Bush, se busca

El ex presidente estadounidense George W. Bush puede haber desaparecido de los titulares de prensa desde que dejó el cargo en enero de 2009, pero los delitos atribuidos a su gobierno no se olvidan.

El Centro de Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés) divulgó el lunes la "Acusación preliminar por Torturas contra Bush", un documento que describe los aspectos centrales del caso contra el ex mandatario y la forma en que violó la Convención contra la Tortura, suscrita por Estados Unidos.

El CCR presentó la iniciativa junto con otras 60 organizaciones entre las que está el Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales, con sede en Berlín. El hecho coincidió con el noveno aniversario del día en que Bush decidió que los llamados "combatientes enemigos" carecían de las protecciones fundamentales previstas en las convenciones de Ginebra sobre prisioneros de guerra.

Dos víctimas de tortura tienen se propusieron iniciar una demanda penal en Ginebra contra el ex presidente de Estados Unidos, quien tenía previsto llegar a Suiza este sábado 12.

En los casos tortura, la legislación suiza requiere la presencia del imputado en su territorio antes del comienzo de la investigación. Activistas de derechos humanos consideraron que la visita de Bush era la oportunidad perfecta para que Suiza cumpliera sus obligaciones como signatario de la Convención contra la Tortura y al ex mandatario le llegara el mensaje de que no gozará de ninguna exoneración especial, aun como ex jefe de Estado.

Pero Bush suspendió su viaje.

"En noviembre de 2009, Bush reconoció que autorizó la tortura de detenidos bajo custodia de Estados Unidos", dijo a IPS la abogada del CCR Katherine Gallagher, también vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos.

"Se supone que somos un país con un sólido Estado de derecho y cuando actuamos con impunidad de forma tan descarada damos un pésimo mensaje al mundo", añadió. El submarino "es legal porque los abogados dicen que es legal. Yo no soy abogado", dijo Bush en noviembre de 2010 al ser entrevistado por el periodista Matt Lauer. "Claro que lo haría", respondió el ex presidente a pregunta de si volvería a tomar la misma decisión.

Además del caso presentado por el CCR, hay dos más iniciados en España sobre las acciones de los abogados constitucionales del gobierno de Bush (2001-2009), el llamado "Bush 6", autores del manual de tortura y arquitectos del marco legal que invocó el entonces presidente cuando comenzaron las acciones judiciales en su contra.

"Ambos temas forman parte de los esfuerzos de asignar responsabilidades que, espero, se cierren sobre Estados Unidos", dijo Gallagher a IPS. "El Bush 6 lo integran personas que pretenden que la tortura es aceptable, pero no es así", añadió.

La Casa Blanca permanece en silencio, mientras jueces de Madrid hasta Ginebra arremeten contra el anterior gobierno. Ni el presidente Obama ni nadie de su entorno ofrecieron apoyo a alguno a los ciudadanos que luchan contra la impunidad.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) pidieron a Washington que investigara de forma exhaustiva las denuncias contra el ex presidente estadounidense y reclamaran el fin inmediato de la impunidad.

"Al menos deberían investigar la posibilidad de procesamiento", dijo a IPS la portavoz de HRW, Laura Pitter.

"No hay razón para que los tribunales de Estados Unidos no abran una investigación de ese tipo, aun sólo basándose en lo que Bush ha reconocido públicamente", añadió.

El impertérrito rostro de Obama quedó al descubierto por los miles de documentos diplomáticos filtrados por Wikileaks a fines del año pasado. Los cables revelaron que su gobierno mantenía contactos con funcionarios españoles para mantener las investigaciones ocultas.

"Es una gran decepción viniendo de un presidente que solía ser profesor de derecho constitucional", dijo Gallagher a IPS.

Las organizaciones de derechos humanos siguen adelante con los procesos, pese a la indiferencia de Washington.

"Bush es un torturador y debe ser recordado como tal", dijo Gavin Sullivan, del Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales.

"Es responsable de autorizar torturas contra miles de personas en Guantánamo, Cuba, y en los sitios secretos que la CIA tiene en todo el mundo. Bush tiene razón en estar preocupado porque todos los países tienen la obligación de procesar a los torturadores", añadió.

Y quizá, más importante que las acusaciones sean los supervivientes, cuyas voces están apagadas o siguen ocultos en Guantánamo y que merecen que se haga justicia.

Kanya D'Almeida

Tomado: IPSnoticias.net

Llaman a la Revolución en Marruecos

El 27 de febrero se han convocado manifestaciones en todas las ciudades de Marruecos

Dispersión de una protesta en Tánger y convocatoria el 27 de febrero para protestar en todas las ciudades de Marruecos contra el régimen.

En Marruecos, desde las redes sociales se está difundiendo una convocatoria para organizar protestas el 27 de febrero de 2011 frente a las prefecturas, las wilayas, todas las regiones y la autoridad central en las ciudades y pueblos, para exigir la libertad de participación política y los derechos humanos.

Rl Movimiento por la Libertad y la Democracia Ahora señala que esta protesta tiende "a dar a la gente su justo lugar en la sociedad y una prioridad en la democracia, la libertad y la consagración a la voluntad popular".

Según la declaración, hay una lista de demandas que incluye "la abolición de la actual Constitución, disolver el parlamento y el gobierno, las partes que han contribuido a la consolidación de la corrupción política y emprender una acción inmediata real y tangible para la transición política."

Esta convocatoria se produce en un momento en que Túnez y Egipto están viviendo una ola de protestas para exigir la mejora de las condiciones sociales, económicas y políticas, especialmente después de las manifestaciones que ha conocido Túnez y que derrocó a Ben Ali, además de los acontecimientos que están teniendo lugar en Egipto contra el régimen de Hosni Mubarak.

Según los observadores, es posible pasar la ola de protestas a las calles de Marruecos a la luz de las terribles condiciones de pobreza, el desempleo y violaciones de los derechos humanos y las restricciones a la libertad de prensa, situación a la que se han referido en sus portadas medios de comunicación españoles a gran escala en estos días y que trató acerca de la visita secreta del rey de Marruecos a Francia para consultar con su aliado, el gobierno francés.

En este sentido, las fuerzas de seguridad marroquíes intervinieron brutalmente ayer para dispersar una protesta organizada por el "ATTAC Marruecos," la asociación de la ciudad marroquí de Tánger, en la que se protestaba por el empeoramiento de las condiciones sociales y los altos precios de los alimentos básicos, según los medios de comunicación de Marruecos publicados este lunes.

Según testigos presenciales, las fuerzas de seguridad utilizaron bastones y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que se habían reunido en la plaza de Las naciones de Tánger, donde los manifestantes corearon consignas de solidaridad con los pueblos tunecino y egipcio, así como el derecho al empleo, la vivienda y una vida digna y para condenar la política que ejerce el gobierno marroquí.

En este marco, varios organismos y organizaciones de Marruecos convocan a la celebración de mítines y manifestaciones populares el próximo sábado 5 de febrero con la participación de las fuerzas políticas, sindicales y de derechos humanos como la Asociación de Derechos Humanos marroquíes y la Rama de la Asociación de los Desempleados según el comunicado de la Coordinadora Local contra las Alzas de los Precios y la Defensa de la Revisión de los Servicios Sociales de Khouribga.

Según el comunicado difundido por la Coordinadora “Este nuevo paso surge por el peso de los problemas sociales que ejercen presión sobre la gran mayoría de ciudadanos marroquíes y también debido a la atmósfera de la voluntad popular para expresar sus demandas y lucha por ella."

En el mismo contexto, el Consejo Sindical de la Confederación Democrática del Trabajo de Marruecos convoca en un comunicado el día 6 una marcha de protesta en la ciudad de Ouarzazate para protestar por las infrahumanas condiciones de vida en Marruecos.

El comunicado condenó "la política de hambre y los abusos que los trabajadores de desempleados viven y la mayoria de los ciudadanos marroquies en general", agregando que "los pueblos árabes se estan liberando de la presion de los palacios pero más que eso se han caído, como sucedió en Túnez”.

Tomado: La República.es

Una muerte que se anticipó a la Justicia

Falleció Cristino Nicolaides, el último jefe del Ejército de la dictadura, que entregó el gobierno a Alfonsín

Nicolaides cumplía una condena domiciliaria por violaciones a los derechos humanos, pero por su enfermedad no podía ser juzgado en la causa por el plan sistemático de robos de bebés que comienza en los primeros días de febrero.

Murió en Córdoba el represor Cristino Nicolaides. Ex jefe del Ejército e integrante de la cuarta Junta Militar formada después de la derrota de Malvinas, murió el sábado a la noche a los 86 años de edad. Por razones de salud, su nombre había sido borrado de la lista de acusados en la causa por robos de bebés de la última dictadura, cuyos debates orales están a punto de iniciarse. Alertados porque sus abogados pedían nuevamente que no se lo juzgase por razones de salud, Abuelas de Plaza de Mayo envió un perito de parte a verlo hace unos seis meses. El abogado de Abuelas, Alan Iud, confirmó a Página/12 que el deterioro en su estado de salud era cierto, que efectivamente el militar ya no comprendía nada, pero también aseguró que si el juicio oral se hubiese hecho cuatro o cinco años atrás, el represor que encontró en su indisposición permanente una suerte de salvoconducto judicial podría haber sido condenado.

Los restos de Nicolaides fueron velados y cremados con celeridad. Su abogado Alejandro Zeverín confirmó a la prensa cordobesa que esas medidas se llevaron adelante por decisión de sus familiares.

Nicolaides nació en Córdoba en 1925. Integró la Junta de Comandantes que asumió el poder a medida que se despedazaba la dictadura. Fue quien ungió a Reynaldo Bignone para presidir la última etapa del “proceso”, y a quien se lo recuerda entre los autores del llamado “Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo”, que declaró muertos a los desaparecidos, y por el que estuvo acusado en la causa de Abuelas. Escapó del Juicio a las Juntas de 1985 por un acuerdo negociado por las Fuerzas Armadas con el ex presidente Raúl Alfonsín. De esa manera se le concedió una especie de autoamnistía por la que ni él ni los miembros de la última Junta fueron juzgados. Antes emitió la orden de quemar los documentos de la represión, impartida en noviembre de 1983 por el Estado Mayor General del Ejército para destruir las pruebas antes de la apertura democrática, otra de las acusaciones por las que iba a ser juzgado en la causa por el Plan Sistemático. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el subsecretario Luis Alén recordaba anoche una de sus frases más célebres: “El marxismo viene persiguiendo a la humanidad desde quinientos años antes de Cristo”.

A lo largo de los últimos años, el deterioro del estado de salud se convirtió en uno de sus mejores salvoconductos. No sólo lo salvó ahora de quedar incluido en el juicio oral que empieza el próximo 28 de febrero en la causa impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo. Sucedió lo mismo en Corrientes y con la causa por la masacre de Margarita Belén en el Chaco. “De la Brigada que él comandaba salió la orden de traslado de los que terminaron siendo fusilados ese 13 de diciembre de 1976, con el nombre de ‘Operativo Rojo’”, recordó anoche el fiscal general Jorge Auat, enrolado entre quienes batallaron por conseguir primero quitarle el beneficio del indulto que había conseguido Nicolaides y entre quienes una vez que lo consiguieron tuvieron que escuchar, luego, que eran las razones de salud las que impedían procesarlo y habilitaron una vía para separarlo de la causa.

En 2007 esas mismas razones de salud le permitieron no estar presente en la sala de audiencias de los Tribunales porteños para escuchar lo que finalmente fue su primera y única condena a 25 años de prisión por el secuestro y la desaparición de integrantes de la organización Montoneros, que volvieron al país enrolados en lo que se llamó la Contraofensiva. Entre ellos estaba Ricardo Marcos Zucker, el hijo del actor Marcos Zucker, secuestrado en febrero de 1980. En 1997, el sargento Nelson Ramón González –ex miembro de un grupo de tareas– dijo en un reportaje de televisión que el propio Nicolaides ordenó fusilarlo en el polígono de tiro de Campo de Mayo. Durante el juicio, se supo que además ordenó el fusilamiento de otras dos personas que luego fueron incineradas entre neumáticos. El juicio fue llevado adelante por Ariel Lijo, y ese fue el primer juicio contra los jefes de la dictadura militar tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Es en ese sentido que Luis Alén decide hacer un subrayado: “Se murió condenado”, dice. “Y pese a esa condena –sigue– él ya tenía además una condena ética y moral de parte de la sociedad, y eso es para destacar.”

El sábado a la noche el estado de salud de Nicolaides desmejoró por una complicación pulmonar, según el parte de su abogado.

Las causas en las que estaba acusado o estaba siendo investigado incluyeron desde procesos en Corrientes a Chaco, Córdoba, el área de Campo de Mayo e incluso la acusación por el Plan Sistemático que dibujan de alguna manera una huella de lo que fueron sus pasos. Cristino Nicolaides fue jefe del Ejército entre diciembre de 1981 y julio de 1982. Pero antes, entre abril de 1976 y enero de 1978, estuvo a cargo de la Brigada de Infantería VII y de la subzona 23 del II Cuerpo del Ejército en Misiones, Chaco, Formosa y parte de Corrientes. Comandó la guarnición de Campo de Mayo del Ejército entre diciembre de 1979 y 1980. Y entre diciembre de 1980 y diciembre de 1981 fue jefe del III Cuerpo de Ejército en Córdoba.

Hasta hace seis meses, su nombre integraba la lista de acusados de la causa por los 33 casos de apropiación sistemática de niños a cargo del Tribunal Oral Federal 6 porteño. También están acusados los represores Jorge Rafael Videla y Bignone. En aquella visita a Córdoba, el perito de Abuelas confirmó no sólo que el estado de salud de Nicolaides iba a servirle nuevamente como salvoconducto. En el mismo análisis, el perito supo que si hubiese sido sometido a una batería de fármacos cuatro o cinco años atrás se podría haber contenido el proceso de deterioro. Si además, la etapa oral se hubiese hecho antes, Nicolaides podría haber sido juzgado.

El capitán José Luis D’Andrea Mohr, un luchador por los derechos humanos– lo conoció en 1962 durante los enfrentamientos entre azules y colorados, cuando a Nicolaides lo nombraron subdirector de la Escuela de Tropas Aerotransportadas (paracaidistas) de Córdoba, de la que él formaba parte. El ex capitán ya fallecido siguió sus pasos hasta denunciarlo por la incineración de los documentos sobre los desaparecidos en 1983. “Era gordo y torpe”, dijo a Página/12 a fines de los ’90. “Con pocas aptitudes para tirarse de un avión, apenas llegó, llenó los calabozos de soldados y con poco esfuerzo se hizo odiar por todos. A los oficiales nos ordenó concurrir a cenar al comedor del casino de saco y corbata, pero lo solucionamos en short y remera mudando las mesas al jardín.” El 2 de abril de 1963, a Nicolaides se le rebelaron los soldados. Era jefe de la guarnición, y por entonces los oficiales decían que era “un hombre de nalgas griegas” por su apellido. En la embestida lo introdujeron en el escobero, entre lampazos, baldes, jabón y papel higiénico. Algunos historiadores –dijo D’Andrea Mohr más tarde– sostienen que la oscuridad del escobero lo inspiró para planificar acciones tan heroicas como la de Margarita Belén. “Pueden ser calumnias de zurdos. O de carapintadas. O de pelilargos y barbudos a los que Cristino persiguió con saña en su aristotélica guerra ideológica.” De eso sabía mucho. Quizá por eso cuando decoró un pasillo de la Escuela de Tropas con retratos de próceres, encima de la leyenda “Facundo Quiroga” aparecía un ignoto hombre perfectamente rasurado y de aspecto mussoliniano.

Alejandra Dandan

Tomado: Página 12

Voces del Sahara

Tomado: Democracy Now

En pos de una verdadera república

La honra. Ver cómo siempre triunfa la verdad en la historia. Se podrá mentir, se podrá ocultar, se podrá disfrazar de héroes a los misioneros de la muerte, pero llega el tiempo que queda todo al desnudo y ahí está, el triunfo de la Etica sobre los intereses económicos, sobre el uso omnímodo del poder. La vida sobre la muerte. Y es lo que acaba de ocurrir en El Calafate, ese paraíso sureño. Allí, ante la tumba masiva de los peones fusilados por el Ejército Argentino en diciembre de 1921, se hizo un acto donde primó el calor popular y la sabiduría de la Historia. Un acto inolvidable. Del silencio de décadas, a ese concurrir del pueblo a recordar un hecho que nos tiene que avergonzar a todos los argentinos. Con el agravante de que ocurrió no bajo una dictadura militar sino durante el gobierno del presidente radical Hipólito Yrigoyen.

En el acto participaron historiadores locales, cantores populares, el cura del lugar, el intendente de El Calafate, maestros, estudiantes, representantes de los pobladores originarios y pueblo, auténtico pueblo. Hubo emoción cuando los oradores recordamos la crueldad con que actuó el 10 de Caballería contra las peonadas. Allí, enfrente del cenotafio, se extiende la estancia La Anita, de Federico Braun, donde se hallan las tumbas masivas. Al finalizar el acto se hizo un asado para el público y todos estuvimos conversando sobre la injusticia cometida hace noventa años. Con niños, con estudiantes, con docentes, con trabajadores rurales, con vecinos de El Calafate, de Río Gallegos, hasta llegó un grupo juvenil de investigación histórica de Puerto Deseado que ha iniciado un estudio profundo del pasado de ese lugar y las repercusiones de las huelgas del campo de 1921-22 en esa zona. Ahí se dieron a conocer los planes de la Comisión por la Memoria de El Calafate, y se piensa solicitar al estanciero Federico Braun que se permita que el monumento recordativo se sitúe directamente donde se hallan las tumbas masivas de los peones fusilados. Y hay más planes, cargados de imaginación reivindicativa.

Lo que se prohibió o se silenció durante tantas décadas ahora está allí, permanente, el recuerdo. Es un principio de llevar a cabo la historia justiciera, la verdad de los hechos, y resaltar el nombre de los culpables, de aquel congreso nacional cuya mayoría radical se calló la boca y no permitió ninguna investigación y de un ejército que pasó a ser de liberador de pueblos con el pensamiento de Mayo a fusilador de obreros y más tarde a desaparecedor de personas y autores del robo de niños.

Un paso adelante. Por eso, nos parece bien el recuerdo de la Vuelta de Obligado, pero también deberíase recordar oficialmente, en el orden nacional, esta fecha de diciembre. No para corrernos a las playas o a “descansar”, sino para preguntarnos “qué nos pasó a los argentinos” para, después de ese pensamiento de Mayo, llegar ciento diez años después a los despiadados fusilamientos de peones rurales que salieron a pedir un poco de dignidad frente a las explotación de los latifundistas.

Pero en nuestro país siguen ocurriendo sucesos que nos demuestran que hay personas a las que no les importan estas enseñanzas de la historia. Por ejemplo, nos avergüenza lo ocurrido en Villa Soldati, en Formosa, y en tantos otros lugares donde se reprimió salvajemente al pueblo sin tener en cuenta que a los problemas hay que resolverlos de raíz. Por ejemplo, mientras no haya techos dignos para las familias, siempre habrá problemas; mientras no haya trabajo para los desocupados, siempre habrá violencia. Y al fin y al cabo, los hechos nos están diciendo que sólo cuando hay violencia de abajo para llamar la atención a los dueños del poder, entonces sí, empiezan las conversaciones para solucionar esos problemas que hasta ese momento habían sido negados. No se soluciona diciendo que los bolivianos tienen la culpa. Basta ver cómo estaba el llamado Parque Indoamericano. Qué parque si no es más que un enorme terreno baldío con basura y pozos. ¿Qué hicieron hasta ahora las llamadas autoridades de la Ciudad de Buenos Aires? En el barrio de Belgrano, donde vivo, recuerdo lo que era la placita Alberti, una manzana entre las calles que antes se llamaban Guanacache y Nahuel Huapi. Cuando yo era pibe estaba todo lleno de flores, verdes plantas y un césped maravilloso. Era un lujo sentarse en esos bancos de plaza, correr por los senderos y mirar todo esos colores. Ahora, la plaza es pura tierra y polvo, ya no hay más césped ni plantas. No se gasta un céntimo en cuidar ese pulmón verde en medio del barrio. Para qué –se pregunta uno– están las llamadas autoridades de la ciudad sino para observar estos bienes comunes entre los que están los más sagrado de una democracia: el derecho a una vivienda digna principalmente de las familias con hijos, esos hijos que son el futuro y no deben jamás crecer en un clima de violencias. Ese es el deber primordial de la democracia. Esperemos que aprendan, luego de los hechos sangrientos que nos han conmovido a todos y de los cuales la Justicia tiene que juzgar a quiénes han sido los culpables de crear ese estado de cosas y los responsables de cuidar los sagrados derechos de todos los ciudadanos, sean ricos o pobres, bolivianos o paraguayos. Recordemos a nuestros Libertadores, señoras y señores autoridades, que marcharon a liberar a los pueblos americanos sin encerrarse en el egoísta racismo de los pequeños, los que creen en fronteras.

Y mencionamos a la Justicia. Acaba de ocurrir un hecho que nos llenó de alegría y orgullo. La actitud del juez Raúl Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de la Nación, ante el preso político Roberto Martino, quien se hallaba en huelga de hambre en protesta por la más que injusta prisión por su protesta frente a la embajada de Israel. El juez Zaffaroni no miró despectivamente desde el trono jurídico al prisionero. Sino que fue a visitarlo a su celda carcelaria. Y le aseguró que cuando su causa llegue a la Corte Suprema hará todo lo que esté a su alcance para respetar los principios constitucionales que nos rigen. ¿Quién ha sido capaz de hacer esto en nuestro país? No, todos se refugian en la “importancia” de su cargo, o en los principios burocráticos de las cadenas de instituciones jurídicas para desentenderse del problema eminentemente humano de la causa “Martino” por la cual están luchando desde largo tiempo las organizaciones de derechos humanos. Hasta ahora, nuestra Justicia se comportó igual que la justicia de Estados Unidos con la prisión de los cinco cubanos, un hecho de una crueldad pocas veces vista en la historia de la justicia mundial. Y el juez Zaffaroni “bajó” hasta la humilde celda del preso político para darle la seguridad de que cuando a él le toque actuar hará sonar la voz de la honestidad, que debe ser el principio de esa palabra con mayúscula que se llama “Justicia”. Zaffaroni, un juez que nunca miró para otro lado, sino que estudió siempre a fondo cómo actuar en una sociedad que se dice democrática y justa pero que muestra síntomas graves de no haber aprendido todavía de la tortuosa historia de estos doscientos años argentinos. Vemos nuestra realidad: los políticos ladrones de la década del noventa, libres; pero un civil que hace uso de la protesta democrática en la calle, preso desde hace inmensos meses.

Este acto de este miembro de la Corte Suprema (vaya ese título de “suprema”) nos llena de optimismo. Mientras haya jueces con esa grandeza de sentimientos y ese coraje civil frente a cinismos o soluciones bizantinas que siempre favorecen al poderoso podemos tener fe en el futuro de nuestra República. Sí, lograr alguna vez poner en mayúscula ese término: República.

Y para terminar este deambular difícil, otra inmensa alegría. Que el docente Enrique Samar haya logrado triunfar en su lucha de años: que se haya cambiado el nombre de la plaza Virreyes por el del máximo libertador de la época colonial: Túpac Amaru. La dictadura de la desaparición de personas le había cambiado el nombre de Plaza Armenia por el de –nada menos– Plaza Virreyes. Un homenaje a los representantes del coloniaje con la esclavitud y la sumisión al “rey católico de España”. Samar, director de una escuela de esta capital, se jugó entero para terminar con esa ignominia. Y triunfó. Ahora la plaza recordará a quien sufrió la muerte más cruel en manos de los conquistadores europeos. Un paso más –esta vez simbólico pero pleno de fuerza– hacia la verdadera república.

Osvaldo Bayer

Tomado: Página 12

Una mujer con muchas mayúsculas

María Esther Gatti y Mariana Zaffaroni

No me sorprendió su deceso. A poco más de un mes para cumplir 93, el curso irreversible de la vida indica el final próximo. Lo que sí se despertó en mí es la evocación de tantos recuerdos que hoy quiero compartir con los lectores de EL ECO, ese eco que se sigue sintiendo aquí y allá como el andar de esta mujer, María Esther Gatti, que a pesar de su muerte no cesa.

No debe haber dolor semejante entre los seres humanos que el de una madre que pierde a su hija, su única hija. Eso sucedió en setiembre de 1976 cuando las fuerzas militares coordinadas de Argentina y Uruguay, hicieron una segunda arremetida contra la militancia resistente organizada, en este caso, en el Partido por la Victoria del Pueblo, acertándole un nuevo golpe brutal que se llevó decenas de hombres y mujeres. Entre ellos una pareja joven, muy joven, como todos nosotros: Jorge Zaffaroni, el charleta para sus compañeros, y María Emilia Islas, Emi, junto a su hijita Mariana.

Una vez, en un caluroso diciembre de 1975, la tuve en mis brazos y hablamos con Emi de muchas cosas. Mariana había nacido en marzo y para los que andábamos de un lado para otro, entre reuniones y planes de resistencia, tenerla allí para calmar un poco su llanto, seguramente provocado por el calor húmedo de aquella ciudad ocupada de guerra, era, sin duda, un regocijo.

Cuando ellos desaparecieron yo ya andaba en Europa. Casi inmediatamente después de las primeras víctimas de esa práctica engullidora y aberrante, la solidaridad comenzó a oírse por todo el mundo. El drama se hizo continental. La búsqueda también. En esas vueltas nos vimos con María Esther en Caracas en 1981. Se hacía un nuevo encuentro de FEDEFAM, la Federación de Familiares. Ella no era la única, pero las mujeres que habían viajado desde Montevideo con ella, estaban unidas por el vigor, la entereza y la voluntad inquebrantable de luchar hasta saber de sus hijos, de sus esposos, de sus nietos. María Esther no hablaba mucho, pero cuando lo hacía era aguda y certera. Después nos vimos en 1984, en Buenos Aires, y se volvía inminente la aparición de Mariana. María Esther no estaba sola, claro. Nosotros, con ella al lado, tampoco. Nos transmitía fuerzas, decisión, entereza, a veces humor. Mariana apareció, era la niña peinada con colitas, pero luego volvió a desaparecer y otra vez, ahora hacia Paraguay. Y la cosa que ya había andado una década, en realidad recién empezaba. Porque María Esther tenía que ayudar a que aquella jovencita reconstruyera toda su vida, su pasado, sus orígenes, sus progenitores, y no fue fácil. Pero María Esther, firme, dura, extremadamente tierna y sensible detrás de sus ojos claros, hizo lo que se debía hacer: decir la verdad, mostrarla en toda su amplitud, buscando acercamientos. Una vez a solas, en su casa de Colón, conversando sobre lo de siempre, ella me dijo que lo que tenía claro era que debía seguir hasta el último aliento de su vida. Y eso hizo.

María Esther, maestra de profesión y de la vida, orgullo para las mujeres y los hombres de nuestro pueblo, debería ser tema para hacer su biografía junto a la de otras tantas de su temple. Haber estado cerca de ella, de ellas, a muchos de nosotros nos ha motivado a tratar de ser mejores. Hay muchas maneras de rendirles homenajes. Quizá en estos tiempos la forma más inmediata sea eliminar de una vez y para siempre la Ley maldita que desiguala personas, que exculpa delitos horrendos, que le dice al futuro que se pueden volver a cometer, que llena de olvido y de mentiras para que no se sepa la verdad y muera. Pero María Esther, además, puede ser homenajeada de otra forma trascendental: que se la conozca, que se sepa de ella, que se divulgue su vida que nos dice que en este mundo de frivolidad, de solapadas claudicaciones, de “no te metás”, “no es cosa tuya” y “es lo que hay, valor”, ella mostró profundidad ética, rectitud de convicciones, inmensa solidaridad y el ejemplo que muestra hasta el último momento que este mundo puede ser diferente, mejor, para todos, especialmente para los chiquitos, como sus biznietos, que están esperando tanto de nosotros.



Ignacio Martínez

Tomado: elecosemanario.com.uy

“La transición legitimó las políticas de la dictadura”

Hugo Gutiérrez, abogado que logró procesar a Pinochet en 1998 y presidente de la Comisión de DD HH del Parlamento chileno, explica, cuando se cumplen cuatro años de la muerte del dictador, la fallida transición política y las luchas contra la impunidad.

El 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos, se cumplen cuatro años de la muerte del dictador chileno Augusto Pinochet, que en los últimos años de su vida fue sometido a varios procesos por los crímenes cometidos, aunque nunca llegó a ser condenado.

De visita en el Estado español, Hugo Gutiérrez Gálvez, parlamentario del Partido Comunista de Chile (PC) y uno de los abogados que lograron procesar por primera vez al dictador en 1998, sostiene que “es cierto que murió sin haber sido condenado, pero me complace haberle quitado la inmunidad de ex presidente de la República días antes de que muriera y que se lograra someterlo a proceso por los asesinatos de varios jóvenes socialistas y dejarlo bajo arresto domiciliario, que concluyó días antes de su muerte”.

Este abogado califica la lucha contra la impunidad en Chile como un movimiento ciudadano “que no ha sido estimulado por el Estado y que ha tenido coherencia, consecuencia y perseverancia en el tiempo”, logrando la condena de más de 200 criminales de la dictadura –entre ellos Manuel Contreras, uno de los mayores responsables de la represión tras el golpe, condenado a más de 200 años– y el enjuiciamiento de otros 500.

Sin embargo, cuatro años después y tras 20 años del inicio de la transición política, la sombra de la dictadura no ha desaparecido. “Me debato entre considerar que la transición chilena fracasó o que simplemente no hubo transición, aunque hoy me inclino a sostener que no la hubo. Creo que las políticas diseñadas por la dictadura militar fueron totalmente legitimadas por la transición democrática. La Constitución política diseñada por Pinochet se mantuvo tal cual hasta hoy, salvo la payasada que hizo [el ex presidente] Lagos de sacar la firma de Pinochet de la Constitución y poner la suya”, explica Gutiérrez, quien considera que en Chile “se mantiene vigente el 99,9% de las leyes dictadas por Pinochet”.

Ley de la dictadura Una de esas leyes es la antiterrorista, que es “un diseño de la dictadura de persecución del enemigo político” y que hoy se aplica principalmente al pueblo mapuche “por el simple hecho de que están luchando por la reivindicación territorial, que es una reivindicación estimada como justa por toda la comunidad internacional y por gran parte de la población chilena. Esta ley tiene como objetivo estigmatizar una lucha, poner al mapuche fuera del ordenamiento jurídico al efecto de aplicarle todo un rigor procesal y penal que no corresponde”.

De hecho, la ONU, la Organización Mundial contra la Tortura y otros organismos denuncian la aplicación de esta ley pinochetista a los mapuches por simples hechos de protesta social en defensa de derechos humanos, políticos y territoriales. En los últimos meses, 34 presos políticos mapuches han mantenido una huelga de hambre de más de 80 días para exigir un juicio justo y que no se les aplique la ley antiterrorista.

Tras un acuerdo con el Gobierno de Sebastián Piñera, que prometió retirar las acusaciones de terrorismo, 17 presos acaban de denunciar su incumplimiento y amenazan con reiniciar el ayuno de manera inminente. Políticas de seguridad “Yo diría que la cultura represiva existente en los tiempos de dictadura se ha mantenido de una u otra forma bajo el revestimiento de políticas de seguridad ciudadana que en el fondo no son más que políticas de represión social”, estima Hugo Gutiérrez, que es también uno de los tres diputados comunistas que, tras 37 años de ausencia del PC del Parlamento, han sido elegidos este año tras un acuerdo con la Concertación, coalición de ‘centroizquierda’ que gobernó Chile los últimos 20 años, un pacto criticado por una parte de las bases y de la izquierda y que Gutiérrez justifica como necesario “para poder salir elegido dentro de un sistema electoral binominal”.

“Una de las exigencias que impuso EE UU a los que hicieron el pacto para la transición, es decir, a la dictadura de Pinochet y a las fuerzas democráticas opositoras, es la exclusión del PC, pero las votaciones que hemos recibido y la obtención de más alcaldes, concejales… han hecho que seamos una realidadque no se podía seguir negando”.

Sobre las diferencias entre las políticas de Sebastián Piñera, derechista llegado a la presidencia hace menos de un año, y la Concertación, Gutiérrez considera que “son las mismas políticas. Son políticas neoliberales, y la Concertación, en definitiva, defiende una institucionalidad bastante violenta y represiva y un modelo económico neoliberal.

Lo que sí puede pasar es que Piñera avance aún más en la implementación del modelo neoliberal, privatizando actividades o servicios públicos que la Concertación no privatizó”. Privatización de recursos Se teme, por ejemplo, la privatización total del cobre, un sector estratégico que representa el 40% de las exportaciones chilenas, que aporta grandes ingresos y cuya producción y venta va a provocar, según Gutiérrez, que el Gobierno de Piñera tenga “un superávit presupuestario que va a dar al país posibilidades de desarrollo económico” y “va a tener al Gobierno muy holgado”; pero advierte sobre los problemas que genera un modelo basado en la extracción y exportación de recursos naturales, en el que, además, “son las transnacionales las que se están enriqueciendo con su explotación, sobre todo las empresas mineras, que están causando un gran daño al medio ambiente y quitan el agua a las comunidades indígenas”.

Este año, la economía de Chile, cuya transición “legitimó el modelo neoliberal diseñado y construido durante la dictadura”, crecerá más de un 5%, pero la pobreza también ha aumentado hasta el 15,1%.

En oposición a este modelo, Gutiérrez defiende la “búsqueda real y concreta de alternativas al modelo neoliberal” que está teniendo lugar en América, donde “países como Bolivia, Venezuela, Ecuador o Uruguay ya se dirigen a un fortalecimiento de derechos esenciales, como la vivienda, el agua, la educación, la salud, que deben ser amparados por el Estado. Y espero que algún día mi país también tome la decisión de no seguir entregando las riquezas naturales a las transnacionales, que se enriquecen en desmerecimiento de los derechos de las personas”.

PUEBLO MAPUCHE Y LEY ANTITERRORISTA


El Congreso chileno aprobó en septiembre una reforma de la Ley Antiterrorista que ha sido calificada de “juego de palabras” por los 34 presos políticos mapuches que realizaron una huelga de hambre de 82 días para que no se les aplicara esta ley por sus protestas sociales. El único avance es que ya no se podrá aplicar a menores, según explican los presos. Aunque el Gobierno prometió retirar las acusaciones de terrorismo contra estos presos, “sigue usando las herramientas de la ley, como los testigos protegidos”, explicó una portavoz de los presos.

JUICIOS A REPRESORES EN FRANCIA

Entre el 8 y el 17 de diciembre se desarrollará en París un juicio en ausencia contra 14 represores de la dictadura militar chilena (entre 1973 y 1990 fueron asesinadas 3.000 personas) por la detención y desaparición de cuatro ciudadanos franceses. En Chile, cientos de militares han sido procesados por los crímenes de la dictadura; sin embargo, sólo 64 de los 220 criminales condenados están en prisión. La Ley de Amnistía sigue vigente 32 años después de haber sido promulgada.

JUICIOS A REPRESORES EN FRANCIA

Entre el 8 y el 17 de diciembre se desarrollará en París un juicio en ausencia contra 14 represores de la dictadura militar chilena (entre 1973 y 1990 fueron asesinadas 3.000 personas) por la detención y desaparición de cuatro ciudadanos franceses. En Chile, cientos de militares han sido procesados por los crímenes de la dictadura; sin embargo, sólo 64 de los 220 criminales condenados están en prisión. La Ley de Amnistía sigue vigente 32 años después de haber sido promulgada.

Gladys Martínez López / Madrid

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Tomado: diagonalperíodico.net

Francia juzga a la cúpula militar de Pinochet

Natalia Chanfreau, hija del desaparecido Alphonse Chanfreau, y Yanine Claudet, hermana de Jean Yves Claudet, hablaron con la prensa.

 Los abogados y familiares de las víctimas de la dictadura chilena presentaron el contexto del proceso contra trece militares chilenos y un argentino –José Osvaldo Riveiro–, acusados por la desaparición de cuatro franceses.

Natalia Chanfreau esperó cerca de 40 años para que la Justicia osara enjuiciar a quienes secuestraron y asesinaron a su padre bajo la dictadura chilena. “Hemos esperado casi toda nuestra vida para obtener justicia”, dijo ayer en París la hija de Alphonse Chanfreau, el líder estudiantil del MIR chileno (Movimiento de Izquierda Revolucionario), secuestrado en Santiago el 30 de julio de 1974. Los abogados y familiares de las víctimas de desapariciones forzadas presentaron ayer en París el contexto del juicio en ausencia contra 13 militares chilenos y un argentino, responsables de la desaparición de cuatro ciudadanos franceses en pleno pinochetismo.

Georges Klein, consejero de Salvador Allende; el sacerdote Etienne Pesle, Alphonse Chanfreau y Jean Yves Claudet Fernández, otro militante del MIR, fueron secuestrados entre 1973 y 1975 en Santiago de Chile, Temico y Buenos Aires. Ayer les llegó la hora a los responsables de estos crímenes de ver la acción de la Justicia producir una forma de verdad. Los juicios que se inician este 8 de diciembre son a la vez simbólicos y reales. Simbólicos porque los acusados no están presentes, reales porque, como lo resaltó el abogado William Bourdon, defensor de las familias de Yves Klein, Alphonse Chanfreau y Etienne Pesle, hay en este proceso “un valor histórico porque será el único que permitirá hacer una fotografía judicial, precisa, global y casi exhaustiva del aparato represor de Pinochet”.

Juicio doble también: el de los culpables y el de una Justicia chilena que, y así lo señaló la abogada de Jean Yves Claudet Fernández, Sophie Thonon, “es olvidadiza y con lagunas”. Los juicios que se inician mañana por secuestro y tortura seguida de desaparición se prolongarán hasta el 17 de diciembre en el Tribunal en lo Criminal de París. A menos que los acusados salgan de Chile –sobre todos pesa una orden de captura internacional– ninguna de las penas pronunciadas se hará efectiva. Ello no desalienta a los familiares, muy por el contrario. Jeanine Claudet, hermana del militante del MIR secuestrado en Buenos Aires por la DINA el 1º de noviembre de 1975, Jean Yves Claudet, dijo ayer que los familiares no esperaban “un milagro”, pero agregó que “será un primer paso de justicia, ya que hay muchas familias en Chile y en América latina que ni siquiera tendrán esta primera justicia”.

Sin la perseverancia de los familiares y de los abogados William Bourdon y Sophie Thonon, los responsables de los secuestros habrían evitado que se hurgara en ese pasado. El juez Le Loire inició la instrucción de los casos aceptados por la Justicia en octubre de 1988 y la jueza Sophie Clément terminó por ordenar la acusación ante la Corte en febrero de 2007.

Los acusados son Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la DINA y ex general del ejército; Hernán Julio Brady Roche, ex comandante en jefe de la región de Santiago; Petro Octavio Espinoza Bravo, ex coronel del ejército, director de operaciones y jefe de la brigada de Intervención Metropolitana –BIM– de la DINA; el argentino José Osvaldo Riveiro, ex teniente afectado a la DINA; Miguel Krasnoff Martchenko, ex capitán del ejército afectado a la DINA; Rafael Francisco Ahumada Valderrama, ex oficial del regimiento de Tacna; Gerardo Ernesto Godoy García, ex teniente afectado a la DINA; Basclay Humberto Zapata Reyes, suboficial del ejército afectado a la DINA; Enrique Lautaro Arranciaba Clavel, ex representante de la DINA en la Argentina; Raúl Eduardo Iturrriaga Neuman, ex responsable del departamento exterior de la DINA; Luis Joaquín Ramírez Pineda, ex comisario del campo de Tacna; José Octavio Zara Holger, ex oficial del ejército con puesto en la DINA; Emilio Sandoval Poo, ex militar de reserva de la Fuerza Aérea, hoy empresario en Temuco. Otros cuatro sospechosos figuran en los legajos de la acusación así como un ausente, Augusto Pinochet, cuya muerte en 2006 puso fin a cualquier intento judicial.

Al igual que en otros países, una buena parte de los militares chilenos implicados en estos crímenes están libres y hasta sin acusación judicial en su contra. En este sentido, el abogado William Bourdon destacó: “No basta con una Corte Penal Internacional. Necesitamos un texto internacional que obligue a los Estados a entregar a sus propios ciudadanos cuando se trata de crímenes contra la humanidad”. El Estado chileno reconoció hasta ahora 3197 desapariciones y 28.461 víctimas de torturas. Según datos de la Federación Internacional de Derechos Humanos, 171 personas fueron condenadas en Chile por esos crímenes, de las cuales sólo 53 están hoy presas.

Eduardo Febbro Desde París

Tomado: Página 12

Carta a Sebastian Piñera

Estocolmo, 20 de mayo de 2010 Sr. José Miguel Cruz, Embajador de Chile en Suecia Los chilenos y latinoamericanos residentes en Suecia, queremos, a través suyo, expresarle al gobierno chileno encabezado por el Sr. Sebastián Piñera, nuestro profundo malestar por la doble moral de su gobierno al permitir sin ningún cuestionamiento la realización de una marcha de protesta convocada ante la Embajada Cubana en Santiago hoy 20 de mayo del 2010. Esta manifestación, que goza de todos los permisos necesarios y que según los convocantes “las fuerzas policiales del orden público estarán presentes desde el comienzo hasta su finalización...” forma parte de una campaña orquestada y financiada por los EE.UU. Los convocantes a la marcha aducen que en Cuba no hay democracia ni se respetan los DD.HH. ¿No es acaso un ejercicio democrático cuando en todos los procesos electorales que se han celebrado desde el año 1976, han participado más del 95% del electorado cubano? ¿No es de conocimiento general que el único lugar donde se violan los DD.HH. en territorio cubano es en la base naval de Guantánamo que rige bajo la jurisprudencia estadounidense? ¿No es la máxima expresión de bondad humana y por tanto respeto absoluto a los DD.HH. la forma en que ese pueblo comparte “lo que tenemos, no lo que nos sobra”? Es así como han ofrecido atención médica y rehabilitación a miles de niños afectados por la catástrofe nuclear de Chernobil, han acudido con brigadas médicas a muchos lugares de la tierra afectados por desgracias naturales, han participado en campañas para eliminar el analfabetismo, etc., etc. Sin ir más lejos, hoy un contingente de la brigada internacionalista Henry Reeve se encuentra en la ciudad de Rancagua, operando desde el hospital de campaña que el gobierno de Cuba envió a Chile a raíz del terremoto y maremoto del 27 de febrero. El nuevo ministro de Salud chileno, Jaime Mañalich, al visitar este hospital de campaña pidió públicamente al gobierno cubano que enviara otro hospital de ese tipo, para atender la emergencia en Chile. Dos días después arribó a Chile un segundo hospital de campaña cubano que se instaló en la ciudad de Chillán. Los abajo firmantes que adherimos a esta carta de protesta, consideramos que nuestro malestar es legítimo y se basa en hechos indesmentibles; la doble moral e hipocresía del discurso oficial, reflejada en el silencio que se guardaba ayer ante arrestos, desapariciones, tortura, asesinatos y demás violaciones flagrantes a los DD.HH. en territorio chileno, y que se contrarresta con la facilidad actual de emitir juicios cuando es a Cuba a quien se ataca. Asociación "Cubanos por Cuba": Vicky Andersson Asociación Pelentaru: Máximo Varela Club Deportivo Lautaro: Patricio Domínguez, Juan Hidalgo Colectivo Asociación Taller Ranquil Colectivo Radio Nueva América Comité Cinco de Octubre: Ximena Serrano, Pablo Hormazábal, Edith Contreras, Luis Peña, Simón Soto, Juan Cancino, Juana Donoso, David Huerta Comité por la Libertad de los Cinco, Estocolmo: Teresa Núñez, Ignacio Sosa, Gastón Palacios, Ximena Palacios, Carlos Salazar, Vania Ramírez, Aliro Cerda, Digna Césped DRUZHBA, Asociación de Ex estudiantes Chilenos en la URSS residentes en Suecia: Andrés Saez FMLN Estocolmo: Luis Hernandez, Reyna Orellana Juventud Latina: Johnny Vergara Poetas del Mundo/Suecia: Galvarino Orellana (Freddy Cancino Sepúlveda) Radio Amanda Radio Antawara Internacional, Programa "En los caminos de la noticia": Juan Carlos Montecinos, Ilich Galdámez Radio Bahía: Luis Romero Radio Nuevo Milenio: Jorge González Radio Studion 91.1: David Barrios Red de salvadoreños y amigos en Suecia (REDSAL): Sergio Montes, Eliseo Godinez Red de Solidaridad con América Latina, RESOCAL (Alberto Muñoz, Marco Belalcazar): • Agrupación de ex presos políticos de Chile: Silvia Leiva, Ricardo Muñoz • Asociación de Amistad sueco-cubana, Estocolmo: Germán Briceño, Juana González, Manuel Valenzuela, Marigen Palacios, María Lupe Díaz, Atilio Villanueva, Carlos Barría • Asociación Jaime Pardo Leal: Miguel Suárez • Asociación Sueco-peruana: Florentino Tello, Emperatriz Machaca • Asociación Tiahuanacu: José Alarcón, Daniel Maidana • Asociación Víctor Jara: Jorge Cáceres, Angel Lizama • Comité por Paraguay: Agripino Quintana, Martha Melgarejo • Federación boliviana • FMLN: Hugo García, Javier Córdoba • FSLN: Magdalena Acuña, Xavier Castro • Grupo de apoyo a Bolivia, GAB: Adolfo Zambrana • Grupo de Apoyo a Ecuador Eloy Alfaro: Cristian Vega, Olga Basáez, Rosa Benitez, Edgar Rosero, Yohana Mayorga • RESOLVER: Ruth Cartaya, José Sanchez Unión Bolivariana Latinoamericana: Luis Cerna, Alejandrina Salgado, Jesús Huamán, Ricardo Ayala Bárbara Jarl, periodista cubana, Estocolmo Jesús Cuervo Marín, Estocolmo Francisco Contreras, concejal y suplente al Parlamento sueco por el Partido de Izquierda, presidente de Latinamerikagrupperna Dúo Pepe y Mary Beatriz Piñeda y Trova del Sur (Marcelo Cortes, Fidel Benavides, Fernando Estay, Guido Sanchez) Gotemburgo: • Asociación de Amistad sueco-cubana, Gotemburgo: Loreto Labbé-Reveco, Claudio Alvarez, Ema Fuentes • Asociación Cultural Sueco Salvadoreña de Gotemburgo • Valeriano Dinamarca Malmö: • AMASU (Apoyo a Madres de Plaza de Mayo en Suecia) • Asociación de Amistad sueco-cubana, Södra Skåne • Asociación Víctor Jara, Malmö • Comité de apoyo a Bolivia (CAB), Malmö • Ana Maria Sabio • Omar Diessler • René Vázquez Díaz, escritor Norrköping: • Asociación de Amistad sueco-cubana, Norrköping: Marta Gutiérrez, Roberto González Cabezas, David Quintanilla Gutierrez • Asociación Mundo sin Guerras: Patricia Vazquez, Ciro Velez, Alexander Velez Vasquez • Asociación Suecia el Salvador, Norrköping: Adan Ventura • Simón Bolívar Studiecenter, Norrköping: Luis Quintanilla Uppsala: • Asociación de Amistad sueco-cubana, Uppsala • ORIGEN - Grupo de música popular latinoamericana • Cetal – centro de estudios América Latina • Radio Latinoamérica • Ricardo Fletcher – gestor cultural • Robinson Yañez – Trovador chileno Atención: Asociación Víctor Jara: Jorge Cáceres, Angel Lizama

Garzón se juega la carta internacional

EL JUEZ CONVOCO A JURISTAS EXTRANJEROS PARA QUE DECLAREN A SU FAVOR El Tribunal Supremo español se empeña en suspenderlo. Por eso, el magistrado apela a la defensa de Zaffaroni y Freile, entre otros. Baltasar Garzón eligió jugar la carta internacional para defenderse del intento del Tribunal Supremo español de apartarlo de su juzgado en la Audiencia Nacional y convocó a un grupo de destacados juristas extranjeros para que lo defiendan, entre los que se encuentran Eugenio Raúl Zaffaroni, integrante de la Corte Suprema de Justicia argentina, y Eduardo Freile, autor de las resoluciones contra las leyes de punto final y obediencia debida. Entre los magistrados que el juez madrileño ha citado en su defensa figuran también la ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, la italiana Carla del Ponte; el juez chileno Juan Guzmán Tapia, que abrió las causas que permitieron investigar a los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet; Hugo Relva, coordinador de Justicia de Amnistía Internacional, y Sergio García Ramírez, miembro de la Corte Penal Internacional. Garzón presentó ayer ante el Tribunal Supremo un recurso contra el auto del juez Luciano Varela en el que se lo acusa de prevaricar en la causa que abrió contra los responsables de los crímenes cometidos por el franquismo, y en su defensa citó a estos reconocidos juristas internacionales, a la vez que convocó a un puñado de jueces españoles, la mayor parte de ellos en ejercicio, que en su momento defendieron su actuación en esta causa que tanta polémica ha levantado en España. Para ello el juez llamó también a sus colegas de la Audiencia Nacional Ricardo Prada, Ramón Sáenz Valcárcel y Clara Bayarri, que ya dictaminaron en su momento las competencias de Garzón para investigar al franquismo. Con este movimiento, Garzón da a entender que está dispuesto a presentar una batalla que trasciende las fronteras españolas, una estrategia acorde con su prestigio a nivel internacional. Y de paso señala una paradoja que en el entorno del juez no se han cansado estos días de hacer notar: ¿cómo es posible que Garzón haya podido investigar los crímenes de dictaduras extranjeras y ahora se lo esté apartando de su juzgado por querer hacer lo mismo con el régimen franquista? El “caso Garzón”, mientras tanto, sigue haciéndose cada día mayor a medida que se acerca el momento en que el Consejo General del Poder Judicial deba resolver si apartarlo o no de su juzgado mientras dure el proceso en su contra. Uno de los actores que ayer intervino en la polémica es la asociación de magistrados progresistas Jueces para la Democracia (JPD), a la que pertenece curiosamente el juez Varela. En un comunicado hecho público por la mañana, JPD considera que Garzón no cometió prevaricación y recuerda que esta causa “se abrió exclusivamente a instancias de asociaciones que podrían calificarse como de extrema derecha, herederas ideológicas del franquismo”, haciendo referencia a Falange Española, la célula ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, promotoras de la querella contra Garzón ante el Supremo. Jueces para la Democracia recuerda además que la causa contra el franquismo fue cerrada a instancias del Supremo, por lo cual “no perjudicó a nadie” y se alarma de que se intente “sentar en el banquillo al único juez de este país que, a instancias de familiares de desaparecidos durante la represión franquista, ha tratado de articular una respuesta procesal penal adecuada a las demandas de aquellos olvidadas durante décadas”. Desde la Fiscalía General del Estado también hizo oír su voz ayer Cándido Conde Pumpido, el máximo responsable del organismo, quien aclaró que “el fiscal se opondrá a la suspensión de Garzón” y, aunque su opinión no es vinculante, se supone que debe ser tenida en cuenta por el Consejo antes de proceder a suspenderlo. Pero las posibilidades de que la opinión de Conde Pumpido sea tenida en cuenta son escasas. En ámbitos judiciales se da por descontado que el CGPJ va a suspender a Garzón, ya que la causa en su contra ha logrado aunar las voluntades de conservadores y progresistas de forma sorprendente. Desde el punto de vista de los conservadores, son fáciles de comprender los motivos: Garzón no sólo ha osado investigar al franquismo, sino que además destapó el “Caso Gürtel”, el peor escándalo de corrupción que ha sacudido al PP en los últimos años. Y desde el ámbito progresista no se le perdonan las investigaciones que destaparon la trama de los GAL, una organización paramilitar que creció bajo el amparo del gobierno socialista de Felipe González en los años ochenta con la intención de asesinar a dirigentes del nacionalismo independentista vasco y miembros de la banda terrorista ETA. De este modo, como afirmó ayer el reconocido analista político Iñaki Gabilondo, Garzón se transformará “en la única persona que será juzgada en España en una causa relacionada con el franquismo, lo que es sin dudas una auténtica vergüenza histórica”. Oscar Guisoni Tomado de Página 12