El fin inminente de la Caducidad

El gobierno ha anunciado públicamente su decisión de proceder a dejar sin efecto las disposiciones de la Ley de Caducidad para evitar una inminente condena a Uruguay por parte de la Corte Interamericana de DDHH. La causa iniciada por Macarena Gelman ante la Comisión Interamericana de DDHH por denegación de justicia por el secuestro y desaparición de su madre en el país, a manos de la “patota” de la OCOA, dará un golpe decisivo a la impunidad.

La ley 15 848 aprobada en el primer gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti fue una amnistía no encubierta para los responsables de las graves violaciones a los DDHH cometidas durante el Terrorismo de Estado. Permitió que durante casi dos décadas los responsables de los crímenes más atroces cometidos en la vida del país eludieran a la justicia.

Cuando el Parlamento anule los efectos de la ley de caducidad que ya ha sido declarada inconstitucional por parte de la Suprema Corte de justicia el 19 de octubre del año pasado, Uruguay mejorará la calidad de su sistema democrático en sintonía con las normas internacionales de DDHH.

La justicia podrá actuar y continuar adelante con todos los juicios ya iniciados y otros que se inicien pero Uruguay abolirá una ley aberrante que amnistió a delitos que son de una enorme gravedad para la comunidad internacional.

Delitos de Lesa Humanidad.

La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. No es posible concebir un adecuado desarrollo social pleno y justo si los derechos humanos de las personas no se respetan y no se efectivizan en la vida diaria.

Los Estados tienen la obligación no sólo de respetar en su accionar los derechos de todos los ciudadanos sino de asegurar el libre ejercicio de ellos para una convivencia en paz, en libertad y con justicia en todos los planos. Esa es una obligación básica y esencial, un cometido inexcusable de todos los gobernantes: respetar y asegurar el libre ejercicio de esas libertades y de esos derechos.

Las violaciones a los derechos humanos atentan contra la vida social y contra el desarrollo de la sociedad. Algunas violaciones son tan graves que no solamente dañan a quienes las sufren directamente sino que ofenden a toda la sociedad, afrentan al conjunto de la humanidad.

La sociedad moderna considera que dichas acciones son graves y las denomina “crímenes de lesa humanidad”. Son crímenes que se cometen contra individuos o grupos de ellos por razones ideológicas o políticas, de sexo, de raza, de creencias religiosas, de orientación sexual y que golpean a la conciencia moral de toda la humanidad.

Son delitos cometidos por individuos pero que tienen una característica especial: son agentes o funcionarios del Estado, gozan de prerrogativas especiales, tienen poderes especiales y los tienen precisamente para respetar los derechos humanos de las personas y para garantizar el libre ejercicio de ellos a todas las personas sujetas a su jurisdicción.

Por ese motivo, dichas conductas son consideradas graves: las cometen personas que gozan de poderes especiales otorgados por la sociedad para que garanticen la libertad y los derechos humanos.

La desaparición forzada, el homicidio y la tortura, entre otras, son faltas graves contra los derechos de las personas. Por lo mismo son denominadas “crímenes de lesa humanidad” tanto por la normativa internacional de las Naciones Unidas como por la legislación uruguaya, muy específicamente desde la aprobación de la Ley 18 026 en setiembre de 2006.

Por su gravedad inusitada, por atentar contra derechos esenciales y básicos de las personas, por ser cometidas por personas que tienen poderes especiales y responsabilidades y obligaciones especiales frente al conjunto de la sociedad es que son delitos imprescriptibles ante el paso del tiempo.

No caducan nunca y por ello a nivel mundial se sigue condenando a sujetos por crímenes cometidos hace más de 50 años en los campos de concentración nazis o en las zonas ocupadas por ellos durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque ahora esos ciudadanos que son juzgados y condenados cuenten con 88 años de edad y comparezcan ante los tribunales en sillas de ruedas.

Por el mismo motivo, esos crímenes son también inamnistiables y no pueden beneficiarse de ningún mecanismo parecido o similar que los libere de su condena o del cumplimiento de las penas que los jueces determinen en el marco de las garantías del debido proceso.

Las personas procesadas por crímenes de lesa humanidad son delincuentes que han cometido acciones aberrantes amparadas en los poderes especiales que tenían por ser agentes y funcionarios del Estado aunque esos poderes los hayan adquirido, lo cual es un agravante notorio, por medios ilegítimos como lo fue el golpe de Estado.

Para que Uruguay sea un país de primera, una sociedad plenamente democrática y justa, para garantizar el sentimiento colectivo unánime de Nunca Más terrorismo de Estado, hay que afirmar en la vida diaria las normas de derechos humanos y muy especialmente aquellas que condenan expresamente a los crímenes más aberrantes.

Es un mensaje positivo hacia el futuro, además. Para que los potenciales perpretradores de nuevas aberraciones sepan que algún día serán juzgados y terminarán con sus días en una cárcel aunque sea de lujo.

La eliminación inminente por parte del gobierno de la Ley de Caducidad es un enorme paso adelante en el camino de superar los vestigios del Terrorismo de Estado aunque las razones invocadas para hacerlo no sean principistas, no sean las que debieran ser.

Gastón Grisoni

Tomado: El Popular

Acecho del polímata

Foto: Difusión, S/D de autor

Libro. José Luis Massera: ciencia y compromiso social. Roberto Markarian-Ernesto Mordecki (coordinadores)

Nadie encarnó tan bien como Bertrand Russell (1872-1970) la figura del hombre de ciencias comprometido con la causa humanista. Notorio por sus aportes a la matemática, la filosofía analítica y la lógica, el galés fue objeto de numerosos titulares de prensa a lo largo del siglo XX por sus actividades en favor del pacifismo (intensas durante la guerra de Vietnam), la no proliferación nuclear (asociado con Albert Einstein) y el agnosticismo, llegando a mediar entre los líderes de EEUU y la URSS durante la crisis de los misiles cubanos de 1962; por si faltaran vías de acceso a la carrera de Russell, él se encargó de publicar dos autobiografías. En cambio, hasta ahora no había trabajos integrales sobre la vida y obra de José Luis Massera (1915-2002), también matemático y hombre político. Más allá de las diferencias del ambiente en que se movieron estos dos pensadores contemporáneos -Massera era, claro, uruguayo-, habría que buscar también la causa de esa asimetría en el tipo de involucramiento político que adoptaron: mientras que Russell fue un típico exponente de la “nueva izquierda” británica que buscó liberarse de las ataduras del marxismo ortodoxo, su colega uruguayo militó en el núcleo mismo de esa ortodoxia, el Partido Comunista, donde imperaba la ética del perfil bajo y la labor sostenida cotidianamente.

Esto no quiere decir que la trayectoria del ingeniero uruguayo haya sido monótona. Por el contrario, la cantidad de voces convocada por Roberto Markarian y Ernesto Mordecki (discípulos, colegas y “camaradas” de Massera) para abordar su figura en José Luis Massera: ciencia y compromiso social son prueba de que el matemático fue un hombre polifacético. “Massera hombre, Massera ciudadano, Massera científico, Massera parlamentario, Massera humanista, Massera comunista”, dicen los coordinadores (la edición correspondió a Lourdes Rodríguez), y se podría agregar “Massera gestor científico, Massera preso político, Massera divulgador de conceptos económicos, Massera teórico del PCU”, entre otros atributos. La cobertura de esos distintos ángulos de la vida del pensador fue encomendada a historiadores, periodistas, matemáticos, compañeros de militancia y de prisión, filósofos y economistas.

Leyenda internacional, autoridad local
La estructura del libro ordena la diversidad de abordajes. La “Infancia, juventud y familia” de Massera son presentadas por el historiador Roberto García Ferreira, quien bucea en su genealogía patricia, su preferencia adolescente por la carrera de Bellas Artes y hasta algunas lecturas que lo habrían marcado (El lobo estepario, de Hermann Hesse). La historiadora de la ciencia Martha Inchausti contextualiza la labor desarrollada por Massera tras su regreso a Uruguay (luego de estudiar y publicar en EEUU) en el capítulo “La construcción institucional y la escuela matemática uruguaya, 1924 -1973”, donde se destaca su rol en la fundación del Instituto de Matemática y Estadística.

En el tercer capítulo del libro se atiende a una cuestión central para la comprensión de la figura estudiada: el porqué de su prestigio en el campo de las matemáticas. José L Vieitez, Jorge Lebowicz y Markarian explican el peso que aún poseen las investigaciones de Massera en las áreas de las ecuaciones diferenciales, el análisis funcional y la geometría, enfocadas a esclarecer la relación entre la estabilidad e inestabilidad del movimiento. Además, los autores repasan los aportes concretos de Massera “para quienes tienen pocos conocimientos de matemáticas” y paulatinamente van subiendo la apuesta.

El capítulo del historiador Gerardo Leibner es un buen ejemplo del amplio abanico de intereses que pone en juego este libro. “José Luis Massera y la reconstrucción del Partido Comunista del Uruguay” es, según su autor, un ensayo de microhistoria que se enmarca dentro de un estudio más general (que supuestamente se publicará este año; ver la diaria del martes pasado) sobre las transformaciones internas que le permitieron al PCU pasar de ser una pequeña agrupación de izquierda a un partido de masas de gravitación indiscutible en la génesis del Frente Amplio. Leibner sostiene que Massera jugó un papel decisivo en el enfrentamiento que condujo a la imposición de Rodney Arismendi como secretario general del PCU, y reconstruye minuciosamente los pormenores de ese putsh inciado a fines de 1954. Asimismo, Leibner sitúa a Massera como protagonista del cambio de actitud del PC hacia los intelectuales, repasa sus distintos aportes a la “línea” del partido en tiempos de divergencias entre los distintos partidos comunistas del mundo y sostiene que no fue en la labor parlamentaria sino en la educación de los cuadros dirigentes donde el matemático pudo enfocar mejor sus aptitudes naturales dentro de la estructura partidaria.

Esa actividad parlamentaria y la participación de Massera en distintas organizaciones y movimientos sociales (como el antifascismo y la resistencia al régimen de Terra) son abordadas por los jóvenes historiadores Mauricio Bruno y Nicolás Duffau.

Interrupción obligada
El capítulo 6 reúne testimonios de Eduardo Platero, Néstor Bardacosta, Elvio Acinelli y Markarian sobre la “estadía” de Massera en el penal de Libertad, donde fue recluido y torturado durante la dictadura militar. Se trata de textos breves pero que iluminan el costado humano, personal, de un hombre que por tradición y formación debió de haber tenido un trato algo distante con sus compañeros.

El alejamiento momentáneo de la “sintaxis académica” le insufla una bocanada de aire fresco al libro, que en parte se continúa en el tono periodístico que Mario Mazzeo le imprime al capítulo siguiente, centrado en las campañas internacionales que condujeron a la liberación de Massera en 1984. En el capítulo 8, Evana Alfonso y Álvaro Sosa evocan el papel del matemático en la “(re) construcción de la ciencia nacional” tras la caída de la dictadura, destacándose su contribución al Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba).

Radiografías intensas
Dos artículos de pura teoría cierran el libro, aunque en verdad su clausura corresponde a un apéndice del economista Daniel Olesker, quien a partir del Manual para entender quién vacía el sobre de la quincena, publicado por Massera en 1973, revisa la contribución del pensador tanto a la economía política como a la divulgación de sus conceptos a nivel popular.

Álvaro Rico analiza las contribuciones de Massera al ámbito de la reflexión marxista, destacando en la etapa predictatorial su preocupación por las consecuencias de la “revolución científico-técnica” en los modos de producción tanto en las potencias hegemónicas como en los países dependientes, su elaboración de la idea de “revolución socialista”, enfocada hacia la comprensión de las fuerzas motrices del cambio (con especial atención al rol de los agentes culturales en este proceso) y sus consideraciones sobre la lucha ideológica y el reformismo. Cuando Massera recupera la libertad, su trabajo aparece abocado a la defensa del leninismo y a la reelaboración del concepto de “masas populares”, referido a la política de alianzas prerrevolucionarias; más tarde, tras la caída del “socialismo real”, Massera se pliega a la línea de Lucien Sève, quien reorienta sus preocupaciones hacia el desarrollo sostenible, la ecología, la informática, el desarme y los asuntos de género.

El filósofo Juan Fló, en tanto, reconstruye con elegancia de estilo los intercambios que mantuvo con Massera sobre la ética de Spinoza, el carácter dialéctico de las matemáticas y su revisión posterior del concepto de dialéctica. Fló blanquea las dificultades que le plantearía aprovechar la instancia abierta por José Luis Massera: ciencia y compromiso social para quedarse con la última palabra en ese diálogo interrumpido.

Entre los múltiples puntos de entrada que ofrece el libro hay que contar también al prólogo, que desde su título, “Libertad para las ecuaciones diferenciales”, refiere a un artículo de Manuel Flores Mora publicado en la revista Jaque. La alusión a los últimos días de la dictadura y al reclamo de un político batllista -y, por lo tanto, de raigambre antifascista- por la libertad de un científico comunista mueve a pensar sobre esos espacios comunes a las distintas concepciones del progresismo que atravesaron el siglo XX uruguayo. Y también invita a reflexionar sobre los puentes que entre el mundo político y la esfera social solía tender la figura del intelectual.

José Gabriel Lagos

Tomado: La Diaria.com

El 373

Los 75.000 documentos clasificados sobre la guerra en Afganistán que dio a conocer el sitio Wikileaks (//wikileaks.org) provocaron la airada reacción de la Casa Blanca, del Pentágono y de los neoconservadores de todo pelaje que pululan en Washington. No es para menos: se trata de informes internos de las fuerzas armadas de EE.UU. y la OTAN que combaten en territorio afgano y dan cuenta de hechos ominosos que no se declaran oficialmente y aun se niegan. El fundador y alimentador del sitio, Julian Assangem, les dio amplia difusión enviándolos a The New York Times, Der Spiegel y The Guardian y anunció que está analizando con su equipo otros 17.000 documentos que pronto dará a conocer. El gobierno de Obama condenó en duros términos semejante filtración, histórica por el volumen de registros secretos develados (ver Página/12, 27-7-10). El vocero del Departamento de Defensa, Geoff Morrell, anunció que se ha lanzado una caza del hombre para encontrar al responsable de un acto que revela, por un lado, el poder de la informática y, por el otro, las fragilidades del Pentágono. La documentación cubre el período junio 2004-diciembre 2009 de la guerra y va de lo torvo, como el ocultamiento estadounidense de la muerte de civiles, a lo francamente ridículo, como el informe sobre un presunto complot del servicio de inteligencia de Pakistán (ISI, por sus siglas en inglés) para asesinar al presidente afgano Hamid Karzai envenenando su cerveza. Esta hemorragia informativa pinta el verdadero rostro de la guerra en Afganistán, los llamados “daños colaterales” –el eufemismo inventado en la guerra de Vietnam para disimular el asesinato de civiles– que los mandos invasores encubren, las matanzas indiscriminadas en las aldeas, el accionar de escuadrones de la muerte, los bombardeos de aviones sin tripulación manejados a control remoto desde una base estadounidense, la complicidad del ISI con los talibán, los estragos que el “fuego amigo” provoca en la policía y el ejército afganos y otros detallitos que los Pactos de Ginebra califican de crímenes de guerra. Pero quién se acuerda de eso en Afganistán. Asciende a 144 el número de incidentes que segaron la vida de simples ciudadanos en el período de referencia. Un par de días antes de la difusión de los documentos, un misil impactó en un caserío de la provincia de Helmand causando la muerte de 52 civiles (www.latimes.com, 26-7-2010). El servicio de inteligencia del ejército estadounidense registró “seis insurgentes muertos, incluido un comandante talibán”, pero el aldeano Abdul Ghaffar manifestó a la AP que había llevado siete niños heridos a un hospital de Kandahar. Marjan Agha, otro vecino, dijo que un grupo de pobladores fue al encuentro de las tropas alzando una bandera blanca y fueron recibidos a balazos con un saldo de dos víctimas. Uno de estos “errores”: 300 campesinos afganos pasaron a mejor vida en el valle de Baghni por un ataque aéreo que, según un comunicado de la base de Bagram, se produjo “después de tener por seguro que no había afganos inocentes en los alrededores”. A Seguro se lo llevaron preso, recuerda el dicho popular. Las Naciones Unidas asentaron la muerte de 2412 civiles en 2009, un aumento del 14 por ciento respecto del año anterior. Esa clase de contabilidad suele minimizar los guarismos por un lógico prurito de considerar solamente lo probado. Otro capítulo sombrío es el de las ejecuciones sin proceso que lleva a cabo el Grupo de Tareas 373 del ejército de EE.UU., la “unidad negra” de las fuerzas especiales. Sus efectivos se ocupan de capturar y sobre todo asesinar a dirigentes y activistas talibán considerados importantes, aunque hay en su haber más víctimas civiles, incluidos niños y mujeres –y hasta policías afganos– que insurgentes. Un ejemplo es el ataque que el 373 lanzó el 17 de junio de 2007 para liquidar al combatiente libio Abu Laith al Libi quien, según los datos de inteligencia, se escondía en Nangar Khel, poblado de la provincia de Patitka. Los del GT 373 utilizaron un arma nueva cargada con seis misiles y transportable en la parte trasera de una camioneta. No encontraron a Libi, pero al acercarse a la aldea, cumplido el ataque, encontraron en la madrasa o escuela religiosa del lugar a seis niños muertos y uno herido que falleció 20 minutos después. Un comunicado de prensa del comando ocupante alegó que las tropas “habían vigilado el sitio todo el día y no hallaron indicación alguna de que hubiera niños en el edificio”. Pero había. Preguntado si estimaba que el secreto de Estado es legítimo, Julian Assangem declaró a Der Spiegel que lo era tanto como el derecho a la apertura. “Desgraciadamente –aclaró–, los que cometen desmanes contra la humanidad o contra la ley abusan de la legitimidad del secreto para taparlos” (www.spiegel.com, 26-7-10). El inconveniente es que tres personas pueden guardar un secreto si dos de ellas están muertas, anotó Benjamin Franklin. Juan Gelman Tomado: Página 12

Sarkozy arremete contra la población gitana

El Gobierno francés desmantelará 150 campamentos en tres meses Después de los sin papeles, los alterglobalistas y los jóvenes de la Banlieue, el presidente francés Nicolas Sarkozy ha puesto su mirada en los gitanos. El líder conservador, confrontado a graves problemas a causa de su implicación en el caso Bettencourt de fraude fiscal, tráfico de influencias y financiación política irregular, prometió ayer redadas contra los gitanos de Francia. Tras una reunión de alto nivel en el Palacio del Elíseo, se anunció el desmantelamiento de campamentos y expulsiones expeditivas de familias enteras. La cita fue convocada con mucha prisa a raíz de la muerte de un joven gitano la semana pasada en Saint Aignan, en el centro de Francia, que provocó fuertes enfrentamientos entre esa comunidad y la policía. La ironía del momento que atraviesa el clan Sarkozy quiso que el encargado de anunciar las medidas adoptadas tras la reunión en la sede de la presidencia fuera el ministro de Interior, Brice Hortefeux, un hombre condenado por la Justicia el 4 de junio pasado por "injurias raciales" contra jóvenes árabes musulmanes, pese a lo cual sigue en el Gobierno de la República Francesa. Hortefeux, en salidas ante la prensa en medio de una reunión teatralizada al máximo, anunció básicamente dos medidas. Por un lado, dijo que la policía se propone desmantelar "en tres meses" la mitad de los campamentos de los gitanos itinerantes que, según cálculos que dijo poseer, existen en Francia. Se trataría de unos 150 poblados. Por otro lado, el ministro aseguró que a partir de ahora se expulsará de manera "casi inmediata" a los gitanos de origen búlgaro o rumano que sean acusados de haber cometido delitos. El argumento de Sarkozy es que "las leyes de la República se aplican al conjunto de las personas presentes en el territorio nacional, incluidas las poblaciones nómadas", según un comunicado. Nacionales y extranjeros La precisión entre gitanos nacionales franceses desmantelamiento de sus campamentos y gitanos extranjeros expulsables de inmediato era importante, después del patinazo revelador cometido el lunes por el portavoz del Gobierno, Luc Chatel quien afirmó que había delitos cometidos "incluso por gitanos franceses". Olvidaba así que la práctica totalidad de los gitanos residentes en este país son franceses desde hace dos siglos. Según las cifras disponibles, hay en Francia 400.000 gitanos. El 95% son franceses y un tercio son nómadas. Los romaníes de Rumanía y Bulgaria son una minoría y, ya en 2009, unos 10.000 gitanos habían sido expulsados. La izquierda, las asociaciones gitanas y las organizaciones de derechos civiles denuncian la "estigmatización" y la "amalgama" contra los gitanos desde el incidente en Saint-Aignan para acusar a esta comunidad. Ayer, varias asociaciones calificaron de "declaración de guerra" la iniciativa de Sarkozy. Las asociaciones de defensa de derechos civiles y de defensa de los Sin Papeles tenían ya preparados ayer sus dispositivos legales de defensa para proteger a la población que está en el punto de mira de los conservadores. Andrés Pérez Tomado: Público.es

Los justicieros del déficit

Caricatura: Falco Salir de los números en rojo es la nueva tendencia y los halcones del déficit se han lanzado con todo sobre el presupuesto de Estados Unidos. Esta semana, atacaron a los subsidios de desempleo. En última instancia, van tras el sistema de Seguridad Social y Medicare/Medicaid, los venerables programas de cobertura médica que en un momento fueron considerados intocables en la política estadounidense. Estos programas fueron reemplazados por un nuevo intocable: el presupuesto de defensa. Para realmente lidiar con el déficit anual y el aumento de la deuda nacional, entonces, vamos a tener que recortar el gasto militar. Necesitamos a los justicieros del déficit. En primer lugar, llamemos a las cosas por su nombre: estamos hablando del “presupuesto de guerra”. El gobierno creó el Departamento de Guerra en 1789, ministerio que recién en 1949 fue renombrado como Departamento de Defensa. El presupuesto de guerra que el Presidente Barack Obama acaba de enviar al Congreso para el año de ejercicio fiscal 2011 es de 548.900 millones de dólares, con 33 mil millones adicionales, que es el gasto suplementario de 2010 que está siendo actualmente debatido en el Congreso, y 159.300 millones más “para apoyar las actuales operaciones de contingencia en el extranjero, que incluyen fondos para ejecutar la nueva estrategia del Presidente en Afganistán y Pakistán”. Recuerden que “operaciones de contingencia en el extranjero” es el nuevo nombre que el gobierno de Obama le dio a la “guerra global contra el terrorismo”. Estas cifras incluyen solo el presupuesto para la guerra disponible al público. También hay un “presupuesto en negro” para operaciones clandestinas, mantenido en secreto, que el ex Director de Inteligencia Nacional Dennis Blair reveló es de alrededor 75.000 millones de dólares. Como denunció el Washington Post esta semana, el aparato de seguridad del Estado post 11 de septiembre ha crecido y se ha transformado en una “empresa” gigantesca, inmanejable y ampliamente privatizada. Más de 2.000 empresas con fines de lucro y más de 85.000 personas con acceso a información secreta están involucrados en actividades militares y de inteligencia, trabajando de manera directa para el gobierno de Estados Unidos, con muy poca o ningún tipo de supervisión. El congresista Alan Grayson, demócrata de Florida, presentó el proyecto de ley H.R. 5353, denominado “La guerra nos está empobreciendo”. Grayson, con algunos republicanos y un número de co-promotores progresistas demócratas, quiere obligar al Comandante en Jefe Obama a llevar a cabo sus dos guerras con “tan solo” los 548.900 millones de dólares del presupuesto base. Los 159.300 millones de dólares ahorrados serían usados para desarrollar un programa de exenciones impositivas, haciendo que los primeros 35.000 dólares de ingreso personal estén libres de impuestos, y que cualquier sobrante sea destinado al pago de la deuda nacional. El proyecto de ley tiene que ser debatido ahora por el comité correspondiente y podría generar verdadero apoyo de miembros de ambos partidos. Grayson, al momento de presentar el proyecto de ley, destacó un hecho que vale la pena repetir: el presupuesto de guerra de Estados Unidos es mayor que el gasto militar de todas las naciones de la Tierra, tomadas en conjunto. Mientras tanto, en la Conferencia Nacional por la Paz que se realizará en Albany, Nueva York, este fin de semana, la gente tendrá como blanco al presupuesto militar. Los estudiantes se están organizando en función de la vinculación entre el gasto destinado a la guerra y los recortes en el presupuesto educativo, generando protestas en las universidades de todo el país. Otra iniciativa, denominada “Traigan nuestros dólares aportados a la guerra de regreso al país”, promueve la acción a nivel de los gobiernos municipales y estatales, junto con campañas de base para presionar a los miembros del Congreso a detener el financiamiento para la guerra. El costo de la guerra de Irak fue estimado por el Premio Nobel de economía Joseph Stiglitz, junto con su colega Linda Bilmes, en 3 billones de dólares. En el cálculo se incluyen no solo los costos directos actuales, sino también el costo que significará para la sociedad asistir a los veteranos de guerra heridos, y los costos a largo plazo de tener tantas familias desestabilizadas por tener que cuidar a los seres queridos que fueron heridos, o por sufrir la pérdida del proveedor del sustento familiar, muerto en la guerra. Y eso solo en Irak. En mayo, el costo mensual de la guerra de Afganistán superó, por primera vez, el costo de la guerra en Irak. Stiglitz fue uno de los muchos economistas que dijeron que el paquete de estímulo económico de 787.000 millones de dólares–impulsado por el gobierno de Obama en 2009 para reactivar la economía- era demasiado pequeño. Sostiene que el gasto deficitario, si es gastado en forma inteligente, genera ganancias a largo plazo para una economía. En contraste, escribió recientemente: “Los déficit para financiar guerras o beneficiar al sector financiero...imponen una carga a las generaciones futuras”. El economista Dean Baker, del Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), dice que la Comisión de Déficit del Presidente Obama, formalmente la Comisión Nacional para la Responsabilidad y la Reforma Fiscales, es una de las principales causas de esta preocupación. Los co-presidentes de la comisión son el ex Senador republicano Alan Simpson y el demócrata Erskine Bowles, que forma parte del directorio de Morgan Stanley, una de las empresas rescatadas de Wall Street. Baker me dijo: “El Presidente Obama escogió a Alan Simpson, ex senador de Wyoming, que hizo su carrera en base a castigar a los ancianos – y cree que eso está bien. No sé si está desvariando o qué, pero habla de como los ancianos manejan sus Lexus en los barrios privados. Quizá sus amigos lo hacen. Pero tenemos la información, y muy pocos están en esa situación. Y luego el co-presidente demócrata Erskine Bowles, que es un hombre de Wall Street, gana 300.000 dólares al año como director de Morgan Stanley, una empresa que debería ser conocida por todos, porque hubiera quebrado sin el apoyo de los contribuyentes. Y él, de la nada, dijo 'Bueno, vamos a tener que recortar la Seguridad Social'. Entonces, las dos principales personas designadas por el Presidente Obama, sus co-presidentes, ambos dicen que quieren recortar la Seguridad Social. Esto debería preocupar mucho a la gente. No es una comisión equilibrada”. Recortar la Seguridad Social no es la solución, la solución es recortar el gasto de guerra y traer a los soldados de regreso. Esa es la tarea de los justicieros del déficit. Amy Goodman Tomado: Democracy Now en español

No podemos permitirnos el lujo de estar en guerra

Caricatura: Matson “El General Petraeus es un militar que está constantemente en guerra con los hechos”, así comenzaba un anuncio de 2007 de MoveOn.org en contra del General David Petraeus, luego de que entregara un informe al Congreso sobre la situación de la guerra en Irak. George W. Bush era entonces presidente, y MoveOn acusaba a Petraeus de 'maquillar' los estados contables de la guerra para la Casa Blanca. La campaña preguntaba “¿General Petraeus o General Traidor?” en un aviso de una página entera en el Washington Post. MoveOn recibió fuertes críticas por la campaña, pero se mantuvo firme en su posición. Tres años más tarde, con Barack Obama en la presidencia, Petraeus se convirtió en su hombre en Afganistán y MoveOn retiró el contenido crítico de su sitio web. ¿Por qué? Porque la primera guerra de Bush, la de Afganistán, se convirtió en la guerra de Obama, un atolladero. Estados Unidos tarde o temprano negociará su retirada de Afganistán. La única diferencia entre hacerlo ahora o más tarde será la cantidad de muertos de ambos lados, y la cantidad de dinero (prestado) que se gastará. La confirmación de Petraeus como comandante militar en Afganistán nunca estuvo en duda. Reemplaza al General Stanley McChrystal, que renunció poco después de que se hicieran públicas sus críticas al liderazgo civil de la guerra en un reciente artículo de la revista Rolling Stone. Las estadísticas de Afganistán, el Vietnam de Obama, están en aumento. En junio se registraron al menos 100 bajas estadounidenses, la cifra más alta de muertes desde la invasión en 2001. 2010 va en camino a ser el año con el mayor número de muertes estadounidenses. Soldados de otros países de la llamada “coalición” han padecido un destino similar. Petraeus se está convirtiendo en el comandante en Afganistán no solo de las fuerzas militares estadounidenses, sino de todas las fuerzas, ya que la invasión y ocupación de Afganistán están a cargo de la OTAN. Los soldados estadounidenses, que se prevé aumenten a 98.000 este año, son muchos más que los de otros países. El apoyo público y político a la guerra en muchos de esos países está en descenso. El periodista Michael Hastings, que escribió el artículo de la Rolling Stone, viajó a París para entrevistar a McChrystal. Lo que no captó tanta atención fue la descripción de Hastings de por qué McChrystal estaba ahí: “Se encuentra en Francia para vender su nueva estrategia de guerra a nuestros aliados de la OTAN –para mantener la ficción, en esencia, de que de verdad tenemos aliados. Desde que McChrystal asumió el mando hace un año, la guerra afgana se ha convertido en propiedad exclusiva de los Estados Unidos. La oposición a la guerra dentro de los países 'aliados' ya ha acabado con la coalición de gobierno en Holanda, forzó la dimisión del presidente alemán y provocó que tanto Canadá como los Países Bajos anunciaran la retirada de sus 4.500 tropas. McChrystal está en París para evitar que a los franceses, que han perdido más de 40 soldados en Afganistán, les tiemblen las piernas y comiencen a dudar”, escribió Hastings en su artículo publicado en la revista Rolling Stone. El sitio web WikiLeaks.org, que recibió atención internacional luego de publicar un video filtrado de un helicóptero de combate estadounidense que mostraba la matanza indiscriminada de civiles y de un camarógrafo de Reuters y su chofer en Bagdad, acaba de publicar un memorando confidencial de la CIA que detalla posibles estrategias de relaciones públicas para contrarrestar la disminución del apoyo público a la guerra afgana. El memorando de la CIA dice: “Si la política nacional obliga a los holandeses a retirarse, los políticos de otras partes podrían citarlos como un precedente para 'escuchar a los votantes'. Los líderes franceses y alemanes han tomado medidas en los últimos dos años para evitar un aumento de la oposición, pero su vulnerabilidad podría ser aún mayor ahora”. Acabo de regresar de Toronto, donde estuve haciendo la cobertura de la cumbre del G20 y de las protestas que tuvieron lugar durante esos días. Los líderes reunidos prometieron, entre otras cosas, reducir el déficit de los gobiernos en un 50 por ciento para 2013. En Estados Unidos, eso implica recortar 800.000 millones de dólares, o alrededor del 20 por ciento del presupuesto. Dos economistas ganadores del Premio Nobel expresaron graves pronósticos. Joseph Stiglitz dijo: “En muchos casos este tipo de medidas de austeridad han provocado...que se pasara de una recesión a una depresión”. Y Paul Krugman escribió: “¿Quién pagará el precio de este triunfo de la ortodoxia? La respuesta es: decenas de millones de trabajadores desempleados, muchos de los cuales se quedarán sin trabajo durante años, y algunos de los cuales jamás volverán a trabajar”. Para poder realizar los recortes prometidos, Obama tendría que aumentar impuestos y recortar los programas sociales como el de Seguridad Social y Medicare. O debería recortar el presupuesto destinado a la guerra. Digo 'presupuesto de guerra' porque no debe confundirse con el presupuesto de defensa. Las ciudades y estados de todo el país afrontan crisis presupuestarias devastadoras. Las jubilaciones están siendo eliminadas. Las ejecuciones hipotecarias continúan a niveles sin precedentes. Un verdadero presupuesto de defensa debería apuntalar a nuestras escuelas, nuestras calles, nuestras ciudades, nuestra red de seguridad. La Cámara de Representantes de Estados Unidos está presionada para aprobar esta semana un presupuesto complementario de 33.000 millones de dólares para la Guerra de Afganistán. No podemos permitirnos el lujo de estar en guerra. Amy Goodman Tomado: Democracy Now Traducción: Mercedes Camps

Una industria novísima y vigorosa

El lector sin duda recuerda la definición que el general Dwight Eisenhower aplicó al conjunto de industrias que engrosan con la producción de armamentos: lo llamó el complejo militar-industrial. Desde los atentados del 11/9 hizo su aparición y crece velozmente otro: el de las agencias oficiales y privadas que se dedican al espionaje interior. Su tarea consistiría en detectar los intentos de terrorismo en EE.UU. Una investigación de los periodistas Diana Priest y William M. Arkin revela que el número de estos organismos asciende por lo menos a 1271 del gobierno y 1931 compañías particulares y el de su personal, a 854.000 agentes que trabajan en programas establecidos en unos diez mil puntos del país. La investigación duró dos años y se publicó por entregas en The Washington Post (//projects.washingtonpost.com). El anuncio de la serie despertó cierto pánico en el Pentágono y la Casa Blanca. La oficina del director de Inteligencia nacional emitió un memo interno: “Se recuerda a los empleados que no deben confirmar ni negar la información aparecida en este medio o en cualquier otro. También deben recordar que si periodistas o personas no autorizadas los contactan para averiguar sobre su trabajo, deben informar del hecho al funcionario de seguridad que corresponda” (ww w.wired.com, 16710). Secretos son secretos. Este enorme aparato de espionaje requiere alojamiento. Desde el 11/9 se han construido y/o se construyen 33 sedes en Washington y sus alrededores. A unos siete kilómetros al sudeste de la Casa Blanca se erigirá la que el Departamento de Seguridad Interior compartirá con el cuerpo de guardacostas. El DSI, con sólo siete años de existencia, posee sus propios programas, su propia flotilla de vehículos blindados y un personal de 230.000 empleados. Pero los problemas no escasean. La Oficina de Seguridad Nacional intercepta y almacena cada día 1700 millones de emails, llamados telefónicos y otros tipos de comunicación captados mediante distintos equipos electrónicos. La repetición de los datos es inevitable y, sobre todo, ¿quién o quiénes podrían analizarlos y evaluarlos a tiempo? No el teniente general (R) John R. Vines, que alguna vez comandó 145.000 efectivos en Irak y a quien se le encargó el año pasado que revisara los métodos de detección del Ministerio de Defensa: “No conozco ningún organismo con la autoridad y la responsabilidad de coordinar todas estas actividades entre servicios y comerciales, o algún proceso en marcha con ese fin –declaró–. La complejidad de este sistema impide describirlo.” La conclusión del general: “No podemos determinar con certeza si nos procura más seguridad”. Eficaz o no, el volumen de negocios creado por la labor de seguridad aumenta a pasos agigantados. “El 20 por ciento de las organizaciones del gobierno que se dedican a enfrentar la amenaza terrorista se establecieron o remodelaron como consecuencia del 11/9 –señala la investigación de The Washington Post–. Muchas que existían antes de los ataques se desarrollaron en proporciones históricas en razón de que el Congreso y el gobierno Bush les otorgaron más dinero del que eran capaces de gastar con responsabilidad.” En efecto: el presupuesto de las actividades de Inteligencia que se anunció públicamente el año pasado asciende a 75 mil millones de dólares, 21 veces más que antes de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Esta infusión de dinero multiplicó el número de organismos y de agentes. Esta tendencia ya era clara en el sector privado. A mediados de la década, la inversión en aparatos y sistemas de seguridad superó las ganancias de una industrias tan sólida como el cine: 59 mil millones de dólares contra 40 mil respectivamente, según la oficina de investigación del Departamento de Seguridad Interior (//wyohomelandsecurity.sta te.wy.us, diciembre 2005). El punto de partida fueron los aeropuertos, pero hoy esta industria produce sistemas de detección de naturaleza química, biológica y radiológica, así como dispositivos de seguridad para fronteras, ferrocarriles, puertos y plantas nucleares. Las principales beneficiarias de este boom son, desde luego, las grandes empresas como Lokheed Martin, Ericsson, Boeing o Raytheon. La megacompañía Accenture proporciona tecnologías de seguridad en todo el mundo, pero su mejor cliente es el Departamento de Seguridad Interior. En el 2005 declaró un ingreso neto de 15,5 miles de millones de dólares. Antes del 11/9 no tenía empleado alguno que se empeñara en temas de seguridad. Ahora su personal es de 20 ejecutivos y 600 trabajadores. “Muchos organismos de Inteligencia y de seguridad hacen la misma tarea, originan redundancia y gasto”, señalan los periodistas del Post. Los analistas producen 50.000 informes cada año, imposibles de leer en una sola vida. El gran poeta inglés William Blake dijo que el camino el exceso conduce al Palacio de la Sabiduría. En materia de espionaje, a EE.UU. le sucede exactamente lo contrario. Juan Gelman Tomado: Página 12