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Organizaciones internacionales de derechos humanos están elaborando informes para presentar querellas contra Israel por crímenes contra la humanidad.
Desde el final de la operación ‘Plomo fundido’, que causó la muerte a más de 1.300 personas –de ellos, al menos, 500 niños–, varias organizaciones de derechos humanos, ONG y algunos Estados están recogiendo sobre el terreno testimonios, comprobando el uso de armas prohibidas y elaborando informes sobre los posibles crímenes contra la humanidad. Si se demuestra, como todo apunta, las querellas contra Israel no tardarán en multiplicarse.
El Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza de la Misión Diplomática Internacional Humanitaria RWANDA 1994 ya ha pedido responsabilidades. Sergio Tapia, fiscal y responsable de este Tribunal, ha emitido un comunicado en el que acusa a Israel de violar el artículo 6 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (crimen de genocidio) y el artículo 2 de la Convención de 1948 para la prevención y prohibición del genocidio.
Tapia prepara un informe y una sentencia que se depositará ante la Child Rights Information Network (CRIN)/ Save The Children de Londres. Por otro lado, la Campaña Mundial Multilingüe, que agrupa a más de 300 asociaciones, va a solicitar a la Corte Penal Internacional (CPI) que juzgue la actuación de Israel. Sin embargo, muchos países no han firmado el Estatuto de Roma que dio origen a la CPI, una iniciativa que nació en 1998 para juzgar crímenes contra la humanidad. Sólo 107 países lo han ratificado. Israel, EE UU, China o Rusia no están entre ellos. Otras campañas, como ‘Los Más Buscados’, colgada en internet por un activista israelí, piden que las denuncias sean presentadas en cada país y que una vez admitidas se emitan órdenes de busca y captura. Así se procedió contra el ex militar israelí Doron Almog después de una querella por crímenes contra la humanidad presentada en Londres por la organización Hikman Rose en 2005. El general había ordenado la destrucción de 50 viviendas en Rafah (Gaza), con el resultado de numerosos civiles muertos, entre ellos niños y una mujer embarazada. Esto impidió que pudiera bajar del avión en Gran Bretaña, avisado de que la Policía le esperaba.
En la Audiencia Nacional
El 29 de enero fue admitida en la Audiencia Nacional española una querella por crímenes contra la humanidad cometidos en Gaza. Los hechos se produjeron en 2002 cuando una bomba, dirigida a un miembro de Hamás, acabó con la vida de 14 civiles. La querella ha sido presentada por seis víctimas del ataque y coordinada por el Centro de Derechos Humanos de Palestina contra el ex ministro de Defensa Benjamín Ben- Eliezer y seis militares israelíes por un delito contra la humanidad. Antonio Segura, uno de los abogados que defienden la querella de 2008, aclara a DIAGONAL que “la única vía es denunciar en cada país. La CPI no podría abrir un procedimiento porque ni Israel ni la Autoridad Nacional Palestina son parte del Tratado de Roma”. Este abogado advierte que las denuncias tienen que estar bien estructuradas. Por ejemplo, no se puede hacer una querella genérica “en la que se diga que en Palestina se comete un genocidio, porque para demostrar un genocidio hay que tener pruebas. Y la prueba es que alguien, un dirigente de un Gobierno, diga: “Voy a matar a esas personas porque son palestinos”. Sin embargo, se han podido cometer crímenes de guerra sistemáticos, que uno tras otro podrían convertirse en un crimen contra la humanidad. El camino es articular querellas. Hay muy buena voluntad por parte de las organizaciones de derechos humanos, pero la buena voluntad no es suficiente”. Segura dice que se pueden presentar en España o en otros países que hayan firmado todos los protocolos adicionales en los que se comprometen a proteger a la población civil.
El derecho a la protección, Cuarta Convención de Ginebra, es uno de los principios básicos que esgrime el Centro Palestino de Derechos Humanos (CDHR). Su portavoz, Raji Sourani, defendió el 29 de enero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid que la población palestina tiene derecho a ser protegida: “Estamos ante una ocupación beligerante, que sigue cometiendo crímenes cuyo objetivo es el pueblo palestino. Los buenos son los palestinos muertos”.
Sourani también denunció la parálisis de la comunidad internacional, sobre todo de la UE, y fue contundente al criticar la visita de Ban Kimoon a Gaza: “Sólo se desplazó a los lugares de la ONU atacados, pero no vio a ninguna familia, a ningún herido”. Sourani adelantó que se están articulando querellas en Holanda, Suiza o Inglaterra, entre otros países. Mientras, Israel está tratando de blindar a todos los que han participado en la operación ‘Plomo fundido’.
De momento ya han mostrado su indignación a Miguel Ángel Moratinos por la admisión de la querella española. Ehud Olmert ha anunciado un proyecto de ley para ayudar a los miembros del Ejército que sean denunciados. Por su parte, Hillary Clinton, secretaria de Estado de EE UU, se ha limitado a afirmar: “Nosotros apoyamos el derecho de Israel a la autodefensa”.
María José E. Poves
Tomado: Periódico Diagonal
3 may 2009
Objetivo: sentar a Israel en el banquillo
Organizaciones internacionales de derechos humanos están elaborando informes para presentar querellas contra Israel por crímenes contra la humanidad.
Desde el final de la operación ‘Plomo fundido’, que causó la muerte a más de 1.300 personas –de ellos, al menos, 500 niños–, varias organizaciones de derechos humanos, ONG y algunos Estados están recogiendo sobre el terreno testimonios, comprobando el uso de armas prohibidas y elaborando informes sobre los posibles crímenes contra la humanidad. Si se demuestra, como todo apunta, las querellas contra Israel no tardarán en multiplicarse.
El Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza de la Misión Diplomática Internacional Humanitaria RWANDA 1994 ya ha pedido responsabilidades. Sergio Tapia, fiscal y responsable de este Tribunal, ha emitido un comunicado en el que acusa a Israel de violar el artículo 6 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (crimen de genocidio) y el artículo 2 de la Convención de 1948 para la prevención y prohibición del genocidio.
Tapia prepara un informe y una sentencia que se depositará ante la Child Rights Information Network (CRIN)/ Save The Children de Londres. Por otro lado, la Campaña Mundial Multilingüe, que agrupa a más de 300 asociaciones, va a solicitar a la Corte Penal Internacional (CPI) que juzgue la actuación de Israel. Sin embargo, muchos países no han firmado el Estatuto de Roma que dio origen a la CPI, una iniciativa que nació en 1998 para juzgar crímenes contra la humanidad. Sólo 107 países lo han ratificado. Israel, EE UU, China o Rusia no están entre ellos. Otras campañas, como ‘Los Más Buscados’, colgada en internet por un activista israelí, piden que las denuncias sean presentadas en cada país y que una vez admitidas se emitan órdenes de busca y captura. Así se procedió contra el ex militar israelí Doron Almog después de una querella por crímenes contra la humanidad presentada en Londres por la organización Hikman Rose en 2005. El general había ordenado la destrucción de 50 viviendas en Rafah (Gaza), con el resultado de numerosos civiles muertos, entre ellos niños y una mujer embarazada. Esto impidió que pudiera bajar del avión en Gran Bretaña, avisado de que la Policía le esperaba.
En la Audiencia Nacional
El 29 de enero fue admitida en la Audiencia Nacional española una querella por crímenes contra la humanidad cometidos en Gaza. Los hechos se produjeron en 2002 cuando una bomba, dirigida a un miembro de Hamás, acabó con la vida de 14 civiles. La querella ha sido presentada por seis víctimas del ataque y coordinada por el Centro de Derechos Humanos de Palestina contra el ex ministro de Defensa Benjamín Ben- Eliezer y seis militares israelíes por un delito contra la humanidad. Antonio Segura, uno de los abogados que defienden la querella de 2008, aclara a DIAGONAL que “la única vía es denunciar en cada país. La CPI no podría abrir un procedimiento porque ni Israel ni la Autoridad Nacional Palestina son parte del Tratado de Roma”. Este abogado advierte que las denuncias tienen que estar bien estructuradas. Por ejemplo, no se puede hacer una querella genérica “en la que se diga que en Palestina se comete un genocidio, porque para demostrar un genocidio hay que tener pruebas. Y la prueba es que alguien, un dirigente de un Gobierno, diga: “Voy a matar a esas personas porque son palestinos”. Sin embargo, se han podido cometer crímenes de guerra sistemáticos, que uno tras otro podrían convertirse en un crimen contra la humanidad. El camino es articular querellas. Hay muy buena voluntad por parte de las organizaciones de derechos humanos, pero la buena voluntad no es suficiente”. Segura dice que se pueden presentar en España o en otros países que hayan firmado todos los protocolos adicionales en los que se comprometen a proteger a la población civil.
El derecho a la protección, Cuarta Convención de Ginebra, es uno de los principios básicos que esgrime el Centro Palestino de Derechos Humanos (CDHR). Su portavoz, Raji Sourani, defendió el 29 de enero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid que la población palestina tiene derecho a ser protegida: “Estamos ante una ocupación beligerante, que sigue cometiendo crímenes cuyo objetivo es el pueblo palestino. Los buenos son los palestinos muertos”.
Sourani también denunció la parálisis de la comunidad internacional, sobre todo de la UE, y fue contundente al criticar la visita de Ban Kimoon a Gaza: “Sólo se desplazó a los lugares de la ONU atacados, pero no vio a ninguna familia, a ningún herido”. Sourani adelantó que se están articulando querellas en Holanda, Suiza o Inglaterra, entre otros países. Mientras, Israel está tratando de blindar a todos los que han participado en la operación ‘Plomo fundido’.
De momento ya han mostrado su indignación a Miguel Ángel Moratinos por la admisión de la querella española. Ehud Olmert ha anunciado un proyecto de ley para ayudar a los miembros del Ejército que sean denunciados. Por su parte, Hillary Clinton, secretaria de Estado de EE UU, se ha limitado a afirmar: “Nosotros apoyamos el derecho de Israel a la autodefensa”.
María José E. Poves
Tomado: Periódico Diagonal
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