Primeros pasos para investigar el robo de niños en el franquismo

"La justicia no quiere investigar (el robo de niños). En España, todo el mundo está obsesionado con que la transición política fue perfecta, pero todavía hay símbolos dictatoriales y fosas comunes" donde fueron enterradas víctimas del régimen, sostiene el escritor Benjamín Prado. EFE/Archivo

El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid está realizando un estudio estadístico sobre los fallecimientos de bebés que se produjeron en la Maternidad de O'Donnell entre 1961 y 1971 con el objetivo de "ponerlo a disposición" de las personas que creen que sus allegados pudieron ser robados y entregados en adopción a otras familias.

Así consta en una carta que la jefa de Área de Coordinación del Centro Archivo Regional, Nieves Sobrino, dirigió el pasado 13 de diciembre a la Plataforma 'Grupo de Afectados de Clínicas de Toda España de la Causa de Niños Robados' y que este colectivo ha entregado este martes al fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, con el que han mantenido un encuentro.

En la misiva, que los afectados quieren hacer llegar al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, la responsable del Archivo Regional destaca que el objetivo de este trabajo es hacer llegar los datos a los afectados y "enviarlo a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid para que, a la vista de la información que se haya obtenido, estudien y determinen si existe oportunidad y pertinencia para remitirlo a los órganos judiciales que sean competentes en esta cuestión".

300 denuncias
Sobrino también traslada a la portavoz de la plataforma, Mar Soriano, una fotocopia despersonalizada de la hoja completa en la que se recoge el caso de su hermana, que habría fallecido en enero de 1964 en la antigua Maternidad Provincial de Madrid a causa de una otitis.

El Fiscal jefe de la Audiencia Nacional propuso abrir una oficina administrativa de atención a las víctimas
En su escrito pone de manifiesto las "dificultades" que tiene la realización de este estudio, que se está realizando "de oficio", aunque asegura que "se ven contrarrestadas por la ilusión del personal que lo lleva a cabo". En este sentido, muestra su compromiso por "establecer mecanismos" para que todas las personas que se encuentren en esta situación -300, según las cifras manejadas por la asociación- "puedan acceder a cuanta información sea posible".

Durante la reunión, que los afectados han calificado de "muy cordial", Zaragoza ha recordado que ha pedido al Ministerio de Justicia la creación de una oficina encargada de coordinar las denuncias por el robo de niños durante el franqusimo hasta principios de los años ochenta, así como la adopción de normas reglamentarias precisas que faciliten la investigación de los hechos en la vía administrativa.

El máximo responsable del Ministerio Público en la Audiencia Nacional mantuvo un encuentro el pasado 22 de noviembre con los afectados, a los que manifestó que este asunto "revestía importantes dificultades técnico-jurídicas" para considerar a la Audiencia Nacional competente en este asunto.

Investigación en Cádiz
La fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, ha dado la orden a los agentes de la Policía Judicial para que investiguen las denuncias sobre casos de niños recién nacidos robados en el franquismo.

Tras recibir a las familias denunciantes, Ángeles Ayuso ha informado a Efe de que se ha dado la orden "después de estudiar durante un periodo largo de tiempo si el supuesto delito había prescrito".

Para ello se ha puesto en contacto con otros casos denunciados en Algeciras y Granada "aunque sigue estando muy dudosa la posibilidad de que hayan prescrito".

Los familiares sostienen que tras los partos, no dejaban a los padres ver a sus hijos
Fuentes de la Fiscalía explicaron que, desde el pasado verano y especialmente a raíz de que otros casos similares fueran hechos públicos, la fiscalía de Cádiz ha recibido al menos diez denuncias, en su mayoría referidas a bebés que nacieron en el franquismo "en una horquilla de tiempo bastante amplia" en la antigua residencia sanitaria Fernando Zamacola de Cádiz, que desapareció en 1975.

En la mayoría de las denuncias, según las mismas fuentes, los familiares sostienen que, tras los partos, no dejaron a los padres ver a sus hijos y aseguran que nacieron sanos y que luego les comunicaron que habían fallecido.

Otras diez denuncias en el mismo sentido han sido presentadas en la fiscalía de Algeciras, que el pasado junio abrió de oficio diligencias para investigar los hechos, que actualmente están siendo investigados por la policía judicial.

Tras la apertura de la investigación, los agentes de la Policía Judicial tomarán declaraciones a cada uno de los denunciantes; no obstante, Ángeles Ayuso ha querido matizar que todos los casos se tratarán a priori de "manera independiente porque cada caso es distinto".

Tomado: Público.es

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Argentina puede investigar los crímenes del franquismo

Aquí, allá y en todas partes

La Cámara Federal anuló la decisión de la jueza María Servini de Cubría, que había archivado la denuncia de familiares de víctimas del franquismo. Ordenó que se envíe un exhorto a España para que informe si allí hay alguna causa judicial abierta donde se estén investigando estos hechos.

Los crímenes del franquismo no quedarán impunes. Aun si todos los funcionarios, militares y dirigentes de la Falange estuvieran muertos, los familiares de las miles de víctimas podrán ejercer el derecho a conocer el destino final de sus seres queridos. Si no lo investiga la Justicia de España, lo hará la Justicia argentina. La decisión, un hito en la historia de la aplicación de la jurisdicción universal para juzgar delitos de lesa humanidad, la tomaron ayer los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun, al declarar la nulidad de la resolución de la jueza federal María Servini de Cubría que, a instancias del fiscal Federico Delgado, había rechazado un pedido de investigar presentado por descendientes de víctimas y por organismos de derechos humanos de la Argentina.

El intento de investigar los crímenes del dictador Francisco Franco entre 1936 y 1952 le costó al juez Baltasar Garzón una acusación por prevaricato, la suspensión temporaria en el cargo y un proceso que podría concluir con su inhabilitación. La actuación del magistrado que en los ’90 impulsó la investigación de los crímenes en Sudamérica, sin embargo, fortaleció el reclamo de los descendientes de las víctimas, que comenzaron a organizarse hace quince años, y derivó en movilizaciones masivas en toda España.

Ante la parálisis del proceso y la persecución al juez, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España, junto con familiares de víctimas de dirigentes asesinados y organismos de derechos humanos, presentaron en Argentina, el 14 de abril, una denuncia para terminar con más de setenta años de impunidad. La primera negativa corrió por cuenta de Delgado, quien no rechazó el principio de jurisdicción universal, pero consideró que la investigación de Garzón no estaba cerrada, sino “a la espera de que el Tribunal Supremo se expida sobre el punto”. El 7 de mayo, en base al dictamen fiscal, Servini de Cubría sostuvo que no podía investigar de oficio y rechazó el pedido.

Cattani e Irurzun, miembros de la Sala II de la Cámara Federal, consideraron que la resolución de Servini de Cubría “carece de fundamentación y sustento” y cuestionaron la decisión por no controlar la legalidad del dictamen fiscal que la jueza consideró vinculante. También la criticaron (e indirectamente al fiscal) por “no haber evaluado si la información en la que el fiscal basó su postura desestimatoria –obtenida en Internet– representa sustento suficiente” para rechazar la apertura de la investigación.

Además de declarar la nulidad de la resolución, los camaristas le ordenaron a Servini librar exhorto al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que informe “si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”.

El detalle de las fechas no es menor: Garzón extendió su investigación hasta 1952, cuando terminaron las mayores matanzas del régimen; los abogados encabezados por el argentino Carlos Slepoy pidieron que la investigación alcanzara hasta el fin del régimen en 1977. Extender la indagación un cuarto de siglo implica ampliar el universo de imputados. Mientras España se tome su tiempo para responder, los querellantes le pedirán a la jueza que solicite todas las medidas de pruebas requeridas, comenzando por la identificación de todos los ministros, altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y dirigentes de la Falange.

La segunda buena nueva de la Cámara fue su aceptación de un criterio amplio en materia de legitimación para querellar. Servini había aceptado en el rol a Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, ejecutado cuando era alcalde de Castro de Rei, pero había rechazado a Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, fusilado cuando también era alcalde en Salamanca. Los jueces destacaron que debe aplicarse el principio general por el cual toda persona ofendida por un delito de acción pública tiene derecho a constituirse como querellante, más allá del grado de parentesco, y recordaron que todos tienen idéntico derecho a la verdad, que es parte de un más amplio derecho a la Justicia.

“Esperemos que la jueza esté a la altura de la enorme trascendencia internacional que tiene esta causa”, se esperanzó Slepoy. El abogado recordó especialmente que, igual que las Madres de Plaza de Mayo, entre doscientas y trescientas personas caminan en ronda, todos los jueves, en la Puerta del Sol, en Madrid, con pancartas de sus seres queridos asesinados. “El proceso está naciendo con enorme fuerza. Lo que pueda hacer la Justicia argentina va a ser de enorme trascendencia.”

Diego Martínez

Tomado: Página 12

El quiosquero agredido por la policía londinense murió por una "hemorragia abdominal"

La segunda autopsia descarta que la causa del fallecimiento fuese un ataque al corazón, como sostenían las autoridades.

Una nueva autopsia sobre la muerte del británico Ian Tomlinson durante las protestas del G-20 ha obligado a cambiar la versión oficial sobre las causas de su fallecimiento y ha puesto en el punto de mira al agente de Policía que le agredió pocos minutos antes de su muerte. La segunda autopsia, desvelada ayer, elimina el fallo cardiaco como causa de la muerte de Tomlinson y apunta, en cambio, a una hemorragia interna.

El nuevo examen forense se hizo a petición de la familia del fallecido y de la comisión independiente, la IPCC, encargada de investigar si la agresión policial contribuyó a la muerte de la víctima del G-20 el 1 de abril (ver fotogalería). El policía, cuya identidad no ha sido revelada, fue suspendido de sus funciones al difundirse un vídeo donde se le ve empujando con fuerza a Tomlinson hasta tirarlo al suelo. El vendedor de periódicos, de 47 años, murió poco después a escasos metros de allí.El segundo patólogo, el doctor Nat Cary, sostiene que la causa de su muerte fue una hemorragia abdominal.

Cary observó síntomas de una lesión coronaria al practicar la autopsia, pero rechaza la opinión del forense original y mantiene que Tomlinson no sufrió un infarto. Ambos exámenes son todavía inconclusos, pendientes de los resultados de algunas pruebas. Aunque el doctor Cary no ha aclarado qué pudo precipitar la hemorragia, la investigación ha cambiado notablemente de curso.

Scotland Yard habla desde el principio de una tragedia, de un fallecido por causas naturales y ahora se ve ante la posibilidad de sentar a un agente de élite en el banquillo de los acusados.

Para la familia de Tomlinson, el vídeo es una rotunda prueba de agresión policial sin provocación.

Golpe a la reputación policial

Agentes de Policía, manifestantes y curiosos filmaron y fotografiaron las protestas del G-20. Las cámaras de Scotland Yard apuntaban a los violentos entre la masa, para identificarlos y detenerlos en fechas posteriores. Pero las imágenes del público han puesto en entredicho la reputación de la Policía como un cuerpo que recurre a la fuerza de forma proporcionada y comedida. La difusión en Youtube de un vídeo llevó a la suspensión de un segundo agente, que abofeteó y agredió a una mujer el 2 de abril.

Los dos pertenecen a la brigada de élite de la Met, una unidad de 720 oficiales entrenados para actuar en disturbios serios y redadas antiterroristas. Ambos son investigados ahora por la IPCC, que ya ha recibido 145 quejas del público.

LOURDES GÓMEZ -

Tomado de Público