El gobierno de Lula

Al conocer la victoria de Lula en las elecciones de 2002 publiqué en "O Globo" (28/10/2002) el artículo "El amigo Lula", resumido en esta frase: "Sobreviviente de la gran tribulación del pueblo brasileño, Lula es ahora un vencedor".

Apoyado por una amplia mayoría de la opinión pública brasileña (que hoy es del 87%), Lula gobierna este país desde hace ocho años. Sorprendió a aliados y opositores. Lula es también ahora un vencedor, digo parafraseándome.

Viví siempre de mi trabajo, como recomienda el apóstol Pablo. Durante breves períodos mantuve un vínculo laboral con la iniciativa privada. Rechacé nombramientos del poder público. Por considerarlo compatible con mi actividad pastoral, acepté la invitación del presidente Lula para integrar, en el 2003, su asesoría especial en el gabinete de Movilización Social del Programa Hambre Cero, al lado de Oded Grajew.

Permanecí allí dos años. Tuve la oportunidad de implementar dos programas de amplia capilaridad nacional y que siguen vigentes: la Red de Educación Popular, que trabaja según el método de Paulo Freire en la formación ciudadana de beneficiarios del Bolsa Familia; y el Escuelas Hermanas, que establece conexiones solidarias entre profesores y alumnos de instituciones de enseñanza.

Mi tarea principal consistía en movilizar a la sociedad civil en pro del Hambre Cero, sobre todo los Comités Gestores que, elegidos democráticamente en los municipios, cuidaban del censo de los beneficiarios y supervisaban el cumplimiento de las condiciones del programa de erradicación de la miseria.

Eso provocó la reacción de muchos alcaldes. Querían reservarse el control del Hambre Cero. Temían el surgimiento de nuevos liderazgos locales vía Comités Gestores. Exigían el decidir, por obvias razones electorales, quién entra y sale del censo. A su vez el lobby del latifundio -cerca de 200 parlamentarios del Congreso- presionaba para que el Hambre Cero no hiciera efectiva la reforma agraria, que le aseguraría un carácter emancipatorio y constituía una cláusula petrea del programa del PT.

La Casa Civil dio oídos a los descontentos. Trató de sustituir el Hambre Cero por un programa de carácter compensatorio y hasta hoy sin visos de salida, cuyo censo es controlado por los alcaldes: el Bolsa Familia. Oded Grajew regresó a São Paulo, el ministro Graziano fue sustituido y yo, en noviembre del 2004, puse la dimisión. Volví a ser un feliz ING (Individuo No Gubernamental).

En vísperas de acabar el gobierno de Lula, lo avalo como el más positivo de nuestra historia republicana. El Brasil cambió para mejor.

Entre 2001 y 2008 el ingreso del 10% de los más pobres creció seis veces más que el 10% de los más ricos. El de los ricos creció el 11.2%, y el de los pobres el 72%. Mientras tanto, desde hace 25 años, según el IPEA, la mitad del ingreso total del Brasil permanece en manos del 10% más rico. Y el 50% de los pobres se reparten entre sí apenas el 10% de la riqueza nacional.

Con el gobierno de Lula los más pobres obtuvieron unos recursos anuales de 10.500 millones de dólares; a los más ricos, a través del mercado financiero, les fueron destinados más de 100,500 millones, lo que ha impedido la reducción de la desigualdad social.

Le faltó al gobierno disminuir el contraste social por medio de la reforma agraria, de la multiplicación de los organismos de transferencia de riqueza y de la reducción de la carga tributaria en las áreas del trabajo y del consumo. Y grabar las del capital y la especulación.

Hoy día los programas de transferencia de riqueza de gobierno representan un 20% del total de los ingresos de las familias brasileñas. En el 2008, 18.7 millones de personas vivían con menos de 1/4 del salario mínimo. Si no fuera por las políticas de transferencia serían ahora 40.5 millones. Lo que significa que el gobierno de Lula sacó de la miseria a 21.8 millones de personas.

Es una falacia el decir que, al promover transferencia de riqueza, el gobierno "mantiene a vagos". Eso sucede cuando no castiga a los corruptos, nepotistas, licitaciones amañadas, malversación de dinero público. Sin embargo la Policía Federal encarceló por corrupción a dos gobernadores.

Más de la mitad de la población del Brasil tiene menos del 3% de las propiedades rurales. Y apenas 46 mil propietarios son dueños de la mitad de las tierras. Nuestra estructura agraria es idéntica a la del Brasil del imperio. Y el empleador rural no es latifundio ni agronegocio, es la agricultura familiar: ocupa apenas el 24 % de las tierras y emplea el 75% de los trabajadores rurales.

La inflación se mantuvo por debajo del 5%, se crearon casi 11.7 millones de empleos formales y el salario mínimo de ahora es de más de US$ 200. Eso ha permitido al consumidor planificar mejor sus compras, facilitado por una política de créditos establecidos y a largo plazo, a pesar de las elevadas tasas de interés.

El gobierno de Lula no criminalizó a los movimientos sociales; buscó el diálogo, aunque sea tímidamente, con líderes populares; mejoró las condiciones de los quilombos; demarcó las tierras indígenas, como Raposa Serra do Sol.

Al rechazar el ALCA y cubrir las deudas con el FMI, Lula presentó al Brasil como país soberano e independiente. Lo cual le permitió mantener una confortable distancia de la Casa Blanca y aproximarse a África, a los países árabes y a Asia, hasta el punto de debilitar el G8 y fortalecer el G20, en el cual participan países en desarrollo. Estrechó relaciones con Sudáfrica, China y la India, valoró la UNASUR y quebró el "eje del mal" de Bush al defender la autodeterminación de Cuba, Venezuela e Iraq.

El gobierno termina sin que, en los ocho años de su mandato, hayan sido abiertos los archivos de las Fuerzas Armadas sobre los años de la dictadura, ni apoyado iniciativas para entregar a la Justicia a los responsables de los crímenes de aquella época. El país sigue sin ninguna reforma estructural, como la agraria, la política, la tributaria, etc.

La inversión en educación no superó el 5% de PIB, cuando la Constitución exige al menos el 8%. Aunque el acceso a la enseñanza elemental se haya universalizado, el Brasil está a la par, según el IDH de la ONU, de Zimbabwe en materia de calidad de educación. Los profesores son mal remunerados, las escuelas no disponen de recursos electrónicos y la deserción sigue siendo alta. Los programas de alfabetización de adultos fracasaron y el MEC se mostró remiso en la aplicación del ENEM. Como positivo, la ampliación de las escuelas técnicas y de las universidades públicas, el sistema de cuotas y el ProUni.

El SUS continúa siendo deficiente, y en cuanto a la atención a la salud va siendo privatizado progresivamente. Hoy 44 millones de brasileños están inscritos en planes de salud de la iniciativa privada. Más del 50% de las viviendas del país no tienen saneamiento, los alimentos transgénicos son vendidos al consumidor sin advertencia y los derechos de las personas con deficiencias no están debidamente atendidos.

Gobernar es el arte de lo posible. Implica imprevistos y exige soluciones sobre la marcha. Lula supo hacerlo con maestría. Espero que el gobierno de Dilma pueda mejorar los avances de la administración que termina y corregir sus fallas, sobre todo en lo tocante a la disposición de efectuar reformas estructurales y ampliar el rigor en la preservación ambiental. Ojalá que la presidenta consiga superar la deficiencia congénita de su gestión: el matrimonio, por conveniencia electoral, entre el PT y el PMDB.

PS. El poder no cambia a nadie, hace que las personas se manifiesten. (Traducción de J.L.Burguet)
Frei Betto
Frei Betto es escritor, autor de "La mosca azul" y "Calendario del poder", entre otros libros. http://www.freibetto.org/> twitter:@freibetto.

Tomado: alainet.org

Diputados quieren aplazar ratificación de acuerdos para presionar a Israel

Caricatura Mac Donald Parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional intentarán aplazar la ratificación, por el Congreso, del Acuerdo-Cuadro de Comercio y del Acuerdo de Libre Comercio entre Mercosur y el Estado de Israel. La intención es aprobar esos acuerdos solamente cuando Israel acepte negociar la paz con los palestinos. Los acuerdos fueron asignados en 2005 y 2007, respectivamente, y tramitan en la Cámara en la forma de proyecto de Decreto Legislativo (PDC) 1665/09, de autoría de la Representación Brasileña en el Parlamento del Mercosur. El proyecto fue aprobado por la Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía y aún espera ser analizado por las comisiones de Desarrollo Económico, Industria y Comercio; y Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional y por el Plenario. Después, irá al Senado. El asunto fue discutido este jueves 10 en audiencia pública sugerida por el diputado Marcondes Gadelha (PSB-PB) Derechos Humanos En la reunión, el arquitecto y sociólogo Daniel Jadue, chileno de origen palestino y vicepresidente de la Federación Palestina de Chile, pidió el rechazo del proyect. Él argumentó que la ratificación de los acuerdos daña los derechos humanos al beneficiar a un país que no respeta esos derechos. “Invito a la reflexión sobre lo que significaría premiar al gobierno de Israel con la apertura del Mercado Latinoamericano a alguien que extermina al pueblo palestino”, afirmó Jadue. “¿Por cuando tiempo aún el holocausto de los judíos será un cheque en blanco que se entregue a Israel para que cometa crímenes contra los palestinos? ¿Castigaremos a lo palestinos por no tener amigos poderosos en el contexto internacional? ¿Castigaremos a los palestinos por resistir a la ocupación? Reflexionen antes de votar”, dijo. Límites Los diputados presentes en la audiencia, en tanto, explicaron que el Parlamento no tiene el poder de rechazar los acuerdos asignados por los Poderes Ejecutivos de los países del Mercosur. “Un acuerdo firmado por el gobierno brasileño, sea cual fuera debe ser reconocido. No rechazo porque la Constitución no lo permite, pero defiendo los límites para el proyecto”, dijo el relator del PDC 1665/09 en la Comisión de Relaciones Exteriores, diputado Dr. Rosinha (PT-PR). La sugerencia del parlamentarios es que el PDC sea aprobado con un contenido reducido. O sea, estarían fuera del tratad los productos comerciales originados en los Territorios Palestinos ocupados militarmente por Israel desde 1967. La profesora de Historia Árabe de la Universidad de Sao Paulo (USP), Luiz Alves, que integra el comité de United Nations Coordinating Network on Palestine, alertó el hecho de que no hay garantías de que los productos comercializados provengan sólo de Israel. Conforme también, el Dr. Rosinha recordó una vez que la aduana en Israel es única, pudiendo entrar en el tratado productos palestinos como si proviniesen del Estado israelí. Visita Arlene Clemesha sugirió que la Comisión de Relaciones Exteriores designe una delegación de parlamentarios para visitar los territorios palestinos y observar la situación local antes de tomar cualquier decisión en relación a los acuerdos. “Al ratificar un acuerdo a ciegas, incentivaríamos y apoyaríamos la mantención de una situación absolutamente insustentable e imposible de aceptar”, afirmó. Para la profesora, el camino para la paz en Israel pasa por el fin de la ocupación militar del territorio palestino. Ella dijo, en tanto, que Israel solo va a desocupar la región si fuera presionado internacionalmente a eso. Presión Los diputados concordaron con la declaración de Arlene Clemesha y recordaron que pueden manifestarse contrariamente a los acuerdos como forma de presión política. “Será una pequeña contribución, pero será concreta. El acuerdo sólo puede ser efectivo se fuera homologado por los países del Mercosur. Como Uruguay ya homologó, debemos trabajar con Argentina y con Paraguay. El gobierno de Lula ha sido valiente y tiene que decir públicamente que el cuerdo está congelado hasta que sean retornadas las negociaciones de paz”, dijo el diputado Nilson Mourão (PT-AC). El diputado Pastor Pedro Ribeiro (PMDB-CE) completó diciendo que lo mejor que se puede hacer ahora es realmente ganar tiempo y estudiar el asunto con más profundidad. Luiz Alves OICP Tomado de Rebelión

Brasil: El definitivo adiós al patio trasero

El acuerdo firmado el 7 de septiembre por Lula y Sarkozy completa el viraje estratégico producido en la región con la decadencia de la hegemonía de EE UU y el ascenso de Brasil como potencia global. El acuerdo firmado el 7 de septiembre por Luiz Inacio Lula da Silva y Nicolas Sarkozy completa el viraje estratégico producido en la región con la decadencia de la hegemonía de Estados Unidos y el ascenso de Brasil como potencia global. Nace un complejo militar-industrial autónomo en el que alguna vez fuera el patio trasero del imperio, que consigue blindar la Amazonia y las reservas de hidrocarburos descubiertas en el litoral marítimo brasileño. Por si fuera poco, se informó que Brasil está en condiciones de fabricar armas atómicas. El 5 de septiembre, el general Luiz Eduardo Rocha Paiva, profesor de la Escuela del Estado Mayor del Ejército, firmó un artículo de análisis en el sitio militar Defesanet: La miopía estratégica y la indigencia militar son las mayores amenazas a la soberanía de Brasil. Desde una perspectiva conservadora, critica de modo frontal la reacción de su país a la instalación de siete bases estadunidenses en territorio colombiano. Dice: no serían un problema si Brasil dispusiese de poder militar a la altura de la posición que pretende adoptar en el escenario internacional. Lo que nos amenaza es nuestra debilidad. El artículo refleja el estado de ánimo de los militares brasileños, que temen una intervención de potencias occidentales que desde 1990 buscan imponernos una soberanía compartida en la Amazonia. La sensación de debilidad creció desde que un año atrás fueron descubiertos 50 mil millones de barriles de petróleo en el mar de Brasil, a siete kilómetros de profundidad. Esos recursos serán explotados por el Estado y no por empresas privadas, según propone Lula, con lo que Brasil se coloca como una de las principales estrellas del emergente BRIC, combinando una potente industria con autonomía energética que no todos poseen. Faltaba la autonomía militar. El acuerdo con Francia le permite comprar cinco submarinos, uno nuclear, y 50 helicópteros de transporte militar por un valor de 12 mil millones de dólares. Con la anunciada adquisición de 36 cazabombarderos Rafale de la francesa Dassault, la cifra se elevaría a 18 mil millones de dólares, pero la prensa gala estima que la compra puede ascender a 120 aviones. Si se confirma la preferencia de Lula por el aparato francés, habrá quedado por el camino el F-18 Hornet de Boeing, en una decisión política que se ha interpretado como una declaración de guerra a Washington. El negocio incluye la adquisición por Francia de 10 aviones de transporte militar KC-390 brasileños para sustituir los Hércules C-130 estadunidenses. Con ser importante, el negocio es apenas un detalle menor al lado de la masiva transferencia de tecnología que conlleva la alianza. El acuerdo contempla la construcción de astilleros en Río de Janeiro, donde serán construidos los submarinos Scorpene; en tanto, los helicópteros serán armados en Minas Gerais por la empresa binacional Helibras, filial de la europea EADS. Con los aviones de combate la cuestión es más ambiciosa. La adquisición de los Rafale no será una mera compra, porque se construirán en Brasil y existirá la posibilidad de que sean vendidos en América Latina, dijo el canciller Celso Amorim. Las seis primeras aeronaves las entregará Francia, pero las 30 restantes serán ensambladas por la brasileña Embraer, que ya es la tercera empresa aeronáutica del mundo detrás de Airbus y Boeing, y fabrica aviones de combate, aunque no cazabombarderos de última generación. El contrato a estudio considera que Brasil podrá vender los cazas Rafale en Sudamérica, lo que da idea de la trascendencia de una alianza que, en los hechos, lo convierte en un avión de combate franco-brasileño. De ese modo, Brasil pasa a ostentar la mayor flota naval de América Latina y una industria capaz de abastecer a sus fuerzas armadas de modo permanente según la evolución de los acontecimientos en la región. Brasil estará entre los o­nce países del mundo capaces de fabricar cazabombarderos. El monto de los acuerdos, si se incluyen los Rafale, sería cuatro veces superior al costo del Plan Colombia. Así Brasil completa un giro radical: hace siete décadas, durante la Segunda Guerra Mundial, Getulio Vargas alineó a su país con Estados Unidos. Ahora Lula proclama la segunda independencia, como dijo cuando propuso la creación de Petrosal, la empresa estatal encargada de monitorear la explotación de yacimientos que ahora protegerá la marina. Quien crea que es una política del gobierno de Lula está equivocado. Es una opción del Estado brasileño, largamente planificada –los acuerdos con Francia fueron negociados más de un año–, pero acelerada por la decisión del Comando Sur de convertir a Colombia en una gigantesca base militar. El parlamento de Brasilia aprobó en tiempo récord de 48 horas los fondos para la compra de los cinco submarinos y los 50 helicópteros. Más claro fue el comandante de la marina, Julio Soares de Moura Neto, quien respondió a un cuestionamiento del conservador Folha de Sao Paulo sobre el elevado gasto militar: Los brasileños precisan tener conciencia de que tenemos riquezas inconmensurables en el mar, y la marina debe estar preparada para defender nuestra soberanía sobre ellas. Agregó que la reactivación de la Cuarta Flota no fue ni política ni diplomáticamente informada a Brasil, con lo que la pretendida alianza entre la Casa Blanca y Planalto se disolvió en las nieblas del militarismo. La alianza entre Francia y Brasil echa luz sobre los verdaderos acontecimientos del continente; las cosas se han invertido: ya no son los gobiernos díscolos del sur los que pretenden poner palos en la rueda de la hegemonía estadunidense. Es la Casa Blanca la que intenta frenar el ascenso de Brasil al rango de potencia global, lo que inevitablemente Raúl Zibechi Tomado de Kaos en la Red

Destrucción de la Amazonia Brasilera

Dibujo: Raimundo R. Keila Anderson El Congreso brasileño aprobó la base legal que destruye la Amazonia La aprobación en el Congreso de la Medida Provisional (MP) 458 es un absurdo. Esta MP, que originalmente visaba regularizar tierras ocupadas por pequeños campesinos ocupantes de tierra en el área de la Amazonia Legal (equivale a 48% del territorio de Brasil), con su actual redacción abre margen para una inversión de valores, beneficiando a quién desmata y destruye. Una vez más diputados federales y senadores consiguen ajustar los intereses de un sector de clase –el de los grandes propietarios, ladrones de tierras públicas de la Amazónia- perjudicando a un posible desarrollo sostenible e inclusivo. Veamos por qué. La división de los lotes de los campesinos tiene dos categorías. La de los pequeños, de 100 a 400 hectáreas (ha), y a de los medianos, de 400 a 1500 ha. Acordemos que el módulo rural varía de acuerdo con la región del Brasil y su vocación. Para la dimensión amazónica, una extensión de 100 ha es considerada pequeña. Pues bien, con este texto, sobre este pequeño recae la desconfianza del Estado y el titular del lote sólo podría venderlo después de diez años de la regularización de las tierras. ¡Ya para los medianos, que en teoría pueden tener representantes legales (prepuestos, también conocidos como “naranjas” o “testaferros”), los lotes serían pasibles de venta después de tres años! Para empeorar, en este mismo negociado entran los grandes “ocupantes” a ser regularizados, ocupantes de tierras con más de 1500 ha de extensión. Estos también podrían vender las tierras después de tres años. Si es aprobada la MP 458 como está, queda abierta la puerta para la especulación de tierras robadas. Sinceramente, o el texto tiene problemas desde su origen, o no tiene sentido. El peor de los mundos, en mi opinión está en el mantenimiento de los artículos 2º, 7º y 13º. Entiendo que esto implica algunos descalabros, tales como: los “ocupantes” regularizados no necesitarán ser habitantes del municipio donde en teoría producirían bienes primarios o la extracción de bienes naturales; las personas jurídicas podrán ser beneficiadas de una ley que originalmente favorecería el modo de producción de base familiar; y por fin, las concesiones de tierras podrían darse sin pasar revista previa ni análisis a los papeles originales. ¡No es sin sentido el que la Medida Provisional ganara el sobrenombre de “MP del robo de Tierras Públicas”! La complejidad del problema aumenta cuando dimensionamos los valores inmobiliarios y su extensión. Estamos hablando de una área de 64,7 millones de hectáreas de tierra con un valor inicial de la orden de R$ 70 mil millones (cerca de USd 35 mil millones de dólares USA). No se trata de materia de ocasión y sí de una determinación estructural de la Amazonia para las próximas décadas. Por eso mi temor es el de siempre. Si el presidente Luiz Inácio Lula da Silva no veta el texto, veremos más de lo mismo. Es decir, la derrota de la razón de Estado y del bienestar de la nación, siendo todo cambiado por las leyes que legalizan a los ladrones de arriba, fortaleciendo la base aliada del gobierno de turno y su composición de clase. En el Senado de Brasil, la pesadilla del agro negocio sigue La noche de miércoles 3 de junio, el Senado de la República dio un aula de análisis político. No fue una lección de actitud republicana, tampoco de defensa de la ciudadanía ni del interés nacional. Lo que se vio fue la materialización de dos conceptos: lo de sobre-representación y lo del eufemismo como arma del discurso. El primer concepto se encuentra en la “sinceridad” de la senadora Kátia Abreu (DEM- estado de Tocantins) que acumula el mandato por el nuevo estado y también es presidente de la Confederación Nacional de Agricultura (CNA, o sea, el sindicato nacional de latifundistas). El segundo, el eufemismo, se encuentra en las palabras de la “muy noble” senadora, al afirmar que una Medida Provisional de su autoría, la MP 458, va “a dar seguridad jurídica” para la Amazonia Legal. Para quien tiene como faena y labor el análisis del gran juego del poder en el Brasil, tener un concepto materializado es una oportunidad de demostrar de modo didáctico las telas de relaciones reales y no formales de la política brasileña. El “concepto con carne” se hace patente para un público ampliando las tensiones del ejercicio del mando sin las barreras de un lenguaje refinado. En este negociado, estoy obligado a ser justo. Si hay una bancada que actúa de modo “sincero” son los latifundistas, también conocidos como “ruralistas”. Este término, “ruralismo”, por sí sólo ya es un eufemismo, pues se remonta a la sigla de la extrema derecha agraria de los años ’80. Para quien no recuerda, la lucha por el ejercicio del derecho constitucional del acceso a la tierra como factor de producción con destinación social, confrontaba en armas con la Unión Democrática Ruralista (UDR). Esta entidad “democrática”, que cayó en bajo perfil los últimos años, da la marca a la bancada de mismo nombre. Esta gente es tan agresiva como los latifundistas soyeros de Argentina y levantan la supuesta bandera “del campo”. Pobre del Martín Fierro, de Quiroga y de los caudillos de antaño. Estos “del campo” son poco o más que vende-patrias que viven de mamar la teta del Estado platense. Pues en Brasil pasa lo mismo. Y la cara dura no para. Fue una de las líderes de la bancada de la agricultura en ancha escala, aplicando el concepto que transforma el alimento en commodity, que escribió el texto de la nueva medida legal. No hay desarrollo sin preservación Como se sabe, la medida es polémica y provocó una fractura en la base del gobierno y en la oposición. Por su parte, el presidente ya señala una maniobra para distraer a la mayoría. Dice que la cuenta a pagar por la preservación también es de los países ricos. Aunque eso sea correcto, se aplica en escala mundial y no en la vida cotidiana de la Amazonia Legal y de la biodiversidad brasileña. Cobrar el cumplimiento del Protocolo de Kyoto y actuar de forma incisiva contra la pesca de la ballena por los pesqueros japoneses es legítimo. Pasar la cuenta de una política interna que atraviesa las posibilidades de mantenimiento de la soberanía nacional en la Amazonia, no lo es. No hay control sin sustentación, y el Estado brasileño tiene que asegurar la cobertura vegetal y la biodiversidad en más de la mitad de su territorio. Al contrario del sentido común y de las ideas difundidas por los grandes medios, no hay conflicto entre preservación y desarrollo. Preservar no es retraso ni costo, pero sí garantía de retorno a largo plazo. Es obvio que dentro del modelo de devastar para la agro-exportación, esto parece una barrera para el desarrollo del negocio. En verdad, lo absurdo para un país es apostar a un modelo que no se sostiene ni asegura los mayores valores futuros. La mayor riqueza de la humanidad en el siglo que viene es la diversidad genética y el patrimonio natural. Así, no hay ninguna posibilidad de desarrollar la Amazonia sin la floresta en pie y el curso de sus ríos. Y lo peor, con la destrucción del medio, los pueblos amazónicos tienden a migrar, hinchando las capitales de la región y aumentando la desesperación social. Con la MP 458 los senadores fuerzan el país a caminar a través de la misma troja que llevó a la aprobación de las semillas transgénicas a través del hecho consumado. Oficializando el robo de tierras y permitiendo la devastación de la selva, quedamos entregados a la demencia del agente económico devastador e inescrupuloso. El futuro colectivo y la soberanía del país exigen el veto de esta Medida. Bruno Lima Rocha Tomado de Aporrea

Por la extradición del torturador Manuel Cordero

El coronel retirado Manuel Cordero es acusado de participar en el denominado Plan Cóndor, que perseguía a los opositores de las dictaduras en los países del Conosur, secuestrando, torturando y desapareciendo personas. Cordero está prófugo en Brasil desde 2004, cuando un juez uruguayo lo acusó de desacato en un juicio por “apología de la tortura”.

Completando el formulario de esta Campaña Internacional, estarán enviando la carta del periodista Roger Rodríguez a cada uno de los ministros del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Para firmar la petición entre

ACÁ