16 ene 2009
Así será el año 2009
Cuál es la responsabilidad del gobierno español y de la UE en el genocidio de Gaza?
Pascual Serrano
Es muy frecuente que el ciudadano de la calle se considere impotente ante acontecimientos internacionales por indignantes que le parezcan; esa impotencia se acompaña igualmente de un sentimiento de irresponsabilidad ante lo sucedido: al fin y al cabo no es su gobierno ni su ejército el que está tirando bombas contra inocentes. Si no tiene culpa y no puede hacer nada, su única opción es la resignación o, a lo más, acercarse a alguna de las manifestaciones convocadas. Pero estará equivocado, en este mundo globalizado pocas crisis se escapan a la corresponsabilidad de la comunidad internacional; el papel de los gobiernos europeos es importante y el sistema comercial y financiero del que formamos parte no es ajeno a nada de lo que sucede. Además, en democracia, los ciudadanos son responsables de las decisiones de sus gobiernos.
Una vez entendido esto, es el momento de analizar cuál ha sido el comportamiento del gobierno Zapatero y de la Unión Europea con respecto a las partes en conflicto. En primer lugar, podemos observar en el informe estadístico del Ministerio de Industria y Comercio (página 57), que España vendió a Israel armamento de Defensa por valor de 4.353.309 euros en el año 2007. De esa partida, 4.224.029 euros fueron para equipos de registro y proceso de imagen, formación de imágenes de infrarrojos o térmicos y sensores de imagen por radar. Por lo tanto, podemos deducir que los equipos militares de localización mediante infrarrojos, sistemas térmicos y los sensores utilizados para alcanzar los mil muertos que hay en Gaza, el 42 % de ellos mujeres y niños según las autoridades sanitarias palestinas apoyadas por el coordinador de la ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, se los ha proporcionado el gobierno español. Otra de las partidas vendidas, por 104.880 euros, es la destinada a “fusiles, carabinas, revólveres, pistolas, ametralladoras, silenciadores, cargadores y visores”, más otros 36.400 euros para municiones. Por lo que algunos de esos mil muertos probablemente han sido abatidos con armas y municiones enviadas por España. A todas estas exportaciones hay que añadirles otros casi seiscientos mil euros en material calificado de doble uso, civil o militar.
En cuanto a 2008, el último informe remitido por el gobierno al Congreso revela que en el primer trimestre del año se vendió a Israel material bélico por valor de 1.551.833 euros, prácticamente en su totalidad destinado a las Fuerzas Armadas. En esta ocasión, según fuentes militares, también era para “equipos de formación de imágenes de infrarrojos y térmicas, y equipo sensoriales de imagen por radar utilizados para la localización nocturna de objetivos” [1] , además de armas de cañón del tipo de fusiles, pistolas y ametralladoras.
A todo ello hay que añadir el papel de la Unión Europea, de la que España forma parte. Según las últimas estadísticas de Bruselas, en 2007 los Estados miembro autorizaron la exportación de armas a Israel por valor de 200 millones de euros [2] . Francia es, con mucho, el principal proveedor al Estado judío de armas europeas. Aunque existe un código de conducta de la UE sobre exportación de armas desde 1998, lo supervisan los Estados miembros, no Bruselas, de modo que cada país hace lo que quiere. Así, Bulgaria, Alemania, Polonia, Rumanía y Reino Unido exportaron a Israel armas pequeñas y munición. La República Checa, Alemania, Rumanía y Eslovenia suministraron a Israel "armas ligeras", esto es, aquellas que requieren de dos a tres personas para manejarlas, como bombas, torpedos o accesorios explosivos; y Bélgica, Francia y Rumanía enviaron aviones y material relacionado con ellos.
El portavoz de la Campaña contra el Comercio de Armas con sede en Reino Unido, Kaye Stearman, señaló desde su página web que “Naciones Unidas y observadores imparciales han documentado regularmente cómo las acciones militares de Israel han violado el derecho humanitario internacional. A pesar de que el propio Criterio Consolidado de Licencias de Exportación de Armas de la UE y Nacional de Reino Unido se supone que evalúa tanto el impacto que tienen las ventas de armas en la paz, la seguridad y la estabilidad regionales, como los antecedentes de respeto de los derechos humanos del país, parece que todo esto se ignora en el caso de Israel” [3] .
Lógicamente para que Israel pueda pagar todas esas armas necesita fondos. La UE es hoy el primer socio comercial de Israel, después de firmar en 1995 un Acuerdo de Asociación Económica Preferencial que entró en vigor en el año 2000. Dicho acuerdo, aplicado en el marco de la Política de Vecindad Euro-Mediterránea, se desarrolla a través de un Plan de Acción Común aprobado por ambas partes (Israel y la Unión Europea) y renovable cada tres años. Lo curioso es que ese tratado, en su artículo 2, establece la suspensión en el caso de que una de las partes vulnere los derechos humanos y el derecho internacional. A pesar de ello, ni el gobierno español ni autoridad ejecutiva alguna europea ha puesto en marcha dicha medida. Es más, en octubre de 2006 se firmó un acuerdo de cooperación militar entre la OTAN e Israel [4] , gracias al cual militares españoles viajaron en verano de 2007 a entrenarse a Israel [5] .
Ahora veamos el papel de la diplomacia española y europea. El 12 de enero, con 917 palestinos muertos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, denunciaba las “graves violaciones” de Israel en Gaza, pero lo hizo con la abstención de los representantes de la UE, esos mismos que, en cambio, sí votaban las condenas a Cuba cuando las proponía Estados Unidos en la anterior Comisión de Derechos Humanos. La resolución fue propuesta por los países árabes, africanos y asiáticos y aprobada con 33 votos a favor, trece abstenciones (los países europeos, Japón y Corea del Sur) y un voto en contra (Canadá). EEUU no forma parte de ese organismo.
El texto indicaba que el Consejo “condena firmemente las actuales operaciones militares israelíes [...] que han causado violaciones masivas de los derechos humanos del pueblo palestino y la destrucción sistemática de las infraestructuras palestinas” y también pedía que “se ponga fin al lanzamiento de cohetes contra civiles israelíes, que ha causado la muerte de cuatro civiles” [6] , aunque advertía de que los ataques israelíes habían causado alrededor de 900 muertos y 4.000 heridos, y esto parece que no gustó a los representantes europeos.
En cuanto a acciones diplomáticas individuales del gobierno español, ni siquiera se ha considerado llamar a consultas al embajador israelí. Países como Venezuela o Jordania han retirado a su embajador en Tel Aviv o expulsado al represente israelí.
La conclusión a la que podemos llegar es evidente: los europeos garantizamos la buena salud de la economía israelí mediante un acuerdo comercial preferencial, gracias al cual le vendemos armamento y entrenamos conjuntamente nuestros militares; después, nos negamos a condenarlo en la ONU. Ahora, vayamos a mirar las fotos de los niños palestinos muertos y nuestras manos.
Tomado de Rebelión
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8 ene 2009
Sharon, Barak, Gaza
Por Juan Gelman
Es cada día más evidente que la invasión israelí a Gaza no es una mera represalia: las tropas de Tel Aviv bombardean sin piedad blancos civiles y los “daños colaterales” de niños palestinos se estimaban, hasta el domingo pasado, en un 20 por ciento de los muertos y un 10 por ciento de los heridos (edition.cnn.com, 4-1-09). Por lo demás, Hamas no es el único movimiento que arroja misiles al territorio del vecino: lo hacen también las brigadas de Los Mártires de Al Aqsa, grupo armado afín a la Autoridad Palestina (AP) asentada en Cisjordania y bendecida hoy por EE.UU. e Israel (Michel Warschawski, Programmer le désastre, ediciones La Fabrique, París 2008, págs. 11-12). Es un hecho confirmado por Amnesty International (www.amnesty.org, 31-12-08). Al Fatah, base política de la AP, sufrió una derrota aplastante ante Hamas en las elecciones del 2006 en Gaza y es su ríspido adversario declarado.
La operación Plomo Fundido, que Israel inició el 27 de diciembre, no es una improvisación: “Fuentes militares revelaron que el ministro de Defensa, Ehud Barak, ordenó hace más de seis meses a las fuerzas de Defensa de Israel que prepararan esa operación, aun cuando Israel había comenzado a negociar un cese del fuego con Hamas”. Esto no lo denuncia un diario árabe, sino el periódico israelí Ha’aretz (27-12-08) y subraya el doble discurso de Olmert y Cía. En realidad, el plomo de la operación se viene fundiendo hace años y su objetivo es echar a los palestinos de su tierra. Los cuatro millones de desalojados desde 1948 ya no le bastan a Tel Aviv.
Ariel Sharon, a poco de asumir el cargo de primer ministro de Israel, en febrero del 2001, ordenó un operativo en el que los cazas F-16 de fabricación estadounidense se utilizaron por primera vez para bombardear ciudades palestinas: “Un plan de contingencia –su nombre codificado es Operación Venganza Justificada– fue diseñado en junio pasado (del 2001) para reocupar toda Cisjordania y tal vez la Faja de Gaza” (The Washington Times, 19-3-2002). El propósito del plan era lanzar un ataque en gran escala para aplastar a la autoridad palestina, “sacar del juego” a su líder Yasser Arafat “y matar o detener a los efectivos de su ejército” (The New York Times, 12-7-01). El presidente egipcio completó el cerco israelí de Gaza, de consuno con Tel Aviv: ordenó el cierre de los pasos fronterizos que permitirían huir de la matanza a miles de civiles palestinos. Al parecer, la voluntad de exterminio no sólo está dedicada a Hamas.
Esa operación se conoció también como el Plan Dagan, por el general (R) Meir Dagan, entonces asesor de Sharon y actual jefe del Mossad. El ataque se desencadenaría “después de un atentado suicida palestino que causara muchos muertos y heridos civiles en Israel, esgrimiendo la justificación del derramamiento de sangre” (www.MiddleEast.org, diciembre 2001). El Plan Dagan incluía una suerte de cantonización de los territorios palestinos, aislando completamente a Gaza de Cisjordania y negociando por separado con cada “gobierno” de ambos territorios y con los respectivos responsables de la seguridad y de los servicios de inteligencia (Le Monde, 17-12-01). Hay más.
El asesinato de Yasser Arafat estaba sobre la mesa de las autoridades israelíes desde 1996 y era otro componente del Plan Dagan. En un documento preparado por los servicios de seguridad en octubre del 2000 a pedido del entonces primer ministro Ehud Barak –del que publicó detalles el diario israelí Ma’ariv (6-7-01)– se indicaba que “Arafat, la persona, es una grave amenaza a la seguridad del estado (de Israel) y los perjuicios que causaría su desaparición son inferiores a los que su existencia origina”. El gabinete israelí decretó su “remoción” a mediados de septiembre del 2003 por considerarlo “un obstáculo para la paz”. El sentido de la palabra “remoción” quedó claro: el entonces ministro de Defensa Shaul Mofaz declaró: “Elegiremos el medio correcto y el tiempo correcto para matar a Arafat” (www.mehrnews.com, 9-11-05). Un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU condenando la decisión israelí fue vetado por EE.UU. (news.bbc.co.uk, 16-9-03). Cuándo no.
El mundo asiste hoy a la aplicación del Plan Dagan tal como se diseñó en el 2001: establece “una invasión del territorio palestino por unos 30.000 soldados israelíes con la misión claramente definida de destruir la infraestructura del liderazgo palestino... y de expulsar o matar a su comando militar” (www.globalresearch.ca, diciembre 2001). La idea tiene un rancio abolengo ya señalado en esta columna (ver Página/12, 4-1-09). Como dijera el legislador árabe-israelí Jamal Zahalka: “El dilema del sionismo en 1948 era, en realidad, elegir un sistema de apartheid o la guerra y la expulsión de los palestinos”. Y una cosa antes de la otra o las dos juntas, ¿por qué no?
Tomado de Página 12
Dossier: Israel borró a Palestina del mapa mundial
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7 ene 2009
NO DEJEMOS QUE GAZA MUERA
Venezuela expulsa al Embajador y al cuerpo diplomático de Israel
3 ene 2009
Zimbabwe-2008: la tensa cuerda
Juan Carlos Díaz Guerrero*
E-Mail: serviex@prensa-latina.cu
Redacción Central, (PL).- Estados Unidos y Gran Bretaña han empujado al gobierno de Zimbabwe hacia un callejón con las muy claras intenciones de hacerlo estallar este año, ya sea por la vía política o mediante la instauración del caos a través de medidas económicas coercitivas.
Dos momentos importantes utilizados como detonantes para exacerbar lo que han llamado “crisis política” y “crisis sanitaria” acontecieron en el 2008 con la celebración de las elecciones presidenciales en marzo y la actual epidemia de cólera.
Los complejos comicios enfrentaron al líder opositor del Movimiento Democrático para el Cambio (MDC), Morgan Tsvangirai, y a la Alianza Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Democrático (ZANU-PF), de Robert Mugabe, sin que hasta el momento se pongan de acuerdo.
Aunque el representante del MDC ganó la primera vuelta, sus votos fueron insuficientes y hubo que recurrir a una segunda en la cual venció el ZANU-PF, lo cual provocó acusaciones de fraude por los opositores, quienes dijeron haberse retirado de la contienda ante la ola de violencia contra sus seguidores.
Ambos políticos acordaron en septiembre pasado compartir el poder, pero las conversaciones permanecen estancadas sin que se vislumbre solución alguna por el momento.
La distribución de puestos en el gabinete, con la oposición acusando al mandatario de tratar de retener los cargos más importantes, constituye el punto clave de las discrepancias con la consiguiente defunción del diálogo nacional.
Los efectos de estigmatizar los comicios por Occidente fracasaron y entonces los esfuerzos se centraron en utilizar la tragedia del cólera -con más de mil muertos y más de 23 mil contagiados- como factor político desestabilizador.
Es evidente el interés de los enemigos de Mugabe en culparlo por la propagación de la epidemia y el deterioro en los servicios de salud, la educación, el empleo, suministro eléctrico y la economía en general.
Añadimos, además, presiones como la ejercida contra la Unión Africana y estados vecinos a Zimbabwe para aislar al jefe de estado, que sin ser un éxito total, sí lograron que algunas personalidades y políticos de la región se sumaran a las maniobras.
No es menos cierto que el andamiaje orquestado por los grandes centros de poder y sus medios de comunicación intentan construir un estado de opinión mediático global para satanizar al líder africano y sacarlo del poder.
Claro de los propósitos de Occidente, Mugabe, a través del portavoz gubernamental, George Charamba, acusó a principios de diciembre a Washington y Londres de preparar una invasión contra su país y rechazó nuevamente presiones para obligarlo a renunciar.
A la actual cruzada se unieron el mandatario francés, Nicolás Sarcozy, y su canciller, Bernard Kouchner, la secretaria estadounidense de estado, Condoleezza Rice, el primer ministro británico, Gordon Brown, y el representante de Política Exterior y Seguridad de la UE, Javier Solana.
Todos ellos abogaron por incrementar las sanciones y la renuncia del mandatario.
En igual sentido se pronunció el presidente del Parlamento Europeo, Hans Gert Pottering, al declarar que la Unión Europea (UE) “debe seguir ejerciendo toda la presión posible para poner fin” al gobierno de Mugabe.
En los últimos años múltiples han sido las medidas adoptadas con la finalidad de producir un colapso en el Ejecutivo zimbabwense, con el consiguiente impacto negativo en el contexto socioeconómico.
Datos oficiales revelaron que en 12 meses (enero de 2007-enero del 2008) la inflación ascendió al 100.58 por ciento y estimados actuales la ubican por encima del 200, mientras el desempleo sobrepasa el 80 por ciento de su población, con alrededor de 13 millones de habitantes.
Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones que incluyen el embargo de armas, equipamiento y asesoramiento técnico militares; la transferencia de artículos de defensa y servicios, y la suspensión de asistencia gubernamental no humanitaria.
Aplicaron restricciones monetarias que prohíben a sus ciudadanos hacer transacciones o negocios con Zimbabwe, congelaron cuentas e impidieron la entrada a la UE de altos funcionarios del gobierno.
La negativa de visado incluye al presidente, su esposa y 168 ciudadanos del país austral, 11 de los cuales engrosaron la lista el pasado 8 de diciembre por acuerdo de los 27 cancilleres del ente europeo, quienes pidieron también la renuncia de mandatario.
A estas acciones se añaden ataques terroristas e intentos de asesinato como el perpetrado el 13 de diciembre contra el jefe de las Fuerzas Aéreas, Perrance Shiri, quien resultó herido de bala en una emboscada mientras se dirigía a su casa.
El ministro de Asuntos Exteriores del estado africano, Kembo Mohadi, denunció que la agresión “parece ser una acumulación de ataques terroristas contra personas prominentes, funcionarios, establecimientos del gobierno y sistema de transporte público”.
Una información divulgada por el periódico The Herald reveló que el 2 de agosto último la Estación Central de Policía de Harare fue bombardeada, al igual que la carretera sobre el río Manyame y un puente de ferrocarril, 21 días después.
Estos dos últimos acontecimientos estuvieron dirigidos a paralizar el sistema de transporte nacional, según el texto
Otros hechos ocurrieron el pasado 17 de noviembre cuando la sede del Departamento de Investigaciones Penales, en la capital, fue atacada y tres días más tarde algo similar sucedió con la estación de Policía Central de Harare.
De acuerdo con Mohadi, estos episodios comenzaron en marzo del 2007 con el ataque a pozos petroleros, en el que dos policías sufrieron heridas.
La actual epidemia de cólera, expandida por casi toda la nación y algunos estados vecinos, fue denunciada por el ministro de Información de Zimbabwe, Sikhanyiso Ndlovu, como un genocidio provocado por Gran Bretaña contra su país.
En una conferencia de prensa el 12 de diciembre pasado, Ndlovu declaró que las bacterias actuales de cólera y ántrax fueron diseminadas desde la época colonial y reveló la presencia en el país de comandos secretos para introducir nuevos gérmenes de la enfermedad.
“Se trata de un genocidio de los británicos contra los zimbabwenses”, afirmó el titular.
*El autor es Jefe de la Redacción de Africa y Medio Oriente de Prensa Latina.
Tomado de Prensa Latina
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