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El poder de la verdad.
Las denuncias sobre violaciones de DDHH superan las 500 y en estos días se han presentado dos que han impactado especialmente: la realizada por 28 ex presas políticas sobre violaciones y agresiones sexuales y la que presentaron 29 ex militantes de la UJC sobre torturas en Treinta y Tres que eran menores de edad.
La barbarie de lo denunciado impacta, subleva. Su magnitud y profundidad es tal que tuvieron que hacerse eco incluso los medios de comunicación masiva poco proclives a hablar de estos temas y corresponsables del cerco de silencio que durante años sostuvo a la impunidad.
Lo relatado por las compañeras es parte de la dimensión real del terrorismo de Estado que se ha ocultado y silenciado o directamente falseado durante estos 40 años. Los relatos muestran la utilización de la violación y la agresión sistemática y masiva durante los 11 años de dictadura.
En el caso de los 38 militantes de la UJC detenidos y torturados en Treinta y Tres en 1975, cuando 29 de ellos eran menores de edad, grafica la dimensión de la represión. La dictadura, bajo la impunidad absoluta, tuvo entre sus objetivos a los jóvenes y los niños. Este caso tiene, además de su dimensión de tragedia humana, sin duda la principal, algunos ribetes dignos de destacar. Los jóvenes fueron detenidos entre el 12 y el 13 de abril de 1975, fueron torturados hasta el 17 de abril, luego retenidos en un galpón. Pero el 19 de abril, ante la presencia de Gregorio Alvarez, entonces jefe de la División de Ejército IV y como una suerte de macabro homenaje a su persona, fueron sacados y torturados con más saña aún. Álvarez pudo detener esa barbaridad, no lo hizo. Como el caso de estos muchachos y muchachos era injustificable, la dictadura inventó una mentira sobre un campamento marxista donde se prostituían niñas. La mentira, que pretendió ocultar la tortura, fue publicada a toda página por el diario El País, medio que hoy, a 36 años de los hechos, nunca escribió la verdad.
A las denuncias se incorporó también la “Operación Morgan” lanzada en octubre de 1975 contra el PCU y la UJC, extendida a la CNT y la FEUU clandestinas, que costó 23 desapariciones, 16 muertos en tortura, un asesinato en Argentina, 6 muertes en prisión, cárcel y tortura para miles de personas y la vigilancia sistemática de miles más.
A este esfuerzo por abrir caminos a la verdad, se suma la publicación por parte de Presidencia de la República, de una actualización de las investigaciones históricas que viene realizando un grupo de la UDELAR coordinado por Álvaro Rico y el equipo de Antropología Forense que dirige López Mazz. Se publicaron más de 1.500 documentos incluyendo autopsias encontradas en el Hospital Militar y archivos militares. Se documenta que ya se exploró, buscando a desaparecidos, en 24 lugares, militares y privados.
Es el poder de la verdad, en la voz de las víctimas, en los documentos del propio aparato represivo e incluso en la tierra de los cuarteles. La mentira, sustento clave de la impunidad, se cae a pedazos.
Para quienes preguntan por qué ahora, la respuesta es sencilla y compleja a la vez. Ahora porque testimoniar duele, lastima. Ahora porque muchas y muchos no aguantaban más. Ahora porque durante décadas se silenció a las denuncias, se las descalificó y por lo tanto se desestimuló su presentación. Ahora porque hay señales políticas e institucionales de que se investiga y se va a investigar. Ahora porque fruto de la lucha de años y de no aflojar, la sociedad está más dispuesta a escuchar que antes. Ahora porque llegó la hora de la verdad y se siente. Ahora también, porque la dimensión de la tragedia humana de la dictadura se fue expresando de a poco. Al drama de los desaparecidos, siguió el de los muertos en prisión y tortura y ahora se incorpora la principal modalidad utilizada por la represión en Uruguay, la tortura y la prisión prolongada.
Los impunes y quienes los defendieron y defienden desde la política y los medios, apostaron a que el paso del tiempo los colocaba fuera del alcance de la Justicia e incluso perpetuaba la mentira que los cobijó. Se equivocaron. La dignidad de las compañeras, superando su dolor y su angustia, para decir “fui violada”, hace trizas la indignidad de los falsos combatientes. El torturado acorrala con la verdad al torturador y se libera, aunque sea parcialmente, de la prisión del horror que continúa en el tiempo. “Ellos siguen trabajando en nosotras desde hace 30 años”, dijo llorando una de las compañeras.
Eso es también la impunidad, la continuidad del terror, la continuidad del suplicio de las víctimas por sus victimarios. Ya no más. No más. Es la hora de la verdad.
También de la justicia.
La dimensión de la verdad social, la reivindicación de las víctimas como lo que son, es sin duda esencial; pero también lo es la justicia. Suman ya más de 500 denuncias.
En estos días hubo dos fallos importantes: el del caso Gelman y el de Alter. En el caso de la desaparición de María Claudia Irureta Goyena de Gelman el juez Pedro Salazar procesó a los militares José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y al ex policía y ex funcionario del Partido Colorado en el Senado, Ricardo Medina; también pidió la extradición de Manuel Cordero. Es un paso importante luego de 9 años de idas y venidas de la Justicia. Pero la decisión muestra las contradicciones que habrá que enfrentar. El juez no hizo lugar al pedido fiscal de procesar a otros dos militares, y lo que es más importante, aunque rechazó el pedido de la defensa de los represores de decretar la prescripción del caso, se negó a tipificar desaparición forzada como pedía el fiscal y procesó por homicidio especialmente agravado.
La Ley 18.831 habilita a jueces y fiscales a continuar la indagatoria en los casos de violaciones a los derechos humanos. No obstante, los abogados del Centro Militar presentarán recursos incidentales de prescripción en estos procesos y, en caso de no hacerse lugar a sus planteos, promoverán acciones de inconstitucionalidad contra dicha ley.
La última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia, cuyo presidente Leslie Van Rompaey, ha hecho declaraciones muy alentadoras, pero la batalla judicial será ardua.
En todo caso, hay que respaldar la acción de la Justicia, que ahora, al contrario de lo que dicen la derecha y los impunes, tiene por primera vez en 25 años las manos libres para investigar.
Queremos insistir en que la cantidad de denuncias y la complejidad de los casos colocan a la estructura actual del Poder Judicial en una encrucijada y al límite de sus posibilidades de responder.
Parece imprescindible que se creen Juzgados y Fiscalías especializadas y se las dote de recursos humanos y materiales para que cumplan su función.
También es imprescindible que la misión de investigar sea asumida por todo el Estado y no sólo por el Poder Judicial. Hacia allí convergen el anuncio del Poder Ejecutivo de la conformación de una Comisión Interministerial para investigar y la continuidad de los trabajos de excavación y de investigación de documentos.
En el mismo sentido hay que apoyar la iniciativa surgida en una reunión de responsables de DDHH de los gobiernos de la región de crear una Comisión Investigadora en el ámbito del Mercosur para que se ocupe del Plan Cóndor.
Es la hora.
Habrá reclamos de inconstitucionalidad de la Ley 18.831, habrá operaciones de desinformación y mentira, habrá intentos de chantajes desde los grupos fascistoides que pululan en la red. Hay que responderles con la verdad, con los hechos.
A las compañeras y compañeros que venciendo el dolor denuncian, nuestro respeto, nuestra solidaridad y nuestro cariño.
Con serenidad ciudadana y democrática queremos Verdad y Justicia. Nada más pero ni un milímetro menos.
Publicado por Comunistas en Madrid
Tomado: pcumadrid.blogspot.com
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