“Lo más pronto posible”

Armas a granel: Ya en agosto de 2010 otro avión trajo armas no declaradas

Ni Washington se disculpará ni la Argentina devolverá de inmediato lo confiscado. La exigencia se redujo a una entrega “lo más pronto posible”. Frank Mora confirmó en el Senado el intento de vender armas a Brasil y el general Fraser los planes de represión del conflicto social. Resfrío en Miami y estornudo en Montevideo. Stolbizer y Michetti de reunión secreta en el Pentágono. Inteligencia de imágenes y señales. Casal confunde cartoneros con crimen organizado y echa lastre policial.

La disputa por la fallida tentativa de una misión militar estadounidense de introducir de modo subrepticio en la Argentina armas, equipos de comunicaciones encriptadas y drogas se canalizará por carriles diplomáticos sin demasiado estrépito. El viernes, el máximo responsable del Pentágono para la región, Frank Mora, hijo de exiliados cubanos, ya no dijo que la devolución del material incautado debe ser inmediata, sino “lo más pronto posible”. Esta fórmula tan laxa admite su cumplimiento dentro de dos días, de dos meses o de dos años. Ni la Argentina se apurará a enviarlo de vuelta ni el gobierno de Barack Obama pedirá disculpas, aunque la nota entregada por el Departamento de Estado incluye al menos algunas de las explicaciones que hasta ese momento Estados Unidos no había dado. Ninguno de los dos gobiernos tiene una actitud hostil ni se propone escalar un conflicto que refleja distintas concepciones culturales. Estados Unidos cumple su destino manifiesto de actuar como policía del mundo y se asombra cuando alguien pide documentos a sus hombres, les revisa el equipaje y aplica sus propias leyes. Pero afirmaciones como las del presidente venezolano Hugo Chávez de que Estados Unidos hará “todo lo posible para que Cristina no siga al frente del gobierno” no reflejan la línea oficial argentina.

La explicación
En su respuesta, el Departamento de Estado minimizó la diferencia entre lo declarado y lo introducido, que redujo a la categoría de un error burocrático respecto de la numeración de una de las armas, y atribuyó la falta de declaración de seis caños de ametralladora a un diálogo previo con los funcionarios del Registro Nacional de Armas (Renar), posición que la Aduana no habría aceptado. Respecto de los equipos de comunicaciones e informática pretendió que fueron declarados en forma genérica como “radios y computadoras” o “major end ítems”, que según la definición del Pentágono es “una combinación final de productos terminados listos para su uso, por ejemplo, barcos o aviones”. Sobre las drogas narcóticas y estupefacientes, la nota sostuvo que se trataba de “un maletín de primeros auxilios, que contenía morfina y otros materiales para ese fin, incluidas medicinas legales vencidas, ninguna de las cuales iba a ser utilizada por personal no estadounidense”. Como puede verse en esta página no era un maletín sino varios cajones. Según el Departamento de Estado tanto los sistemas de comunicaciones encriptadas como las drogas son de uso rutinario en las misiones de sus tropas, ya que pueden ser necesarios en caso de emergencia real. Estados Unidos “reconoce que hubo una discrepancia en las armas declaradas en la lista oficial suministrada a los funcionarios argentinos” y expresa un “compromiso claro de respetar las leyes argentinas vigentes”. Cita el Acuerdo vigente desde 1999 sobre Medidas de Seguridad para la Protección de Información Militar Clasificada, que responsabiliza a cada parte por la salvaguarda de la información de la otra parte, ya sea que esté en tránsito o almacenada. Pero en este caso el “material confidencial” no fue proporcionado a la Argentina “en forma directa o indirecta”, según contempla aquel acuerdo, sino que se intentó hacerlo pasar bajo una definición genérica que no se ajusta a su índole. Por último, el Departamento de Estado declara su esperanza de que el material sea liberado y devuelto “de inmediato”. La ley argentina permite pero no obliga a su destrucción, por lo cual cuando se determine con exactitud de qué se trata, tampoco habría inconvenientes para su devolución. Apenas dos días después de esta nota, el viernes 18, en una entrevista con el inquisitivo reportero colombiano Juan Carlos López, de CÑÑ, Frank Mora bajó el tono en forma ostensible. Ya no habló de devolución inmediata, sino “lo más pronto posible” e insistió una y otra vez que se estaba trabajando para una solución diplomática, que no pasaba porque ninguna de las partes pidiera disculpas.

“Amedrentados”
Mora también redujo el dramatismo de la primera declaración de su homólogo en el Departamento de Estado, Arturo Valenzuela, según quien los militares de las fuerzas especiales del primer Ejército del mundo se habían sentido “amedrentados” por los funcionarios argentinos (la directora de la Aduana, las médicas del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), los especialistas de la Aduana, el RENAR y la Policía Aeroportuaria). Con mayor sentido de las proporciones, Mora dijo que las tropas de elite pasaron una situación “desagradable”. Insistió en que los vínculos con la Argentina son muy fuertes y que las relaciones están bien institucionalizadas. Mora se ha reunido varias veces con el canciller Héctor Timerman, a quien trató de convencer sobre la necesidad del empleo de las Fuerzas Armadas para enfrentar al “narcoterrorismo”, ya que la policía es corrupta. Timerman le respondió que era un error mezclar dos fenómenos distintos, como el terrorismo y el narcotráfico, y le recordó que dentro de Estados Unidos sigue vigente la ley que prohíbe el uso de fuerzas militares en cuestiones de seguridad interior. Lo mismo ocurre en la Argentina, efecto colateral de la última dictadura militar, debido a la desprofesionalización que las Fuerzas Armadas padecieron cuando se las usó para la represión de la disidencia política, armada o no, con métodos criminales. Esta restricción disgusta al Pentágono. Dentro de su trabajo de penetración en los medios académicos, el Comando Sur firmó un acuerdo con la Facultad Internacional de Florida, cuyo Centro de Investigación Aplicada está realizando una investigación sobre “Cultura Estratégica”. Su informe sobre la Argentina, de 2010, cuestiona la ausencia de militares y de diplomáticos en el diseño de las políticas de Defensa y de Relaciones Exteriores, a los que en el mejor de los casos se les permite participar en la implementación de las directivas que bajan del Poder Ejecutivo, elaboradas por la presidente y su círculo íntimo, se queja. “Las Fuerzas Armadas están en estado de total abandono y desorganización” y “el uso de la fuerza como una de las herramientas de gobierno parece cosa del pasado”.

Las disculpas de la embajada
En sus comunicaciones informales, los norteamericanos se declararon perplejos por la presencia del propio ministro argentino de Relaciones Exteriores en el aeropuerto y por la difusión del caso. La concurrencia de Timerman se explica porque no es la primera sino la segunda vez que los militares norteamericanos intentan ingresar al país materiales no declarados y la difusión fue obra de los propios norteamericanos, como puede comprobarse con la primera crónica del caso, el sábado 12 en La Nación. Aquel primer avión, con personal y pertrechos para el mismo curso, llegó el 6 de agosto de 2010. Personal del (RENAR), de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Administración Nacional de Aduanas detectó que además del material incluido en el manifiesto de embarque la carga incluía un fusil semiautomático Remington, modelo 700, calibre 300 plg; dos pistolas automáticas Beretta M9. 9x19 mm; dos lanzagranadas M320, calibre 40 mm y veinte cartuchos para ese lanzagranadas. La Aduana rechazó el ingreso de ese material sin declarar. Puesta al tanto de lo ocurrido, la embajadora Vilma Martínez dispuso que la máquina regresara con toda su carga a los Estados Unidos. Luego se comunicó con el ministro Julio Alak, por entonces a cargo de la Seguridad, le solicitó disculpas, le rogó que se las transmitiera a la presidente CFK y que el incidente no trascendiera a la opinión pública. La Argentina lo aceptó y la embajada reprogramó el curso. El 10 de febrero llegó el carguero de la Fuerza Aérea estadounidense desde la 7ª Brigada de Paracaidistas de Fort Bragg, Carolina del Norte (en inglés brag significa jactancia, canchereada). Esta vez aparecieron sin declarar una carabina y seis caños para ametralladoras, diversos aparatos electrónicos y de comunicaciones de tal sofisticación que, según los militares norteamericanos, no podían mostrarse a cielo abierto sin graves riesgos de seguridad. También había cajas con medicamentos en apariencia vencidos, un kit para francotirador, una motosierra capaz de cortar columnas de hormigón y numerosas drogas narcóticas y estupefacientes. La confidencialidad concedida en agosto sólo sirvió para que la tentativa de introducir este tipo de elementos en forma clandestina pudiera repetirse seis meses después. Ahora es más probable que no vuelva a ocurrir. En aquel caso se evidenció la discrepancia entre los ministerios de Defensa (Department of Defense, DOD) y de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos (Department of State, DOS). Mientras DOD realizó el envío, DOS lo devolvió a Estados Unidos. No es un caso excepcional, ya que en las últimas décadas, el Pentágono desplazó a la Cancillería en la fijación y ejecución de la política exterior de su país. Según la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), con 1.200 hombres el Comando Sur dispone de mayores recursos y personal especializado en la América Latina que la suma de los del Departamento de Estado, de Defensa, de Agricultura, de Comercio y del Tesoro. En el último presupuesto estadounidense, los recursos que el gobierno de Obama destina para la Defensa son diez veces y medio mayores que los asignados a las relaciones exteriores. Con algunas oscilaciones, esa desproporción se mantiene en los últimos 35 años. Era de ocho veces y media bajo el mando de James Carter, trepó a casi quince veces durante la presidencia de Ronald Reagan, descendió a doce veces y media cuando gobernó George Bush y se mantuvo en trece veces durante las administraciones de Bill Clinton y George W. Bush.

Si ellos lo dicen
Una fuente insustituible para conocer los objetivos del Comando Sur es el informe anual de su jefe ante la Comisión de Fuerzas Armadas del Senado de los Estados Unidos, que debe aprobar su presupuesto. El 11 de marzo del año pasado, el brigadier general Douglas Fraser explicó allí que el mayor mercado para los Estados Unidos es el que va desde Canadá hasta la Patagonia, “con casi el 38 por ciento del comercio”, contra 31 por ciento de la Cuenca del Pacífico y 21 por ciento de Europa. “Importamos más petróleo crudo de esta región (52 por ciento) que del Golfo Pérsico (13 por ciento)”. La inversión extranjera directa de Estados Unidos es igual en la región que en Asia, Medio Oriente y Africa juntas. “En 2011 el intercambio con América Latina será mayor que el de Estados Unidos con Europa y Japón sumados”, dijo Fraser. Estados Unidos ya no puede dar por sentado que el American Way of life “sea la ideología única preferida en la región”. Dada la presencia de jugadores en expansión global como China, Rusia e Irán la democracia “debe competir en forma activa” en la región con el “populismo y el socialismo”. Estados Unidos debe contrarrestar entonces cualquier “mensaje antiestadounidense” y para ello “entrenamos y trabajamos con nuestros socios regionales en el mejoramiento de la seguridad, proveemos asistencia humanitaria y respondemos a desastres”. Agregó que el gasto militar per capita en su área de responsabilidad es el más bajo del mundo, igual que la probabilidad de amenazas militares convencionales. “Pero enfrentamos desafíos no tradicionales”, alimentados “por las endémicas condiciones de pobreza, la desigual distribución del ingreso y la corrupción”. Entiende que “las mismas rutas y redes por las cuales los traficantes contrabandean de 1250 a 1500 toneladas de cocaína por año pueden emplearse en forma deliberada o no para pasar armas, dinero, material fisible o terroristas”. El tráfico ilícito “provee un posible nexo para el terrorismo trasnacional y la potencial proliferación de armas de destrucción masiva”. Esa forzada lógica lo lleva a concluir que “así como esos dos vectores se funden en un nuevo híbrido, el narcoterrorismo, también deben hacerlo nuestros esfuerzos para contrarrestarlo”. De Colombia, esa fusión se traslada ahora al Perú, explicó Fraser. Considera que “el alarmante crecimiento de la violencia criminal” es un “corolario del tráfico ilegal”. Esto a su vez “exacerba las condiciones de pobreza e inequidad, obstruyendo los esfuerzos por el desarrollo”. Como prueba de este fantástico encadenamiento de factores disímiles el informe consigna que en “nuestra región ocurre uno de cada tres homicidios y uno de cada dos secuestros en el mundo” y la tasa de homicidios, de 27 por cada cien mil habitantes, es la más alta del mundo (en la Argentina es de 5/100.000).

Imágenes y señales
Una respuesta que el Comando Sur enfatiza es la de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento. Esto requiere “mejor inteligencia de imágenes y señales, amplia área de cobertura, integración de sensores, indicadores de blancos en movimiento”. También “herramientas de management, biométrica, contrainteligencia y agentes humanos de recolección de información”. Con ese fin “trabajamos con la industria y con la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada en Defensa (Darpa) en busca de soluciones innovativas”. Estos párrafos tal vez expliquen parte de la carga no declarada del avión, y algunos episodios recientes de la política nacional y en especial porteña.

Horacio Verbitsky

Tomado: Página 12.com.ar
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Mucha gente parece no entender, o se niega a entender, que más de la mitad de Somalia se compone de mares que rodean todo el país. Esto hace a los océanos vitales para la supervivencia de la población somalí.

Las aguas territoriales de Somalia (AT), declaradas en 1972, consisten en un área de 825.052 km2. En 1989, la zona económica exclusiva (ZEE) se superpone con la misma superficie que la AT. Una superficie adicional de 55.895 km2 de la zona de plataforma continental (ZPC) constituye el territorio marino de Somalia.

La suma de la superficie total interna de Somalia, de 637.657 km2, junto con las AT y la ZEE, conforman un total de 1.462.709 km2, que sumados a la ZPC resultan 1.518.604 km2.

Con estas cifras esperamos poner de manifiesto la importancia de las aguas marinas para el pueblo de Somalia y también por qué los intereses creados tratan de meter mano en estas aguas, tratando de este modo de hacer retroceder los intereses del pueblo somalí.

EL RÉGIMEN LEGAL

Somalia tiene 200 millas náuticas (MN) de aguas territoriales, basado en la Ley N º 37 del Mar Territorial y Puertos, del 10 de septiembre de 1972. Esta ley establece claramente que la pesca en las aguas territoriales y el transporte regular de personas y mercancías entre los puertos de Somalia está reservado para los buques que enarbolan la bandera de Somalia, y otros buques autorizados con licencia y permiso del gobierno somalí legítimo y no por un gobierno regional.

A estados como EE.UU. no les gusta reconocer y/o respetar esta ley y presionan a los Estados para que renuncien a su 200MN de las aguas territoriales fijados con los instrumentos de la ley. Mientras tanto, por razones de soberanía nacional o de seguridad, EE.UU. no ha ratificado aún la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar (UNCLOS) y presionó para que se modificaran sus disposiciones, ya que de otro modo se limitarían sus derechos.

A muchos pueblos y estados de todo el mundo no les gusta que EE.UU. no respete muchas leyes o convenciones internacionales como la prohibición de minas terrestres. Una gran mayoría de pueblos y estados quieren que los EE.UU. deroguen las leyes nacionales que imponen la pena de muerte, pero sin embargo el país aplica sus propias leyes en su territorio.

De la misma manera, ellos tendrían que tolerar al menos que Somalia aplique sus propias leyes en su territorio. Los americanos nunca cederían una onza de soberanía nacional a no ser que ellos pensaran que pudieran reconquistarla -con un pequeño pedazo de la soberanía de otros estados. Basta mirar la farsa de la Organización de los Estados Americanos. El plan debía incluir a América Latina y Canadá dentro de un acuerdo neo-imperial con ’USAMERICA’ como el corazón y el resto de los dos continentes del Norte y Sudamérica como dependientes en la periferia económica bajo el patrocinio ’USAMERICAN’ para mantener economías orientadas a la exportación primaria enfocadas por industria. Este régimen, que fue asquerosamente parasitario por parte de los EE.UU., pero groseramente eficiente en la dominación del mundo durante los 60 años pasados, ha persistido.

EE.UU. fue el primer país en ampliar sus aguas territoriales más allá de la idea común de los estados del viejo mundo, que había reclamado desde la época medieval sólo tres millas náuticas (la distancia en el que podría ser ejecutada por un disparo de cañón de la tierra) como su territorio en el mar. Utilizando el principio del derecho consuetudinario internacional del derecho de una nación a proteger sus recursos naturales, en 1945 el presidente Truman extendió el control de EE.UU. a todos los recursos naturales de su plataforma continental. Otras naciones se apresuraron a imitarlos. Entre 1946 y 1950, Argentina, Chile, Perú y Ecuador extendieron sus derechos a una distancia de 200 MN para cubrir sus zonas de pesca de la Corriente de Humboldt. Otras naciones extendieron su mar territorial a 12 millas náuticas. En 1967, sólo 25 países seguían utilizando el antiguo límite de tres millas, mientras que 66 países habían establecido un límite territorial de 12 millas y ocho habían establecido -como Somalia en 1972- un límite de 200 millas. A día 28 de mayo de 2008, sólo dos países todavía utilizan el límite de tres millas: Jordania e Islas Palau. El límite también se utiliza en algunas islas de Australia, un área de Belice, algún estrecho japonés, algunas zonas de Papúa Nueva Guinea, y algunos territorios británicos de ultramar como Anguila.

La expansión visionaria de las aguas territoriales de 200MN por Somalia y otros Estados tiene por lo tanto legitimidad y -aunque tal vez menospreciada por la piratería- es también la expresión de asumir la responsabilidad. A pesar del deplorable estado actual de la seguridad en Somalia, la idea que el pueblo somalí volverá a tener la fuerza para cumplir con su responsabilidad de gobernar los mares de Somalia a una distancia de 200MN, debe y no puede ser descuidada.

La Ley N º 37 de Somalia también regula el llamado "paso inocente" de los buques mercantes extranjeros, que sólo puede admitirse si el Estado cuya bandera enarbole el buque es reconocido por Somalia y si las autoridades somalíes han sido al menos informadas y no han formulado ninguna objeción a la aprobación. El transporte ilegal de armas, como el supuestamente realizado por el MV Faina, los buques franceses de investigación de prospección de petróleo o los buques pesqueros de bandera extranjera ilegal en aguas somalíes sin duda han violado esta ley somalí de base.

El artículo 10 de la Ley N º 37 de Somalia también estipula desde el año 1972 que: "a los buques de guerra extranjeros no se les permite pasar a través del mar territorial (200MN) a menos que sean autorizados por el Gobierno de Somalia." Eso era y es la regla y se ha respetado a nivel internacional obligatoriamente desde 1972 hasta 1991.

Sin embargo, una carta inexistente, supuestamente firmada por el ex Gobierno Federal de Transición (GFT) del presidente Abdullahi Yussuf, o ilegalmente firmada en una versión posterior -firmada por el no somalí Ould-Abdallah, quien de todos modos celebrará los poderes gubernamentales somalíes– no tiene ciertamente ninguna trascendencia jurídica en relación con tales "permisos" o peticiones, lo que hace que la ocupación actual de las aguas de Somalia por la armada naval sea asimismo ilegal. A pesar de que todo el mundo coincide con claridad en que la piratería tiene que terminar y ve la necesidad de frenar la piratería y otros delitos en alta mar, así como dentro de aguas territoriales de Somalia, uno tiene que darse cuenta de que una injusticia no puede ser contenida con otra injusticia. Mientras tanto, ha quedado claro a cualquiera que la piratería procedente de las costas de Somalia y la delincuencia marítima cometidos por los somalíes no pueden ser exterminados por una armada naval que viole los derechos y la soberanía de Somalia y de los somalíes. Las leyes se hacen y deben aplicarse para evitar y luchar contra las injusticias, pero no para crear nuevas injusticias.

Somalia tiene una zona económica exclusiva de 200MN basada en la Ley de las Naciones Unidas para el Derecho Común del Mar (UNCLOS) derivada de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en la que Somalia es uno de los primeros 40 signatarios, y que fue ratificado por el Parlamento de Somalia el 24 de julio de 1989 -cinco años antes de que el número requerido de países que firmaron fuese aplicable. La convención entró en vigor el 16 de noviembre de 1994 y por consiguiente, obligará a todos los Estados signatarios -incluso si no han reconocido posteriores gobiernos de Somalia después del 6 de enero de 1991. Aun cuando algunos Estados sostuvieron que no había "Gobierno legítimo y reconocido de Somalia", esto no significa que el régimen jurídico de la persistencia de la legislación nacional y las leyes internacionales - como la Convención - ya no sean aplicables. Es muy simple de entender: Si llaman a la puerta de una casa que no es suya y nadie le da la bienvenida en el interior, ciertamente no tienen derecho a entrar sólo porque nadie te responde. De la misma manera, si por ejemplo el capitán de un navío de pesca quiere entrar en aguas somalíes y cree que no es necesario tener el permiso requerido según la ley nacional o internacional porque el Estado de la bandera del navío no ha reconocido la legitimidad de un gobierno dado somalí o simplemente porque nadie había respondido a una demanda de la entrada, él se equivocaría, y tendría que quedarse fuera de aguas somalís, cueste lo que cueste.

No importa que algunos Estados y grupos intententen crear la impresión de que Somalia no tiene una ZEE, argumentando que los mapas en cuestión no se muestran en la página web de la ONU. El gobierno somalí ha declarado su zona económica exclusiva y las cartas pertinentes están en Mogadiscio y también en las oficinas de las Naciones Unidas desde antes de la guerra. No es culpa de los somalíes si la ONU las ha extraviado.

Sin embargo, la cuestión clave aquí es que Somalia ha declarado su zona económica exclusiva sobre la base de y junto con su firma y ratificación de la Convención en 1989. El concepto de zona económica exclusiva no puede ni debe utilizarse para reducir los derechos de Somalia sobre sus aguas.

Somalia tiene una CSZ de 350MN, basada en el derecho internacional y la demanda de Somalia documentada y entregada por Somalia el 17 de abril de 2009 a las Naciones Unidas y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos antes de la fecha límite del 13 de mayo de 2009. El establecimiento de los límites exteriores de la plataforma continental más allá de 200MN es el derecho de todos los estados costeros según el derecho internacional. Que podría haber cuestiones acerca de cómo la ley será utilizada e interpretada para la elaboración de acuerdos vinculantes en relación con los límites específicos es a pesar del hecho de que los límites (por ejemplo, entre Kenia y Somalia, o entre Djibouti y Somalia) han sido y son claros desde que Somalia firmó y ratificó la Convención en 1989. Los intentos de torcer o alterar dichos memorandos, que al igual que en el caso de Kenya fue instigada por los intereses de Noruega, debería ser una advertencia.

SOBERANÍA SOMALÍ, DERECHOS MARINOS Y MARÍTIMOS

Mientras que la UA (Unión Africana) y estados como Indonesia y Alemania respetan la Ley de Somalia del Mar y la zona económica exclusiva de Somalia, países como España o Italia, sólo respetan indirectamente este régimen jurídico por haber indicado a sus buques que permanezcan fuera del área de las 200MN, mientras que los buques españoles o italianos de su propiedad bajo bandera de conveniencia, como muchos otros, continúan la caza furtiva de peces en aguas de Somalia.

Pero incluso estados como Francia, que desde el principio intentó mantener el argumento de que los mapas de la Convención-ZEE no aparecen en la página web de la Convención, por lo que Somalia no debe tener una zona económica exclusiva, mediante una declaración de su presidente, Nicolas Sarkozy, - dada durante un reunión celebrada en Libia - declaró oficialmente que ahora Francia también respeta la zona de 200MN de Somalia. El hecho de que la Unión Europea (el conglomerado de los países del viejo mundo) comparte su zona económica no afecta a Somalia, pero fue interesante la razón por la que Noruega no entró en la UE como miembro.

Pero, ¿qué tratan de manifestar Noruega (y otros actores como la UE y la OMI -Organización Marítima Internacional) con el "restablecimiento" de la zona económica exclusiva de Somalia y su injustificada "ayuda" sino seguir la línea marcada por los EE.UU., que obligaría a los somalíes a abolir la Ley de Somalia sobre el mar y sus aguas territoriales 200MN, así como también que se cepillen y olviden bajo la alfombra todos los casos de violaciónes de la ley de Somalia que han sido documentados durante los últimos 20 años. Todos los casos de los últimos 20 años -en los que Somalia no pudo defender sus derechos- deberían sobreseírse, ya que argumentan que este nuevo "establecimiento formal de una zona económica exclusiva" significa que no se había producido antes de la ZEE, lo que simplemente no es verdad.

Muchos estaban presentes en Mogadiscio en los años anteriores a 1991 y siguen viviendo como testigos clave de los acontecimientos, cuando delegación tras delegación de otros países trataron de obligar o convencer al gobierno de Siad Barre para acabar con la Ley de Somalia sobre el Mar y sus disposiciones de 200MN porque querían un acceso sin trabas a las aguas somalíes y sus recursos.

Leyes de estados como Somalia y Perú llevaron a la comunidad internacional a darse cuenta de que sería una buena idea tener las aguas marinas regidas por los estados costeros a las que pertenecían. Esto dio lugar a las disposiciones legales que se encuentran hoy en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la idea básica de la creación de una ZEE de 200MN para todos los estados costeros, y establecer disposiciones para aquellos que aún no habían declarado una zona de 200MN. Cambiar esto ahora e ir contra de uno de los países fundadores debería ser visto como un acto de agresión escandalosa.

Hoy, después de 20 años de guerra civil, y mientras el gobierno somalí y la población somalí, que nunca en la historia de Somalia ha sido tan débil y vulnerable, las fuerzas externas creen que tienen ante ellos un momento ideal para presionar por el cambio en la historia del derecho legal únicamente por su propios intereses.

No olvidemos que el único interés que tiene la maquinaria estatal de Noruega en Somalia son las reservas potenciales de petróleo y los recursos pesqueros. Esto es especialmente cierto con las concesiones petroleras en alta mar, donde creen que pueden obtener una ventaja sobre los franceses, que ya tienen contratos secretos en relación con la perforación en alta mar en aguas de Somalia. Que los noruegos en realidad ayudaron a vencer el plazo del 13 de mayo de 2009, que la Autoridad Internacional había fijado para la declaración de intereses en el CSZ, no debe conducir a una situación en la que los somalíes se queden con los ojos vendados con los ojos vendados para renunciar a otros derechos.

Aunque se han manifestado la nueva normativa de 350MN de plataforma continental más los derechos de Somalia, esto no debería conducir a una situación en la que una ampliación de ciertos derechos limitados se negociara como un debilitamiento de la base de los derechos en la parte trasera. Esto hace que EE.UU. no esté contento con esos estados, quienes basados en el derecho internacional y nacional pueden refutar a la Marina de los EE.UU. el derecho a navegar en las costas de un Estado soberano, hecho que se ha manifestado recientemente en un casi mortal enfrentamiento entre China y EE.UU. en el Mar de China del Sur.

Asimismo, el delegado de Indonesia de las Naciones Unidas declaró en la ONU que la nación del sudeste asiático se ha sumado a los esfuerzos del Consejo de Seguridad para hacer frente a incidentes de piratería frente a las costas somalíes mediante la adopción de las resoluciones de la ONU 1816, 1836 y 1846. Sin embargo, el delegado destacó que las resoluciones para abordar la piratería no deben afectar a los derechos, obligaciones o responsabilidad de los Estados en virtud del derecho internacional, ya que ante todo debe respetarse en primer lugar la soberanía de una nación.

Somalia tiene una zona de 200MN de aguas territoriales, como los estados nacionales reconocidos de Benin, República del Congo, Ecuador, El Salvador, Liberia y Perú. En el Perú estas disposiciones están recogidas en la Constitución.

El dominio marítimo y el derecho a ejercer la soberanía y la jurisdicción no debe ser abandonado por Somalia, sobre todo porque la Declaración de Santiago de 1952 en su preámbulo afirma que "los gobiernos están obligados a asegurar a sus pueblos el acceso a los alimentos necesarios y proporcionarles los medios de desarrollo de su economía. La declaración afirma también que la zona económica debe extenderse no menos de 200MN de la costa.

La Declaración de 1970 de los Estados de América Latina sobre el Derecho del Mar añadió que la decisión de extender la jurisdicción más allá de los límites del mar territorial fue consecuencia de "los peligros y los daños resultantes de las prácticas indiscriminadas y abusivas en la extracción de recursos marinos "así como" la utilización del medio marino "que da lugar a" graves peligros de contaminación de las aguas y la alteración del equilibrio ecológico ".

Los recursos naturales de los mares de Somalia son los únicos activos para un futuro próspero del pueblo somalí, por lo que incluso tanto la Unión Africana durante la década de 1990, la Declaración de Maputo y las conferencias de Ciudad del Cabo referentes al desarrollo de las costas de África claramente instaron al mundo a respetar la zona económica exclusiva de Somalia. Cualquiera que diga que Somalia no tiene ZEE no sólo está propinando una bofetada en la cara al pueblo de Somalia, sino también a todas las naciones de la Unión Africana.

Tengamos cuidado con los lobos de Noruega o su "contrapartida" somalí Warabe que aparecen bajo la piel de un cordero haciéndose pasar por un amigo. Pongámonos de pie para permanecer fuertes en la defensa de la soberanía de Somalia en su conjunto, incluidas sus aguas y sus recursos naturales.

Que tengamos pendiente encontrar una solución a los problemas internos mediante el fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales a fin de recuperar nuestra unidad, son temas que corresponden a nuestros propios asuntos internos y no afectará a las disposiciones legales de relevancia internacional. Los problemas de Somalia no deben dar razones a la falta de respeto de nuestros bienes comunes o a debilitar nuestra defensa común contra cualquier agresor externo.

Incluso cuando estamos de rodillas y tenemos que pedir ayuda, la comunidad internacional tiene que respetar en primer lugar la soberanía de Somalia y sus leyes antes de que puedan ser aceptados como amigos. Regalos en forma de caballos troyanos, deben desestimarse y aquellos que conspiran con tales estafas deben ser vistos como lo que son: traidores y enemigos de los somalíes.

Dr. Abdulkadir Salad Elmi Escribió este artículo originalmente para ECOTERRA Internacional y ha sido reeditado por el periódico Somalitalk.

Traducción: Africaneando.

Fuente:

Tomado: Rebelión.org



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Washington ante la cólera del pueblo tunecino

El general William Ward, ex responsable de la represión en los territorios palestinos convertido en comandante del AfriCom, participa en una ceremonia en mayo de 2010. El ejército tunecino fue reducido al mínimo, pero el país sirve de base de retaguardia para las operaciones «antiterroristas» en la región y dispone de puertos indispensables para la OTAN en el control del Mediterráneo.

Mientras los medios occidentales celebran la «Jasmine Revolution», Thierry Meyssan revela el plan estadounidense tendiente a detener la cólera del pueblo tunecino y a conservar esa discreta base de retaguardia de la CIA y la OTAN. Para Meyssan, el fenómeno insurreccional no ha terminado y la verdadera revolución, que tanto temen los occidentales, puede estar a punto de empezar.

A las grandes potencias no les agradan los acontecimientos políticos que no pueden controlar y que obstaculizan sus planes. Los acontecimientos que han venido conmocionando Túnez desde hace un mes no son ajenos a esa regla. Todo lo contrario.

Resulta entonces bastante sorprendente que los grandes medios internacionales de difusión, fieles aliados del sistema de dominación mundial, se entusiasmen de pronto por la «revolución de jazmín» y que publiquen investigaciones y reportajes sobre la fortuna de la familia Ben Ali, a la que anteriormente no prestaban atención a pesar de su escandaloso tren de vida.

Lo que sucede es que los occidentales están tratando de recuperar terreno en una situación que se les fue de las manos y en la que ahora quieren insertarse describiéndola según sus propios deseos.

Primero que todo, es importante recordar que el régimen de Ben Ali gozaba del apoyo de Estados Unidos y de Israel, de Francia y de Italia.
Considerado por Washington como un Estado de importancia menor, Túnez estaba siendo más utilizado en materia de seguridad que en el plano económico.

En 1987, un golpe de Estado derrocó al presidente Habib Bourguiba para favorecer a su ministro del Interior, Zine el-Abidine Ben Ali. Este último es un agente de la CIA entrenado en la Senior Intelligence School de Fort Holabird.
Según informaciones recientes, Italia y Argelia parecen haber estado vinculadas a aquella toma del poder [1].

Desde su llegada misma al Palacio de la República, Ben Ali establece una Comisión Militar Conjunta con el Pentágono que se reúne anualmente, en mayo.
Ben Ali no confía en el ejército, lo mantiene marginado y no le proporciona suficiente equipamiento, con excepción del Grupo de Fuerzas Especiales que se entrena con los militares estadounidenses y que participa en el dispositivo «antiterrorista» regional.

Los puertos de Bizerta, Sfax, Susa y Túnez se abren a los navíos de la OTAN y, en 2004, la República de Túnez se inserta en el «Dialogo mediterráneo» de la alianza atlántica.

Al no abrigar con Túnez expectativas especiales en el plano económico, Washington permite que los miembros de la familia Ben Ali exploten a fondo el país. Cualquier empresa que allí se desarrolle tiene que cederles el 50% de su capital y los dividendos correspondientes a esa tajada. Pero las cosas se ponen feas en 2009, cuando la familia que controla el país pasa de la glotonería a la avaricia y trata de chantajear también a los empresarios estadounidenses.

Por su lado, el Departamento de Estado prevé la inevitable desaparición del presidente. El dictador ha eliminado a todos sus rivales y no tiene sucesor. Se impone entonces buscarle un sustituto en caso de que fallezca. Se recluta a unas 60 personalidades capaces de desempeñar un papel político después de Ben Ali. Cada una de esas personas recibe un entrenamiento de 3 meses en Fort Bragg y posteriormente se le asigna un salario mensual [2]. Y pasa el tiempo…

Aunque el presidente Ben Ali mantiene la retórica antisionista en vigor en el mundo musulmán, Túnez ofrece diversas facilidades a la colonia judía de Palestina. Se autoriza a los israelíes descendientes de tunecinos a viajar a Túnez y a comerciar en ese país. Incluso se invita a Ariel Sharon a viajar a Túnez.

La revuelta
El 17 de diciembre de 2010, la inmolación voluntaria de un vendedor ambulante, Mohamed Bouazizi, quien se prendió porque la policía le había confiscado su carreta y sus productos, da paso a los primeros disturbios. La población de Sidi Bouzid se identifica con aquel drama personal y se subleva.

Los enfrentamientos se extienden a varias regiones y, posteriormente, alcanzan la capital tunecina. El sindicato UGTT y un colectivo de abogados organizan manifestaciones, sellando así –sin hacerlo a propósito– la alianza entre las clases populares y la burguesía alrededor de una organización estructurada.

El 28 de diciembre, el presidente Ben Ali trata de recuperar el control de la situación. Visita al joven Mohamed Buazizi en el hospital y se dirige esa misma noche a la nación. Pero su discurso televisivo expresa su ceguera. Ben Ali denuncia a los manifestantes como extremistas y agitadores a sueldo y anuncia una represión feroz. Lejos de calmar las cosas, su intervención convierte la revuelta popular en insurrección. El pueblo tunecino ya no denuncia solamente la injusticia social sino el poder político.

El productor Tarak Ben Ammar, propietario de Nessma TV y socio de Silvio Berlusconi. Es primo de Yasmina Torjman, la esposa del ministro francés de Industrias, Eric Besson.

En Washington se dan cuenta de que «nuestro agente Ben Ali» ha perdido el control de la situación. En el Consejo de Seguridad Nacional, Jeffrey Feltman [3] y Colin Kahl [4] consideran que es hora de deshacerse del dictador ya desgastado y de organizar la sucesión antes de que la insurrección se convierta en una verdadera revolución, o sea antes de que ponga en tela de juicio el sistema.

Se decide entonces movilizar a los medios de difusión, en Túnez y en el mundo, para limitar la insurrección. Se trata de dirigir la atención de los tunecinos hacia los problemas sociales, la corrupción de la familia Ben Ali y la censura de prensa.
Todo con tal de evitar el debate sobre las razones que llevaron a Washington a poner a Ben Ali en el poder hace 23 años y a protegerlo mientras se apoderaba de la economía nacional.

El 30 de diciembre, el canal privado Nessma TV desafía al régimen con la transmisión de reportajes sobre los disturbios y organizando un debate sobre la necesaria transición democrática. Nessma TV es propiedad del grupo italo-tunecino de Tarak Ben Ammar y Silvio Berlusconi. Los indecisos captan inmediatamente el mensaje: el régimen se tambalea.

Simultáneamente, expertos estadounidenses, así como serbios y alemanes, son enviados a Túnez para canalizar la insurrección. Son estos expertos quienes, manipulando las emociones colectivas, tratan de imponer consignas en las manifestaciones. Siguiendo la técnica de las supuestas «revoluciones» de colores, elaborada por la Albert Einstein Institution de Gene Sharp [5], estos expertos dirigen la atención hacia el dictador para así evitar cualquier debate sobre el futuro político del país. Aparece así la consigna «¡Ben Ali, lárgate!» [6].


(Foto tomada de una pantalla) El 2 de enero de 2010, el grupo Anonymous (una pantalla de la CIA) hackea el sitio web del primer ministro tunecino e inserta un mensaje en inglés. El logo es el del Partido Pirata Internacional, cuyo miembro tunecino Slim Amanou, apadrinado por la embajada de Estados Unidos, se convertirá rápidamente en ministro de Juventud y Deportes del «gobierno de unión nacional». Bajo la denominación Anonymous, el ciberescuadrón de la CIA –ya utilizado anteriormente contra Zimbabwe e Irán– hackea varios sitios web oficiales tunecinos e introduce en ellos un mensaje de amenaza en inglés.

La insurrección
Los tunecinos siguen desafiando al régimen de forma espontánea, lanzándose masivamente a las calles y quemando estaciones de policía y establecimientos pertenecientes a la familia de Ben Ali. Algunos lo pagarán incluso con su sangre.
Desorientado y patético, el dictador sigue sin entender lo que sucede.
El 13 de enero, Ben Ali ordena al ejército disparar contra la multitud, pero el jefe del Estado Mayor de las fuerzas terrestres se niega a hacerlo. El general Rachid Ammar, ya en contacto con el general William Ward, comandante del AfriCom, anuncia personalmente al presidente Ben Ali que Washington le ordena huir.

En Francia, el gobierno del presidente Sarkozy no ha sido prevenido de la decisión estadounidense y no ha analizado los diferentes cambios de casaca. La ministra de Relaciones Exteriores, Michele Alliot-Marie, se propone salvar al dictador enviándole consejeros en materia de orden público y equipamiento para que pueda mantenerse en el poder mediante procedimientos más limpios [7]. El viernes 14 se fleta un avión de carga. Cuando terminan en París los trámites de aduana, ya es demasiado tarde. El envío de ayuda ya no es necesario. Ben Ali ha huido.

En Washington y Tel Aviv, en París y en Roma, sus antiguos amigos le niegan el asilo. Va a parar a Riyadh (capital de Arabia Saudita), no sin haberse llevado consigo 1,5 toneladas de oro robado del Tesoro público tunecino.

Marketing: el logo de la «Jasmine Revolution» aparece en el preciso momento de la fuga de Ben Ali. En el centro se puede ver el puño en alto, símbolo ex comunista utilizado en todas las «revoluciones» de colores desde la época de Otpor, en Serbia. Desde la perspectiva de Washington, lo importante es hacer ver que todo ha terminado y que los hechos se inscriben en una dinámica internacional de carácter liberal. Es interesante señalar que el título aparece en inglés y que la bandera tunecina se reduce a un simple adorno encima de la letra R. Jazmín para calmar a los tunecinos
Los consejeros estadounidenses en materia de comunicación estratégica tratan entonces de dar el juego por terminado, mientras que el primer ministro saliente forma un gobierno de continuidad. Es en ese momento que las agencias de prensa lanzan la denominación de «Jasmine Revolution», ¡en inglés, por supuesto! Las agencias afirman que los tunecinos acaban de realizar su propia «revolución de color». Se instaura un gobierno de unión nacional y todo el mundo contento.

La expresión «Jasmine Revolution» deja un sabor amargo a los tunecinos más viejos: es precisamente la que utilizó la CIA durante el golpe de Estado de 1987 que puso a Ben Ali en el poder.

La prensa occidental –sobre la cual el Imperio ejerce ahora más control que sobre la tunecina– descubre entonces la fortuna mal habida de la familia Ben Ali, que hasta ahora había ignorado. Se olvida, sin embargo, del visto bueno que el director del FMI, Dominique Strauss-Kahn, le había dado a los funcionarios del régimen pocos meses después de los motines que protagonizó la población hambrienta [8].

También se olvida del último informe de Transparency International que afirmaba que en Túnez había menos corrupción que en varios Estados de la Unión Europea, como Italia, Rumania y Grecia [9].

Mientras tanto, se desvanecen los grupos armados del régimen, que habían sembrado el terror entre los civiles durante los disturbios y los llevaron incluso a organizarse en comités de autodefensa.

Los tunecinos, a quienes se creía despolitizados y manejables al cabo de tantos años de dictadura, resultan sin embargo muy maduros. Rápidamente se dan cuenta de que el gobierno de Mohammed Ghannouchi no es otra cosa que «benalismo sin Ben Ali». Con algunos cambios de fachada, los caciques del partido único (RCD) conservan los ministerios más importantes. Los sindicalistas de la UGTT se niegan a sumarse a la maniobra estadounidense y renuncian a los puestos que les habían sido otorgados.



Ahmed Nejib Chebbi, un oponente «Made in USA». Además de los inamovibles miembros del RCD, se mantienen los dispositivos mediáticos y varios agentes de la CIA. Por obra y gracia del productor Tarak Ben Ammar (el gran jefe de Nessma TV), la realizadora Moufida Tlati se convierte en ministra de Cultura. Menos implicado en el negocio del espectáculo, pero más significativo, Ahmed Nejib Chebbi, peón de la National Endowment for Democracy (NED), se convierte en ministro de Desarrollo Regional y el oscuro Slim Amanou, un bloguero conocedor de los métodos del Albert Einstein Institute, se transforma en ministro de Juventud y Deportes a nombre del fantasmagórico Partido Pirata, vinculado al autoproclamado grupo Anonymous.



La verdadera sede del poder ya no es el Palacio de la República sino la embajada de Estados Unidos. En ella se conformó el gobierno de Ghannouchi. Situada fuera de la capital tunecina, en un terreno fortificado, la embajada estadounidense es un gigantesco bunker estrechamente vigilado que abriga las oficinas centrales de la CIA y del MEPI para el norte de África y parte del Medio Oriente.


Por supuesto, la embajada de Estados Unidos no solicitó al Partido Comunista que se integrara al llamado «gobierno de unión nacional». Por el contrario, lo que hicieron fue traer de Londres, donde había obtenido el asilo político, al líder histórico del Partido del Renacimiento (Ennahda), Rached Ghannouchi.

Se trata de un islamista ex salafista que predica la compatibilidad entre el Islam y la democracia y que viene preparando desde hace tiempo un acercamiento al Partido Demócrata Progresista de su amigo Ahmed Nejib Chebbi, un socialdemócrata ex marxista. En caso de que fracase el «gobierno de unión nacional», este dúo pudiera representar una solución alternativa.

Los tunecinos se sublevan nuevamente, ampliando por su propia cuenta la consigna que se les había inculcado: «¡RCD, lárgate!». En comunas y empresas, ellos mismos expulsan a los colaboradores del régimen derrocado.

¿Hacia la revolución?

Contrariamente a lo que ha dicho la prensa occidental, la insurrección no ha terminado aún y la revolución todavía no ha comenzado. Es importante señalar que Washington no ha canalizado nada, exceptuando a los periodistas occidentales. Ahora más que en diciembre, la situación está fuera de control.

Thierry Meyssan

Analista político francés. Fundador y presidente de la Red Voltaire y de la conferencia Axis for Peace. Última obra publicada en español: La gran impostura II. Manipulación y desinformación en los medios de comunicación (Monte Ávila Editores, 2008

Tomado: Red Voltaire.org







¿Quién quiere destruir Grecia?

El compositor y ex ministro griego Mikis Theodorakis no cree que su país sea responsable de la crisis financiera que está atravesando. Theodorakis ve la mano de Washington detrás de la crisis financiera y denuncia el papel del FMI. Una interesante reflexión para comprender acerca de lo que está pasando en Grecia. El sentido común del que dispongo no me permite explicar ni mucho menos justificar la rapidez de la caída de nuestro país desde el año 2009, caída que lo lleva ahora a recurrir al FMI, privándolo así de parte de su soberanía nacional y poniéndolo bajo un régimen de tutela. Es curioso que nadie se haya ocupado hasta ahora de lo más simple, o sea de explicar nuestra trayectoria económica con cifras y documentos, para que nosotros, los ignorantes, fuésemos capaces de entender las verdaderas causas de esta evolución vertiginosa y sin precedentes cuyo resultado es la pérdida de nuestra identidad nacional y la humillación internacional. Oigo hablar de una deuda de 360 000 millones de dólares, pero veo al mismo tiempo que muchos países presentan esas mismas deudas, e incluso mayores. Por lo tanto, no puede ser esa la causa esencial de la desgracia. Lo que también me intriga es la desmesurada importancia de los ataques internacionales de los que nuestro país está siendo objeto, y cuya coordinación es casi perfecta, a pesar de tratarse de un país cuya economía es insignificante, lo cual acaba por parecer sospechoso. Todo eso me lleva a pensar que alguien nos está culpabilizando y que nos están metiendo miedo para que nos pongamos en manos del FMI, lo cual tiene una importancia esencial en la política expansionista de Estados Unidos, y que todo el asunto de la solidaridad europea nos es más que una cortina de humo, para que no se vea que se trata de una iniciativa puramente estadounidense, para llevarnos a una crisis económica artificial, para que nuestro pueblo tenga miedo, para que se someta, para que pierda importantísimas conquistas y, finalmente, para que se ponga de rodillas y acepte la dominación extranjera. ¿Pero por qué? ¿En aras de qué planes y de qué objetivos? Aunque he sido y sigo siendo partidario de la amistad greco-turca, tengo que decir que el repentino fortalecimiento de las relaciones gubernamentales y los precipitados contactos entre ministros y otros actores, me inspiran temor, al igual que los recientes viajes a Chipre y la próxima visita de Erdogan. Sospecho que detrás de todo eso se esconde la política estadounidense con sus sospechosos proyectos, que tienen que ver con nuestro espacio geográfico, con la existencia de yacimientos petrolíferos, con el régimen de Chipre, con el mar Egeo, con nuestros vecinos del norte y con la actitud arrogante de Turquía, y que el único obstáculo para esos planes es la desconfianza y la oposición del pueblo griego. En mayor o menor medida, todos los que nos rodean están atados al carro de Estados Unidos. La única diferencia es que nosotros, desde la dictadura de la junta y la pérdida del 40% de Chipre y hasta las incómodas polémicas con Skopje (la antigua república yugoslava de Macedonia) y con los ultranacionalistas albaneses, hemos venido recibiendo golpes sin tomar conciencia de ello. Por eso tienen que eliminarnos como pueblo. Y eso es precisamente lo que está pasando en este momento. Yo invito a los economistas, los políticos y los analistas a que me desmientan. Creo que no existe otra explicación lógica, a pesar del complot internacional, en el que han participado los europeos proestadounidenses como Merkel, el Banco Europeo, la prensa reaccionaria internacional, todos juntos han participado en el «gran golpe», que consiste en degradar a todo un pueblo de la categoría de pueblo libre a la de pueblo sometido. Al menos yo no puedo encontrar otra explicación. Reconozco que no dispongo de conocimientos específicos. Pero lo que digo, lo digo utilizando mi sentido común. Puede que muchos estén pensando lo mismo que yo y quizás podamos comprobarlo en los próximos días. En todo caso, yo quisiera alertar a la opinión pública y subrayar que si mi análisis resulta correcto, la crisis económica –que, como ya dije anteriormente, nos ha sido impuesta– no será entonces otra cosa que el primer trago amargo de una cena de Lúculo y que saldrán entonces a flote cuestiones cruciales de carácter nacional de las que no quiero ni pensar hacia dónde pueden llevarnos. ¡Ojalá me equivoque! Míkis Theodorákis Compositor y político griego Tomado de Red Voltaire

Elecciones en Iraq

Un proceso que, lejos de llevar la solución, saca a la luz el problema La fotografía actual -aunque ocultada intencionadamente- nos muestra un triste y doloroso balance de la ocupación. El alto coste de vidas humanas, la crisis humanitaria, los abusos de los derechos humanos, la corrupción, la fragmentación del Estado y de la sociedad, la privatización de las empresas iraquíes, especialmente en el sector energético, el auge de movimientos jihadistas, la violencia descontrolada y la sensación de terror generalizado son algunas piezas de este nuevo Irak que han construido las fuerzas de ocupación. Las recientes elecciones han tenido lugar en este contexto. Por ello, resulta difícil hablar de un proceso electoral libre y limpio. Además, la propia legislación para la ocasión ha estado repleta de irregularidades y de medidas nada democráticas. La prohibición de importantes candidatos bajo la genérica acusación de haber mantenido lazos con el partido Baath se ha mostrado como un claro intento para obstaculizar la presencia de las voces más laicas del país, y, sobre todo, para poner trabas a la puesta en marcha de una alternativa a la política de fuerzas sectarias que tanto parece agradar a Washington y a sus aliados locales y regionales. El lento recuento está haciendo aumentar las especulaciones sobre la limpieza electoral, pero todo apunta a que no tendremos un vencedor por mayoría absoluta, por lo que el escenario político diseñado por la ocupación estará nuevamente sometido a pactos y arreglos, muchos de ellos contra natura. El proceso para la elección del próximo presidente y del primer ministro será largo y complejo, lo que además anticipa una coyuntura nada favorable para los intereses de las fuerzas de ocupación. Cualquier intento de lograr una coalición para la formación de un nuevo Gobierno va a estar sometido a maniobras y presiones por muchas partes. Los enfrentamientos personales, el rechazo de ciertos dirigentes, el recelo entre formaciones son evidentes obstáculos para alcanzar un acuerdo rápido y estable. Las tensiones y los pactos van a condicionar sobremanera las próximas semanas en Irak, dando una sensación de vacío que puede incrementar las tensiones entre los diferentes actores locales, e incluso algunos de los poderes regionales aprovechará la situación para mover los hilos en defensa de sus propios intereses. Se presenta interesante el papel de las fuerzas suníes y árabes, que sin duda alguna aumentará, pero es difícil anticipar su posición ante el primer ministro saliente Al-Maliki, que se ha granjeado la enemistad de unos y al que muchos apuntaban como virtual vencedor, aunque mantiene una dura pugna con el laico Iyad Allawi. También habrá que prestar especial atención a los resultados que obtengan los candidatos de la Alianza Nacional Iraquí, la gran coalición chií otrora aliada de Al-Maliki, pero que en estas elecciones se ha presentado en solitario y ha disputado a la lista del Estado de Derecho el voto de la comunidad chií. Finalmente los resultados de la principal fuerza kurda, la Alianza del Kurdistán, formada por el PDK y el UPK, parecen haber logrado conjurar la «amenaza interna» que representaba la lista Goran, y está a la espera de conocer los resultados en las zonas de mayor disputa con las fuerzas árabes, como Kirkuk. Fuera de ese escenario parlamentario se han vuelto a situar los grupos y organizaciones de la resistencia civil que han solicitado el boicot a las elecciones, así como los grupos cada vez más minoritarios que se sitúan en torno al jihadismo transnacional y que podrían aprovechar el vacío para incrementar sus atentados indiscriminados y tensar todavía más la cuerda en el país ocupado. También habrá que seguir de cerca los movimientos de los llamados poderes regionales. Las maniobras de Teherán tendrán una consecuencia directa sobre el panorama iraquí, habida cuenta de los intereses que están en juego. Tampoco hay que olvidar el papel que pueda desempeñar Siria, que acoge a una gran cantidad de refugiados iraquíes, la mayoría de los cuales podrían identificarse con la resistencia civil al régimen colaboracionista de Bagdad -la alta abstención entre éstos es una muestra de ello-. De igual manera, Arabia Saudí (buscando contrarrestar la influencia iraní), Jordania (siguiendo el guión marcado por Washington) o Turquía (en este caso, sus maniobras buscarán imposibilitar cualquier marco que conceda un régimen de independencia al sur de Kurdistán) intentarán forzar un escenario favorable para sus propios intereses. La solución para Irak no pasa por el desarrollo del plan puesto en marcha hace siete años por los neoconservadores desde la Casa Blanca, y que contaron con el apoyo de sus aliados occidentales y regionales, y dentro del cual se enmarca la reciente cita electoral. Para una solución definitiva y justa debe ponerse fin a la ocupación, y no presentar ésta como una consecuencia y una realidad a partir del próximo agosto, fecha que ha señalado Obama para la «salida de las tropas de combate de Irak». Porque habría que preguntarle al presidente de EEUU qué pintan en esa nueva coyuntura las bases permanentes que Washington tiene en Irak, o el papel de los miles de mercenarios e incluso de los soldados norteamericanos presentados bajo otro nombre, o del enorme «personal diplomático». La población de Irak debe poder articular los mecanismos necesarios para la búsqueda de fórmulas que solucionen los temas más candentes y que abran las vías hacia una reconciliación, y todo ello deberá tener lugar sin ningún tipo de injerencia externa. El status del sur de Kurdistán, de Kirkuk, el regreso de los refugiados, el fin de la ocupación... deberían ser los ejes sobre los que pivote cualquier intento serio por buscar una solución definitiva. Txente Rekondo Tomado de Gara

Honduras: La victoria del «Smart Power»

La doctrina de la administración Obama El control de la América Latina por parte de los Estados Unidos no ha cesado. Sólo han cambiado los métodos. Hoy se emplea el «Smart Power». ¿Qué es lo inteligente de ésta concepción? Es una forma de política dificil de clasificar, dificil de detectar y dificil de desmontar. El caso de Honduras es ejemplar. Por un lado, el Presidente Obama condenaba al golpe contra el Presidente Zelaya, y por otro lado, su embajador en Tegucigalpa se reunía constantemente con los golpistas.

Lo ilegal lo hacemos de inmediato. Lo inconstitucional tarda más tiempo.» Henry Kissinger. Henry Kissinger decía que la diplomacia es «el arte de refrenar el poder». Obviamente, el ideólogo más influyente de la política exterior estadounidense del siglo XX estaba haciendo referencia a la necesidad de «refrenar el poder» de otros países y gobernantes para poder mantener la posición dominante de Estados Unidos ante el mundo. Presidentes como George W. Bush, empleaban el «poder duro» (Hard Power) para lograr este fin: armas, bombas, amenazas e invasiones militares. Otros como Bill Clinton, utilizaban el «poder suave» (Soft Power): la guerra cultural, Hollywood, ideales, diplomacia, autoridad moral y campañas para ganar «las mentes y corazones» de las poblaciones civiles en países adversarios. Pero la administración de Barack Obama ha optado por una mutación de estos dos conceptos, fusionando el poder militar con la diplomacia, la influencia política y económica con la cultural y legal, y llamándolo el «poder inteligente» (Smart Power [1]). Su primera aplicación ha sido en el caso de Honduras, con el golpe de estado, y hasta hoy, ha funcionado a la perfección. Decía la Secretaria de Estado Hillary Clinton en su audiencia de confirmación ante el Senado de Estados Unidos, que «debemos utilizar lo que se ha llamado el «smart power», el rango completo de herramientas que están a nuestra disposición – diplomáticas, económicas, militares, políticas, legales y culturales – escogiendo la herramienta correcta, o combinación de herramientas, para cada situación. Con el «smart power», la diplomacia sería la vanguardia de nuestra política exterior.» Luego, Clinton reforzaba este concepto afirmando que «el camino más sabio es primero utilizar la persuasión.» [2] ¿Qué es lo inteligente de ésta concepción? Es una forma de política dificil de clasificar, dificil de detectar y dificil de desmontar. El caso de Honduras es ejemplar. Por un lado, el Presidente Obama condenaba al golpe contra el Presidente Zelaya, y por otro lado, su embajador en Tegucigalpa se reunía constantemente con los golpistas. La Secretaria de Estado Clinton repetía muchas veces durante los últimos cuatro meses, desde el primer día del golpe, que Washington no quería meterse ni influir sobre la situación en Honduras – que eran los hondureños que tenían que resolver su crisis, sin alguna injerencia externa. No obstante, fue Washington que impuso la mediación de Oscar Arías, presidente de Costa Rica, era Washington que seguía financiando al régimen golpista a través de la USAID, y era Washington que comandaba y controlaba las fuerzas armadas hondureñas, a través de la base militar Soto Cano (Palmerola). También fue el lobby de Washington que redactó el «acuerdo» de San José, y en el final, fueron los altos funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado que tuvieron que «persuadir» a los hondureños para que aceptaran ese acuerdo. A pesar de la constante injerencia de Estados Unidos en el golpe de estado en Honduras – desde su financiación, diseño y apoyo político hasta el apoyo militar – el «smart power» logró distorcionar la realidad ante la opinión pública, convertiendo al duo Obama/Clinton en los «grandes ganadores del multilateralismo». Lo que hizo el «smart power» fue disfrazar el unilateralismo estadounidense de multilateralismo. Del primer día, la agenda de Washington se impuso. El 1 de julio, los voceros del Departamento de Estado admitieron en una rueda de prensa que tenían conocimiento previo del golpe. También admitieron que dos altos funcionarios de la diplomacia estadounidense, Thomas Shannon y James Steinberg, estuvieron en Honduras la semana anterior al golpe para mantener reuniones con los grupos civiles y militares que lo llevaron a cabo. Decían que su propósito era «frenar el golpe», pero ¿cómo se explica entonces el hecho de que el avión llevando al presidente Zelaya ilegalmente fuera del país salió de la base militar de Soto Cano, en la presencia de los militares estadounidenses? [3] Los hechos demuestran la verdad sobre el papel de Washington en el golpe de estado, y su posterior experimento exitoso con la aplicación del «smart power». Sabían del golpe, financiaban a los involucrados, ayudaron sacar al Presidente Zelaya del país y luego, utilizaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) – en un momento incluso en que estaba en peligro de extinción – como fachada para imponer su agenda. En su discurso, el Departamento de Estado siempre legitimaba a los golpistas, llamando a «todas las partes…a resolver las disputas políticas de manera pacífica a través del diálogo». ¿Desde cuando un usurpador ilegal del poder es considerado «una parte» légitima dispuesta a dialogar? Obviamente es un actor criminal que no estaba dispuesto a dialogar en primer lugar. Basada en esa lógica de Washington, el mundo debería hacer un llamado al gobierno de Obama para que «resuelva su disputa política con Al Qaeda de manera pacífica a través del diálogo». El «smart power» de Obama/Clinton logró su primera victoria durante los primeros días del golpe cuando los estados miembros de la OEA aceptaron la solicitud de esperar 72 horas para «darles tiempo» en Honduras para resolver su crisis. Luego vino la imposición de la mediación de Arías, y ya, de haber cedido tanto espacio a Washington, el imperio tomó el reino y lo llevó hasta el final. Cuando el presidente Zelaya se fue a Washington para reunirse con la Secretaria de Estado Clinton, fue obvio quien estaba en control. Y asi lo jugaron, alargando el tiempo hasta el último momento para no permitir un regreso de Zelaya que tuviera el espacio de revertir lo que ya se habían logrado. El pueblo se quedó fuera, los meses de represión, violencia, persecución, violaciones, toques de queda, cierres de medios de comunicación y torturas y asesinatos, se han olvidado. Menos mal, como dijo el Subsecretario de Estado Thomas Shannon, luego de lograr hacer firmar el «acuerdo» entre Micheletti y Zelaya, que la situación en Honduras se pudo resolver «sin violencia». Al firmar el acuerdo el pasado 30 de octubre, Washington «levantó» las pocas restricciones que habían impuesto para presionar al régimen golpista. Ya pueden sacar sus visas y viajar al norte, no se tienen que preocupar por los millones de la USAID que ni siquiera se habían suspendidos. Los militares estadounidenses en Soto Cano pueden reiniciar todas sus actividades – bueno, realmente nunca las habían dejado de hacer, como confirmó el Comando Sur del Pentágono, días después del golpe: «todo está normal con nuestras fuerzas armadas en Honduras, están haciendo sus actividades y maniobras conjuntas con los hondureños como siempre». Washington está preparando su delegación de observadores para las elecciones en Honduras el próximo 29 de noviembre – ya están en camino. Olvídanse del torturador Billy Joya y los paramilitares colombianos enviados para ayudar al régimen golpista «controlar» la población. No se preocupan por el arma sónica LRAD utilizado para torturar a los habitantes en la embajada de Brasil, durante la estadía de Zelaya. No pasó nada. Como dijo Thomas Shannon, «felicito a dos grandes hombres por haber logrado este acuerdo histórico». Y la Secretaria de Estado Hillary Clinton comentó que «este acuerdo es un logro tremendo para los hondureños». ¿Disculpa, para quién? En el final el celebrado «acuerdo» impuesto por Washington sólo llama al congreso de Honduras – el mismo que falsificó la renuncia de Zelaya para justificar el golpe, y el mismo que apoyó la instalación ilegal de Micheletti en la presidencia – de determinar si quieren o no restituir a Zelaya en la presidencia. Y sólo después de recibir una opinión de la Corte Suprema de Honduras – la misma que opinó que Zelaya era un traidor por promover una encuesta no vinculante sobre una posible reforma constitucional y la misma que ordenó su captura violenta. En caso de ser positiva la respuesta del congreso, Zelaya no tendrá ningun poder. Su gabinete sería impuesto por los partidos que apoyaron el golpe, las fuerzas armadas golpistas estarían bajo el control de la Corte Suprema golpista, y además, Zelaya podría ser enjuiciado por su supuesto «crimen», por haber promovido una encuesta no vinculante sobre una potencial reforma constitucional. Según el «acuerdo», una comisión de la verdad supervisará la implementación de los términos acordados. Hoy anunciaron que la comisión será liderada por una ficha de Washington, el ex presidente chileno, Ricardo Lagos. Promotor de las políticas neoliberales de Washington, Lagos es co-director de la Junta Directiva del Diálogo Interamericano, un centro de pensamiento estadounidense de la derecha que analiza los temas relacionados con América Latina. También fue encargado por la National Endowment for Democracy (NED) para crear una versión chilena, la Fundación Democracia y Desarrollo, para «promover la democracia», al estilo estadounidense en la región. Al salir de la presidencia en Chile, Lagos fue Presidente del Club de Madrid – un club exclusivo de expresidentes dedicados a «promover la democracia» por el mundo. En ese «club», también figuran personajes vinculados con la desestabilización de los gobiernos de izquierda en América Latina como Jorge Quiroga y Gonzalo Sánchez de Lozada (ex presidentes de Bolivia), Felipe González (ex primer ministro de España), Václav Havel (ex presidente de la República Checa) y José María Aznar (ex primer ministro de España), entre muchos otros. En el final, el «smart power» fue suficientemente inteligente para engañar a los que hoy se abrazan y celebran «el fin de la crisis» en Honduras. Pero para la mayoría del pueblo latinoamericano la victoria del «smart power» de Obama/Clinton en Honduras significa una sombra muy oscura y peligrosa que nos acerca. Apenás, iniciativas como el ALBA estaban logrando la independencia en América Latina del poder estadounidense. Por primera vez, los países y pueblos se levantaban en colectivo con dignidad y soberanía para determinar sus propios futuros. Y llegó Obama con su «smart power» y golpeó al ALBA, debilitó la integración latinoamericana y aplastó cualquier pensamiento sobre independencia y soberanía en el patio trasero de Washington. Arrodillados y entregados ante Washington, «fue resuelta» la crisis en Honduras, la misma que se había fomentado en el norte. Ahora, se habla de Paraguay, Nicaragua, Ecuador y Venezuela, donde cada día aumenta la subversión, la contrainsurgencia y la desestabilización. El pueblo de Honduras sigue en resistencia, a pesar del «acuerdo» entre sus gobernantes. Su insurrección y compromiso con la reivindicación de sus derechos es el símbolo de la dignidad. La única manera de derrotar a la agresión imperial – que sea inteligente o que sea bruta – es a través de la unión e integración de los pueblos, a todo nivel. Eva Golinger Tomado de Red Voltaire Eva Golinger es una abogada, escritora e investigadora venezolano-estadounidense, esta dedicada en la actualidad a la investigación sobre la injerencia de Estados Unidos de Norteamerica en la República Bolivariana de Venezuela y otros países de América Latina. Autora de El código Chávez (2005) y "Bush vs. Chávez: la guerra de Washington contra Venezuela, sus libros han sido traducidos al inglés, francés, alemán e italiano. Nacida en Nueva York pero de familia venezolana, vivió varios años en Mérida (Venezuela) antes de la llegada al poder del Presidente Hugo Chávez. Actualmente vive en Caracas, siendo una destacada defensora de la Revolución Bolivariana basada en sus investigaciones. Ver su sitio web. [1] Smart Power, que se traduce como el «Poder Inteligente» es el término utilizado para designar en las relaciones internacionales la «capacidad de combinar una posición o postura [política] dura y otra suave, que conduzca a la victoria». Smart Power es entonces la estrategia política que utiliza la diplomacia, la persuasión, la capacidad de construir y la amenaza. Es la manera de proyectar su poder [intereses] gracias a las influencias ejercidas. Busca también la obtención de una legitimación social y política, que emplea a la vez la utilización de la fuerza militar [o chantaje militar] y otras formas de diplomacia. Este término fue definido por Joseph Nye (1937) quien fue Sub-Secretario de Estado en la administración Carter y ocupó el puesto de Secretario Adjunto a la Defensa en la administración Clinton. Se le considera en los EEUU como uno de los más grandes pensadores liberales en política extranjera, es decir el equivalente liberal de su homólogo conservador, el politólogo Samuel Huntington. Concerniendo al origen de este concepto, leer: « Washington decreta un año de tregua global », por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 10 de diciembre de 2007. [2] Leer tambien : « Discurso de Hillary Clinton en el Consejo de Relaciones Exteriores », Red Voltaire, 15 de Julio de 2009. [3] « El caso de Honduras: Washington en la cuerda floja », por Arnold August, Red Voltaire, 16 de Agosto de 2009.

El G-20 plantea la defensa del sistema como cuestión de fe

Los participantes en la cumbre de Washington pasaron de puntillas sobre las discrepancias existentes sobre el alcance de la intervención de los Estados y la regularización de los mercados y se comprometieron a una reforma basada en una mayor transparencia y regulación, sin más concreción. Acordaron celebrar nuevas cumbres, la primera antes del 30 de abril, probablemente en Londres, mientras que la siguiente tendrá lugar en Italia en julio del mismo año.

Pese a que líderes europeos como el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, defendieran la celebración de la cumbre bajo la tutela de la interina Administración Bush -Barack Obama toma posesión del cargo el 20 de enero- porque «el mundo no podía esperar», la cita dejó sin resolver las diferencias sobre la intervención estatal y la regularización de los mercados. «El camino más seguro para solucionar los problemas es el capitalismo de libre mercado», volvió a insistir el presidente saliente de Estados Unidos, George Bush, quien aseguró que «el mundo debe rechazar el proteccionismo».

Los líderes del G-20 pasaron de puntillas sobre las discrepancias existentes para fortalecer la regulación de los mercados y trataron de cumplir con el acuerdo de dar un mayor peso en las instituciones financieras a los países emergentes y en desarrollo y la convocatoria de una nueva reunión antes del 30 de abril su anuncio de que la cita de Washington no sería sólo para hablar, sino una «reunión concluyente».

La Unión Europea propone que se endurezca la regulación, especialmente en cuanto al funcionamiento de los fondos de alto riesgo y a las indemnizaciones de los directivos, algo a lo que Estados Unidos se opone. Por ello, se deja en manos de cada estado la opción de elegir sus propias medidas, pero fijan como plazo máximo el 31 de marzo para que cada gobierno extienda la vigilancia de esos fondos y ejerza un mayor control sobre las firmas de calificación de riesgo.

La cumbre, presentada por algunos como un nuevo Bretton Woods, terminó casi tres cuartos de hora antes de lo previsto con una declaración oficial de Bush, tras que la que no admitieron preguntas.

El presidente interino de Estados Unidos y anfitrión de la cumbre dijo que la crisis económica y financiera actual podría haberse convertido en algo peor que la Gran Depresión de 1929 sin las medidas ya adoptadas en su país.

Aunque no las enumeró en detalle, aludió al plan de rescate financiero valorado en unos 700.000 millones de dólares y aprobado en octubre.

Agregó que la cumbre de las principales economías del mundo y de países emergentes ha representado «un éxito» y que los líderes mundiales se han comprometido a modernizar la regulación del sistema y acometer una reforma de los mercados financieros que descanse sobre los principios de una mayor transparencia y regulación. Acordaron, además, trabajar juntos para restaurar el crecimiento mundial y conseguir las reformas que necesita el sistema financiero, algo que debe estar delineado antes del 31 de marzo con el fin de «restablecer la confianza en el sistema financiero». Esos esfuerzos estarán guiados por la «fe compartida en los principios del libre mercado, el libre comercio y la regulación efectiva».

Comunicó que los gobernantes también se mostraron de acuerdo en la necesidad de reformar las instituciones financieras, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y de mejorar la integridad de los mercados financieros.

«Vamos a revisar de nuevo las normas sobre la regulación del mercado y el fraude», sostuvo.

La declaración final reconoce los «serios desafíos» a los que se enfrentan la economía mundial y los mercados financieros, y destaca la decisión de los líderes de «trabajar juntos» para restaurar el crecimiento económico. «Ante el deterioro de las condiciones económicas a escala mundial, estamos de acuerdo en la necesidad de una respuesta política más amplia, basada en una cooperación macroeconómica más estrecha para restaurar el crecimiento».

El único camino para ello, indican, es la reforma de los sistemas financieros, aspecto en el que existen discrepancias a un lado y otro del Atlántico, aunque el comunicado refleja sólo los puntos de consenso sobre los que debe descansar la reforma.

«Primera línea de defensa»

La declaración final indica que es «muy necesario» fortalecer la regulación, pero aclara que esto «debe ser la responsabilidad última» de cada estado, pues constituyen «la primera línea de defensa contra la inestabilidad de los mercados».

Los participantes en el encuentro instan a «intensificar la cooperación internacional entre los reguladores y a fortalecer los estándares internacionales».

El documento consensuado recoge que toda reforma adoptada por un estados debe descansar sobre cinco principios, entre ellos mejorar la transparencia de los mercados, especialmente en lo que se refiere a los productos financieros más sofisticados.

Además, debe intensificarse la vigilancia, y destaca sobre todo a las agencias de calificación de riesgo, que fallaron en la última crisis.

Otro de los puntos acordados es promover la integridad ética de los mercados financieros y proteger a los consumidores, evitando los conflictos de intereses y previniendo la manipulación ilegal, las actividades fraudulentas y los abusos.

Cada estado, según el acuerdo, deberá, además, poner su grano de arena para reforzar la cooperación internacional en materia de regulación y de vigilancia.

En la declaración final, los mandatarios reunidos en Washington alzan la voz en contra del proteccionismo comercial, e instan a una conclusión de la Ronda de Doha, de la Organización Mundial de Comercio (OMC), atascadas desde hace años. Además, piden que no se levanten barreras comerciales en los próximos doce meses.

Cerco policial

El servicio secreto y decenas de agencias policiales, federales y locales levantaron un cerco en torno al Museo Nacional de la Construcción, edificio del siglo XIX en el que se desarrolló la cumbre del G-20, e impidieron el paso de quien no estuviera acreditado.

Londres

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, propuso que la próxima cumbre del G-20 se celebre en Londres, con motivo de la presidencia de turno de Gran Bretaña de este grupo, integrado por países desarrollados y emergentes y la UE como bloque.

Histórico

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó de histórica la cumbre y consideró que representa un cambio en el panorama político mundial. «Sólo puedo decir que el día de hoy es histórico», indicó en unas breves declaraciones.

La «cumbre del pueblo» pide medidas para los trabajadores

De forma paralela a la cumbre del G-20, activistas de todo Estados Unidos celebraron en Washington la «cumbre del pueblo» para para exigir medidas económicas que beneficien a los trabajadores en todo el mundo. Los actos comenzaron el viernes, con un «banquete del pueblo» que ofrecieron a personas con pocos recursos frente a la Casa Blanca.

«Pedimos cambios estructurales reales que antepongan las necesidades del pueblo a las ganancias, en el contexto de una verdadera democracia», explicó David Thurston, de Casa de Maryland, uno de los organizadores de la protesta.

Agregó en un comunicado que exigen políticas que creen empleos para la clase trabajadora, tanto inmigrantes como nacidos en EEUU, y que ayuden a construir comunidades sostenibles en materia social y medio ambiental.

Esa exigencia se convirtió en el motor de la manifestación realizada ayer para «celebrar el fin de una economía global desigual». Acompañados de músicos que entonaban canciones protesta, los manifestantes denunciaron el «gran perjuicio» del sistema capitalista, que «permite la avaricia corporativa en detrimento de los países pobres».

«¡Un funeral para el capitalismo. Finalmente ha muerto!», rezaba una vistosa pancarta, adornada con dos calaveras en blanco y negro en ambos lados. «¿Para quién estás salvando al capitalismo? Para los ricos y los poderosos», indicaba otra. Algunos manifestantes gritaron consignas y portaron carteles con mensajes como «resistencia contra el imperio estadounidense» y «alto a la avaricia corporativa, trabajos con justicia!» y a favor de medidas para «la necesidad humana y no para la avaricia corporativa».

El «desfile fúnebre», encabezado por dos mujeres ataviadas con el sombrero emblemático del «Tío Sam», partió de un parque cercano a la sede del Fondo Monetario Internacional y marchó hacia una iglesia luterana, donde celebraron un foro popular. «Nuestro mensaje es que el sistema económico necesita un cambio fundamental. El fundamentalismo del libre mercado ha estado perjudicando a las familias trabajadoras durante décadas», dijo Ruth Castel Branco, del grupo Trabajos con Justicia. Bush «ha estado presionando por más desregulación y sus políticas han provocado la pérdida de miles de empleos», agregó la activista. Subrayó que los trabajadores han sido los más golpeados por la crisis, «pero sólo cuando se viene abajo Wall Street se pone atención».

Los actos de protesta desarrollados en Estados Unidos coincidieron con otros realizados en Europa. En Euskal Herria, LAB protagonizó una concentración a mediodía de ayer ante el BBVA en Bilbo. Denunció que las medidas adoptadas ante la crisis «generada por la especulación y el descontrol intrínseco que promueve el neoliberalismo» están suponiendo despidos y perjuicios para la clase trabajadora.

Tomado de Gara