Venezuela y Cuba como munición

Dos asuntos han protagonizado la actualidad informativa y el debate político durante los últimos días: la muerte de un preso cubano en huelga de hambre y el auto de un juez de la Audiencia Nacional implicando al Gobierno venezolano con el terrorismo. Es evidente que se trata de temas claramente alejados de la vida cotidiana de los españoles y que cualquier criterio mínimamente serio de valoración de la actualidad los ubicaría en segundo plano. Hemos comprobado cómo estas dos noticias han desplazado de la actualidad no solamente el debate sobre la crisis económica, sino también a terremotos con cientos de muertos en Haití y Chile. Mientras aquí todo giraba en torno al deceso cubano y la acusación contra Chávez, en Colombia se descubrió la mayor fosa clandestina de la historia latinoamericana (2.000 cadáveres) y los paramilitares admitieron haber asesinado a 30.000 personas, cifra que la fiscalía estimó en al menos 120.000. En México, las decapitaciones y matanzas de jóvenes por el crimen organizado están a la orden del día y en Honduras el goteo de líderes sociales asesinados no cesa: ya van por más de un centenar desde el golpe de Estado. Igualmente las masacres de civiles en Afganistán e Irak no despiertan comentario alguno en los debates políticos. Como señalaba José Steinsleger en el diario mexicano La Jornada, “de las tragedias acontecidas en el primer bimestre del año en curso, ninguna más ruidosa que la muerte por inanición voluntaria del ciudadano cubano Orlando Zapata Tamayo, preso político, de conciencia, disidente, opositor, delincuente común”. El analista francés Salim Lamrani se permitía recordar que, en Francia, entre el 1 de enero y el 24 de febrero de 2010, hubo 22 suicidios en prisión, entre ellos el de un adolescente de 16 años. Un dato al que nadie ha dado la más mínima importancia. El caso de la acusación del juez Eloy Velasco contra Remedios García Albert y el Gobierno de Venezuela es un claro ejemplo de prostitución de la instrucción judicial con alevosía mediática con fines de agresión política. Un auto que por ley debería ser secreto se filtra a los medios para presentar a una ciudadana como cómplice de ETA y miembro de las FARC, ambas cuestiones discutibles si seguimos defendiendo el principio de la presunción de inocencia. Como ha recordado su abogado, siete meses después del procedimiento no ha sido citada judicialmente y en las fechas en que juez y prensa afirman que se encontraba nada menos que organizando un curso de explosivos de ETA a las FARC en la selva colombiana, veraneaba en la costa española. En realidad, Remedios García sólo es un daño colateral en los ataques contra el Gobierno venezolano, pero el atropello es sólo una muestra de la vileza y miseria que domina la agenda informativa y el debate político español. En cuanto a la implicación del Gobierno venezolano, según el auto judicial, se fundamenta –es un decir– en declaraciones de testigos sin identificar, pero no se concreta exactamente qué es lo que dijeron, y en un ciudadano vasco que reside en Venezuela, cuya relación con el Gobierno de ese país se establece porque está casado con una ciudadana venezolana que es funcionaria pública. Todo ello sin olvidar que el juez que firma y, al parecer, filtra autos en los medios de comunicación, durante ocho años estuvo al servicio del Partido Popular de la Generalitat Valenciana como director general de Justicia. Si los asuntos que golpean a los gobiernos de Cuba y Venezuela han logrado este protagonismo en la agenda informativa y política de nuestro país es porque se han dado dos circunstancias curiosas. Por un lado, su uso por parte de políticos y líderes de opinión de la derecha (y ultraderecha) para embestir contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero y, por otro, una implicación ya habitual de los medios en todo suceso que pueda servir para desprestigiar a los gobiernos venezolano, cubano y cualquier otro latinoamericano que muestre independencia y soberanía frente a las políticas neoliberales. La presión es tanta que cualquiera que no se sume a la indignación por la muerte voluntaria de un preso que los servicios médicos del Estado cubano hicieron todo lo posible por evitar o a la ola de criminalización de todo a lo que se le cuelgue la etiqueta de terrorista, se convierte en enemigo público y cómplice de dictaduras y terrorismos. Basta observar el linchamiento al que se ha sometido al actor Willy Toledo sólo porque, tras expresar su dolor y condena por la muerte de Orlando Zapata, entre la versión mediática de que el huelguista era un preso político y la versión del Gobierno cubano de que se trataba de un delincuente común, optó por la segunda. Lo preocupante de todo ello es que se desarrolla en una dinámica judicial que en Madrid procesa a los jueces que investigan los crímenes del franquismo en un país donde los asesinos de la dictadura dan nombre a las vías públicas. Y, mientras tanto, en la Comunidad Valenciana se archiva la causa contra Francisco Camps obviando informes de la Fiscalía Anticorrupción y de la policía y se abren diligencias penales contra una diputada de Izquierda Unida que difunde unas pegatinas pidiendo prisión para Carlos Fabra, el presidente de la Diputación de Castellón cuyos procesos por tráfico de influencias y delito fiscal llevan siete años y nueve jueces paseando por los tribunales. La conclusión no puede ser más preocupante, asistimos al acoso y sitio de medios de comunicación y sectores de la judicatura a gobiernos y ciudadanos que no forman parte de su ideario, mientras la impunidad se instala para otros. Para ello arrollan presunciones de inocencia en acusados de terrorismo, criterios de rigor periodístico y principios de relaciones respetuosas con países amigos. No podemos permitir que este funcionamiento continúe para conseguir munición en la reyerta política española. Pascual Serrano Pascual Serrano es periodista. Su último libro es ‘Desinformación’ Tomado de Público

¿Querrá IKEA ver la luz?

En las 267 tiendas de la multinacional IKEA en 26 paises el negocio marcha de perlas: el volumen de ventas es de más de 21.500 millones de euros. Su éxito comercial se basa en un estricto cálculo de los costes y precios. Además de muebles, IKEA vende accesorios como velas. Entre los principales ingredientes de las velas de IKEA se encuentran junto a la parafina, sobre todo cera y estearina: esto significa aceite de palma, que actualmente cuesta unos 250 euros menos por tonelada que la parafina. Asi se pueden ofrecer las velas a precios bajisimos. IKEA utiliza para la fabricación de las velas unos 32.000 toneladas de aceite de palma por año, más unas 8.000 toneladas adicionales para otros productos. La mayor parte del aceite de palma tiene su origen en Malasia e Indonesia. IKEA es consciente de este problema ya que ante la consulta de Rettet den Regenwald (Salva la Selva en Alemania) admitó que no se puede garantizar la sostenibilidad del aceite de palma. Lamentablemente IKEA (aún) no toma la decisión de actuar en consecuencia excluyendo el aceite de palma como materia prima. IKEA se justifica con su pertenencia a la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sustentable (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO). Pero RSPO es un «lavado verde» que no garantiza ni la protección del medio ambiente ni estándares sociales. Esto ha sido repetidamente denunciado por Salva la Selva y por mucha otras organizaciones sociales y ambientales. Ver: Agroindustria pretende “maquillar” de verde el negocio de la palma aceitera y Las plantaciones de palma aceitera no serán nunca sostenibles. Con la posición que ocupa IKEA en el mercado, le sería posible establecer un precedente si se decidiera en contra del uso de la palma de aceite. No hay ningún motivo para aferrarse a la palma de aceite. Pero hasta ahora parece que en la empresa no existe auténtica conciencia sobre este problema. El tener conocimiento de los impactos que tiene la utilización de aceite de palma en los países de origen de esta materia prima no ha provocado una reacción por su parte. Y esto a pesar de que en la página de inicio de la web de IKEA España puede leerse «En IKEA nos esforzamos en mantener nuestros precios lo más bajos posible para que sean accesibles a la mayoría de las personas. Aunque no a cualquier precio. El proceso de diseño en IKEA tiene como objetivo crear un impacto mínimo en el medio ambiente [...]». ConsumeHastaMorir Tomado de Rebelión

El camino al Apocalipsis

La demencial ofensiva por la hegemonía de EE.UU. amenaza la vida en la tierra El Washington Times es un periódico que mira con benevolencia las guerras de agresión en Oriente Próximo de Bush/Cheney/Obama y los neoconservadores y está a favor de que sean los terroristas los que paguen por el 11-S. Por ello, me sorprendió el 24 de febrero que la historia más popular en el sitio en el Internet del periódico durante los últimos tres días haya sido el informe “Explosive News” de “Inside the Beltway” [Dentro de Washington DC], sobre las 31 conferencias de prensa en ciudades en EE.UU. y en el extranjero realizadas el 19 de febrero por Arquitectos e Ingenieros por la Verdad sobre el 11-S, una organización de profesionales que ahora tiene más de 1.000 miembros. Más aún me sorprendió que la información tratara seriamente las conferencias de prensa. ¿Cómo se desintegraron repentinamente en polvo fino tres rascacielos del World Trade Center (WTC)? ¿Cómo fallaron repentinamente macizas vigas de acero como resultado de incendios breves, aislados y de baja temperatura? Mil arquitectos e ingenieros quieren saberlo y llaman al Congreso a que ordene una nueva investigación sobre la destrucción de las Torres Gemelas y del Edificio 8,” informa el Washington Times. El periódico informa de que los arquitectos e ingenieros han concluido que la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA) y el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés), suministraron “informes insuficientes, contradictorios y fraudulentos sobre las circunstancias de la destrucción de las torres” y “llaman a una investigación de gran jurado de los funcionarios del NIST.” El periódico informa de que Richard Gage, el portavoz de los arquitectos e ingenieros dijo que: “Los funcionarios gubernamentales serán notificados de que el “Encubrimiento de la traición”, Código 18 de EE.UU. (Sección 2382) es un serio delito federal, que requiere que los que tienen evidencia de traición actúen como corresponda. Las implicaciones son enormes y podrían tener profundo impacto en el próximo juicio de Khalid Sheik Mohamed.” Existe ahora una organización, Bomberos por la Verdad sobre el 11-S. En la principal conferencia de prensa en San Francisco Eric Lawyer, jefe de la organización, anunció el apoyo de los bomberos a las exigencias de los arquitectos e ingenieros. Informó de que no se realizó una investigación forense de los incendios que supuestamente destruyeron los tres edificios y que el que no haya tenido lugar constituye un crimen. No se siguieron los procedimientos especificados, y en lugar de preservar e investigar, la escena del crimen fue destruida. También informó de que existen más de cien miembros de los organismos de emergencia que oyeron y vieron explosiones y que existe evidencia de explosiones en transmisiones de radio, audio y vídeo. El físico Steven Jones también presentó en la conferencia de prensa la evidencia de nano-termita en los residuos de los edificios del WTC, hallada por un panel internacional de científicos dirigidos por el nano-químico de la Universidad de Copenhague, profesor Niels Harrit. Nano-termita es un explosivo/pirotécnico de alta tecnología capaz de fundir instantáneamente vigas de acero. Antes de que gritemos “teoría conspirativa” deberíamos saber que los arquitectos, ingenieros, bomberos y científicos no presentan ninguna teoría. Suministran evidencia que disputa la teoría oficial. Esa evidencia no va a desaparecer. Si el hecho de que exprese dudas o reservas sobre la historia oficial en el Informe de la Comisión del 11-S convierte a una persona en un chiflado por las teorías conspirativas, tenemos que incluir a ambos copresidentes de la Comisión del 11-S y al asesor legal de la Comisión, todos los cuales han escrito libros en los que declaran claramente que funcionarios del gobierno les mintieron cuando realizaron su investigación, o, más bien, cuando presidieron la investigación realizada por el director ejecutivo Philip Zelikow, miembro del equipo de transición del presidente George W. Bush y del Consejo Consultor de Inteligencia Exterior y coautor de la secretaria de Estado de Bush Condi Rice. Siempre habrá estadounidenses que crean cualquier cosa que les diga el gobierno, sin importar que sepan que el gobierno les ha mentido en numerosas ocasiones. A pesar de costosas guerras que amenazan la Seguridad Social y Medicare, guerras basadas en armas iraquíes de destrucción masiva inexistentes, en conexiones no existentes de Sadam Hussein con al-Qaida, en una participación afgana inexistente en los ataques del 11-S, y en las bombas atómicas iraníes inexistentes que son exageradas como motivo para la próxima guerra de agresión de EE.UU. en Oriente Próximo, más de la mitad de la población estadounidense sigue creyendo la historia fantástica que el gobierno les ha contado sobre el 11-S: una conspiración musulmana que fue más lista que todo el mundo occidental. Además, a esos estadounidenses no les importa la frecuencia con la que el gobierno cambia su versión. Por ejemplo, los estadounidenses oyeron hablar por primera vez de Osama bin Laden porque el régimen de Bush lo culpó de los ataques del 11-S. Con el pasar de los años se presentó al crédulo público estadounidenses vídeo tras vídeo con declaraciones de bin Laden. Los expertos descartaron los vídeos como falsificaciones, pero los estadounidenses siguieron siendo tan crédulos como siempre. Luego, repentinamente el año pasado, un nuevo “cerebro” del 11-S apareció para tomar el sitio de bin Laden, el cautivo Khalid Sheik Mohamed, el detenido sometido 183 veces a la tortura de asfixia simulada con agua hasta que confesó haber planeado y organizado el ataque del 11-S. En la Edad Media las confesiones obtenidas mediante la tortura constituían evidencia, pero la autoincriminación ha sido rechazada en el sistema legal de EE.UU. desde su fundación. Con el régimen de Bush y los jueces federales republicanos, quienes habían prometido que defenderían la Constitución de EE.UU., la autoincriminación de Sheik Mohamed representa actualmente la única evidencia que posee el gobierno de ese país de que los terroristas musulmanes llevaron a cabo el 11-S. Al considerar las proezas atribuidas a Khalid Sheik Mohamed se ve que son simplemente increíbles. Sheik Mohamed es un superhéroe brillante y más capaz que ‘V’ en la película fantástica, “V de venganza.” Sheik Mohamed fue más listo que todas las 16 agencias de inteligencia de EE.UU. junto con aquéllas de todos los aliados o títeres de ese país, incluido el Mosad de Israel. Ningún servicio de inteligencia del mundo, o todos ellos combinados, pudo compararse con Sheik Mohamed. Sheik Mohamed fue más listo que el Consejo Nacional de Seguridad de EE.UU., Dick Cheney, el Pentágono, el Departamento de Estado, NORAD, la Fuerza Aérea de EE.UU., y el Control de Tráfico Aéreo. Llevó la Seguridad de Aeropuertos a fracasar cuatro veces en una sola mañana. Llevó al fracaso de las defensas aéreas con tecnología de vanguardia del Pentágono, permitiendo que un avión comercial secuestrado, que estuvo desviado de su rumbo toda la mañana, se estrellara contra el Pentágono, mientras la Fuerza Aérea de EE.UU., por primera vez en la historia, fue incapaz de enviar aviones de intercepción. Sheik Mohamed fue capaz de realizar esas proezas con pilotos no calificados. Sheik Mohamed, incluso como detenido torturado, logró impedir que el FBI diera a conocer los numerosos vídeos confiscados que mostraban, según la versión oficial, al avión secuestrado estrellándose contra el Pentágono. ¿Cuán ingenuo hay que ser para creer que algún ser humano, o si se quiere un personaje de fantasía de Hollywood, sea tan poderoso y capaz? Si Sheik Mohamed tiene esas capacidades sobrehumanas, ¿cómo lo capturaron los incompetentes estadounidenses? Este sujeto es un chivo expiatorio torturado para que confiese a fin de conseguir que los ingenuos estadounidenses crean la teoría conspirativa del gobierno. Lo que pasa es que el gobierno de EE.UU. tiene que terminar con el misterio del 11-S. El gobierno tiene que juzgar y condenar a un culpable para poder cerrar el caso antes que estalle. Cualquiera, torturado 183 veces, confesaría cualquier cosa. El gobierno de EE.UU. ha reaccionado ante la evidencia que se acumula contra su descabellada teoría conspirativa del 11-S mediante la redefinición de la guerra contra el terror de enemigos externos a internos. La secretaria de seguridad interior, Janet Napolitano, dijo el 21 de febrero, que extremistas estadounidenses constituyen ahora una preocupación tan grande como los terroristas internacionales. Extremistas, claro está, son los que interfieren en los planes del gobierno, como los 1.000 Arquitectos e Ingenieros por la Verdad sobre el 11-S. El grupo lo formaban 100, ahora son 1.000. ¿Y si llegan a ser 10.000? Cass Sunstein, funcionario del régimen de Obama, tiene una solución para los escépticos respecto al 11-S: Infiltrarlos y provocarlos para que hagan declaraciones y acciones que puedan ser utilizadas para desacreditarlos o arrestarlos. Pero librarse de ellos a toda costa. ¿Por qué emplear medidas tan extremas contra presuntos chiflados si sólo producen entretenimiento y risas? ¿Está preocupado el gobierno por que hayan encontrado algo? En lugar de proponer semejantes medidas, ¿por qué no enfrenta simplemente el gobierno de EE.UU. la evidencia presentada y responde a ella? Si los arquitectos, ingenieros, bomberos, y científicos son sólo chiflados, será algo simple reconocer su evidencia y refutarla. ¿Por qué es necesario infiltrarlos con agentes de la policía y tenderles trampas? Muchos estadounidenses responderían que “su” gobierno no soñaría con matar estadounidenses secuestrando aviones y destruyendo edificios para promover sus planes. Pero el 3 de febrero, el director nacional de inteligencia Dennis Blair dijo al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que el gobierno de EE.UU. puede asesinar a sus propios ciudadanos cuando están en el extranjero. No precisa de arresto, juicio o condena por un crimen castigado con la pena capital. Es simplemente un asesinato. Obviamente, si el gobierno de EE.UU. puede asesinar a sus ciudadanos en el extranjero también puede asesinarlos en el país, y lo ha hecho. Por ejemplo, 100 davidianos fueron asesinados en Waco, Texas, por el gobierno de Clinton sin una razón legítima. El gobierno simplemente decidió utilizar su poder a sabiendas de que podía salirse con la suya, y así lo hizo. Los estadounidenses que piensan que “su” gobierno es una especie de operación moralmente pura harían bien en familiarizarse con la Operación Northwoods. La Operación Northwoods fue un complot urdido por el Estado Mayor Conjunto de EE.UU. para que la CIA cometiera actos de terrorismo en ciudades estadounidenses y preparara evidencia culpando a Castro para que EE.UU. pudiera conseguir apoyo interno e internacional para un cambio de régimen en Cuba. El plan secreto fue rechazado por el presidente John F. Kennedy y fue desclasificado por el John F. Kennedy Assassination Records Review Board. Se encuentra en línea en el Archivo de Seguridad Nacional. Existen numerosos informes en línea, incluyendo Wikipedia. El libro de James Bamford “Body of Secrets,” también resume el complot: “La Operación Northwoods, que tenía la aprobación escrita del jefe (general Lemnitzer) y de cada uno de los miembros del Estado Mayor Conjunto, requería que se matara a tiros a gente inocente en las calles de EE.UU.; que se hundiera en alta mar botes con refugiados que huían de Cuba; que se lanzara una ola de terrorismo violento en Washington, D.C., Miami, y otros sitios; que se acusara a gente de atentados que no habían cometido; que se secuestrara aviones. Utilizando evidencia falsa, se acusaría de todo a Castro, dando así a Lemnitzer y su conciliábulo la excusa, así como el respaldo público e internacional, que necesitaban para lanzar su guerra.” Antes del 11-S los neoconservadores estadounidenses fueron explícitos en que las guerras de agresión que querían lanzar en Oriente Próximo necesitaban “un nuevo Pearl Harbor.” Por su propio bien y el del mundo en general, los estadounidenses tienen que prestar atención al creciente grupo de expertos que les dicen que la versión del 11-S del gobierno no pasa su investigación. El 11-S lanzó el plan neoconservador para la hegemonía mundial de EE.UU. Mientras escribo estas líneas el gobierno de EE.UU. está comprando el acuerdo de gobiernos extranjeros fronterizos con Rusia para que acepten bases de intercepción de misiles estadounidenses. EE.UU. quiere cercar a Rusia con sus bases de misiles desde Polonia pasando por Europa central y Kosovo hasta Georgia, Azerbaiyán y Asia Central. [Vea www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17709] El enviado de EE.UU., Richard Holbrooke declaró el 20 de febrero que al-Qaida está penetrando antiguas partes constituyentes centroasiáticas de la Unión Soviética, como Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Kazajstán. Holbrooke está solicitando bases en esas antiguas repúblicas soviéticas bajo capa de la “guerra contra el terror” en permanente expansión. EE.UU. ya ha rodeado Irán con bases militares. El gobierno de EE.UU. se propone neutralizar a China apoderándose de Oriente Próximo y cortándole el acceso al petróleo. Este plan presupone que Rusia y China, Estados con armas nucleares, serán intimidados por las defensas anti-misiles de EE.UU. y aceptarán su hegemonía y que a China le faltará petróleo para sus industrias y sus fuerzas armadas. El gobierno de EE.UU. delira. Los dirigentes militares y políticas de Rusia han respondido a la obvia amenaza declarando que la OTAN constituye una amenaza directa para la seguridad de Rusia y anunciando un cambio en la doctrina de guerra rusa hacia el lanzamiento preventivo de armas nucleares. Los chinos son demasiado seguros de sí mismos como para ser intimidados por una “superpotencia” estadounidense acabada. Los imbéciles en Washington van lejos con la idea de la guerra nuclear. El impulso demencial por la hegemonía estadounidense amenaza la vida en la tierra. El pueblo estadounidense, al aceptar las mentiras y engaños de “su” gobierno, facilita ese resultado. Paul Craig Roberts Global Research Tomado de Rebelión

Perlas informativas del mes de febrero 2010

Que hagan su trabajo Resultó patética la petición del presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, a la banca comercial: “Que hagan su trabajo para financiar la economía real, de tal forma que permita la recuperación” (Público, 29-1-2010). ¿Y qué le hace pensar que los bancos consideran que su trabajo es ese? ¿No será que piensan que su trabajo es sencillamente hacerse ricos? Asesinado y muertos El 2 de febrero el informativo de TVE recogía la muerte de un soldado español de origen colombiano y tres insurgentes en Afganistán. Según señalaban, el primero fue "asesinado" y los otros tres fueron "muertos". Otro ejemplo del doble rasero con el que se informa de las guerras. Escenario de hecatombe Según leo en Público el 5 de febrero, el director de cine John Hillcoat decidió que no quería recurrir a efectos especiales de ordenador para ambientar el escenario de una hecatombe que arrasa un país y buscó un paisaje real que se le pareciera lo más posible. Para ello, según afirmó, buscó “lugares de EEUU azotados por las catástrofes naturales o por la mano del hombre” y las “imágenes más desoladoras” las fue a encontrar en “los alrededores de Pittsburgh (Pennsilvania), una zona que se deterioró tras la reconversión industrial y la crisis de la industria siderúrgica de los años setenta”. De modo que esta experiencia nos ha demostrado lo que muchos ya suponíamos, que las reconversiones industriales del capitalismo son más destructivas que cualquier catástrofe natural. Cerrar dos veces ¿Puede un gobierno cerrar dos veces un canal de televisión sin que medie entre ambos cierres una apertura? Para el corresponsal de La Vanguardia en Caracas sí. Se refiere el 7 de febrero a “Radio Caracas Televisión, el canal que fue cerrado por Chávez en 2007 y que volvió a ser clausurado hace dos semanas (emitía con gran éxito por cable)”. Promover el odio El diario colombiano El Tiempo entrevista el 8 de febrero a la venezolana Dalita Navarro, esposa del ex presidente Belisario Betancur. La entrevistada acusa a Chávez de crear “una polarización que utiliza para sostenerse como 'caudillo', promoviendo el odio entre venezolanos, entre países hermanos”. Lo curioso es que en la pregunta anterior se refiere a los diplomáticos venezolanos con estos comentarios: “Unos militaritos que se prestan a la vagabundería de Chávez. No los quiero ni los soporto. Y si me dan la oportunidad, les vamos a declarar la guerra, primero a los enviados de Chávez a Colombia, comenzando por el embajadorcito de Venezuela aquí, que es lo que llaman aquí un 'volteado'. (...) Da pena, trabajando ahora con Chávez. Me dan indignación y ganas de llorar”. Y eso que decía que quien promovía el odio entre países hermanos era Chávez. Luchar todos juntos Radio 5 emite el 13 de febrero estas declaraciones de un jefe militar estadounidense traducidas al español por la cadena: "Nuestro objetivo no es tanto acabar con el talibán como ganarnos a la gente. Que todos luchemos juntos". ¿No se supone que se invadía Afganistán para liberarlos de los terribles talibanes? Parece que no, ahora lo importante es que todos apoyemos y luchemos junto a los Estados Unidos, todo lo demás no debe interesarnos. Al menos no le falta sinceridad. La desigualdad que escandaliza Si alguien piensa que el origen de la pobreza, la injusticia y la corrupción se encuentra en el modelo económico neoliberal y la desproporción entre el nivel de vida de un rico banquero y un miserable haitiano, está equivocado según el diario El Mundo del 17 de febrero. Ese día el periódico difunde un reportaje subtitulado y titulado respectivamente “Corrupción en el reparto de tiendas de campaña”, “Pobre rico, pobre pobre en Puerto Príncipe” y se escandaliza por la corrupción en los campos de refugiados de Haití creados tras el terremoto. Para ello comparan las condiciones de unas tiendas de campaña firmes y limpias con las precarias de plásticos que hay a pocos metros. Podrían comparar ambas con las casas de algún banquero español o algún directivo del Banco Mundial que planeó los planes de ajuste para Haití. Hordas Los medios siguen con su obsesión de criminalizar a quien, ante una catástrofe, pone la supervivencia por encima de la propiedad privada. Por eso el diario venezolano El Universal, tras el terremoto en Chile, publicaba el 28 de febrero: "En Concepción, mientras mujeres, jóvenes y ancianos salen de los supermercados con las manos llenas de alimentos, bebidas, pañales y algunos artefactos, la policía trata de controlar a la horda de personas que se abastecieron por cuenta propia". El uso del término horda conlleva una clara carga de criminalidad y violencia, inapropiada antes seres humanos que sólo buscan alimentarse tras una catástrofe natural. España De buena posición venidos a menos Ni el Boletín Oficial del Estado (BOE) se libra de las perlas. En su edición del 25 de enero se publica la “Orden SAS/3710/2009, de 22 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación Marquesa de Balboa Ancianos Solitarios Venidos a Menos y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad y Política Social”. Con varios Borbones entre sus fundadores, los fines de la asociación -según señala el BOE- consisten en «atender y cuidar a pobres vergonzantes y ancianos solitarios venidos a menos, que vivan solos o en condiciones precarias, con su familia o con personas a quienes también estorban, o en residencias que tienen deficientes condiciones de higiene y en donde, además les traten mal, atendiendo primero a las mujeres, y preferentemente a las que tuvieron una buena posición, con preferencia a las personas de la condición social que tuvo la extinta Excma. Sra. Marquesa de Balboa, que necesitan ayuda y no se atreven a solicitarla o no lo consiguen». De modo que si alguien quiere desgravar impuestos a Hacienda, ya sabe, no done dinero a indigentes que vea en la calle, mejor a ancianas que tuvieran buena posición social. Fuentes informativas El periódico Público presentaba el 31 de enero un reportaje a dos páginas para mostrar la errática política del Partido Popular para concretar propuestas políticas alternativas al gobierno. Para ello recoge numerosas declaraciones y comentarios procedentes del propio partido conservador. Veamos cómo identifican a quienes protagonizan esas reacciones: “un veterano diputado del PP”, “todas las fuentes del partido consultadas”, “en el entorno del jefe de la oposición”, “añade un diputado”, “apunta un dirigente regional”, “otro añade”, “responde una diputada conservadora”, “apunta un diputado”, “la misma fuente...”, “quienes en el PP le defienden mantienen que...”, “tambien hay quien cree...”, “explica un senador”, “hay en el PP quien apunta”, “añade un dirigente”, “asegura un diputado”, “un sector del partido”. Todo un rosario de declaraciones al gusto del redactor ofrecidas por fuentes fantasmas sin identificar. No subidas salariales Leo el 10 de febrero en La Razón que los sindicatos han firmado un acuerdo por el que “las nóminas de los trabajadores de las empresas en dificultades no subirán en los próximos tres años”. Como si existiese un acuerdo de que esas nóminas subirían el doble cuando las empresas funcionaban bien. Ahora los sindicatos no se dedican a firmar garantías de subidas salariales para los trabajadores sino garantías de no subidas. Inmobiliaria desconocida El diario regional Levante publica el 17 de febrero la noticia de que una familia denuncia a una inmobiliaria por apropiarse de 130.000 euros. La información se detalla a lo largo de siete párrafos, lo curioso es que nunca dicen el nombre de la inmobiliaria a pesar de tratarse de un dato de indiscutible interés para los lectores. Y es que no es cuestión de quedar mal con un posible anunciante. Una cosa y la contraria Parece que difundir una noticia que dice una cosa y otra que dice lo contrario no es problema. El País informaba el 23 de febrero: “La recaudación de los conciertos sube un 50% desde 2000”. Y en sumario “El número de espectadores crece un 34%, hasta los 33,4 millones”. El texto comienza diciendo que “La industria de la música en directo está viva y en buena forma. Ese ha sido el principal mensaje que la Asociación de Promotores Musicales (APM) ha querido trasmitir... “. Claro que si la fuente es la SGAE la cosa cambia. Dos días después el mismo diario titula: “El canon salva las cuentas de la SGAE”, y subtitula “La recaudación por música en directo cae por primera vez”. De modo que un día se informa que “la industria de la música en directo está viva y en buena forma y dos días después que que “cae por primera vez”. Pascual Serrano Pascual Serrano acaba de publicar “Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo” . Editorial Península . Tomado de www.PascualSerrano.net

Cuba: el suicidio de un “disidente”

Se demuestra que el supuesto “prisionero de conciencia” no era tal; nunca figuró en la lista de “prisioneros políticos” elaborada por la ya disuelta Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 2003 Haciendo una vez más gala de su proverbial falta de escrúpulos El País de Madrid informó en su edición digital del 27 de Febrero que “La disidencia cubana sigue movilizada por la muerte del prisionero de conciencia Orlando Zapata Tamayo.” Afirmación tan rotunda como falsa cuya intención no es otra que la de llevar agua para el molino de la permanente campaña de ataques y agresiones contra la Revolución Cubana y alimentar los prejuicios de una gran parte de los lectores de ese periódico que no siempre tienen tiempo, posibilidad o interés en corroborar la veracidad de las informaciones que les proporcionan los grandes medios de comunicación. Afortunadamente, una oportuna nota publicada por el prestigioso intelectual cubano Enrique Ubieta Gómez permite echar luz sobre este penoso episodio y desmontar la mentira urdida por el periódico madrileño. (http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/02/26/orlando-zapata-tamayo-la-muerte-util-de-la-contrarrevolucion/). En ella se demuestra que el supuesto “prisionero de conciencia” no era tal; por eso nunca figuró en la lista de “prisioneros políticos” elaborada por la ya disuelta Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 2003, reemplazada a causa de sus serios vicios y su manifiesta arbitrariedad al servicio de los intereses de los Estados Unidos por el Consejo de Derechos Humanos. ¿Cómo es posible que un “prisionero de conciencia” cuya identificación con el proyecto político lo llevó a inmolarse con tal de no traicionar sus ideas hubiera pasado desapercibido ante los atentos ojos de la Comisión? La respuesta es bien simple: Zapata Tamayo, nos dice Ubieta Gómez, era un preso común cuyos problemas con la justicia comenzaron en 1988, es decir, quince años antes de la confección de la famosa lista. En su larga carrera delictiva fue procesado por "violación de domicilio" (1993), "lesiones menos graves" (2000), "estafa" (2000), "lesiones y tenencia de arma blanca" (2000: heridas y fractura de cráneo a una víctima utilizando un machete), "alteración del orden" y "desórdenes públicos" (2002), entre otras causas que, como puede observarse, nada tienen que ver con la protesta política y sí con delitos comunes. En un alarde de generosidad la justicia cubana dispuso que Zapata Tamayo fuese liberado bajo fianza el 9 de Marzo de 2003. Sin embargo, pocos días después reincidiría en sus delitos y sería detenido y condenado a tres años de prisión. Pero, en esta ocasión, su sentencia se fue extendiendo a causa de su agresiva conducta en la cárcel. Es precisamente en este marco cuando se produce su milagrosa metamorfosis: el maleante repetidamente encarcelado por la comisión de numerosos delitos comunes se convierte en un ardiente ciudadano que decide consagrar su vida a la promoción de la “libertad” y la “democracia” en Cuba. Astutamente reclutado por sectores de la “disidencia política” cubana, siempre deseosa de contar con un mártir en sus magras filas, se lo impulsó irresponsablemente y con total desprecio de su persona a llevar a cabo una huelga de hambre hasta el final, a cambio de quien sabe cuales promesas o contrapartidas de todo tipo que, seguramente, el paso del tiempo no tardará en aclarar. El caso de esta víctima es aleccionador del talante moral de quienes pugnan por lograr el “cambio de régimen” en Cuba; también de la catadura moral de medios como El País, y otros similares, que ponen su inmenso poder mediático, formador y deformador de conciencias, al servicio de las más innobles causas. Nada dicen, por ejemplo, que la desgraciada vida del suicida fue vilmente manipulada por la “disidencia” y sus mandantes, que pretenden hacer pasar por un “preso de conciencia” a quien no fue otra cosa que un delincuente común. También ocultan que la sedicente “disidencia política” es, en realidad, algo bien distinto: el caballo de Troya de la anhelada reinstauración de la dominación imperialista en Cuba. “Disidentes” se les llama a quienes fueron filmados mientras recibían importantes sumas de dinero en la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana para financiar sus actividades subversivas de la constitución y las leyes de la república. Es decir, para trabajar conjuntamente con el gobierno de un país que hace medio siglo le ha declarado la guerra a Cuba, que mantiene contra esa isla un bloqueo criminal unánimemente condenado por la comunidad internacional y que ha hecho más de seiscientos intentos de asesinar al líder de la revolución cubana. ¿Cómo reaccionaría Washington si hoy sorprendiera a un grupo de sus ciudadanos recibiendo generosas sumas de dinero, equipos de comunicación y consejos prácticos acerca de cómo derrocar al gobierno de Estados Unidos en la embajada de Afganistán en Washington? ¿Hubiera considerado El País a esos subversivos como “disidentes políticos” o como traidores a su patria? Además, a diferencia de lo ocurrido con los mercenarios cubanos, lo más probable es que los estadounidenses hubieran sido inmediatamente ejecutados, acusados del infame delito de traición a la patria por su desembozada y antipatriótica colaboración con una potencia agresora. Por mucho menos que esto la “democracia norteamericana” envió a la silla eléctrica a los esposos Julius y Ethel Rosenberg en 1953 en un juicio (como el ahora perpetrado contra “los 5”) que fue una verdadera burla a la justicia. Pero nada de eso ocurre en Cuba. Y nada de esto se informa a la opinión pública mundial. No hay en la isla cárceles secretas, ni legalización de la tortura, ni traslado de prisioneros para ser torturados en terceros países, ni desaparecidos, ni vuelos ilegales, ni detenciones arbitrarias sin plazos ni juicios y tantas otras prácticas que rutinariamente se llevan a cabo en las mazmorras estadounidenses y que son sistemáticamente silenciadas y ocultadas por la “prensa seria” cuya supuesta misión es informar. Para la prensa del imperio, como El País, todas estas son minucias sin importancia. Negocios son negocios y si hay que mentir se miente una y cien veces con la certeza que otorga la impunidad que le confiere la indefensión, la credulidad o la apatía de sus lectores, aletargados por la propaganda y cuidadosamente desinformados y embrutecidos por los grandes medios. En un luminoso pasaje de El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte Marx decía que, ante su orfandad, la contrarrevolución bonapartista extraía sus cuadros y sus héroes del lumpenproletariado de Paris. Lo mismo ocurre en nuestros días con los autoproclamados adalides de las libertades y la democracia en Cuba y sus compinches en la “prensa seria” internacional. Por eso, si es necesario decir que Barrabás era Jesucristo se dice. Y si hay que decir que Zapata Tamayo era un “prisionero de conciencia” también se dice y sanseacabó. Atilio Boron Tomado de Kaos en la Red

Hipócrita injerencia del FMI en el Congo

El BM y el FMI, instrumentos con fines geoestratégicos y económicos El FMI ha obtenido una nueva victoria al final de su última misión en República Democrática del Congo (RDC) al obtener la revisión del famoso contrato chino pactado en el 2007. La supresión en este contrato de la garantía del Estado congoleño reduce así el polémico préstamo de China, que pasa de 9 a 6 mil millones de dólares. Este convenio, calificado sin razón de «contrato del siglo», preveía inicialmente 6000 millones de inversiones en desarrollo de infraestructuras (construcción de carreteras, ferrocarriles, hospitales, universidades, viviendas sociales) y 3000 millones de dólares para el sector minero. Así pues, el FMI ha ganado el partido contra China pero lo más importante es que conserva su poder sobre la política económica de la RDC. Esta nueva injerencia del FMI en los asuntos internos de la RDC demuestra, una vez más, la hipocresía con la que las potencias occidentales hacen uso de las instituciones financieras internacionales (IFI) para despojar a los congoleños de sus recursos naturales. De hecho, durante las negociaciones para la revisión del contrato chino, el Banco Mundial, respaldado por la embajadora de Canadá y Hillary Clinton durante su paso por Kinshasa, presionó al gobierno congoleño para que revocara su decisión de anular el «partenariado» KMT (Kingamyambo Musonoi Tailings) pactado de manera ilegal entre la empresa canadiense Fisrt Quantum, el Estado Congoleño, la empresa pública congoleña Gécamines, la sudafricana Industrial Development Corporation y la SFI (Sociedad Financiera Internacional), que no es ni más ni menos que la filial del Banco Mundial encargada de apoyar al sector privado. Es obvio que los contratos leoninos ya no suponen un problema para las IFI cuando los intereses de las potencias occidentales están en juego. Estos dos hechos concomitantes en RDC muestran claramente que el Banco Mundial y el FMI son los instrumentos que los países del Norte utilizan con fines geoestratégicos y económicos. No cabe duda de que el contrato chino, elemento fundamental para la realización de las cinco obras del presidente Kabila, no resulta beneficioso para todas las partes tal y como insinúa China, sino que constituye una nueva ofensiva del gigante asiático para acaparar los recursos mineros del continente negro. Gracias a este contrato, China tiene acceso a 10 millones de toneladas de cobre, 620 000 toneladas de cobalto y 300 toneladas de oro mientras que los congoleños tienen que reembolsar la deuda generada por este contrato de préstamo. Oficialmente, fue ese riesgo de sobreendeudamiento el que motivó la intervención del FMI en este convenio bilateral. Bajo pretexto de defender la buena gobernanza y practicando un chantaje inaceptable, el FMI cumplió sus propósitos, manteniendo de esa forma su tutela sobre la RDC. El chantaje ha sido doble: sin revisión del contrato, la RDC ya podía ir olvidándose de un nuevo acuerdo trienal con el FMI con motivo del Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (SCLP) así como decir adiós al punto de culminación de la iniciativa PPAE (Países Pobres Altamente Endeudados), supuestamente destinado a aliviar su deuda exterior que alcanza actualmente los 12 300 mil millones de dólares. Es aproximadamente el mismo importe que se le reclamó a la RDC tras la muerte de Laurent Désiré Kabila en el 2001, justo antes de que el Banco Mundial y el FMI se hicieran pasar por un salvador que organiza una gran operación de alivio de deudas, denunciada por el CADTM por considerarla que se trataba de una traición. Cabe destacar que los servicios del FMI todavía tienen que confirmar «que el acuerdo así enmendado es conforme a la viabilidad de la deuda» antes de poder aprobar el nuevo programa trienal (2009-2011) y que, por lo tanto, la RDC es desde el 2003 el rehén de este punto de culminación que ya ha sido aplazado en tres ocasiones por decisión del FMI. Ahora bien, esta deuda que el Estado congoleño sigue reembolsando a pesar de la crisis económica mundial es el arquetipo de deuda ilegítima, ya que la mayor parte ha sido contraída por el dictador Mobutu con la complicidad de los acreedores occidentales, y en particular del FMI y del Banco Mundial. Esta deuda no tiene ningún valor legal y debería ser declarada nula por el gobierno congoleño. Para poder justificar la prescripción de esta deuda y su no-reembolso, los poderes públicos deberían, tal y como lo exige la declaración de la octava Cumbre de los pueblos de la SADC reunida en Kinshasa del 5 al 6 de septiembre de 2009, proceder inmediatamente a la auditoria de la deuda con el fin de dar a conocer la parte ilegítima de ésta: es decir aquella de la que la población no se ha podido beneficiar. Cada año, el servicio de la deuda dilapida cerca de 500 mil millones de dólares, lo que representa casi tres veces más que la ayuda de emergencia concedida por el FMI en marzo pasado. La RDC no es un caso aislado. En la mayoría de los países en vía de desarrollo, el reembolso de deudas ilegítimas combinado con unas condiciones impuestas por los acreedores internacionales constituye un obstáculo a la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales así como una violación evidente del derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos y, especialmente, de sus recursos naturales. Por consiguiente, la emancipación de las poblaciones del Sur está claramente sujeta a la anulación incondicional de la deuda de los países del tercer mundo y a la ruptura en seco de los acuerdos con las IFI. En efecto, los países en vía de desarrollo no tienen nada que esperar de estas dos instituciones incapaces de emanciparse del credo neoliberal conocido bajo el nombre de «Consenso de Washington», responsable del empobrecimiento de miles de millones de individuos desde la crisis de la deuda de 1982. Cabe recordar, por otra parte, que estas instituciones se han hecho cómplices de graves violaciones de los derechos humanos al apoyar económicamente a dictaduras como la de Mobutu o al financiar el apartheid en Sudáfrica. Por lo tanto, el Banco Mundial y el FMI deben obligatoriamente rendir cuentas ante la justicia y ser reemplazadas por nuevas organizaciones internacionales democráticas y respetuosas de los derechos humanos fundamentales. Renaud Vivien, Yvonne Ngoyi, Victor Nzuzi,Dani Ndombele, José Mukadi, Luc Mukendi CADTM Traducción: Audrey Esnault Tomado de Rebelión

El alcance de los asesinos del Mosad

El 19 de enero, el servicio secreto internacional de Israel, el Mosad, envió un escuadrón de la muerte de 18 miembros a Dubai con pasaportes europeos supuestamente "robados" a ciudadanos israelíes con doble nacionalidad y modificados con fotografías y firmas falsas, para asesinar al dirigente palestino Mahmud al-Mabhuh. Las pruebas son abrumadoras: la presentación por parte de la policía de Dubai de detallados videos de seguridad de los asesinos fue corroborada por el testimonio de expertos en seguridad israelí y aplaudida por los principales diarios y columnistas de Israel. El Mosad declaró abiertamente que al-Mabhuh era un objetivo de alta prioridad que había sobrevivido a tres intentos de asesinato anteriores. Israel ni siquiera se molestó en negar el asesinato. Además, el sofisticado sistema de comunicación utilizado por los asesinos, la logística y la planificación en torno a su entrada y salida de Dubai y el alcance y la magnitud de la operación, tienen todas las características de una operación estatal de alto nivel. La política israelí de asesinatos en el extranjero plantea cuestiones profundas que amenazan los fundamentos del Estado moderno: la soberanía, el Estado de Derecho y la seguridad nacional y personal. Israel ha declarado públicamente una política de violación de la soberanía de cualquier país para matar o secuestrar a sus opositores. Tanto en la proclamación como en la práctica real, la legislación, los decretos y las acciones en el extranjero de Israel remplazan a las leyes y a los organismos que las aplican en cualquier otra nación. Si la política israelí se convirtiera en práctica común en todo el mundo entraríamos en una salvaje selva hobbesiana en la que los individuos quedarían sujetos a determinados asesinos de escuadrones de la muerte extranjeros sin restricciones de leyes nacionales o de las autoridades responsables nacionales. Todos los Estados podrían imponer sus propias leyes y saltarse las fronteras nacionales para asesinar con impunidad a ciudadanos de otras naciones o residentes. De hecho, los asesinatos extraterritoriales de Israel son una burla a la noción misma de soberanía nacional. La eliminación extraterritorial por parte de los servicios secretos de los opositores era una práctica común de la Gestapo nazi, de la GPU [predecesor del KGB] de Stalin y de la DINA de Pinochet y se ha convertido en la práctica consentida de las "Fuerzas Especiales" de EE.UU. en la división clandestina de la CIA. Estas políticas son el sello distintivo de los Estados totalitarios, dictatoriales e imperialistas que sistemáticamente pisotean los derechos soberanos de los pueblos. La práctica israelí de ejecuciones extrajudiciales y extraterritoriales —ejemplificada por el reciente asesinato de al-Mabhuh en una habitación de hotel de Dubai— viola todos los preceptos fundamentales del Estado de Derecho. Las ejecuciones extrajudiciales ordenadas por un Estado suponen que sus servicios secretos son juez, jurado, fiscal y verdugo sin restricciones por razones de soberanía y del derecho y el deber de las naciones de proteger a sus ciudadanos y visitantes. Pruebas, procedimientos legales, derecho de defensa e interrogatorios se borran del proceso. Patrocinados por el Estado, los asesinatos extrajudiciales minan por completo el proceso debido. La liquidación de opositores en el extranjero es el paso lógico que sigue a los engañosos juicios en el interior de Israel basados en la aplicación de leyes raciales y en decretos de detención administrativa que han desposeído al pueblo palestino y violado las leyes internacionales. Los escuadrones de la muerte del Mosad operan directamente bajo el primer ministro israelí (que aprobó personalmente el reciente asesinato). La gran mayoría de los israelíes apoyan con orgullo tales asesinatos, sobre todo cuando los asesinos escapan al descubrimiento y a su captura. El funcionamiento sin trabas de los escuadrones de la muerte en el extranjero patrocinados por el Estado que llevan a cabo asesinatos extrajudiciales con impunidad constituye una seria amenaza para todos los críticos, escritores, dirigentes políticos y activistas cívicos que se atrevan a criticar a Israel. El precedente de Israel matando a sus adversarios en el extranjero establece los límites externos de la represión a través de sus partidarios en el extranjero en las principales organizaciones sionistas, la mayoría de las cuales han apoyado ahora y en el pasado la violación israelí de la soberanía nacional a través de ejecuciones extrajudiciales. Si Israel elimina físicamente a sus opositores y críticos, las 51 principales organizaciones judías estadounidenses reprimen económicamente a los críticos de Israel en EE.UU. Presionan activamente a patronos, a presidentes de universidades y a funcionarios públicos para que despidan a los empleados, académicos y profesionales que se atreven a hablar o escribir en contra de la tortura israelí, de sus asesinatos y de la desposesión sistemática de los palestinos. Hasta ahora, los comentarios más críticos —en Israel y en otros lugares— del reciente asesinato del Mosad en Dubai se fijan en la “incompetencia” de los agentes, incluido que hayan permitido que sus rostros hayan sido capturados en numerosos videos de seguridad mientras se cambiaban torpemente de pelucas y disfraces ante la mirada de la cámara. Otros críticos se quejan de que el chapucero Mosad “empaña la imagen de Israel” como Estado democrático y da argumentos a los antisemitas. Ninguna de esas críticas superficiales han sido repetidas por el Congreso de EE.UU., por la Casa Blanca o por los presidentes de las principales organizaciones judías estadounidenses, donde reina suprema la regla de la mafia de omerga, o del silencio, y la complicidad criminal es la norma. Aunque los críticos se quejan del trabajo chapucero del Mosad porque hace más difícil que las potencias occidentales proporcionen cobertura diplomática a Israel para sus operaciones en el extranjero, la cuestión fundamental nunca se aborda: la adquisición y alteración por parte del Mosad de pasaportes oficiales británicos, franceses, alemanes e irlandeses de dos ciudadanos israelíes pone de relieve la naturaleza cínica y siniestra de la explotación israelí de sus ciudadanos con doble nacionalidad para perseguir sus propios y sangrientos objetivos de política exterior. El uso por parte del Mosad de pasaportes auténticos expedidos por cuatro naciones soberanas europeas a ciudadanos propios para asesinar a un palestino en una habitación de hotel de Dubai plantea la cuestión de a quién deben su lealtad los ciudadanos israelíes con doble nacionalidad y hasta dónde están dispuestos a llegar en la defensa o en la promoción de los asesinatos de Israel en el extranjero. Gracias a la utilización por Israel de pasaportes británicos para entrar en Dubai y al asesinato de un adversario, cada hombre de negocios o turista británico que viaje a Oriente Próximo será sospechoso estar vinculado con los escuadrones de la muerte israelíes. Siendo este un año de elecciones y con los partidos Laborista y Conservador contando considerablemente con los millonarios sionistas para la financiación de sus campañas, falta por ver si el primer ministro Gordon Brown hará algo más que gimotear y encogerse. James Petras Al-Ahram Weekly Tomado de Rebelión