Bush, se busca

El ex presidente estadounidense George W. Bush puede haber desaparecido de los titulares de prensa desde que dejó el cargo en enero de 2009, pero los delitos atribuidos a su gobierno no se olvidan.

El Centro de Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés) divulgó el lunes la "Acusación preliminar por Torturas contra Bush", un documento que describe los aspectos centrales del caso contra el ex mandatario y la forma en que violó la Convención contra la Tortura, suscrita por Estados Unidos.

El CCR presentó la iniciativa junto con otras 60 organizaciones entre las que está el Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales, con sede en Berlín. El hecho coincidió con el noveno aniversario del día en que Bush decidió que los llamados "combatientes enemigos" carecían de las protecciones fundamentales previstas en las convenciones de Ginebra sobre prisioneros de guerra.

Dos víctimas de tortura tienen se propusieron iniciar una demanda penal en Ginebra contra el ex presidente de Estados Unidos, quien tenía previsto llegar a Suiza este sábado 12.

En los casos tortura, la legislación suiza requiere la presencia del imputado en su territorio antes del comienzo de la investigación. Activistas de derechos humanos consideraron que la visita de Bush era la oportunidad perfecta para que Suiza cumpliera sus obligaciones como signatario de la Convención contra la Tortura y al ex mandatario le llegara el mensaje de que no gozará de ninguna exoneración especial, aun como ex jefe de Estado.

Pero Bush suspendió su viaje.

"En noviembre de 2009, Bush reconoció que autorizó la tortura de detenidos bajo custodia de Estados Unidos", dijo a IPS la abogada del CCR Katherine Gallagher, también vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos.

"Se supone que somos un país con un sólido Estado de derecho y cuando actuamos con impunidad de forma tan descarada damos un pésimo mensaje al mundo", añadió. El submarino "es legal porque los abogados dicen que es legal. Yo no soy abogado", dijo Bush en noviembre de 2010 al ser entrevistado por el periodista Matt Lauer. "Claro que lo haría", respondió el ex presidente a pregunta de si volvería a tomar la misma decisión.

Además del caso presentado por el CCR, hay dos más iniciados en España sobre las acciones de los abogados constitucionales del gobierno de Bush (2001-2009), el llamado "Bush 6", autores del manual de tortura y arquitectos del marco legal que invocó el entonces presidente cuando comenzaron las acciones judiciales en su contra.

"Ambos temas forman parte de los esfuerzos de asignar responsabilidades que, espero, se cierren sobre Estados Unidos", dijo Gallagher a IPS. "El Bush 6 lo integran personas que pretenden que la tortura es aceptable, pero no es así", añadió.

La Casa Blanca permanece en silencio, mientras jueces de Madrid hasta Ginebra arremeten contra el anterior gobierno. Ni el presidente Obama ni nadie de su entorno ofrecieron apoyo a alguno a los ciudadanos que luchan contra la impunidad.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) pidieron a Washington que investigara de forma exhaustiva las denuncias contra el ex presidente estadounidense y reclamaran el fin inmediato de la impunidad.

"Al menos deberían investigar la posibilidad de procesamiento", dijo a IPS la portavoz de HRW, Laura Pitter.

"No hay razón para que los tribunales de Estados Unidos no abran una investigación de ese tipo, aun sólo basándose en lo que Bush ha reconocido públicamente", añadió.

El impertérrito rostro de Obama quedó al descubierto por los miles de documentos diplomáticos filtrados por Wikileaks a fines del año pasado. Los cables revelaron que su gobierno mantenía contactos con funcionarios españoles para mantener las investigaciones ocultas.

"Es una gran decepción viniendo de un presidente que solía ser profesor de derecho constitucional", dijo Gallagher a IPS.

Las organizaciones de derechos humanos siguen adelante con los procesos, pese a la indiferencia de Washington.

"Bush es un torturador y debe ser recordado como tal", dijo Gavin Sullivan, del Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales.

"Es responsable de autorizar torturas contra miles de personas en Guantánamo, Cuba, y en los sitios secretos que la CIA tiene en todo el mundo. Bush tiene razón en estar preocupado porque todos los países tienen la obligación de procesar a los torturadores", añadió.

Y quizá, más importante que las acusaciones sean los supervivientes, cuyas voces están apagadas o siguen ocultos en Guantánamo y que merecen que se haga justicia.

Kanya D'Almeida

Tomado: IPSnoticias.net

Una empresa noruega obliga a sus empleadas a llevar un brazalete rojo cuando tengan la regla

Sindicato de trabajadores noruego denuncia la medida por tiránica

Un empresario noruego ha ordenado a sus empleadas que luzcan un brazalete rojo cuando tengan la menstruación para así conocer mejor la frecuencia con la que las trabajadoras acuden al baño. Esta sorprendente medida tiene como fin controlar la productividad de sus empleadas.

Un informe, elaborado por un sindicato de trabajadores noruego, denuncia este tipo de medidas “tiránicas” utilizadas por las compañías. Entre ellas se destaca que el 66% de las empresas noruegas controla mediante una tarjeta electrónica el tiempo que sus empleados están en el baño. También hay empresas que han instalado cámaras en la entrada de los aseos.

Según informa el diario Daily Mail, el informe ha sido trasladado al defensor del pueblo noruego, quien ha denunciado que este tipo de medidas "son claras violaciones de la vida privada de las personas".

Tomado: La República.es

Una suciedad chiquita

Hay guerras sucias de todo tipo, enormes como la que segó la vida de 30.000 personas inermes a manos de la más reciente dictadura militar argentina. Otras son chicas y, al parecer, el Pentágono habría desatado una contra Julian Assange, el coordinador del sitio WikiLeaks que difundió 75.000 mil documentos internos de las fuerzas armadas que combaten en Afganistán (ver Página/12, 29/7/10). Abundan en informes sobre matanzas de civiles y ejecuciones extrajudiciales, entre muchas otras cosas, y su publicación en periódicos importantes puso los pelos de punta a la Casa Blanca.

Assange, ciudadano australiano que reside actualmente en Suecia, fue acusado de violar a dos mujeres y todo resultó muy extraño. La fiscal María Häljebo Kjellstrand emitió en las últimas horas del viernes 20 una orden de arresto contra Assange en razón de la denuncia de las dos presuntas violadas, que afirmaban que lo fueron en un espacio de tres días. Eva Finné, la fiscal general, anuló la orden 24 horas después por falta de pruebas. Declaró que estaba en curso una investigación por acoso sexual, un delito mucho menos grave que la violación para la Justicia sueca (www.telegraph.co.uk, 22/8/10). Lo mejor vino después.

Una de las dos mujeres dio marcha atrás rápidamente: el domingo dijo al diario Aftonbladet que la sorprendía el cargo de violación propinado a Assange, negó que hubiera violencia en el encuentro que tuvieron y sugirió que, en realidad, habían discutido porque él se negaba a usar condón. En tanto, el ombudsman del sistema judicial ordenó que se investigue cómo se filtró la noticia a la prensa, ya que apenas habían transcurrido minutos entre la emisión de la orden de arresto y su aparición en un tabloide. Según el británico The Guardian, la información habría sido proporcionada por la policía sueca (www.guardian.co.uk, 22/8/10). Curioso, sí.

Assange se apresuró a señalar con el índice al Pentágono, que calificó de “absurda” esa pretensión. “El 11 de agosto –señaló Assange–, los servicios de inteligencia de Australia me advirtieron que debía esperar cosas de este tipo” (//news.smh.com.au, 24/8/10). Afinó luego esta imputación: “No tenemos evidencias directas de que esto viene de la inteligencia estadounidense o de alguna otra. Algo podemos sospechar pensando a quién beneficia la historia”. No parece casual que el escándalo estalle ahora: Assange había prometido publicar otros 15.000 documentos secretos de la guerra de Afganistán y ofreció al Pentágono que los leyera antes para borrar todo aquello que podía afectar el curso de la guerra y/o la seguridad de los informantes. El Pentágono se negó: su política es borrar a WikiLeaks de la faz de Internet.

Otra extravagancia. Una de las mujeres afirmó que había conocido a la otra en una conferencia impartida por Assange (www.telegraph.co.uk, 22/8/10). No existen estadísticas sobre el número de violadas que asisten a las conferencias de sus violadores, pero no deben ser muchas. Según The Telegraph, la segunda se acercó a la primera, le confió lo sucedido y logró que ésta la acompañara a la policía para presentar la denuncia. ¿Es que las mujeres que padecen esa bárbara violencia se reconocen a primera vista?


Algo interesante: la entrevistada por Aftonbladet “descartó la idea de muchos teóricos de la conspiración de que las incriminaciones de violación se debían a alguna ‘sucia trampa’ por la actitud de desafío al gobierno de EE.UU. asumida por WikiLeaks. Dijo: ‘Los cargos contra Assange no fueron, desde luego, orquestados por el Pentágono’”. Un “desde luego” que no puede evitar el olor a excusa anticipada. En particular, porque el Pentágono difundió las acusaciones por Twitter con bastante frenesí.

Scott Horton reveló hace meses la existencia de un documento clasificado del Centro de Inteligencia del Ejército que subrayaba la necesidad de no limitarse a anular los servidores y las bases de datos de WikiLeaks: además había que neutralizar a los individuos que operan el sitio (//file.wikileaks.org, 15/3/10). En las 32 páginas del informe se nombra a Assange a saciedad, se califica de “acto delictuoso” su labor y se aboga por incoar un proceso que “logre con éxito destruir el centro de gravedad” de WikiLeaks. Ese centro no es otro que Assange mismo.

Las denuncias contra el australiano fueron precedidas de una campaña contra Bradley Manning, analista de inteligencia preso en Kuwait por filtrar a WikiLeaks el video Asesinato colateral. Filmado desde un helicóptero Apache, muestra claramente el asesinato de un miembro de la agencia Reuters y el ataque a quienes acudieron a ayudarlo, entre ellos dos adolescentes que resultaron heridos. Manning es sospechoso de pasar los documentos que Assange difundió y la campaña se centró en su condición declarada de gay. Típico de EE.UU.: es notorio que las noticias, ciertas o falsas, sobre la sexualidad de un político, un candidato, un periodista, pueden acabar con su carrera. Casi le quitan la presidencia a Bill Clinton.

Juan Gelman
 
Tomado: Página 12

Uruguayos contra la impunidad

Imagen: Mario Toral

Organizaciones políticas, sociales y de defensa de los derechos humanos marcaron hoy un hito en su batallar contra la Ley de Caducidad al sumar más de 250 mil uruguayos a la campaña por someterla a plebiscito.

“Superamos el mínimo de firmas señalado por la Constitución, pero no cederemos hasta tener 300 mil a fin de asegurarnos un margen ante eventuales impugnaciones”, dijo el dirigente sindical Carlos Coitiño, miembro de la Coordinadora que promueve la iniciativa.

Para solicitar un referendo sobre la normativa, la entidad debe presentar ante el Poder Legislativo un número de rúbricas equivalente al 10 por ciento del padrón electoral antes del próximo 25 de abril.

De lograrse esa cifra, la Corte Electoral debe convocar a los uruguayos a pronunciarse sobre la conveniencia o no de anular la también llamada Ley de Impunidad junto con las elecciones nacionales del 25 de octubre.

Una reciente encuesta reveló que más de la mitad de los ciudadanos con derecho al voto es partidaria de plebiscitar la ley.

Pero al margen de lo que a ese respecto se decida en los comicios de octubre, los uruguayos habrán honrado su decisión de remover la impunidad de la vida nacional, como parte de una cultura integral de derechos humanos.

La campaña se inició el 4 de septiembre del 2004 en el teatro El Galpón, una institución hondamente ligada a la rebeldía nacional y la defensa de los derechos humanos.

Solo ese día firmaron más de mil personas, entre ellas el escritor Eduardo Galeano y decenas de artistas, intelectuales, deportistas y personalidades de la vida nacional. También, Macarena Gelman, hija de desaparecidos y cuyo abuelo, el intelectual argentino Juan Gelman, solo pudo hallarla cuando tenía 23 años.

De hecho, la batalla por enjuiciar a militares y policías que cometieron violaciones de los derechos humanos en tiempos de la dictadura comenzó en cuanto estos entregaron el poder en 1985, después de detentarlo durante 12 años.

En diciembre de 1986, pese a los reclamos populares, el Parlamento aprobó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, con los votos de legisladores de los partidos Colorado y Nacional o Blanco, y la oposición del Frente Amplio, ahora en el gobierno.

Amenazas más o menos encubiertas de los militares llevaron a los partidos tradicionales a sancionar la ley, que tres años más tarde sería ratificada mediante un referendo también condicionado por el chantaje castrense.

Sucesivos y alternos gobiernos de blancos y colorados no dieron curso a denuncias penales sobre el destino de unos 200 desaparecidos, pese a que la normativa al menos permite procesar a militares responsables de crímenes en otros países o cometidos en contubernio con civiles.

En el 2005, tras la llegada al poder del Frente Amplio, el presidente Tabaré Vázquez no derogó la ley, pero habilitó a la justicia a procesar a un grupo de militares y civiles acusados de diversas violaciones de los derechos humanos.

Entre los que en distintos momentos han sido enviados a prisión por ese motivo figuran los ex dictadores Gregorio Álvarez y Juan María Bordaberry, así como el canciller de este último, Juan Carlos Blanco. En noviembre de 2006, conscientes de que aún quedan muchos culpables sueltos, varias organizaciones constituyeron la Coordinadora Nacional por la anulación de la Ley de Caducidad. Poco después comenzaron a gestar la campaña de recolección de firmas para plebiscitarla.

Entre esas organizaciones figuran el PIT-CNT (la central obrera uruguaya), Servicio de Paz y Justicia, Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Asociación de Ex Presos Políticos, la Federación de Estudiantes Universitarios y la de Cooperativas de Viviendas.

También, los partidos por la Victoria del Pueblo, por la Seguridad Social, Comunista, el Movimiento de Participación Popular, Corriente de Izquierda, 26 de Marzo, Nuevo Espacio, Claveles Rojos y el Frente de Izquierda de Liberación.

A ellas, y a decenas de miles de ciudadanos con o sin filiación política, pero amantes de la verdad y la justicia, se debe que hoy la patria de Artigas haya pasado otra página para algún día cerrar por siempre el libro negro sobre aquellos funestos años de la historia uruguaya.

Alberto Salazar Gutierrez

Tomado de Prensa Latina