Una muerte que se anticipó a la Justicia

Falleció Cristino Nicolaides, el último jefe del Ejército de la dictadura, que entregó el gobierno a Alfonsín

Nicolaides cumplía una condena domiciliaria por violaciones a los derechos humanos, pero por su enfermedad no podía ser juzgado en la causa por el plan sistemático de robos de bebés que comienza en los primeros días de febrero.

Murió en Córdoba el represor Cristino Nicolaides. Ex jefe del Ejército e integrante de la cuarta Junta Militar formada después de la derrota de Malvinas, murió el sábado a la noche a los 86 años de edad. Por razones de salud, su nombre había sido borrado de la lista de acusados en la causa por robos de bebés de la última dictadura, cuyos debates orales están a punto de iniciarse. Alertados porque sus abogados pedían nuevamente que no se lo juzgase por razones de salud, Abuelas de Plaza de Mayo envió un perito de parte a verlo hace unos seis meses. El abogado de Abuelas, Alan Iud, confirmó a Página/12 que el deterioro en su estado de salud era cierto, que efectivamente el militar ya no comprendía nada, pero también aseguró que si el juicio oral se hubiese hecho cuatro o cinco años atrás, el represor que encontró en su indisposición permanente una suerte de salvoconducto judicial podría haber sido condenado.

Los restos de Nicolaides fueron velados y cremados con celeridad. Su abogado Alejandro Zeverín confirmó a la prensa cordobesa que esas medidas se llevaron adelante por decisión de sus familiares.

Nicolaides nació en Córdoba en 1925. Integró la Junta de Comandantes que asumió el poder a medida que se despedazaba la dictadura. Fue quien ungió a Reynaldo Bignone para presidir la última etapa del “proceso”, y a quien se lo recuerda entre los autores del llamado “Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo”, que declaró muertos a los desaparecidos, y por el que estuvo acusado en la causa de Abuelas. Escapó del Juicio a las Juntas de 1985 por un acuerdo negociado por las Fuerzas Armadas con el ex presidente Raúl Alfonsín. De esa manera se le concedió una especie de autoamnistía por la que ni él ni los miembros de la última Junta fueron juzgados. Antes emitió la orden de quemar los documentos de la represión, impartida en noviembre de 1983 por el Estado Mayor General del Ejército para destruir las pruebas antes de la apertura democrática, otra de las acusaciones por las que iba a ser juzgado en la causa por el Plan Sistemático. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el subsecretario Luis Alén recordaba anoche una de sus frases más célebres: “El marxismo viene persiguiendo a la humanidad desde quinientos años antes de Cristo”.

A lo largo de los últimos años, el deterioro del estado de salud se convirtió en uno de sus mejores salvoconductos. No sólo lo salvó ahora de quedar incluido en el juicio oral que empieza el próximo 28 de febrero en la causa impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo. Sucedió lo mismo en Corrientes y con la causa por la masacre de Margarita Belén en el Chaco. “De la Brigada que él comandaba salió la orden de traslado de los que terminaron siendo fusilados ese 13 de diciembre de 1976, con el nombre de ‘Operativo Rojo’”, recordó anoche el fiscal general Jorge Auat, enrolado entre quienes batallaron por conseguir primero quitarle el beneficio del indulto que había conseguido Nicolaides y entre quienes una vez que lo consiguieron tuvieron que escuchar, luego, que eran las razones de salud las que impedían procesarlo y habilitaron una vía para separarlo de la causa.

En 2007 esas mismas razones de salud le permitieron no estar presente en la sala de audiencias de los Tribunales porteños para escuchar lo que finalmente fue su primera y única condena a 25 años de prisión por el secuestro y la desaparición de integrantes de la organización Montoneros, que volvieron al país enrolados en lo que se llamó la Contraofensiva. Entre ellos estaba Ricardo Marcos Zucker, el hijo del actor Marcos Zucker, secuestrado en febrero de 1980. En 1997, el sargento Nelson Ramón González –ex miembro de un grupo de tareas– dijo en un reportaje de televisión que el propio Nicolaides ordenó fusilarlo en el polígono de tiro de Campo de Mayo. Durante el juicio, se supo que además ordenó el fusilamiento de otras dos personas que luego fueron incineradas entre neumáticos. El juicio fue llevado adelante por Ariel Lijo, y ese fue el primer juicio contra los jefes de la dictadura militar tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Es en ese sentido que Luis Alén decide hacer un subrayado: “Se murió condenado”, dice. “Y pese a esa condena –sigue– él ya tenía además una condena ética y moral de parte de la sociedad, y eso es para destacar.”

El sábado a la noche el estado de salud de Nicolaides desmejoró por una complicación pulmonar, según el parte de su abogado.

Las causas en las que estaba acusado o estaba siendo investigado incluyeron desde procesos en Corrientes a Chaco, Córdoba, el área de Campo de Mayo e incluso la acusación por el Plan Sistemático que dibujan de alguna manera una huella de lo que fueron sus pasos. Cristino Nicolaides fue jefe del Ejército entre diciembre de 1981 y julio de 1982. Pero antes, entre abril de 1976 y enero de 1978, estuvo a cargo de la Brigada de Infantería VII y de la subzona 23 del II Cuerpo del Ejército en Misiones, Chaco, Formosa y parte de Corrientes. Comandó la guarnición de Campo de Mayo del Ejército entre diciembre de 1979 y 1980. Y entre diciembre de 1980 y diciembre de 1981 fue jefe del III Cuerpo de Ejército en Córdoba.

Hasta hace seis meses, su nombre integraba la lista de acusados de la causa por los 33 casos de apropiación sistemática de niños a cargo del Tribunal Oral Federal 6 porteño. También están acusados los represores Jorge Rafael Videla y Bignone. En aquella visita a Córdoba, el perito de Abuelas confirmó no sólo que el estado de salud de Nicolaides iba a servirle nuevamente como salvoconducto. En el mismo análisis, el perito supo que si hubiese sido sometido a una batería de fármacos cuatro o cinco años atrás se podría haber contenido el proceso de deterioro. Si además, la etapa oral se hubiese hecho antes, Nicolaides podría haber sido juzgado.

El capitán José Luis D’Andrea Mohr, un luchador por los derechos humanos– lo conoció en 1962 durante los enfrentamientos entre azules y colorados, cuando a Nicolaides lo nombraron subdirector de la Escuela de Tropas Aerotransportadas (paracaidistas) de Córdoba, de la que él formaba parte. El ex capitán ya fallecido siguió sus pasos hasta denunciarlo por la incineración de los documentos sobre los desaparecidos en 1983. “Era gordo y torpe”, dijo a Página/12 a fines de los ’90. “Con pocas aptitudes para tirarse de un avión, apenas llegó, llenó los calabozos de soldados y con poco esfuerzo se hizo odiar por todos. A los oficiales nos ordenó concurrir a cenar al comedor del casino de saco y corbata, pero lo solucionamos en short y remera mudando las mesas al jardín.” El 2 de abril de 1963, a Nicolaides se le rebelaron los soldados. Era jefe de la guarnición, y por entonces los oficiales decían que era “un hombre de nalgas griegas” por su apellido. En la embestida lo introdujeron en el escobero, entre lampazos, baldes, jabón y papel higiénico. Algunos historiadores –dijo D’Andrea Mohr más tarde– sostienen que la oscuridad del escobero lo inspiró para planificar acciones tan heroicas como la de Margarita Belén. “Pueden ser calumnias de zurdos. O de carapintadas. O de pelilargos y barbudos a los que Cristino persiguió con saña en su aristotélica guerra ideológica.” De eso sabía mucho. Quizá por eso cuando decoró un pasillo de la Escuela de Tropas con retratos de próceres, encima de la leyenda “Facundo Quiroga” aparecía un ignoto hombre perfectamente rasurado y de aspecto mussoliniano.

Alejandra Dandan

Tomado: Página 12

“La transición legitimó las políticas de la dictadura”

Hugo Gutiérrez, abogado que logró procesar a Pinochet en 1998 y presidente de la Comisión de DD HH del Parlamento chileno, explica, cuando se cumplen cuatro años de la muerte del dictador, la fallida transición política y las luchas contra la impunidad.

El 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos, se cumplen cuatro años de la muerte del dictador chileno Augusto Pinochet, que en los últimos años de su vida fue sometido a varios procesos por los crímenes cometidos, aunque nunca llegó a ser condenado.

De visita en el Estado español, Hugo Gutiérrez Gálvez, parlamentario del Partido Comunista de Chile (PC) y uno de los abogados que lograron procesar por primera vez al dictador en 1998, sostiene que “es cierto que murió sin haber sido condenado, pero me complace haberle quitado la inmunidad de ex presidente de la República días antes de que muriera y que se lograra someterlo a proceso por los asesinatos de varios jóvenes socialistas y dejarlo bajo arresto domiciliario, que concluyó días antes de su muerte”.

Este abogado califica la lucha contra la impunidad en Chile como un movimiento ciudadano “que no ha sido estimulado por el Estado y que ha tenido coherencia, consecuencia y perseverancia en el tiempo”, logrando la condena de más de 200 criminales de la dictadura –entre ellos Manuel Contreras, uno de los mayores responsables de la represión tras el golpe, condenado a más de 200 años– y el enjuiciamiento de otros 500.

Sin embargo, cuatro años después y tras 20 años del inicio de la transición política, la sombra de la dictadura no ha desaparecido. “Me debato entre considerar que la transición chilena fracasó o que simplemente no hubo transición, aunque hoy me inclino a sostener que no la hubo. Creo que las políticas diseñadas por la dictadura militar fueron totalmente legitimadas por la transición democrática. La Constitución política diseñada por Pinochet se mantuvo tal cual hasta hoy, salvo la payasada que hizo [el ex presidente] Lagos de sacar la firma de Pinochet de la Constitución y poner la suya”, explica Gutiérrez, quien considera que en Chile “se mantiene vigente el 99,9% de las leyes dictadas por Pinochet”.

Ley de la dictadura Una de esas leyes es la antiterrorista, que es “un diseño de la dictadura de persecución del enemigo político” y que hoy se aplica principalmente al pueblo mapuche “por el simple hecho de que están luchando por la reivindicación territorial, que es una reivindicación estimada como justa por toda la comunidad internacional y por gran parte de la población chilena. Esta ley tiene como objetivo estigmatizar una lucha, poner al mapuche fuera del ordenamiento jurídico al efecto de aplicarle todo un rigor procesal y penal que no corresponde”.

De hecho, la ONU, la Organización Mundial contra la Tortura y otros organismos denuncian la aplicación de esta ley pinochetista a los mapuches por simples hechos de protesta social en defensa de derechos humanos, políticos y territoriales. En los últimos meses, 34 presos políticos mapuches han mantenido una huelga de hambre de más de 80 días para exigir un juicio justo y que no se les aplique la ley antiterrorista.

Tras un acuerdo con el Gobierno de Sebastián Piñera, que prometió retirar las acusaciones de terrorismo, 17 presos acaban de denunciar su incumplimiento y amenazan con reiniciar el ayuno de manera inminente. Políticas de seguridad “Yo diría que la cultura represiva existente en los tiempos de dictadura se ha mantenido de una u otra forma bajo el revestimiento de políticas de seguridad ciudadana que en el fondo no son más que políticas de represión social”, estima Hugo Gutiérrez, que es también uno de los tres diputados comunistas que, tras 37 años de ausencia del PC del Parlamento, han sido elegidos este año tras un acuerdo con la Concertación, coalición de ‘centroizquierda’ que gobernó Chile los últimos 20 años, un pacto criticado por una parte de las bases y de la izquierda y que Gutiérrez justifica como necesario “para poder salir elegido dentro de un sistema electoral binominal”.

“Una de las exigencias que impuso EE UU a los que hicieron el pacto para la transición, es decir, a la dictadura de Pinochet y a las fuerzas democráticas opositoras, es la exclusión del PC, pero las votaciones que hemos recibido y la obtención de más alcaldes, concejales… han hecho que seamos una realidadque no se podía seguir negando”.

Sobre las diferencias entre las políticas de Sebastián Piñera, derechista llegado a la presidencia hace menos de un año, y la Concertación, Gutiérrez considera que “son las mismas políticas. Son políticas neoliberales, y la Concertación, en definitiva, defiende una institucionalidad bastante violenta y represiva y un modelo económico neoliberal.

Lo que sí puede pasar es que Piñera avance aún más en la implementación del modelo neoliberal, privatizando actividades o servicios públicos que la Concertación no privatizó”. Privatización de recursos Se teme, por ejemplo, la privatización total del cobre, un sector estratégico que representa el 40% de las exportaciones chilenas, que aporta grandes ingresos y cuya producción y venta va a provocar, según Gutiérrez, que el Gobierno de Piñera tenga “un superávit presupuestario que va a dar al país posibilidades de desarrollo económico” y “va a tener al Gobierno muy holgado”; pero advierte sobre los problemas que genera un modelo basado en la extracción y exportación de recursos naturales, en el que, además, “son las transnacionales las que se están enriqueciendo con su explotación, sobre todo las empresas mineras, que están causando un gran daño al medio ambiente y quitan el agua a las comunidades indígenas”.

Este año, la economía de Chile, cuya transición “legitimó el modelo neoliberal diseñado y construido durante la dictadura”, crecerá más de un 5%, pero la pobreza también ha aumentado hasta el 15,1%.

En oposición a este modelo, Gutiérrez defiende la “búsqueda real y concreta de alternativas al modelo neoliberal” que está teniendo lugar en América, donde “países como Bolivia, Venezuela, Ecuador o Uruguay ya se dirigen a un fortalecimiento de derechos esenciales, como la vivienda, el agua, la educación, la salud, que deben ser amparados por el Estado. Y espero que algún día mi país también tome la decisión de no seguir entregando las riquezas naturales a las transnacionales, que se enriquecen en desmerecimiento de los derechos de las personas”.

PUEBLO MAPUCHE Y LEY ANTITERRORISTA


El Congreso chileno aprobó en septiembre una reforma de la Ley Antiterrorista que ha sido calificada de “juego de palabras” por los 34 presos políticos mapuches que realizaron una huelga de hambre de 82 días para que no se les aplicara esta ley por sus protestas sociales. El único avance es que ya no se podrá aplicar a menores, según explican los presos. Aunque el Gobierno prometió retirar las acusaciones de terrorismo contra estos presos, “sigue usando las herramientas de la ley, como los testigos protegidos”, explicó una portavoz de los presos.

JUICIOS A REPRESORES EN FRANCIA

Entre el 8 y el 17 de diciembre se desarrollará en París un juicio en ausencia contra 14 represores de la dictadura militar chilena (entre 1973 y 1990 fueron asesinadas 3.000 personas) por la detención y desaparición de cuatro ciudadanos franceses. En Chile, cientos de militares han sido procesados por los crímenes de la dictadura; sin embargo, sólo 64 de los 220 criminales condenados están en prisión. La Ley de Amnistía sigue vigente 32 años después de haber sido promulgada.

JUICIOS A REPRESORES EN FRANCIA

Entre el 8 y el 17 de diciembre se desarrollará en París un juicio en ausencia contra 14 represores de la dictadura militar chilena (entre 1973 y 1990 fueron asesinadas 3.000 personas) por la detención y desaparición de cuatro ciudadanos franceses. En Chile, cientos de militares han sido procesados por los crímenes de la dictadura; sin embargo, sólo 64 de los 220 criminales condenados están en prisión. La Ley de Amnistía sigue vigente 32 años después de haber sido promulgada.

Gladys Martínez López / Madrid

Artículo relacionado: Un pinochetista en la...

Tomado: diagonalperíodico.net

Francia juzga a la cúpula militar de Pinochet

Natalia Chanfreau, hija del desaparecido Alphonse Chanfreau, y Yanine Claudet, hermana de Jean Yves Claudet, hablaron con la prensa.

 Los abogados y familiares de las víctimas de la dictadura chilena presentaron el contexto del proceso contra trece militares chilenos y un argentino –José Osvaldo Riveiro–, acusados por la desaparición de cuatro franceses.

Natalia Chanfreau esperó cerca de 40 años para que la Justicia osara enjuiciar a quienes secuestraron y asesinaron a su padre bajo la dictadura chilena. “Hemos esperado casi toda nuestra vida para obtener justicia”, dijo ayer en París la hija de Alphonse Chanfreau, el líder estudiantil del MIR chileno (Movimiento de Izquierda Revolucionario), secuestrado en Santiago el 30 de julio de 1974. Los abogados y familiares de las víctimas de desapariciones forzadas presentaron ayer en París el contexto del juicio en ausencia contra 13 militares chilenos y un argentino, responsables de la desaparición de cuatro ciudadanos franceses en pleno pinochetismo.

Georges Klein, consejero de Salvador Allende; el sacerdote Etienne Pesle, Alphonse Chanfreau y Jean Yves Claudet Fernández, otro militante del MIR, fueron secuestrados entre 1973 y 1975 en Santiago de Chile, Temico y Buenos Aires. Ayer les llegó la hora a los responsables de estos crímenes de ver la acción de la Justicia producir una forma de verdad. Los juicios que se inician este 8 de diciembre son a la vez simbólicos y reales. Simbólicos porque los acusados no están presentes, reales porque, como lo resaltó el abogado William Bourdon, defensor de las familias de Yves Klein, Alphonse Chanfreau y Etienne Pesle, hay en este proceso “un valor histórico porque será el único que permitirá hacer una fotografía judicial, precisa, global y casi exhaustiva del aparato represor de Pinochet”.

Juicio doble también: el de los culpables y el de una Justicia chilena que, y así lo señaló la abogada de Jean Yves Claudet Fernández, Sophie Thonon, “es olvidadiza y con lagunas”. Los juicios que se inician mañana por secuestro y tortura seguida de desaparición se prolongarán hasta el 17 de diciembre en el Tribunal en lo Criminal de París. A menos que los acusados salgan de Chile –sobre todos pesa una orden de captura internacional– ninguna de las penas pronunciadas se hará efectiva. Ello no desalienta a los familiares, muy por el contrario. Jeanine Claudet, hermana del militante del MIR secuestrado en Buenos Aires por la DINA el 1º de noviembre de 1975, Jean Yves Claudet, dijo ayer que los familiares no esperaban “un milagro”, pero agregó que “será un primer paso de justicia, ya que hay muchas familias en Chile y en América latina que ni siquiera tendrán esta primera justicia”.

Sin la perseverancia de los familiares y de los abogados William Bourdon y Sophie Thonon, los responsables de los secuestros habrían evitado que se hurgara en ese pasado. El juez Le Loire inició la instrucción de los casos aceptados por la Justicia en octubre de 1988 y la jueza Sophie Clément terminó por ordenar la acusación ante la Corte en febrero de 2007.

Los acusados son Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la DINA y ex general del ejército; Hernán Julio Brady Roche, ex comandante en jefe de la región de Santiago; Petro Octavio Espinoza Bravo, ex coronel del ejército, director de operaciones y jefe de la brigada de Intervención Metropolitana –BIM– de la DINA; el argentino José Osvaldo Riveiro, ex teniente afectado a la DINA; Miguel Krasnoff Martchenko, ex capitán del ejército afectado a la DINA; Rafael Francisco Ahumada Valderrama, ex oficial del regimiento de Tacna; Gerardo Ernesto Godoy García, ex teniente afectado a la DINA; Basclay Humberto Zapata Reyes, suboficial del ejército afectado a la DINA; Enrique Lautaro Arranciaba Clavel, ex representante de la DINA en la Argentina; Raúl Eduardo Iturrriaga Neuman, ex responsable del departamento exterior de la DINA; Luis Joaquín Ramírez Pineda, ex comisario del campo de Tacna; José Octavio Zara Holger, ex oficial del ejército con puesto en la DINA; Emilio Sandoval Poo, ex militar de reserva de la Fuerza Aérea, hoy empresario en Temuco. Otros cuatro sospechosos figuran en los legajos de la acusación así como un ausente, Augusto Pinochet, cuya muerte en 2006 puso fin a cualquier intento judicial.

Al igual que en otros países, una buena parte de los militares chilenos implicados en estos crímenes están libres y hasta sin acusación judicial en su contra. En este sentido, el abogado William Bourdon destacó: “No basta con una Corte Penal Internacional. Necesitamos un texto internacional que obligue a los Estados a entregar a sus propios ciudadanos cuando se trata de crímenes contra la humanidad”. El Estado chileno reconoció hasta ahora 3197 desapariciones y 28.461 víctimas de torturas. Según datos de la Federación Internacional de Derechos Humanos, 171 personas fueron condenadas en Chile por esos crímenes, de las cuales sólo 53 están hoy presas.

Eduardo Febbro Desde París

Tomado: Página 12

Wikileaks: Se investigará

Ante la difusión de vídeos y documentos que muestran los asesinatos de civiles a manos de las tropas estadounidenses en Afganistán, el Pentágono ha anunciado que lo investigará. Que investigará al soldado o soldados que han filtrado la información al portal Wikileaks que es quien lo distribuyo a los medios (El País, 20-7-2010). La noticia termina afirmando que “el Pentágono quiere esta vez corregir el problema y, de paso, acabar con Wikileaks y con sus potenciales informantes”. De hecho ya está previsto un juicio militar contra el militar que filtró a este portal el vídeo del ataque de un helicóptero en Iraq en 2007 en el que murieron varios civiles inocentes, incluidos dos periodistas de la agencia Reuters. Obsérvese que para el Pentágono y el diario el problema no son los muertos civiles, sino la filtración, y con lo que quieren acabar no es con los crímenes sino con Wikileaks y con los soldados que cuenten la verdad.

Resulta impresionante observar el silencio de la prensa ante la gravedad de las amenazas contra quienes permiten que se conozca la verdad de lo que sucede en Afganistán. Es difícil establecer quien es más miserable, si el gobierno que a quien investiga es a los que cuentan la realidad o los medios que no ponen ninguna objeción a este ataque contra el derecho de la opinión pública a conocer la verdad de esa guerra.

Pascual Serrano-Correo del Orinoco

Tomado: Rebelión

"Juró ver a los fascistas ante los tribunales....

"Juró ver a los fascistas ante los tribunales, pero no de esta forma", ironiza The Independent La prensa internacional sobre cómo "los hinchas de Franco" ponen contra las cuerdas a Garzón Numerosas diarios de todo el mundo recogen en sus ediciones de este jueves los problemas judiciales del juez Baltasar Garzón por su intento de investigar los crímenes del franquismo, pues no obstante, como reconocen un buen número de ellos, desde el progresista New York Times al conservador Le Figaro, se trata de un magistrado que ha destacado por su persecución a ETA o con causas como la que inició contra el dictador Pinochet. Los prismas son variados, pero destacan las crónicas que relacionan la causa con la politización del caso, con advertencias como las en términos similares lanzan los franceses Le Monde o Les Echos: para ciertos sectores era "intolerable" poner en riesgo el "pacto de silencio" sobre el franquismo durante la transición. El italiano Il Risorgimiento, que advierte de que "Garzón es llevado al banquillo por los hinchas de Franco". La crónica de The New York Times sobre el proceso a Garzón “por sus investigaciones de la época franquista” destaca el “extraordinario revés” que esto supone para un juez “que ha sido punta de lanza en la lucha contra la corrupción en España y el terrorismo perpetrado por ETA”. El otro diario de la capital financiera de EEUU, el conservador The Wall Street Journal, subraya que se juzgará al magistrado por “abuso de poder” y considera que “las acusaciones también son reflejo de la profunda división política que sigue existiendo en la sociedad española y en su sistema jurídico cuando han pasado varias décadas de la muerte del General Franco”. Triste ironía destacada por The Independent En el Reino Unido, The Guardian destacan cómo “Garzón ha sido vitoreado como un héroe por las familias de las víctimas que han empezado a excavar las fosas comunes que dejaron los escuadrones de la muerte de Franco”. El pesar de las víctimas también es destacado por el también británico The Independent, donde ironizan en el titular con que “Garzón juró ver a los fascistas ante los tribunales, pero no de esta forma”. “Beneplácito del PP” The Independent también destaca la ironía de que sean precisamente los críticos de Garzón los que lo llamen “superjuez”, y advierte de que su destitución se puede producir “con el beneplácito” del PP, “formación a la que él ha investigado”. Aunque destacan que medios como el “conservador ABC” hablan de la crónica de una muerte profesional anunciada, advierten de que también en “círculos legales que se sienten ultrajadas por lo que consideran un orquestado intento de los enemigos del juez” para acabar con él profesionalmente. Recogen asimismo un testimonio desde la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica sobre cómo “miles de hombres y mujeres que esperan justicia” y están indignadas por lo que le está ocurriendo a Garzón se sentarán simbólicamente al lado del juez en el banquillo. “Intolerable” puesta en riesgo del “pacto de silencio” En Francia, el conservador Le Figaro destaca la paradoja de que “el super juez será juzgado” y cómo ahora se arriesga a perderlo, aunque reconocen su persecución a ETA. Le Monde recuerda que Garzón tiene muchos enemigos políticos y en la judicatura, donde destacan que ciertos sectores, que han visto al magistrado intentar juzgar las dictaduras de Chile o Argentina, consideran que sería intolerable en España. En términos similares, Les Echos destaca que se ha evitado “poner en peligro la transición democrática y el pacto de silencio que prevalecieron hasta el final del franquismo”, lo que habría sido “intolerable” en ciertos sectores. Duras palabras también en el progresista II Riformista (Italia), donde titulan que “cae el mito Garzón, llevado al banquillo por los hinchas de Franco”. Tomado de El Plural España

El Tribunal Russell sobre Palestina juzga el crimen del silencio

LA UNIÓN EUROPEA, CÓMPLICE DE LAS VIOLACIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL COMETIDAS POR ISRAEL Tras su primera sesión, celebrada en Barcelona, el tribunal, apoyado por José Saramago, Eduardo Galeano o Noam Chomsky, proseguirá en Londres, Nueva York y Sudáfrica con el juicio a Israel y sus cómplices. “Que este tribunal prevenga el crimen del silencio”. Con esta frase, Bertrand Russell, premio Nobel de Literatura, definía el espíritu y el objetivo del Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra constituido en 1966 para investigar crímenes cometidos por Estados Unidos en Vietnam y juzgarlos de acuerdo con la legislación internacional. Cuarenta años después, el Tribunal Russell ha despertado de nuevo a raíz del llamamiento de Ken Coates, presidente de la Fundación Bertrand Russell, Nurit Peled, israelí premio Sajárov por la libertad de expresión, y Leila Shahid, delegada de Palestina en la Unión Europea (UE), con el objetivo de investigar las violaciones del derecho internacional de las que es víctima la población palestina y que le impide tener un Estado propio. Este tribunal cuenta con el apoyo de personalidades como José Saramago, el cineasta Ken Loach, Eduardo Galeano o Noam Chomsky, y entre los miembros del jurado están la premio Nobel de la Paz Mairead Corrigan-Maguire, que fundó el Movimiento por la Paz en Irlanda del Norte, o el ex ministro del Gobierno sudafricano de origen judío Ronald Kasrils, que luchó contra el apartheid mano a mano con Nelson Mandela. Después de cuatro décadas, son otros los intelectuales, los testigos y los juristas que se preguntan esta vez si la UE está anteponiendo sus intereses económicos con Israel al sufrimiento de los palestinos. Un jurado, testigos y un veredicto. La única diferencia con un tribunal convencional es que sus conclusiones no tienen validez jurídica, pero sirven para remover conciencias, exigir a los Estados que cumplan con su función y escuchar a los ciudadanos. Actúa como un tribunal del pueblo que se enfrenta a las injusticias y violaciones del derecho internacional que no se han juzgado o que, aun siendo reconocidas, continúan bajo completa impunidad debido a la falta de voluntad política de la comunidad internacional. En 2010, la sociedad civil sigue los pasos de Russell. Durante tres días se ha demostrado que este tribunal de conciencia vuelve a ser más necesario que nunca porque, como dijo Francis Wurtz, ex diputado del Parlamento Europeo en su intervención ante el Tribunal, “corremos el peligro de hacernos inmunes a lo inaceptable”. La primera sesión internacional, organizada por la coordinadora de entidades Amb Palestina al Cor en el Ilustre Colegio de Abogados sesión de Barcelona, se realizó bajo la presidencia de honor de Stéphane Hessel, embajador francés. Sus manos ayudaron a redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a sus 92 años inauguraba el Tribunal con estas palabras: “Nosotros, amigos, actuamos en nombre del derecho de cada individuo, de cada ciudadano del mundo. Por eso presionaremos a las instituciones internacionales para forzar a sus Estados a adoptar las medidas necesarias para aplicar sanciones a quien viola los tratados internacionales y hacer progresar la paz”. Tres sillas vacías Tres sillas permanecieron vacías de forma simbólica durante los tres días de juicio recordando la ausencia de la UE y sus Estados miembros, cuya complicidad en la violación del derecho internacional en Israel y Palestina examinó el jurado. Pierre Galand, miembro del comité organizador y ex senador belga, anunció el recibimiento de una respuesta del ministro de Asuntos Exteriores alemán interesándose por lo que pasara estos días y otra del presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, interesado por el trabajo realizado. El resto de países de la UE y la propia UE se han mostrado reticentes a presentar sus argumentos sobre las cuestiones que se han abordado en esta primera sesión. Pierre Galand quiso remarcar varias veces que el Tribunal no quiere ser “un ataque”, sino una manera de movilizar a la opinión pública, con la esperanza de que, como en los casos de la guerra de Vietnam, de las dictaduras en Latinoamérica y del apartheid en Sudáfrica, la sociedad civil pueda forzar a los Estados a cumplir con el respeto al derecho humanitario internacional. Discurso contra acción La Corte Internacional de Justicia dictaminó en 2004 la ilegalidad del Muro de la Vergüenza construido por Israel en Palestina. A continuación, Naciones Unidas aprobó que sus Estados miembros no harían nada que ayudara a la construcción ni reconocerían la situación ilegal que lo genera, además de garantizar el derecho de autodeterminación del pueblo palestino. Sin embargo, esos países se han limitado a emitir condenas, pero han permitido a Israel seguir con su política de confiscaciones e implantación de colonias ilegales en los Territorios Ocupados. Nueve expertos y 11 testigos aportaron argumentos al jurado sobre la responsabilidad de la UE en las violaciones del derecho humanitario internacional por parte del Gobierno de Israel. Las siete sesiones celebradas en Barcelona trataron seis cuestiones muy concretas: el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino; el bloqueo de Gaza y la Operación Plomo Fundido; las colonias de asentamiento y el saqueo de los recursos naturales, la anexión de Jerusalén Este; la construcción del Muro en los Territorios Palestinos Ocupados y el Acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel. Violación de derechos Para analizar estos seis tópicos se tuvieron en cuenta las grandes convenciones internacionales firmadas por Israel y por el conjunto de países miembros de la Unión Europea, se identificaron todas las carencias en la implementación del derecho internacional y se condenaron todas las partes responsables de estas deficiencias ante la mirada de la opinión pública internacional. El 3 de marzo, cuatro miembros del jurado leyeron las conclusiones: 20 páginas donde constatan que Israel sigue violando el derecho internacional en perjuicio del pueblo palestino (crimen de apartheid, la ilegalidad del Muro y la violación del derecho a la libre determinación) y que describen los puntos débiles de la UE instándola a tomar medidas comerciales, diplomáticas y culturales que custodien el respeto a los derechos humanos [ver recuadro]. Estas conclusiones servirán para reestructurar las próximas sesiones del tribunal, que tendrán lugar en Londres (octubre de 2010), Nueva York y Sudáfrica. Se han presentado ya al Parlamento catalán y en los próximos días se presentarán al Gobierno español, a la Unión Europea y, finalmente, a las Naciones Unidas. Marta Molina Tomado de Diagonal ******************************** Luisa Morgantini acusa a la Unión Europea Por Johari Gautier Carmona En una sesión del Tribunal, la ex vicepresidenta de la Unión Europea Luisa Morgantini culpó a la UE de ser no sólo responsable de la construcción del muro en los Territorios Ocupados palestinos, sino también de ser uno de sus mayores cómplices. Desde 1980, año en que Europa reconoció el derecho del pueblo palestino a la independencia, la UE ha adoptado un perfil bajo con respecto a los acontecimientos que asolan el Medio Oriente. “La UE sabe muy bien cuáles son las políticas de Israel pero no establece fórmulas de presión”, declaró Luisa Morgantini, haciendo referencia a chantajes y abusos. Más adelante describió la división que existe dentro del aparato político europeo, insistiendo en que la Corte Suprema europea reconoce los abusos cometidos en Palestina y, sin embargo, esta posición no se traduce en decisiones políticas. Lo más llamativo según Morgantini es que, pese a la posición claramente condenatoria de La Haya sobre el muro, la UE se ha limitado a emitir escuetos llamamientos a la concordia y, más contradictorio todavía, ha intensificado sus relaciones bilaterales con Israel hasta darle un título de socio privilegiado. “Existen fórmulas para presionar a Israel”, expresó Morgantini. Una de las más comentadas durante el tribunal es la suspensión o cancelación de la asociación económica con Israel que, desde el año 2000, permite estrechar las relaciones entre las distintas partes. RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: LA UE, CÓMPLICE DE ISRAEL Por Johari Gautier Carmona Tras tres días de testimonios y reflexiones en los que han intervenido expertos y testigos, el Tribunal Russell ha hecho público su primer veredicto. El jurado ha acusado formalmente a la UE de colaborar en las violaciones del derecho internacional cometidas por Israel. La intervención de la premio Nobel de la Paz irlandesa, Mairead Corrigan-Maguire, puso de relieve la violación de Israel del derecho de Palestina a expresar su libre determinación, pero también subrayó los incumplimientos de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU respecto a los territorios invadidos en 1967. El impedimento a los palestinos de acceder a sus recursos vitales y la construcción de un muro son otros incumplimientos a la normativa de libre movimiento que Mairead denunció. Por su parte, la presidenta del jurado, Gisèle Halimi, subrayó la impunidad de un crimen cometido en el más absoluto silencio y explicó que ciertas reglas de la comunidad internacional obligan a la UE a reaccionar. También citó la carta de las Naciones Unidas para recordar que todo Estado tiene que hacer prevalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades. Ronald Kasrils, líder antiapartheid y ex ministro sudafricano, se encargó de la lectura del veredicto y defendió la necesidad de establecer claras directrices en la relación de la UE con Israel para evitar la impunidad de las últimas décadas. Estas directrices engloban medidas comerciales, diplomáticas y culturales que tienen por objetivo velar por el respeto de las normas fundamentales de los derechos humanos. El llamamiento al respeto de las normas también hizo hincapié en la sistemática discriminación hacia la población palestina al cerrar las fronteras de Gaza y limitar sus movimientos. Por su lado, el magistrado español del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín consideró que aunque la sentencia no sea vinculante, su peso moral es importante y que sus efectos pueden ser notables en la opinión pública. Este tribunal popular se cerró con un vibrante mensaje de Stéphane Hessel, embajador francés y corredactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Esto sólo es una primera etapa, nos falta mucho camino. Es esencial actuar ahí donde los derechos civiles son violados”. CRONOLOGÍA DEL TRIBUNAL RUSSELL, UN TRIBUNAL POPULAR DE CONCIENCIA VIETNAM Establecido en 1966 por el filósofo británico Bertrand Russell y secundado por Jean-Paul Sartre y otras personalidades, este tribunal se fundó para juzgar los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por Estados Unidos en Vietnam. Aunque carece de validez jurídica, actuó como un tribunal popular de conciencia frente a la impunidad de las violaciones de la legislación internacional. AMÉRICA LATINA Creado por el profesor universitario Lelio Basso para juzgar las violaciones de derechos humanos que se estaban dando en 1973 en Argentina, Chile y Brasil, se desarrolló entre 1974 y 1976 y se centró principalmente en la situación en Chile y Brasil. Gabriel García Márquez y Julio Cortázar colaboraron con este tribunal. T. PERMANENTE DE LOS PUEBLOS El Tribunal Permanente de los Pueblos se estableció en Bolonia en 1979 como sucesor del Tribunal Russell para Vietnam y para América Latina. En 31 años ha evaluado y juzgado crímenes cometidos en el Sáhara Occidental, Argentina, Eritrea, Filipinas, El Salvador, Afganistán, Timor Oriental, Zaire, Turquía (genocidio armenio), Guatemala, Nicaragua y Colombia. Y también ha juzgado a numerosas empresas transnacionales por las constantes violaciones de derechos en América Latina. T. INTERNACIONAL SOBRE IRAQ Inspirándose también en el Tribunal Russell, este tribunal de conciencia se desarrolló entre 2004 y 2005 para juzgar la ilegalidad de la invasión de Iraq y los crímenes allí cometidos. Del Tribunal Internacional sobre Iraq y de iniciativas anteriores nació la organización internacional BRussells Tribunal, que sigue denunciando la ocupación y la guerra. PALESTINA Tras la sesión de Barcelona, que ha juzgado la complicidad de la UE en los crímenes israelíes, se prevén sesiones en Londres, Nueva York y Sudáfrica, en las que se estudiará la responsabilidad de la Liga Árabe y las Naciones Unidas.

Irán pide a Interpol que juzque a "25 criminales sionistas"

Ahmadineyad sigue atacando a Israel tras la polémica en la conferencia sobre racismo de la ONU

Tras la polémica suscitada por las declaraciones del presidente iraní Mahmud Ahmadineyad y la retirada de los representantes de la UE durante la conferencia de la ONU sobre el racismo, Ahmadineyad sigue acusando a Israel de genocidio en Palestina y ha propuesto a Interpol la detención de 25 personas acusadas de crímenes de guerra.

Desde Teherán, el líder iraní pidió que se juzgue a los "asesinos" que atacaron Gaza en enero y mostró su convencimiento de que Interpol "cumplirá los trámites legales" para juzgar a "25 sionistas criminales de guerra". "Deben ser arrestados por su brutalidad", añadió.

"Consideramos la toma y los asesinatos masivos de palestinos en Gaza, así como la limpieza étnica en los territorios ocupadoscomo crímenes de guerra aceptados por el régimen sionista", prosiguió.

El pasado lunes, Ahmadineyad acusó a Israel en la conferencia sobre racismo de la ONU de tener "un Gobierno totalmente racista basado en el sufrimiento de los judíos en el pasado". Los representantes europeos se retiraron de la reunión y el presidente norteamericano, Barack Obama, calificó de lamentables las declaraciones.

Hoy, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, pidió a Ahmadineyad que moderara su discurso de clausura y le acusó de aprovecharse de la conferencia para su propio beneficio político. El iraní no pareció inmutarse y dijo que la reunión de Ginebra "supone una victoria para la libertad de los pueblos que han vencido a los planes del diablo sionista"

Tomado de Público