Argentina puede investigar los crímenes del franquismo

Aquí, allá y en todas partes

La Cámara Federal anuló la decisión de la jueza María Servini de Cubría, que había archivado la denuncia de familiares de víctimas del franquismo. Ordenó que se envíe un exhorto a España para que informe si allí hay alguna causa judicial abierta donde se estén investigando estos hechos.

Los crímenes del franquismo no quedarán impunes. Aun si todos los funcionarios, militares y dirigentes de la Falange estuvieran muertos, los familiares de las miles de víctimas podrán ejercer el derecho a conocer el destino final de sus seres queridos. Si no lo investiga la Justicia de España, lo hará la Justicia argentina. La decisión, un hito en la historia de la aplicación de la jurisdicción universal para juzgar delitos de lesa humanidad, la tomaron ayer los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun, al declarar la nulidad de la resolución de la jueza federal María Servini de Cubría que, a instancias del fiscal Federico Delgado, había rechazado un pedido de investigar presentado por descendientes de víctimas y por organismos de derechos humanos de la Argentina.

El intento de investigar los crímenes del dictador Francisco Franco entre 1936 y 1952 le costó al juez Baltasar Garzón una acusación por prevaricato, la suspensión temporaria en el cargo y un proceso que podría concluir con su inhabilitación. La actuación del magistrado que en los ’90 impulsó la investigación de los crímenes en Sudamérica, sin embargo, fortaleció el reclamo de los descendientes de las víctimas, que comenzaron a organizarse hace quince años, y derivó en movilizaciones masivas en toda España.

Ante la parálisis del proceso y la persecución al juez, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España, junto con familiares de víctimas de dirigentes asesinados y organismos de derechos humanos, presentaron en Argentina, el 14 de abril, una denuncia para terminar con más de setenta años de impunidad. La primera negativa corrió por cuenta de Delgado, quien no rechazó el principio de jurisdicción universal, pero consideró que la investigación de Garzón no estaba cerrada, sino “a la espera de que el Tribunal Supremo se expida sobre el punto”. El 7 de mayo, en base al dictamen fiscal, Servini de Cubría sostuvo que no podía investigar de oficio y rechazó el pedido.

Cattani e Irurzun, miembros de la Sala II de la Cámara Federal, consideraron que la resolución de Servini de Cubría “carece de fundamentación y sustento” y cuestionaron la decisión por no controlar la legalidad del dictamen fiscal que la jueza consideró vinculante. También la criticaron (e indirectamente al fiscal) por “no haber evaluado si la información en la que el fiscal basó su postura desestimatoria –obtenida en Internet– representa sustento suficiente” para rechazar la apertura de la investigación.

Además de declarar la nulidad de la resolución, los camaristas le ordenaron a Servini librar exhorto al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que informe “si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”.

El detalle de las fechas no es menor: Garzón extendió su investigación hasta 1952, cuando terminaron las mayores matanzas del régimen; los abogados encabezados por el argentino Carlos Slepoy pidieron que la investigación alcanzara hasta el fin del régimen en 1977. Extender la indagación un cuarto de siglo implica ampliar el universo de imputados. Mientras España se tome su tiempo para responder, los querellantes le pedirán a la jueza que solicite todas las medidas de pruebas requeridas, comenzando por la identificación de todos los ministros, altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y dirigentes de la Falange.

La segunda buena nueva de la Cámara fue su aceptación de un criterio amplio en materia de legitimación para querellar. Servini había aceptado en el rol a Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, ejecutado cuando era alcalde de Castro de Rei, pero había rechazado a Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, fusilado cuando también era alcalde en Salamanca. Los jueces destacaron que debe aplicarse el principio general por el cual toda persona ofendida por un delito de acción pública tiene derecho a constituirse como querellante, más allá del grado de parentesco, y recordaron que todos tienen idéntico derecho a la verdad, que es parte de un más amplio derecho a la Justicia.

“Esperemos que la jueza esté a la altura de la enorme trascendencia internacional que tiene esta causa”, se esperanzó Slepoy. El abogado recordó especialmente que, igual que las Madres de Plaza de Mayo, entre doscientas y trescientas personas caminan en ronda, todos los jueves, en la Puerta del Sol, en Madrid, con pancartas de sus seres queridos asesinados. “El proceso está naciendo con enorme fuerza. Lo que pueda hacer la Justicia argentina va a ser de enorme trascendencia.”

Diego Martínez

Tomado: Página 12

Estrasburgo enmienda la plana al Supremo

Hasta cuatro sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos avalan las tesis del juez Baltasar Garzón en los crímenes del franquismo. Toda una clara línea jurisdiccional que arranca de Nuremberg y que obliga al Estado español a perseguir dichos crímenes. Amén de muchas otras –que no por su menor dimensión dejan de tener su importancia-, cuatro son las sentencias fundamentales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avalan al juez Baltasar Garzón en la causa de los crímenes del franquismo. Se trata de las dos decisiones adoptadas en el ’caso Papon’ contra Francia (1998) y el ‘caso Kolk Kislyiy’ contra Estonia (2006); además de las sentencias en el ‘caso Korbely’ contra Hungría (2008), y la más reciente de todas, el ‘caso Kononov’ contra Letonia (2009). Todas ellas fundamentan la propuesta de ley “de verdad, justicia y reparación” elaborada por Miguel Ángel Rodríguez-Arias, profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, y sirven de base al auto del juez de la Audiencia Nacional para la investigación de los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura, asunto que le ha costado la suspensión de funciones dictada por el Poder Judicial. Entre todas ellas, la que ha vuelto a copar la atención mediática ha sido el ‘caso Kononov’, una sentencia de del 26 de enero de 2009 que ha vuelto a ser ratificada por Estrasburgo tras la protesta ejercida por Rusia. Y retoma actualidad en el marco del proceso que se sigue contra Garzón; es más, viene a avalar las tesis defendidas por el mismo. Estrasburgo enmienda así la plana al Tribunal Supremo en cuanto a la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad y la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. La historia del derecho internacional en crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, contra la paz y genocidio viene de largo. Algunos antecedentes se encuentran ya en la época de los egipcios, pero no es hasta la Revolución Francesa cuando esas formas primigenias empiezan a evolucionar hasta culminar en la Convención de la Haya de 1898. En el caso Kononov, lo que hace Estrasburgo es “desautorizar expresamente al Supremo que viene a decir que Nuremberg no es aplicable para los crímenes del franquismo”, explica Rodríguez-Arias. En los procesos de Nuremberg se fija que desde enero de 1933 los crímenes contra la humanidad son perseguibles. Nuremberg significa el “basta ya”, el “nunca más” de la comunidad internacional, llegándose incluso a enjuiciar a jerarcas nazis por conspiración en hechos muy anteriores al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en concreto del año1923 cuando tras la refundación del Partido Nazi (1921) dirigido por Hitler encabezó el fallido intento de golpe de Estado contra la República de Weimar. Dichos principios se elevan a rango de principios generales del derecho por resolución de la ONU de 1948. Y es en 1950 cuando el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 7.2 establece que esos crímenes son enjuiciables y que Nuremberg es vinculante. Llegados a este punto es necesario precisar una cuestión. El artículo 7.1 de dicho Convenio dice que “no hay delito sin ley previa”, pero su punto 2 es el que marca la excepción: ”El presente artículo no impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas”. La interpretación es evidente aunque el Supremo la ignore: ambos preceptos del mismo artículo (7) deben ser interpretados de manera concordante; es decir, no hay delito si no hay ley previa, bien, pero si el delito es contra la humanidad queda anulado el 7.1. Esto es precisamente lo que el Tribunal Supremo no toma en consideración en el caso de Garzón además de decir que dichos crímenes (los del franquismo) ya están amnistiados. El Convenio Europeo de Derechos Humanos fue ratificado por España el 10 de octubre de 1979 sin que el poder legislativo formulara reserva alguna sobre el 7.2. Entonces, “¿cómo es posible que si el Parlamento no pusiera objeción alguna lo haga ahora el Supremo?”, se pregunta Rodríguez-Arias, para quien el Alto Tribunal “se ha excedido en sus competencias”. Por todo ello, hace ya mucho tiempo (exactamente desde cuando España ratificó el Convenio) que la jurisprudencia internacional obliga al Estado español a investigar y perseguir los crímenes del franquismo. Y no sólo no ha sido así, sino que además se da la “paradoja” de que Garzón está acusado de prevaricador por su intento de enjuiciar dichos crímenes. A esto hay que añadir lo que marca la propia Constitución Española de 1978 respecto a que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España” (artículo 10.2); y que “los Tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios Tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional” (artículo 96.1). Isabel G Caballero Tomado: Nueva Tribuna.es

Pe y Bardem, también con el juez

Del "no a la guerra", actores y escritores pasan al "no a la impunidad" Los actores Penélope Cruz y Javier Bardem rodarán un anuncio para pedir que se defienda el derecho a buscar los restos de las víctimas del franquismo. El spot forma parte de un paquete de anuncios en los que también participarán otros artistas, escritores y periodistas y que se emitirán a partir de este verano. Esta es una de las medidas que presentaron ayer varios escritores y actores como Luis García Montero, Benjamín Prado y Pilar Bardem en Granada como signo de la lucha que pretenden plantear al Gobierno y los partidos políticos para que la memoria de los asesinados por la dictadura militar no quede más en el olvido. "España es el país europeo con más desaparecidos", señalaron. Del "no a la guerra", actores y escritores pasan al "no a la impunidad" Este movimiento tiene un cariz de oposición como el del No a la Guerra que lideraron los actores en 2002 y 2003, en respuesta a la invasión estadounidense de Irak y a la participación española en la misma. La nueva protesta nace del acto que tuvo lugar el jueves en la fosa de Alfacar y el barranco de Víznar, en el que se recordaron los nombres de los 1.351 fusilados por los golpistas. "Nos hemos dado cuenta de la dimensión humana y política que ha tenido el homenaje, tanto por la emoción de recordar a esas personas, como porque entre los muertos hay socialistas, anarquistas y comunistas, por lo que vamos a movilizarnos", manifestó a este periódico García Montero. De ahí que uno de los próximos actos, en junio, sea un homenaje en la tapia del cementerio de la Almudena en Madrid donde fueron fusiladas más de 1.300 personas. De fondo se mantiene su defensa del juez Baltasar Garzón, que ayer fue suspendido de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para los intelectuales, el proceso contra Garzón ilustra la indefensión a la que se ven abocadas las víctimas del régimen franquista. Por ello han convocado concentraciones cada jueves en la Puerta del Sol de Madrid en apoyo del magistrado. Denuncian que "España es el país europeo con más desaparecidos" Según explicaron ayer, quieren plantear "una reflexión sobre la situación de la Justicia en España, ya que hay un encarnizamiento público contra el juez Garzón por parte de algunos miembros del CGPJ". Para avanzar en este análisis, para junio han convocado un congreso en el que se pondrán sobre la mesa temas como las consecuencias que ha tenido la Transición. También contra los recortes Los intelectuales también se manifestarán, junto a los sindicatos, contra los recortes económicos anunciados por el Gobierno. Quieren unir la memoria histórica con la economía, puesto que "la impunidad que se tiene hacia los criminales del franquismo es la misma que se está teniendo hacia los banqueros. Además, creemos que las medidas del Gobierno han sido muy duras", apostilló García Montero. Del No a la Guerra, los intelectuales han pasado al No a la Impunidad. Paula Corroto Tomado: Público

Garzón y la batalla de la memoria

No soy de un pueblo de bueyes que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Miguel Hernández El 26 de abril la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) de Chile envió una carta al embajador de España, Juan Manuel Cabrera Hernández, en la que expresa al Gobierno, la Audiencia Nacional y la ciudadanía española su irrestricto apoyo a la causa penal por los crímenes del franquismo abierta por el juez Baltasar Garzón. No se trata de una opinión cualquiera. Creada a finales de 1974 bajo la protección de la Iglesia católica y otras confesiones religiosas, la AFDD impulsó con valor las primeras movilizaciones públicas contra la dictadura del general Pinochet y fue la primera organización chilena que se hizo parte de la querella presentada contra los integrantes de la junta militar ante la Audiencia Nacional el 3 de julio de 1996 por la Fundación Presidente Allende de España. Aquella querella fue instruida durante dos años por el magistrado Manuel García Castellón, mientras que Garzón se ocupaba de otra similar contra los jerarcas de la dictadura militar argentina del periodo 1976-1983 interpuesta, entre otros, por la Secretaría de Derechos Humanos de Izquierda Unida. A mediados de octubre de 1998, tras conocer que Augusto Pinochet se hallaba en Londres, García Castellón y Garzón cursaron peticiones a través del Ministerio de Justicia y la Interpol para interrogar al ex dictador, quien se recuperaba en una clínica de una operación. En la noche de un inolvidable 16 de octubre de 1998, Pinochet fue detenido… y la historia de Chile experimentó un viraje notable, puesto que la impunidad de los represores de la dictadura empezó a resquebrajarse. A Garzón le cupo un papel destacado en el avance de este país hacia una democracia con memoria histórica desde que el 20 de octubre de aquel año García Castellón se inhibió en su favor y asumió también la investigación de los crímenes de la dictadura chilena. Mientras el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y el Fiscal General del Estado de entonces, Eduardo Fungairiño y Ernesto Cardenal, objetaban su actuación y aseguraban que la justicia española no tenía jurisdicción para investigar los crímenes denunciados, el 30 de octubre de 1998 los once magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declararon por unanimidad (en una resolución histórica) que España podía juzgar a Pinochet por genocidio y terrorismo. Casi doce años después, la dictadura militar ya no es defendida abiertamente por ningún sector relevante de Chile, cerca de 800 represores están procesados en los tribunales y la recuperación de la memoria es bien visible: una estatua del Presidente Salvador Allende saluda a quienes pasean por las proximidades de La Moneda, el recinto deportivo donde fue asesinado el creador de Te recuerdo Amanda se denomina Estadio Víctor Jara, numerosos centros clandestinos de detención y tortura son lugares de memoria, un informe avalado por el Estado reconoció en 2004 las torturas sufridas por más de treinta mil ex prisioneros políticos… En cambio, en nuestro país la ignominiosa impunidad de la dictadura franquista se consolida de la manera más perversa: el juez Garzón ha sido denunciado, tras su intento de investigar los crímenes fascistas, por quienes ayer fusilaban y sepultaban a los republicanos en las cunetas (y ahí yacen todavía hoy, siete décadas después, la inmensa mayoría), por quienes jaleaban al tirano en la Plaza de Oriente y el miércoles conocimos la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela de abrirle juicio oral. Y si en Francia el presidente Sarkozy ordenó en el otoño de 2007 dar lectura en todos los liceos a la carta enviada por el joven luchador de la Resistencia, Guy Môquet (¡comunista!), a sus padres en vísperas de su fusilamiento por los nazis el 22 de octubre de 1941, aquí el Partido Popular descalifica a quienes reivindican la memoria de quienes dieron su vida por la democracia, la libertad, la justicia social, el progreso y la cultura. La persecución contra Garzón desatada por los sectores conservadores deja al desnudo las carencias de una democracia construida sobre el olvido, la impunidad y el miedo en el transcurso de una Transición nada modélica. No obstante, la solidaridad con el intento de este magistrado de investigar los crímenes de la dictadura ha suscitado una intensa y ejemplar movilización ciudadana que se une a la creciente demanda social de una evolución democrática hacia la III República. A lo largo de este mes de abril, mientras arreciaba la ofensiva contra Garzón y se celebraban los masivos actos en apoyo de este magistrado, en todos los rincones de España se han desarrollado actos de reivindicación de la II República y de apuesta unitaria, pacífica, democrática por la construcción de un Estado federal y republicano; no sólo para que podamos elegir en las urnas al Jefe del Estado, sino también para construir una sociedad mucho más avanzada en términos de justicia social. Como en el caso de Chile, la determinación de Garzón puede contribuir a cambiar positivamente la Historia. Desde allí, las admirables luchadoras de la AFDD nos recuerdan lo evidente: “Sancionar a un juez que opta por una correcta interpretación de la calidad de los crímenes [crímenes contra la humanidad] de la era de Francisco Franco es permitir que la impunidad se cierna sobre los responsables políticos de más de cien mil desapariciones en su Patria, sentando un precedente ético y legal incalificable. Creemos firmemente que la labor de todo Estado democrático es perseguir y sancionar a quienes violaron los derechos humanos…”. La “batalla de la memoria”, la opción por una sociedad más democrática que destierre la impunidad y el olvido de los crímenes franquistas, continúa. Mario Amorós Tomado de Rebelión