Absuelven a Garzón en juicio por investigar franquismo

El juez se equivocó al calificar hechos como crímenes contra la humanidad pero no incurrió en el delito de prevaricación, consideraron los magistrados. En otro juicio, fue inhabilitado 11 años por ordenar escuchas ilegales.

Madrid. El ex juez español Baltasar Garzón fue absuelto este lunes por el Tribunal Supremo de Madrid en el juicio en el que estaba acusado por querer investigar las desapariciones del franquismo, anunció una fuente judicial.

El ex magistrado español de 56 años, conocido en el mundo entero por perseguir los ataques a los derechos humanos, había sido condenado el pasado 9 de febrero a 11 años de inhabilitación en otro juicio sobre un caso de escuchas ilegales, un veredicto que fulminó su carrera.

En el juicio por las desapariciones durante el franquismo, los siete magistrados del Supremo decidieron absolver al ex juez Garzón por seis votos a favor y uno en contra, precisó una fuente judicial.

Garzón estaba acusado de haber infringido la ley de amnistía votada por el Parlamento español en 1977 al abrir una investigación en 2008 sobre las desapariciones de más de 100 mil personas durante la Guerra Civil española (1936-1939) y el franquismo (1939-75).

Este juicio, muy polémico en España, había provocado numerosas condenas por parte de los defensores de los derechos humanos.

La sentencia considera, sin embargo, que Garzón erró en haber declarado como crímenes contra la humanidad los hechos que se propuso investigar, aunque ello no sea propiamente un delito de prevaricación (dictar una resolución o sentencia a sabiendas de que es injusta).

En su sentencia de este lunes, el Tribunal Supremo explicó que el error de Garzón derivó en otros que tampoco constituyen el delito de prevaricación, como el haber ordenado la apertura de fosas comunes para búsqueda de desaparecidos.

El alto tribunal refirió que Garzón actuó ante la desigualdad entre unas víctimas y otras de esos periodos, ya que una parte sí fue resarcida y otra no (mayoritariamente la perdedora de la Guerra Civil).

Aclaró que para investigar esos hechos tiene que haber una persona física que aún viva para que pueda ser investigada, cosa que no ocurría con la investigación de Garzón, al estar muertos los máximos dirigentes de la dictadura.

Durante el juicio, Garzón aseguró que sólo actuó para proteger a las víctimas y evitar el olvido.

Expulsado como juez

Garzón fue expulsado formalmente de la carrera judicial la semana pasada después de que el Consejo General del Poder Judicial cumplió la sentencia que lo condenó a 11 años de inhabilitación por violar el derecho de defensa de los presuntos cabecillas de la red de corrupción Gürtel, al ordenar las escuchas de sus conversaciones en prisión con varios abogados.

El miércoles pasado, el ex magistrado solicitó la nulidad de actuaciones de esa sentencia, un requisito previo imprescindible para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Garzón ha dicho que si hiciera falta llegará hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La de franquismo era la última causa que quedaba pendiente contra Garzón, después de su condena por el caso Gürtel y el archivo por prescripción de otra demanda por cohecho impropio por unos supuestos pagos recibidos por unos cursos que impartió en una universidad de Nueva York.

En una primera reacción al nuevo fallo del Supremo, la organización Human Rights Watch dijo que España debería ahora revocar la ley de Amnistía y ayudar a las víctimas de Franco en su larga búsqueda de verdad y justicia.

"El Tribunal Supremo se ha ahorrado más vergüenza rechazando estas desatinadas acusaciones (...) Garzón no volverá como juez, pero él no es el verdadero perdedor", dijo la organización en un comunicado, señalando a la reputación del sistema judicial español.

Los más cercanos a Garzón aseguran que los procesos en su contra responden a una estrategia para deshacerse de una figura que ha provocado grandes elogios internacionales, pero también críticas en España.

Muchas voces, sobre todo desde la izquierda pero también algunas en la derecha, sostienen que su odisea judicial se debe a una interferencia política además de a celos o rivalidades profesionales.

Afp y Reuters

Tomado: La Jornada.unam.mx

Estrasburgo enmienda la plana al Supremo

Hasta cuatro sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos avalan las tesis del juez Baltasar Garzón en los crímenes del franquismo. Toda una clara línea jurisdiccional que arranca de Nuremberg y que obliga al Estado español a perseguir dichos crímenes. Amén de muchas otras –que no por su menor dimensión dejan de tener su importancia-, cuatro son las sentencias fundamentales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avalan al juez Baltasar Garzón en la causa de los crímenes del franquismo. Se trata de las dos decisiones adoptadas en el ’caso Papon’ contra Francia (1998) y el ‘caso Kolk Kislyiy’ contra Estonia (2006); además de las sentencias en el ‘caso Korbely’ contra Hungría (2008), y la más reciente de todas, el ‘caso Kononov’ contra Letonia (2009). Todas ellas fundamentan la propuesta de ley “de verdad, justicia y reparación” elaborada por Miguel Ángel Rodríguez-Arias, profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, y sirven de base al auto del juez de la Audiencia Nacional para la investigación de los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura, asunto que le ha costado la suspensión de funciones dictada por el Poder Judicial. Entre todas ellas, la que ha vuelto a copar la atención mediática ha sido el ‘caso Kononov’, una sentencia de del 26 de enero de 2009 que ha vuelto a ser ratificada por Estrasburgo tras la protesta ejercida por Rusia. Y retoma actualidad en el marco del proceso que se sigue contra Garzón; es más, viene a avalar las tesis defendidas por el mismo. Estrasburgo enmienda así la plana al Tribunal Supremo en cuanto a la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad y la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. La historia del derecho internacional en crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, contra la paz y genocidio viene de largo. Algunos antecedentes se encuentran ya en la época de los egipcios, pero no es hasta la Revolución Francesa cuando esas formas primigenias empiezan a evolucionar hasta culminar en la Convención de la Haya de 1898. En el caso Kononov, lo que hace Estrasburgo es “desautorizar expresamente al Supremo que viene a decir que Nuremberg no es aplicable para los crímenes del franquismo”, explica Rodríguez-Arias. En los procesos de Nuremberg se fija que desde enero de 1933 los crímenes contra la humanidad son perseguibles. Nuremberg significa el “basta ya”, el “nunca más” de la comunidad internacional, llegándose incluso a enjuiciar a jerarcas nazis por conspiración en hechos muy anteriores al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en concreto del año1923 cuando tras la refundación del Partido Nazi (1921) dirigido por Hitler encabezó el fallido intento de golpe de Estado contra la República de Weimar. Dichos principios se elevan a rango de principios generales del derecho por resolución de la ONU de 1948. Y es en 1950 cuando el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 7.2 establece que esos crímenes son enjuiciables y que Nuremberg es vinculante. Llegados a este punto es necesario precisar una cuestión. El artículo 7.1 de dicho Convenio dice que “no hay delito sin ley previa”, pero su punto 2 es el que marca la excepción: ”El presente artículo no impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas”. La interpretación es evidente aunque el Supremo la ignore: ambos preceptos del mismo artículo (7) deben ser interpretados de manera concordante; es decir, no hay delito si no hay ley previa, bien, pero si el delito es contra la humanidad queda anulado el 7.1. Esto es precisamente lo que el Tribunal Supremo no toma en consideración en el caso de Garzón además de decir que dichos crímenes (los del franquismo) ya están amnistiados. El Convenio Europeo de Derechos Humanos fue ratificado por España el 10 de octubre de 1979 sin que el poder legislativo formulara reserva alguna sobre el 7.2. Entonces, “¿cómo es posible que si el Parlamento no pusiera objeción alguna lo haga ahora el Supremo?”, se pregunta Rodríguez-Arias, para quien el Alto Tribunal “se ha excedido en sus competencias”. Por todo ello, hace ya mucho tiempo (exactamente desde cuando España ratificó el Convenio) que la jurisprudencia internacional obliga al Estado español a investigar y perseguir los crímenes del franquismo. Y no sólo no ha sido así, sino que además se da la “paradoja” de que Garzón está acusado de prevaricador por su intento de enjuiciar dichos crímenes. A esto hay que añadir lo que marca la propia Constitución Española de 1978 respecto a que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España” (artículo 10.2); y que “los Tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios Tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional” (artículo 96.1). Isabel G Caballero Tomado: Nueva Tribuna.es

"Es terrible que la Falange lleve a un juez al banquillo"

Javier Bardem se ha unido a la plataforma de apoyo a Baltasar Garzón por considerar que es de "sentido común" defender el derecho a la información de las familias de las víctimas Ni pajarita ni chándal. Javier Bardem (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) no iba ayer disfrazado para la alfombra roja. Tampoco de Uxbal, el hombre machacado por la vida que interpreta en Biutiful, la nueva película de Alejandro González Iñarritu. El actor no sólo vestía ayer pantalón vaquero gris, camisa rosa y playeras, sino que estaba relajado y sonriente, lejos del estado de ansiedad (y subidón) en el que uno espera encontrar a los actores que compiten aquí estos días. El trasiego es grande y la promoción interminable. "Venir aquí a hablar de ti mismo durante horas y horas es lo peor. La promoción es una enfermedad necesaria", dijo para arrancar. Quizás por ello no duda a la hora de contestar a cualquier pregunta, aunque no tenga que ver con la promoción de su trabajo en el mayor escaparate del cine mundial. Los ataques que suele sufrir (tanto él como su madre) por parte de un sector de los medios de comunicación españoles, no le han quitado las ganas de seguir opinando sobre ciertos asuntos políticos de actualidad. El actor se ha unido recientemente a la plataforma de apoyo al juez Baltasar Garzón, apartado de su cargo en la Audiencia Nacional por querer abrir un proceso al pasado franquista. "Creo que mi postura es de sentido común. Que Falange Española lleve al banquillo a un juez por investigar los crímenes del franquismo es algo terrible y retrógrado. Es de sentido común defender el derecho a la información y al bienestar de las familias de las víctimas. Con este asunto hemos dado un paso atrás importante. Gran parte del legado del franquismo sobrevive todavía en ciertos tribunales", espetó. Y una vez que cogió carrerilla ya no hubo quién para pararle. "Las dos Españas existen, lo vemos todos los días. Lo que quiere hacer Garzón es limpiar esas heridas para que no se vuelvan a abrir. Intentar impedir que se reabra este tema [investigar los crímenes del franquismo] tiene una motivación puramente política", zanjó. Más claro, blanco y en botella. Su papel en Biutiful, una película que se sumerge en el submundo del trabajo clandestino, le ha servido para conocer de primera mano el infierno cotidiano en el que viven muchos sin papeles en nuestro país. Una situación que califica de "esclavitud moderna" y que, en su opinión, ejemplifica "el modo en el que nuestro bienestar se basa en la miseria de los demás". Pero su malestar va más allá de las declaraciones bienintencionadas. Durante el festival se ha anunciado que Bardem producirá y narrará Hijos de las nubes, un documental sobre el conflicto del Sáhara occidental que dirigirá Álvaro Longoria. "Pretende ser un trabajo objetivo tras 30 años de despropósitos políticos sobre la situación. Desprovisto de emoción porque creo que la realidad va a dar siempre la razón al pueblo saharaui", matizó. La película tratará de analizar "los intereses políticos y económicos" que se esconden detrás de la "partida de ajedrez geopolítica" jugada por Marruecos. Y lo hará a lo grande: el equipo de Hijos de las nubes aspira a entrevistar a nombres como Nicolas Sarkozy, Abdelaziz Bouteflika, James Baker, José María Aznar, Henry Kissinger y Bill Clinton. Uno de los roles más densos El actor parece haberse quitado ya de encima a Uxbal, uno de los papeles más densos de su carrera. "No es cierto que haga siempre personajes dramáticos e intensos. Aunque Biutiful es un drama extremo. No hay mucho humor aquí, no" (risas). Bardem dice que la lectura del guión de Iñárritu le "conmovió" porque mostraba a "la compasión como el último signo de salud de una sociedad corrupta y explotada". El intérprete ha estado durante muchos meses metido en la piel de Uxbal. Admite que se considera un actor "un poco obsesivo" y que a veces le cuesta "salir de sus personajes", aunque no tiene alma de masoquista. "Es básico encontrar lo que te une al personaje. Pero esta búsqueda debe ser sólo un trampolín. Los trabajos terapéuticos son poco atractivos de ver. Les falta imaginación. De lo que se trata es de desentenderte de tus movidas personales para hacer algo que es mucho más importante. Los dramas de los personajes son más grandes que los tuyos", contó. Todo esto puede sonar muy abstracto, pero el hombre que ganó un Oscar por No es país para viejos (Joel y Ethan Coen) lo aclara con un pequeño ejemplo. En Biutiful hay una inmigrante subsahariana con críos que hace de sí misma. Eso sí entra dentro de lo que Bardem llama un trabajo terapéutico y doloroso. "El papel le afectaba personalmente. A cambio los niños actuaban con la frescura e ignorancia propia de su edad. Yo me sitúo entra esas dos vías, aunque la segunda me parece más saludable", aseguró. Eso sí, si uno tiene que meterse dentro del personaje se mete. Aunque sea un psicópata. Con todas las consecuencias. "Si me toca hacer de Hitler me pongo el traje de nazi. Y me pongo a favor de Hitler. Intento comprender sus motivaciones, por caóticas y fascistas que fueran, como hizo Bruno Ganz de un modo fantástico en El hundimiento", razonó. Y señaló que los roles de los que más le cuesta desprenderse son los basados en personas de carne y hueso, "como Ramón Sampedro [Mar adentro] o Reinaldo Arenas [Antes que anochezca]". Pero el esfuerzo no es nada comparado con "el lujo de poder dedicarme a esto". Un tipo contento y con suerte, pues. Carlos Prieto Tomado: Público

"Las lágrimas de Garzón son hoy mis lágrimas"

Saramago atribuye la suspensión del magistrado a "jueces que nunca procesaron a Pinochet ni oyeron a las víctimas del franquismo" Para el escritor portugués José Saramago la suspensión del juez Baltasar Garzón es una de las noticias "más tristes" que ha recibido nunca. "Las lágrimas del juez Garzón son hoy mis lágrimas", ha comentado en referencia a la emotiva despedida del magistrado de la Audiencia Nacional. En un texto colgado en su bolg, el premio Nobel de Literatura contrapone la que fue "una de las mayores alegrías", cuando se procesó al dictador chileno Augusto Pinochet, a la tristeza que le genera la suspensión cautelar del magistrado de la Audiencia Nacional "por jueces que nunca procesaron a Pinochet ni oyeron a las víctimas del franquismo". "Hoy, ni oro, ni plata, vivimos en tiempos de plomo. Que lo diga el juez Baltasar Garzón que, víctima del despecho de algunos de sus pares demasiado complacientes con el fascismo que perdura tras el nombre de la Falange Española y de sus acólitos, vive bajo la amenaza de una inhabilitación de entre doce y dieciséis años que liquidaría definitivamente su carrera de magistrado". "Garzón es el ejemplo de que el campesino de Florencia no tenía razón cuando, en plena Edad Media, hizo sonar las campanas a difunto porque, decía, la justicia había muerto", agrega Saramago. Para el autor de Todos los nombres, con la suspensión de Garzón "las campanas, después del repique a gloria que harán los falangistas, los implicados en el caso Gürtel, los narcotraficantes, los terroristas y los nostálgicos de las dictaduras, volverán a sonar a muerto, porque la justicia y el estado de derecho no han avanzado, no han ganado en claridad, y quien no avanza, retrocede". "Tocarán a muerto, sí, pero millones de personas saben señalar el cadáver, que no es el de Garzón, esclarecido, respetado y querido en todo el mundo, sino de quienes, con todo tipo de argucias, no quieren una sociedad con memoria, sana, libre y valiente", prosigue el premio Nobel, quien remata: "El destino del juez Baltasar Garzón está en las manos del pueblo español, no de los malos jueces que un anónimo pintor portugués retrató en el siglo XV". Saramago fue uno de los promotores, en noviembre de 2008, de un manifiesto —titulado Hemos conocido— en el que se reclamaba la investigación de los crímenes del franquismo . El manifiesto lamentaba el "desproporcionado ataque" a la labor de Garzón lanzado "desde ámbitos determinantes que han creado alarma en nuestra sociedad e indefensión en los demandantes". José Saramago Tomado: Público

Garzón y la batalla de la memoria

No soy de un pueblo de bueyes que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Miguel Hernández El 26 de abril la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) de Chile envió una carta al embajador de España, Juan Manuel Cabrera Hernández, en la que expresa al Gobierno, la Audiencia Nacional y la ciudadanía española su irrestricto apoyo a la causa penal por los crímenes del franquismo abierta por el juez Baltasar Garzón. No se trata de una opinión cualquiera. Creada a finales de 1974 bajo la protección de la Iglesia católica y otras confesiones religiosas, la AFDD impulsó con valor las primeras movilizaciones públicas contra la dictadura del general Pinochet y fue la primera organización chilena que se hizo parte de la querella presentada contra los integrantes de la junta militar ante la Audiencia Nacional el 3 de julio de 1996 por la Fundación Presidente Allende de España. Aquella querella fue instruida durante dos años por el magistrado Manuel García Castellón, mientras que Garzón se ocupaba de otra similar contra los jerarcas de la dictadura militar argentina del periodo 1976-1983 interpuesta, entre otros, por la Secretaría de Derechos Humanos de Izquierda Unida. A mediados de octubre de 1998, tras conocer que Augusto Pinochet se hallaba en Londres, García Castellón y Garzón cursaron peticiones a través del Ministerio de Justicia y la Interpol para interrogar al ex dictador, quien se recuperaba en una clínica de una operación. En la noche de un inolvidable 16 de octubre de 1998, Pinochet fue detenido… y la historia de Chile experimentó un viraje notable, puesto que la impunidad de los represores de la dictadura empezó a resquebrajarse. A Garzón le cupo un papel destacado en el avance de este país hacia una democracia con memoria histórica desde que el 20 de octubre de aquel año García Castellón se inhibió en su favor y asumió también la investigación de los crímenes de la dictadura chilena. Mientras el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y el Fiscal General del Estado de entonces, Eduardo Fungairiño y Ernesto Cardenal, objetaban su actuación y aseguraban que la justicia española no tenía jurisdicción para investigar los crímenes denunciados, el 30 de octubre de 1998 los once magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declararon por unanimidad (en una resolución histórica) que España podía juzgar a Pinochet por genocidio y terrorismo. Casi doce años después, la dictadura militar ya no es defendida abiertamente por ningún sector relevante de Chile, cerca de 800 represores están procesados en los tribunales y la recuperación de la memoria es bien visible: una estatua del Presidente Salvador Allende saluda a quienes pasean por las proximidades de La Moneda, el recinto deportivo donde fue asesinado el creador de Te recuerdo Amanda se denomina Estadio Víctor Jara, numerosos centros clandestinos de detención y tortura son lugares de memoria, un informe avalado por el Estado reconoció en 2004 las torturas sufridas por más de treinta mil ex prisioneros políticos… En cambio, en nuestro país la ignominiosa impunidad de la dictadura franquista se consolida de la manera más perversa: el juez Garzón ha sido denunciado, tras su intento de investigar los crímenes fascistas, por quienes ayer fusilaban y sepultaban a los republicanos en las cunetas (y ahí yacen todavía hoy, siete décadas después, la inmensa mayoría), por quienes jaleaban al tirano en la Plaza de Oriente y el miércoles conocimos la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela de abrirle juicio oral. Y si en Francia el presidente Sarkozy ordenó en el otoño de 2007 dar lectura en todos los liceos a la carta enviada por el joven luchador de la Resistencia, Guy Môquet (¡comunista!), a sus padres en vísperas de su fusilamiento por los nazis el 22 de octubre de 1941, aquí el Partido Popular descalifica a quienes reivindican la memoria de quienes dieron su vida por la democracia, la libertad, la justicia social, el progreso y la cultura. La persecución contra Garzón desatada por los sectores conservadores deja al desnudo las carencias de una democracia construida sobre el olvido, la impunidad y el miedo en el transcurso de una Transición nada modélica. No obstante, la solidaridad con el intento de este magistrado de investigar los crímenes de la dictadura ha suscitado una intensa y ejemplar movilización ciudadana que se une a la creciente demanda social de una evolución democrática hacia la III República. A lo largo de este mes de abril, mientras arreciaba la ofensiva contra Garzón y se celebraban los masivos actos en apoyo de este magistrado, en todos los rincones de España se han desarrollado actos de reivindicación de la II República y de apuesta unitaria, pacífica, democrática por la construcción de un Estado federal y republicano; no sólo para que podamos elegir en las urnas al Jefe del Estado, sino también para construir una sociedad mucho más avanzada en términos de justicia social. Como en el caso de Chile, la determinación de Garzón puede contribuir a cambiar positivamente la Historia. Desde allí, las admirables luchadoras de la AFDD nos recuerdan lo evidente: “Sancionar a un juez que opta por una correcta interpretación de la calidad de los crímenes [crímenes contra la humanidad] de la era de Francisco Franco es permitir que la impunidad se cierna sobre los responsables políticos de más de cien mil desapariciones en su Patria, sentando un precedente ético y legal incalificable. Creemos firmemente que la labor de todo Estado democrático es perseguir y sancionar a quienes violaron los derechos humanos…”. La “batalla de la memoria”, la opción por una sociedad más democrática que destierre la impunidad y el olvido de los crímenes franquistas, continúa. Mario Amorós Tomado de Rebelión

El Poder Judicial suspende a Garzón y deja pendiente para esta tarde si va o no al Tribunal Internacional de La Haya

El juez abandona emocionado la Audiencia Nacional entre aplausos y escoltado por Pedraz y Andreu El Consejo General del Poder Judicial ha decidido por unanimidad suspender al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tras abrirse el juicio oral contra él en el Tribunal Supremo, donde se le proceso por una presunta prevaricación en su investigación de las desapariciones del franquismo. El Plural había adelantado que la decisión estaba ya tomada. Tras conocer la decisión, Garzón ha abandonado la Audiencia muy emocionado ante el largo aplauso y los de apoyo de sus compañeros, que lo han escoltado en su salida. En el Pleno no han intervenido ni el vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, Fernando de Rosa, ni la vocal Margarita Robles -quienes se apartaron del asunto tras conocer que el juez de la Audiencia Nacional les había recusado-, ni el abogado de Garzón, el progresista José Manuel Gómez Benítez. La vocal conservadora Gema Gallego, quien había sido recusada por Garzón, sí ha participado después de que así lo acordara el CGPJ. El Pleno extraordinario que ha decidido la suspensión del magistrado de la Audiencia Nacional ha comenzado a las 11.15 horas. A las 13.20 horas, el secretario general del Consejo ha llamado a Garzón a comunicarle el fallo. En ese momento, el juez se encontraba tomando declaración a uno de los implicados en el caso Pretoria, el empresario Josep Singla. Apoyo de los jueces… Garzón ha interrumpido la declaración para atender la llamada, y cuando ha vuelto a entrar no parecía afectado, según Singla, que ha dicho: "Por su lenguaje corporal, daba la sensación de que había recibido buenas noticias". Al terminar, el magistrado ha entrado a su despacho, donde ha recibido muestras de solidaridad de colegas como Fernando Grande-Marlaska, Ismael Moreno, Santiago Pedraz y Fernando Andreu. También han arropado al juez miembros de la Fiscalía como Daniel Campos, Ana Noé y Pedro Martínez. En la Audiencia se encontraba también la esposa de Garzón, Rosario Molina, que ha llegado al edificio judicial sobre la una menos cuarto. …y de la ciudadanía Garzón ha abandonado el edificio de la Audiencia Nacional minutos antes de las 14.00 horas llorando y entre los aplausos y gritos de apoyo de sus compañeros y de otras personalidades como la abogada y ex dirigente de izquierdas, Cristina Almeida y los jueces Pedraz y Andreu le han escoltado hasta la salida, donde el magistrado les ha dado un abrazo. Además, decenas de personas se han concentrado en la puerta de la Audiencia a corear gritos como "Garzón, amigo, el pueblo está contigo". También ha habido manifestaciones ante el pleno del CGPJ que ha suspendido al juez. Decisión obligada La decisión del pleno ha sido adoptada por unanimidad entre los 18 vocales presentes. El presidente del CGPJ, Carlos Dívar, exigió a los magistrados que dejaran los móviles fuera para evitar cualquier tipo de filtración. Según el diario El País, la suspensión de Garzón era obligada por las normativas del Poder Judicial. A pesar de ello, las deliberaciones se han prolongado durante dos horas y ha habido fuertes tensiones en las horas previas a la reunión. Nueva reunión sobre el TPI Queda pendiente, sin embargo, una nueva deliberación sobre la petición de Garzón de marcharse al Tribunal Penal Internacional de la Haya. Dívar ha convocado para esta tarde una nueva reunión que estudiará si procede concederle la situación de servicios especiales a pesar de la suspensión. Tal y como recoge El Mundo, en principio sólo se puede conceder esta circunstancia a jueces y magistrados en servicio. Garzón debería solicitar una excedencia, una compatibilidad o apartarse definitivamente de la carrera judicial. Garzón recurre a Varela Antes de ser suspendido, Garzón había ejecutado una maniobra in extremis para evitar ser apartado: esta misma mañana ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso de nulidad contra el auto de apertura de juicio oral dictado el pasado miércoles por el instructor, Luciano Varela. El letrado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha llevado el escrito que recuerda cómo el único escrito de acusación ha sido "orientado" por el instructor y formulado por un sindicato ultraderechista, Manos Limpias, y la asociación Libertad e Identidad, que ejercen la acusación popular. Poca “imparcialidad” Martínez-Fresneda ha insistido en que Varela, instructor de la querella, ha quebrado el principio de "imparcialidad" judicial al requerir a la acusación que corrigieran sus escritos "defectuosos". A juicio del letrado, esta labor de "expurgación", por la cual se indica a unas acusaciones lo que tienen que "decir o no decir" en un escrito de acusación, es insólita en un juez de instrucción y "ha de tenerse por radicalmente nula". "Toda vez que los escritos de acusación presentados por Manos Limpias son nulos de pleno derecho, el auto de apertura de juicio oral dictado sobre la única base de tales escritos es igualmente nulo", afirma el abogado del juez de la Audiencia Nacional. Acusación “nula” El letrado recalca además que la acusación contra Garzón es "meramente sobre indicios" y acusa a Manos Limpias de apropiarse indebidamente del discurso del instructor para vertebrar una acusación, sin ninguna aportación novedosa u original. En este sentido, indica que el mismo auto de apertura de juicio oral dictado el pasado miércoles reconoce que los nuevos escritos del sindicato ultraderechista "se formulan sin cambio relevante" respecto del inicial y dice que esta "acusación orientada" no deja de ser una "copia plagiada" de una resolución del propio instructor. "No existiendo escrito de acusación válidamente presentado, la única alternativa en derecho es la anulación del auto de apertura de juicio oral y el archivo de las presentes actuaciones", concluye el recurso. Tomado: El Plural

Los españoles, a favor de investigar los crímenes del franquismo

Tres de cada cinco ciudadanos no quieren que queden impunes los delitos de la dictadura España demanda que se investiguen los crímenes cometidos durante el franquismo. Tres de cada cinco ciudadanos no quieren la impunidad del régimen. La conclusión, rotunda, la arroja el último Publiscopio, realizado sobre la base de 800 entrevistas entre el 3 y el 5 de mayo, apenas una semana después de las multitudinarias manifestaciones que recorrieron las calles del país a favor del castigo judicial a la dictadura y en defensa del magistrado Baltasar Garzón. En concreto, el 59,2% de los consultados "está de acuerdo" con que se investiguen los crímenes políticos de Franco que han quedado impunes. A ello se opone un 26,9%. Otro 14% prefiere no opinar. La exigencia de que se abra una causa contra el régimen ha calado hondamente entre los socialistas. Hasta un 75% de los votantes del PSOE se manifiesta a favor, y sólo un 14% se dice contrario. Los socialistas, con el juez El PP y su líder nacional, Mariano Rajoy, han subrayado su rechazo frontal a que se pueda enjuiciar el franquismo. Sin embargo, sus electores, a tenor de los datos del Publiscopio, no lo tienen tan claro: un 34% de los votantes conservadores sí quiere que se indague el horror del régimen, y otro 53% lo cree inconveniente. Son los jóvenes de 18 a 29 años los que se expresan más partidarios de juzgar el franquismo. Un 70% está de acuerdo. El apoyo decrece en cambio conforme aumenta la edad. Así, entre los mayores de 60 años, sólo respalda la persecución judicial un 45%. La encuesta descubre otro dato incontestable: el apoyo de la mayoría de los españoles a Garzón. Un 58,1% no está de acuerdo con que el Tribunal Supremo (TS), a instancias del juez instructor, Luciano Varela, haya decidido procesarle por haber cometido una presunta prevaricación al haberse atrevido a encausar los crímenes franquistas. Un 21,9% sí cree pertinente que se le siente en el banquillo. De nuevo, se observan fugas en las filas conservadoras. Aunque un 52% de los electores del PP defiende el proceso al juez de la Audiencia Nacional como hace la cúpula del partido, otro importante 31% se manifiesta contrario. Entre los electores socialistas prima la cohesión: un 75% no está de acuerdo con la decisión del TS, frente a un 8% que la avala. Asimismo se constata que los jóvenes son los más concienciados: hasta un 64% de los encuestados entre los 18 y los 29 años censura que se vaya a juzgar a Garzón. La norma se conoce más El Publiscopio también recoge la valoración ciudadana acerca de la Ley de Memoria Histórica, como ya hizo en octubre de 2007, dos meses antes de que las Cortes ratificaran definitivamente la norma. En menos de tres años, ha aumentado 7,5 puntos el apoyo a la misma y la concienciación social. Si en octubre de 2007 un 34% se mostraba de acuerdo con la ley, en 2010, ese porcentaje sube al 41,5%. El índice de rechazo baja, y pasa del 27,6% al 27,3%. Una variable que sí evoluciona es el volumen de sondeados que confiesa no saber nada sobre la ley. En 2007, se cifró en un 38,5%. Hoy, en el 31,3%. La ley gusta más a los consultados con edades comprendidas entre los 30 y los 59 años. Y convence al 59% de los votantes del PSOE. Entre los electores del PP, es llamativo que un 22% defiende las líneas maestras de la norma. Múltiples indicadores refuerzan la idea de que la Ley de Memoria ha generado mayor aceptación. Por ejemplo, cuando se pregunta si se respalda "que se eliminen los símbolos conmemorativos de la Guerra Civil y de la dictadura". El 51,1% responde que sí, que lo apoya. Tres años atrás, estaba a favor un 44,7%. Otro abultado 62,4% secunda que se concedan ayudas a los represaliados por Franco, frente al 53% que lo creía oportuno cuando se aprobó la norma. Esta medida también cuenta con el plácet de un 47% de los votantes del PP. Igualmente crece el porcentaje de los que juzgan conveniente que se condene la dictadura: pasa del 52,4% al 57%. Sólo se contrae el número de los que aprueban que se declaren "ilegítimas" las condenas de los juzgados franquistas por causas políticas, del 49,1% de 2007 al 41,4% de hoy. A favor de exhumar las fosas Vista la ley con perspectiva, un 47,5% cree que sí ha "fomentado el odio y la división entre los españoles", mientras que un 39,5% juzga lo contrario. Son también más, en cambio, hasta un 38,1%, los que entienden que la norma no "se ha quedado corta". La afirmación suscita controversia entre los votantes del PSOE, ya que en su mayoría (un 39%) tacha la ley de insuficiente. El Publiscopio se cierra con otra cifra de apoyo a la memoria histórica: un 64,5% pide al Gobierno central que ponga los medios para que se saquen los cadáveres de las fosas franquistas. Rechaza la intervención del Ejecutivo un 24,8%. La contradicción en el PP emerge otra vez: un 49% de sus electores reclama que se exhumen los restos. Un 40% de ellos no lo cree sensato. Los votantes socialistas lo tienen mucho más claro. Casi un 80% considera necesario que el Gobierno aborde la cuestión. Tomado de Público

La causa a Garzón "ensucia" la memoria de las víctimas

Varios miles de personas se manifiestan en diferentes ciudades en apoyo al juez y contra la impunidad del franquismo. El procedimiento abierto al juez Baltasar Garzón "ensucia" la memoria de las víctimas de la dictadura franquista. "Nadie puede siquiera comprender que un estado democrático impute un delito de prevaricación a un juez que ha asumido los principios de verdad, justicia y reparación de las víctimas". Son algunos de los fragmentos del manifiesto leído tras la manifestación convocada esta tarde en Madrid por la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, que ha concluido a las 20 horas (ver fotogalería). El cineasta Pedro Almodóvar, la escritora Almudena Grandes y el poeta Marcos Ana han sido los encargados de leer el texto de apoyo al juez de la Audiencia Nacional al término de la marcha de Madrid, una de las muchas convocadas simultáneamente este sábado en varias ciudades españolas y extranjeras a través de las redes sociales de Internet. Durante la lectura del manifiesto, al que ha seguido un minuto de silencio, los tres han lamentado "las consecuencias de un proceso que, en democracia, ensucia" la memoria de las víctimas del franquismo, "desprecia el dolor de sus hijos, de sus nietos y condena las aspiraciones de justicia de cientos de miles de familias españolas". Un proceso que, promovido por "organizaciones de extrema derecha" -en referencia a Falange Española de las JONS, Libertad e Identidad y Manos Limpias- podría interpretarse "como una lamentable prueba de la minoría de edad de la democracia española", lo cual "representa un escándalo sin precedentes en la historia reciente de nuestro país". Han pedido asimismo que el impulso democrático que supuso la aprobación de la Ley de Memoria Histórica se profundice "para impedir que en el futuro se reproduzcan hechos tan vergonzosos como el auto del juez Varela". Previamente, Reed Brody, representante de la organización pro derechos humanos Human Rights Watch, ha calificado de "irónico, desafortunado e hipócrita" que España no aplique "en su propio país los mismos estándares que en su día sirvieron para perseguir delitos similares cometidos en el extranjero". De esta forma, procesar a un juez por investigar los crímenes cometidos durante el franquismo "hace posible que tanto España como Europa puedan ser acusadas de aplicar un doble rasero y socava la credibilidad y efectividad de ambas en la lucha contra la impunidad", ha concluido. "Suprema justicia, suprema injusticia" Varios miles de personas se habían concentrado en la capital española para para asistir a una de las manifestaciones convocadas. La marcha debía iniciarse en la plaza de Cibeles a las 18:30 horas, pero la multitud congregada hizo que se extiendiera hasta la puerta de Alcalá y que comenzaran a moverse minutos antes de la hora prevista. Actores como Pilar Bardem y José Sacristán y políticos como los dirigentes de IU Cayo Lara y Gaspar Llamazares y el socialista Pedro Zerolo figuraban entre los participantes en la marcha tras una gran pancarta negra con letras blancas y con la leyenda "Contra la impunidad del franquismo. En solidaridad con las víctimas". Muchos manifestantes portaban banderas republicanas, fotos de víctimas de la dictadura y pancartas con leyendas como "Impunidad para el franquismo, no gracias", "América Latina con Garzón", "Dignidad para las víctimas" o "Suprema justicia, suprema injusticia". También se podían ver carteles con mensajes contra el PP, como "PP sucios y corruptos manipuladores" o "Tapan el Gürtel echando a Garzón", y al inicio de la marcha se han coreado gritos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. "Llamar la atención" El actor José Sacristán ha asegurado que los manifestantes pretenden "llamar la atención, siempre desde el debido respeto" a la Administración de Justicia por su actuación contra el magistrado. "Desde el punto de vista moral, pensamos que tenemos toda la razón del mundo", ha asegurado Sacristán, que ha añadido que quienes apoyan a Garzón no pretenden "dinamitar la Justicia", pero sí denunciar que "hay comportamientos dentro de la Administración de Justicia que pueden ser corregidos". El actor ha señalado que Garzón "ha podido cometer un error, pero nunca una prevaricación, y más aún teniendo en cuenta el carácter de los denunciantes", en referencia a Falange Española de las JONS y Manos Limpias. "No pretendemos el guerracivilismo, pero lo que no podemos hacer es mirar para otro lado", ha concluido Sacristán. Por su parte, el coordinador general de IU, Cayo Lara, ha dicho ue si se inhabilita a Garzón "se inhabilitará a la izquierda de este país y a buena parte de los demócratas" que consideran que los crímenes del franquismo fueron "un genocidio". Lara participa en la manifestación de Madrid y explicó que esta convocatoria tiene como objetivo "parar este intento de atentado contra la memoria histórica y contra toda la gente que cayó defendiendo la libertad". Manifestaciones en otras ciudades A la marcha de Madrid, la más concurrida, le han seguido otras en varias ciudades. Así, en Barcelona, se han congregado unas 4.500 personas, según la Guardia Urbana, que han llenado la plaza de Sant Jaume. El acto, organizado por la plataforma ciudadana "Investigar los crímenes contra la humanidad no es delito", ha contado con la participación de numerosos artistas y políticos, como el secretario general de ICV, Joan Herrera; el diputado del PSC Joan Ferran o la escritora Rosa Regàs, así como el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. En Valencia, ondeando banderas de la II República y de diferentes partidos y formaciones sindicales, cerca de un millar de personas se concentraron en la primera marcha del día para exigir que se ponga fin a "una perversión política del sistema judicial" que supone "un brindis al franquismo", según el manifiesto leído durante el acto. La manifestación, a la que han acudido Esquerra Unida, Acció Cultural, Plataforma 14 de abril, Izquierda Republicana y UGT, se ha desarrollado a mediodía en la Plaza del Ayuntamiento y ha reunido a centenares de personas convocadas a través de la red social Facebook . La actriz valenciana Rosana Pastor ha sido la encargada de leer un manifiesto en contra de la impunidad del franquismo, en el que ha destacado que "todas las víctimas, al margen de sus convicciones políticas, merecen la justicia". Asimismo, cientos de sevillanos se han concentrado frente a la puerta de los juzgados de la capital andaluza. La concentración, que en Sevilla ha sido organizada a través de Internet por personas desvinculadas de partidos, sindicatos o asociaciones, ha comenzado en torno a las 18:30 horas y en ella se han enarbolado numerosas pancartas de apoyo a Garzón. Entre los asistentes, apartadas del centro de la concentración, se han encontrado las hermanas y la madre del juez, quienes han querido mostrar "como un sevillano más" su apoyo a su familiar y a los de las víctimas de la dictadura. Tomado de Público

Lucha contra la impunidad: más allá del caso Garzón

Las implicaciones y consecuencias en materia de justicia universal, de lucha contra la impunidad y de imposibilidad de investigar los crímenes cometidos durante la guerra y posguerra civil española que pueden tener los llamados “casos Garzón”, han abierto numerosos debates de todo tipo a escala internacional que merecen ser analizados. Retos de la justicia universal Desde hace años hemos abordado en nuestras columnas diversos aspectos de la justicia penal universal y hemos analizado los avances y retrocesos en la materia. Los balbuceos de la Corte Penal Internacional, los casos de los Tribunales Penales de Ruanda o ex Yugoslavia, las decisiones de algunos países como la propia España en materia de jurisdicción penal universal, el caso Pinochet…, entre otros acontecimientos, han ocupado estas páginas con frecuencia. Por ello, y aunque no solemos tratar temas relacionados con la realidad doméstica española, debido al interés internacional creado y a las indudables repercusiones que la evolución de los casos contra el juez Baltasar Garzón puedan tener, nos parece obligado analizar, aunque sea parcialmente, algunos aspectos de estos casos que, no solo están suponiendo la pérdida de confianza de muchos sectores de la sociedad española en su justicia, sino su descrédito internacional. España ya limitó su aplicación de la jurisdicción universal en el año 2009 mediante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Reforma que, tras la presiones de algunos Estados como Israel, contó con el apoyo en el Congreso de los Diputados tanto del PSOE como del PP. Tras este frenazo, los actuales casos contra el juez Garzón pueden suponer aún más retroceso en materia penal. Tribunales españoles han pretendido juzgar en el pasado atrocidades cometidas en otros países, pero cuando se trata de investigar nuestra propia historia, de asumir nuestra memoria, las cosas cambian. Más allá del caso Garzón La atención de los medios de comunicación internacionales a este caso ha sido enorme y prácticamente todos los grandes medios –con la previsible excepción del conservador Wall Street Journal- han planteado su perplejidad por que se pudiera estar juzgando a un juez por perseguir los crímenes franquistas y han manifestado su claro apoyo y respeto a Garzón. Por ello, en una decisión sin precedentes, el Tribunal Supremo español convocó una reunión para los corresponsales extranjeros, para tratar de explicar los detalles de los casos contra el juez Garzón y darles a conocer los complejos aspectos procesales de los mismos. Los corresponsales extranjeros en España son gente preparada y al corriente de lo que sucede en el país, y esta decisión del alto tribunal supone, de facto, el reconocimiento de un fracaso: nadie en su sano juicio y con cierto distanciamiento y objetividad en su mirada sobre España, puede entender que antiguos franquistas y miembros de partidos políticos como Falange Española puedan llevar a los tribunales –y lo que es peor, con posibilidades de éxito- a un juez por el delito de querer perseguir las atrocidades cometidas durante la guerra y posguerra civil española. Por mucho que el Tribunal Supremo se oculte y se empeñe en situar el problema en tecnicismos, detalles procesales o aspectos formales, la realidad es, como ha dicho con contundencia el antiguo fiscal anticorrupción Carlos Jimenez Villarejo, que la admisión de querellas contra Garzón por su persecución de los crímenes del franquismo convierte al Tribunal “en algo que da un golpe brutal a la democracia, esto es, constituirse en instrumento de la actual expresión del fascismo español”. Sin duda, el juez Garzón se ha convertido en su trayectoria profesional en un juez polémico, que ha dado muestras de gran atrevimiento y osadía al iniciar procedimientos, como la persecución del dictador Pinochet especialmente, con una lectura progresista y avanzada del derecho penal internacional que no comparten algunos de sus colegas. Eso y la popularidad que ha conseguido y su reconocimiento y notoriedad internacional, le han creado numerosos enemigos entre algunos de sus compañeros que le acusan de “juez estrella” y de estar más preocupado por la imagen que por instruir bien las causas. Pero situar ahí el problema, como hacen algunos medios y algunos juristas, es de una mezquindad corporativa intolerable. El problema de fondo, lo que está en juego en la posible condena a Garzón en el caso de la persecución de los crímenes del franquismo, es que se puede poner fin –por el momento al menos- a la posibilidad de profundizar en la investigación de esos crímenes, negando una mínima satisfacción a las familias de las víctimas, y situando en la impunidad a los criminales. El que el Juez Instructor del Tribunal Supremo en este caso, Luciano Varela, acuse a Garzón de “imaginación creativa” para desacreditar su argumentación basada en los instrumentos jurídicos internacionales firmados por España, o el que se niegue a autorizar el testimonio de prestigiosos juristas internacionales en la causa por que ello supondría, a su juicio, una “desconsideración a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”, pretenden situar el caso en los límites del ordenamiento español y de la Ley de Amnistía de 1977, lo cual es incoherente en un caso que trata, precisamente, de juzgar delitos imprescriptibles y que no pueden ser amnistiados. Hace algunos años un alcalde andaluz dijo que “la justicia es un cachondeo” y fue procesado por ello, pero desde entonces la justicia española ha mejorado poco. Esperemos que deje de serlo y que la resolución de este caso considere elementos de justicia universal, como en otras ocasiones y para otros casos han considerado los tribunales españoles. Afortunadamente aún nos quedan otros países con jurisdicción universal y otras instancias jurisdiccionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No perdemos la esperanza. Francisco Rey Marcos Tomado de Radio Nederland

Largó el proceso en contra del juez Garzón

De todas las causas abiertas contra Garzón, ésta es tal vez la más insólita, ya que no hay absolutamente prueba alguna que la justifique. Lo acusan de cobrar honorarios por un curso patrocinado por el Banco Santander. El juez Baltasar Garzón compareció ayer ante el Tribunal Supremo para dar su versión de los hechos en una de las tres causas abiertas contra él en la Justicia española. Se trata del proceso que se le está llevando a cabo por haber recibido, supuestamente, dinero del Banco Santander a través de la Universidad de Nueva York durante el desarrollo de unos cursos que el magistrado dictó entre 2005 y 2006 mientras disfrutaba de un permiso de estudios en España. Más tarde, Garzón exoneró al presidente del banco, Emilio Botín, en una causa abierta en su juzgado, razón por la cual los querellantes suponen que el juez infringió la ley. Baltasar Garzón aclaró ayer, según declaraciones realizadas por su abogado defensor, el ex fiscal antiterrorista Enrique Molina, que él no recibía el dinero de forma directa del banco, sino que fue la Universidad de Nueva York la que pagó sus honorarios, mientras que el banco simplemente patrocinó los cursos. Esta versión de los hechos ha sido confirmada por la alta casa de estudios norteamericana y por el mismo Santander. Pero los abogados que presentaron la querella, repleta de afirmaciones insultantes según el defensor de Garzón, se basan en una carta que el juez le envió a Emilio Botín en la que le pedía que apoyara estos cursos, dirigiéndose a él de un modo poco convencional, como “Querido Emilio”. Ayer el juez presentó otras cartas que también envió en su momento al ex director del FMI, Rodrigo Rato o al jefe de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, encabezadas también con el cariñoso apelativo. El juez no quiso hacer declaraciones a la prensa, por lo que fue su abogado quien manifestó además que Garzón tiene gran estima del Tribunal Supremo y considera que las manifestaciones a su favor no lo están ayudando, sino que más bien “lo perjudican”. “Cualquier manifestación que se haga para perturbar el orden o el sosiego de un tribunal de Justicia perjudica al propio encausado, es conocer mal lo que es la psicología de un magistrado”, aseguró Molina, quien además puso mucho énfasis en asegurar que el juez no controla las manifestaciones de sus adherentes. De todas las causas abiertas contra Garzón, ésta es tal vez la más insólita, ya que no hay absolutamente prueba alguna que la justifique. El juez además no quiso contestar a la acusación particular porque está muy ofendido por las expresiones que los querellantes usaron en su presentación, afirmando que “se dejó sobornar” o “lo untaron”, términos que habitualmente no son aceptados por la Justicia, pero que en esta ocasión el Supremo admitió. Este es uno de los elementos que dejan entrever el clima de hostilidad que hay en el alto órgano judicial para con el juez, por lo que muchos no dudan en pronosticar que finalmente por alguna de las causas será imputado y acabará por ser inhabilitado para ejercer sus funciones. Según su defensor, el magistrado se limitó ayer a aclarar algunos puntos que no estaban claros en este caso, respondiendo únicamente a las preguntas del juez instructor Manuel Marchena. Las declaraciones de Garzón se han producido en el momento en el que arrecia el temporal político y judicial en torno de su causa. Según los medios españoles, no se había presenciado un clima tan tenso en la Justicia nacional en el último cuarto de siglo. Para hoy se espera que el Tribunal Supremo dé explicaciones a la prensa sobre el proceso, un hecho insólito que la Justicia española llevará a cabo por primera vez en su historia y que da la magnitud de la preocupación que el caso ha despertado en las altas esferas judiciales. En el ámbito político, la tensión también es palpable. El Partido Popular elevó el tono pidiendo la dimisión de los funcionarios socialistas que se han manifestado a favor del juez, mientras siguen sumándose pronunciamientos de personalidades del mundo académico y cultural a su favor. Uno de los más significativos fue el apoyo que recibió ayer Garzón de Gregorio Peces-Barba, uno de los llamados “padres de la Constitución” que fue presidente del Parlamento y comisario para las víctimas del terrorismo en distintas administraciones socialistas. En el ámbito político comienza a preocupar también el daño a la imagen de España en el exterior que está produciendo el proceso. Ya en febrero el Observatorio Permanente de la Imagen Exterior de España señalaba que el proceso al juez era el segundo tema en importancia en la prensa internacional. Oscar Guisoni Desde Madrid Tomado de Página 12

Más de 50 juristas suscriben un manifiesto de apoyo a Garzón

Foto Gabriel Pecot Más de 50 juristas han suscrito un manifiesto de apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el que califican de "doloroso e injustificable" que se le quiera sentar en el banquillo del Tribunal Supremo por intentar juzgar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. El documento está respaldado por organizaciones del sector como Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales, Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades, y la Federación Latinoamericana de Jueces para la Democracia. Los promotores ensalzan a Garzón por tratar de perseguir a los responsables de miles de asesinatos franquistas y sostienen que cuestionar en su instrucción la Ley de Amnistía "no puede ser un hecho delictivo". Los juristas denuncian que "la democracia no ha sido capaz de reparar la memoria de las víctimas de la represión de la dictadura", hasta el punto de que miles de cuerpos permanecen enterrados "indignamente en fosas comunes". Además, lamentan que juzgar a Garzón "significa el resurgir de (des)valores" propios de tiempos pasados en España, "además de quebrar con nuestra cultura de la legalidad y de la posición del juez en el Estado Constitucional de derecho". 13 de abril: acto por Garzón Mientras tanto, los sindicatos CCOO y UGT ultiman el acto de apoyo a Garzón del próximo martes, 13 de abril, a las 11:30 horas, en el Anfiteatro Ramón y Cajal de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Ambos sindicatos han vuelto a defender la actuación del juez y consideran un "escándalo" y un "descrédito" para la democracia española que el Supremo admita querellas de asociaciones y fuerzas políticas "herederas del ideario de los asesinos", como Falange Española. Hasta la fecha, se han sumado al acto diputados como Antonio Gutiérrez, ex secretario general de CCOO, Manuel de la Rocha, diputado del Partido Socialista Obrero Español; el senador Joan Josep Nuet, el embajador especial para proyectos de la UE Carlos Carnero, actrices como Verónica Forqué o Marylynn Cox. Tomado de Público

"Juró ver a los fascistas ante los tribunales....

"Juró ver a los fascistas ante los tribunales, pero no de esta forma", ironiza The Independent La prensa internacional sobre cómo "los hinchas de Franco" ponen contra las cuerdas a Garzón Numerosas diarios de todo el mundo recogen en sus ediciones de este jueves los problemas judiciales del juez Baltasar Garzón por su intento de investigar los crímenes del franquismo, pues no obstante, como reconocen un buen número de ellos, desde el progresista New York Times al conservador Le Figaro, se trata de un magistrado que ha destacado por su persecución a ETA o con causas como la que inició contra el dictador Pinochet. Los prismas son variados, pero destacan las crónicas que relacionan la causa con la politización del caso, con advertencias como las en términos similares lanzan los franceses Le Monde o Les Echos: para ciertos sectores era "intolerable" poner en riesgo el "pacto de silencio" sobre el franquismo durante la transición. El italiano Il Risorgimiento, que advierte de que "Garzón es llevado al banquillo por los hinchas de Franco". La crónica de The New York Times sobre el proceso a Garzón “por sus investigaciones de la época franquista” destaca el “extraordinario revés” que esto supone para un juez “que ha sido punta de lanza en la lucha contra la corrupción en España y el terrorismo perpetrado por ETA”. El otro diario de la capital financiera de EEUU, el conservador The Wall Street Journal, subraya que se juzgará al magistrado por “abuso de poder” y considera que “las acusaciones también son reflejo de la profunda división política que sigue existiendo en la sociedad española y en su sistema jurídico cuando han pasado varias décadas de la muerte del General Franco”. Triste ironía destacada por The Independent En el Reino Unido, The Guardian destacan cómo “Garzón ha sido vitoreado como un héroe por las familias de las víctimas que han empezado a excavar las fosas comunes que dejaron los escuadrones de la muerte de Franco”. El pesar de las víctimas también es destacado por el también británico The Independent, donde ironizan en el titular con que “Garzón juró ver a los fascistas ante los tribunales, pero no de esta forma”. “Beneplácito del PP” The Independent también destaca la ironía de que sean precisamente los críticos de Garzón los que lo llamen “superjuez”, y advierte de que su destitución se puede producir “con el beneplácito” del PP, “formación a la que él ha investigado”. Aunque destacan que medios como el “conservador ABC” hablan de la crónica de una muerte profesional anunciada, advierten de que también en “círculos legales que se sienten ultrajadas por lo que consideran un orquestado intento de los enemigos del juez” para acabar con él profesionalmente. Recogen asimismo un testimonio desde la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica sobre cómo “miles de hombres y mujeres que esperan justicia” y están indignadas por lo que le está ocurriendo a Garzón se sentarán simbólicamente al lado del juez en el banquillo. “Intolerable” puesta en riesgo del “pacto de silencio” En Francia, el conservador Le Figaro destaca la paradoja de que “el super juez será juzgado” y cómo ahora se arriesga a perderlo, aunque reconocen su persecución a ETA. Le Monde recuerda que Garzón tiene muchos enemigos políticos y en la judicatura, donde destacan que ciertos sectores, que han visto al magistrado intentar juzgar las dictaduras de Chile o Argentina, consideran que sería intolerable en España. En términos similares, Les Echos destaca que se ha evitado “poner en peligro la transición democrática y el pacto de silencio que prevalecieron hasta el final del franquismo”, lo que habría sido “intolerable” en ciertos sectores. Duras palabras también en el progresista II Riformista (Italia), donde titulan que “cae el mito Garzón, llevado al banquillo por los hinchas de Franco”. Tomado de El Plural España

Garzón se juega la carta internacional

EL JUEZ CONVOCO A JURISTAS EXTRANJEROS PARA QUE DECLAREN A SU FAVOR El Tribunal Supremo español se empeña en suspenderlo. Por eso, el magistrado apela a la defensa de Zaffaroni y Freile, entre otros. Baltasar Garzón eligió jugar la carta internacional para defenderse del intento del Tribunal Supremo español de apartarlo de su juzgado en la Audiencia Nacional y convocó a un grupo de destacados juristas extranjeros para que lo defiendan, entre los que se encuentran Eugenio Raúl Zaffaroni, integrante de la Corte Suprema de Justicia argentina, y Eduardo Freile, autor de las resoluciones contra las leyes de punto final y obediencia debida. Entre los magistrados que el juez madrileño ha citado en su defensa figuran también la ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, la italiana Carla del Ponte; el juez chileno Juan Guzmán Tapia, que abrió las causas que permitieron investigar a los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet; Hugo Relva, coordinador de Justicia de Amnistía Internacional, y Sergio García Ramírez, miembro de la Corte Penal Internacional. Garzón presentó ayer ante el Tribunal Supremo un recurso contra el auto del juez Luciano Varela en el que se lo acusa de prevaricar en la causa que abrió contra los responsables de los crímenes cometidos por el franquismo, y en su defensa citó a estos reconocidos juristas internacionales, a la vez que convocó a un puñado de jueces españoles, la mayor parte de ellos en ejercicio, que en su momento defendieron su actuación en esta causa que tanta polémica ha levantado en España. Para ello el juez llamó también a sus colegas de la Audiencia Nacional Ricardo Prada, Ramón Sáenz Valcárcel y Clara Bayarri, que ya dictaminaron en su momento las competencias de Garzón para investigar al franquismo. Con este movimiento, Garzón da a entender que está dispuesto a presentar una batalla que trasciende las fronteras españolas, una estrategia acorde con su prestigio a nivel internacional. Y de paso señala una paradoja que en el entorno del juez no se han cansado estos días de hacer notar: ¿cómo es posible que Garzón haya podido investigar los crímenes de dictaduras extranjeras y ahora se lo esté apartando de su juzgado por querer hacer lo mismo con el régimen franquista? El “caso Garzón”, mientras tanto, sigue haciéndose cada día mayor a medida que se acerca el momento en que el Consejo General del Poder Judicial deba resolver si apartarlo o no de su juzgado mientras dure el proceso en su contra. Uno de los actores que ayer intervino en la polémica es la asociación de magistrados progresistas Jueces para la Democracia (JPD), a la que pertenece curiosamente el juez Varela. En un comunicado hecho público por la mañana, JPD considera que Garzón no cometió prevaricación y recuerda que esta causa “se abrió exclusivamente a instancias de asociaciones que podrían calificarse como de extrema derecha, herederas ideológicas del franquismo”, haciendo referencia a Falange Española, la célula ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, promotoras de la querella contra Garzón ante el Supremo. Jueces para la Democracia recuerda además que la causa contra el franquismo fue cerrada a instancias del Supremo, por lo cual “no perjudicó a nadie” y se alarma de que se intente “sentar en el banquillo al único juez de este país que, a instancias de familiares de desaparecidos durante la represión franquista, ha tratado de articular una respuesta procesal penal adecuada a las demandas de aquellos olvidadas durante décadas”. Desde la Fiscalía General del Estado también hizo oír su voz ayer Cándido Conde Pumpido, el máximo responsable del organismo, quien aclaró que “el fiscal se opondrá a la suspensión de Garzón” y, aunque su opinión no es vinculante, se supone que debe ser tenida en cuenta por el Consejo antes de proceder a suspenderlo. Pero las posibilidades de que la opinión de Conde Pumpido sea tenida en cuenta son escasas. En ámbitos judiciales se da por descontado que el CGPJ va a suspender a Garzón, ya que la causa en su contra ha logrado aunar las voluntades de conservadores y progresistas de forma sorprendente. Desde el punto de vista de los conservadores, son fáciles de comprender los motivos: Garzón no sólo ha osado investigar al franquismo, sino que además destapó el “Caso Gürtel”, el peor escándalo de corrupción que ha sacudido al PP en los últimos años. Y desde el ámbito progresista no se le perdonan las investigaciones que destaparon la trama de los GAL, una organización paramilitar que creció bajo el amparo del gobierno socialista de Felipe González en los años ochenta con la intención de asesinar a dirigentes del nacionalismo independentista vasco y miembros de la banda terrorista ETA. De este modo, como afirmó ayer el reconocido analista político Iñaki Gabilondo, Garzón se transformará “en la única persona que será juzgada en España en una causa relacionada con el franquismo, lo que es sin dudas una auténtica vergüenza histórica”. Oscar Guisoni Tomado de Página 12

¿Manos limpias?

Baltasar Garzón es una de las personas con más peso específico que ha producido la sociedad española en la última mitad del siglo XX. Al Juez Garzón le debemos algunos de los momentos más luminosamente democráticos que hemos conocido: el procesamiento del general Pinochet y la investigación contra los crímenes de la guerra y del franquismo. En este segundo caso, Garzón consideraba que Franco y otros 44 miembros de sus gobiernos y de la Falange cometieron “delitos contra Altos Organismos de la Nación” y también de “detención ilegal con desaparición forzada de personas en un marco de crímenes contra la humanidad”. Pues bien, la investigación contra estos crímenes ha exasperado a los franquistas, que en España todavía los hay, hasta el punto de querellarse contra Garzón, al que acusan de prevaricar porque inició procesos, dicen, a sabiendas de que los responsables estaban muertos. Firma la querella un tal Bernard, antiguo mandamás de Fuerza Nueva, grupo ultraderechista muy activo en la represión de antifranquistas, y actual presidente de una asociación sindical que cínicamente dice “defender” el estado de Derecho y que copió el nombre de la italiana Manos Limpias de inolvidable recuerdo.

¿Qué ha hecho Baltasar Garzón? Desde fuera de las asociaciones judiciales, con sus rencillas y enfrentamientos, desde fuera de la furia política que sienten los franquistas contra las iniciativas que adopte la sociedad para limpiarse de la dictadura, lo que vemos es una actuación que introduce el sentido común en los tribunales. Hay un juez valiente que en vez de enredarse en leyes para justificar silencios y omisiones busca los resquicios que las leyes permiten para que a las víctimas de la guerra y del franquismo se les reconozcan derechos y se esclarezca su memoria. Garzón entendió que tenían derecho a recuperar los cuerpos enterrados en fosas comunes, o a saber donde están los entonces niños que fueron separados con violencia de sus familias, por eso puso en marcha un proceso que luego se ha seguido en otras instancias, pero él fue el precursor y eso no se perdona. Lo terrible, lo incomprensible, es que los herederos del franquismo hayan encontrado eco en el Tribunal Supremo de España, donde Garzón tendrá que declarar como imputado por la causa contra el franquismo. Dice el Supremo que “sin valorar ni prejuzgar lo sucedido, entiende que no se dan las condiciones para rechazar la admisión a trámite de esta querella”, que la hipótesis de prevaricación no es ni absurda ni irracional. Eso es lo que dicen cinco magistrados, cinco, del Supremo. A ver ahora qué dice la sociedad española, siempre tan apasionada cuando de defender causas justas se trata. ¿Dejará, sin hacer oír su voz, que Fuerza Nueva, perdón, Manos Limpias, use y abuse del Derecho? ¿Permitirá, sin protestas, que conceptos como Estado de Derecho, por el que tanto lucharon los antifranquistas, sean utilizados contra las víctimas, para que una vez más queden en el olvido? Ya no se trata de Garzón, de cuya amistad me honro, es que no nos tomen el pelo. Prevaricar no es actuar para ensanchar el Derecho, prevaricar es no haber actuado antes. Y mofarse de la justicia es aceptar como normal que los franquistas vengan a dar lecciones de escrúpulo democrático.

José Saramago

Tomado: El Cuaderno de Saramago

"La causa española ayudará a que EEUU juzgue torturas"

Abogado de la American Civil Liberties Union. Ha viajado a España para conocer los detalles de la causa española sobre Guantánamo y las torturas

Jameel Jaffer, abogado de 37 años, es uno de los responsables de que la Administración estadounidense divulgara al fin tras seis años de litigio los memorandos secretos de la CIA en los que se autorizaban métodos de interrogatorio equivalentes a la tortura. Jaffer es el coordinador para asuntos de Seguridad Nacional de la American Civil Liberties Union (ACLU) y dirige el pulso contra el Pentágono que está removiendo los cimientos de EEUU.

Para el 28 de mayo, Jaffer espera otro hito la divulgación de las fotografías de los interrogatorios, pero mientras tanto viajó a Madrid para interesarse por la causa española de la Audiencia Nacional contra los miembros de la Administración Bush que redefinieron el concepto de tortura, que instruyen los jueces Eloy Velasco y Baltasar Garzón.

¿De verdad creía que algún día se desclasificarían los memorandos de la CIA?

Sí, sí. Ha sido una lucha muy dura y larga que se inició con la Administración Bush y que no ha culminado hasta la llegada de Obama a la Casa Blanca. La decisión ha cambiado por completo el debate político en EEUU. Ahora mucha gente dice que no puede quedar aquí y que los responsables deben rendir cuentas.

¿Cómo?

Esto es una cuestión abierta. Una posibilidad sería crear un comité específico en el Congreso que aclare qué sucedió y aborde los cambios necesarios para que no ocurra nunca más. La otra sería una investigación judicial, muy deseable, y que únicamente puede partir del fiscal general.

¿Qué le parece que Dick Cheney pida que también se desclasifiquen documentos que demostrarían la utilidad de los interrogatorios?

Estamos de acuerdo con el principio de desclasificar todos los documentos. No sólo los que selectivamente sugiere Cheney, sino todos.

¿Contra quién debería dirigirse la investigación judicial que sugiere?

Todavía no puede saberse con exactitud. De lo que se trata ahora es precisamente de intentar saber quién es el responsable del programa de torturas. Hay que examinar toda la cadena desde los dirigentes políticos hasta los abogados que les asesoraron, pasando por los interrogadores y luego, en función de ello, decidir contra quién hay que actuar.

¿Qué papel otorga a Obama en la desclasificación?

Muy importante. Escuchó a todo el mundo, pero tomó él la decisión.

¿Está por tanto satisfecho con el nuevo presidente?

Ha tomado decisiones importantes y merece respeto. Pero queda mucho por hacer. En campaña prometió transparencia y rendición de cuentas. La desclasificación de los memorandos forma parte de la transparencia. Ahora toca ser consecuentes y pasar a la rendición de cuentas.

¿No le parece que si se abre un proceso en España para juzgar lo mismo será una interferencia?

No es ninguna interferencia. El problema no puede ser en ningún caso que España investigue. Si hay problema, es más bien que no hay investigación en EEUU. Hay que tener esto muy claro.

¿Qué efecto puede tener en EEUU la causa española?

De entrada, uno ya muy positivo: aumenta la presión. Es un recordatorio para la Administración Obama de que si no se investiga, otros países lo harán. Creo que ayudará a que EEUU juzgue las torturas.

¿Debe ser por tanto EEUU quien finalmente juzgue?

Si lo hace, hará innecesario otros procesos en otros países. Pero mientras tanto, causas como la española no sólo son apropiadas para nosotros, sino que responden a una obligación. Estamos hablando de crímenes de guerra, de cuestiones muy graves que no pueden quedar impunes.

¿Con quién se ha entrevistado en España?

Ha sido un viaje corto, nada más de tres días, con lo que sólo ha sido una toma de contacto con el caso que investiga la Audiencia Nacional. He tratado de escuchar a todos los que podían contarme algo sobre ello.

¿Qué impresión se ha llevado?

Todavía estoy aprendiendo. Pero está claro que apreciamos el trabajo que se está haciendo, muy profesional.

PERE RUSIÑOL

Tomado: Público

Querella española por la prisión de Guantánamo

La fiscalía examina la demanda criminal presentada ante Garzón contra el equipo jurídico de Bush. Los abogados esgrimen que la tortura es un delito contra la comunidad internacional.

George W. Bush puede seguir descansando en Texas, pero deberá tener al menos un ojo puesto en España: un grupo de abogados ha presentado a la Audiencia Nacional la primera querella criminal contra algunos miembros de su Gabinete por el atropello de derechos básicos internacionales y torturas en la base de Guantánamo.

La querella, presentada el 17 de marzo, está ya en la mesa del juez Baltasar Garzón. Y aunque formalmente aún no la ha aceptado a trámite, ya ha tenido consecuencias: fuentes jurídicas explican que el juez ha emitido una providencia en la que pide a la fiscalía que examine la querella, que no va directamente contra Bush sino contra el equipo de abogados de la Casa Blanca y el Pentágono que construyó todo el andamiaje que justificó Guantánamo y el uso de la tortura en la "guerra contra el terrorismo".

La querella está impulsada por cuatro abogados Gonzalo Boyé, Isabel Elbal, Luis Velasco y Antonio Segura con experiencia en causas de delitos contra la humanidad, que no se circunscriben al lugar donde se cometen sino que, por su gravedad, son perseguibles en todo el mundo. El equipo jurídico es el mismo que promovió la querella contra el ex ministro de Defensa israelí Binyamin Ben Eliezer por su responsabilidad en la muerte de los 14 civiles en un bombardeo en Gaza en julio de 2002. Esta última querella ya fue admitida a trámite por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, lo que provocó la indignación del Gobierno israelí.

La nueva querella presentada obligará a la Audiencia Nacional a abordar el caso sobre Guantánamo en nombre de la jurisdicción universal al considerarse pisoteados principios fundamentales como el rechazo de la tortura. Pero los querellantes han encontrado una fórmula para encontrarle conexión también con España y reforzar así sus posibilidades: recuerdan que el juez Baltasar Garzón abrió procedimientos contra cinco personas por su presunta vinculación a una eventual célula española de Al Qaeda Lahcen Ikassrien, Hamed Abderrahman Ahmed, Reswad Abdulsam, Abu Anas y Omar Deghayes y que pasaron por Guantánamo. Los cinco fueron finalmente absueltos por el Tribunal Supremo al considerar precisamente que no podían tenerse en cuenta las declaraciones sonsacadas bajo tortura en Guantánamo.

Margen amplio

Esta conexión es la que ha dado pie a Garzón a reabrir ese caso y a pedir a la fiscalía que se pronuncie sobre si la nueva querella lo altera en la medida en que habría que enjuiciar a los responsables de las torturas, que fueron determinantes para la sentencia. Ésta sería una vía para vehicular la querella. La otra sería admitirla a trámite como una causa independiente.

El único precedente a la querella presentada ante la Audiencia Nacional se dio en Alemania en 2006 y fue archivada. Pero en aquella ocasión se apuntaba directamente a lo más alto Bush y a su hombre en el Pentágono, Donald Rumsfeld y por acusaciones tan globales y filosóficas que acabó en nada.

La querella presentada ahora en Madrid es mucho más concreta y posibilista. No señala directamente al primerísimo nivel, sino a los juristas que elaboraron por escrito toda la doctrina que argumentaba que las normas internacionales del trato a los prisioneros debían suspenderse como consecuencia de la excepcionalidad de la "guerra contra el terror" emprendida tras el 11-S.

Los acusados son Alberto Gonzales, asesor de Bush cuando se diseñó la nueva política y posteriormente fiscal general; David Addington, consejero del vicepresidente, Dick Cheney; William J Haynes, consejero del Departamento de Defensa, que dirigía Donald Rumsfeld; Douglas Feith, subsecretario para asuntos legales de Defensa, Jay S. Bybee, asistente del fiscal general, y John Yoo, otro asistente jurídico del primer Gobierno de Bush, el que creó Guantánamo.

Expertos consultados ajenos a la querella subrayan que tiene muchas más posibilidades de prosperar que en Alemania precisamente porque no se apunta tan alto. Obviamente, dirigentes de más rango podrían incluirse si la causa finalmente se aceptara a trámite, como queda claro en la propia querella: "Sin perjuicio de las personas que posteriormente, y avanzada la investigación, puedan aparecer también como responsables de los hechos aquí expuestos".

Los mismos expertos recalcan otro elemento distinto con respecto a Alemania: la legislación española es mucho más abierta a investigar violaciones contra la ley internacional en todo el mundo, como ha quedado claro con los procesos abiertos contra dictadores latinamericanos, la guerra de los Grandes Lagos y la actuación israelí en Gaza, entre otros. En España, la legislación universal es absoluta, lo que hace mucho más fácil que se admita a trámite.

Memorandos internos

La querella aporta algunos memorandos internos recientemente desclasificados del equipo de juristas de Bush en el que se detalla la nueva política de situar la "guerra contra el terrorismo" al margen de los tratados internacionales suscritos por EEUU, como las Convenciones de Ginebra, en las que se regula el trato que debe darse a los detenidos, o la Convención contra la Tortura.

El documento, de casi 100 páginas, constituye una crónica exhaustiva de cómo la Administración de Bush armó un nuevo corpus legal que echó por la borda toda una tradición legalista de más de 200 años. Los documentos muestran que los asesores de Bush conocían la ley internacional y la violaban conscientemente, según los querellantes.

PERE RUSIÑOL

Tomado de Público