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Una mujer descansa sobre los restos de la que fue su casa en Fayasil Al Wusta, demolida junto a 13 más el 20 de diciembre de 2011. Seis familias quedaron sin vivienda. / Activestills |
El Gobierno insiste en que no tenían permiso; los palestinos, en que la "asfixia" y la burocracia los llevan a buscar salidas al hacinamiento
El último plan de Defensa consiste en trasladar a más de 2.000 beduinos junto a un vertedero de Jerusalén y tirar su emblemática "escuela de las 3.000 ruedas"
Camino del Mar Muerto, Jerusalén olvida que es ciudad y se transforma. Comienza el desierto rocoso, la carretera se llena de camiones camino del gran puerto de Eilat y al frente, en una meseta enorme rodeada de verde, domina la colonia de Ma´ale Adumim (40.000 habitantes). A la izquierda, en mitad del desarrollado, hermoso paisaje, la estampa es otra: ahí está el muro de hormigón que aísla Cisjordania y, al pie, pequeñas chabolas destrozadas que un día guardaron vida, que un día fueron un hogar, y hoy son chatarra apilada. Ahí, en Anata, Israel acometió su última demolición en la capital, casas de palestinos que fueron destrozadas entre el 23 y en 25 de enero. En todo 2011, 622 estructuras fueron derribadas por el Gobierno israelí, de las que el 36% (222) eran viviendas particulares y el resto, infraestructuras esenciales para la subsistencia como depósitos de agua, granjas de animales o vallados agrícolas. 1.094 palestinos tuvieron que desplazarse al ver destrozado su hogar o sus medios de vida, una cifra que prácticamente duplica la de 2010. Entre ellos, además, había 609 niños, arrancados de su rutina, su escuela, su centro de salud. La estadística procede del Comité Israelí contra la Demolición de Casas (ICAHD) y está contrastada con los informes de Naciones Unidas.
¿Pero por qué se tiran esas casas? Ann Harrison, directora adjunta del programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, lo explica. “Cisjordania está dividida en zona A, B y C. En esta última, Israel tiene plena autoridad en asuntos civiles y en el control de la seguridad. Eso supone que casi el 62% de la tierra palestina la controlan ellos. En esas zonas, en la que viven unas 200.000 personas (entre Cisjordania y Jerusalén Este), las restricciones de movimiento y de construcción son muy elevadas. El 94% de las peticiones de licencia de obras son rechazadas, esa es la tendencia en la última década, mientras la población sigue creciendo con una media de cinco hijos por familia. Los palestinos se ven abocados a construir donde no pueden pero donde lo necesitan”, relata.
Según la tasa actual de crecimiento demográfico, la ONU afirma que en Jerusalén Oriental la diferencia entre la necesidad de vivienda entre los palestinos y las construidas legalmente era de al menos 1.100 al año (según su balance de 2010; el de 2011 aún no está cerrado). El problema también toca a la franja de Gaza, pese al plan de desconexión de 2005 que sacó de allá a los últimos colonos. “Eso no impide que el Ejército entre de cuando en cuando para demoler algo”, denuncia Raji Sourani, al frente del Centro Palestino por los Derechos Humanos (PCHR).
Israel insiste en que está aplicando la ley y las particiones de los Acuerdos de Oslo, que no puede consentir que se levanten “estructuras ilegales”, explican desde la portavocía del primer ministro, Benjamín Netanyahu. El argumento de los palestinos es que lograr un permiso es un “caro, largo y a menudo infructuoso proceso” que no les resuelve su perentoria necesidad de espacio y que no caerían en la ilegalidad si no fuera por la “asfixia” a que los somete Israel, abundan los informes de la Sociedad para el Desarrollo Al Maqdese. Un ejemplo: sólo el 13% de la superficie de Jerusalén Oriental está catalogada como edificable, por lo que la zona “legal” se encuentra hiperpoblada y son cada vez más habituales los casos de exilio o de intento de expansión en zonas vetadas. El 35% de las tierras de la zona palestina de Jerusalén han sido expropiadas “para hacer asentamientos ilegales con 195.000 israelíes” y el 18% de Cisjordania ha sido declarado “zona militar cerrada”, lo que veta las edificaciones palestinas y limita la circulación de personas, especialmente en el Valle del Jordán y en los montes del sur de Hebrón, denuncia el informe “¿Seguros en casa?”, editado por Amnistía.
Las demoliciones se llevan a cabo habitualmente sin aviso previo, según los afectados, y con la notificación correspondiente, según Israel. El enviado humanitario de Naciones Unidas en los Territorios, Maxwell Gaylard, avala la versión de los palestinos. “No hay posibilidad casi de que recojan sus pertenencias antes de que la maquinaria comience a tirarlo todo”, denuncia. Cuando todo ha quedado destrozado, no hay un refugio ni una indemnización, y toca buscar acomodo en casas de familiares (sobre todo del marido, lo que somete aún más a la mujer al clan patriarcal), amigos o espacios cedidos por ONG. Gaylard entiende que, según la jurisdicción internacional, “la potencia ocupante tiene la responsabilidad de proteger a la población civil palestina bajo su control y garantizar su dignidad y bienestar. La destrucción de sus viviendas y medios de subsistencia no es compatible con esa responsabilidad ni con los ideales humanitarios”, expuso mientras visitaba las casas tiradas en Anata, una orden que desplazó a 52 personas, 29 de ellas menores de edad. “Los palestinos requieren de un sistema de planificación justo y no discriminatorio que satisfaga sus necesidades de crecimiento y desarrollo”, abundó.
Afirma la ONU, en sucesivos comunicados, que las demoliciones violan la Cuarta Convención de Ginebra, sobre protección de civiles en tiempo de guerra, cuyo artículo 53 “veta la destrucción de una propiedad si no está militarmente justificado” e impide igualmente “la transferencia de población” (artículo 49). Al primer punto, Israel responde que todos los palestinos están sujetos “por seguridad” a la ley militar. Al segundo, simplemente desoye los reproches de Occidente sobre sus “provocadoras ampliaciones de colonias”.
En septiembre pasado, tres relatores de Naciones Unidas pidieron formalmente a Israel que frene las demoliciones que, “por su naturaleza discriminatoria”, son “completamente inaceptables”. “Los israelíes no desearían ser sometidos a semejantes prácticas”, señalaron. No eran funcionarios de clase media, sino voces muy respetadas en el organismo: Raquel Rolkin, relatora especial sobre derecho a una vivienda adecuada; Catarina de Alburquerque, relatora sobre derecho al agua potable y a los servicios sanitarios; y Olivier de Shutter, del derecho a la alimentación. Todos ellos, de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Rolkin acaba de comenzar una visita de dos semanas a la zona, ante el llamamiento de las ONG que trabajan en la zona para que conozca de primera mano la situación.
Itay Epstein, co-director del ICAHD, explica que Israel no sólo trata de imponer una división del terreno que le es favorable, ni busca la legalidad por encima de todo, sino que hay un importante motor, menos claro, tras las demoliciones: el empeño en “judaizar” Palestina. El 90% del valle del Jordán (preciado por el agua y los cultivos) está en manos de Israel, agujereado por 37 colonias, con casi 10.000 residentes (12% del suelo, 119 kilómetros cuadrados), con 26 reservas naturales (20%, 318 kilómetros cuadrados) y con 736 kilómetros cuadrados (46% del total) cerrados, por ser zona militar.
Bajo sus palabras laten casos como el de Arabiya y Salim, propietarios de una de las casas tiradas a finales de enero. Era la quinta vez que las palas mecánicas de Israel destruían su vivienda, Beit Arabiya, la casa de Arabiya. La vivienda era un símbolo de resistencia, levantada cuatro veces con la ayuda de voluntarios internacionales (muchos de ellos, españoles), el ICHD y ONG locales como Rabinos por los Derechos Humanos. En la residencia, levantada en recuerdo de la activista Rachel Corrie (muerta al intentar frenar demoliciones), se encontraban en el momento del desalojo el matrimonio y sus siete hijos. Los operarios se presentaron a las 11 de la noche del 23 de enero, un bulldozer con potente refuerzo militar que acabó con esta casa y varias estructuras residenciales y agrícolas cercanas en la zona de Jahalin, una comunidad beduina vecina. Otras 20 personas expulsadas del hogar en mitad del desierto, helador en invierno.
Al día siguiente, tiraron la casa de los Abu Omar, levantada en 1990 en terrenos de su propiedad, en Anata. ¿Dónde estaba entonces el problema, si la tierra era suya? En que Israel sostiene que está “reservada para uso agrícola”. Por eso fue ya demolida en 2005. Tardaron todos estos años en recuperarla, ladrillo a ladrillo, y el 24 de julio pasado la acabaron. Seis meses después, vuelven a estar al raso. Un grupo de 17 personas, entre ellos varios niños. Y menos de 12 horas después de este suceso, otras dos casas fueron eliminadas en la aldea beduina de Umm Al Kheir, al pie de la colonia de Karmel, en plena expansión. En una residía una pareja de ancianos; en la otra, una viuda con nueve hijos. Los soldados se quedaron además el tractor con el que la mujer labraba la tierra.
Todos los afectados se quedaron pululando por la zona, sin saber bien qué camino tomar, dónde rehacer su vida. Durante los primeros días, recogieron tablones, bolsas y colchones, lo poco que podían seguir usando. Un pequeño tesoro. La red de cooperación tejida en torno a las demoliciones les está ayudando, pero cuesta en borrarse esta estampa de desolación total, de esperanza perdida con el techo que rompieron las máquinas.
Esa historia se repite en una de las zonas más afectadas por estas demoliciones, Jiftlik, en el Jordán, donde se concentró el pasado año el 32% del total de actuaciones de Israel (109 estructuras demolidas, de ellas 89 residenciales, y 401 desplazados, según el ICAHD). La población, de algo más de 5.000 habitantes, tenía “extensas tierras de labranza” antes de 1967 y su guerra. Ahora, ese espacio es zona militar protegida. En 2005, denuncia Al-Maqdese, el Ministerio de Defensa de Israel elaboró un “plan de delineamiento” que determinaba dónde podían vivir los palestinos. Lo hicieron ”sin avisar a los vecinos ni abrir periodo de alegaciones”. El 40% de las viviendas quedaron fuera de ese límite permitido, por lo que 30 edificios han sido tumbados en estos últimos años y hay 10 órdenes de demolición más pendientes. Las casas que han quedado dentro del perímetro legal también necesitan sacar licencia previa si hacen obras, un papeleo que se demora no menos de año y medio, explican en la ONG.
La última gran pelea contra los desplazamientos forzosos es la amenaza de demolición de un grupo potente de familias en Khan al Ahmar. Defensa planea que los 2.300 residentes beduinos que ahora están en ese rincón de Cisjordania vayan a vivir a menos de 300 metros del vertedero municipal de Jerusalén, una zona insufrible por orografía y por condiciones sanitarias (recibe 1.100 toneladas de basura cada día). La campaña de AI está siendo muy potente para evitar el traslado de estas 20 comunidades. El ministerio, que tiene el plan redactado desde verano, ha dicho que no va a ejecutarlo por completo, pero no aclara su posición. Incluso ha prometido que, una vez reasentados, los beduinos tendrán acceso a las conexiones de agua y electricidad. Se ha creado un comité para protegerlos y plantear sus exigencias; por este orden: regresar al desierto del Neguev, de donde los echaron en los 50; quedarse donde están con mejores servicios o pactar un traslado con garantías.
Es emblemática en esta zona la llamada “escuela de las 3.000 ruedas“, que también corre riesgo de ser derribada, junto con las viviendas. Casi un centenar de pequeños se benefician del edificio; hasta hace poco carecían de educación, porque tenían que trasladarse 30 kilómetros hastas los colegios más cercanos de la UNRWA, cruzando carreteras, buscando alguien que los llevara, a pocos metros de Kfar Adumim, una colonia, de donde provino la denuncia ante el Gobierno israelí que, ya en 2009, dio la primera orden de demolición. La ONG italiana Vento di Terra, junto a Manos Unidas y varias misioneras combonianas, levantaron el edificio en 2008 usando neumáticos rellenos de arena. Ahora tienen cuatro aulas, un despacho de administración, un baño, un patio… Reconocidos por el Ministerio de Educación palestino, las maestras son chicas del poblado formadas como profesoras, cerrando el círculo de dignidad y oportunidades. Pero nadie sabe cuánto le queda en pie. El Ejecutivo italiano y su Conferencia Episcopal están presionando para evitar el fin. Sería importante, pero apenas el comienzo. Según la ONU, hoy hay cerca de 4.000 órdenes de demolición pendientes de ejecución.
Carmen Rengel / (Jerusalén)
Tomado: PeriodismoHumano.com
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