Imagen: Mario Toral
Organizaciones políticas, sociales y de defensa de los derechos humanos marcaron hoy un hito en su batallar contra la Ley de Caducidad al sumar más de 250 mil uruguayos a la campaña por someterla a plebiscito.
“Superamos el mínimo de firmas señalado por la Constitución, pero no cederemos hasta tener 300 mil a fin de asegurarnos un margen ante eventuales impugnaciones”, dijo el dirigente sindical Carlos Coitiño, miembro de la Coordinadora que promueve la iniciativa.
Para solicitar un referendo sobre la normativa, la entidad debe presentar ante el Poder Legislativo un número de rúbricas equivalente al 10 por ciento del padrón electoral antes del próximo 25 de abril.
De lograrse esa cifra, la Corte Electoral debe convocar a los uruguayos a pronunciarse sobre la conveniencia o no de anular la también llamada Ley de Impunidad junto con las elecciones nacionales del 25 de octubre.
Una reciente encuesta reveló que más de la mitad de los ciudadanos con derecho al voto es partidaria de plebiscitar la ley.
Pero al margen de lo que a ese respecto se decida en los comicios de octubre, los uruguayos habrán honrado su decisión de remover la impunidad de la vida nacional, como parte de una cultura integral de derechos humanos.
La campaña se inició el 4 de septiembre del 2004 en el teatro El Galpón, una institución hondamente ligada a la rebeldía nacional y la defensa de los derechos humanos.
Solo ese día firmaron más de mil personas, entre ellas el escritor Eduardo Galeano y decenas de artistas, intelectuales, deportistas y personalidades de la vida nacional. También, Macarena Gelman, hija de desaparecidos y cuyo abuelo, el intelectual argentino Juan Gelman, solo pudo hallarla cuando tenía 23 años.
De hecho, la batalla por enjuiciar a militares y policías que cometieron violaciones de los derechos humanos en tiempos de la dictadura comenzó en cuanto estos entregaron el poder en 1985, después de detentarlo durante 12 años.
En diciembre de 1986, pese a los reclamos populares, el Parlamento aprobó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, con los votos de legisladores de los partidos Colorado y Nacional o Blanco, y la oposición del Frente Amplio, ahora en el gobierno.
Amenazas más o menos encubiertas de los militares llevaron a los partidos tradicionales a sancionar la ley, que tres años más tarde sería ratificada mediante un referendo también condicionado por el chantaje castrense.
Sucesivos y alternos gobiernos de blancos y colorados no dieron curso a denuncias penales sobre el destino de unos 200 desaparecidos, pese a que la normativa al menos permite procesar a militares responsables de crímenes en otros países o cometidos en contubernio con civiles.
En el 2005, tras la llegada al poder del Frente Amplio, el presidente Tabaré Vázquez no derogó la ley, pero habilitó a la justicia a procesar a un grupo de militares y civiles acusados de diversas violaciones de los derechos humanos.
Entre los que en distintos momentos han sido enviados a prisión por ese motivo figuran los ex dictadores Gregorio Álvarez y Juan María Bordaberry, así como el canciller de este último, Juan Carlos Blanco. En noviembre de 2006, conscientes de que aún quedan muchos culpables sueltos, varias organizaciones constituyeron la Coordinadora Nacional por la anulación de la Ley de Caducidad. Poco después comenzaron a gestar la campaña de recolección de firmas para plebiscitarla.
Entre esas organizaciones figuran el PIT-CNT (la central obrera uruguaya), Servicio de Paz y Justicia, Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Asociación de Ex Presos Políticos, la Federación de Estudiantes Universitarios y la de Cooperativas de Viviendas.
También, los partidos por la Victoria del Pueblo, por la Seguridad Social, Comunista, el Movimiento de Participación Popular, Corriente de Izquierda, 26 de Marzo, Nuevo Espacio, Claveles Rojos y el Frente de Izquierda de Liberación.
A ellas, y a decenas de miles de ciudadanos con o sin filiación política, pero amantes de la verdad y la justicia, se debe que hoy la patria de Artigas haya pasado otra página para algún día cerrar por siempre el libro negro sobre aquellos funestos años de la historia uruguaya.
Alberto Salazar Gutierrez
Tomado de Prensa Latina
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