La UE tumba el 'permiso único' para inmigrantes legales

El Parlamento Europeo rechaza la directiva que pretendía simplificar la obtención de permisos de trabajo y residencia para no comunitarios

El Parlamento Europeo (PE) ha rechazado por sorpresa y con un resultado ajustado, la legislación conocida como "permiso único", que pretendía simplificar la obtención de permisos de trabajo y residencia por parte de los inmigrantes legales no comunitarios que vienen trabajar a la UE.

El voto dividido de los liberales que, en principio, habían acordado con los conservadores dar el visto bueno a la propuesta de directiva (ley-marco), ha provocado un vuelco en el resultado: 350 votos en contra, 306 a favor y 25 abstenciones.

La llamada directiva sobre el "permiso único", pensada para simplificar los trámites de residencia y trabajo de los inmigrantes que entran en la UE por razones económicas, contaba con el rechazo claro de los socialistas europeos, porque en su opinión no garantiza en todos los casos que los trabajadores no comunitarios y del interior de la UE tengan los mismos derechos en cuanto al acceso a la seguridad social o a la educación.

La directiva contaba con el rechazo socialista

Esa falta de igualdad de trato plena y el hecho que algunos inmigrantes queden fuera del ámbito de la aplicación de la directiva había motivado críticas de varios grupos.

Aunque el texto dice expresamente que los inmigrantes procedentes de países que no forman parte de la UE deben ser considerados como comunitarios en materia de beneficios sociales, no incluye para el caso a los temporeros ni a los solicitantes de protección internacional.

La propuesta elaborada por la Comisión Europea no ha recogido a esos colectivos, porque Bruselas ya ha presentado sendas iniciativas concretas para ellos, según ha dejado claro la comisaria de Interior, la sueca Cecilia Malmström.

Alertaban que "se dinamitaba el principio de igualdad"
"Se trata de dar valor y reconocimiento a la aportación de los inmigrantes a nuestros Estados miembros", ha argumentado Malmström en el debate previo al voto.

La ponente del informe sobre la directiva debatida, la francesa Véronique Mathieu (PPE), ha lamentado el voto negativo y ha señalado que "una de las mejores formas de luchar contra la inmigración ilegal es desarrollar canales de inmigración legal equilibrados que satisfagan los mercados de trabajo de la UE".

La Comisión decidirá si modifica o renueva el texto
En el bando contrario, el más crítico con la directiva propuesta por la CE había sido el eurodiputado socialista español Alejandro Cercas, ponente en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento. Cercas había vaticinado en el debate previo a la votación que con el texto "habrá trabajadores 'low cost'" y "se dinamitará el principio de igualdad" entre trabajadores de dentro y fuera de la UE.

La primera vez que la Comisión Europea presentó una directiva sobre el "permiso único" fue en 2001, pero tras no prosperar en el Consejo de Ministros fue retirada en 2006.

El texto actual fue presentado por el Ejecutivo comunitario en 2007, y para ser aprobado esta vez necesita no sólo el visto bueno de los gobiernos, sino también del Parlamento Europeo, en virtud del procedimiento de "codecisión" previsto por el Tratado de Lisboa en materia social.

Tras el rechazo de este martes, le tocará a la Comisión Europea decidir si modifica o renueva totalmente el texto para proponer una nueva directiva que regule y simplifique la inmigración legal dentro de la UE.

EFE Estrasburgo (Francia)

Tomado: Público.es
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Trabajad más duro para ganar menos: la furia francesa en la jaula de la Unión Europea

Imagen: Sin Permiso

Ahí están de nuevo los franceses: de huelga, bloqueando el transporte, armando una buena por las calles, y todo simplemente porque el gobierno quiere elevar la edad de jubilación de los 60 años a los 62. Tienen que estar locos.
Supongo que esa es la forma en que se ve el actual movimiento de masas – o se muestra, por lo menos – en buena parte del mundo, y sobre todo en el mundo anglosajón.

Acaso lo primero que haya que decir respecto a las actuales huelgas masivas en Francia es que en realidad no tienen que ver realmente con "elevar la edad de jubilación de los 60 a los 62 años". Esto equivale a describir el libre mercado capitalista como una especie de puesto de limonada. Una simplificación propagandística de cuestiones muy complejas.

Les permite a los comentaristas arremeter contra puertas de par en par abiertas. Al fin y al cabo, observan sagazmente, la gente de otros países trabaja hasta los 65 años, de modo que ¿por qué van a librarse los franceses a los 62? La población envejece, y si no se eleva la edad de jubilación, el sistema de pensiones irá a la bancarrota teniendo que pagar las pensiones de tantos ancianos.

Sin embargo, el actual movimiento de protesta no tiene que ver con "elevar la edad de jubilación de los 60 a los 62". Se trata de mucho más.

Para empezar, este movimiento expresa la exasperación con el gobierno de Nicolas Sarkozy, que de forma descarada favorece a los superricos sobre la mayoría de la clase trabajadora de este país. Fue elegido con el lema, "Trabajar más para ganar más", y la realidad ha terminado siendo que se trabaja más para ganar menos. El ministro de Trabajo que introdujo la reforma, Eric Woerth, le consiguió a su mujer un empleo entre el personal de oficina de la mujer más rica de Francia, Liliane Bettencourt, heredera de L´Oréal, el gigante de los cosméticos, al mismo tiempo que como ministro a cargo del presupuesto hacía la vista gorda a sus abultadas evasiones fiscales.

Mientras las deducciones fiscales a los ricos ayudan a vaciar las arcas públicas, este gobierno hace lo que puede por echar abajo el conjunto del sistema de seguridad social surgido tras la Segunda Guerra Mundial con el pretexto de que "no nos lo podemos permitir".

La cuestión de las jubilaciones resulta bastante más compleja que la "edad de jubilación". La edad legal de jubilación significa la edad a la que puede uno jubilarse. Pero la pensión depende del número de años trabajados, o para ser más precisos, del número de cotisations del plan conjunto de pensiones. Con la excusa de "salvar al sistema de la bancarrota", el gobierno va elevando gradualmente el número de años de cotización de 40 a 43 años, dando indicios de que se ampliará aún más en el futuro.

A medida que se prolonga la educación y se empieza a trabajar más tarde, para tener una pensión completa la mayoría de la gente tendrá que trabajar hasta los 65 o los 67. Una "pensión completa" viene a estar en torno al 40% del salario en el momento de la jubilación.

Pero aun así, puede que no sea posible. Cada vez es más difícil encontrar empleos a tiempo completo y los patronos no necesariamente desean conservar empleados mayores. O bien la empresa desaparece y el trabajador de 58 años se encuentra permanentemente desempleado. Cada vez se vuelve más difícil trabajar a tiempo completo en un empleo asalariado durante más de cuarenta años, por mucho que uno quiera. De modo que en la práctica la reforma de Sarkozy-Woerth significa sencillamente reducir las pensiones.

Eso es, de hecho, lo que la Unión Europea ha recomendado a todos los estados miembros como medida económica, con la intención, como en el caso de la mayor parte de las actuales reformas, de reducir costes sociales en nombre de la "competitividad", queriendo decir competencia para atraer la inversión de capital.

Los trabajadores menos cualificados, que en lugar de proseguir sus estudios, hayan podido entrar en la población activa jóvenes, digamos a los dieciocho años, habrán estado inscritos en un plan durante cuarenta y dos años a la edad de 60 si consiguen, desde luego, seguir con empleo durante todo ese periodo. Las estadísticas muestran que su esperanza de vida es relativamente breve, de modo que necesitan dejar de trabajar pronto si quieren disfrutar de alguna clase de jubilación.

El sistema francés se basa en la solidaridad entre generaciones, en el sentido de que las cotizaciones de los trabajadores de hoy se destinan a pagar las pensiones de la gente hoy jubilada. El gobierno ha intentado sutilmente enfrentar a una generación contra otra, arguyendo que es necesario proteger el futuro de la juventud de hoy, que paga por los pensionistas del baby boom. Por lo tanto resulta extremadamente significativo que esta semana los estudiantes universitarios y de instituto se unieran al movimiento huelguístico de protesta. Esta solidaridad intergeneracional es un serio golpe al gobierno.

Los jóvenes son mucho más radicales incluso que los viejos sindicalistas. Son muy conscientes de la creciente dificultad de hacerse una carrera. La tendencia es que el personal cualificado entre en el mercado de trabajo cada vez más tarde, después de haber pasado por años de enseñanza. Con la dificultad de encontrar un puesto de trabajo estable, a tiempo completo, muchos dependen de sus padres hasta los 30 años. Es cuestión de simple aritmética darse cuenta de que en este caso no habrá jubilación plena hasta la edad de 70 años.

Productividad y desindustrialización

Como es ya práctica habitual, los autores de las reformas neoliberales las presentan no como elección sino como necesidad. No hay alternativa. Debemos competir en el mercado global. O seguís nuestra vía o vamos a la quiebra. Y esta reforma la dictó esencialmente la Unión Europea, en un informe de 2003, al concluir que hacer trabajar más a la gente era necesario para recortar los costes de las pensiones.

Estos dictados impiden cualquier discusión de los dos factores básicos que subyacen al problema de las pensiones: productividad y desindustrialización.

Jean-Luc Mélenchon, antiguo miembro del Partido Socialista que encabeza el Partido de la Izquierda [Parti de Gauche] relativamente nuevo, es casi el único dirigente político en apuntar que aun cuando haya menos trabajadores que contribuyan a los planes de pensiones, la diferencia puede compensarse con un aumento de la productividad. Desde luego, la productividad del trabajador francés está entre las más altas del mundo (es mayor que la de Alemania, por ejemplo). Además, aunque Francia tenga la segunda esperanza de vida más alta de Europa, también tiene la tasa de natalidad es más elevada. Y aunque sean menos los que tienen empleo, debido al paro, la riqueza que producen debería ser suficiente para mantener los niveles de las pensiones.

Ajá, pero he aquí el truco: durante décadas, conforme la productividad sube, los salarios se estancan. Los beneficios del aumento de la productividad se desvían al sector financiero. La hinchazón del sector financiero y el estancamiento del poder adquisitivo ha conducido a la crisis financiera, y el gobierno ha conservado el desequilibrio rescatando a los despilfarradores financieros.

Así que, lógicamente, conservar el sistema de pensiones exige básicamente elevar los salarios para que reflejen la mayor productividad: un cambio de política de verdadera envergadura.

Pero existe otro problema crucial ligado a la cuestión de las pensiones: la desindustrialización. Con el fin de mantener los elevados beneficios drenados por el sector financiero y evitar pagar salaros más altos, una industria tras otra ha desplazado su producción a países de trabajo barato. Las empresas rentables cierran mientras el capital sigue buscando beneficios aún mayores.

¿Es esto simplemente resultado inevitable del ascenso de las nuevas potencias industriales de Asia? ¿Es inevitable una rebaja de los niveles de vida de Occidente debido a su ascenso en Oriente?

Tal vez. Sin embargo, si desplazar la producción industrial termina por hacer bajar el poder adquisitivo de Occidente, eso lo sufrirán entonces las exportaciones chinas. La misma China está dando los primeros pasos para fortalecer su mercado interior. El "crecimiento orientado a la exportación" no puede ser la estrategia de todos. La prosperidad mundial depende en realidad de fortalecer tanto la producción interna como los mercados interiores. Pero esto exige la clase de política industrial deliberada que prohíben las burocracias de la globalización: la Organización Mundial del Trabajo y la Unión Europea. Operan con el dogma de la "ventaja comparativa" y la "libre competencia". Sobre la base del libre comercio, China se enfrenta actualmente a sanciones por promover su propia industria de energía solar, vitalmente necesaria para acabar con la mortal contaminación del aire que asola a ese país. Se trata la economía como un gran juego en el que seguir las "reglas del libre mercado" es más importante que el medio ambiente o las necesidades básicas de los seres humanos.

Sólo los financieros pueden salir ganando en este juego. Y si pierden, pues, bueno, consiguen de los gobiernos serviles más fichas para otro juego.

¿Punto muerto?

¿En qué acabara todo?

Debería acabar en algo así como una revolución democrática: una completa puesta a punto de la política económica. Pero hay razones muy poderosas para que esto no suceda.

Para empezar, no hay dirección política en Francia dispuesta y capacitada para dirigir un movimiento verdaderamente radical. Mélenchon es el que más se acerca, pero su partido es nuevo y su base aún es reducida. La izquierda radical se ve maniatada por su sectarismo crónico. Y hay una gran confusión entre la gente que se rebela sin programas ni líderes claros.

Los dirigentes sindicales son bien conscientes de que los empleados pierden un día de salario cada vez que van a la huelga, y lo cierto es que andan siempre inquietos tratando de encontrar modos de terminar una huelga. Los estudiantes son los únicos que no sufren esa limitación. Los sindicalistas y los dirigentes del Partido Socialista no piden nada más drástico que la apertura de negociaciones con el gobierno sobre los detalles de la reforma. Si Sarkozy no fuera tan tozudo, es una concesión que podría hacer el gobierno y que podría devolver la tranquilidad sin cambiar tantísimo.

Sería necesaria la milagrosa aparición de nuevos dirigentes para llevar adelante el movimiento.

Pero aunque esto sucediera, hay un obstáculo aún más formidable para un cambio básico: la Unión Europea. La UE, edificada sobre los sueños populares de una pacífica y próspera Europa unida, se ha convertido en un mecanismo de control social y económico en nombre del capital y especialmente del capital financiero. Además, está ligada a una poderosa alianza militar, la OTAN.

Abandonada a sus propios medios, Francia podría experimentar con un sistema económico más socialmente justo. Pero la UE está ahí precisamente para impedir esos experimentos.

Actitudes anglosajonas

El 19 de octubre, el canal de la televisión internacional francesa France 24 programó un debate sobre las huelgas entre cuatro observadores no franceses. Una mujer portuguesa y un hombre de la India parecían tratar de comprender, con moderado éxito, lo que está sucediendo. Por contraposición, los dos anglo-norteamericanos (el corresponsal en París de la revista Time y Stephen Clarke, autor de 1000 Years of Annoying the French) se divirtieron demostrando su autosatisfecha incapacidad para entender el país sobre el que se ganan la vida escribiendo.

Su rauda y feliz explicación: "Los franceses están siempre de huelga por diversión, porque lo disfrutan".

Un poco más tarde, el moderador mostró una breve entrevista con un estudiante de instituto que ofrecía comentarios serios sobre la cuestión de las pensiones. ¿Hizo esto vacilar a los anglosajones?

La respuesta fue instantánea. ¡Qué triste ver a un joven de dieciocho años pensando en las pensiones cuando debería estar pensando en chicas!

De modo que ya sea por divertirse, ya sea en lugar de divertirse, los franceses resultan absurdos para los anglo-norteamericanos acostumbrados a decirle a todo el mundo lo que ha de hacer.

Diana Johnstone: Miembro del Consejo Editorial de SinPermiso,es autora de Fools' Crusade: Yugoslavia, NATO and Western Delusions.

Tomado: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3665

Tercerizados



Caricatura: Forges


En la etapa de dominio de políticas neoliberales, destrucción de empleo, reestructuración tecno-productiva, tensión sobre la tasa de ganancia corporativa y un creciente ejército de reserva de desocupados, el trabajo precario pasó a ocupar un espacio creciente en la organización económica. Ese vínculo laboral no es informal ni en negro, sino que adquiere condiciones particulares de inestabilidad, inseguridad y menores ingresos. Se denomina trabajo tercerizado, categoría que siempre estuvo presente pero empieza a registrar más intensidad a nivel global a partir de mediados de los ’70 hasta alcanzar su máxima exposición en la década del noventa. En esos últimos años, en el país la posibilidad de resistencia a esa modalidad de contratación era muy baja debido a que el contexto socioeconómico no otorgaba esa oportunidad. Con la recuperación vigorosa de la economía, del empleo y también de las organizaciones gremiales, el escenario se ha modificado. La tercerización del trabajo por parte de grandes empresas, públicas y privadas, tiene ahora mayor repercusión a partir de la violencia y muerte en la línea ferroviaria Roca. Pero esa tensión ya ha estado recorriendo otras actividades que han adoptado la contratación precaria como forma de reducir costos y mantener elevadas utilidades. El corte de vías de trabajadores tercerizados tuvo como objetivo la reincorporación de despedidos y el pase a planta permanente. Hace pocas semanas, el bloqueo en las salidas de plantas del grupo Techint pretendía también que choferes de empresas de transporte tercerizadas por la compañía equipararan condiciones laborales y de ingresos de esos trabajadores. Los casos y los métodos son parecidos ante una situación laboral similar, con la dramática diferencia de que el reclamo de esos ferroviarios tuvo como saldo un muerto y heridos de bala provocado por un grupo de choque.

La forma de contratación tercerizada tiene una consecuencia principal en la fragmentación del mercado laboral. Esta provoca la pérdida de la solidaridad al interior del grupo de los trabajadores debido a la escasez de puestos y a la competencia por ellos. El conflicto central y dominante capital-trabajo se traslada así al interior de la clase trabajadora, morigerando las posibilidades de la construcción de una identidad común. La segmentación de la fuerza de trabajo tiene el propósito de dividir el colectivo de trabajo debilitando las organizaciones sindicales, consideradas como una traba para la reconversión productiva y los ajustes estructurales. Se elimina así obstáculos a la reducción de los costos salariales volviendo más flexible el uso de la fuerza de trabajo. En ese proceso, la estabilidad del empleo significa la continuidad en el tiempo de la relación de empleo entre el asalariado y una empresa. La tercerización viene a romper ese vínculo, siendo de ese modo una herramienta de baja de costos para las compañías pero también de dispersión de la fuerza de presión gremial. Los trabajadores precarios se insertan de una manera diferenciada y degradada en los sistemas de relaciones de trabajo en la empresa, pues es menor su grado de integración al colectivo de trabajo, no siempre forman parte de los sindicatos y tienen menor o ningún grado de protección social.

En el documento “La crisis de la relación salarial: naturaleza y significado de la informalidad, los trabajos/empleos precarios y los no registrados”, un equipo de investigadores coordinado por Julio Neffa explica que “la precariedad, si bien existió siempre desde que se utiliza fuerza de trabajo asalariada, sólo se va a manifestar con intensidad desde mediados de la crisis de los años ’70, cuando en los países capitalistas industrializados se agotaron las potencialidades del régimen de acumulación ‘fordista’, consolidado en los treinta años gloriosos después de la Segunda Guerra Mundial”. Los expertos María Laura Oliveri, Juliana Persia y Pablo Trucco, que colaboraron con Neffa e integrantes del Ceil-Piette del Conicet, señalan en ese informe que “lo esencial del empleo precario se refiere a la inseguridad, la inestabilidad de la relación salarial, condiciones que pueden existir tanto en los empleos formales como informales, y en los trabajos registrados como en los no registrados”. Precisan que mientras los empleos asalariados no registrados tienen claramente un carácter ilegal, y los empleos informales se sitúan en el margen de la legalidad, o ignorándola, los empleos precarios son generalmente lícitos, establecidos válidamente por leyes o decretos y de esa manera se los naturaliza, aunque tengan repercusiones negativas sobre el sistema de relaciones de trabajo y sobre la vida y la salud de los trabajadores. “Las modalidades de empleo precario se han ido multiplicando con el correr del tiempo y tienen en común que no son objeto de contratos por tiempo indeterminado, y que tienen un fuerte impacto sobre la subjetividad de los trabajadores porque no otorgan seguridad ni estabilidad en el empleo y porque dificultan la integración social de los asalariados dentro del colectivo de trabajo”, apuntan.

La tercerización de los puestos de trabajo es una tendencia moderna que deja de lado la integración vertical de la producción desarrollado en un proceso de concentración del capital mediante compras y fusiones, al tiempo de una descentralización de las unidades de producción, recurriendo a la subcontratación, tercerización y la externalización de la fuerza de trabajo hacia unidades productivas de menores costos laborales. “De esa manera se busca reducir el costo en capital fijo y los costos laborales y variables. Con frecuencia esto implica también asignar a los trabajadores precarios las tareas más pesadas, duras, peligrosas, en períodos u horarios atípicos, con mayores riesgos en materia de condiciones y medio ambiente de trabajo, lo cual provoca consecuencias sobre su salud, además de que perciben con frecuencia salarios comparativamente menores”, señalan esos investigadores.

Neffa y equipo destacan que el resultado final de ese proceso ha sido un cambio profundo, diversificando rápidamente la anterior relación salarial que había instaurado “verdaderos empleos”, para dar lugar “por medios absolutamente legales” a trabajos de carácter precario sin garantías de estabilidad. Sostienen que desde una perspectiva sociológica, la precarización tendría consecuencias negativas para los asalariados en varios niveles: produciría una fragmentación del colectivo de trabajo y dificultaría la construcción de la identidad debido a que cada categoría de trabajadores precarios se rige por diferentes normativas a pesar de la similitud de condiciones de trabajo, y de calificaciones predominantes en las empresas.

La problemática de los trabajadores tercerizados irrumpió en la sociedad de la peor manera. Es una de las herencias del neoliberalismo que alteró en profundidad el funcionamiento del mercado laboral. Como ya se detalló, las compañías privadas desde medianas hasta grandes conglomerados han dispuesto una estrategia de tercerización de labores que antes estaban integradas a la organización de su producción. Si el objetivo es transitar un sendero que abandone rasgos estructurales de la década del noventa para desmontar una andamiaje legal de flexibilización laboral, resulta discordante que el Estado, ya sea en dependencias públicas o en empresas de servicios públicos administradas o concesionadas a privados, implemente formas de contratación de empleo precario.

azaiat@pagina12.com.ar

Rechazada la directiva de las 65 horas

Caricatura de J. R. Mora

La UE fracasa en la adopción de un tope semanal de cuarenta y ocho horas de trabajo

Agencias

Después de cinco años de negociaciones no se alcanzó un acuerdo entre los 27. Se mantendrá la legislación vigente, que permite superar el máximo de 48 horas semanales. 15 países lo superan.

La falta de acuerdo entre los representantes de la Eurocámara y de los Gobiernos de la UE anoche en la ronda final de negociaciones ha provocado que, tras cinco años de debates, se abandone definitivamente la norma que sitúa la jornada laboral máxima en 65 horas semanales, según informó hoy el Parlamento.

Ello significa que seguirá vigente la legislación actual sobre tiempo de trabajo, que fija una jornada laboral de 48 horas semanales pero que contempla la posibilidad de excepciones ('opt-out') mediante un acuerdo individual entre empresario y trabajador. Estas excepciones, en la práctica, permiten trabajar hasta 78 horas semanales. Si se quiere intentar de nuevo modificarla habría que empezar desde el principio con una nueva propuesta de Bruselas.

Se trata de la primera vez que Parlamento y Consejo no llegan a un acuerdo en conciliación desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam en 1999, que amplió los poderes legislativos de la Eurocámara.

El principal obstáculo para el compromiso fue la cuestión del 'opt-out'. Los Veintisiete, liderados por Reino Unido, apostaban por mantenerlo indefinidamente, mientras que la Eurocámara exigía fijar en la norma una fecha para su eliminación definitiva, de manera que en ningún caso pudiera superarse la jornada de 48 horas.

"Desgraciadamente, tras cinco años de negociaciones, no fue posible alcanzar un acuerdo. El equipo negociador de la Eurocámara hizo varias propuestas sobre el 'opt-out' para que se convierta en algo excepcional y temporal. El 'opt-out' no puede durar para siempre", explicó la jefa del equipo negociador del Parlamento, la socialista alemana Mechtild Rothe.

Por su parte, el eurodiputado socialista Alejando Cercas, ponente parlamentario de la directiva de tiempo de trabajo, lamentó la falta de compromiso pero aseguró que "un mal acuerdo hubiera empeorado la situación de los trabajadores en general y de los médicos en particular". "Hemos dejado el futuro abierto y esperamos encontrar una solución con la nueva Comisión y el nuevo Parlamento", afirmó Cercas.

La presidencia checa arremetió contra "falta de flexibilidad" de la Eurocámara y atribuyó el fracaso de las negociaciones a la cercanía de las elecciones europeas. "El Parlamento dio prioridad a la ideología sobre la realidad política y económica", dijo el ministro checo de Trabajo y Asuntos Sociales, Petr Necas. Destacó que en la actualidad 15 de los 27 Estados miembros utilizan ya el 'opt-out', especialmente en sectores con guardias como la sanidad o los bomberos.

A su juicio, el fracaso de las negociaciones provocará que cada vez más Estados miembros recurran al 'opt-out', de manera que esta cláusula "se convertirá en la regla en lugar de ser la excepción".

"Los eurodiputados no quisieron aceptar un compromiso que hubiera mejorado la situación de los trabajadores y, al mismo tiempo, hubiera permitido dar más flexibilidad al mercado laboral. Esto es lo que Europa necesita en un momento de crisis", afirmó.

Guardias médicas

Tampoco hubo acuerdo entre el Parlamento y los Gobiernos en la cuestión de las guardias médicas, que también está regulada por la directiva de tiempo de trabajo. La Eurocámara exigía que las guardias se consideraran tiempo de trabajo, tal y como ha dictaminado en reiteradas ocasiones el Tribunal de Justicia de la UE, algo que no aceptan los Veintisiete.

Otro punto de discrepancia fue la cuestión de los contratos múltiples. Para los trabajadores con más de un contrato de trabajo, los eurodiputados consideraban que el tiempo de trabajo debía calcularse por trabajador y no por contrato.

A partir de ahora, lo más probable es que la Comisión presente una nueva norma que regule exclusivamente la cuestión de las guardias médicas, que resulta problemática para la mayoría de los Estados miembros y sobre la que hay más posibilidades de acuerdo, y deje fuera la cuestión del 'opt-out', según fuentes comunitarias.

Tomado de Rebelión

La Eurocámara obliga a Bruselas a pactar la directiva de la jornada laboral

Humor gráfico: Eneko

El Parlamento Europeo rechazó por mayoría absoluta la ampliación de la jornada laboral hasta un máximo de 65 horas semanales, el límite que acordaron los gobiernos de la UE al revisar la directiva sobre el tiempo de trabajo.

El «no« de la Eurocámara a la posibilidad de ampliar la jornada laboral fue sorprendentemente claro a tenor de los pronósticos que hacían antes de la votación los propios diputados, muy divididos sobre la medida, y forzará a los Estados miembros a negociar un nuevo texto con el Paralmento Europeo (PE). Finalmente, 421 parlamentarios del total de 785 que forman la Cámara apoyaron la eliminación en un plazo de tres años del llamado «opt-out», la cláusula que permite que, en caso de acuerdo entre el empresario y el trabajador, éste supere el límite de las 48 horas por semana. La postura del PE es, por tanto, totalmente opuesta a la de los estados de la UE, que habían pactado convertir esa excepción temporal obtenida por Gran Bretaña en una opción definitiva para permitir a los trabajadores alargar sus jornadas hasta un máximo de 60 ó 65 horas semanales, según los casos. Esos límites estarían calculados como media sobre un periodo de tres meses, por lo que en una semana en concreto sería posible superarlos ampliamente.

La jornada de hasta 65 horas cuenta con la oposición frontal de sindicatos europeos, que el martes se manifestaron en Estrasburgo contra la que denominaron «directiva de la esclavitud». La gran mayoría de los diputados de los grupos socialista y de izquierda, así como una parte importante de los de derechas de países del sur, rechazaron la directiva. Además, más de 500 de los 785 eurodiputados se opusieron también a las disposiciones que afectaban a los profesionales del sector sanitario, y que pretendían que los periodos inactivos de las guardias médicas dejasen de ser considerados como tiempo de trabajo. Este punto fue una de las razones que llevaron a los gobiernos a reformar la legislación, pues varias sentencias de la Justicia europea han dictaminado que todas las guardias deben contarse como tiempo trabajado, lo que coloca a muchos países en situación irregular. El PE también rechazó la eliminación del descanso obligatorio inmediatamente después de las guardias, otro de los puntos que preocupaba a los médicos europeos. A partir de enero se abrirá un periodo de conciliación entre la Cámara y los Estados miembros para tratar de pactar un nuevo texto. Entre las propuestas que la Eurocámara ha aprobado para dar más flexibilidad a los empresarios figura, por ejemplo, la de elevar de 4 a 12 meses el periodo de referencia que se usa para calcular la jornada semanal de 48 horas, que puede superarse siempre que se compense con periodos de menos carga a lo largo del año.

Críticas de la patronal

La patronal europea, BusinessEurope, criticó la decisión del Parlamento porque «priva a las empresas de la flexibilidad que necesitan» y puede dificultar el funcionamiento de algunos sectores como el sanitario. La asociación de cámaras de comercio europeas, Eurochambres, calificó el voto de la Eurocámara de «catastrófico» para las empresas comunitarias.

En cambio en el ámbito sindical se mostró satisfacción. No obstante, ELA advirtió de que «seguramente volverán a las andadas y a intentar precarizar y flexibilizar las condiciones de los trabajadores» de mano de los lobbys económicos europeos, que son quienes controlan a los grupos políticos, según el responsable de negociación colectiva, Joseba Villarreal. Añadió que «se demuestra que cuando los sindicatos nos movilizamos a favor de los intereses de los trabajadores, a veces, las cosas salen».

LAB valoró positivamente el bloqueo de la directiva porque evita por el momento un retroceso de un siglo en las relaciones laborales, pero alertó del peligro del plazo de tres meses para que el Parlamento y el los Estados negocien, porque cree que ahora tratarán de maquillar la propuesta sin variar su contenido sustancial. Por ello, exigió a los partidos del Parlametno que no admitan ningún tipo de acuerdo y se retire la directiva de forma definitiva.

Entre los europarlamentarios vascos que participaron en la votación Josu Ortuondo (PNV) mostró su satisfacción por el freno a las pretensiones de los ministros de Trabajo. El eurodiputado de EA, Mikel Irujo, destacó «la defensa que ha hecho el Parlamento Europeo de los derechos de los trabajadores, que demuestra que el Parlamento Europeo no está «sordo, ni mudo y que Europa no es un oscuro laberinto de egoístas ilustrados ni políticos sin corazón».

Bruselas confía en un acuerdo en el primer semestre de 2009

El comisario de Empleo, Vladimir Spidla, señaló que el Ejecutivo comunitario «toma nota» del voto de la Eurocámara y resaltó que tiene plena confianza en que la próxima presidencia checa de la UE, durante el primer semestre de 2009, haga avanzar la directiva, para lo que se ofreció como «mediador independiente».

Tomado de Gara

Qué hay de nuevo, viejo???

El personaje de Bugs Bunny es propiedad de Warner Bros

Así saludaba Bugs Bunny; se acuerdan??? No pasa un día sin que, desde el gobierno, se nos depare una nueva sorpresa y por cierto nada agradable. Ahora nos amenaza con una nueva política para las familias, el llamado ”vårdnadsbidrag” (ayuda para padres). De las 13 comunas existentes en Gotemburgo, 6 de ellas lo lanzarán a partir del 1o. de julio. Según el ministro Reinfeldt, quien suele manipular las palabras y su contenido, el motivo de esta propuesta es ”una política moderna para las familias que une igualdad y libertad de elección”.

Se podrá elegir entre enviar a los niños a la guardería o que los padres cuiden de ellos. Podrán ser beneficiarias las familias con niños cuyas edades oscilen entre 1 y 3 años y la compensación podrá alcanzar hasta un máximo de 3.000 coronas. Y qué contradicción!!! Este gobierno que, por un lado, plantea y exige a todo nivel que la gente con serios problemas de salud trabaje y no ejerza su derecho a recibir ayudas sociales, por el otro lado, quiere incentivar a las familias a vivir de dichas ayudas. No sé usted, pero yo no lo entiendo; o si, porque la realidad es que cada día desaparecen más fuentes de trabajo y más derechos sociales.

A esta compensación también se la ha dado en llamar ”hemmafrubidrag” (ayuda para las amas de casa). En definitiva, lo que logra es dejar al margen del mercado laboral, fundamentalmente a las mujeres. Así que de igualdad poco se puede hablar. Este proyecto impide también la integración de mujeres extranjeras a la vida laboral. La experiencia, por ejemplo en Noruega, muestra que, como la mayoría de los beneficiarios son mujeres extranjeras el desarrollo del idioma de estos niños es precario, y son mayores las dificultades para estas madres de encontrar trabajo cuando sus niños comienzan el prescolar. El idioma es fundamental para entender la sociedad en que se vive e iniciar el proceso de integración a la misma.

Con este proyecto, el gobierno no invierte en la creación de guarderías comunales con personal calificado, que cree posibilidades de trabajo reales. Se allana, con esta supuesta libertad de elección, el camino para las guarderías privadas. Se deja a las comunas la responsabilidad de los recursos que este proyecto exige, con un costo aproximado de 3 millares de coronas, equivalente al costo de 9.000 personas que trabajan en la atención de niños. Estos millares quitan los recursos para el desarrollo de las guarderías comunales, desmejorando la calidad en función de que un grupo minoritario reciba el llamado vårdnasbidrag.

Como decía un informativista de una antigua radio uruguaya, ”hay más noticias para este boletín”!!! Por lo pronto la ministra de ”inseguridad” social, Husmark, ha tenido que rever algunas de las medidas propuestas para el seguro de enfermedad. Queda demostrado que con sólo unas tímidas protestas por parte de algunos sectores, las cosas se pueden cambiar.

El seguro de enfermedad ascenderá al 80% y sin límite de tiempo para los enfermos crónicos. El 27/03 el gobierno presentará una propuesta referida a las distintas instancias de la rehabilitación y al período de un año para el derecho al seguro. Se ha criticado duramente el hecho que los pacientes, cuando se les rebaja o pierden el seguro, deban recurrir a la ayuda social. Por lo tanto, van a modificar el período de un año del seguro de enfermedad a un máximo de 30 meses y por ello se propondrá un nuevo tipo de compensación, que llamarán resursjobb (trabajo de recursos), del cual se desconoce el monto. En todo caso, el desmejoramiento de toda la Seguridad Social es marcado. El gobierno habla de los problemas que crea a la seguridad social lo que llama ”Ohälsa”, es decir la cantidad de gente enferma; debería, en su lugar, crear condiciones de vida digna para garantizar la salud de la población. En 1946, la Organización Mundial de la Salud (OMS) conceptualizó a la salud como "un completo estado de bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad".

A corto plazo desaparecerá el Instituto de Trabajo, centro de investigación y desarrollo de las condiciones del mismo. Por supuesto que no se investigará como influyen en la salud del individuo las nuevas condicionantes del mercado laboral. Ni la desocupación, factor de inseguridad que permite la desestabilización de los salarios y de la seguridad laboral, entre otras cosas, influyendo seriamente en la salud síquica y la situación social del individuo.

Todo esto se enmarca dentro de un gran paquete de medidas.

Hemos hablado en artículos anteriores de los llamados ”actores”. Estos incluyen a los ministros, las grandes empresas suecas (Näringsliv), la anuencia de la LO, TCO, PTK (acuerdos y colaboración con 26 organizaciones que reunen a 700.000 empleados privados) y cuya misión es negociar, administrar e informar sobre diferentes seguros de pensiones y otros seguros vinculados a su vez a otras empresas de distintos servicios, como Prevent (vinculada al proyecto de reinserción al trabajo de distintos tipos de discapacitados). Estos ”actores” se han reunido bajo los auspicios de un Consorcio Internacional de Conferencias (IQPC), que se ocupa de congregar a todas las fuerzas sociales y económicas involucradas en toda esta transformación del estado. Un estado que ha perdido todas sus funciones reguladoras y está solamente al servicio de intereses transnacionales. Estado cuyo único objetivo es obtener rápidamente grandes ganancias con lo que, hasta hace unos decenios, eran derechos vitales de todos los ciudadanos y que a partir de esta política de mercado son sólo un producto altamente redituable. Un estado que se desentiende de las funciones sociales y las actividades productivas que desempeñaba.

Así como tuvieron la conferencia sobre la reorganización de la Caja de Seguros, ahora entre otras tendrán, del 26 al 28 de mayo, una conferencia que tratará el tema ”Privata vård - och omsorgstjänster – nya möjligheter för att möta framtidens vårdbehov” (Salud privada – y asistencia - nuevas posibilidades para enfrentar las futuras necesidades de atención). Contará como auspiciantes, entre otros, con Carema y Attend. Por no hablar de Capio, que desde su página ha expresado que hay mucho dinero para recoger en la Salud. También está involucrada General Electric, famosa por sus artículos para el hogar, pero que abarca además, entre otras cosas, un banco internacional y un amplio consorcio en el sector de la salud (GE Healthcare). Ninguna de estos empresas privadas, tienen el intéres de hacerse cargo de todos los sectores públicos por caridad o simplemente por voluntad de servicio a la comunidad. En una sociedad justa, se nos deben garantizar los servicios esenciales, que son vitales y que están estrechamente ligados al concepto de democracia, tan manoseada y vapuleada en los tiempos que corren.

No podemos dejar de exigir que derechos como educación, salud y derechos laborales, sean garantizados por el estado; estado que hoy los desmantela por ser obsecuente con las políticas neoliberales del capitalismo global.

Lo único justo y radical que proponemos es que la sociedad, el pueblo, la multitud, tome su destino en sus propias manos. Que se tome conciencia que sólo la unidad en torno a todos estos puntos que hemos plantedo, y que nos son comunes por encima de diferencias de color político, nos darán la fuerza y confianza necesarias para exigir el cambio que se torna cada vez más urgente!

Gloria