14 may. 2009

Diez años de un negocio seguro

País Valencià y Madrid, las comunidades donde más hospitales están en manos de compañías privadas. En total, el peso del gasto en sanidad pública en el Estado español se redujo más de un 4% entre 1994 y 2007.
El 1 de mayo se inauguraba de forma oficial un nuevo hospital público con gestión privada en Valencia. Un centro que sigue la estela de Alzira, convertido en 1999 en el primer hospital público gestionado íntegramente de forma privada ver Valencia: precursora de los modelos de gestión privada. Aunque, finalmente, por miedo al número de pacientes que acudieran por la gripe A el nuevo centro de Manises decidió retrasar su puesta en marcha real hasta el día 7. Según la dirección del propio hospital, cumplir el protocolo sanitario que marcaba la Consellería en caso de alerta sanitaria obligaba a los hospitales a tener un refuerzo de personal en urgencias con el que de momento no podían contar. Sanitas, que junto a Ribera Salud son sus administradores, presentaba días antes sus resultados económicos de 2008: 95,3 millones de euros de beneficios, un 7% más que en 2007. El consorcio Sanitas-Ribera Salud también se ha hecho cargo de los 36 centros de salud de todo el área L’Horta-Manises.
Ésta es la primera incursión en la medicina pública de la aseguradora. “Un negocio seguro porque hace años cuando este modelo privado de gestión fracasó en Alzira, finalmente fue la Administración pública quien lo recuperó para volver a privatizarlo después”, explica un miembro de la plataforma ‘Mi salud no es un negocio’, compuesta por profesionales sanitarios y pacientes contra la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid. Entre 2005 y 2007, el hospital de Alzira logró 7,5 millones de beneficios.
Las compañías sanitarias privadas como Adeslas, Asisa, Quiron (en Portugal) o DKV han hecho su incursión en la gestión de los servicios públicos, aunque durante estos diez años las grandes constructoras han sido las mayores beneficiadas. Según el Barómetro Social, la sanidad pública se ha visto reducida al 71,2% del total del gasto sanitario existente en el Estado. Este dato de 2007 es inferior al 75,5% que suponía en 1994.
Suma y sigue
En Madrid, durante 2008 se inauguraron ocho hospitales bajo sistemas de gestión privada. Entre las 20 empresas beneficiarias de estas concesiones por 30 años, la mitad eran constructoras (Hispánica, FCC, Sacyr Vallehermoso, Dragados, Acciona, Begar-Ploder, Sando, OHL y Bovis Lend).
Una situación que en los próximos meses se extenderá a Burgos, Palma de Mallorca y, aunque mucho más tarde de lo previsto, a Toledo. Y también tiene como principales beneficiados a las constructoras. En el sistema sanitario inglés, este modelo tiene uno de sus mayores referentes. En 2003, según la Federación de la Industria de la Construcción Europea, en Reino Unido ésta “creció por encima del 8%”, mientras que en Alemania y Francia el sector menguó un 2,5% y un 0,7%, respectivamente. Los motivos, según este informe, la gestión privada de hospitales públicos.
Especialmente en el País Valencià, se repite otra fórmula: la unión de una empresa sanitaria y otra bancaria. Esta última bajo la denominación de Ribera Salud, participada al 50% por Caja de Ahorros del Mediterráneo y Bancaja. Aunque otras cajas también participan en Madrid y en Burgos. En total, los 13 hospitales públicos con gestión privada que funcionan actualmente han necesitado de una inversión privada de 1.340 millones, pero el canon que las administraciones públicas pagaran, por diez de ellos, será de 6.000 millones, más el incremento anual del IPC.
Una apuesta más que política
Desde que en 1997 se aprobara la privatización de la sanidad, el paso de cargos públicos a empresas privadas o viceversa ha reflejado el beneplácito de este proceso por la mayoría de los partidos políticos. Por ejemplo, Eduard Rius (CiU), conseller de Salut entre 1996 y 2002, pasó a dirigir en 2005 Acciona Servicios Hospitalarios que desde finales de 2006 gestiona servicios no sanitarios de los hospitales de Torrevieja y San Sebastián de los Reyes, y en México (Bajío).
En Madrid, la apuesta por el modelo Alzira es tan contundente que, el actual director general de Hospitales de la Comunidad, Antonio Burgueño, fue el encargado de idear el proyecto que posteriormente tuvo que ser recuperado con la Consejería de Sanidad valenciana.
También controvertido fue el nombramiento como gerente del Servicio de Salud asturiano (PSOE) de Elena Arias Menéndez. Previamente, había sido apoderada del Grupo Capio y directora de Recursos Humanos. Esta empresa es una de las más polémicas en cuanto a las concesiones realizadas en la Comunidad de Madrid. Además de gestionar íntegramente los servicios sanitarios del hospital de Valdemoro, también lo hace en los ambulatorios de Pontones y Quintana. Su principal accionista es una empresa de capital riesgo: Apax Partner.
Pero no es la única compañía sanitaria que cuenta con el beneplácito de este sector especulativo: USP está participada por Cinven y Quirón por Mercapital. “Es un sector acíclico. La gente se pone enferma con o sin crisis económica, la demanda es infinita, y varios factores dicen que va a crecer el mercado”, explicaba el director general corporativo de Capio a El País.
CONSECUENCIAS DE LA PRIVATIZACIÓN
Laborales Reducción o congelación de las plantillas (pese al incremento poblacional), individualización de las relaciones laborales o introducción de incentivos económicos ligados teóricamente a la productividad por puesto de trabajo.
Médicas Devaluación y reducción de la atención debida a quienes generan mayor gasto: personas mayores con patologías múltiples, enfermos crónicos y, en general, personas sin recursos que acumulan todo tipo de necesidades. Por otro lado, reducción de los ingresos, altas más rápidas y menos solicitudes de pruebas diagnósticas.
Económicos El objetivo prioritario de las nuevas formas de gestión es la disminución global de costes y, por tanto, la disminución de costes fijos (como los de personal); sin embargo, al final, los procesos de privatización suponen un incremento de los costes variables en una segunda fase.
Por otro lado, presentan una “ventaja” para la Administración debido a que Eurostat ha fijado las condiciones en las que el gasto realizado bajo ese concepto puede quedarse fuera del balance público a efectos de déficit y deuda.
Héctor Rojo Letón
Tomado: Periódico Diagonal

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