La ley de Arizona desata protestas en EEUU

La reforma, que criminaliza la inmigración, moviliza a las asociaciones latinas y a los demócratas Siguen las protestas en Arizona contra la ley migratoria aprobada el pasado viernes por la gobernadora del estado y que por primera vez criminaliza la presencia de indocumentados. Y no sólo en Arizona. Por todo Estados Unidos varias organizaciones contemplan denunciar la legislación ante los tribunales por racista. "Vamos a llevar toda la documentación necesaria para demostrar que esta ley es anticonstitucional y viola los derechos civiles de los latinos", declaró este fin de semana Lillian Rodríguez López, presidenta de la Hispanic Federation, acompañada por el reverendo y activista Al Sharpton, "Es como en la Alemania nazi cuando paraban a la gente para pedirle sus papeles". La asociación de abogados de Puerto Rico también pensaba plantear su demanda, así como otras organizaciones, como ACLU (American Civil Liberties Union) en una ofensiva contra la ley que ha despertado la indignación en todo el país y en la Casa Blanca. El pasado domingo, unos 3.000 manifestantes se reunieron frente al Capitolio de Phoenix, incluido el propio alcalde de la ciudad, el demócrata Phil Gordon, para denunciar la legislación "racista e injusta" firmada por la gobernadora Jan Brewer. "Esto divide nuestra ciudad y nuestro estado", dijo Gordon, que quiere entablar acciones legales contra la iniciativa, que no debería entrar en vigor hasta el próximo agosto. La llamada SB1070 convierte en delito menor la presencia de inmigrantes indocumentados en el Estado y otorga a la policía autoridad para cuestionar el estatus de una persona si existe "sospecha razonable" de que se encuentra ilegalmente en el país. Joe Arpaio, el polémico sheriff ultraconservador del condado de Maricopa, cuyas acciones contra los inmigrantes irregulares le han valido una investigación del Departamento de Justicia, defendió la medida. "No vamos a echarnos atrás" dijo Arpaio, "tenemos mucho sitio en la cárcel. Y si no lo hay, ya lo encontraremos". "Catástrofe civil" Luis Gutiérrez, representante demócrata de Illinois y presidente del Caucus Hispano en temas de inmigración en el Congreso, calificó la medida "de catástrofe civil que los republicanos de Arizona están infligiendo a los inmigrantes". No se descarta que la propia Casa Blanca tome medidas. La semana pasada, antes de que se firmara la ley, el presidente Barack Obama dio instrucciones a los miembros del Gobierno para que examinaran posibles "implicaciones" que pudieran perjudicar los derechos civiles de las minorías directamente afectadas por la norma. ISABEL PIQUER Tomado de Público

"La causa española ayudará a que EEUU juzgue torturas"

Abogado de la American Civil Liberties Union. Ha viajado a España para conocer los detalles de la causa española sobre Guantánamo y las torturas

Jameel Jaffer, abogado de 37 años, es uno de los responsables de que la Administración estadounidense divulgara al fin tras seis años de litigio los memorandos secretos de la CIA en los que se autorizaban métodos de interrogatorio equivalentes a la tortura. Jaffer es el coordinador para asuntos de Seguridad Nacional de la American Civil Liberties Union (ACLU) y dirige el pulso contra el Pentágono que está removiendo los cimientos de EEUU.

Para el 28 de mayo, Jaffer espera otro hito la divulgación de las fotografías de los interrogatorios, pero mientras tanto viajó a Madrid para interesarse por la causa española de la Audiencia Nacional contra los miembros de la Administración Bush que redefinieron el concepto de tortura, que instruyen los jueces Eloy Velasco y Baltasar Garzón.

¿De verdad creía que algún día se desclasificarían los memorandos de la CIA?

Sí, sí. Ha sido una lucha muy dura y larga que se inició con la Administración Bush y que no ha culminado hasta la llegada de Obama a la Casa Blanca. La decisión ha cambiado por completo el debate político en EEUU. Ahora mucha gente dice que no puede quedar aquí y que los responsables deben rendir cuentas.

¿Cómo?

Esto es una cuestión abierta. Una posibilidad sería crear un comité específico en el Congreso que aclare qué sucedió y aborde los cambios necesarios para que no ocurra nunca más. La otra sería una investigación judicial, muy deseable, y que únicamente puede partir del fiscal general.

¿Qué le parece que Dick Cheney pida que también se desclasifiquen documentos que demostrarían la utilidad de los interrogatorios?

Estamos de acuerdo con el principio de desclasificar todos los documentos. No sólo los que selectivamente sugiere Cheney, sino todos.

¿Contra quién debería dirigirse la investigación judicial que sugiere?

Todavía no puede saberse con exactitud. De lo que se trata ahora es precisamente de intentar saber quién es el responsable del programa de torturas. Hay que examinar toda la cadena desde los dirigentes políticos hasta los abogados que les asesoraron, pasando por los interrogadores y luego, en función de ello, decidir contra quién hay que actuar.

¿Qué papel otorga a Obama en la desclasificación?

Muy importante. Escuchó a todo el mundo, pero tomó él la decisión.

¿Está por tanto satisfecho con el nuevo presidente?

Ha tomado decisiones importantes y merece respeto. Pero queda mucho por hacer. En campaña prometió transparencia y rendición de cuentas. La desclasificación de los memorandos forma parte de la transparencia. Ahora toca ser consecuentes y pasar a la rendición de cuentas.

¿No le parece que si se abre un proceso en España para juzgar lo mismo será una interferencia?

No es ninguna interferencia. El problema no puede ser en ningún caso que España investigue. Si hay problema, es más bien que no hay investigación en EEUU. Hay que tener esto muy claro.

¿Qué efecto puede tener en EEUU la causa española?

De entrada, uno ya muy positivo: aumenta la presión. Es un recordatorio para la Administración Obama de que si no se investiga, otros países lo harán. Creo que ayudará a que EEUU juzgue las torturas.

¿Debe ser por tanto EEUU quien finalmente juzgue?

Si lo hace, hará innecesario otros procesos en otros países. Pero mientras tanto, causas como la española no sólo son apropiadas para nosotros, sino que responden a una obligación. Estamos hablando de crímenes de guerra, de cuestiones muy graves que no pueden quedar impunes.

¿Con quién se ha entrevistado en España?

Ha sido un viaje corto, nada más de tres días, con lo que sólo ha sido una toma de contacto con el caso que investiga la Audiencia Nacional. He tratado de escuchar a todos los que podían contarme algo sobre ello.

¿Qué impresión se ha llevado?

Todavía estoy aprendiendo. Pero está claro que apreciamos el trabajo que se está haciendo, muy profesional.

PERE RUSIÑOL

Tomado: Público