La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) ha invitado a una delegación de las Juventudes Comunistas de Chile a las actividades de conmemoración por su 50° aniversario. Formo parte de esta delegación y espero aprovechar este viaje para también realizar intercambios y diálogos con los estudiantes de un país que destaca por sus altos estándares de calidad de una educación que es pública y gratuita.
Sin embargo, ya se empieza a percibir en el ambiente del debate público nacional ácidas críticas por haber aceptado esta invitación. Los mismos sectores que no han criticado al Papa por su viaje a la isla, juntarse con Fidel y declinar reunirse con la disidencia, rasgan vestiduras por la visita que jóvenes comunistas haremos a la isla.
Es por esto que quisiera compartir esta reflexión sobre lo paradójico que resulta el discurso de quienes critican con tanta rabia a Cuba o a quienes sienten cariño y respeto por ella, pero que por otro lado, justifican inaceptables prácticas y desigualdades que día a día transcurren en nuestro país, o incluso en el mundo entero debido a las guerras, el hambre, la explotación, la violación a los derechos humanos y un sin fin de concecuencias de la deshumanización que ha producido y sigue produciendo el sistema capitalista y determinados agentes del imperialismo estadounidense.
Lo primero que quiero señalar es que no es primera vez que visito Cuba. Viajé junto a unos amigos el verano del 2009, para conocer la isla en el contexto del 50° aniversario de la revolución popular que derrocó la cruel dictadura de Batista. Gracias al contacto con amigos chilenos (que estudian becados por el Gobierno cubano junto a jóvenes de todo el continente que probablemente no hubieran podido tener acceso a una buena educación en sus respectivos países debido a una formación pensada para la élite, cuyos altos costos privan a los sectores populares de lo que debiese ser su derecho) pudimos salirnos del circuito turístico y empaparnos de la cultura cubana cotidiana, sorprendiéndonos continuamente de las particularidades culturales, políticos y sociales que hacen tan difícil comparar a la ligera a ese país con el nuestro.
Conocí a un pueblo sumamente culto, dispuesto a conversar y discutir de manera permanente los problemas de su sociedad, con un acceso a la cultura, la educación, la salud y el deporte envidiable. La sociedad cubana no vive el drama que viven muchos países como el nuestro de la inseguridad ciudadana. La delincuencia es prácticamente inexistente y hay una ausencia de los hechos de violencia que de cuanto en cuanto estremecen a nuestra sociedad, debido a los nichos de marginalidad que nuestro sistema económico y social es incapaz de erradicar.
Se habla mucho de la represión que sufre el pueblo cubano, y yo quedé muy impresionada de lo contradictorio que es ese discurso si comparamos la práctica policial cubana con la chilena. No vi en ningún momento un Guanaco, un Zorrillo o gases lacrimógenos, vi a la policía circulando por las ciudades solo con su uniforme, sin cascos ni armas de ningún tipo. Ese nivel de cultura cívica, tanto del Estado como del conjunto de la sociedad, está a años luz de la represión que vivió el movimiento estudiantil el año pasado o la que dejó en la región de Aysén a compatriotas con graves lesiones de por vida. Ese tipo de prácticas simplemente serían inaceptables en la isla, ya que sin lugar a dudas, un pueblo que ha hecho gala frente al mundo de rebeldía e insubordinación a la injusticia difícilmente se dejaría acallar con instrumentos represivos.
¿Con esto digo que la sociedad cubana es perfecta o que Chile debería iniciar un proceso para parecerse a la realidad cubana? Por supuesto que no. Tampoco quiero ocultar con estas palabras el legítimo descontento que tienen ciertos sectores de la sociedad cubana con su sistema político-social. Tuvimos la oportunidad de escuchar críticas en nuestra estancia en la isla, pero bien distintas a las que se suelen verter acá sacadas de contexto. Conocimos muchos cubanos que aspiran a perfeccionar el socialismo para hacerlo atingente a las nuevas necesidades, que canalizan sus inquietudes a través de instrumentos democráticos para nosotros desconocidos, como la fuerte red de organizaciones sociales, reuniones de rendición de cuentas e instancias consultivas, donde en los últimos años se han dado una serie de discuciones que han llevado a una actualización del modelo encabezada por el gobierno. Algo que es obviado de manera deliberada por quienes hablan de disidencia, solo para resaltar a los sectores alineados con quienes atacan coninuamente el camino que llevan construyendo los cubanos desde hace décadas en contra de los ataques y restricciones de importantes potencias. Nosotros queremos conocer mas de cerca esta realidad, sabemos que es un debate cotidiano en la isla, que no necesita de los medios alternativos que hechan de menos quienes hablan de falta de espacios, porque se da a todo nivel sin tapujos.
Ni Cuba es una sociedad perfecta, ni Chile tiene porque seguir su camino. Los chilenos debemos desarrollar un camino propio para superar la desigualdad, la falta de derecho, la carencia de espacios democráticos y participativos e ir abriéndonos camino hacia la conquista de nuestra soberanía política, económica e intelectual. Todo esto en consideración de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia nacional. Ejemplo de esto, es que los amplios sectores de izquierda que valoran la experiencia cubana, siempre hemos apostado en Chile por un camino de amplias convergencias sociales y políticas dentro de un régimen multipartidista.
Espero con estas palabras que el debate que empieza a surgir sobre nuestro viaje a la isla no se contamine con malintencionadas desinformaciones que deforman la realidad de la sociedad cubana. Y, por el contrario, pueda ser esta una oportunidad de generar intercambios más profundos e ir generando aprendizajes para que nuestras sociedades avancen en consolidar derechos sociales, en un ambiente democrático participativo, de defensa de la soberanía nacional y con valores como la solidaridad, el respeto en la diferencia y el principio de autodeterminación de los pueblos.
La Vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Univesidad de Chile (FECh), Camila Vallejo, viajará el lunes a Cuba para participar en las celebraciones el 50° aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas de la isla, que se conmemora el 4 de abril.
Según informa el diario La Tercera, Vallejo es “una de las invitadas de honor” al encuentro, que se extenderá por cuatro días.
La líder estudiantil estará acompañada por la secretaria general de las Juventudes Comunistas de Chile., Karol Cariola, y por el dirigente Luis Lobos.
La pequeña delegación nacional tendrá una “intensa agenda de actividades en La Habana”, que estará enfocada, principalmente, en encuentros con estudiantes.
De ese modo, Vallejo encabezará seis exposiciones en distintas facultades de la Universidad de La Habana, en las que el tema central de las presentaciones será la situación política en Chile, las movilizaciones estudiantiles del año pasado y el fortalecimiento de los movimientos sociales en el país.
Además, Vallejo abordará el contenido de los libros “Podemos cambiar el mundo” -primera publicación de su autoría que fue lanzada al mercado en enero pasado- y “Ser joven comunista, cinco textos para la juventud chilena”, compilación que recoge el pensamiento de Salvador Allende, Gladys Marín y Pablo Neruda, entre otros, de acuerdo a La Tercera.
Vallejo también sostendrá reuniones con miembros de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes (Oclae), con la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de Cuba y con un grupo de estudiantes chilenos de medicina.
El viaje de Vallejo a la isla se enmarca en una serie de actividades a nivel nacional e internacional que se le ha encargado liderar desde que regresó a la escena pública, a principios de marzo. El fin de semana pasado, por ejemplo, Vallejo se trasladó a Buenos Aires donde recibió un reconocimiento por su rol en el conflicto estudiantil de parte de la Legislatura de la ciudad.
En Constitución reclaman reconstrucción. (Foto: latercera)
Centenares de chilenos protestaron este domingo en reclamo a la lentitud de la reconstrucción de las poblaciones afectadas por el terremoto y tsunami registrado el 27 de febrero del 2010, que causaron medio millar de muertos.
Centenares de chilenos protestaron este domingo en reclamo a la lentitud de la reconstrucción de las poblaciones afectadas por el terremoto y tsunami registrado el 27 de febrero del 2010, que causaron medio millar de muertos.
En la comuna Constitución de la provincia de Talca (oeste) y en Dichato, ciudad costera de chile, se registraron protestas y concentraciones por la lentitud en la reconstrucción de estas regiones.
Unas 300 personas marcharon vestidas de negro en Constitución, debido a la la "escasa reconstrucción" a dos años del terremoto y tsunami que arrasó con la ciudad.
Al término de la marcha realizaron un acto cultural que incluyó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto.
En paralelo, las autoridades locales participaban en la ceremonia de postura de la primera piedra del memorial de los fallecidos y desaparecidos a raíz del tsunami en la isla Orrego.
El senador Andrés Zaldívar, quien participó en la marcha, afirmó que "Constitución fue una de las comunas más afectadas por el terremoto y el tsunami y la gente se da cuenta de que lo que está diciendo el Gobierno no es cierto".
"Aquí había que recuperar más de dos mil viviendas. El Gobierno prometió recuperar esas viviendas y hasta el momento no ha pasado nada, por eso la gente se manifiesta por segundo año consecutivo porque está disconforme", denunció.
Por su parte, el presidente de vecinos del sector La Poza, Ricardo Hormazábal, dijo que "queremos que de una vez por todas se termine con las reuniones infructuosas que no nos llevan a ninguna parte. Nos estamos manifestando para decir basta de mentiras. Van dos años, seguimos viviendo en las mismas condiciones. En Constitución, pasamos de ser prioridad nacional al olvido nacional."
Por otro lado, en la localidad chilena de Dichato, en la región del Biobío, también se llevó a cabo una marcha en la que participaron unas 150 personas.
Esa localidad fue arrasada por el tsunami que golpeó el borde costero tras el terremoto de 8,8 en la escala de Richter que causó 156 muertos y 25 desaparecidos, del total de 523 fallecidos.
El dirigente del campamento El Molino -la mayor aldea de damnificados en Chile- Miguel Barra expuso que la manifestación se convirtió en una “fiesta de conciencia” para poner en evidencia que en Dichato “no hay una reconstrucción verdadera, sino una reconstrucción de cartón”.
“Se ha invertido 8 mil millones de pesos (unos 16 millones de dólares) pero lamentablemente esa inversión no ha sido para el pueblo”, denunció.
No obstante, este domingo el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Mackenna, entregó 91 nuevas viviendas a damnificados por el terremoto. Esta acción fue rechazada por los manifestantes, pues -según explicó Barra- estas viviendas fueron financiadas por los seguros privados de los vecinos y acusó al Gobierno de atribuirse su construcción.
Según cifras del Gobierno, las obras de reconstrucción muestran un avance de un 68 por ciento, aunque en materia de vivienda los trabajos alcanzan un nivel de cumplimiento del 47 por ciento.
Este lunes se celebrarán misas y ceremonias religiosas en varios puntos del país, especialmente en las zonas más castigadas por la catástrofe, para conmemorar los dos años del terremoto.
Cobra fuerza la protesta social en el sur de Chile
Tras una noche de intercambio de balas de goma, carros hidrantes y bombas molotov, los manifestantes doblegaron a los carabineros que, superados en número, se replegaron.
Unos cuatrocientos habitantes de la región de Aysén recuperaron ayer por la fuerza el control del puente Presidente Ibáñez, escenario de batallas campales entre manifestantes y carabineros. Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron la criminalización de la protesta social en la Patagonia y exigieron al gobierno chileno poner fin a la violencia policial en la zona, que ayer sumó un nuevo capítulo con la refriega por la toma del puente.
El Movimiento Social por Aysén protesta desde hace dos semanas por el alto costo de vida en la región, ubicada a 1700 kilómetros al sur de Santiago, Chile, producto del aislamiento de la zona con respecto al resto de Chile. Tras una noche de intercambio de balas de goma, carros hidrantes y bombas molotov, los manifestantes doblegaron a los carabineros que, superados en número, debieron replegarse a su cuartel. Desde las diez de la noche del jueves la policía disparó gases lacrimógenos a los manifestantes que impidieron el avance de los uniformados atrincherados en barricadas. Al mediodía de ayer el puente continuaba tomado por los ayseninos y el tránsito seguía cortado. Anoche mantenían una asamblea para debatir la liberación de un carril para facilitar el tránsito del puente que comunica las dos localidades más importantes de la zona, Puerto Aysén y la capital Coyhaique, con el resto de Chile.
En las últimas horas, el gobierno intentó embarrar la cancha al tachar la protesta de política. Hasta ahora, el presidente Sebastián Piñera sólo se refirió al conflicto a través de sus ministros de Interior y Salud. Desde Santiago, Rodrigo Hinzpeter se mostró preocupado por la escalada de violencia que tomó el conflicto. Pero no se refirió a la brutalidad policial, que dejó a una persona sin un ojo el sábado, por los disparos de los carabineros. “A los dirigentes de Aysén les ha pasado la mano”, parcializó. Jaime Mañalich fue el enviado de Piñera a comienzos de la semana para intentar una salida al conflicto en una mesa de negociación con los dirigentes del movimiento, pero regresó a La Moneda con las manos vacías. El jueves acusó al colectivo ambientalista Patagonia Sin Represas (PSR) de estar detrás de las protestas. “Uno de los dirigentes principales de este movimiento en Aysén es el señor Patricio Segura, empleado de PSR”, acusó Mañalich. Segura le dijo a este cronista ayer que el movimiento es un colectivo de ciudadanos que no está motivado por intereses políticos. Tras el fracaso de la mesa de negociación, el gobierno delegó en la intendenta de Aysén las negociaciones con el movimiento. “No vamos a negociar con Pilar Cuevas porque no es interlocutora válida para nosotros”, lanzó el líder de las protestas, Misael Ruiz, en diálogo con Página/12. “A este movimiento lo compone toda la región, está la Central Unica de Trabajadores, los pescadores artesanales, la junta de vecinos, estudiantes, profesores, campesinos, alcaldes, concejales, senadores y políticos –grafica Ruiz–. La única que no se adhirió fue la intendenta. Ella es la primera que debería haber enarbolado nuestra bandera y no fue así.” El Movimiento Social por Aysén exige la presencia de ministros para una eventual mesa de negociación. Solicitan que se presenten los titulares de Hacienda, Economía y Energía, ya que consideran tienen más peso para hacer frente al pliego de demandas de doce puntos que mantienen hace años. Entre ellos se encuentran la solución al alto costo de los combustibles, estabilidad para funcionarios públicos y procedimiento vinculante para decidir sobre la construcción de represas en la zona. Ruiz atribuye el fracaso de la última mesa de negociación al poco poder de los ministros que envió el gobierno. “La mesa con Mañalich no llegó a buen puerto porque ellos no vinieron apoderados con todos los temas, sólo con salud. No vinieron con resoluciones, sino a firmar un acuerdo por el tema de salud.” El acuerdo consistente en provisión de más médicos, ambulancias y salas de diálisis ya fue firmado.
Tras brindar ayer una conferencia de prensa, el Movimiento aguarda que el presidente se expida sobre el pliego de doce puntos y envíe ministros a la zona para negociar.
Mientras tanto, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación de Trabajadores Municipalizados de Chile denunciaron ayer la brutalidad policial de los carabineros en la represión de la protesta. “Hoy estamos frente a una situación grave porque se está respondiendo a las justas demandas de los patagones con represión, además de dar la espalda a las necesidades de miles de chilenos”, subrayó Lorena Pizarro, presidenta de AFDD. “Nos unimos todo el pueblo y lo logramos, toda la gente juega en contra de los carabineros, la represión es demasiado dura”, confirma Ruiz.
Cientos de familias chilenas todavía buscan los cuerpos de sus consanguíneos muertos durante la dictadura.
Imagen: AFP
El Profesor John Dinges asegura tener documentados 151 nuevos casos de violación a los derechos humanos. Caos en la morgue de entonces y errores sobre el real destino de los ejecutados políticos chilenos. Sobre esas pistas investigaron John Dinges y Pascale Bonnefoy, para ArchivosChile, y el resultado se plasmó en una serie de documentos.
El electricista Rubén Orta tenía 34 años cuando efectivos de la Central de Inteligencia Nacional (CNI) –uno de los organismos represivos de Pinochet– lo acribillaron a balazos junto al obrero Juan Olivares (37) en plena dictadura. Según la declaración oficial de la policía, ambos miembros del Movimiento Izquierda Revolucionario (MIR) fueron interceptados cuando presumiblemente intentaban atacar un cuartel arriba de una destartalada citroneta del ’59. Testigos y familiares, sin embargo, sostienen que ellos no se conocían y que fueron detenidos con mucha anterioridad a su fusilamiento. Sus restos con las huellas indelebles de la tortura así lo acreditaron. Refutan, además, la posibilidad de que los dos quisieran atacar un cuartel en un vehículo que apenas se movía. Rubén fue reconocido por su familia y entregado al día siguiente de su muerte. En cambio, el cuerpo de Juan se mantuvo durante 15 días en el Instituto Médico Legal por problemas administrativos a causa del desorden reinante. Finalmente, fue devuelto a sus seres queridos, quienes le dieron una sepultura digna. Cientos de familias aún no tienen ese privilegio.
Aportar a ese proceso es lo que pretenden John Dinges, profesor de la Universidad de Columbia, y Pascale Bonnefoy, investigadora de ArchivosChile, con su trabajo “Ejecuciones en Chile, septiembre-diciembre 1973: el circuito burocrático de la muerte”, documentación online (www.archivochile.com) que fue presentada anoche en Santiago como proyecto del Centro de Investigación e Información (Ciinfo) y del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.
Se trata de una serie de reportajes que rescatan información original de la época. Lo novedoso es que la documentación se obtuvo a través de la Ley de Transparencia –que regula el derecho de acceso a la información de los órganos del Estado–, del Servicio Médico Legal, el Registro Civil, el Cementerio General y el Segundo Juzgado Militar, por lo que se convierte en un potente archivo que entregará nuevas hebras de investigación.
En conversación con Página/12, John Dinges, que fue corresponsal de The Washington Post entre 1972 y 1978 en Chile, explica que se publicarán 10 capítulos. Entre ellos, un reportaje sobre el enlace existente entre el Registro Civil y la morgue. “Como había tanto caos en la morgue, el procedimiento normal fue sobrepasado. Logramos identificar gente que hasta hoy no había sido calificada por las comisiones oficiales, pero, según sus características de muerte, podría tratarse de ejecuciones políticas.
En ese sentido, asegura tener documentados 151 nuevos casos de violación a los Derechos Humanos que no figuraban en la comisiones de verdad y reparación. “De ellos, 84 son NN. Esos cadáveres pueden estar enterrados sin identificación y esto es una pista para reabrir investigaciones”, sostiene el investigador estadounidense. Esto debido a la errónea identificación de cuerpos, el paso por la morgue de personas que hoy permanecen como detenidos-desaparecidos y errores sobre el real destino de muchos ejecutados, supuestamente enterrados o incinerados en el Cementerio General.
Junto a ello, ArchivosChile habilitará un mapa interactivo que mostrará todas las ubicaciones de los cuerpos encontrados en Santiago desde el 11 de septiembre de 1973, día del golpe de Estado, hasta diciembre de ese año. “Al pinchar en el sitio web, se encuentran cuerpos día a día hasta que queda negra la pantalla. Es una herramienta de concientización que donaremos también al Museo de la Memoria”, explica.
Otro capítulo clave es el relato de la morgue por dentro y el desorden provocado por la avalancha de cuerpos ejecutados que llegaban. En base a entrevistas y la revisión del libro de ingreso de todos los muertos, la investigación reconstruye lo que pasó hora tras hora en la morgue de Santiago. “Llegaban los camiones con 10 a 15 cadáveres diarios y se les descargaba”, cuenta el investigador norteamericano. En este proceso, hubo irregularidades en la cadena de custodia de los cuerpos, la identificación de cadáveres y cuerpos que desaparecieron luego de estar en la morgue. La documentación permitió desentrañar la burocracia detrás de las ejecuciones masivas y se hizo un seguimiento a los cuerpos de los fallecidos desde que ingresaron a la morgue hasta su entierro.
La tercera parte apunta a la negligencia del Juzgado Militar. Según los registros, el 90 por ciento de los casos de ejecutados por bala fueron tomados por la Fiscalía Militar, en contraposición con lo legal que indica que los jueces del lugar donde se encuentra la víctima se debe encargar con la investigación y ordena la autopsia.
“El mismo 11 de septiembre, a las 20, llegaron los primeros ejecutados políticos. Hubo una llamada de la guarnición militar que ordena la autopsia. Desde ese momento, en casi todos los ejecutados, esta designada la fiscalía militar como encargada del caso. Ningún juez civil investigó”, relata Dinges a Página/12.
La investigación chequeó en las fiscalías y determinó que no hubo ninguna investigación criminal en los casos de violaciones a los Derechos Humanos. “Eso no sorprende porque los militares no se acusarían entre ellos. Pero hemos confirmado que montaron un sistema donde se tomaron la jurisdicción e ignoraron la responsabilidad jurídica chilena. Eso es gravísimo”, concluye Dinges.
Allende fue víctima de complot con participación de la derecha y apoyo y financiamiento de Washington.
"Todo indica que el presidente Allende fue asesinado", afirma cineasta chileno Miguel Littin
La justicia chilena acogió a trámite la querella presentada por la muerte del ex presidente Salvador Allende y confirmó el inicio de interrogatorios a testigos del hecho a partir de la próxima semana.
El juez a cargo de la causa, Mario Carroza, anunció el comienzo de recogida de testimonios entre lunes y martes y dijo estar a la espera de un informe del Servicio Médico Legal, alusivo al protocolo de autopsia practicada al ex mandatario el 11 de septiembre de 1973, reseña Prensa Latina.
La decisión del sistema judicial de investigar las circunstancias del deceso de Allende surgió tras la presentación por la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago Beatriz Pedrals de una lista de 726 querellas relacionadas con víctimas del régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y entre las que se encontraba el nombre del ex jefe de Estado.
"Todo indica que el presidente Allende fue asesinado, porque las tropas que entraron a La Moneda no entraron a saludarlo, entraron a matar a su enemigo, que en ese minuto era Allende", opina el reconocido cineasta chileno Miguel Littin.
En declaraciones a la radio local Littin destacó que el escenario del fallecimiento del ex mandatario fue cambiado en el transcurso de las horas y surgió la tesis de suicidio rápidamente aprobada, "porque le convenía a todos los sectores involucrados, porque la presencia de un héroe no era conveniente".
Para los partidos Comunista y del Socialismo Allendista hay que tomar en cuenta el contexto histórico, ideológico y político en el cual se perpetró el golpe militar por parte de Pinochet, con la participación de la derecha y el apoyo y financiamiento de Washington.
La acción militar por tierra y aire que se desató el 11 de septiembre de 1973 sobre el Palacio de la Moneda tenía como objetivo asesinar a Allende y a sus colaboradores, remarcó Esteban Silva, máximo líder de los socialistas allendistas.
Detalló que durante años la versión del suicidio se instaló como una verdad única, como si se tratara de un suicidio como cualquier otro, desprovisto del análisis de las circunstancias históricas y de la responsabilidad de la agresión militar contra el gobierno de la Unidad Popular.
Comentó cómo se consolidó de ese modo "en la justicia, en los medios de comunicación y en el sentido común popular una versión dominante que pavimentaba la interpretación que infería que por tratarse de un suicidio no cabía perseguir responsabilidades individuales ni colectivas de terceros."
"Aún si aceptáramos la versión del suicidio es indispensable establecer que quienes lo atacaron buscaban asesinarlo y que el presidente Allende luego de ser bombardeado y de responder al ataque militar decidió no entregarse vivo ante sus agresores que buscaban eliminarlo físicamente", añadió Silva.
Con ese punto de vista concordaron agrupaciones de derechos humanos. “Aquí se cometió un magnicidio contra Allende”, consideró Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep).
“En el momento del terrorismo de Estado, el momento del golpe de Estado, (Allende) no tenía ninguna salida y ninguna seguridad”, recalcó la principal dirigente de la Afep.
Lira opinó que los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) deben responder ante la justicia.
Unas 3.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante la dictadura militar de Pinochet en Chile y otras 50.000 sufrieron torturas, cárcel o persecución.
Casi 40 años después, aún se desconoce si se suicidó o fue asesinado
La Justicia chilena ha decidido investigar una antigua duda: ¿el ex presidente Salvador Allende se suicidó o fue asesinado en el interior del palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, cuando las Fuerzas Armadas dieron el golpe de Estado?
Su muerte será investigada por el juez especial Mario Carroza junto con otros 725 casos de violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, sobre los que hasta ahora no se habían iniciado actuaciones judiciales.
Aún es un misterio lo que ocurrió la mañana del 11 de septiembre. Cuando los militares llegaron hasta La Moneda, el ex presidente se puso un casco de minero que tenía en su despacho y tomó la metralleta AK-47 que meses antes le había regalado Fidel Castro en una visita que hizo a Chile.
Allende recibió varias llamadas telefónicas de generales que le pedían que saliera, que le enviarían un avión. Allende se negó. "A mí no me van a hacer salir en pijama ni ir a asilarme a una embajada", afirmó Allende, según han recordado sus colaboradores.
Quiso salir el último
En la soledad de su despacho, con los bombarderos sobrevolando La Moneda, el ex presidente improvisó un discurso dedicado "al pueblo de Chile". Luego hizo salir a todos sus asesores y dijo que él saldría el último.
El doctor Patricio Guijón, era parte del equipo médico del Gobierno y estaba ahí esa mañana. Era cercano a Allende, pero no se le reconocía militancia política. Guijón es conocido como el único testigo de la muerte del ex presidente chileno.
En 1984, Guijón relató a la desaparecida revista Cauce: "Iba saliendo y de pronto pensé que nunca había estado en una guerra y me devolví para ir a buscar una máscara y llevársela de recuerdo a mi hijo De pronto, justo frente a la puerta vi el momento en que Allende se pegó un tiro".
Mientras la familia y varios allegados del ex mandatario chileno siempre han mantenido la tesis de que Allende se suicidó, otros dudan de la verosimilitud del relato de Guijón y se cuestionan que Allende fuese sepultado de noche, sin que la viuda pudiera reconocer el cuerpo.
Dudas sobre la autopsia
Hace poco más de un año, el perito forense Luis Ravanal abrió una polémica en Chile al presentar un estudio forense (basado en la autopsia de Allende) que asegura que el ex presidente fue asesinado.
Ravanal, en conversación con Público, insistió: "Aquel 11 de septiembre, Allende recibió un proyectil en la cara. Procedía de un arma de bajo calibre que le entró cerca del ojo derecho y salió por la parte posterior de su cabeza".
Según el médico, "a los pocos minutos de haber muerto, recibió un disparo de metralleta AK-47, justo por debajo el mentón".
Los autores de la autopsia realizada a Allende son los médicos José Luis Vásquez y Tomás Tobar. El ginecólogo Vásquez realizó también el informe forense del diplomático español Carmelo Soria, donde aseguró que había muerto en un accidente de automóvil. Más tarde, la Justicia descubrió que fue secuestrado por la policía secreta, torturado y murió, con múltiples fracturas cervicales y de columna, en 1976.
Representantes de los pueblos originarios de Chile denunciaron la invocación de la Ley Antiterrorista contra los comuneros mapuche encarcelados en el sur del país.
Pamela Pesoa y Natividad Llanquileo, voceras de la referida etnia, señalaron que el Ministerio Público aplica la cuestionada normativa, a pesar del acuerdo suscrito con el Gobierno meses atrás, en el que se anunciaba un total retiro de las querellas por esa legislación.
"Se está procesando a 18 comuneros bajo la Ley Antiterrorista y se han utilizado 35 testigos protegidos por la Fiscalía, expresión de las irregularidades del encauzamiento judicial", subrayaron las portavoces indígenas.
Los comuneros sometidos a juicio forman parte de la treintena de prisioneros mapuche que protagonizaron una huelga de hambre de más de 70 días en rechazo a la citada norma, instrumento jurídico aprobado durante los años de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
Llanquileo manifestó, además, que la exigencia de un trato igualitario ante la justicia chilena es solo la arista más urgente a solucionar dentro de un pliego de demandas de los pueblos indígenas, entre las que se ubica la recuperación de tierras ancestrales. (PL)
El Gobierno chileno, a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, volverá a pedir el procesamiento de cuatro oficiales retirados que declararon como inculpados por el asesinato del cantautor Víctor Jara, cometido en 1973
El Gobierno chileno, a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, volverá a pedir el procesamiento de cuatro oficiales retirados que declararon como inculpados por el asesinato del cantautor Víctor Jara, cometido en 1973, dijeron hoy a Efe fuentes del organismo.
El Programa ya solicitó esta medida el pasado mes de diciembre, pero la Justicia se negó a acoger esa primera petición.
La directora del Programa, Rossy Lama, explicó que la institución presentará una nueva solicitud una vez que finalicen las diligencias que se están realizando sobre Edwin Dimter, Hugo Sánchez, Raúl Jofré y Rolando Melo, este último un ex fiscal militar.
Lama reveló que en las últimas semanas los cuatro declararon como inculpados en esta causa, hecho que hasta ahora no se conocía.
El autor de Te recuerdo Amanda fue detenido el 11 de septiembre de 1973, día del golpe de Estado de Augusto Pinochet, y encerrado en el Estadio Chile, utilizado como centro de reclusión, donde sufrió violentas torturas y fue acribillado con 44 balazos. La jefa del Programa hizo estas aclaraciones después de que el periódico digital El Mostrador asegurara hoy que ese organismo decidió no apelar para lograr la detención, con miras a un eventual procesamiento, de los cuatro militares retirados.
El pasado 22 de diciembre, el abogado Cristián Cruz, que entonces aún trabajaba en el Programa y que fue despedido a fines de ese mes, solicitó al juez Juan Fuentes Belmar, encargado del caso, el arresto de los cuatro oficiales retirados del Ejército chileno. A su juicio, había antecedentes para que se les arrestara, se les tomara declaración y se les procesara, pero el juez negó la petición y el letrado, en nombre del Programa de Derechos Humanos, apeló esa determinación.
Sólo hay un procesado
Sin embargo, el lunes el Programa retiró la apelación, que se iba a ver por la tarde en la Corte de Apelaciones de Santiago. Rossy Lama explicó que procesalmente la solicitud del abogado Cristián Cruz estaba mal presentada, porque, según dijo, no corresponde pedir el arresto de personas que ya han declarado y que el juez no ha resuelto procesar. Y aseguró que el Programa volverá a pedir el procesamiento de los militares cuando finalicen las pericias pendientes.
Hasta el momento sólo está procesado por este caso José Paredes, un ex recluta que fue detenido en junio de 2009 tras confesar que había disparado a Jara por orden de un oficial, aunque posteriormente se retractó. Paredes fue puesto en libertad provisional semanas después.
En diciembre de 2009, la Policía de Investigaciones (PDI) entregó un informe en el que se precisa que las balas que causaron la muerte a Víctor Jara son de un calibre distinto al que utilizaba el fusil que tenía asignado el ex recluta.
La decisión se enmarca en el Programa de Derechos Humanos que lleva el Ministerio de Interior
El Gobierno chileno ordenó este miércoles la detención de cuatro militares acusados de asesinar al cantante chileno, Víctor Jara, en los primeros días de la dictadura de Augusto Pinochet, hace 37 años. La decisión se enmarca en el Programa de Derechos Humanos que lleva el Ministerio de Interior.
El proceso legal, interpuesto por la cartera de Interior, culpa a los oficiales Hugo Sánchez, Edwin Dimter, Raúl Jofré y Rolando Melo de asesinar a Jara, acribillado en el Estadio Nacional de Chile.
El juez Juan Fuentes Belmar es quien lleva la investigación sobre la muerte del artista. No obstante, las indagaciones todavía no han alcanzado ningún procesamiento por el crimen, a pesar de las pruebas balísticas y los testimonios de civiles y ex militares.
La solicitud de aprehensión, interpuesta por el abogado Cristián Cruz después de 37 años, es apoyada por una veintena de testimonios de prisioneros y conscriptos presentes en dicho estadio, donde fue ultimado Jara en 1973.
El ex detenido Osiel Núñez, quien era dirigente estudiantil para entonces, recordó que Jara fue golpeado duramente por los elementos de seguridad y que finalmente fue separado del grupo de presos, reseñó DPA.
“En ese momento nos miramos y ambos supimos que lo iban a matar”, manifestó Núñez, quien aseguró que hubo “ensañamiento de los militares con Víctor Jara”, testimonio complementado ante la justicia por el conscripto Víctor Pontigo, ayudante de los oficiales acusados.
“Llevé a Víctor Jara a declarar con los tenientes y después de unas tres horas escuché disparos, le pregunté al conscripto José Cáceres de dónde venían los disparos y me señaló que habían matado a Víctor Jara”, confesó Pontigo ante los tribunales.
El pasado mes de agosto, la justicia chilena impidió la realización de nuevas diligencias y pesquisas para dar con los asesinos del cantante, ícono de la música de protesta latinoamericana.
El cantante chileno, Víctor Jara fue un intelectual comunista que apoyó el gobierno socialista de Salvador Allende (1970-1973), derrocado por el golpe militar liderado Pinochet.
Jara murió la madrugada del 16 de septiembre de 1973 de 44 impactos de bala en un estadio en el centro de Santiago, que hoy lleva su nombre y donde permaneció detenido junto a otros cinco mil prisioneros políticos.
Según la investigación judicial, en este lugar Jara fue “brutalmente golpeado y torturado” y sus manos “sufrieron golpes de culatas de fusiles, lo que las dejó reducidas a una sola llaga”.
El cantante se hizo conocido en todo el continente por canciones de contenido social como: Te recuerdo Amanda, El derecho de vivir en paz, El Cigarrito, entre otras que han sido inmortalizadas en diferentes versiones por Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa y Joan Manuel Serrat.
Jara es una de las más de tres mil víctimas, entre muertos y desaparecidos, que dejó la dictadura de Pinochet (1973-1990).
Hugo Gutiérrez, abogado que logró procesar a Pinochet en 1998 y presidente de la Comisión de DD HH del Parlamento chileno, explica, cuando se cumplen cuatro años de la muerte del dictador, la fallida transición política y las luchas contra la impunidad.
El 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos, se cumplen cuatro años de la muerte del dictador chileno Augusto Pinochet, que en los últimos años de su vida fue sometido a varios procesos por los crímenes cometidos, aunque nunca llegó a ser condenado.
De visita en el Estado español, Hugo Gutiérrez Gálvez, parlamentario del Partido Comunista de Chile (PC) y uno de los abogados que lograron procesar por primera vez al dictador en 1998, sostiene que “es cierto que murió sin haber sido condenado, pero me complace haberle quitado la inmunidad de ex presidente de la República días antes de que muriera y que se lograra someterlo a proceso por los asesinatos de varios jóvenes socialistas y dejarlo bajo arresto domiciliario, que concluyó días antes de su muerte”.
Este abogado califica la lucha contra la impunidad en Chile como un movimiento ciudadano “que no ha sido estimulado por el Estado y que ha tenido coherencia, consecuencia y perseverancia en el tiempo”, logrando la condena de más de 200 criminales de la dictadura –entre ellos Manuel Contreras, uno de los mayores responsables de la represión tras el golpe, condenado a más de 200 años– y el enjuiciamiento de otros 500.
Sin embargo, cuatro años después y tras 20 años del inicio de la transición política, la sombra de la dictadura no ha desaparecido. “Me debato entre considerar que la transición chilena fracasó o que simplemente no hubo transición, aunque hoy me inclino a sostener que no la hubo. Creo que las políticas diseñadas por la dictadura militar fueron totalmente legitimadas por la transición democrática. La Constitución política diseñada por Pinochet se mantuvo tal cual hasta hoy, salvo la payasada que hizo [el ex presidente] Lagos de sacar la firma de Pinochet de la Constitución y poner la suya”, explica Gutiérrez, quien considera que en Chile “se mantiene vigente el 99,9% de las leyes dictadas por Pinochet”.
Ley de la dictadura Una de esas leyes es la antiterrorista, que es “un diseño de la dictadura de persecución del enemigo político” y que hoy se aplica principalmente al pueblo mapuche “por el simple hecho de que están luchando por la reivindicación territorial, que es una reivindicación estimada como justa por toda la comunidad internacional y por gran parte de la población chilena. Esta ley tiene como objetivo estigmatizar una lucha, poner al mapuche fuera del ordenamiento jurídico al efecto de aplicarle todo un rigor procesal y penal que no corresponde”.
De hecho, la ONU, la Organización Mundial contra la Tortura y otros organismos denuncian la aplicación de esta ley pinochetista a los mapuches por simples hechos de protesta social en defensa de derechos humanos, políticos y territoriales. En los últimos meses, 34 presos políticos mapuches han mantenido una huelga de hambre de más de 80 días para exigir un juicio justo y que no se les aplique la ley antiterrorista.
Tras un acuerdo con el Gobierno de Sebastián Piñera, que prometió retirar las acusaciones de terrorismo, 17 presos acaban de denunciar su incumplimiento y amenazan con reiniciar el ayuno de manera inminente. Políticas de seguridad “Yo diría que la cultura represiva existente en los tiempos de dictadura se ha mantenido de una u otra forma bajo el revestimiento de políticas de seguridad ciudadana que en el fondo no son más que políticas de represión social”, estima Hugo Gutiérrez, que es también uno de los tres diputados comunistas que, tras 37 años de ausencia del PC del Parlamento, han sido elegidos este año tras un acuerdo con la Concertación, coalición de ‘centroizquierda’ que gobernó Chile los últimos 20 años, un pacto criticado por una parte de las bases y de la izquierda y que Gutiérrez justifica como necesario “para poder salir elegido dentro de un sistema electoral binominal”.
“Una de las exigencias que impuso EE UU a los que hicieron el pacto para la transición, es decir, a la dictadura de Pinochet y a las fuerzas democráticas opositoras, es la exclusión del PC, pero las votaciones que hemos recibido y la obtención de más alcaldes, concejales… han hecho que seamos una realidadque no se podía seguir negando”.
Sobre las diferencias entre las políticas de Sebastián Piñera, derechista llegado a la presidencia hace menos de un año, y la Concertación, Gutiérrez considera que “son las mismas políticas. Son políticas neoliberales, y la Concertación, en definitiva, defiende una institucionalidad bastante violenta y represiva y un modelo económico neoliberal.
Lo que sí puede pasar es que Piñera avance aún más en la implementación del modelo neoliberal, privatizando actividades o servicios públicos que la Concertación no privatizó”. Privatización de recursos Se teme, por ejemplo, la privatización total del cobre, un sector estratégico que representa el 40% de las exportaciones chilenas, que aporta grandes ingresos y cuya producción y venta va a provocar, según Gutiérrez, que el Gobierno de Piñera tenga “un superávit presupuestario que va a dar al país posibilidades de desarrollo económico” y “va a tener al Gobierno muy holgado”; pero advierte sobre los problemas que genera un modelo basado en la extracción y exportación de recursos naturales, en el que, además, “son las transnacionales las que se están enriqueciendo con su explotación, sobre todo las empresas mineras, que están causando un gran daño al medio ambiente y quitan el agua a las comunidades indígenas”.
Este año, la economía de Chile, cuya transición “legitimó el modelo neoliberal diseñado y construido durante la dictadura”, crecerá más de un 5%, pero la pobreza también ha aumentado hasta el 15,1%.
En oposición a este modelo, Gutiérrez defiende la “búsqueda real y concreta de alternativas al modelo neoliberal” que está teniendo lugar en América, donde “países como Bolivia, Venezuela, Ecuador o Uruguay ya se dirigen a un fortalecimiento de derechos esenciales, como la vivienda, el agua, la educación, la salud, que deben ser amparados por el Estado. Y espero que algún día mi país también tome la decisión de no seguir entregando las riquezas naturales a las transnacionales, que se enriquecen en desmerecimiento de los derechos de las personas”.
PUEBLO MAPUCHE Y LEY ANTITERRORISTA
El Congreso chileno aprobó en septiembre una reforma de la Ley Antiterrorista que ha sido calificada de “juego de palabras” por los 34 presos políticos mapuches que realizaron una huelga de hambre de 82 días para que no se les aplicara esta ley por sus protestas sociales. El único avance es que ya no se podrá aplicar a menores, según explican los presos. Aunque el Gobierno prometió retirar las acusaciones de terrorismo contra estos presos, “sigue usando las herramientas de la ley, como los testigos protegidos”, explicó una portavoz de los presos.
JUICIOS A REPRESORES EN FRANCIA
Entre el 8 y el 17 de diciembre se desarrollará en París un juicio en ausencia contra 14 represores de la dictadura militar chilena (entre 1973 y 1990 fueron asesinadas 3.000 personas) por la detención y desaparición de cuatro ciudadanos franceses. En Chile, cientos de militares han sido procesados por los crímenes de la dictadura; sin embargo, sólo 64 de los 220 criminales condenados están en prisión. La Ley de Amnistía sigue vigente 32 años después de haber sido promulgada.
JUICIOS A REPRESORES EN FRANCIA
Entre el 8 y el 17 de diciembre se desarrollará en París un juicio en ausencia contra 14 represores de la dictadura militar chilena (entre 1973 y 1990 fueron asesinadas 3.000 personas) por la detención y desaparición de cuatro ciudadanos franceses. En Chile, cientos de militares han sido procesados por los crímenes de la dictadura; sin embargo, sólo 64 de los 220 criminales condenados están en prisión. La Ley de Amnistía sigue vigente 32 años después de haber sido promulgada.
Natalia Chanfreau, hija del desaparecido Alphonse Chanfreau, y Yanine Claudet, hermana de Jean Yves Claudet, hablaron con la prensa.
Los abogados y familiares de las víctimas de la dictadura chilena presentaron el contexto del proceso contra trece militares chilenos y un argentino –José Osvaldo Riveiro–, acusados por la desaparición de cuatro franceses.
Natalia Chanfreau esperó cerca de 40 años para que la Justicia osara enjuiciar a quienes secuestraron y asesinaron a su padre bajo la dictadura chilena. “Hemos esperado casi toda nuestra vida para obtener justicia”, dijo ayer en París la hija de Alphonse Chanfreau, el líder estudiantil del MIR chileno (Movimiento de Izquierda Revolucionario), secuestrado en Santiago el 30 de julio de 1974. Los abogados y familiares de las víctimas de desapariciones forzadas presentaron ayer en París el contexto del juicio en ausencia contra 13 militares chilenos y un argentino, responsables de la desaparición de cuatro ciudadanos franceses en pleno pinochetismo.
Georges Klein, consejero de Salvador Allende; el sacerdote Etienne Pesle, Alphonse Chanfreau y Jean Yves Claudet Fernández, otro militante del MIR, fueron secuestrados entre 1973 y 1975 en Santiago de Chile, Temico y Buenos Aires. Ayer les llegó la hora a los responsables de estos crímenes de ver la acción de la Justicia producir una forma de verdad. Los juicios que se inician este 8 de diciembre son a la vez simbólicos y reales. Simbólicos porque los acusados no están presentes, reales porque, como lo resaltó el abogado William Bourdon, defensor de las familias de Yves Klein, Alphonse Chanfreau y Etienne Pesle, hay en este proceso “un valor histórico porque será el único que permitirá hacer una fotografía judicial, precisa, global y casi exhaustiva del aparato represor de Pinochet”.
Juicio doble también: el de los culpables y el de una Justicia chilena que, y así lo señaló la abogada de Jean Yves Claudet Fernández, Sophie Thonon, “es olvidadiza y con lagunas”. Los juicios que se inician mañana por secuestro y tortura seguida de desaparición se prolongarán hasta el 17 de diciembre en el Tribunal en lo Criminal de París. A menos que los acusados salgan de Chile –sobre todos pesa una orden de captura internacional– ninguna de las penas pronunciadas se hará efectiva. Ello no desalienta a los familiares, muy por el contrario. Jeanine Claudet, hermana del militante del MIR secuestrado en Buenos Aires por la DINA el 1º de noviembre de 1975, Jean Yves Claudet, dijo ayer que los familiares no esperaban “un milagro”, pero agregó que “será un primer paso de justicia, ya que hay muchas familias en Chile y en América latina que ni siquiera tendrán esta primera justicia”.
Sin la perseverancia de los familiares y de los abogados William Bourdon y Sophie Thonon, los responsables de los secuestros habrían evitado que se hurgara en ese pasado. El juez Le Loire inició la instrucción de los casos aceptados por la Justicia en octubre de 1988 y la jueza Sophie Clément terminó por ordenar la acusación ante la Corte en febrero de 2007.
Los acusados son Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la DINA y ex general del ejército; Hernán Julio Brady Roche, ex comandante en jefe de la región de Santiago; Petro Octavio Espinoza Bravo, ex coronel del ejército, director de operaciones y jefe de la brigada de Intervención Metropolitana –BIM– de la DINA; el argentino José Osvaldo Riveiro, ex teniente afectado a la DINA; Miguel Krasnoff Martchenko, ex capitán del ejército afectado a la DINA; Rafael Francisco Ahumada Valderrama, ex oficial del regimiento de Tacna; Gerardo Ernesto Godoy García, ex teniente afectado a la DINA; Basclay Humberto Zapata Reyes, suboficial del ejército afectado a la DINA; Enrique Lautaro Arranciaba Clavel, ex representante de la DINA en la Argentina; Raúl Eduardo Iturrriaga Neuman, ex responsable del departamento exterior de la DINA; Luis Joaquín Ramírez Pineda, ex comisario del campo de Tacna; José Octavio Zara Holger, ex oficial del ejército con puesto en la DINA; Emilio Sandoval Poo, ex militar de reserva de la Fuerza Aérea, hoy empresario en Temuco. Otros cuatro sospechosos figuran en los legajos de la acusación así como un ausente, Augusto Pinochet, cuya muerte en 2006 puso fin a cualquier intento judicial.
Al igual que en otros países, una buena parte de los militares chilenos implicados en estos crímenes están libres y hasta sin acusación judicial en su contra. En este sentido, el abogado William Bourdon destacó: “No basta con una Corte Penal Internacional. Necesitamos un texto internacional que obligue a los Estados a entregar a sus propios ciudadanos cuando se trata de crímenes contra la humanidad”. El Estado chileno reconoció hasta ahora 3197 desapariciones y 28.461 víctimas de torturas. Según datos de la Federación Internacional de Derechos Humanos, 171 personas fueron condenadas en Chile por esos crímenes, de las cuales sólo 53 están hoy presas.
El nombramiento de este embajador es un "insulto a la memoria histórica y a todos los chilenos que lucharon por la democracia"
IU y asociaciones chilenas en España han exigido esta semana a la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, la retirada del plácet al embajador Sergio Romero debido a su "pasado de crimen y muerte" durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), durante la cual fue viceministro de Agricultura.
En rueda de prensa en Madrid, el secretario de Derechos Humanos y Solidaridad Internacional de IU, Francisco Pérez Esteban, ha afirmado que Romero fue "corresponsable de todos los delitos contra la Humanidad" que se cometieron durante la dictadura, por lo que su partido va a solicitar una reunión con Jiménez para que explique qué procedimientos ha seguido su Ministerio para aceptar el nombramiento del embajador.
Pero también ha acusado al presidente chileno, Sebastián Piñera, de incumplir su promesa electoral de no incluir a antiguos miembros de la dictadura en su Ejecutivo, que tomó posesión el pasado mes de marzo. "¿Acaso su Gobierno tiene vínculos con los pinochetistas?", ha preguntado.
Para llamar la atención sobre el pasado de Romero y su posterior nombramiento como embajador en España, Pérez Esteban ha iniciado una "campaña" para lograr su destitución y que incluye varias preguntas parlamentarias registradas por el diputado de IU, Gaspar Llamazares, dirigidas a Jiménez además de la convocatoria de futuras concentraciones tanto en la Embajada chilena como en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Para el dirigente de IU, el nombramiento de Romero supone un "gravísimo precedente" y ha puesto de manifiesto una vez más que, en política exterior, "los Derechos Humanos están supeditados a los intereses económicos" del Gobierno español, como en el caso, ha remarcado, del Sáhara Occidental.
El profesor de la Universidad Complutense de Madrid Marcos Roitman, de origen chileno, ha explicado que Romero, que ha sido distinguido en España con la Orden de Isabel la Católica, tuvo un importante papel a la hora de desestabilizar el Gobierno de Salvador Allende, siendo protagonista de la trama civil que organizó el golpe de Estado de Pinochet en 1973.
Luis Urzúa
Supo mantener en alto el ánimo de sus compañeros
Twitter sirvió para algo más que mensajes livianos. discusiones a menudo baladíes y servicio de comunicación entre amantes. Adictos a la red social develaron que Luis Urzúa —uno de los 33 mineros que esperan ser rescatados en las próximas horas y probablemente la personalidad más fuerte entre ellos— es hijo de un dirigente comunista asesinado en 1973 por la dictadura. En un emocionante revés de la trama supo mantener en alto el ánimo de sus compañeros.
Para el periodista Camilo Taufic resulta un "crimen periodístico" que los grandes medios comerciales y del Estado hayan prácticamente ignorado a Urzúa. La pregunta es: ¿lo hacen por razones ideológicas?
Aunque no se ha rastreado que Urzúa sea él también integrante del PC, eso no se descarta por un grupo de periodistas y otras personas que, a lo largo del país, procuran bucear detrás de la información que se emite desde el Campamento Esperanza, centrada en una suerte de anecdotario que convierte la cuasi tragedia en vulgar "reality show".
El común de los medios periodísticos al mencionar a Urzúa sólo señalan que "perdió a su padre" cuando niño. Alguno —Radio Cooperativa, por ejemplo— se pregunta si el prolongado encierro de los trabajadores se consignará en el Libro de los Récords Guiness. La Nación cita a una hermana de Urzúa que piensa que éste querrá comer una cazuela o pescado al salir.
Los medios periodísticos nacionales banalizan el drama que viven centenares de personas desde que se produjo el derrumbe en la San José: el de los propios mineros atrapados, el de sus familias, parejas, hijos, vecinos y amistades —así como el esfuerzo contra reloj que realizan los equipos de perforación, médicos y de rescate.
Al parecer fue un periodista de la ciudad de Concepción, al sur de Santiago, quién descubrió la pista del padre de Urzúa.
Ha trascendido que para los expertos —por ejemplo aquellos que contribuyen desde la NASA en las diferentes tareas del rescate que pronto culminará ojalá con éxito— Luis Urzúa merece todo el respeto por haber conseguido trabajar sin desmayo para mantener la cohesión y la disciplina del grupo luego de quedar aislados y, después, a lo largo de las difíciles circunstancias que viven. Topógrafo de profesión, Luis Urzúa, de poco más de cincuenta años, era el jefe de turno y se constituyó en líder de sus 33 compañeros atrapados desde el pasado cinco de agosto; será también —de no cambiarse el orden previsto— el último en salir de la mina y volver a la luz del día, lo que se concretaría en su caso el próximo jueves.
La justicia quiere garantizar que los dueños del yacimiento sean quienes costeen el rescate de los 33 mineros atrapados
Un juzgado civil de Santiago ha prohibido a la Compañía Minera San Esteban, propietaria de la mina San José, donde permanecen atrapados 33 trabajadores a 700 metros de profundidad desde el 5 de agosto, celebrar cualquier tipo de acto y contrato relacionado con su patrimonio -tres bienes raíces, 62 explotaciones mineras y 32 vehículos- para asegurar el pago al Estado de los costes del rescate. La empresa advirtió que esta medida impedirá pagar a los trabajadores.
Con esta decisión, la jueza Rommy Müller acogió una petición previa del Consejo de Defensa del Estado (CDE), una institución encargada del cuidado de las propiedades e intereses estatales, que pidió la retención de los bienes de la empresa San Esteban como una "medida precautoria" para garantizar que pague el coste total del rescate de los mineros. Además, la jueza amplió en 30 días el plazo para el CDE presente una demanda contra la empresa.
El Gobierno, que por ahora financia los gastos del rescate, ha estimado que el monto ascenderá a unos 7,1 millones de euros. Hasta hace 10 días ya se había gastado alrededor del 40%.
Un abogado de la minera San Esteban, Jorge Aguilar, deploró la resolución porque al quedarse sin poder hacer uso de sus bienes "la empresa no tiene ninguna posibilidad de recuperar los fondos que hayan sido retenidos para pagar a los trabajadores". Los primeros afectados serían los trabajadores de esta empresa que no quedaron atrapados por el derrumbe. La retención de los bienes no implica que la compañía pierda su propiedad o que sean embargados, sino solo que no puede venderlos, enajenarlos o entregarlos en garantía, explicó una fuente judicial.
Además de la batalla judicial con el Estado por los costes del rescate, la compañía San Esteban está embarcada en otros dos procesos judiciales. El primero es una querella criminal de los familiares de los trabajadores atrapados, presentada contra los dueños de la mina San José, por la falta de medidas de seguridad y su responsabilidad en el derrumbe. La acción judicial apunta también contra las autoridades del estatal Servicio Nacional de Geología y Minería, encargado de fiscalizar a las compañías mineras, y que autorizó el funcionamiento de este yacimiento sin que se hubiesen cumplido sus propias exigencias después de otro accidente en el mismo lugar.
Fue uno de los propietarios de San Esteban, Alejandro Bohn, quien inició el tercer proceso, al pedir la quiebra porque la empresa "no puede afrontar sus compromisos más inmediatos", dado que sus faenas están paralizadas. La junta de acreedores de la empresa designó a un "experto facilitador" para que en 30 días elabore un convenio judicial preventivo, que consiste en una suerte de reprogramación de los pagos adeudados a los acreedores de la compañía.
La salud de los comuneros mapuches presos en huelga de hambre en Chile desde hace 74 días sigue deteriorándose. Tres huelguistas se suman a otros cuatro comuneros mapuches que fueron internados esta semana en el Hospital de Concepción, mientras que desde diversos sectores se reiteran los llamados al presidente Sebastián Piñera para encontrar una urgente solución al conflicto, y la justicia absolvió a dos comuneros.
Los tres huelguistas, identificados como Jorge Cayupán, Eduardo Painemil y Camilo Tori, fueron trasladados a centros asistenciales. Los tres sufrieron distintos problemas de salud debido a la larga huelga de hambre. Natividad Llanquileo, vocera de los presos en huelga en la cárcel El Manzano, de Concepción, informó hoy que otro de los huelguistas, Héctor Llaitul, perdió entre 24 a 25 kilogramos. “Ellos están conscientes. Conversamos mucho de lo que está pasando afuera. De repente tienen una ausencia de conciencia, pero luego retoman lo que están haciendo. Están estables, pero con ganas de seguir la protesta”, declaró Llanquileo a Radio Cooperativa. El deteriorado estado de salud de los presos en ayuno motivó varios llamados de diversos sectores a las autoridades a responder las demandas del grupo de huelguistas antes de que alguno de ellos muera.
Los comuneros, acusados por delitos cometidos durante protestas en reclamo de sus tierras, reclaman que se deje sin efecto la denominada Ley Antiterrorista, creada por la dictadura de Augusto Pinochet, por la cual son procesados. Esa ley contempla la aplicación de penas de doble cómputo para los casos en que los aborígenes promuevan disturbios para reclamar por sus tierras: las que dictan las justicias civil y militar.
Llanquileo esperaba que Piñera, que habló ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas, “se pudiera referir a la aplicación de leyes especiales al pueblo mapuche, entre ellas la Ley Antiterrorista que se ha convertido en una ley racista”. “Esperamos que dé una explicación no solamente a Naciones Unidas, sino también de lo que está pasando acá en Chile con respecto a la huelga de hambre. Que se pronuncie de manera favorable y que ésta se pueda solucionar lo más pronto posible”, concluyó.
Anteayer, el arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, nombrado facilitador del diálogo en el conflicto entre el Estado y los mapuches, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile pidieron al gobierno de Sebastián Piñera buscar alternativas de solución a las modificaciones de la Ley Antiterrorista y la justicia militar, que están tratándose en el Congreso, pero que van a ritmo lento por diferencias entre el oficialismo y la oposición.
La oposición emitió ayer duras críticas al gobierno por el rechazo del oficialismo parlamentario a las modificaciones propuestas por la Concertación Democrática a la Ley Antiterrorista. La presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, acusó al gobierno de “falta de coraje”, pues “estamos en un momento que no permite operaciones cosméticas ni letra chica”.
El senador del Partido Socialista Camilo Escalona aseguró que el gobierno “no quiere entenderse con la oposición y quiere imponer su opinión”, mientras que desde la Democracia Cristiana, el jefe de bancada de Diputados, Gabriel Silber, señaló que el gobierno “falta a la verdad” y definió su actitud como “inexplicable soberbia”.
En tanto, un grupo de mapuches ocupó hoy de manera pacífica dependencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Santiago, según informó en un comunicado la Coordinadora de Familiares de Presos Mapuche en Huelga de Hambre. Mapuches Autoconvocados del Nahuel Huapi ocuparon pacíficamente el municipio de Bariloche ubicado en el Centro Cívico, donde a partir de ayer a la mañana y hasta el lunes, Oskar Moreno, integrante del Lof Mapuche-Tehuelche Valentin Saihueque, mantendrá una huelga de hambre.
También comenzó una huelga de hambre en Chile el poeta Nicanor Parra.
LIbertad Justica y Solidaridad con el Pueblo Mapuche
Mari mari kom pu che: aquí enviamos el video del tema "DEROGACIÓN de la Ley antiterrorista", nueva canción de Wechekeche ñi Trawün.
Rompiendo el CERCO en la comunicación, hagamos que se escuche la voz de nuestro PUEBLO NACIÓN MAPUCHE contra la censura comunicacional. Exigimos el fin de la Ley Antiterrorista, la desmilitarización de las comunidades y el termino al doble procesamiento civil y militar de nuestros hermanos.
Por nuestros peñi y lamngen que se encuentran en huelga de hambre desde el 12 de Julio de 2010.
Varios destacados artistas chilenos han querido manifestar su apoyo a la lucha del pueblo nación mapuche y a los 32 comuneros que se encuentran en huelga de hambre. Para ello, han grabado este tema clásico de Violeta Parra, a fin de que sea difundido gratuitamente por todas las redes sociales, y así ayudar a seguir sen ...sibilizando a la sociedad a fin de que cada vez sean más las personas que apoyen esta causa. Ayúdanos a masificar esta iniciativa.
Los artistas que participan (en orden alfabetico) son:
Alexis Venegas
Alonso Núñez
Carmen Prieto
Cecilia Concha
Eduardo Yáñez
Fernando "Flopy" López
Francisco Villa
José Cid
Manuel Huerta
Mario Rojas
Mauricio Gutiérrez
Ricardo Gómez López
Raúl Acevedo
Vicencio Navarro
Cámaras: Claudio Mateluna
Sonido: "Pana"
Edición: Raúl Acevedo
Especiales agradecimientos a Víctor González (La Barcaza)
Gobierno amenaza con separar a huelguistas en distintos hospitales
El gobernador chileno de Cautín, Miguel Mellado, advirtió que los 23 mapuche en huelga de hambre, encarcelados en Angol y Temuco podrían ser trasladados a ‘Hospitales Interculturales’ siendo separados y posiblemente alimentados a la fuerza.
Según él, esto se haría para que reciban los peñi “una atención de salud más oportuna por las constantes complicaciones que sufren”.
Sin embargo, dijo que no descartan que sean dispersos en varios recintos médicos “por la posible falta de camas ante el peak de las enfermedades respiratorias”.
De esta forma los peñi podrían ser derivados al Hospital, al tener ya una dependencia especial habilitada para su permanencia en el recinto, privilegiando los centros medicos de Saavedra, Imperial, Carahue, Galvarino y los casos más complejos al regional de Temuco.
Esta es la otra maniobra del Gobierno para terminar cuanto antes con la movilización de los peñi cuando ya van a cumplir 2 meses sin comer. La otra, es el envío de un proyecto de ley que reforma la justicia militar y la ley antiterrorista que en la práctica endurece.
En este mes de septiembre tendrán lugar dos acontecimientos históricos en el austral Chile. El más trascendente y renombrado será el Bicentenario el día 18, cuando se conmemoran 200 años del proceso de independencia que se inició con la Primera Junta Nacional de Gobierno .
El segundo acontecimiento que será silenciado o en el mejor de los casos minimizado por la derecha, será el 40 Aniversario del Triunfo de la Unidad Popular con su presidente constitucional al frente, el compañero Salvador Allende.
Los medios de publicidad y propaganda de la derecha harán caso omiso a esta también trascendente efemérides. Toca entonces a las fuerzas de izquierda y progresistas del Chile de Salvador Allende, recordar y rendir honor a ese importante hecho histórico de la nación. Por primera vez un luchador social identificado y portador de las ideas del Socialismo llegaría a La Moneda. Por primera vez un proyecto con raigales proyecciones políticas de cambio hacia el Socialismo, entraría en el escenario político de la América Latina por vía pacifica, mediante elecciones libres y democráticas. Un hecho insólito en las luchas del proletariado mundial, calificado así por el líder revolucionario Fidel Castro, por llevar el Socialismo a la cúspide del poder político de una nación sin contienda bélica.
Faltando pocos días para la fecha del 4 de septiembre, momento histórico en que se logra aquel empeño político de las fuerzas de izquierda en el Chile de 1970, al llevar un candidato de probada lealtad a las ideas del socialismo a la Moneda, vale la pena el recuento de las circunstancias que rodearon y permitieron el triunfo de Allende.
En fecha bien temprana, en 1967 en el mes de noviembre, ya Allende tenía definida su conducta política a seguir. En Chillan, ciudad natal de Bernardo O´Higgins durante el Congreso del Partido Socialista, Allende delineó el carácter pluralista, democrático y libertario del Frente de la Patria, embrión de la Unidad Popular que luego liderara.
Quizás para comenzar nada mejor que las propias palabras de Allende en el verano de 1969, cuando aun no se había estructurado la unión de los partidos ni proyectado su programa de gobierno. Decía Allende: “Concibo el Frente de la Patria como el más poderoso movimiento revolucionario, nacional, antimperialista. Es, por lo tanto, una real alternativa de poder. El frente de la Patria, partiendo de la unidad socialista-comunista…debe ser el núcleo aglutinador de los que luchan por Chile y por su independencia económica, los que no vacilen en hacer los cambios revolucionarios y en construir el socialismo. Insisto, el Frente de la Patria será el más poderoso movimiento revolucionario de nuestra historia”.
Su sentido de unidad es una constante que se aprecia en toda su larga carrera política. Es un llamado constante, es un precepto medular de su ideario que tuvo entonces y debieran tener siempre presente las fuerzas de la izquierda en el Chile de hoy.
Pese a los diferendos dentro del propio partido de Allende, el 29 de agosto de 1969 el Comité Central del Partido Socialista presentó, por aclamación la promoción de Salvador Allende para candidato a las elecciones a la presidencia por el Partido Socialista. Era el primer paso a su cuarto intento por alcanzar la banda presidencial.
Resultaría agotador describir todas las dificultades que tuvo que vencer Salvador Allende en su vida política antes de llegar a La Moneda. Baste decir que la reacción interna y externa utilizaron todos los medios de propaganda para desvirtuar la línea política de Allende. Mentiras e infamias, calumnias de todo tipo no faltaron en la formula para desacreditar y desestimular a partidarios y simpatizantes, de llevar a Allende como abanderado de la izquierda a las presidenciales.
Pudiera considerarse que nunca antes contra candidato alguno a presidente de un país latinoamericano, se conjuró tanta incidía y maldad calculada para provocar su caída temprana. Una lectura al libro de L. Lauretski “Salvador Allende” bastaría para quedar el lector profundamente consternado de la titánica batalla que libro Allende contra sus contrincantes políticos de derecha, la oligarquía nacional y el capital foráneo.
En la proximidad a tan memorable fecha de recordación, es preferible destacar los valores y meritos del digno chileno que enrostró ante las infinitas dificultades y hasta sus últimas consecuencias, su compromiso de luchar por la justicia social de su pueblo desde la legalidad, desde la paz. Requería ello arrojo, valentía, pero sobre todo profundas convicciones políticas e inteligencia.
En el transcurso de 1969 y casi al final, el 17 de diciembre sale a la luz el programa de gobierno de la Unidad Popular. Con un marcado carácter antimperialista proclamaba el mismo como tarea esencial del futuro gobierno, “poner fin al dominio de los monopolios, la oligarquía terrateniente y comenzar la construcción del socialismo en Chile”. Es así que el 26 de diciembre de ese propio año, todos los partidos de izquierda aprobaron el pacto de gobierno y de la Unidad Popular que como bien proclamaba “elegiremos un mandatario del pueblo”
El 22 de enero de 1970 , no sin antes estar precedida de polémicos y reiterados análisis, las agrupaciones de la izquierda chilena, a saber los partidos comunista, socialista, radical y social-demócrata, el movimiento de acción popular unificado (MAPU), y la acción popular independiente (API) llegaron a acuerdo de cual seria el candidato único que representaría la UP. El comité directivo proclamó unánimemente a Salvador Allende como el candidato a presidente.
¡Ya tenemos candidato único..Es Salvador Allende!. Nuestros esfuerzos no han sido en vano---. Así dijo Luis Corvalán en la Plaza Bulnes, de Santiago de Chile en un mitin por la ocasión.
Sería la cuarta vez que Salvador Allende fuera elegido candidato único. Su victoria en las elecciones significaría no solo el triunfo personal de un político consecuente y consagrado en vida a su ideario, como también el triunfo de los sueños de generaciones de revolucionarios, de hombres y mujeres de la izquierda en Chile. Era además la victoria de los trabajadores chilenos, pero esa victoria no estaba aun consolidada.
A partir de ese momento Allende demostró toda su capacidad y entereza de revolucionario y hombre convencido de las ideas socialistas. Visitó los más apartados lugares de la larga y estrecha geografía chilena. Provincia a provincia recorrió todo el país y sumo en su campaña a todos los demás aspirantes de los partidos de izquierda, quienes le acompañaron y trabajaron junto a el . En paralelo se crearon por todo Chile casi 15 mil comité de apoyo a la Unidad Popular que fueron un poderoso motor impulsor de la campaña presidencial de Allende. Los trabajadores unidos en la CUT jugaron un rol destacado en esa campaña.
Fue durante ese preludio a las elecciones que se hicieron públicas las primeras 40 medidas de lo que sería el Gobierno Popular.
Llegamos al mes de Mayo de 1970 y Allende enfermó de un estado gripal agudo. La reacción interna se frotó las manos cuando se rumoró que el candidato estaba infartado, rumores que el mismo se encargó de desmentir mediante su presencia de ánimo en una conferencia de prensa en Televisión.
Tenía Allende 61 años y su cuarta batalla frente a las urnas estaba a menos de 4 meses de tener lugar.
Esos meses que precedieron a las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970 en Chile, Allende tuvo que sortear infinitas dificultades.
Los círculos de poder en los Estados Unidos de Norteamérica ya habían declarado en manifiesta y prepotente actitud que no permitirían la aparición de una “segunda Cuba”. Se referían a evitar por todos los medios que el Socialismo llegara a Chile, que el ejemplo de la Revolución cubana se replicara en América Latina. Con ese fin, de manera abierta a veces y encubierta otras, la administración norteamericana se empleó a fondo, financiando desde bien temprano en 1961 y hasta 1968, acciones de inteligencia para las cuales dispusieron de un presupuesto de 1.136.400.00 USD y ya durante la cuarta campaña electoral entre 1969 y 1970 el financiamiento llegó a mas de 200 millones de dólares para evitar a toda costa que el candidato de la izquierda llegara a la presidencia de Chile. Se puede decir con certeza, a la luz de la historia demostrada y documentada, que Allende estuvo siempre colimado por la mirilla de un francotirador inescrupuloso: el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica con su fórmula: Pentágono+ Departamento de Estado+CIA.
Mientras, dentro de Chile la oligarquía nacional y el propio gobierno de Frei apostaban a lograr abortar los esfuerzos de la izquierda chilena ahora liderada por Allende, mediante maniobras electorales. Contaban con poder triunfar en las elecciones que se avizoraban. El candidato ultraderechista Jorge Alessandri en discurso televisivo del 24 de mayo de 1970 aseveró que “no lograrán su intento los que pretenden someternos a esclavitudes que viven países que no quiero nombrar, porque Chile todavía conserva Fuerza Publica y Carabineros organizados que no permitirán que prevalezcan doctrinas criminales”. Quien así se expresaba era el postulante por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), sin embargo, confiado en su victoria, el 24 de julio de ese propio año declaraba públicamente que “Para contribuir a la paz y la armonía que deben reinar entre los chilenos, yo repito y confieso públicamente que será presidente aquel que obtenga la primera mayoría de votos en las elecciones”.
Apenas un mes después tuvo que mantener su palabra a pesar de los demostrados intentos de que no ocurriera precisamente así, pues es importante recordar y asistir a la memoria histórica imborrable de aquel año 1970: Dentro del PDC militaba Patricio Aylwin quien fue uno de los artífices del maquiavélico resquicio legal mediante el cual se pretendía reinstalar a Eduardo Frei Montalva en la presidencia de la República y así desconocer la tradición chilena en cuanto a que quién obtenía la primera mayoría sería proclamado presidente electo por el Congreso Nacional.
La astuta pero sucia maniobra partía del hecho de que en ese año 1970 la DC era mayoría en el Congreso Nacional; lo que sumando los votos a los del derechista Partido Nacional (PN) de Sergio Onofre Jarpa, desconocerían el triunfo relativo de Allende y Alessandri sería proclamado presidente electo y renunciaría al día siguiente. La renuncia de Alessandri provocaría la convocatoria a una nueva elección presidencial, en la que Eduardo Frei Montalva sería proclamado candidato único de nacionales y democristianos, cuyos votos unidos serían inalcanzables por el movimiento popular en la nueva elección. Recordemos que la Constitución de 1925, vigente en aquella época, no permitía la reelección del presidente en ejercicio. Por tanto, para que las fuerzas políticas de derecha lograran implementar el astuto proyecto, era preciso que funcionara el enroque ajedrecístico conocido como “gambito” (El Gambito Frei) consistente en sacrificar una pieza importante, Alessandri en ese caso y conseguir así una posición estratégica favorable. Esa es la historia, sin embargo la turbia jugada no fue posible llevarla a efecto.
Tampoco posiciones de extrema izquierda que por esos tiempos afloraban en sectores de la población, ayudaban a consolidar el proyecto de la Unidad Popular dentro del electorado expectante. Allende había sido tajante, transparente, honesto y valiente. Su batalla era con las ideas, no con las armas. Tenia la mas profunda convicción de trabajar por alcanzar los necesarios cambio de justicia social desde La Moneda, por ello llegar a ella no seria un fin de campaña política electoral, sino el origen de la gran batalla que habría de librar durante su gobierno; los 1040 días del gobierno mas popular que se recuerda hasta hoy en la historia Patria, el esperanzador proyecto del pueblo chileno: la Unidad Popular.
Al llegar el mes de junio de 1970, Allende entraba en sus 62 años, una edad de consideración para un candidato de la izquierda que tenía por delante la más dura batalla política a librar en su larga vida de luchador social.
Más de 3,5 millones de chilenos asistirían a las urnas, todos los mayores de 21 años. Del total, 1,3 millones votaron en Santiago de Chile.
En la mañana del 4 de septiembre Allende junto a su esposa Hortensia Bussi, la Tencha, se presentaron a la urna del colegio electoral ubicada en el Liceo 7 de niñas.
El conteo regresivo llegó a cero, era el día esperado, el cuarto sufragio. Esta vez la batalla de ideas del compañero Allende, le depararía la victoria. Más de cuarenta años de sostenida lucha política daban al fin sus frutos.
Faltando minutos para la llegada del nuevo día 5 de septiembre de 1970, un emisario a nombre del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas, comunicó a Salvador Allende que habían votado por el una mayoría relativa de electores y estaba autorizado a efectuar un mitin de sus partidarios a las 0 horas y 30 minutos.
La Federación de Estudiantes de Chile fue la tribuna escogida para la extraordinaria concentración del pueblo. En ella se congregaron de manera espontánea los pobladores de Santiago. Hasta allí llegó Allende lleno de natural jubilo y recibido entre aplausos y vítores de triunfo. Ese discurso, que quedó grabado para la posteridad, entró en la historia política de Chile, como el manifiesto del hombre sencillo, pero profundo, firme y convencido de que está vez su pueblo era dueño de su destino. “Desde aquí declaro solemnemente que respetaré los derechos de todos los chilenos. Pero también declaro y quiero que lo sepan, definitivamente, que cumpliremos el compromiso histórico que hemos contraído, de convertir en realidad el programa de la Unidad Popular”.
Sobre sus hombros y de buena parte del conglomerado de partidarios de la Unidad Popular, recaería la difícil tarea de llevar adelante el programa de gobierno. Sabia su costo y sus riesgos, pero libraría con determinación e inteligencia esta nueva etapa de lucha y confrontación. Para ella se había preparado: “Si la victoria no era fácil, difícil será consolidar nuestro triunfo y construir la nueva sociedad, la nueva convivencia, la nueva moral y la nueva Patria”.
Sin embargo le quedaba aun sortear un escollo. Allende recibió solamente el 36,3% de los votos, seguido de Jorge Alessandri con 34,9 y Rodomiro Tomic con 27,8%, por lo tanto ni uno solo de los candidatos presidenciales había recibido la mayoría absoluta de votos, quedando entonces al Congreso la decisión de cual de los candidatos que recibieron mayoría de votos sería el futuro presidente.
Se prolongaba entonces en 60 días la definición y en ese tiempo como dijera Allende a una entrevista periodística, “entre el 4 de septiembre y el 3 de noviembre, Chile va a estar más agitado que una pelota pateada por Pelé”. Allende, aun en los momentos mas críticos de su campaña nunca perdió el sentido del humor, su natural forma de encarar los problemas; unía a su vocación de luchador social, su pasión y su alegría de vivir.
En los días posteriores al 4 de septiembre de 1970 un corresponsal de la revista Ercilla abordó a Salvador Allende con un singular cuestionario que merece ser recordado en este 40 Aniversario del Triunfo de la Unidad Popular. Dentro de esas preguntas estuvieron asociadas con el momento que se vivía las siguientes:
Doctor Allende, ¿Qué dos noticias referentes a Chile fuera de un triunfo electoral suyo, le gustaría leer en los diarios?.
-Terminó la inflación. No hay chileno sin trabajo-.
¿En que momento de su vida pensó por primera vez en la posibilidad de llegar a ser Presidente?
- Cuando advertí que podría ser un factor que contribuya a unir la izquierda-.
¿Si estuviera en sus manos hacerlo, que cualidades de otros pueblos injertaría a los chilenos?
- Sería mejor preocuparse por darle al pueblo chileno la oportunidad de desarrollar sus propias cualidades-.
¿Cuál es a su juicio, la virtud más admirable y el defecto más criticable de la juventud actual?
-La mayor virtud, la valentía. El mayor defecto, el conformismo-.
¿Cómo le gustaría que lo recordaran?
-Como un chileno consecuente-.
¿Qué significa ser socialista?
- Ser hombre del siglo XX, padre del siglo XXI-.
Indudablemente sus respuestas son mensajes que llegan hasta nuestros días. Llegan la trascendencia de su visión y su pensamiento, de su legado y de su vida: Salvador Allende, padre del siglo XXI.
El día 4 de noviembre de 1970 en el Congreso se realizaba la transmisión del mando al nuevo mandatario. El presidente del Senado colocó la banda presidencial a Allende como símbolo de poder supremo y seguidamente Daniel Vergara subsecretario del interior designado el día anterior, tomo juramento al compañero presidente. Delegaciones de 70 países asistieron a la ceremonia. Allende asistió a una misa solemne en su honor en la Catedral de Santiago oficiada por el Cardenal Raúl Silva Henríquez y de allí se dirigió a la Moneda acompañado de los dirigentes de los partidos de la Unidad Popular, de dirigentes sindicales, de valiosos compañeros de su campaña presidencial, organizaciones juveniles y estudiantes. Como había prometido reiteradamente, por primera vez en la historia de Chile, el pueblo entró en el Palacio de la Moneda junto a el.
Lograda esa voluntad expresa, no solo delineaba en el acto un concepto de nueva forma de gobierno, sino un propósito revolucionario de mayor alcance, que fue implementando en la medida que sumaba en torno a el, a su gobierno, a valiosos revolucionarios.
Apenas tres años después de aquel 4 de septiembre, el proyecto de la Unidad Popular, que apenas comenzaba a enraizar, fue brutalmente cercenado por la acción fascista de militares traidores con el apoyo de la oligarquía nacional y la anuencia y beneplácito demostrado del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. El proyecto revolucionario de la Unidad Popular, la “vía chilena al socialismo” quedó trunco, inconcluso, pero no olvidado. Quedó en latencia, en la espera necesaria, en el crisol de lo sueños y esperanzas de lo mejor del pueblo chileno.
Hay semillas que tardan en germinar y solo lo hacen cuando las condiciones que les son hostiles cesan, pudiendo así mismo los procesos revolucionarios aparentemente truncos, como simientes dormidas, rebrotar en nuevos tiempos.
No se puede defender con pasión y entrega lo que no se ama, como de igual modo no se logra amar verdaderamente lo que se desconoce, por ello la importancia de trasmitir a las generaciones actuales, especialmente a la juventud, la rica historia de nuestra América.
La victoria de las ideas de Salvador Allende, los esfuerzos y resultados que se fueron alcanzando durante la breve existencia de la Unidad Popular, constituyen una importante página de la historia de Chile, una lección de la trascendencia de la unidad de los revolucionarios chilenos, cuando se pone empeño y voluntad, compromiso y sacrificios en aras de alcanzar la victoria; una pagina de honor y gloria que escribieron con su ejemplo personal Salvador Allende y su Unidad Popular.
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