Derecho o Privilegío?

Caricatura El Roto La política funesta de privatizaciones continúa agravandose. Desde que este gobierno anulo la Ley (Stopp Lagen) que impedía la venta de hospitales y viviendas comunales con fines de lucro, solo podemos constatar que la situación es cada día más grave. No pasa un día sin que los incidentes en los hospitales, muerte de pacientes, carencia de ambulancias que ponen en riesgo la vida de los pacientes no sea ya un hecho casi habitual. Por supuesto que una política conciente, que había ya comenzado con el gobierno anterior, les ha permitido justificar a nombre de la inoperancia de los servicios públicos, la venta descarnada, desmantelando servicios esenciales que se van convirtiendo en un privilegio, para aquellos que se puedan pagar un seguro privado de salud. Desde el mismo momento que pasamos a ser clientes y no pacientes, fue un llamado de atención, que llama a la reflexión. Es la salud un derecho, un negocio o privilegio? Cuando el gobierno de EEUU, se sacude ante la propuesta de Obama de una reforma de los servicios asistenciales, en un país que invierte cifras multimillonarias en la guerra y 48 millones de ciudadanos no tiene cobertura asistencial, los grandes lobbys de la industria de medicamentos, aseguradoras privadas de salud, educación, pensiones, y los sectores más conservadores, republicanos y demócratas, que no quieren perder ni arriesgar sus ganancias, se movilizan y protestan. Son los mismos tentáculos que dominan no solo en EEUU sino también a nivel global, todos estos servicios. A través de las directivas de la UE, imponen la privatización, que no es garantía precisamente de mejores servicios. Los escándalos más graves en la atención de ancianos, jóvenes con problemas de consumo de narcótica o alcohol, guarderías, escuelas, consultorios médicos, han sido precisamente en su mayoría en la atención privada. Las cifras económicas que han ganado estas empresas han sido multimillonarias. Pero es de extrañar que si han quitado, reducido en forma alarmante los recursos del estado y la comuna puedan, estos servicios esenciales, garantizar un buen funcionamiento? Tenemos conciencia que con cada alumno, paciente, que deja su escuela o servicio médico público, se lleva consigo la subvención que pagan comuna y estado, y pasa a manos privadas? Desde la década del 90 se han perdido más de 700.000 puestos de trabajo. La calidad y renovación de los materiales en hospitales, escuelas, guarderías, bibliotecas, ha desmejorado. Denuncias en los medios de muerte en el hospital de recién nacidos por infecciones, por carencia de sala individuales, hacinamiento, cierre de secciones los fines de semana por carencia de personal, un personal estresado, con salarios congelados prácticamente, suciedad, que pone en riesgo la recuperación de los pacientes, largas esperas en los servicios de urgencia, se van convirtiendo en el pan nuestro de cada día. Desmejoramiento de la comida en forma notoria, no solo en los hospitales, también en guarderías y escuelas, en casa de ancianos, poniendo en riesgo la salud de los mismos. Las ambulancias, también privatizadas, la demora de 3 minutos más, pueden ser la muerte o causa de graves lesiones cerebrales por falta de oxígeno o diagnóstico a tiempo de un infarto. La lista puede ser interminable. Pero como pueden estas empresas privadas, grande consorcios transaccionales que están detrás, abaratar los costos sino es a costa de todos nosotros, “ sus clientes”. Personal mal remunerado, con contratos temporales. Inseguridad laboral, causa también de enfermedad. 600 millones dedicara el estado para las empresas privadas encargadas de la atención médica en las empresas ( Företagshälsövård), si ese dinero lo invirtieran en la salud pública, quizás o sin quizás seguramente que podría funcionar un poco mejor, no creen? Si será negocio rentable la salud privada, no en vano somos “clientes”. Aquella asistencia preventiva, la única realmente rentable, prácticamente desaparecida. Los médicos de la salud pública, con los nuevos lineamientos, en esto que a nombre de la libertad de elección, un mejor trato, miren que suena bien, no.. abre la posibilidad de consultorios privados, la competitividad del mercado, se ven presionados a ¡ Producir Salud!. Tendrán que olvidar aquel Juramento Hipocrático de defender los derechos del paciente. Principio moral y ético vital? Si tenían 10 minutos por paciente, ahora serán 5. Los más afectados, una vez más, serán sobre todo los enfermos crónicos y psiquíatricos, a los cuales ya no les queda a donde dirigirse. Son no rentables. Cuando un paciente mayor deja a un lado el rollator y se quiere sentar, pobre, ya casi no le queda tiempo ni al médico ni paciente más posibilidad que decir ¡ una aspirina por favor, gracias!. Y adiós. Esta es la visión humana y solidaria de los servicios privados!!! Si habrá que estar atento a la manipulación y tergiversación del idioma, separar la paja del trigo. Ante este panorama, esta ese gran vacío que es la respuesta unida, si hubiera esa experiencia, de todos los afectados. Por que somos todos, por encima de raza, religión. Esto es un tema, una vez más de clase. Cada vez más notoria y profunda, acompañando las huellas de una “crisis” que no es nuestra, que tenemos que pagar, mientras que “ nuestros conocidos de siempre”, siguen distribuyendo bonos y beneficios a manos llenas. Crisis de un sistema brutal e injusto, que solo aumenta las cifras de hambre, pobreza y desocupación en el mundo, y aquí en esta Suecia de hoy, también. El rol de los síndicatos, y partidos de “izquierda” de movilizar la gente y crear conciencia ideológica, de clase, sin temor a las palabras. Tengamos más miedo a la mentira sistemática en que nos envuelven a diario. No alcanza con manifestaciones y junta de firmas para protestar por internet. Válido? Es la gran pregunta. Por todo esto es vital la defensa de una salud pública con recursos e igualitaria, digna, para todos los ciudadanos. Pero estoy convencida que lo que nos hace comprender y experimentar la fuerza que tenemos, es manifestarnos en forma unida y pública. Seguramente que llegará ese momento, inevitable, en qué juntos cambiaremos la cara de esta sociedad. Gloria

Privatización de tierras fértiles

Caricatura El Roto La FAO alerta sobre la compra masiva de tierras Empresas multinacionales y países con abundante capital y escasez de tierras cultivables se lanzan a la compra compulsiva de terrenos fértiles en las zonas más pobres del planeta. “El incremento de las compras masivas de terrenos en África y otros continentes aumenta el riesgo de que los pobres se vean desposeídos o se les impida el acceso a la tierra y el agua”. Ésta es una de las conclusiones de uno de los primeros estudios sobre la compra de enormes superficies de tierras en países de África, América Latina y el sudeste asiático por parte de grandes empresas y Estados importadores de alimentos. El informe, encargado por la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y publicado a finales de mayo, revela que este negocio ha crecido de forma exponencial en los últimos cinco años por parte de multinacionales, empresas locales –muchas filiales de empresas extranjeras– y de Estados con superavit de capital y déficit de tierra cultivable. Las compras de tierras casi siempre están acompañadas de expropiaciones. Según advierte este estudio, las legislaciones locales no protegen el derecho de acceso a la tierra de la población, dejando que los acuerdos entre empresas y gobiernos se hagan sin transparencia y sin el consentimiento previo de las comunidades rurales implicadas.

Daewoo en Madagascar Sin embargo, las poblaciones afectadas no siempre permanecen expectantes. Además de la larga lucha del pueblo mapuche contra Benetton en Chile y Argentina, el caso de Madagascar es paradigmático. El 10 de abril de 2009, la multinacional surcoreana Daewoo Logistic anunciaba la cancelación del proyecto de inversión agrícola en Madagascar, negociado en noviembre 2008 con el Gobierno de Marc Ravalomanana. El acuerdo preveía la concesión durante 99 años de 1,3 millones de hectáreas para la producción de maíz y aceite de palma. A cambio de inversiones en infraestructuras y mano de obra, el Gobierno de Madagascar se disponía a ceder la mitad de las tierras fértiles de la isla. EXPULSIONES.

Las compras vienen unidas a las expropiaciones. La oposición popular y campesina no se hizo esperar. A través de una fuerte resistencia en defensa de los derechos de los ciudadanos y campesinos malgaches sobre sus tierras, la población se organizó en grupos como la Plataforma Nacional de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Madagascar, el Colectivo por la Defensa de las Tierras Malgaches y Solidarité sur le Intervenants Foncier (SIF), que pertenece al movimiento internacional Land Coalition. Poco después, en marzo de 2009, el presidente que sostuvo el acuerdo con Daewoo, Marc Ravalomanana, abandonó el poder tras un golpe de Estado y masivas manifestaciones, en las que 100 personas resultaron muertas. El nuevo presidente, Andry Rajoelina, ex alcalde de la capital, hizo de la cancelación del acuerdo con Daewoo uno de sus principales eslóganes políticos. Actualmente, según los representantes de la plataforma SIF, el Gobierno de Andry Rajoelina no renuncia a continuar con planes semejantes, sino más bien revisar su ubicación. El negocio de la tierra Daewoo es sólo una de las últimas empresas extranjeras implicadas en este proceso de acaparamiento de tierras a nivel mundial, y Madagascar uno de los varios Estados del Sur amenazado por esta tendencia [ver información más abajo]. Lejos de los tiempos de la metrópoli, los Estados descolonizados viven ahora otro tipo de control sobre sus recursos, según denuncian innumerables organizaciones. La actuación de organismos como el Banco Mundial y el FMI durante las últimas décadas, forzando a países de la periferia a abrirse a los mercados mundiales, atrajo a numerosas multinacionales que ahora se benefician del negocio de la tierra y la demanda de agrocombustibles. El Banco Mundial, entre otras instituciones, defienden este modelo alegando que de esta forma se transmite dinero y tecnología a los países de Tercer Mundo. Junto a las empresas trasnacionales, los principales responsables del acaparamiento global de tierra son Estados que dependen de las importaciones de alimentos. Su crecimiento económico y demográfico junto a la escasez de recursos hídricos y agrícolas, han empujado a estos gobiernos a asegurarse reservas de alimentos a través de la compra de tierras a bajo precio en países extranjeros. Uno de los Estados más activos en la compra de tierras, según un informe publicado por la ONG Grain, es Arabia Saudí: ha comprado superficies en África, principalmente en Etiopía y Sudán, mientras que el holding saudí Bin Laden Group ha firmado en 2008 un acuerdo en nombre del Consorcio de Alimentos de Medio Oriente para invertir 4.300 millones de dólares en Indonesia, con la adquisición de 500.000 hectáreas (algo así como la Comunidad de Madrid) para la producción de arroz. China también está invirtiendo masivamente en la compra de tierras: sus inversiones abarcan dos millones de hectáreas (el equivalente a la Comunidad Valenciana) de cultivos entre el este de África, Filipinas y Asia Central. Otros países que se han lanzado a la compra de tierras fértiles son Egipto, Bahrein, diversos Estados del Golfo Pérsico, India o Japón, países generalmente con abundantes petrodólares y escasas zonas cultivables en relación a su población. En total, más de ocho millones de hectáreas han sido compradas recientemente. Corea del Sur figura en primer lugar, con 2,3 millones de hectáreas. Cultivos para energía La producción de agrocombustibles es una de las causas que han llevado a esta progresiva privatización. La complicidad de los gobiernos locales, otra. En declaraciones a DIAGONAL, Sue Branford, editora de la publicación Seedling de la ONG Grain, habla sobre el papel de los Gobiernos locales frente a la venta de tierras a gobiernos y empresas multinacionales: “Muchos Estados en el Tercer Mundo están siendo afectados por la crisis mundial, a pesar de que no hicieron nada para crearla. No pueden obtener crédito comercial y están siendo perjudicados por la caída de los precios. En tales circunstancias, una oferta de otro país para alquilar o comprar tierras es muy tentadora. Para nosotros puede parecer chocante que un país como Camboya, que tiene un grave problema interno de hambre, pueda consentir la venta de tierras para producir alimentos para otros países. En realidad, los países pobres se ven obligados a buscar soluciones a corto plazo, que no les traerán beneficios a largo plazo. Como resultado, muchos de estos gobiernos están facilitando la entrada de países extranjeros y multinacionales y ayudándoles a eludir los límites legales sobre la cantidad de tierra que un extranjero puede poseer”. Parece claro quién pierde en este negocio. Privados de las tierras, base de su supervivencia, decenas de miles de campesinos se ven obligados a dejar anualmente sus lugares de origen, cuando no son desplazados por la fuerza, para buscar en otros sitios, en las ciudades o como inmigrantes en los países enriquecidos, una alternativa al hambre.

Claudio Alejandro Mufarre

Los gobiernos venden o arriendan la tierra normalmente con la justificación de que nadie la habita, cuando en la mayoría de las ocasiones está habitada o utilizada durante una parte del año por familias campesinas. “Estas familias”, continúa Sue Brandford, de Grain, “a menudo se ven obligadas a unirse al éxodo rural. Cuando pierden sus tierras, también pierden su conocimiento de la biodiversidad y las plantas locales. Otra consecuencia, por supuesto, es que, en el largo plazo, estos acuerdos pueden agravar el problema del hambre en la economía local, ya que significa menos tierra disponible para las necesidades alimentarias”. Como si fuera poco, las tierras compradas se dedican a los monocultivos, un tipo de agricultura industrial, que depende en gran medida de fertilizantes químicos, plaguicidas, y maquinaria agrícola, con un fuerte impacto en los ecosistemas y los modos de vida y de subsistencia tradicionales, según denuncian las organizaciones de defensa de la soberanía alimentaria. AFECTADOS Los principales países afectados por este fenómeno han sido hasta ahora Sudán, Pakistán, Kazajstán, Camboya, Birmania, Uganda, Filipinas, Indonesia, Laos, Turquía, Ucrania, Tailandia, Mozambique, Tanzania, Uganda, Zimbabue, Ruanda, Zambia, Madagascar, Nigeria, Camerún, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina, todos con graves problemas de desnutrición. EL 10% DE ARGENTINA Según la Federación Agraria Argentina, el 10% del territorio argentino está en manos de extranjeros. El terrateniente más grande del país es Benetton, con unas 900.000 hectáreas. En algunas provincias, la hectárea puede llegar a costar ocho dólares. Personajes como Ted Turner, Richard Gere y Matt Damon, empresas chilenas, europeas, norteamericanas y países como Malasia han aprovechado el bajo precio del suelo para comprar amplias extensiones de terreno a lo largo de todo el país. CHINA A POR TIERRAS En la primera mitad de 2008, el Ministerio de Agricultura de China redactó una medida oficial central para alentar a las empresas nacionales a adquirir (alquilando o comprando) tierra en el extranjero con fines agrícolas, especialmente para asegurarle a China el suministro de soja a largo plazo. Se suponía que cinco empresas estatales serían escogidas para llevar a cabo el plan. A mediados de año se supo que la medida quedó momentáneamente en suspenso, según un informe de la ONG Grain. MUCHO PETRÓLEO En marzo de 2008, los ministerios de comercio, economía y finanzas del Consejo de Cooperación del Golfo emitieron una recomendación conjunta de que los miembros de dicho Consejo consideran establecer una empresa conjunta o un fondo común para producir alimentos en el exterior, en el sudeste asiático, Brasil y otros países árabes, para abastecer el mercado del Consejo. También propusieron crear un equipo de trabajo para monitorear los proyectos, establecer una estrategia común, según Grain. JAPÓN EN BRASIL En noviembre de 2007, el conglomerado japonés Mitsui compró 100.000 hectáreas de tierras agrícolas en Brasil —el equivalente al 2% de la superficie cultivada de Japón— para la producción de soja. Las tierras están en Bahía, Minas Gerais y Maranhão. Mitsui compró la tierra a través del 25% de su participación en Multigrain SA, el comerciante de granos brasileño que formalmente cerró el trato. Los otros dueños de Multigrain SA son CHS Inc, una empresa estadounidense de energía y alimentos, y PMG Trading of Brasil. Stefania Muresu Diagonal Tomado de Rebelión

Diez años de un negocio seguro

País Valencià y Madrid, las comunidades donde más hospitales están en manos de compañías privadas. En total, el peso del gasto en sanidad pública en el Estado español se redujo más de un 4% entre 1994 y 2007.

El 1 de mayo se inauguraba de forma oficial un nuevo hospital público con gestión privada en Valencia. Un centro que sigue la estela de Alzira, convertido en 1999 en el primer hospital público gestionado íntegramente de forma privada ver Valencia: precursora de los modelos de gestión privada. Aunque, finalmente, por miedo al número de pacientes que acudieran por la gripe A el nuevo centro de Manises decidió retrasar su puesta en marcha real hasta el día 7. Según la dirección del propio hospital, cumplir el protocolo sanitario que marcaba la Consellería en caso de alerta sanitaria obligaba a los hospitales a tener un refuerzo de personal en urgencias con el que de momento no podían contar. Sanitas, que junto a Ribera Salud son sus administradores, presentaba días antes sus resultados económicos de 2008: 95,3 millones de euros de beneficios, un 7% más que en 2007. El consorcio Sanitas-Ribera Salud también se ha hecho cargo de los 36 centros de salud de todo el área L’Horta-Manises.

Ésta es la primera incursión en la medicina pública de la aseguradora. “Un negocio seguro porque hace años cuando este modelo privado de gestión fracasó en Alzira, finalmente fue la Administración pública quien lo recuperó para volver a privatizarlo después”, explica un miembro de la plataforma ‘Mi salud no es un negocio’, compuesta por profesionales sanitarios y pacientes contra la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid. Entre 2005 y 2007, el hospital de Alzira logró 7,5 millones de beneficios.

Las compañías sanitarias privadas como Adeslas, Asisa, Quiron (en Portugal) o DKV han hecho su incursión en la gestión de los servicios públicos, aunque durante estos diez años las grandes constructoras han sido las mayores beneficiadas. Según el Barómetro Social, la sanidad pública se ha visto reducida al 71,2% del total del gasto sanitario existente en el Estado. Este dato de 2007 es inferior al 75,5% que suponía en 1994.

Suma y sigue

En Madrid, durante 2008 se inauguraron ocho hospitales bajo sistemas de gestión privada. Entre las 20 empresas beneficiarias de estas concesiones por 30 años, la mitad eran constructoras (Hispánica, FCC, Sacyr Vallehermoso, Dragados, Acciona, Begar-Ploder, Sando, OHL y Bovis Lend).

Una situación que en los próximos meses se extenderá a Burgos, Palma de Mallorca y, aunque mucho más tarde de lo previsto, a Toledo. Y también tiene como principales beneficiados a las constructoras. En el sistema sanitario inglés, este modelo tiene uno de sus mayores referentes. En 2003, según la Federación de la Industria de la Construcción Europea, en Reino Unido ésta “creció por encima del 8%”, mientras que en Alemania y Francia el sector menguó un 2,5% y un 0,7%, respectivamente. Los motivos, según este informe, la gestión privada de hospitales públicos.

Especialmente en el País Valencià, se repite otra fórmula: la unión de una empresa sanitaria y otra bancaria. Esta última bajo la denominación de Ribera Salud, participada al 50% por Caja de Ahorros del Mediterráneo y Bancaja. Aunque otras cajas también participan en Madrid y en Burgos. En total, los 13 hospitales públicos con gestión privada que funcionan actualmente han necesitado de una inversión privada de 1.340 millones, pero el canon que las administraciones públicas pagaran, por diez de ellos, será de 6.000 millones, más el incremento anual del IPC.

Una apuesta más que política

Desde que en 1997 se aprobara la privatización de la sanidad, el paso de cargos públicos a empresas privadas o viceversa ha reflejado el beneplácito de este proceso por la mayoría de los partidos políticos. Por ejemplo, Eduard Rius (CiU), conseller de Salut entre 1996 y 2002, pasó a dirigir en 2005 Acciona Servicios Hospitalarios que desde finales de 2006 gestiona servicios no sanitarios de los hospitales de Torrevieja y San Sebastián de los Reyes, y en México (Bajío).

En Madrid, la apuesta por el modelo Alzira es tan contundente que, el actual director general de Hospitales de la Comunidad, Antonio Burgueño, fue el encargado de idear el proyecto que posteriormente tuvo que ser recuperado con la Consejería de Sanidad valenciana.

También controvertido fue el nombramiento como gerente del Servicio de Salud asturiano (PSOE) de Elena Arias Menéndez. Previamente, había sido apoderada del Grupo Capio y directora de Recursos Humanos. Esta empresa es una de las más polémicas en cuanto a las concesiones realizadas en la Comunidad de Madrid. Además de gestionar íntegramente los servicios sanitarios del hospital de Valdemoro, también lo hace en los ambulatorios de Pontones y Quintana. Su principal accionista es una empresa de capital riesgo: Apax Partner.

Pero no es la única compañía sanitaria que cuenta con el beneplácito de este sector especulativo: USP está participada por Cinven y Quirón por Mercapital. “Es un sector acíclico. La gente se pone enferma con o sin crisis económica, la demanda es infinita, y varios factores dicen que va a crecer el mercado”, explicaba el director general corporativo de Capio a El País.

CONSECUENCIAS DE LA PRIVATIZACIÓN

Laborales Reducción o congelación de las plantillas (pese al incremento poblacional), individualización de las relaciones laborales o introducción de incentivos económicos ligados teóricamente a la productividad por puesto de trabajo.

Médicas Devaluación y reducción de la atención debida a quienes generan mayor gasto: personas mayores con patologías múltiples, enfermos crónicos y, en general, personas sin recursos que acumulan todo tipo de necesidades. Por otro lado, reducción de los ingresos, altas más rápidas y menos solicitudes de pruebas diagnósticas.

Económicos El objetivo prioritario de las nuevas formas de gestión es la disminución global de costes y, por tanto, la disminución de costes fijos (como los de personal); sin embargo, al final, los procesos de privatización suponen un incremento de los costes variables en una segunda fase.

Por otro lado, presentan una “ventaja” para la Administración debido a que Eurostat ha fijado las condiciones en las que el gasto realizado bajo ese concepto puede quedarse fuera del balance público a efectos de déficit y deuda.

Héctor Rojo Letón

Tomado: Periódico Diagonal

Bolonia: un análisis de clase

Imagen: Juan Kalvellido

En estos últimos meses ha cobrado fuerza en diversas Universidades españolas la movilización, fundamentalmente estudiantil, frente a la reforma de las titulaciones universitarias para su convergencia en un Espacio Europeo de Educación Superior, el llamado "proceso de Bolonia". Esta movilización, no obstante, tiene distintas dimensiones, que se corresponden con la complejidad de la situación de clase del estudiantado universitario.

Sabemos que la Universidad hace años que dejó de ser un reducto elitista de los hijos de la burguesía. Pero sabemos también que los hijos de obreros siguen siendo una minoría en ella. En su mayor parte, su procedencia de clase es de trabajadores "intelectuales" y de capas medias, incluyendo profesionales liberales

A su vez, su "destino de clase" es diverso: en unos casos, pasar a dirigir el negocio familiar; en otros, ejercer una profesión bien remunerada, ya como "profesionales liberales", ya como asalariados con una retribución netamente superior a la renta media; y en otros casos, el paro o el subempleo, realizando tareas para las que no necesitan su formación académica o, en todo caso, con una retribución netamente inferior a la renta media, como los llamados "milieuristas"; a ello se añade también un porcentaje significativo que no llegan a obtener una titulación universitaria, cayendo así dentro de lo que llamamos "fracaso escolar".

Dada esta complejidad de situaciones, hay que analizar en detalle el contenido de las reivindicaciones del movimiento estudiantil, para deslindar aquéllas congruentes con los intereses generales de la clase trabajadora de aquéllas que corresponden a otros intereses particulares.

En el caso del movimiento frente a la aplicación del llamado "proceso de Bolonia", hay componentes que se corresponden plenamente con los intereses generales de la clase trabajadora y son congruentes con los objetivos socialistas, como la oposición a la privatización y mercantilización de la Universidad Pública, entendiendo tal "mercantilización" como la subordinación al mercado. Dicha subordinación, además, sería escasamente funcional a la Universidad, donde los ritmos de la formación educativa y de la investigación requieren una perspectiva a medio y largo plazo que no puede regularse de forma adecuada por el mercado. Y es un mérito del movimiento estudiantil haber forzado a diversos actores a pronunciarse en contra de la mercantilización de la Universidad Püblica, contribuyendo así al movimiento contra el neoliberalismo que cabalga en todo el mundo a lomos de la bancarrota de las políticas neoliberales expresada en la actual crisis global del sistema capitalista.

Hay que señalar, no obstante, que tal mercantilización puede corresponder a las políticas neoliberales de una serie de Gobiernos y de la misma Unión Europea, pero no se deduce de las Declaraciones de Ministros Europeos que jalonan el "proceso de Bolonia", y que incluyen a casi todos los Estados europeos, de dentro y de fuera de la Unión Europea. Por ello no puede pasarse sin más de la crítica al mercantilismo al rechazo global del "proceso de Bolonia".

Para ello es necesario pasar de la crítica al mercantilismo a la crítica de lo que sí es uno de los principios centrales de dicho proceso: la "empleabilidad". Se entiende por tal el hecho de que la obtención de una titulación universitaria capacite para el ejercicio de una profesión y permita encontrar trabajo en la misma. Naturalmente, dicho trabajo podrá encontrarse en la función pública, en un ejercicio independiente como profesional liberal, o como asalariado, es decir, en lo que se llama el "mercado laboral". La proporción en la que se den esas tres formas de trabajo dependerá de la estructura económica de la sociedad, pero en la medida en que una parte importante de ésta corresponda al modo de producción capitalista la "empleabilidad" supone que la Universidad prepare en buena parte a sus estudiantes para la incorporación al mercado laboral.

No obstante, es importante distinguir entre el hecho de que los estudios universitarios preparen para la incorporación al mercado laboral, y por tanto que la Universidad eduque en buena medida para el mercado laboral, y la pretensión de que el contenido de dichos estudios se determine por una adaptación al mercado laboral. Lo primero es una necesidad para que la Universidad cumpla su función social en el marco de un sistema capitalista. Lo segundo sería profundamente disfuncional, como hemos señalado antes: dada la rápida evolución y variabilidad del mercado laboral, en el marco además de un desarrollo tecnológico acelerado, determinar los contenidos específicos de los estudios por las demandas actuales del mercado laboral no garantizaría su adaptación a las demandas de dicho mercado a la finalización de los estudios, 4 o 6 años más tarde. Por sus propios ritmos y naturaleza, los estudios universitarios requieren de una programación a medio y largo plazo, y no pueden regularse por el mercado, sino por una planificación del desarrollo socioeconómico y cultural.

Y precisamente la planificación de un desarrollo sostenible requiere de la formación de profesionales creativos con capacidad investigadora e innovadora, cuya incorporación al mercado laboral (en la medida en que subsista el modo de producción capitalista) supondría una transformación del mismo. Es decir, en vez de "adaptarse" al mercado laboral, la Universidad impulsaría la transformación del mismo en el marco de una renovación tecnológica. Hay que señalar, además, que en este modelo de desarrollo el protagonismo principal corresponde a la creatividad del trabajo y no a las inversiones más o menos especulativas de capital privado, lo que precisamente crea condiciones adecuadas para la superación del capitalismo y el desarrollo del Socialismo (naturalmente, del siglo XXI) como un proceso de transformación democrática hacia una humanidad sin clases ni Estados, es decir, hacia lo que Marx llamó el comunismo.

Ojo: no estamos diciendo que la "empleabilidad" conduzca necesariamente al comunismo. Pero sí que la perspectiva comunista, la vía socialista para la transformación de la sociedad, requiere de la "empleabilidad" de los titulados universitarios.

En este marco, ¿qué sentido tiene el rechazo a la "empleabilidad" vinculado a la consigna del "No a Bolonia"?

Hay que subrayar que no tiene sentido contraponer "formación profesional" con "formación humanística": también hacen falta, y cada vez más, profesionales formados en ciencias humanas, como la psicología, la pedagogía o la sociología, tanto en el sistema educativo como en las empresas (públicas o privadas), y la misma formación artística es un instrumento relevante para el fomento de la creatividad necesaria para lo que se llama el "I+D+i" (Investigación+Desarrollo+innovación). También, naturalmente, hacen falta historiadores, bien para la docencia bien para la investigación en el ámbito público. Otro problema distinto es el lugar de la filosofía en los estudios superiores, sobre el que debatieron Manuel Sacristán y Gustavo Bueno en 1970, pero ese es un debate específico que no debe confundirse con el debate global sobre el "proceso de Bolonia".

De hecho, la oposición a que la Universidad prepare a sus estudiantes para trabajar, postulando una formación cultural al margen del ejercicio de cualquier profesión, sólo es consistente con los intereses de aquellos estudiantes cuyos medios de vida futuros no dependan de su formación académica, sino que están eventualmente garantizados por su origen familiar.

Más allá de sus intenciones, éste el significado profundo de la consigna "No a Bolonia", consigna que se apoya también sobre el equívoco de su confusión con la justa consigna del "No a la mercantilización de la Universidad".

Rafael Plá López

Tomado de Mundo Obrero