Bajo sospecha

El ex ministro de justicia Thomas Bodström, presenta una propuesta acorde a su estilo y su ética, para simplificar, ante delitos menores, el tiempo y el trabajo que tomaría condenar a quienes los cometen. Este gobierno, que se ha esmerado en ahorrar con el presupuesto y que con su política de recortes ha ocasionado una crisis, quiere ahora justificar esta propuesta alegando falta de recursos en la policía y la justicia.

Bodström quiere otorgar a la policía la potestad de investigar, juzgar y condenar en forma sumaria al presunto delincuente, negándole el derecho a ser representado y defendido por un abogado; potestades especiales que pueden, en cualquier momento, dar paso a medidas mucho más graves y arbitrarias. Insiste también en crear, dentro de la Policía Criminal, un FBI con 200 empleados.

No olvidemos que a partir del 11S nos encontramos ante una nueva situación: la globalización del terrorismo de estado y por ende, el debilitamiento de los derechos de los ciudadanos.

Alega Bodström que los ahorros en el presupuesto y la falta de recursos han creado un caos y manifiesta que la ministra Ask defraudó a la población, a la que hizo perder la confianza en la justicia. Nada de esto esta desvinculado de una larga trayectoria de controles que atentan, cada vez más, contra la integridad del individuo.

Cómo imponer estos controles que son muchos y graves y que cumplen con las exigencias de USA y de la UE? Bueno, la única manera es a través del miedo al “enemigo común”: el terrorismo y la delincuencia internacional. Este es un largo camino que desde la década del 70 se ha ido agravando y perfeccionando con el desarrollo de técnicas más sofisticadas.

Desde que Bodström asumió su cargo en el 2002 y más aún, después del famoso 11S, ha impulsado propuestas que violan la libertad de expresión y la integridad del individuo.

Se ha incrementado el uso de cámaras para controlar áreas cada vez más amplias: transporte, escuelas, espacios públicos, oficinas, locales, negocios. Se ha aumentado el número de efectivos policiales y guardias de seguridad con potestades ampliadas, incluyéndose el control de la prensa y las comunicaciones. Se ejerce el control y almacenamiento del tráfico a través del espacio cibernético: a quien llamamos o enviamos correo a través de internet y cuando y con quien nos comunicamos. No olvidemos que el IP de nuestra computadora es como el carnét de identidad: con él se registra nuestro nombre y dirección. Se censuran páginas web con contenidos o ideologías “sospechosas”, cuando lo único que se debería hacer, es proteger a niños y adolescentes de aquellas web que promueven la pornografía, fundamentalmente la infantil. Se lleva adelante, por parte de la Policía de Seguridad Sueca (SÄPO), el control preventivo de presuntos “delincuentes o terroristas”. El uso cada vez más extendido del estudio de ADN como forma de llevar un registro de ”sospechosos”. Se ejerce limitación sobre el personal de la salud en cuanto a quebrantar el secreto profesional, cuando están involucradas personas sopechosas de amenazas a políticos e integrantes de la familia real. Se controla también a través de la telefonía móbil, que permite ubicar geográficamente a sospechosos; la policía de seguridad allana domicilios y automóviles secretamente, sin necesidad de informar y puede llevarse objetos comprometedores, sin levantar acta en lo referido a la llamada “delincuencia grave y estructurada”.

Lo que Bodström “olvidó” comunicar en su momento, fue que toda esta información que estaba depositada en la UE, se entregó en el 2006 al FBI. Pequeño detalle!!

Bodström, a quien Jan Guillou, conocido escritor y periodista, ha calificado como más peligroso que Bin Laden, planteó edificar una cárcel dentro de la cárcel, para solucionar los problemas de los reclusos; proyecto que ha sido muy criticado. Propuso el control de orina a los alumnos escolares como forma de prevenir el uso de drogas entre los adolescentes; prometió un “policía por alumno” como solución a la violencia escolar y que a los alumnos con inasistencias no justificadas, los iría a buscar la policía.

Tanto Bodström como la Alianza parecen creer (o querer hacernos creer), que los problemas sociales se solucionan con más policías y medidas represivas de control. No señores!!! Lo que necesita esta sociedad para solucionar sus problemas es contar con los recursos necesarios para mejorar la calidad de los servicios, sobre todo en las zonas más marginadas. Más maestros, personal calificado, docentes, sicólogos, terapeutas, entrenadores, atención médica con personal estable y familias con seguridad laboral e ingresos justos, serían un muy buen punto de partida.

Pero la Alianza no se queda atrás y propone que, a partir de enero del 2009, todas las comunicaciones telefónicas, el tráfico a través de internet y de la telefonía móbil, se archiven y queden a disposición de la policía para la investigación de delitos. Alrededor de 100 empresas de telefonía y operadores de internet reunirán y archivarán durante un año toda la información, que destruirán vencido el plazo establecido. Mientras tanto, estará disponible y con fácil acceso para la policía en dos espacios legales diferentes; uno de ellos no exige siquiera que la persona sea especialmente sospechosa o una decisión judicial. Los funcionarios implicados en el manejo de toda esta información tendrán secreto profesional; secreto que no rige ante el derecho que se otorga a autoridades de otros países (como por ejemplo el tío Sam), de exigir el acceso a estas informaciones. La dirección de correos y teléfonos (PTS), tendrá como misión el hacer cumplir las reglas y a partir del momento de su entrada en vigencia, se crearían un par de puestos de trabajo.

Los expertos ya vaticinan que esta propuesta es violatoria de la integridad personal y, que duda cabe, es de carácter fascista. Estos expertos advierten sobre el riesgo de que este caudal de información llegue a manos no autorizadas y que a corto plazo sea utilizado con otros objetivos. Sostienen que la ley implica el riesgo sicólogico que hace que “las personas se sientan con miedo y sospechosas y que vivan en mayor grado la sensación de vivir en una sociedad controlada”.

El costo de esta propuesta será de 220 millones de coronas. Pienso que si ese dinero se utilizara en educación, sería mucho más útil y ahorraría a la sociedad muchos sufrimientos. Además, a la larga, los operadores harían pagar los costos a los usuarios. Orwell se quedó corto.

Es este un estado de derecho?? No!! Es la violación flagrante a la propia constitución y a los derechos ciudadanos! Lo más grave es que todo esto sucede sin ninguna resistencia y podría decir que en forma tan sutil, que se han vuelto difusos los límites entre lo legal y lo violatorio de la seguridad de la ciudadanía y sus instituciones. Cuando por sobre la constitución rigen las normas de la UE y las exigencias de USA, a qué queda reducida la democracia???

Debemos estar atentos, despertar de la modorra. Cuando se terminen de instaurar todas estas medidas, el hilo que separa la democracia de la dictadura, es muy fino y muchos de nosotros sabemos lo que ocurre cuando ese hilo se rompe.

Gloria