¿Cuántos más?



Trayvon Martin acababa de cumplir 17 años cuando fue muerto a tiros en Sanford, Florida, un suburbio de Orlando. Murió por ser un joven afroestadunidense o, como dicen aquí, su crimen fue “caminar siendo negro”.
Su asesino, un voluntario de “seguridad de la colonia”, George Zimmerman, no fue arrestado, tras declarar a la policía que había disparado en un acto de autodefensa. La víctima estaba desarmada.
El “sospechoso” era el joven afroestadunidense. Iba caminando en una colonia enrejada de casas, de regreso de una tienda donde compró un bolsita de dulces Skittles y una lata de té helado. Iba hablando con su novia por celular y de repente le dijo que lo estaban siguiendo. Ella le aconsejó que corriera, él dijo que caminaría más rápido, y perdió contacto. En las grabaciones de personas que llamaron a la policía se escuchan gritos de auxilio y después dos disparos. Zimmerman afirmó después que él fue quien pedía ayuda, pero los padres de Martin reconocieron la voz de su hijo.
Al dar vueltas en su camioneta para “vigilar” la colonia, Zimmerman vio a un joven afroestadunidense con una sudadera negra con capucha. Informó a la policía que había un “hombre negro” sospechoso. La policía dijo que enviaría una patrulla y que lo dejara de seguir. No les hizo caso. Lo siguió, se bajó de la camioneta con su pistola, lo correteó y le dio un tiro fatal.
Cuando llegó la policía a la escena no examinaron a Zimmerman por drogas o alcohol. Esos exámenes fueron reservadas sólo para la víctima, una vez que llegó a la oficina del forense como cuerpo no identificado. Sus angustiados padres no sabían dónde estaba; informaron a las autoridades de la desaparición del joven y lo encontraron luego de llamar desesperadamente a los hospitales locales.
Zimmerman fue interrogado y después se fue a su casa, con la ley de su lado. En Florida, una ley promulgada por el ex gobernador Jeb Bush, llamada”defiende tu terreno” (Stand your Ground), permite que un ciudadano utilice una arma en autodefensa según su criterio, si piensa que es necesario para evitar la muerte o daños físicos. Para los críticos es un permiso de “disparar primero y hacer preguntas después”. Según reporta ProPública, 23 estados más tienen leyes modeladas sobre la de Florida.
La policía explicó que si arrestara a Zimmerman se expondrían a una demanda legal en su contra; esa ley de autodefensa implica que los fiscales tienen que comprobar lo opuesto a lo que declara el que la invoca. No importaba que Martin fuera un estudiante de segundo año de preparatoria conocido por su buen humor, ni que no tuviera historial criminal, mientras Zimmerman había sido arrestado otras veces y vecinos se habían quejado de su actitud agresiva y racista.


Todo esto sucedió hace casi un mes (el 26 de febrero) y, sólo por la persistencia de los padres de Martin, el asunto empezó a captar mayor atención en todo el país. Se involucraron organizaciones de derechos civiles y los medios empezaron a fijarse en el caso. Poco a poco se volvió un asunto nacional, con miles de manifestantes expresando su furia por varias ciudades, huelgas de estudiantes en Florida y otros lugares y más de un millón de firmas recaudadas para pedir el arresto de Zimmerman. Los miembros del equipo de basquetbol profesional Heat de Miami se tomaron una foto vestidos con sudaderas negras con capucha para sumarse a las expresiones de protesta.
La semana pasada el Departamento de Justicia anunció que abrió una investigación, y los fiscales en Florida ya han convocado, por fin, un gran jurado para presentar cargos.
Todo culminó con esta declaración del presidente Barack Obama hace unos días: “si yo tuviera un hijo, se parecería a Trayvon”.
Esto ha llegado a tal nivel no sólo por la tragedia protegida por una ley, sino porque el caso es un asunto a la vez muy personal para millones de afroestadunidenses y latinos, por su tinte tan racial y la experiencia tan cotidiana para tantos (aunque el padre de Zimmerman asegura que su hijo es mitad latino; supuestamente la madre es peruana).
Charles Blow, columnista del New York Times, escribió: “como padre de dos adolescentes negros, este caso me pega en casa. Este es el temor que me abruma cada vez que mis hijos salen al mundo: que un arma y un dedo cosquilloso los encuentre ‘sospechosos’… Ésta es la carga de los jóvenes negros en Estados Unidos y de quienes los aman”. Describe que uno de los testigos del incidente fue un niño afroestadunidense de 13 años, que cuenta con tristeza al final lo que vio:”yo sólo creo que a veces la gente cae en el estereotipo, y yo pertenezco al estereotipo de la persona que fue tiroteada”.
Por eso en las manifestaciones muchos vistieron una playeras negras con capucha (un hoodie) y llevaban Skittles y té helado, coreando: “yo soy Trayvon Martin”.
Por eso este caso expone de nuevo la profunda injusticia del racismo que continúa presente en este país, a pesar de los enormes avances y el hecho de que el presidente es afroestadunidense.
Pero también revela lo que ocurre en una cultura donde las armas son más protegidas que los menores de edad. Marian Wright Edelman, fundadora del Children’s Defense Fund, reporta que 5 mil 740 menores de edad fueron muertos por armas en 2008 y 2009 (las cifras más recientes), más que el total de muertes de soldados en Irak y Afganistán. Agrega que los menores de edad afroestadunidenses representaban 45 por ciento de los muertos por armas de fuego en esos dos años, a pesar de que sólo representan 15 por ciento de esa población total; de hecho, el homicidio por armas fue la principal causa de muerte de adolescentes negros entre 15 y 19 años (en los blancos fueron los accidentes de automóvil). Desde 1979, 116 mil 385 menores de edad han muerto por arma de fuego en este país.
Datos de los 23 países de más altos ingresos revelan que 87 por ciento de todas las muertes por armas de fuego de menores de 15 años ocurrieron en Estados Unidos; la tasa de homicidios por armas en los de 15 a 24 años fue 42.7 por ciento más alta que la tasa general en los otros países. “Como nación tenemos que aspirar y actuar para hacernos líder mundial en proteger a niños contra las armas, en lugar de ser líderes mundiales en menores de edad víctimas de las armas”, afirmó Wright Edelman.
¿Cuántos Trayvon se necesitarán para eso?

David Brooks

(Tomado de La Jornada)

Tomado: CubaDebate.cu

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La impunidad hipoteca el futuro



Ex presidente del Uruguay Julio María Sanguinetti

(Tributo a Macarena Gelman) Al contrario de lo que expresa el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, si un pueblo perdonara sin que sus victimarios reconocieran sus delitos, se arrepintieran públicamente de ellos, buscaran repararlos y asumieran el compromiso de no repetirlos, lo que haría, aunque circunstancialmente lo ignore, es hipotecar su futuro en garantía de un pasado que no ha sido capaz de resolver a través de la verdad y la justicia.

“La fuente última de los derechos humanos no se encuentra en la mera voluntad de los seres humanos, en la realidad del Estado o en los poderes públicos, sino en el hombre mismo y en Dios su Creador. Estos derechos son ‘universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto’.” (Pontificio Consejo Justicia y Paz. Año 2005)

En La Nación del miércoles 8 del corriente, el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, ante quien tuve el honor de representar a mi gobierno durante dos de los más de diez años en que serví como embajador en el Uruguay, nos expone una versión de la historia reciente de su país bajo el sugestivo título de “Los peligros de falsificar el pasado”. No quiero aquí cuestionar esa interpretación. Ya lo han hecho con más autoridad muchos compatriotas suyos. Quiero exclusivamente referirme a un párrafo de su nota que, por su carácter taxativo, reclama una réplica. Dice Sanguinetti: “Demasiados desafíos nos acucian como para seguir revolviendo cenizas. Un pueblo que no sabe perdonar se arriesga a repetir su pasado. Como entidad nacional, lo ha sabido hacer Uruguay, que incluso ha ratificado con su voto, por dos veces, la amnistía a los militares”. Desgraciada la metáfora con la que lo inicia. No se trata, Dr. Sanguinetti, de “revolver cenizas”, sino de hallar las de aquellos asesinados sin tumba, clausurando así el atropello criminal que se sigue perpetrando al violar una de las más ancestrales (exclusiva) conductas del género humano, cual es la de enterrar y honrar a sus propios muertos. Ningún desafío del futuro puede dejar impaga esta deuda con el pasado, salvo que se legalice la impunidad. Me ha tocado participar en Montevideo por lo menos en diez oportunidades de la dolorosa recordación de “La Noche de los Cristales Rotos” (Kristallnacht). Casi siempre se hallaba presente el ex presidente. Nunca le escuché, ni tampoco leí, una recomendación suya dirigida a la comunidad judía proponiendo no “revolver las cenizas” y mucho menos la afirmación temeraria de que “un pueblo que no sabe perdonar se arriesga a repetir su pasado”. Pero vayamos al perdón. Como bien lo sabe el presidente Sanguinetti, el concepto del perdón es hijo del cristianismo. Hasta entonces la venganza en lo individual y la muerte o la esclavitud en lo colectivo eran las consecuencias de las ofensas o de las derrotas militares. Pero el perdón para los cristianos no es un acto gratuito y mucho menos puede ser impuesto por voluntades extrañas a las propias víctimas. El 15 de mayo de 1999, el entonces obispo de Morón, Justo Laguna, decía que el perdón supone “el arrepentimiento claro y expreso, el arrepentimiento desde luego interior, pero también exterior. Todo el que comete un delito está absolutamente obligado a arrepentirse de lo que ha hecho”. Ni en la Argentina, menos en el Uruguay, los responsables del terrorismo de Estado han manifestado arrepentimiento alguno por las atrocidades cometidas. Peor aún, dos meses atrás, asistimos estupefactos a la repugnante reivindicación de ese terrorismo, que Videla y Menéndez hicieron ante el tribunal que en Córdoba los condenó a cadena perpetua. En Uruguay, sólo días atrás, un militar detenido hizo declaraciones públicas reivindicando los secuestros, las torturas y las desapariciones y un numeroso grupo de oficiales retirados lanzó frases amenazantes ante las investigaciones que tramita la Justicia. Sería interesante que el Dr. Sanguinetti nos explicara cómo se puede perdonar a quienes hacen gala de tanto nihilismo y contumacia. Cómo perdonar a quienes reivindican el horror y amenazan con repetirlo. Conviene agregar que para que el perdón sea factible la doctrina cristiana exige dos requisitos más: la reparación del daño causado en toda su extensión posible (restitutio in integrum) y el firme compromiso de no repetir la ofensa.

Finalmente, con respecto a la ley de amnistía que según Sanguinetti ha permitido a los uruguayos superar el pasado, dada su ratificación en dos plebiscitos (el último con un 48 por ciento de votos en contra) cae el ex presidente en un grave error conceptual. Los derechos humanos y sus violaciones no son objeto, ni responden, ni se subordinan a la voluntad de mayorías circunstanciales por muchas que sean las veces que ésta se manifieste. El bien jurídico protegido es la dignidad suprema del hombre y su derecho inalienable a la justicia cuando ésta es avasallada. No hay ley que merezca llamarse tal si ampara su violación o deja sin castigo a sus responsables. En este sentido, me permito recomendarle la lectura completa del magnífico trabajo publicado por La Nación en su edición del 31 de agosto de 2005, firmado por el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Argentina Gustavo Bossert, que en uno de sus párrafos textualmente dice: “Los crímenes que a lo largo de la historia se han cometido usando el aparato estatal (son)... crímenes de lesa humanidad, que no pueden beneficiarse ni de la prescripción ni del perdón ni aun bajo amnistías encubiertas, y deben, en cambio, permitir a las víctimas y dar lugar, entonces, a un juicio justo”.

Al contrario de lo que expresa el ex presidente, si un pueblo perdonara sin que sus victimarios reconocieran sus delitos, se arrepintieran públicamente de ellos, buscaran repararlos y asumieran el compromiso de no repetirlos, lo que haría, aunque circunstancialmente lo ignore, es hipotecar su futuro en garantía de un pasado que no ha sido capaz de resolver a través de la verdad y la justicia.

Hernán Patiño Mayer
Ex embajador argentino en Uruguay.

Tomado: Página 12.com.ar

Derecho a todo

Tenía derecho a todo. A buscar el bronce, a ser Juana de Arco, a verse a sí misma como el símbolo de la Argentina, a pelear por ser una figura de fama mundial en la lucha contra la impunidad.

Adriana Calvo tenía derecho a todo, pero murió el domingo sin haber usado jamás ninguno de esos derechos.

El derecho a todo se lo podría haber agenciado por una historia. El 4 de febrero de 1977 ella y su esposo de entonces, Miguel Laborde, fueron secuestrados en Tolosa, cerca de La Plata. Adriana ya era física y dirigente gremial docente. Estaba embarazada y a punto de dar a luz. “¡Ya nace mi beba!”, contó que había gritado cuando la llevaban en un Falcon de la patota de Ramón Camps de La Plata al campo de concentración Pozo de Banfield. Lo contó una vez en 1985, durante el Juicio a las Juntas, y ese grito dicho durante su testimonio de cuatro horas sigue gritando cada vez que la tele reproduce la filmación y muestra a esa mujer chiquitita narrando meticulosamente su historia a los jueces.

El testimonio llevó entonces a la condena de Jorge Rafael Videla. Luego aportaría pruebas para las condenas de Camps, de su sucesor Miguel Etchecolatz y del médico torturador Jorge Bergés.

Adriana animó los juicios de la verdad, antecedentes de la ola reciente de juicios por crímenes de lesa humanidad, y ayudó a armar las causas de los últimos años. En su caso, la palabra “armar” debe traducirse como la reconstrucción de cada trocito de realidad que pudiera ser sustentada y sirviera para que piezas aparentemente incomprensibles quedaran encastradas en un rompecabezas fácil de entender.

Cosa rara en la tradición de la izquierda argentina, Adriana Calvo discutía siempre de manera abierta, sin intrigas ni chicanas, pero a la vez tomaba con naturalidad dos cosas que van juntas con pocas frecuencia: decir lo que uno piensa de los más diversos temas (era crítica del gobierno nacional y de algunos organismos de derechos humanos, por ejemplo, sobre todo después de la desaparición de Jorge Julio López) y trabajar codo a codo sin sectarismo y aun con quienes criticaba para conseguir un objetivo concreto. Era inmune a cualquier manipulación por la simple razón de que ella, con su frontalidad natural, tan sencilla, jamás buscaba nada que se pareciera a la manipulación. Si veía un juez con voluntad de investigar no lo miraba desde arriba –con el estilo condescendiente del proletariado frente a los enemigos de clase que alguna vez se equivocan a favor–, sino que lo ayudaba a entender cómo funcionaban de verdad las cosas, quizá porque en ella la paciencia docente y la lógica implacable de los físicos eran tan poderosas como su vocación militante. Y “militante” era una palabra fuerte en su vida. Podía llamar a alguien por teléfono para comentar un tema y aclarar que “en la militancia no se dice gracias cuando uno hace lo que tiene que hacer”. El llamado era inentendible salvo que se supiera que, para ella, la comunicación en sí misma era una forma de decir gracias.

Dirigente de Encuentro, Verdad y Justicia, fue fundadora de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Su enorme capacidad de trabajo resultó clave para desentrañar lo que había ocurrido en los campos y para que, a comienzos de la democracia, los sobrevivientes fueran reconocidos en toda su dignidad. De otro modo, al sufrimiento original del secuestro y la tortura agregaban el padecimiento de la sospecha.

“Habían pasado tres minutos del parto”, dijo en el Juicio de 1985. “Mi beba lloraba en el piso del patrullero. Yo seguía con las manos atrás, seguía con los ojos tapados. No me la querían dar. Ese día hice la promesa de que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días para que se hiciera justicia.”

Adriana fue liberada en abril de 1977. Teresa, la beba que nació en el Falcon, es hoy una mujer mayor de lo que era ella entonces.

Martin Granovsky
martin.granovsky@gmail.com

Tomado: Página 12

Francia juzga a la cúpula militar de Pinochet

Natalia Chanfreau, hija del desaparecido Alphonse Chanfreau, y Yanine Claudet, hermana de Jean Yves Claudet, hablaron con la prensa.

 Los abogados y familiares de las víctimas de la dictadura chilena presentaron el contexto del proceso contra trece militares chilenos y un argentino –José Osvaldo Riveiro–, acusados por la desaparición de cuatro franceses.

Natalia Chanfreau esperó cerca de 40 años para que la Justicia osara enjuiciar a quienes secuestraron y asesinaron a su padre bajo la dictadura chilena. “Hemos esperado casi toda nuestra vida para obtener justicia”, dijo ayer en París la hija de Alphonse Chanfreau, el líder estudiantil del MIR chileno (Movimiento de Izquierda Revolucionario), secuestrado en Santiago el 30 de julio de 1974. Los abogados y familiares de las víctimas de desapariciones forzadas presentaron ayer en París el contexto del juicio en ausencia contra 13 militares chilenos y un argentino, responsables de la desaparición de cuatro ciudadanos franceses en pleno pinochetismo.

Georges Klein, consejero de Salvador Allende; el sacerdote Etienne Pesle, Alphonse Chanfreau y Jean Yves Claudet Fernández, otro militante del MIR, fueron secuestrados entre 1973 y 1975 en Santiago de Chile, Temico y Buenos Aires. Ayer les llegó la hora a los responsables de estos crímenes de ver la acción de la Justicia producir una forma de verdad. Los juicios que se inician este 8 de diciembre son a la vez simbólicos y reales. Simbólicos porque los acusados no están presentes, reales porque, como lo resaltó el abogado William Bourdon, defensor de las familias de Yves Klein, Alphonse Chanfreau y Etienne Pesle, hay en este proceso “un valor histórico porque será el único que permitirá hacer una fotografía judicial, precisa, global y casi exhaustiva del aparato represor de Pinochet”.

Juicio doble también: el de los culpables y el de una Justicia chilena que, y así lo señaló la abogada de Jean Yves Claudet Fernández, Sophie Thonon, “es olvidadiza y con lagunas”. Los juicios que se inician mañana por secuestro y tortura seguida de desaparición se prolongarán hasta el 17 de diciembre en el Tribunal en lo Criminal de París. A menos que los acusados salgan de Chile –sobre todos pesa una orden de captura internacional– ninguna de las penas pronunciadas se hará efectiva. Ello no desalienta a los familiares, muy por el contrario. Jeanine Claudet, hermana del militante del MIR secuestrado en Buenos Aires por la DINA el 1º de noviembre de 1975, Jean Yves Claudet, dijo ayer que los familiares no esperaban “un milagro”, pero agregó que “será un primer paso de justicia, ya que hay muchas familias en Chile y en América latina que ni siquiera tendrán esta primera justicia”.

Sin la perseverancia de los familiares y de los abogados William Bourdon y Sophie Thonon, los responsables de los secuestros habrían evitado que se hurgara en ese pasado. El juez Le Loire inició la instrucción de los casos aceptados por la Justicia en octubre de 1988 y la jueza Sophie Clément terminó por ordenar la acusación ante la Corte en febrero de 2007.

Los acusados son Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la DINA y ex general del ejército; Hernán Julio Brady Roche, ex comandante en jefe de la región de Santiago; Petro Octavio Espinoza Bravo, ex coronel del ejército, director de operaciones y jefe de la brigada de Intervención Metropolitana –BIM– de la DINA; el argentino José Osvaldo Riveiro, ex teniente afectado a la DINA; Miguel Krasnoff Martchenko, ex capitán del ejército afectado a la DINA; Rafael Francisco Ahumada Valderrama, ex oficial del regimiento de Tacna; Gerardo Ernesto Godoy García, ex teniente afectado a la DINA; Basclay Humberto Zapata Reyes, suboficial del ejército afectado a la DINA; Enrique Lautaro Arranciaba Clavel, ex representante de la DINA en la Argentina; Raúl Eduardo Iturrriaga Neuman, ex responsable del departamento exterior de la DINA; Luis Joaquín Ramírez Pineda, ex comisario del campo de Tacna; José Octavio Zara Holger, ex oficial del ejército con puesto en la DINA; Emilio Sandoval Poo, ex militar de reserva de la Fuerza Aérea, hoy empresario en Temuco. Otros cuatro sospechosos figuran en los legajos de la acusación así como un ausente, Augusto Pinochet, cuya muerte en 2006 puso fin a cualquier intento judicial.

Al igual que en otros países, una buena parte de los militares chilenos implicados en estos crímenes están libres y hasta sin acusación judicial en su contra. En este sentido, el abogado William Bourdon destacó: “No basta con una Corte Penal Internacional. Necesitamos un texto internacional que obligue a los Estados a entregar a sus propios ciudadanos cuando se trata de crímenes contra la humanidad”. El Estado chileno reconoció hasta ahora 3197 desapariciones y 28.461 víctimas de torturas. Según datos de la Federación Internacional de Derechos Humanos, 171 personas fueron condenadas en Chile por esos crímenes, de las cuales sólo 53 están hoy presas.

Eduardo Febbro Desde París

Tomado: Página 12

“Hay un tejido cívico-militar que impide conocer la verdad”

El poeta Juan Gelman habla de su demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado uruguayo por el caso de su nuera

Durante las audiencias en el tribunal internacional, Uruguay reconoció que hubo una violación a los derechos humanos en este caso. Pero la causa judicial sobre el destino de María Claudia Iruretagoyena no tiene avances y la Ley de Caducidad sigue vigente. “Por eso iniciamos una demanda contra el Estado uruguayo, no sólo contra el Ejecutivo, sino contra todas las instituciones”, explica Gelman.

El reclamo del poeta sigue siendo el mismo: Verdad y Justicia. Saber qué pasó con su nuera, María Claudia Iruretagoyena, que fue secuestrada en la Argentina y asesinada en Uruguay luego de que le quitaran a su hija recién nacida. La semana pasada repitió su pedido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde él y su nieta Macarena recurrieron luego de agotar las instancias judiciales en Uruguay. En diálogo con Página/12, Juan Gelman repasa el camino que lo llevó al tribunal internacional, responde a quienes quieren reducir el tema a un asunto de dinero y busca contestar la pregunta acerca de las contradicciones que en el Frente Amplio impiden que se apruebe un proyecto que acabaría con los efectos de la Ley de Caducidad y así permitiría poner en prisión a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

–¿Cuál es el balance de las audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

–Durante las audiencias en la Corte Interamericana el representante del Estado uruguayo reconoció que en este caso hubo una violación a los derechos humanos, como si eso arreglara la situación. Con eso no hacemos nada. Mi nieta logró que se reabriera ante la Justicia el caso de su madre en el año 2008 y después de dos años el caso no pasó de la etapa presumarial, es decir, no se investigó nada, no se citó a ningún testigo. Por eso la querella que presentamos es contra el Estado uruguayo.

–Ustedes demandan por la imposibilidad de hacer justicia en Uruguay.

–Mi nieta y yo y iniciamos una demanda contra el Estado uruguayo, entendido no sólo como el Ejecutivo, sino como el Parlamento, la Justicia, todas las instituciones de un Estado. Golpeé la puerta de cuatro gobiernos uruguayos sucesivos para ver si el contenido de nuestra demanda ante la Corte se podía llevar a la práctica, es decir, investigar a fondo qué había sucedió con mi nuera María Claudia y eventualmente encontrar sus restos para darle descanso. (El ex presidente Julio María) Sanguinetti sabía perfectamente quién tenía a mi nieta y se quejó porque según él yo le había dado solamente cuatro meses para averiguarlo. El, que era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sanguinetti no habló de dinero ni de humillación. Dijo que yo lo hacía porque quería entorpecer la campaña electoral del Partido Colorado. Después llegó (Jorge) Batlle. Nosotros habíamos encontrado a nuestra nieta a fines de 1999 y a través de un intermediario nos pusimos en contacto con la señora que la crió –el señor había muerto–, nos encontramos y nuestro deseo era hacerlo en secreto porque tanto Mara como yo sabíamos qué tipo de trauma podía provocar en una mujer de 23 años enterarse que sus padres no eran sus padres y que, en cambio, sus padres habían sido asesinados por las dos dictaduras militares. El presidente Batlle en febrero del año 2000 dijo que era imposible que esto ocurriera en Uruguay, porque Sanguinetti siempre insistía que nunca habían nacido niños en cautiverio, que nunca había habido ejecuciones. Pero cuando nosotros llegamos a fin de marzo nos quiso ver inmediatamente porque alguien le había dicho que habíamos encontrado a mi nieta y él entonces hizo la investigación con un militar y quería hacer el anuncio público. Mi nieta acordó en que se podía hacer, claro que Batlle lo hizo con un fin político. Yo le escribí a Néstor Kirchner, quien me convocó inmediatamente para ir a Buenos Aires y me dijo que para él ésta era una cuestión de Estado. Empezó a hablar con Batlle, que le hizo no sé cuántas promesas que nunca cumplió. Cuando habían pasado dos años y no había novedad abrí una causa en Uruguay, que fue clausurada por el fiscal (Enrique) Moler aduciendo la vigencia de la Ley de Caducidad. Después de eso, en el año 2003 fue clausurada la causa. Batlle consideró que efectivamente el caso estaba incluido en la Ley de Caducidad y en consecuencia no había que seguir averiguando. Mi abogado pidió el pronunciamiento de la Corte Suprema de Uruguay declarando la inconstitucionalidad de esa ley en este caso y se desestimó este pedido. En el año 2005 hubo un cambio cuando asumió Tabaré Vázquez. En su discurso de asunción sacó expresamente de la ley el caso de mi nuera y el del senador Zelmar Michelini y el ex diputado Héctor Gutiérrez Ruiz. Entonces reabrí la causa, que fue nuevamente clausurada por el mismo fiscal. Apelamos y el tribunal de apelaciones desautorizó la acción del juez y hasta lo regañó y ordenó archivar el caso. Ya habían pasado seis años de reclamo sin respuesta.

–¿Y así decidieron presentarse ante la Comisión Interamericana?

–En 2006 mi nieta y yo decidimos presentarnos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representados por el Cejii (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional). Vázquez no hizo nada para que la investigación continúe, a pesar de que el Poder Ejecutivo tenía esa facultad. La Ley de Caducidad en su artículo tercero faculta al Poder Ejecutivo a ordenar que una investigación continúe o se clausure. Batlle dijo que se clausura, Tabaré no dijo nada y ordenó una excavación en la que se produjo una escena terrible. En el Batallón 14 el comandante en jefe del Ejército, el general (Angel) Bertolotti, le dijo a mi nieta que en un círculo de un radio de cinco metros estaban con un 99,9 por ciento de probabilidad los restos de su madre. No encontraron nada, el gobierno cesó las excavaciones. En el mejor de los casos hubo una ingenuidad de Tabaré que supuso que el Ejército, al cual ordenó la investigación, iba a denunciarse a sí mismo, cosa que no sucede en ninguna parte. Hay una suerte de tejido cívico militar que incluye a jueces, políticos, que impide el conocimiento de la verdad, como si hubiera sectores en los que continua en el plano civil el pensamiento militar en lo que hace a impedir el conocimiento de la verdad y a castigar a los victimarios. Después de cuatro años la Comisión Interamericana pasó el caso a la Corte Interamericana y ahí vinieron las audiencias. Yo golpeé las puertas de cuatro gobiernos uruguayos. Ahora el de (José) Mujica.

–En ese sentido parece contradictoria la posición en el Frente Amplio sobre la posibilidad de hacer cesar los efectos de la Ley de Caducidad.

–Hay un proyecto de ley que se aprobó en Diputados por la mayoría del Frente Amplio. Acataron una resolución de la última asamblea del Frente Amplio en el sentido de que había que terminar con los efectos de la Ley de Caducidad. Es un proyecto que no es de anulación, es de interpretación de la ley, pero que de todos modos hacer cesar los efectos de la Ley de Caducidad. El tema es que en el Senado, que recién lo va considerar a principios de diciembre, después del Presupuesto, ya cuenta con una decisión desfavorable. Hay tres senadores del Frente Amplio que ya han dicho que van a votar contra ese proyecto de ley. Como la mayoría del Frente Amplio es muy tenue, son 17 senadores y necesita por lo menos 16 votos, si tres senadores se niegan no se va a poder aprobar. Me sorprende mucho la posición de gente como el senador (Eleuterio) Fernández Huidobro, que padeció once años en un pozo durante la última dictadura militar, donde como decía Mauricio Rosencof, que también estuvo en la misma situación, lo tenían a media ración, no les daban agua, a veces tenían que beber sus orines. No entiendo por qué este senador se niega a que se levante esta prohibición de saber la verdad y llegar a la Justicia. No sé qué ha hecho con su pasado, es un problema de él. Pero me pregunto por qué tiene esta posición. En 1985 hubo una ley, la 15.737, que proclamaba una amnistía general que incluía a los tupamaros. Inmediatamente después salió la Ley de Caducidad que tiene un nombre bastante increíble. Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, como si el Estado, al castigar los crímenes, fuera un pretencioso. Probablemente eso forma parte del pacto de los militares con los políticos.

–Pero si alguien quisiera reabrir alguna causa contra un dirigente tupamaro, los eventuales delitos estarían prescriptos, a diferencia de lo que pasa con los delitos cometidos desde el poder estatal.

–Yo soy lego, tengo que pensar que los senadores son muy cumplidores de su palabra. El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, en una campaña perversa dice que lo único que se trata es de dinero. El primero que lo dijo fue Fernández Huidobro. De eso se hizo eco el diario de derecha El País, por ahí también se habló de que queríamos humillar a Uruguay como si eso fuera el propósito. Son cosas de guerra sucia que los que se oponen ahora a la aprobación del proyecto de ley sufrieron en carne propia. Deben haber aprendido mucho. Breccia utiliza el argumento de que hubo dos consultas populares que no lograron la anulación de la Ley de Caducidad. La última fue el año pasado. Pero la primera se hizo poco después de que los militares se fueran y todavía imperaba mucho miedo en la sociedad uruguaya y se ignoraba bastante lo que había ocurrido, no como en Argentina. Y según fuentes confiables, la que se hizo el año pasado fue también saboteada por miembros de este sector del Frente Amplio. Por otro lado, como planteó el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, Santiago Cantón, que es un gran jurista, hay temas que no son plebiscitarios porque son responsabilidad del Estado. Castigar los crímenes es una responsabilidad del Estado. A nadie se le ocurriría plebiscitar si tiene que haber libertad de prensa o no, si tiene que haber pobreza o no o si tiene que haber justicia o no, son responsabilidades institucionales del Estado que se deben cumplir.

–¿Cuál es en concreto el reclamo que usted y Macarena le hacen al Estado uruguayo?

–Lo que nosotros pedimos es que la Corte Interamericana conmine a Uruguay a cumplir los tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada, que declaran que no son prescriptibles los crímenes de lesa humanidad. El Estado uruguayo ha adherido y ratificado esos pactos. Pedimos lo que pedimos toda la vida, que se investigue a fondo la surte de mi nuera y eventualmente que se encuentren los restos.

–¿Confían en que finalmente se pueda hacer justicia en Uruguay?

–Estoy esperando la decisión del Senado, pero aparentemente esta ley no va a salir.

–¿Y que se reabran las causas a partir de decisión de la Corte Interamericana? Los fallos de ese organismo, como las decisiones de la Comisión, fueron un precedente importante para los jueces argentinos.

–Una de las cosas que dicen quienes se oponen es que las decisiones de la Corte no son vinculantes. Pero reírse de las decisiones de la Corte Interamericana es políticamente muy negativo. Eso sí que colocaría al Estado uruguayo en una posición humillante.

–Su abogada señaló que ese caso no debería llamarse Gelman contra Uruguay, sino Gelman con Uruguay, porque están ayudando a que el país pueda hacer justicia.

–Sí. Porque hay muchos otros casos en los que tampoco hay justicia.

Victoria Ginzberg

Tomado: Página 12
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Caminos hay

Mirtha Guianze habló sobre la Corte Interamericana, la eliminación de la Ley de Caducidad y la idea de que los delitos de la dictadura prescribirán.

Tras su comparecencia como perita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la demanda contra el Estado en el caso Gelman, la fiscal Mirtha Guianze profundizó, en entrevista con la diaria, en algunos de los puntos centrales. Dio explicaciones en torno a la posible prescriptibilidad de los crímenes de la dictadura en 2011 y el no reconocimiento de éstos, por parte de la jurisprudencia uruguaya, como delitos de lesa humanidad. Discrepó con la visión del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, respecto a que los delitos de la dictadura no pueden considerarse de lesa humanidad debido a que el Estatuto de Roma se ratificó en 2006. “Entiendo que el doctor Chediak dio una opinión de lo que está pasando en la jurisprudencia y no un adelanto de lo que la SCJ pueda resolver en esos casos que tiene a estudio, porque eso sería un prejuzgamiento”, advirtió.
Un antes y un después

Guianze afirma que “ahora” no recibe presiones en su trabajo, “ni explícitas ni implícitas”, incluso en casos conflictivos como lo fue el procesamiento del militar en actividad Miguel Dalmao. En cambio, “en este país hubo épocas en que supuestamente la Justicia funcionaba de forma independiente, pero por otro lado se hacían llamadas telefónicas para tratar de que se procediera de determinada manera”, sostiene. “Cada cual sabe si aceptó o no en su conciencia”, agrega. Para la fiscal, el Poder Judicial “funciona de forma independiente, pero también, como cualquier otro organismo del Estado, tiene que aceptar las críticas”. “Por mí, el comandante [Jorge] Rosales, como persona, puede decir si yo no actué bien. Cualquiera, incluyendo el Centro Militar, puede opinar si estuve bien o mal. Todo el mundo tiene derecho a expresar su pensamiento. No es presión la crítica”, considera.

-¿Qué evaluación hace de la instancia de la Corte IDH?
-Muy interesante. Estas instancias de juicios orales existen en toda América; en Uruguay todavía conservamos el proceso escrito. Además, la corte es muy garantista: dan instancias de preguntas después del interrogatorio y después de los alegatos. Todos los jueces interrogan sobre lo que se dijo en los alegatos y les dan a las partes la oportunidad de que vayan armando el suyo en relación con lo que a la corte específicamente no le quedó claro. Hay una función orientadora.

-Durante su comparecencia advirtió que los crímenes en dictadura podrían prescribir el 1º de noviembre de 2011 dado que la figura de “homicidio muy especialmente agravado” se aplica en la mayoría de las condenas.

-Lo que la corte preguntó en mi peritaje fue si la jurisprudencia uruguaya utiliza los instrumentos de derechos humanos como base para sus sentencias y si se tenían en cuenta los criterios interpretativos de la corte sobre la Convención Americana, que es lo que en general se utiliza en todos los países y lo que Uruguay está obligado a usar como pauta. Acá en general no se ha utilizado, salvo en excepciones. En el caso de [Nelson] Bardesio la jueza, si bien no lo entendió como desaparición forzada, dijo que era crimen de lesa humanidad.

-¿Por qué le parece importante que se tipifique “desaparición forzada”?

-Si se considera que es desaparición forzada, se entiende que es un delito permanente, que no prescribe hasta que no se encuentra a la víctima o se tiene la certeza de que falleció de alguna manera fehaciente, no como hasta ahora que tenemos presunciones. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. En Argentina, Perú, Chile, en las sentencias a las que he tenido acceso, está aceptado que lo que se cometió en el marco de las dictaduras del Cono Sur es lesa humanidad.

-¿En nuestro marco jurídico dónde está contemplada esta tipificación?
-Desde Nuremberg para acá, con todas las elaboraciones doctrinarias que se fueron haciendo. Establece que hay determinados delitos que tienen una gravedad tal que la humanidad tiene la obligación de perseguirlos, por eso son de lesa humanidad. El Estatuto de Roma es posterior, por eso acá no vamos a considerar la ley que lo implementó, la 18.026.

-El presidente de la SCJ, Jorge Chediak, afirmó, en cambio, que esa norma, que prevé la figura de desaparición forzada, es la que impide tipificar ese delito porque rige desde 2006 y tiene vigencia para los crímenes que ocurran después de ese año.

-La SCJ no se ha expedido todavía sobre mis expedientes. Por lo tanto entiendo que el doctor Chediak dio una opinión de lo que está pasando en la jurisprudencia y no un adelanto de lo que la SCJ pueda resolver en esos casos que tiene a estudio, porque eso sería un prejuzgamiento.

-¿Cómo se vincula, entonces, la vigencia de la Ley de Caducidad con la prescriptibilidad?

-La Ley de Caducidad lo que hizo fue retardar las investigaciones. Si los casos hubieran sido juzgados en su debido momento no estaríamos planteando ahora estos problemas de prescriptibilidad. La interpretación de la Corte IDH es obligatoria porque es la intérprete última de la convención y Uruguay aceptó su competencia desde abril de 1985. La ratificó por ley. Si hay una convención o tratado que va en contra de una legislación interna todos los países pueden depositar las observaciones y reservas que entiendan necesario. Uruguay no ha hecho ninguna. Entonces, al aprobar la Ley de Caducidad en 1986 violó la convención. Yo no sé cuál va a ser el contenido del fallo [de la Corte IDH], pero cualquiera sea, obliga a Uruguay. No estamos hablando de una indemnización, se está pidiendo el derecho a las garantías judiciales y, sobre todo, la eliminación de la Ley de Caducidad.

Interpretación o anulación
-¿Qué opinión tiene del texto interpretativo de la caducidad?
-Prefiero no emitir una opinión. Uruguay tiene que encontrar el camino para eliminar la Ley de Caducidad. Podrá ser consensuado entre determinados grupos políticos pero yo no puedo pronunciarme sobre eso, me lo impide la Constitución. Hay que buscar la solución más acorde para que no deje fisuras a la presentación de nuevos recursos de inconstitucionalidad.

-¿El Parlamento uruguayo puede anular?

-Yo entiendo que sí. Hay antecedentes. También sé que el punto es discutible. Es un camino que hay que buscar, pero no es mi rol interferir en que lo pueda hacer el Parlamento.

-Algunos juristas, como el constitucionalista José Korzeniak, han sugerido como salida la presentación caso a caso de un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJ.

-No es el camino. Porque la mayor parte de las causas que se iniciaron en el 85 interpusieron el recurso en su momento y fue rechazado por mayoría. En esos expedientes, la inconstitucionalidad ya no se puede volver a plantear. Pero además sigue vigente el obstáculo.

-El Partido Independiente propone una reforma constitucional que permita a la SCJ realizar pronunciamientos generales. ¿Qué opina?

-De ninguna manera. Le damos un poder omnímodo a la SCJ para cualquier ley que se promulgue. Hay otros organismos en otros países, las cortes constitucionales, que tienen un componente más democrático porque tienen otro sistema de elección, por ejemplo. Pero en el caso de la SCJ sería colocarnos bajo el gobierno de los jueces.

-¿Cómo han salido otros países de la región ante situaciones similares?

-Todos fueron buscando el camino modificando su legislación interna. Algunos dieron más potestades a los jueces. No hay que ir a la SCJ, sino que cada juez va desaplicando la ley por ser incompatible…

-¿Y eso es jurídicamente viable en nuestro país?

-Hay muchos que piensan que sí, yo pienso que se podría hacer. Pero no hay antecedentes. Hay que repensar cómo se aplican los instrumentos de derecho internacional. Caminos jurídicos para encontrar una salida existen.

-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la corte que se pronuncie, por primera vez, acerca de que los derechos fundamentales no pueden ser sometidos a democracia directa. ¿Concuerda con este punto?

-Sí, eso es claro. Los derechos fundamentales no son plebiscitables y eso lo dijo la SCJ [en la declaración de inconstitucionalidad de Nibia Sabalsagaray]. Que se busque los mecanismos de democracia directa no quiere decir que se renuncie a esos derechos. No hay manera de que la voluntad popular pase por encima de determinado núcleo de derechos humanos indisponibles e irrenunciables.

Lourdes Rodríguez

Tomado: La Diaria.com

Sáhara Occidental: La marea de la historia

En 1960, la ONU adoptó la resolución 1514, que establece que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación y que el colonialismo debía ser conducido a un final rápido e incondicional. Medio siglo después, los lectores se pueden sorprender al enterarse de que aún hay 16 territorios en el mundo que todavía esperan lograr la descolonización. Conocidos como "territorios sin autogobierno", la lista de lugares aún regidos por poderes extranjeros contiene nombres familiares: Gibraltar e Islas Falkland (Malvinas), por señalar apenas dos. Pero mientras algunos de esos territorios, como la pequeña isla pacífica de Tokelau, son dependencias de las que se podría decir que han rechazado la independencia y elegido democráticamente mantener su estatus territorial, otros casos son más polémicos. El más notable es el del Sáhara Occidental, conocido como la última colonia de África, que ha luchado por su autodeterminación durante 35 años contra el vecino Marruecos.

La semana pasada, en Nueva York, el Cuarto Comité sobre Descolonización de la ONU escuchó peticiones de gente que hablaba en defensa de esos territorios sin autogobierno. Al igual que en ocasiones anteriores, el encuentro anual estuvo dominado por peticiones sobre el conflicto del Sáhara Occidental, un conflicto que se mantiene como uno de los más antiguos del mundo.

Casi del tamaño de Gran Bretaña, el Sáhara Occidental se extiende a lo largo de la costa atlántica de África. En 1976, en un incumplimiento de la ley internacional, los españoles, al marcharse, dividieron el Sáhara Occidental entre Marruecos y Mauritania a cambio de derechos continuados de pesca y la propiedad parcial de intereses mineros. Siguió una guerra de 15 años entre los marroquíes y el Frente Polisario, y la retirada de Mauritania en 1979. En 1991 fue declarado un alto el fuego y, bajo los términos de un acuerdo de la ONU, se prometió un referéndum de autodeterminación. Diecinueve años después, los saharauis aún esperan ese referéndum.

Unos 165.000 saharauis que huyeron de la guerra permanecen aún alojados en penosos campos de refugiados en el desierto argelino. Pese a la ayuda de la ONU, las condiciones en los campos son abyectas, con la propagación de problemas de salud que incluyen la hepatitis B, la anemia y la meningitis. Una encuesta de 2008 de la Organización Mundial de Salud refleja que uno de cada cinco niños en los campos sufre de malnutrición aguda.

Dentro del ocupado Sáhara Occidental, la población saharaui sufre discriminación y abusos de derechos humanos. Organizaciones internacionales, entre ellas el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, han manifestado su seria preocupación por las violaciones de los derechos humanos en el territorio. Un informe de Human Rights Watch de 2008 desveló que Marruecos había violado los derechos de expresión, asociación y asamblea en el Sáhara Occidental.

El 8 de octubre pasado fue el primer aniversario del arresto de varios defensores de derechos humanos en el aeropuerto de Casablanca que regresaban de una visita a los campos de refugiados. Tres de los activistas –Brahim Dahane, Ali Salem Tamek y Ahmed Naciri– siguen presos en la cárcel de Sale (Rabat) a la espera de juicio.
Con el telón de fondo de esta tragedia humanitaria, la Unión Europea ha sellado un acuerdo pesquero con Marruecos bajo el cual las aguas del Sáhara Occidental están siendo explotadas de manera ilegal por las naves pesqueras europeas. Muchos gobiernos extranjeros y compañías están involucrados en negocios con Marruecos que les dan acceso a los vastos recursos naturales, sobre todo fosfatos, del Sáhara Occidental.

El Cuarto Comité de la ONU reunido hace unas semanas en Nueva York escuchó cerca de 80 peticiones relativas al Sáhara Occidental, incluido un apasionado llamamiento de Suzanne Scholte, presidenta de la Defense Forum Foundation. "No dejéis que la confianza [del pueblo saharaui] en este comité sea en vano, o estaréis enviando al mundo la terrible señal de que la invasión, la agresión y la violencia, como las que ha empleado Marruecos, constituyen los caminos para conseguir objetivos", dijo.
Pese a los muchos intentos por romper el viejo estancamiento diplomático, el progreso hacia una solución ha sido tortuosamente lento. La solución política puede parecer inalcanzable a la vista de las posiciones tan alejadas de las partes: el Frente Polisario rechaza negociar el legítimo derecho a la autodeterminación; Marruecos se opone a cualquier propuesta que contenga la posibilidad de independencia de los saharauis; y el Consejo de Seguridad de la ONU no muestra voluntad de aplicar sus propias resoluciones. Pero la historia ha demostrado que una solución política es la única vía para salir adelante.

No obstante, es importante resaltar que una solución política a este problema es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Nos concierne a todos nosotros, a grupos de la sociedad civil o a activistas individuales, hacer que sus voces se escuchen. Debemos exigir que nuestros gobiernos en todo el mundo ejerzan presión diplomática y política sobre aquellos que están ignorando los requerimientos establecidos bajo la ley internacional y bloqueando un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental. Como dijo Martin Luther King: "El arco de la historia puede que sea largo, pero siempre se curva hacia la justicia". Existen pocas dudas de que el pueblo del Sáhara Occidental tiene de su lado tanto la marea de la historia como la fuerza de la justicia.

Ken Loach es director de cine. Stefan Simanowitz es escritor y periodista

Tomado:  http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3656

Golpe mortal a la lucha contra la impunidad

Caricatura Juan Kalvellido No ha sido en nuestro nombre. Ha sido en contra de los derechos de las víctimas. Malas señales para la comunidad internacional. El desprestigio está servido: España abandona la lucha efectiva contra la impunidad por la injerencia de criterios políticos, acudiendo para ello a un procedimiento apresurado y poco transparente, y pese a la oposición de más de 500 organizaciones nacionales e internacionales, asociaciones profesionales, sindicatos y miles de personas a título individual que han pedido a los senadores que reconsideren su voto y no restrinjan, hasta mutilarlo, el principio de Justicia Universal. Aunque la fase de tramitación parlamentaria no puede darse aún por concluida, la tarde del siete de octubre de 2009 pasará a la historia por el fraude a la justicia que va a suponer la bochornosa reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta reforma supone la restricción del principio de Jurisdicción Universal hasta hacerlo casi inaplicable y suma a España a las tendencias más restrictivas en la aplicación de tan eficaz instrumento para combatir la impunidad. Con este principio se persigue a los responsables de los crímenes más graves y odiosos, como el genocidio o los crímenes contra la humanidad, que se hayan cometido fuera de España y con independencia de la nacionalidad de las víctimas y autores. La reforma debilita el régimen de derecho construido internacionalmente asumiendo una posición contraria a disposiciones de derecho internacional consuetudinario e inclusive instrumentos internacionales que vinculan a España como la Convención contra la Tortura o la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio o los Convenios de Ginebra, y desoyendo las recomendaciones de la ONU en la Resolución 3074 (XXVIII) de la Asamblea General de 3 de diciembre de 1973 sobre principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de lo culpables de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Consideramos vergonzoso que con esta reforma vengan a exigirse requisitos de “conexión nacional” expresamente rechazados por el Tribunal Constitucional desde su sentencia en el caso Guatemala (2005), lo que pone en evidencia que el ejecutivo, con la colaboración de la mayoría parlamentaria, apuestan por otros principios diferentes al respeto y defensa del derecho internacional y se amoldan servilmente a mirar para otro lado cuando se cometen actos criminales. No podemos dejar de reseñar y agradecer los 21 votos contrarios a la reforma de los senadores y senadoras de IU e ICV, ERC, PNV y 15 senadores del grupo Mixto. Consideramos insólita la premura con que se ha impuesto esta “reforma exprés” que no sólo supone un uso heterodoxo del procedimiento legislativo sin haberse garantizado un mínimo debate, sino que se ha desinformado a la sociedad sobre su real inspiración y sobre sus trascendentales consecuencias jurídicas. La vaguedad de la redacción, su ambigüedad y contradicciones van a generar enorme discrecionalidad e inseguridad jurídica que perjudicará principalmente a las víctimas. Recordamos al parlamento español que el principio de Jurisdicción Universal no pertenece a España sino que pertenece a todos los Estados que tienen obligación de aplicarlo, y a todas las víctimas que tienen el legítimo derecho de buscar la justicia en otros países cuando no la encuentran en los suyos. Lamentamos que en un momento en el que lo que sobra es impunidad, las autoridades españolas lancen el mensaje de que España no se va a hacer comparecer ante sus tribunales a los responsables de los crímenes más atroces, favoreciendo de manera infame a los verdugos. No ha sido en nuestro nombre. Ha sido en contra de los derechos de las víctimas. Comunicado de la Plataforma “Contra la impunidad, por la Justicia Universal” Tomado de Rebelión

Por la extradición del torturador Manuel Cordero

El coronel retirado Manuel Cordero es acusado de participar en el denominado Plan Cóndor, que perseguía a los opositores de las dictaduras en los países del Conosur, secuestrando, torturando y desapareciendo personas. Cordero está prófugo en Brasil desde 2004, cuando un juez uruguayo lo acusó de desacato en un juicio por “apología de la tortura”.

Completando el formulario de esta Campaña Internacional, estarán enviando la carta del periodista Roger Rodríguez a cada uno de los ministros del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Para firmar la petición entre

ACÁ