diana Esmeralda Teruggi de Mariani y de Daniel Mariani, tenía tres meses de edad cuando fue separada de su madre, el 24 de noviembre de 1976. Todas las pruebas indican que sobrevivió al operativo en el que fue muerta su madre, pero aún hoy continúa desaparecida.

Videla al final de la audiencia se durmió.

Alejandra Dandan

Tomado: Página12.com.ar

“Lo más pronto posible”

Armas a granel: Ya en agosto de 2010 otro avión trajo armas no declaradas

Ni Washington se disculpará ni la Argentina devolverá de inmediato lo confiscado. La exigencia se redujo a una entrega “lo más pronto posible”. Frank Mora confirmó en el Senado el intento de vender armas a Brasil y el general Fraser los planes de represión del conflicto social. Resfrío en Miami y estornudo en Montevideo. Stolbizer y Michetti de reunión secreta en el Pentágono. Inteligencia de imágenes y señales. Casal confunde cartoneros con crimen organizado y echa lastre policial.

La disputa por la fallida tentativa de una misión militar estadounidense de introducir de modo subrepticio en la Argentina armas, equipos de comunicaciones encriptadas y drogas se canalizará por carriles diplomáticos sin demasiado estrépito. El viernes, el máximo responsable del Pentágono para la región, Frank Mora, hijo de exiliados cubanos, ya no dijo que la devolución del material incautado debe ser inmediata, sino “lo más pronto posible”. Esta fórmula tan laxa admite su cumplimiento dentro de dos días, de dos meses o de dos años. Ni la Argentina se apurará a enviarlo de vuelta ni el gobierno de Barack Obama pedirá disculpas, aunque la nota entregada por el Departamento de Estado incluye al menos algunas de las explicaciones que hasta ese momento Estados Unidos no había dado. Ninguno de los dos gobiernos tiene una actitud hostil ni se propone escalar un conflicto que refleja distintas concepciones culturales. Estados Unidos cumple su destino manifiesto de actuar como policía del mundo y se asombra cuando alguien pide documentos a sus hombres, les revisa el equipaje y aplica sus propias leyes. Pero afirmaciones como las del presidente venezolano Hugo Chávez de que Estados Unidos hará “todo lo posible para que Cristina no siga al frente del gobierno” no reflejan la línea oficial argentina.

La explicación
En su respuesta, el Departamento de Estado minimizó la diferencia entre lo declarado y lo introducido, que redujo a la categoría de un error burocrático respecto de la numeración de una de las armas, y atribuyó la falta de declaración de seis caños de ametralladora a un diálogo previo con los funcionarios del Registro Nacional de Armas (Renar), posición que la Aduana no habría aceptado. Respecto de los equipos de comunicaciones e informática pretendió que fueron declarados en forma genérica como “radios y computadoras” o “major end ítems”, que según la definición del Pentágono es “una combinación final de productos terminados listos para su uso, por ejemplo, barcos o aviones”. Sobre las drogas narcóticas y estupefacientes, la nota sostuvo que se trataba de “un maletín de primeros auxilios, que contenía morfina y otros materiales para ese fin, incluidas medicinas legales vencidas, ninguna de las cuales iba a ser utilizada por personal no estadounidense”. Como puede verse en esta página no era un maletín sino varios cajones. Según el Departamento de Estado tanto los sistemas de comunicaciones encriptadas como las drogas son de uso rutinario en las misiones de sus tropas, ya que pueden ser necesarios en caso de emergencia real. Estados Unidos “reconoce que hubo una discrepancia en las armas declaradas en la lista oficial suministrada a los funcionarios argentinos” y expresa un “compromiso claro de respetar las leyes argentinas vigentes”. Cita el Acuerdo vigente desde 1999 sobre Medidas de Seguridad para la Protección de Información Militar Clasificada, que responsabiliza a cada parte por la salvaguarda de la información de la otra parte, ya sea que esté en tránsito o almacenada. Pero en este caso el “material confidencial” no fue proporcionado a la Argentina “en forma directa o indirecta”, según contempla aquel acuerdo, sino que se intentó hacerlo pasar bajo una definición genérica que no se ajusta a su índole. Por último, el Departamento de Estado declara su esperanza de que el material sea liberado y devuelto “de inmediato”. La ley argentina permite pero no obliga a su destrucción, por lo cual cuando se determine con exactitud de qué se trata, tampoco habría inconvenientes para su devolución. Apenas dos días después de esta nota, el viernes 18, en una entrevista con el inquisitivo reportero colombiano Juan Carlos López, de CÑÑ, Frank Mora bajó el tono en forma ostensible. Ya no habló de devolución inmediata, sino “lo más pronto posible” e insistió una y otra vez que se estaba trabajando para una solución diplomática, que no pasaba porque ninguna de las partes pidiera disculpas.

“Amedrentados”
Mora también redujo el dramatismo de la primera declaración de su homólogo en el Departamento de Estado, Arturo Valenzuela, según quien los militares de las fuerzas especiales del primer Ejército del mundo se habían sentido “amedrentados” por los funcionarios argentinos (la directora de la Aduana, las médicas del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), los especialistas de la Aduana, el RENAR y la Policía Aeroportuaria). Con mayor sentido de las proporciones, Mora dijo que las tropas de elite pasaron una situación “desagradable”. Insistió en que los vínculos con la Argentina son muy fuertes y que las relaciones están bien institucionalizadas. Mora se ha reunido varias veces con el canciller Héctor Timerman, a quien trató de convencer sobre la necesidad del empleo de las Fuerzas Armadas para enfrentar al “narcoterrorismo”, ya que la policía es corrupta. Timerman le respondió que era un error mezclar dos fenómenos distintos, como el terrorismo y el narcotráfico, y le recordó que dentro de Estados Unidos sigue vigente la ley que prohíbe el uso de fuerzas militares en cuestiones de seguridad interior. Lo mismo ocurre en la Argentina, efecto colateral de la última dictadura militar, debido a la desprofesionalización que las Fuerzas Armadas padecieron cuando se las usó para la represión de la disidencia política, armada o no, con métodos criminales. Esta restricción disgusta al Pentágono. Dentro de su trabajo de penetración en los medios académicos, el Comando Sur firmó un acuerdo con la Facultad Internacional de Florida, cuyo Centro de Investigación Aplicada está realizando una investigación sobre “Cultura Estratégica”. Su informe sobre la Argentina, de 2010, cuestiona la ausencia de militares y de diplomáticos en el diseño de las políticas de Defensa y de Relaciones Exteriores, a los que en el mejor de los casos se les permite participar en la implementación de las directivas que bajan del Poder Ejecutivo, elaboradas por la presidente y su círculo íntimo, se queja. “Las Fuerzas Armadas están en estado de total abandono y desorganización” y “el uso de la fuerza como una de las herramientas de gobierno parece cosa del pasado”.

Las disculpas de la embajada
En sus comunicaciones informales, los norteamericanos se declararon perplejos por la presencia del propio ministro argentino de Relaciones Exteriores en el aeropuerto y por la difusión del caso. La concurrencia de Timerman se explica porque no es la primera sino la segunda vez que los militares norteamericanos intentan ingresar al país materiales no declarados y la difusión fue obra de los propios norteamericanos, como puede comprobarse con la primera crónica del caso, el sábado 12 en La Nación. Aquel primer avión, con personal y pertrechos para el mismo curso, llegó el 6 de agosto de 2010. Personal del (RENAR), de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Administración Nacional de Aduanas detectó que además del material incluido en el manifiesto de embarque la carga incluía un fusil semiautomático Remington, modelo 700, calibre 300 plg; dos pistolas automáticas Beretta M9. 9x19 mm; dos lanzagranadas M320, calibre 40 mm y veinte cartuchos para ese lanzagranadas. La Aduana rechazó el ingreso de ese material sin declarar. Puesta al tanto de lo ocurrido, la embajadora Vilma Martínez dispuso que la máquina regresara con toda su carga a los Estados Unidos. Luego se comunicó con el ministro Julio Alak, por entonces a cargo de la Seguridad, le solicitó disculpas, le rogó que se las transmitiera a la presidente CFK y que el incidente no trascendiera a la opinión pública. La Argentina lo aceptó y la embajada reprogramó el curso. El 10 de febrero llegó el carguero de la Fuerza Aérea estadounidense desde la 7ª Brigada de Paracaidistas de Fort Bragg, Carolina del Norte (en inglés brag significa jactancia, canchereada). Esta vez aparecieron sin declarar una carabina y seis caños para ametralladoras, diversos aparatos electrónicos y de comunicaciones de tal sofisticación que, según los militares norteamericanos, no podían mostrarse a cielo abierto sin graves riesgos de seguridad. También había cajas con medicamentos en apariencia vencidos, un kit para francotirador, una motosierra capaz de cortar columnas de hormigón y numerosas drogas narcóticas y estupefacientes. La confidencialidad concedida en agosto sólo sirvió para que la tentativa de introducir este tipo de elementos en forma clandestina pudiera repetirse seis meses después. Ahora es más probable que no vuelva a ocurrir. En aquel caso se evidenció la discrepancia entre los ministerios de Defensa (Department of Defense, DOD) y de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos (Department of State, DOS). Mientras DOD realizó el envío, DOS lo devolvió a Estados Unidos. No es un caso excepcional, ya que en las últimas décadas, el Pentágono desplazó a la Cancillería en la fijación y ejecución de la política exterior de su país. Según la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), con 1.200 hombres el Comando Sur dispone de mayores recursos y personal especializado en la América Latina que la suma de los del Departamento de Estado, de Defensa, de Agricultura, de Comercio y del Tesoro. En el último presupuesto estadounidense, los recursos que el gobierno de Obama destina para la Defensa son diez veces y medio mayores que los asignados a las relaciones exteriores. Con algunas oscilaciones, esa desproporción se mantiene en los últimos 35 años. Era de ocho veces y media bajo el mando de James Carter, trepó a casi quince veces durante la presidencia de Ronald Reagan, descendió a doce veces y media cuando gobernó George Bush y se mantuvo en trece veces durante las administraciones de Bill Clinton y George W. Bush.

Si ellos lo dicen
Una fuente insustituible para conocer los objetivos del Comando Sur es el informe anual de su jefe ante la Comisión de Fuerzas Armadas del Senado de los Estados Unidos, que debe aprobar su presupuesto. El 11 de marzo del año pasado, el brigadier general Douglas Fraser explicó allí que el mayor mercado para los Estados Unidos es el que va desde Canadá hasta la Patagonia, “con casi el 38 por ciento del comercio”, contra 31 por ciento de la Cuenca del Pacífico y 21 por ciento de Europa. “Importamos más petróleo crudo de esta región (52 por ciento) que del Golfo Pérsico (13 por ciento)”. La inversión extranjera directa de Estados Unidos es igual en la región que en Asia, Medio Oriente y Africa juntas. “En 2011 el intercambio con América Latina será mayor que el de Estados Unidos con Europa y Japón sumados”, dijo Fraser. Estados Unidos ya no puede dar por sentado que el American Way of life “sea la ideología única preferida en la región”. Dada la presencia de jugadores en expansión global como China, Rusia e Irán la democracia “debe competir en forma activa” en la región con el “populismo y el socialismo”. Estados Unidos debe contrarrestar entonces cualquier “mensaje antiestadounidense” y para ello “entrenamos y trabajamos con nuestros socios regionales en el mejoramiento de la seguridad, proveemos asistencia humanitaria y respondemos a desastres”. Agregó que el gasto militar per capita en su área de responsabilidad es el más bajo del mundo, igual que la probabilidad de amenazas militares convencionales. “Pero enfrentamos desafíos no tradicionales”, alimentados “por las endémicas condiciones de pobreza, la desigual distribución del ingreso y la corrupción”. Entiende que “las mismas rutas y redes por las cuales los traficantes contrabandean de 1250 a 1500 toneladas de cocaína por año pueden emplearse en forma deliberada o no para pasar armas, dinero, material fisible o terroristas”. El tráfico ilícito “provee un posible nexo para el terrorismo trasnacional y la potencial proliferación de armas de destrucción masiva”. Esa forzada lógica lo lleva a concluir que “así como esos dos vectores se funden en un nuevo híbrido, el narcoterrorismo, también deben hacerlo nuestros esfuerzos para contrarrestarlo”. De Colombia, esa fusión se traslada ahora al Perú, explicó Fraser. Considera que “el alarmante crecimiento de la violencia criminal” es un “corolario del tráfico ilegal”. Esto a su vez “exacerba las condiciones de pobreza e inequidad, obstruyendo los esfuerzos por el desarrollo”. Como prueba de este fantástico encadenamiento de factores disímiles el informe consigna que en “nuestra región ocurre uno de cada tres homicidios y uno de cada dos secuestros en el mundo” y la tasa de homicidios, de 27 por cada cien mil habitantes, es la más alta del mundo (en la Argentina es de 5/100.000).

Imágenes y señales
Una respuesta que el Comando Sur enfatiza es la de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento. Esto requiere “mejor inteligencia de imágenes y señales, amplia área de cobertura, integración de sensores, indicadores de blancos en movimiento”. También “herramientas de management, biométrica, contrainteligencia y agentes humanos de recolección de información”. Con ese fin “trabajamos con la industria y con la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada en Defensa (Darpa) en busca de soluciones innovativas”. Estos párrafos tal vez expliquen parte de la carga no declarada del avión, y algunos episodios recientes de la política nacional y en especial porteña.

Horacio Verbitsky

Tomado: Página 12.com.ar
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Garré mira con lupa los viajes de los agentes

La ministra Garré ordenó suspender todos los viajes al exterior de fuerzas de seguridad para hacer cursos de capacitación hasta tanto sean revisados.

El entredicho con los Estados Unidos a raíz del material no declarado por los militares que venían a capacitar a policías federales decidió al Ejecutivo a revisar todos los convenios firmados y suspender, en consecuencia, su aplicación.

La ministra de Seguridad, Nilda Garré, ordenó ayer la suspensión de todos los viajes al exterior de fuerzas de seguridad para hacer cursos de capacitación hasta tanto sean revisados sus contenidos, los países y organismos que los dan y todos los detalles sobre el financiamiento. Garré les dio una semana a la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para que presenten el plan de cursos y está decidido que el ministerio suspenderá la participación argentina en cualquier capacitación en materia de seguridad en que los profesores sean militares. La medida de Garré está directamente relacionada con lo ocurrido con el avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que traía a militares norteamericanos para instruir a integrantes del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) en casos de secuestros y toma de rehenes. El concepto del Poder Ejecutivo –y así está explicitado en las leyes– es que las actividades militares son muy distintas a las de seguridad, por lo cual no corresponde que las policías sean formadas por militares.

Como se sabe, el gigantesco C17 Boeing Globemaster III que aterrizó hace diez días en Ezeiza venía a un curso de capacitación que en su momento fue convenido por el ministro de Justicia, Julio Alak, y que por esa razón fue autorizado en enero por el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, hubo una discrepancia entre los materiales declarados por los militares de Estados Unidos y los que realmente trajeron en el avión, lo que determinó la suspensión del curso, el regreso del gigantesco aparato a Estados Unidos y un expediente judicial por las irregularidades. A esto se suma la polémica decisión de la Policía Metropolitana de enviar a sus efectivos a cursos en la International Law Enforcement Academy (ILEA) en El Salvador, una especie de nueva Escuela de las Américas, célebre por haber formado a los militares golpistas de todo el continente. Costa Rica ya había negado el permiso a la ILEA para instalarse porque requería, entre otras cosas, el otorgamiento de inmunidad a los militares norteamericanos que son instructores de los cursos.

Garré decidió tomar las riendas de todo lo que tiene que ver con la capacitación de las fuerzas de seguridad en la Argentina y en el exterior y por lo pronto suspendió hasta tener analizados al detalle los cursos en los que pretenden participar los efectivos argentinos. La Policía Federal intervino en 112 cursos o congresos en el exterior durante 2010, la Prefectura en 360, la Gendarmería en 82 y la PSA en 33. Una desmesurada proporción de los seminarios de formación se hacen en Estados Unidos, aunque en los últimos años empieza a pesar el intercambio con Brasil.

El primer paso resuelto por el Ministerio de Seguridad es elaborar lo que se llama el PACE, Plan Anual de Comisiones al Exterior. Significa que Garré dio la orden de frenar cualquier participación en cursos, seminarios o formaciones en el exterior hasta tanto ella y su equipo analicen las características de esos eventos.

Algunos de los elementos determinantes del análisis y que llevarán a decidir si se aprueba la participación de efectivos de las fuerzas de seguridad argentinas en los cursos serán los siguientes:

- Que los instructores no sean militares. El Poder Ejecutivo rechaza en forma tajante la mezcla entre actividades de seguridad y actividades de defensa. La distinción será categórica y no concurrirán policías, gendarmes o prefectos argentinos a cursos dados por militares.

- Se buscará un nítido compromiso de las entidades que organizan esos cursos con el concepto de democratización y transparencia de la seguridad, además de respeto a los derechos de los ciudadanos.

- Tiene que haber cierta ecuanimidad en las proporciones de los destinos, esto es Estados Unidos, Europa y, desde ya, los países del Mercosur. En el Ministerio de Seguridad consideran vital la coordinación de los países del Mercosur en los temas de seguridad, en especial la trata de personas, el narcotráfico y el delito que, de hecho, más muertes produce: el robo de autos.

La idea de Garré no es limitar la concurrencia de los cuadros de las fuerzas de seguridad a los cursos y seminarios del exterior, sino más bien lo contrario. Uno de los acentos está puesto, justamente, en la profesionalización, en lograr bases teóricas y científicas para las tareas investigativas. Pero el punto clave es quién da los cursos, dónde y, sobre todo, cuál será el contenido. Como informó en este diario Horacio Verbitsky, el curso sobre crisis y toma de rehenes, en cuyo marco se produjo el incidente del avión norteamericano, iba a ser dado por doce expertos militares. Eso llevaba, casi en forma automática, a reforzar la idea de una militarización de la seguridad interior.

Desde hace años, se viene produciendo una fuerte presión de Estados Unidos para que las fuerzas militares intervengan en la lucha contra el narcotráfico. Tanto el gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández de Kirchner rechazaron esa concepción y hubo reclamos de fuerzas de la derecha argentina para que se convoque a militares, por ejemplo, para que patrullen el Gran Buenos Aires. Los distintos papeles de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad quedaron establecidos en la Ley de Defensa de la época de Raúl Alfonsín, la Ley de Seguridad Interior, del gobierno de Menem, y la Ley de Inteligencia promulgada por De la Rúa. La orden taxativa de Garré será respetar esa distinción y ello lleva a que los efectivos no participen en los cursos dados por militares.

Cuando el lunes 28, las cuatro fuerzas de seguridad entreguen sus respectivas propuestas de comisiones al exterior, habrá una evaluación de cada uno de los cursos, congresos y seminarios, y recién después de ese paso la ministra emitirá las autorizaciones que correspondan.

Raúl Kollmann

Tomado: Página12.com.ar

“Los cuerpos estaban muy deteriorados”



Oscar Santiago Palmas no quiso que su imagen quedara registrada durante el juicio

“Quiero que se haga justicia para todos”, dijo el fotógrafo que en 1977 tomó las imágenes de los cuerpos que aparecieron en la Costa Atlántica. Dijo que la policía le pidió que los registrara, que en esa época “se comentaba” pero sin certezas.


Cuando el presidente del Tribunal le preguntó, como sucede en cada audiencia, si tenía algún interés en la causa o sólo buscaba justicia, Oscar Santiago Palmas optó por la segunda opción. “Quiero que se haga justicia para todos –explicó– y para mí también, porque tengo mis problemas, aunque son de tipo económico, pido justicia para los míos, pero quiero la democracia y quiero la justicia.” Ese hombre que nació en 1931 es uno de los primeros habitantes de Santa Teresita y el fotógrafo que en 1977 tomó las imágenes de los cuerpos de los desaparecidos de la Iglesia de la Santa Cruz cuando el mar los expulsó de las aguas para devolverlos al territorio de los hombres.

¿Qué tal, doctor?, entró diciendo el fotógrafo, desarmando con el gesto la monumentalidad de la sala de audiencias de los Tribunales de Retiro donde se llevan a cabo los debates por los crímenes de la ESMA. Así, chiquito, el hombre se sentó en la silla de los testigos, al lado de la enorme mesa larga y cuadrada ocupada por el Tribunal Oral Federal 5 a cargo de Daniel Obligado. En esas audiencias todavía es posible escuchar en cada comienzo la resolución de los jueces del Tribunal prohibiendo al público cualquier tipo de expresión de sentimientos durante el debate.

Palmas llegó a pedido de la querella que lo había convocado hace tiempo, cuando el tribunal estaba presidido por Guillermo Gordo. Gordo desestimó en ese momento su testimonio, por eso su sola presencia entusiasmó a los querellantes.

Palmas todavía vive en Santa Teresita, la “capital del turismo argentino”, explicó con ese mismo entusiasmo del saludo al abogado Horacio Méndez Carrera. Desde hace 53 años está en ese lugar donde se dedicó a la fotografía y montó un comercio del rubro.

–¿A cuánto queda el lugar del destacamento de policía? –preguntó Méndez Carrera. Palmas dijo entonces que está a una cuadra de distancia, y contó que la policía lo llamaba cada tanto, sobre todo al comienzo, porque era el único fotógrafo del pueblo. “Bueno –dijo–, yo llegué a Santa Teresita justamente cuando se empezaba a formar, soy pionero de ese pueblo; lógicamente en las comunidades pequeñas la gente es más solidaria; había un tipo de colaboración con todos, la policía necesitaba de todos los hechos fotos de frente y de perfil, yo me prestaba a colaborar y lo hacía con gusto, no me molestaba, eran accidentes, aunque muy pocos había porque era muy pequeño todo, después empezaron a llegar otros fotógrafos.”

El fotógrafo todavía se acuerda de que esa mañana de diciembre de 1977 en la que lo llamaron era una mañana fría. “En esa fecha hubo un hecho muy importante, donde aparecieron unos cadáveres en la playa. No tengo exactitud con el día y la hora porque hace mucho tiempo de esto, para mí es mucho tiempo, pero me vinieron a buscar, fui y saqué unas tomas de los cadáveres que había sacado el mar a la playa y se quedaron ahí. La verdad es que poco me gustaba el panorama a mí: yo creo que ese panorama no era para quedarse disfrutando, llegaron los bomberos y me retiré.”

Los abogados querían saber qué pasó después; qué sucedía habitualmente con esas fotos; qué pasó en ese caso. Palmas les contó sin estridencias lo que parecía su rutina normal: sacaba las fotografías, y con negativo y todo tenía que entregarlas al destacamento.

De todos modos, en algún momento se detuvo a mirar un poco los cuerpos. Al menos eso se desprendió de lo que contó poco más adelante: “Los cuerpos estaban deteriorados de tal forma –indicó–, que no se podía identificar mucho ni el sexo porque estaban... ¿cómo le podría decir? Como sobados por el mar que gira y gira y también del mar de ahí que es fangoso, porque ahí el mar ‘corta’ en dirección a Montevideo y uno ve mucho fango y algas marinas. De tanto rodar –y hay todo tipo de pescados y otros bichos que no recuerdo el nombre como corvinas o carpas y también el tipo de bicho que come la carne humana–”.

“Siempre hay un horario a la mañana temprano, en el que empuja mucho el mar, saca afuera las cosas y es lo característico del mar: es que el mar no quiere nada que no sea del mar, y entonces lo tira afuera, y ahí viene el deterioro de la víctima.”

¿Recuerda vestigios de ligaduras o ataduras?, preguntaron Méndez Carrera, pero Palmas dijo que no. Sí, en cambio, se acordaba de que eran no menos de tres cuerpos y no más de cuatro; que estaban como en literas, y uno medio torcido.

“Una vez terminada mi labor, como lo hacía siempre, porque venía atendiendo la comisaría hacía tiempo, vi a los bomberos subir por los médanos y me fui. Después se hacen comentarios, no me interesaban, laburé y entregué a la policía.”

En ese momento, la policía labró un acta con lo que se supone se convirtió en un expediente que entró al departamento judicial de Mercedes, y ahora forma parte de la causa. Obligado aceptó que Palmas vea ese expediente. Los abogados querían saber si él podía reconocer las fotos que estaban allí y que dan cuenta además de otro dato: los modos en los que la represión dejó la documentación. Palmas, sin embargo, no pudo reconocer las imágenes. Dijo que no eran las suyas, porque él había tomado al grupo en conjunto y ahí aparecían los cuerpos individualmente. De todos modos, aclaró, para ese entonces había otros fotógrafos en el pueblo.

Ese mar ya había dado otras señales. En una audiencia anterior, Aída Sarti, una de las primeras Madres de Plaza de Mayo, meticulosa con la cuestión de los archivos, acercó el original de una noticia de diciembre de 1977 en un diario de México. La noticia la guardó, aunque no sabía aún que podía estar hablando de los cuerpos de sus compañeras Azucena Villaflor, Esther Careaga y María Ponce. Leído en voz alta ayer en la audiencia, ese papel de diario cobró de pronto la potencia de un escrito esotérico: “Otros tres cadáveres en las playas del Atlántico”, decía la nota que, líneas abajo, daba cuenta de que en el transcurso de esa semana se había encontrado otros cuerpos en diversas playas del Atlántico. Días anteriores habían aparecido nueve, y se sumaban otros tres. La oposición decía que podrían ser “disidentes políticos asesinados por los organismos de seguridad”, relataba el diario.

“Yo creo que esa nota es real”, puntualizó Palmas. “No me consta de quiénes eran ni qué fue ni cómo fue lo real, por los comentarios del pueblo sí se decía que aparecían cadáveres en distintos lugares, a tres o cuatro cuadras de distancia habían aparecido otros cadáveres que yo no los vi ni nada, el comentario era ése, ahora de ahí en más no, no tenía interés en saber nada, yo cumplía mi labor, yo en mi casa hice comentarios, todo el mundo hacía comentarios, pero no se sabía procedentes de dónde eran.”

Los cuerpos en total fueron cinco, además de las tres Madres de Plaza de Mayo estaban el de Angela Aguad y la monja francesa Léonie Duquet. Fueron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. Recién en 2005 se identificaron por el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Alejandra Dandan

Tomado: Página 12.com.ar

Cada cual atiende su juego

Luego de varios días de silencio, el gobierno de los Estados Unidos elaboró una estrategia de control de daños en el escándalo del avión de su Fuerza Aérea que intentó desembarcar en la Argentina armas, equipos sofisticados de comunicación, software de seguridad y drogas narcóticas y estupefacientes que no habían sido declaradas.

Los diarios La Nación, Clarín e Infobae avalaron de modo acrítico en sus portales de ayer la posición estadounidense. “Documentos oficiales prueban que el Gobierno sabía en detalle lo que traía el avión de EE.UU.”, tituló Clarín. Son los mismos medios que intentaron vincular el hecho con el itinerario que el presidente de aquel país seguirá en su visita del mes próximo a la región, donde sólo visitará El Salvador (sede de la Escuela secreta donde se instruye a policías), Brasil (donde se acaba de emplear al Ejército para una operación de seguridad en las favelas de Río) y Chile (país cuya moneda se está apreciando respecto del dólar igual que la de Brasil, lo cual los vuelve dependientes del ingreso de capital especulativo e inclinados al tipo de política de ajuste que el gobierno argentino rechaza).

Sin embargo, ninguno de esos medios publicó la nómina de material declarado ni la cotejó con las actas de secuestro confeccionadas en Ezeiza por las autoridades argentinas. De este modo, adoptaron el punto de vista estadounidense en el más grave conflicto de ese país con la Argentina desde noviembre de 2004. Ese mes intentaron desembarcar en el puerto de Buenos Aires 250 marineros de la fragata “USS De Wert”, pero ante el pedido de las autoridades locales se negaron a identificarlos. Según la crónica publicada entonces por los periodistas de Clarín Guido Braslavsky y Daniel Santoro “el capitán del buque informó que solo entregaría una lista con la cantidad de efectivos que bajarían pero sin identificarlos, por ‘razones de seguridad de los Estados Unidos’”. La fragata había participado del Operativo Unitas en el Uruguay, del que también tomaron parte fuerzas argentinas. Luego de una consulta de la Cancillería con el presidente Néstor Kirchner. Recién cuando el capitán de la nave admitió cumplir con la ley 25.880, que sólo autoriza el desembarco de tropas extranjeras si se identifican y no portan armas, los 250 marinos pudieron pisar the beautiful Buenos Aires, como la llamó el embajador Lino Gutiérrez. Sin estridencias, el gobierno nacional hizo cumplir las leyes argentinas, en aplicación de sus propios criterios de seguridad, que no coinciden con los de quienes entienden que su destino manifiesto es actuar como policías del mundo. La Argentina también se negó a conceder inmunidad a los militares estadounidenses que participaran en ejercicios en el territorio nacional.

El procedimiento fue similar en el caso del avión que aterrizó el jueves 10 en Ezeiza con material para un curso que los paracaidistas del Ejército estadounidense impartirían al Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal, sobre rescate de rehenes y manejo de crisis. Al cotejar la lista enviada por los militares estadounidenses con el cargamento que traía el avión los funcionarios de la Aduana y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria constataron la discrepancia: había armas largas y materiales que no figuraban en la documentación. También un baúl y una valija que los militares estadounidenses se negaron a abrir, aduciendo una vez más razones de seguridad. El vocero de la cancillería estadounidense, Philip Crowley, admitió a regañadientes ante la prensa que “tal vez un número de serie no fue declarado debidamente” pero “nos preocupa cómo fue manejado”. El encargado de América Latina en ese ministerio, Arturo Valenzuela, dijo sin sonreír por la humorada que los militares estadounidenses fueron “amedrentados” por los funcionarios civiles argentinos. Sin embargo, otro funcionario del mismo ministerio dijo a la agencia Associated Press, en una declaración reproducida por el diario The Washington Post, que los amedrentados forman parte de “un equipo de elite” que necesita sus propias comunicaciones encriptadas “por si es necesario llamarlos para que intervengan en una crisis con toma de rehenes en cualquier lugar del mundo”. Igual que en el caso del barco de 2004, la consulta pasó esta vez por la Cancillería y llegó al Poder Ejecutivo. La presidente CFK ordenó que todo el material se precintara y que a su apertura, al día siguiente porque ya había anochecido, asistiera en persona el ministro Héctor Timerman. Ante la reiterada negativa a revelar el contenido de esos bultos, Timerman ordenó abrirlos. Y allí aparecieron, además de armas que no figuraban en la lista, sofisticados equipos de comunicaciones, hardware y software informático rotulado como secreto, y drogas narcóticas y estupefacientes, cuya descripción se publicó aquí el domingo. Los facsímiles de las actas oficiales que se publican aquí indican con toda claridad la secuencia narrada: el descubrimiento el día 10 de la incongruencia entre la lista y el cargamento y la verificación el día 11 de ese contenido luego de la apertura de los bultos secretos. Se podrá discutir acerca de la gravedad del ingreso de ese tipo de armas y materiales informáticos y de comunicaciones en forma clandestina, de modo que luego podría quedar en el país para usos también ilegales; también es admisible argumentar sobre la cantidad y tipo de las drogas narcóticas y estupefacientes encontradas y especular sobre el sentido de introducir medicamentos que según sus propios envases estarían vencidos. Pero no hay forma de negar que se intentó violar las leyes argentinas y que las autoridades lo impidieron en un procedimiento impecable. Algo grave debe estar ocurriendo con la prensa y los partidos de oposición si con tal de desmerecer al gobierno pierden de vista estos datos básicos del episodio y se alinean con quienes quisieron, y no pudieron, allanar la soberanía nacional.

Las actas de secuestro confeccionadas en Ezeiza por las autoridades argentinas.

Horacio Verbitsky

Tomado: Página 12.com.ar

Seguro que no

Imagen: AFIP, Aduana y PSA
ARMAS Y DROGAS NO DECLARADAS EN UN AVION MILITAR ESTADOUNIDENSE


Un avión militar estadounidense intentó ingresar un cargamento no declarado de armas de guerra, equipos de comunicación encriptada, programas informáticos y drogas narcóticas y estupefacientes. CFK ordenó abrir una valija, que los estadounidenses se negaban a entregar. El gobierno reiteró así la negativa a militarizar la seguridad interior. Las maras salvadoreñas y las favelas de Río como modelo para las villas argentinas. El discurso de Macrì contra la inmigración fue calcado de uno de Scioli.

El gobierno nacional impidió el ingreso de “carga sensitiva” secreta que arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza en un vuelo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y sobre cuyo empleo no se ofrecieron explicaciones satisfactorias. La expresión carga sensitiva fue utilizada el lunes pasado por la Consejera de Asuntos Administrativos Dorothy Sarro al solicitar autorización para que un camión con acoplado pudiera ingresar a la plataforma operativa. El enorme C17, un carguero Boeing Globmaster III, más grande que los conocidos Hercules, llegó en la tarde del jueves con un arsenal de poderosas armas largas para un curso sobre manejo de crisis y toma de rehenes ofrecido por el gobierno de Estados Unidos al Grupo Especial de Operaciones Especiales de la Policía Federal (GEOF), que debía tener lugar durante todo febrero y marzo. El gobierno estima que el costo total del transporte y el curso ronda los dos millones de dólares. El curso estaba autorizado por el gobierno argentino, pero cuando el personal chequeó que el contenido de la carga coincidiera con la lista entregada de antemano, aparecieron cañones de ametralladora y carabina y una extraña valija que no habían sido incluidas en la declaración. Aunque el curso estaba destinado a fuerzas policiales argentinas, la carga llegó en un transporte militar y en Ezeiza la recibieron los agregados militar y de defensa, coroneles Edwin Passmore y Mark Alcott. Todas las cajas tenían el sello de la 7ª Brigada de Paracaidistas del Ejército con sede en North Carolina. Intentaron pasar en forma clandestina mil pies cúbicos, equivalentes a un tercio de la carga con que llegó el avión, luego de escalas en Panamá y Lima.

Doce expertos militares
La nota que la embajadora Vilma Martínez envió en noviembre al ministro de Justicia Julio Alak, quien por entonces también se encargaba de la seguridad, recordaba que la primera fase del entrenamiento al GEOF para el rescate de rehenes se había realizado en abril, “por lo cual se nos solicitó realizar otro más avanzado”. En otra nota, dirigida el 21 de diciembre a la ministra de Seguridad Nilda Garré, que había asumido el cargo cinco días antes, Vilma Martínez le informó que Alak había aprobado la realización del curso y que para dictarlo llegarían doce “expertos militares estadounidenses”. Cursos similares se realizaron en 1997 y 1999, bajo la presidencia de Carlos Menem, y 2002, durante los meses en que el ex senador Eduardo Duhalde cumplió un interinato a cargo del Poder Ejecutivo. No los hubo durante el gobierno de Néstor Kirchner y se reanudaron en 2009, bajo el actual gobierno. El nuevo curso, de cinco semanas, estaba programado para agosto de 2010, pero debió postergarse por un episodio similar. En aquel momento fue la embajadora Vilma Martínez la que se negó a recibir el cargamento porque la numeración de las armas no coincidía con la del listado previo, lo cual muestra los conflictos que esta práctica produce dentro del propio gobierno estadounidense. “Esto es una vergüenza”, dijo entonces Martínez, antes de devolver la carga a North Carolina. Por orden de la presidente CFK, funcionarios de la Cancillería y de los ministerios de Planificación Federal y de Seguridad, de la AFIP y de la Aduana supervisaron el procedimiento. Luego se sumaron técnicos de los ministerios de Salud y del Interior.

Los muchachos de la valija
En su libro ya clásico The Mission. Waging War and Keeping Peace with America’s Military, publicado en 2003, la periodista del diario The Washington Post Dana Priest describió la dramática primacía del Pentágono en la formulación y ejecución de la política exterior estadounidense. Con más de un millar de personas, el Comando Sur supera la cantidad de especialistas en América Latina de las Secretarías de Estado, de Defensa, de Agricultura, de Comercio y del Tesoro sumadas. Este desequilibrio no ha cesado de crecer y Estados Unidos intenta exportarlo a los países bajo su influencia, que son casi todos. Como ya había caído la noche del jueves, Cristina ordenó precintar la valija y reanudar la tarea al día siguiente, para lo cual dispuso que la Cancillería y el ministerio del Interior enviaran al lugar personal técnico capacitado para entender de qué se trataba. Durante seis horas del viernes, varios de los marines de los Estados Unidos se sentaron en forma rotativa sobre la valija, lo cual sugiere la importancia que le asignaban a su contenido. Según los estadounidenses se trata de software y material sensitivo para la seguridad. Un coronel dijo que no debía abrirse a cielo abierto porque podría revelar secretos a los satélites que sobrevolaran en ese momento. El avión también contenía una caja con merchandising para regalar a los policías argentinos, que incluía gorras, chalecos y otras baratijas. El canciller Héctor Timerman permaneció casi todo el día en el aeropuerto, junto con el secretario de transporte Juan Pablo Schiavi, en cumplimiento de instrucciones presidenciales, junto con personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Aduana y de la AFIP y con los principales directivos de las direcciones de Informática, de Tecnología y Seguridad y de Sistemas del ministerio del Interior. También intervinieron dos inspectoras del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Tomó intervención el juez en lo penal económico Ezequiel Berón de Estrada. La embajada retiró del aeropuerto a su personal jerárquico y se negó a consentir la apertura de la valija. Luego de un día completo de tira y afloje, Timerman informó que usaría sus facultades legales para abrirla. Lo acompañaba la oficial principal Patricia Adrianma Rodríguez Muiños, de la sección Importaciones de la Policía Federal, a la que estaba dirigida la carga. Al comprobar la decisión oficial de proseguir, y vencido el plazo final de una hora que fijó Timerman, la embajada pidió diez minutos de prórroga hasta el arribo a Ezeiza de la jefa de prensa, Shannon Bell Farrell. Tanto ella como el agregado Stephen Knute Kleppe dijeron que no tenían la clave del candado, por lo que Timerman dispuso que la Aduana lo cortara con un alicate. Cuando ello ocurrió, en la tarde del viernes, aparecieron equipos de transmisión, mochilas militares, medicamentos que según los funcionarios estaban vencidos, pen drives, sobre cuyo contenido deberán dictaminar los expertos, y drogas estupefacientes y narcóticas y estimulantes del sistema nervioso. Entre el material había tres aparatos encriptadores para comunicación. Dentro de la valija secreta también apareció un sobre supersecreto, de tela verde. Como el personal de la embajada dijo que no tenía la llave del sobre, también fue abierto por medios expeditivos. En su interior se hallaron dos pen drives rotulados “Secreto”, una llave I2 de software para información; un disco rígido también marcado como “Secreto”. Códigos de comunicaciones encriptadas y un gracioso folleto traducido a quince idiomas, con el texto: “Soy un soldado de los Estados Unidos. Por favor, informe a mi embajada que he sido arrestado por país”. Ninguno de esos materiales coincide con las especificaciones que la embajada envió a la Cancillería sobre la índole del curso que debía impartirse para el rescate de rehenes. Luego de presenciar esos hallazgos, los funcionarios de la embajada decidieron retirarse, pese al pedido oficial para que permanecieran allí, y no firmaron el acta. El jueves el coronel Alcott dijo que no sabía que algo similar hubiera sucedido en ningún lugar del mundo. Las armas y la valija no declarada fueron requisadas y mañana lunes 14 continuará la verificación de su contenido. Por ejemplo, los antibióticos, antihistamínicos, complejos vitamínicos, protectores solares y hormonas hallados, estarían vencidos según la información de sus envases. Pero el gobierno quiere verificar si se trata de los medicamentos que dicen los envases y si es cierto que están vencidos. El resto del material, que coincidía con la declaración previa fue transportado en un flete de la embajada hasta la sede de la Policía Montada en la calle Cavia. Al cierre de este artículo fuentes de la embajada dijeron que en Washington se estaba preparando un documento con la posición oficial y que consideraban que el entrenamiento sería suspendido. El Departamento de Estado citó al embajador argentino Alfredo Chiaradía y le expresó su “sorpresa” por el procedimiento ya que “Estados Unidos desea mantener relaciones amistosas con la Argentina”. Curiosa forma de lograrlo. Cualquier argentino, civil o militar, que intentara ingresar armas y drogas no declaradas a los Estados Unidos iría preso en forma inmediata.

Horacio Verbitsky

Tomado: Página12.com.ar
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El Tribunal Oral Federal 1 escuchó ayer el primer alegato acusatorio por Orletti.
Imagen: Pablo Dondero.

El centro clandestino de detención que operó en 1976 bajo el poder de la SIDE alojó a los secuestrados del Plan Cóndor. Aníbal Gordon, Otto Paladino, Raúl Guglielminetti y el recién fallecido Rubén Visuara fueron los emblemas de esa represión.

Comenzaron los alegatos por los crímenes de Automotores Orletti. Y con los alegatos la posibilidad de entender cómo los testimonios contados en cada una de las audiencias del juicio oral reconstruyeron, como un rompecabezas, la arquitectura del centro clandestino operado por la Secretaría Inteligencia del Estado (SIDE). Por ahí pasaron ciudadanos argentinos, como dos de los hermanos del dirigente del PRT Roberto Santucho, pero además uruguayos, cubanos, chilenos y bolivianos, como relató asombrada una de las querellantes. El centro que operó entre los engranajes del Plan Cóndor contó con la mano de obra de personajes siniestros como Otto Paladino, Aníbal Gordon, el recién fallecido Rubén Visuara y el aún sobreviviente y acusado Raúl Guglielminetti. La primera querella particular pidió para él y otros tres acusados condenas de 25 años de prisión. La semana próxima será el turno de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que, como viene sucediendo en otros juicios, pedirá reclusión perpetua en el marco de genocidio.

La audiencia comenzó con uno de los efectos del criticado retraso de justicia: el Tribunal Oral Federal 1 informó sobre la muerte de Visuara, jefe del departamento de Operaciones Tácticas de la SIDE de la que dependía el centro clandestino. En ese contexto decidieron apartarlo de la causa, una decisión que desplazó además a otro de los represores que insólitamente actuaba como su abogado: se trata de Bernardo Menéndez, con perpetua en la causa Jefes de Area, pero liberado porque la sentencia no está firme, y con el coraje de sentarse entre el público (ver aparte).

Gonzalo Romero abrió el alegato como representante particular de uno de los grupos de prisioneros uruguayos, integrantes de lo que se llamó el Segundo Vuelo. Los dieciséis uruguayos tenían vínculos con el Partido para la Victoria del Pueblo, creado en 1975 para pelear contra la dictadura uruguaya de 1973. Todo el grupo cayó mientras estaba refugiado en Buenos Aires entre el 9 de junio y el 15 de julio de 1976, permaneció en Orletti, y entre el 24 y 25 de julio fue trasladado en un vuelo clandestino de Pluna a Uruguay. Como en ese grupo no hubo muertos, Romero no pudo pedir la reclusión perpetua.

El centro de la SIDE
A partir del golpe de Estado y para seguir las líneas del plan de exterminio –indicó el abogado–, las fuerzas represivas tuvieron los llamados “lugares de reunión de detenidos”, el nombre de los centros clandestinos. “Se ha podido ver que la mayoría de ellos estaban en los ámbitos donde cada fuerza llevaba a cabo su tarea: cuarteles, comisarías, pero como la SIDE no formaba parte de las fuerzas de seguridad, no tenía en su patrimonio un lugar apto para detenidos, por lo cual tuvo que buscar un inmueble.”

Esa situación aparece en el origen de Orletti. El lugar que buscaban debía cumplir algunas características especiales: ser invisible a los ojos del resto de la sociedad, tener acceso de vehículos para el ingreso de encapuchados y de sujetados; salas de alojamiento para interrogatorios y torturas y lugar para los represores que iban a operar en el centro.

Lo encontraron. En el juicio terminaron de completarse los datos. Uno de ellos, la declaración del propietario del edificio: Santiago Cortell. “Recuerdo que dijo –recordó Romano– que era un lugar de tipo industrial, que había sido un taller mecánico, y que para alquilarlo puso un aviso en el diario Clarín. En el marco de ese ofrecimiento, lo contactaron unas personas que dijeron que lo querían para distribuir alimentos.” El contrato se hizo con todas las reglas: los inquilinos presentaron documentos y garantías. Sus nombres eran Felipe Salvador Silva (el alias de Aníbal Gordon); Julio Cartels y los fiadores usaron sus nombres verdaderos: Eduardo Ruffo, ex agente de la SIDE acusado y parte de Orletti y Juan Rodríguez, fallecido.

El edificio estaba en la calle Venancio Flores 3519-21, un barrio de casas bajas de Floresta, frente a las vías del ferrocarril Sarmiento, cuyos ruidos tantas veces fueron narrados en las audiencias. Y daba a una escuela pública. Funcionó entre marzo de 1976 y noviembre de ese año; se desactivó tras la fuga de dos detenidos. Pese a que los represores lo llamaban La Cueva de Flores, El Taller o El Jardín, su nombre, recordó Romano, fue producto de un equívoco: durante la huida uno de los secuestrados leyó mal el nombre de Cortell, escrito en un cartel luminoso de la marquesina, en el que también aparecía la palabra Automotores. Automotores más aquella mala lectura dio como resultado: Automotores Orletti.

Las dos plantas del edificio fueron muchas veces contadas en las audiencias, pero el alegato las sistematizó: la planta baja con el playón y suelos de cemento con olor a grasa, donde arrojaban a los detenidos y la planta alta, con las salas de tortura y la oficina de Aníbal Gordon. Una escalera. Un baño abajo, el espacio del estacionamiento de autos cuyos motores se encendían de pronto para tapar los gritos de la tortura o un playón que servía para depositar objetos robados a las víctimas. Una radio que sonaba a todo volumen. Un tanque de agua en el que asesinaron a Carlos Santucho. La cortina metálica abriéndose cuando un walkie talkie desde afuera decía: “Operación Césamo”.

Entre todo, los métodos especialísimos de la tortura en Orletti: una roldana colgada a una viga que todavía existe, desde donde colgaban a los prisioneros, luego de arrojar sal en el piso y de atarles el cuerpo con cables conectados a una pared. Eso era el “gancho”.

El OT18
El secretario de la SIDE para la época era Otto Paladino, y estaba dividida en tres direcciones: la 1, dedicada a registros internos; 2, Secretaría de Contrainteligencia dedicada a tareas de inteligencia y a cargo del coronel Juan Ramón Nieto Moreno, fallecido. Y 3, el lugar donde se procesaba esa información, a cargo de Carlos A. Mitchell, también fallecido.

De Mitchell dependía el departamento de Operaciones Tácticas que estaba a cargo de Visuara, él recibía la información y la mandaba a ejecutar al OT18, el modo en el que el organigrama mencionaba al centro de detención Automotores Orletti, el espacio a cargo de Eduardo Cabanillas, jefe de los grupos de tareas.

Orletti tenía hombres propios: el caso de Juan Rodríguez (fallecido) y Eduardo Alfredo Ruffo, juzgado en el juicio. Eran hombres orgánicos de la SIDE. Pero además había un grupo de “Inorgánicos”: parte del staff de delincuentes reclutados por Aníbal Gordon, explicó Romano, el caso de Honorio Carlos Martínez Ruiz (Pajarovich). También tenía participación de militares uruguayos, hombres de la SIDE uruguaya y del organismo de coordinación de actividades antisubversivas. Hombres de la Triple A como Guglielminetti. Y de la Policía Federal, prueba de ello es que participaban en los operativos y además algunos de los detenidos pasaban por dependencias de la Federal.

“Lo que demostró el juicio además fue otras particularidades que tenía el centro –dijo Romero–: como faltaba coordinación en una estructura que no era piramidal, el que llegaba hacía lo que quería, todos daban órdenes, torturaban, salían a secuestrar, alternaban los roles.”

Los uruguayos
La caída de los uruguayos había empezado antes, pero el grupo del segundo vuelo comenzó el 9 de junio de 1976 con la del dirigente sindical y jefe del Partido de la Victoria, Gerardo Gatti, y la de Pilar Nores. Las caídas se prolongaron hasta el 15 de julio: en total fueron 33, todos relacionados con el PVP. De esos 33, 12 cayeron el 13 de julio en siete lugares diferentes. Los procedimientos barrieron Capital Federal, provincia de Buenos Aires, casas y bares: “Y eso demuestra –dijo Romano– que no sólo estaba planificado sino que por lo menos operaban más de veinte personas porque en unas horas desplegaron semejante procedimiento”.

A criterio de la querella, esas decisiones partieron de los máximos niveles: de Otto Paladino y de su par uruguayo Amaury Prantl. “Y las órdenes fluían hasta llegar a quienes ejercían la acción contra los blancos operacionales: que no eran otros que los que estaban en el OT18.”

No todos corrieron la misma suerte, dijo. “Mientras algunos fueron liberados y pudieron abandonar el país, otros fueron trasladados ilegalmente a Uruguay y entregados a las fuerzas armadas de su país.” El resto son desaparecidos: entre ellos están Gerardo Gatti y otros dos dirigentes sindicales, León Duarte y Hugo Méndez.

Romano pidió cuatro condenas a prisión por 25 años, por privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos. A Honorio Carlos Martínez Ruiz lo imputó en quince casos como partícipe necesario porque no era un funcionario público. A Eduardo Alfredo Ruffo y Guglielminetti los imputó como coautores materiales en quince casos y en doce. Y a Cabanillas lo imputó como autor mediato por los mismos delitos en dos casos.

Alejandra Dandan

Tomado: Página 12.com.ar