En las denuncias colectivas presentadas en los juzgados se mencionan también nombres de médicos, enfermeros, psicólogos y psiquiatras que acompañaron el plan sistemático de torturas. Los doctores actuaban como "asesores" de los militares: se encargaban, por ejemplo, de examinar el estado físico de los presos y de "recauchutarlos" en el Hospital Militar para dejarlos preparados para volver a las salas de tortura. También en algunos casos marcaban el umbral de tolerancia de la víctima. Otra de las actitudes denunciadas es lisa y llanamente la omisión de asistencia como una variante de la tortura: personas que no recibieron tratamiento después de haber pasado por el apremio o a las cuales no se les suministró la medicación necesaria para las patologías que sufrían. Estos médicos se encargaban asimismo de fraguar informes con el fin de ocultar evidencias. En el caso de los especialistas en salud mental, se denuncia que utilizaron sus herramientas en sentido opuesto: el objetivo era alienar y enfermar psíquicamente a los presos. El hostigamiento constante terminó en algunos casos en suicidio. Asimismo, solían prescribir altas dosis de psicofármacos no para aliviar los sufrimientos sino para exacerbar la actitud de dejarse morir en que había caído algún detenido. Casi cuatro décadas después, no ha sido procesado ningún profesional de la salud violador de los derechos humanos. Por otra parte, se cuentan con los dedos de la mano los casos de quienes fueron condenados por las comisiones de ética de las gremiales médicas (del Sindicato Médico del Uruguay o de la Federación Médica del Interior).
Hoy en las denuncias que llegan masivamente a las sedes judiciales vuelven a aparecer los nombres de algunos de los médicos que fueron expulsados de los padrones del smu. Nelson Marabotto –a quien las presas llamaban "el Cuervo"– y Rosa Marsicano –recordada como "la Suina" o "la Ballena"– son dos de las figuras más recurrentes en los testimonios. Ambos eran los responsables del servicio de "sanidad" de la cárcel de Punta de Rieles.
En 1984 la VII Convención Nacional Médica creó la Comisión Nacional de Ética Médica, que funcionó por un lapso de seis años. Este organismo experimentó variadas presiones y amenazas que obstaculizaron su investigación y recopilación de pruebas. El Ministerio de Defensa prohibió la comparecencia de los médicos militares. En 1985, el ministro de Defensa, Juan Vicente Chiarino, avaló la negativa del Servicio de Sanidad Militar a abrir el acceso a las historias clínicas de los presos políticos. En 1988, el teniente general Hugo Medina juzgó la acción de las gremiales como una "violación de las directivas constitucionales y del derecho al trabajo", según indica Eugenia Allier en Batallas por la memoria: los usos del pasado reciente en Uruguay.
De todas formas, la comisión pudo pasar a estudio del consejo arbitral del smu algunos expedientes, lo que dio como resultado la expulsión gremial y la imposibilidad de ocupar cargos en los sanatorios gestionados por los sindicatos. Entre los médicos separados se cuentan: Nelson Marabotto, José Mautone, Vladimir Bracco, Hugo Díaz Agrelo, Arturo Dini Olivera, José Pereyra Garay, Salomón Sissif. Por su parte Hugo Fornos y Elías Nassiff hubieran sido expulsados de haber estado agremiados. Otro tanto hizo la Facultad de Medicina con algunos profesionales que tenían cargo docente.
Rosa Marsicano fue expulsada del smu recién en 2000. En esa época la profesional todavía fungía como directora técnica del Hospital Militar. En la prensa de la época puede verse fotos en las que aparecía conduciendo en un tour por el hospital al recién asumido presidente Jorge Batlle.
En el fallo del smu se consigna que Marsicano, quien nunca dio la cara ante el tribunal de conducta, "fue partícipe en hechos represivos, donde muchas personas murieron o sufrieron graves daños y secuelas físicas y psíquicas". Con base en cinco testimonios se concluyó que Marsicano corroboró el estado de salud de presas a efectos de determinar si podían ser sometidas a apremios y no tomó ninguna medida terapéutica en relación a detenidas con serios problemas psiquiátricos. Catedráticos certificaron –basándose en el examen de alguna de las denunciantes– omisiones de asistencia. En otros dos casos se documenta omisión de asistencia a pacientes psiquiátricas (una de las cuales se ahorcó en el penal y la otra se suicidó luego de su liberación). Otra detenida –Gladys Yáñez– murió en 1980 a consecuencia de una infección renal crónica, sin nunca haber recibido medicación alguna.
La médica está ahora jubilada. Pero pudo ejercer cómodamente su profesión –aunque en Punta Rieles ni siquiera examinaba a las presas que necesitaban asistencia– hasta su retiro, ascender a coronel, ocupar altos cargos jerárquicos en el Hospital Militar e incluso publicar artículos en la revista Salud Militar. Aunque los médicos fueron los únicos profesionales que enjuiciaron a sus pares por violación de los derechos humanos en Uruguay, ni el smu ni la Femi tenían la potestad de evitar que ejercieran, ya que en Uruguay no existía colegiación médica obligatoria (un instituto que acaba de ser aprobado y que permitiría impedir el ejercicio a los profesionales que incurran en graves faltas éticas).
La institución que sí tiene potestades para suspender el ejercicio de la profesión médica es la Comisión Honoraria de Salud Pública del msp. En marzo de este año Crysol denunció ante el entonces ministro de Salud, Daniel Olesker, al psiquiatra Martín Gutiérrez Oyhambrono y al psicólogo Dolcey Britos, "quienes aplicaron sus conocimientos para inducir a la locura y a la muerte a las y los prisioneros, en condiciones de total impunidad", pero estaban en esa fecha en la plantilla de "una empresa que postula la prestación de servicios para varias instituciones del Estado", según publicó el semanario El Popular el 15 de marzo. Eduardo Saiz, quien ocultó en el certificado de defunción la verdadera causa de muerte de Vladimir Roslik, perdió sus cargos en los centros de la Femi, y también a la postre en el msp. Finalmente se hizo un lugar en uno de los contingentes de la misión de la onu en el Sinaí. En las últimas denuncias son decenas los testimonios que vuelven a inculpar a algunos de estos profesionales, pero también hay otros nombres que se espera sean identificados e indagados por la justicia.
Mariana Contreras / Rosario Touriño
Tomado:
Brecha.com.uy
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