“La transición legitimó las políticas de la dictadura”

Hugo Gutiérrez, abogado que logró procesar a Pinochet en 1998 y presidente de la Comisión de DD HH del Parlamento chileno, explica, cuando se cumplen cuatro años de la muerte del dictador, la fallida transición política y las luchas contra la impunidad.

El 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos, se cumplen cuatro años de la muerte del dictador chileno Augusto Pinochet, que en los últimos años de su vida fue sometido a varios procesos por los crímenes cometidos, aunque nunca llegó a ser condenado.

De visita en el Estado español, Hugo Gutiérrez Gálvez, parlamentario del Partido Comunista de Chile (PC) y uno de los abogados que lograron procesar por primera vez al dictador en 1998, sostiene que “es cierto que murió sin haber sido condenado, pero me complace haberle quitado la inmunidad de ex presidente de la República días antes de que muriera y que se lograra someterlo a proceso por los asesinatos de varios jóvenes socialistas y dejarlo bajo arresto domiciliario, que concluyó días antes de su muerte”.

Este abogado califica la lucha contra la impunidad en Chile como un movimiento ciudadano “que no ha sido estimulado por el Estado y que ha tenido coherencia, consecuencia y perseverancia en el tiempo”, logrando la condena de más de 200 criminales de la dictadura –entre ellos Manuel Contreras, uno de los mayores responsables de la represión tras el golpe, condenado a más de 200 años– y el enjuiciamiento de otros 500.

Sin embargo, cuatro años después y tras 20 años del inicio de la transición política, la sombra de la dictadura no ha desaparecido. “Me debato entre considerar que la transición chilena fracasó o que simplemente no hubo transición, aunque hoy me inclino a sostener que no la hubo. Creo que las políticas diseñadas por la dictadura militar fueron totalmente legitimadas por la transición democrática. La Constitución política diseñada por Pinochet se mantuvo tal cual hasta hoy, salvo la payasada que hizo [el ex presidente] Lagos de sacar la firma de Pinochet de la Constitución y poner la suya”, explica Gutiérrez, quien considera que en Chile “se mantiene vigente el 99,9% de las leyes dictadas por Pinochet”.

Ley de la dictadura Una de esas leyes es la antiterrorista, que es “un diseño de la dictadura de persecución del enemigo político” y que hoy se aplica principalmente al pueblo mapuche “por el simple hecho de que están luchando por la reivindicación territorial, que es una reivindicación estimada como justa por toda la comunidad internacional y por gran parte de la población chilena. Esta ley tiene como objetivo estigmatizar una lucha, poner al mapuche fuera del ordenamiento jurídico al efecto de aplicarle todo un rigor procesal y penal que no corresponde”.

De hecho, la ONU, la Organización Mundial contra la Tortura y otros organismos denuncian la aplicación de esta ley pinochetista a los mapuches por simples hechos de protesta social en defensa de derechos humanos, políticos y territoriales. En los últimos meses, 34 presos políticos mapuches han mantenido una huelga de hambre de más de 80 días para exigir un juicio justo y que no se les aplique la ley antiterrorista.

Tras un acuerdo con el Gobierno de Sebastián Piñera, que prometió retirar las acusaciones de terrorismo, 17 presos acaban de denunciar su incumplimiento y amenazan con reiniciar el ayuno de manera inminente. Políticas de seguridad “Yo diría que la cultura represiva existente en los tiempos de dictadura se ha mantenido de una u otra forma bajo el revestimiento de políticas de seguridad ciudadana que en el fondo no son más que políticas de represión social”, estima Hugo Gutiérrez, que es también uno de los tres diputados comunistas que, tras 37 años de ausencia del PC del Parlamento, han sido elegidos este año tras un acuerdo con la Concertación, coalición de ‘centroizquierda’ que gobernó Chile los últimos 20 años, un pacto criticado por una parte de las bases y de la izquierda y que Gutiérrez justifica como necesario “para poder salir elegido dentro de un sistema electoral binominal”.

“Una de las exigencias que impuso EE UU a los que hicieron el pacto para la transición, es decir, a la dictadura de Pinochet y a las fuerzas democráticas opositoras, es la exclusión del PC, pero las votaciones que hemos recibido y la obtención de más alcaldes, concejales… han hecho que seamos una realidadque no se podía seguir negando”.

Sobre las diferencias entre las políticas de Sebastián Piñera, derechista llegado a la presidencia hace menos de un año, y la Concertación, Gutiérrez considera que “son las mismas políticas. Son políticas neoliberales, y la Concertación, en definitiva, defiende una institucionalidad bastante violenta y represiva y un modelo económico neoliberal.

Lo que sí puede pasar es que Piñera avance aún más en la implementación del modelo neoliberal, privatizando actividades o servicios públicos que la Concertación no privatizó”. Privatización de recursos Se teme, por ejemplo, la privatización total del cobre, un sector estratégico que representa el 40% de las exportaciones chilenas, que aporta grandes ingresos y cuya producción y venta va a provocar, según Gutiérrez, que el Gobierno de Piñera tenga “un superávit presupuestario que va a dar al país posibilidades de desarrollo económico” y “va a tener al Gobierno muy holgado”; pero advierte sobre los problemas que genera un modelo basado en la extracción y exportación de recursos naturales, en el que, además, “son las transnacionales las que se están enriqueciendo con su explotación, sobre todo las empresas mineras, que están causando un gran daño al medio ambiente y quitan el agua a las comunidades indígenas”.

Este año, la economía de Chile, cuya transición “legitimó el modelo neoliberal diseñado y construido durante la dictadura”, crecerá más de un 5%, pero la pobreza también ha aumentado hasta el 15,1%.

En oposición a este modelo, Gutiérrez defiende la “búsqueda real y concreta de alternativas al modelo neoliberal” que está teniendo lugar en América, donde “países como Bolivia, Venezuela, Ecuador o Uruguay ya se dirigen a un fortalecimiento de derechos esenciales, como la vivienda, el agua, la educación, la salud, que deben ser amparados por el Estado. Y espero que algún día mi país también tome la decisión de no seguir entregando las riquezas naturales a las transnacionales, que se enriquecen en desmerecimiento de los derechos de las personas”.

PUEBLO MAPUCHE Y LEY ANTITERRORISTA


El Congreso chileno aprobó en septiembre una reforma de la Ley Antiterrorista que ha sido calificada de “juego de palabras” por los 34 presos políticos mapuches que realizaron una huelga de hambre de 82 días para que no se les aplicara esta ley por sus protestas sociales. El único avance es que ya no se podrá aplicar a menores, según explican los presos. Aunque el Gobierno prometió retirar las acusaciones de terrorismo contra estos presos, “sigue usando las herramientas de la ley, como los testigos protegidos”, explicó una portavoz de los presos.

JUICIOS A REPRESORES EN FRANCIA

Entre el 8 y el 17 de diciembre se desarrollará en París un juicio en ausencia contra 14 represores de la dictadura militar chilena (entre 1973 y 1990 fueron asesinadas 3.000 personas) por la detención y desaparición de cuatro ciudadanos franceses. En Chile, cientos de militares han sido procesados por los crímenes de la dictadura; sin embargo, sólo 64 de los 220 criminales condenados están en prisión. La Ley de Amnistía sigue vigente 32 años después de haber sido promulgada.

JUICIOS A REPRESORES EN FRANCIA

Entre el 8 y el 17 de diciembre se desarrollará en París un juicio en ausencia contra 14 represores de la dictadura militar chilena (entre 1973 y 1990 fueron asesinadas 3.000 personas) por la detención y desaparición de cuatro ciudadanos franceses. En Chile, cientos de militares han sido procesados por los crímenes de la dictadura; sin embargo, sólo 64 de los 220 criminales condenados están en prisión. La Ley de Amnistía sigue vigente 32 años después de haber sido promulgada.

Gladys Martínez López / Madrid

Artículo relacionado: Un pinochetista en la...

Tomado: diagonalperíodico.net

Abril republicano

Imagen: Guernika-Pablo Picasso

El pasado 30 de marzo se cumplieron setenta años del final de nuestra Guerra Civil, poniendo fin a la Segunda República y a la esperanza de que en España surgiera un régimen democrático sustentado en la libertad, la justicia social y el respeto a los derechos humanos.

Tras los cuarenta años de dictadura, y después de que el sanguinario dictador muriese en su cama, se abría una puerta de esperanza para recuperar el estado democrático previo al golpe de estado franquista. Pero no fue posible. No hubo ruptura. Los continuistas lo tenían todo “atado y muy bien atado”, y los partidos de izquierda (incluido nuestro PCE) renunciaron a todas sus reivindicaciones históricas con tal de mostrarse ante la sociedad con la cara “respetable” que demandaba el Régimen. El interés de unos y la cobardía de otros llevó a tirar por la calle de en medio y optar por una “reforma” que, por definición sólo podía desembocar en la “dictadura reformada” en la que habitamos hoy; más bien “Democracia dentro de un orden” como diría Manuel Fraga ex ministro con Franco y Presidente-fundador del Partido Popular, partido que por cierto jamás ha condenado en público el oscuro periodo dictatorial. Cosas del centrismo-reformismo.

Como resultado de aquella Transición “modélica” pasamos del estado nacionalcatólico franquista a la actual Monarquía, viaje en el cual se usaron las vías legales del Régimen franquista.

Como anécdota para destacar el origen antidemócratico y totalitario de nuestra forma política de Estado, recordaremos que la Casa Real de los Borbones ha sido la única monarquía restaurada en el siglo XX en base a unas formas de ejercicio del poder que no son acordes con el despliegue de una ciudadanía plena, ignorando la refundación del nuevo estado democrático que tanto necesitaba este país. Una Monarquía restaurada en base a la legalidad del golpe de estado del 18 de Julio de 1936. Sin ir más lejos, el actual Jefe de Estado juró los principios fundamentales del Movimiento Nacional ante Las Cortes franquistas y no fue capaz de jurar la actual Constitución de 1978. Como ya dijera Julio Anguita hace unos años, era demasiado jurar en poco tiempo. De hecho como agravante, en el momento de aprobarse la actual carta magna, los españoles no fueron consultados si querían o no querían Monarquía, a diferencia de como sí se hizo en muchos países de nuestro entorno, como por ejemplo Grecia donde sus ciudadanos echaron con cajas destempladas al padre de nuestra actual reina por colaborar con la Dictadura militar que asoló al país heleno durante 7 años. Juan Carlos I de Borbón fue designado Rey por Franco. De ahí, y no de la Constitución de 1978 emana la legitimidad del soberano, entre otras razones por la falta de condiciones democráticas que rodearon el plebiscito constitucional con las continuas amenazas de involución del ejército y una manipulación informativa constante en favor de los que querían la “reforma pactada”, además de una ciudadanía acostumbrada a obedecer tras casi 40 años de educación autoritaria y sumisa.

No debemos engañarnos. Vivimos en una “democracia” de muy baja intensidad que nada tiene que ver con la democracia que surgió de la Constitución republicana de 1931. Hemos pasado de una República donde eran “elegibles para la Presidencia de la República los ciudadanos españoles mayores de cuarenta años” a una Monarquía donde la jefatura del Estado es “hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón” y donde se prefiere “el varón a la mujer”; de una República que renunciaba “a la guerra como instrumento de política nacional” a un Estado ocupado por bases norteamericanas y que interviene en guerras ilegales sin el amparo de las Naciones Unidas; de una República que “no tiene religión oficial” a un país que consagra en su Constitución la “cooperación con la Iglesia Católica” con los abusos ilimitados por parte de la insaciable y ultramontana Conferencia Episcopal que todos conocemos y pagamos; y así podríamos seguir durante párrafos y párrafos.

Por estas razones más de treinta años después de la muerte del dictador, sigue vigente el programa de transformación social que dio lugar a la Segunda República; un programa de ruptura democrática, de base popular, radicalmente ciudadana y abierta a los pueblos de Europa y el mundo. Por ello, tenemos que conseguir que la jefatura de Estado recaiga en una persona elegida por el pueblo; hemos de conseguir que los derechos civiles y políticos se respeten con la mayor escrupulosidad, y que de una vez por todas, el cumplimiento de los derechos sociales y económicos sea una realidad por encima de la lógica capitalista de acumulación desorbitada de ganancias en pocas manos; hay que introducir mecanismos revocatorios y de control social para todos los cargos electos (en este apartado tenemos mucho que aprender de la República Bolivariana de Venezuela). El aparato del Estado debe ser puesto al servicio de la ciudadanía y del interés general acabando con el vergonzante saqueo que protagonizan las élites afines al bipartidismo neoliberal dominante. Constituye una necesidad inaplazable articular un sistema económico que, sobre la base de la planificación democrática, comience a tener en consideración las necesidades de la población, donde la redistribución de la riqueza pueda ser una realidad, con la vista puesta en mandar el capitalismo salvaje actual al baúl de la historia.

Queda mucho trabajo por hacer si realmente queremos tener en España una democracia que vaya más allá de lo formal y esté basada en la libertad, la justicia social y el respeto a los derechos humanos.

Nuestro compromiso político con la República mira al futuro de la mano del grandioso patrimonio que nuestros abuelos edificaron en 1931.

Este florecimiento de la conciencia republicana se concreta en las innumerables actividades desarrolladas por las asociaciones de recuperación de la memoria democrática; asociaciones que vienen luchando por rescatar del imperdonable olvido oficial a los miles y miles de represaliados por la Dictadura fascista, memoria sobre la cual se edificó la actual arquitectura constitucional, con el Borbón al frente.

Si una Guerra civil perdida, 40 años de fascismo y 30 años de pseudodemocracia no han sido capaces de sepultar el legado de lucha y resistencia republicana, estamos en condiciones de poder afirmar sin ambages ni componendas, que la utopía democrática, la Tercera República, además de posible, sigue siendo más necesaria que nunca.

César Vilar

César Vilar es militante del PCPV-PCE y Coordinador del Colectivo local de Esquerra Unida del País Valencià-Izquierda Unida de Sant Joan d´Alacant.

Tomado de Rebelión